Protestas con cortes de calles, ollas populares y reclamos urgentes al intendente de Estéban Echeverría
Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020.
Organizaciones sociales nucleadas en el Frente de Lucha de Esteban Echeverría realizan varias protestas en el centro de Monte Grande. Reclaman que se destine más mercadería a comedores y que se reconozca a los que se formaron en el transcurso de estos meses, entre otras cuestiones.
Las nuevas protestas, se realizaron en la plaza de la estación ferroviaria y frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría. “Visibilizar tantas violencias que pesan sobre nuestros barrios”, es el objetivo de la protesta, de acuerdo al comunicado difundido en las últimas horas.
Las organizaciones definen la movilización como una “jornada de lucha por trabajo, vivienda y políticas de género” frente a la falta de respuestas del Estado. “Saldremos a la calle nuevamente para denunciar las políticas de hambre y persecución que se vienen desarrollando en nuestro distrito”, señalaba la convocatoria.
“Hace varios meses que venimos exigiendo respuestas elementales a una situación insostenible pero el gobierno desconoce todo tipo de negociaciones y persigue a las organizaciones sociales que hace años nos comprometemos en los territorios. Somos quienes luchamos día a día contra la crisis económica que impacta más fuertemente en los barrios populares que arrastran postergaciones históricas”, señala el texto.
El reclamo se centra en “el reconocimiento de comedores, trabajo, vivienda, acceso a la salud y políticas de género”. Denuncia que el gobierno local “no implementa políticas concretas y los funcionarios solo reparten recursos a los punteros”.
Políticas públicas integrales e inclusivas, restitución de mercadería a todos los comedores de la Organización Izquierda Latinoamericana, reconocimiento de los nuevos comedores y merenderos que surgieron en estos meses a raíz de la crisis, refuerzo del reparto de mercadería actual incorporándose alimentos frescos, políticas concretas contra la violencia de género, medidas urgentes para mejorar el servicio de salud, que se garantice nuestro derecho al trabajo, derecho a la vivienda y soluciones laborales para los trabajadores de Cresta Roja.
Participan de las manifestaciones miembros de distintas organizaciones que conforman el Frente de Lucha de Esteban Echeverría; entre ellas, FOL, MULCS, FPDS, MTR-Votamos Luchar, Polo Obrero, OLP Resistir y Luchar, FPDS CP, MAR, MTR-El Jagüel, ILS, MTL-Rebelde, MDL, Barrios de Pie Libres del Sur.
Realizaron encuentro sobre
soberanía sanitaria
Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020
La Fundación Soberanía Sanitaria Gualeguaychú tuvo su primer encuentro virtual con la participación de más de 150 personas y la intervención del reconocido médico sanitarista Mario Rovere.
Representantes de distintos sectores sociales, gremiales, universitarios, políticos y usuarios del sistema de salud de distintas ciudades de Entre Ríos y varias provincias participaron del primer encuentro de la Fundación Soberanía Sanitaria Gualeguaychú, junto a autoridades y el equipo de trabajo de la institución en Buenos Aires.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, Roberto Piaggio, que destacó la apertura de este nuevo espacio de debate y la importancia de tener una sede local de la Fundación.
Según el parte de prensa remitido a R2820, el presidente de la institución en Argentina, Leonel Tesler, realizó un breve repaso sobre el significado de soberanía y la importancia de que un pueblo se considere soberano. “No podemos pensar en soberanía sanitaria como algo que compete solo a Argentina, sino que se debe construir desde nuestra mente”, manifestó.
La palabra más esperada era la del médico pediatra y sanitarista con residencia en Salud Internacional, Dr. Mario Rovere, que felicitó que “se abra un nuevo espacio de producción de energía, de ganas, en un día tan particular como lo es el Día de la Soberanía Nacional”.
Para este especialista, que actualmente dirige la Escuela de Gobierno en Salud de la Provincia de Buenos Aires, “la soberanía sanitaria es sólo una cara de la soberanía” y mencionó que los derechos individuales deben ser defendidos colectivamente. “Consideramos a la soberanía una tarea cotidiana porque hay que luchar contra una colonización cultural de forma continua, principalmente en los medios de comunicación”, opinó el médico y lo ejemplificó con la controversia que se ha originado en torno a las vacunas de Rusia y de Estados Unidos.
Por último se proyectó un video con las voces locales sobre soberanía sanitaria, sus experiencias colectivas en distintos ámbitos de la sociedad bajo distintas temáticas: Soberanía y salud mental, Medicina natural, Soberanía alimentaria, ambiental, Soberanía y Diversidad sexual, y Soberanía en clave feminista.
Abuso policial en Fontana: la
Asociación Gremial de Abogados
interpone recurso de Casación por
«desaparición forzada de persona»
Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020.
Eduardo Soares, presidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y patrocinador de los jóvenes qom víctimas de la causa, explicó porqué insiste en que la causa debe investigarse en el fuero federal, bajo la caratula de “Desaparición Forzada de persona”.
Ahora, ante el rechazo del pedido de la Cámara Federal del Chaco, la Gremial va interponer un recurso ante el Tribunal Casación Penal y “vamos a llegar en última instancia de ante la Corte Suprema y eventualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta que este hecho se investigue como delito federal”, sentenció.
Eduardo Soares, presidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y patrocinador de los dos jóvenes secuestrados, torturados y desparecidos ilegalmente en Fontana, dialogó con elDIARIO de la Región para explicar por qué insisten en que la causa debe investigarse en el fuero federal, bajo la caratula de “Desaparición Forzada de persona”.
Para explicar los motivos de la presentación, Soeres recordó los hechos sucedidos en el barrio Banderas Argentinas a fines de mayo en la localidad de Fontana. “Unos 30-40 efectivos de la comisaría de Fontana irrumpieron en dos casas habitadas por familias qom sin orden de un juez, una autoridad competente y sin la existencia previa de un delito, sin la situación de una investigación de delito o de flagrancia de delito. Directamente, irrumpieron y golpearon salvajemente a los habitantes y se llevaron detenidos sin orden y sin notificar judicial ni oficialmente. Las personas entre ellas una niña de la etnia qom menor de edad fueron conducidas a la comisaría, luego fueron a las cajas de las camionetas policiales y las llevaron con rumbos desconocidos. Estuvieron varias horas en esa paseándolas camioneta, golpeándolas y torturándolas hasta el amanecer. Luego, volvieron a llevarlas a la comisaría donde les siguieron pegando aduciendo su condición de qom y mientras esto sucedía, les negaron a sus familiares información sobre los detenidos, con lo cual los familiares no supieron hasta el mediodía del otro día el estado de los detenidos. Tampoco hubo parte médico ni se acusó a los detenidos de algún tipo de delito. Directamente, los secuestraron sin información. No informaron a ninguna autoridad, y los largaron, muy golpeados”, detalló Soares.
Agregó que luego de conocerse el caso, tomó intervención la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y otras de las instituciones, y denunciaron malos tratos, amenazas de muertes, y privación ilegítima de la libertad, pero dejaron de lado desaparición forzada de personas, que es un delito que tiene que ser investigado por la Justicia Federal. Y consideró que “la Justicia Chaqueña y sus denunciantes deberán explicar después porqué denunciaron esos delitos y no otros”.
LAS PRESENTACIONES
En tanto, por su parte, la Gremial de abogados hizo dos presentaciones. “Por un lado, la doctora Laura Tafetani, Secretaria General y Blanca Barreiro, autoridades nacionales y especialistas en Niñez y Adolescencia, se presentaron en representación de la menor. Y por el otro, la doctora María del Rosario Fernández y yo, en representación de los varones, nos presentamos ante el juez Federal para, que reclame la competencia de la causa, entendiendo que se trata de un delito de desaparición forzada de personas, en virtud de lo que expuse anteriormente”, detalló.
Continuó: “A estas presentaciones, el fiscal Federal del Chaco, en su dictamen, sostiene que concuerda los hechos con la gravedad que nosotros decimos que existieron pero que la intención de los policías no era producir una desaparición forzada de personas, que no hay agentes federales involucradas, y que ya hay justicia provincial está en avanzado estado de investigación, por lo que hay que rechazar el pedido presentado por la Gremial”.
“La Justicia Federal, con los mismos argumentos, rechazó el planteo. Es por esto que nuestro próximo paso es la presentación de un recurso de Casación Penal. Hace poco tuvimos una audiencia, donde volvimos a plantear ante la fiscal federal que se trata de un delito federal. “La fiscal federal de Chaco, adhirió a nuestro planteo, lo que nos sorprendió, sin embargo la Cámara Federal resolvió ratificar la resolución del juez de grado (del juez inferior) y sostuvo que la investigación pertenece al ámbito provincial, por lo que la Asociación Gremial se agravia en dos puntos: por cuestiones jurídicas y por cuestiones políticas”, explicó.
Finalmente, informó que “ante este agravio de la Cámara Federal de la Provincia del Chaco, vamos a interponer un recurso ante el Tribunal Casación Penal y vamos a llegar en última instancia de ante la Corte Suprema y eventualmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a recorrer todo el espinel hasta que logremos que este hecho se investigue como delito federal, porque es que el Estado es quien produce la desaparición forzada de persona y fue la policía con uniforme quien propició el delito”, argumentó.
Fuente: Diario dela región
Recrudece el asedio contra una
familia campesina para ocupar
sus tierras en Almirante Brown
Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena denuncia que el empresario Joaquín Somoza ingresó la semana pasada con una patota armada en el terreno de la familia Velázquez, en el sur del Gran Buenos Aires. Apenas dos días después, se produjeron incendios a metros de la casa y los corrales de la familia de pequeños productores agroecológicos.
La familia Kener-Velázquez hace más de 40 años que vive y trabaja en un campo de cinco hectáreas en el sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Almirante Brown.
Allí Héctor Velázquez, Ana Kener y sus hijes llevan adelante una unidad productiva agroecológica que da trabajo a 22 personas de los barrios aledaños. “Producimos alimentos orgánicos de huerta, verduras, frutas; tenemos lechones, ovejas, gallinas. Junto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Frente Agrario Evita tenemos además un centro de producción agroecológica donde trabaja la gente de barrios cercanos que no tienen otros ingresos”, explica Juan Velázquez, integrante de la familia, a La tinta.
A pesar de los aportes de alimentos sanos y la contribución al fortalecimiento de la economía popular de la zona, el territorio periurbano que tiene la familia en Ministro Rivadavia es codiciado por empresarios desarrollistas que intentan contruir un emprendimiento inmobiliario y no tienen escrúpulos para recurrir a la violencia para intentar desalojarlos de sus tierras.
El empresario Jesús Somoza posee tierras aledañas al terreno de la familia Velázquez y avanza en la construcción de un Club de Campo, pero para eso pretende usurpar la finca lindera donde funciona la unidad productiva agroecológica.
Según acusa la familia Velázques, el 20 de noviembre, el desarrollista y su hijo Martín Somoza ingresaron con un grupo de policías y otras 30 personas armadas al campo, golpearon a sus miembros y destruyeron sus posesiones.
“Con armas de fuego, machetes y palos, provocaron destrozos y golpearon fuertemente a tres integrantes de la familia que estaban trabajando. A pesar de no haber ninguna acción judicial de por medio, la Policía se llevó detenido a uno de los hermanos Velázquez. El hombre fue liberado al día siguiente pero le iniciaron una causa falsa por supuesta portación de armas”, indica el comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena Bs As.
Ninguno de los agresores fue detenido por la Policía ni llamado por la Justicia, aún cuando además de los ataques, realizaron desmontes para abrir calles sin autorización municipal.
“Los usurpadores siguen libres y avanzan en la construcción de un club de campo, sin autorización municipal y, ahora, también sobre los terrenos de la familia Velázquez. Han destruido los cercos, por lo que los animales de los Velázquez fueron encerrados para que no escapen y no pueden acceder a sus pasturas. También desmontaron varios cientos de metros de árboles y pasturas, plantando nuevos alambrados e ingresando materiales de construcción. Esas acciones tampoco tienen aprobación municipal”, agregaron desde la organización.
Dos días después del impune ataque, la patota enviada por Somoza volvió a hostigar a la familia Velázquez, incendiando pastizales a metros de la casa y los corrales, poniendo en riesgo la vida de personas y animales.
Un hecho que se repite 6 años después
Hace seis años -cual lamentable déjà vu- sucedió un ataque idéntico por parte Somoza y su patota. En 2014 y con la misma modalidad, Somoza ingresó a la casa de los Velázquez, destruyó íntegramente sus pertenencias, y mató o dispersó a gran parte de sus animales. Sin notificación legal y con una violencia inusitada, les destruyeron los corrales, mataron animales y, con una topadora, destruyeron la vivienda familiar.
Según la denuncia, el hecho también contó en esa ocasión con el apoyo presencial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no ahorró en golpizas ni detenciones.
La Justicia falló a favor de los Velázquez en todos los niveles, pero Héctor, el padre de la familia, debió vivir cinco años en una casilla en la puerta de su campo mientras reconstruía su casa y la chacra, con frecuentes hostigamientos por parte de los matones enviados por Somoza. Lamentablemente, el hombre de 65 años falleció en mayo de este año producto de un cáncer.
“Pese a las denuncias presentadas por este nuevo hecho, Somoza continúa impunemente. En tiempos en que la problemática del hábitat y la vivienda digna han tomado relevancia, un empresario sin títulos de propiedad avanza sobre tierras productivas de Almirante Brown, con sicarios y acompañado por fuerzas policiales”, exponen en el comunicado conjunto el Movimiento Nacional Campesino Indígena – La Vía Campesina; Frente Agrario Evita; y la Rama Agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP Agraria).
Fuente: La Tinta
Gran movilización contra el
gobernador Arcioni y la
megaminería en Chubut
Por Juan Patricio Méndez, Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020.
La respuesta de Arcioni para imponer la megaminería, prohibida hace 17 años en la provincia. Las detenciones fueron porque «se resistieron a la identificación dice el policía». Pero el operativo estaba encabezado por el jefe de la División de Investigaciones de Rawson, Juan Carrasco, que estaba sin identificación visible y de civil, según denunció SADOP Chubut
Bajo la consigna #chubutAGUAzo, las calles de Chubut volvieron a colmarse de protestas contra el proyecto de zonificación minera de @arcionimariano. «El proyecto de ley entrega el río Chubut a la minería uranífera,la más dañina de todas», denuncian.
Luego de las movilizaciones en la Casa de Gobierno de Chubut, el gobierno de Mariano Arcioni respondió con persecuciones y allanamientos a los manifestantes que repudiaron el apoyo del gobernador al desarrollo de la minería. Si bien hubo manifestaciones en toda la provincia, en la capital Rawson se dio el mayor conflicto. El lobby minero presiona nuevamente para impulsar proyectos insustentables, y pese al interés público que rechazó estas iniciativas a lo largo del tiempo, el sector público parece responder más al interés privado.
Comenzar estas líneas hablando de crisis de representación democrática resulta impactante. Más si atendemos directamente a nuestra historia nacional y regional, plagada de intervenciones militares e irrupciones dictatoriales. Pero si a la potencia conceptual del significado apuntamos, nos resulta pertinente la categoría porque las instituciones parlamentarias, así como los representantes de la ciudadanía en el Gobierno, poco están atendiendo a las demandas sociales por las cuales dicen luchar, y mucho están trabajando para profundizar la crisis ambiental y engorsar las cuentas de los dueños de grandes capitales trasnacionales.
Pero hay más argumentos para sostener esta posición. Luego de las movilizaciones de las asambleas y las organizaciones ambientales en Chubut, en contra de los proyectos que avanzan en materia de megaminería, el gobernador Mariano Arcioni respondió con persecuciones y detenciones arbitrarias. Según el comunicado de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh), el Estado provincial “se lanzó a la caza de integrantes de asambleas y manifestantes”. En consonancia, la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE), emitió un comunicado donde enfatizó que “no habrá paz social con mineras en los territorios”. “Hacemos llegar nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut ante el avasallamiento que están sufriendo por parte del gobierno provincial, operando, mintiendo y reprimiendo a las protestas vecinales con el objetivo de instalar la megaminería contaminante en la provincia”, expresaron en su sitio web oficial.
Y como si fuera poco, la cuestión ambiental se entrama con una idea que es necesario sostener. La apropiación de bienes comunes para el beneficio privado representa una quita de lo que es de todos, por parte de los que todo lo tienen. El extractivismo, como política de Estado, es la perpetuación del robo sistemático a los pueblos y a la naturaleza. La consideración de los bienes comunes como “recursos” le aporta, a todos ellos, una cualidad mercantil que no debería existir.
Y la lucha está allí. Nos vienen bien las palabras de Pino Solanas quien en 2016, y al respecto del Decreto 349/2016, que otorgó grandes exenciones impositivas a las mineras, explicó que “se suma a la innumerable lista de ventajas impositivas que goza el sector minero exportador”. A los hechos nos remitimos: Barrick Gold obtuvo reducciones importantes en materia fiscal sobre el uso de agua. Según el portal No a la Mina, “Barrick Gold paga $0,50 el metro cúbico (1.000 litros) por el agua más pura del planeta. Si creemos que gasta 110 litros por segundo, usarían 9.504.000 litros por día. Es decir pagan 4.750 pesos por día, o 142.000 pesos por mes. Ahora si comparamos el valor del metro cúbico que paga cualquier hijo de vecino en Buenos Aires ($5,74 aprox.) nos damos cuenta que el valor es 10 veces más”.
Entonces, cuando la política pública se dedica mayormente a la reproducción de los beneficios históricos de los grandes capitales, y yuxtapone a los mismos sobre los intereses sociales, estamos en condiciones de decir que existe una seria crisis de representación democrática. El entramado minero que tiene lugar en Chubut encarna serios, profundos y complejos conflictos de la política provincial y nacional. Fiel a su estilo, la frase “todo ambiente es político” se vive a flor de piel en cada asamblea.
El eje del conflicto actual
La provincia de Chubut es un territorio de históricas luchas. El plebiscito del año 2003 en Esquel contra la Meridian Gold es un ejemplo, así como el impedimento de la derogación de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto, y la utilización de cianuro en los procesos de producción de minera. Y hoy, nuevamente, el pueblo se mantiene firme contra la instalación del Proyecto Navidad, de propiedad canadiense, contra los lobbies y contra el mismo gobierno provincial.
Pablo Lada, referente de la UACCh, indicó en entrevista que existe un gran lobby empresarial y público. Por un lado, remarcó que, tanto la designación de Alberto Hansel como Ministro de Minería, así como Martín Cerdá, ex-ministro de Hidrocarburos de Chubut y actual presidente del Consejo Federal de Minero, representan intentos de boicot a la Ley 5001 y de instalar como prioritaria, “la vuelta del Proyecto Navidad”. Por otro lado, en sus redes sociales Lada señaló que la persecución que tuvo lugar el 13 de Noviembre “es parte de un circo criminalizador”. Los asambleístas estuvieron detenidos durante el tiempo que duraron los allanamientos, y a las pocas horas no quedó nadie recluido, explicó.
El conflicto social de hoy se explica en un repaso de los últimos años, donde la economía provincial atraviesa un estado de constante recesión. La actual reacción social es producto de que el gobernador Mariano Arcioni anunciara, en el marco de la mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero, la intención de habilitar la explotación minera a cielo abierto.
El neoliberalismo extractivista siempre ha sido pionero en generar problemas sociales, y luego otorgar una “solución” económica. Curiosamente, dicha herramienta resolutiva termina siendo sufrida por la clase trabajadora. Y, en reiteradas oportunidades, sobre todo el conjunto social. En este marco de crisis, la megaminería emerge “como la única salida para poder paliar la crisis”. Es por ello que se presiona con un mensaje que es claro: más puestos de trabajo para más producción y más comercio. Aunque, sí a los papeles vamos, la dirigencia política nunca estableció una discusión concreta para la elaboración de nuevas matrices productivas. Más teniendo en cuenta el gran rechazo social acerca de la actividad extractiva en la región.
Logró, en todo este trayecto, abrocharse el sentido de la necesidad ideológica. En esta, se asocia directamente a una problemática con una solución directa, pero nunca se reflexiona sobre el origen de la problemática ni por la naturaleza de la resolución. Aquí, la idea que se sostiene es que es necesaria la megaminería para salir de la crisis. Dentro del sentido común, suena lógico que un aumento de la actividad comercial podría, en consecuencia, demandar mayor mano de obra. Sin embargo, la materialidad de los hechos marca otra cosa. Es falso el cálculo “a mayor minería, más puestos de trabajo”. Y, más importante, es que la megaminería es uno de los principales conflictos ambientales por los que la región ha sido azotada, y por los que hoy podemos hablar de crisis de soberanía territorial y de recursos.
Maristella Svampa, socióloga, indicó en Radio Gráfica que es necesario romper con la falsa dicotomía entre lo social y lo ambiental. “No son modelos de trabajo intensivo sino de capital extensivo, porque exigen una gran inversión de capital. Hay que ir a San Juan, a Catamarca, donde hay megaminería, a ver si ha creado fuentes de trabajo. No es cierto, es mínimo lo que ha generado”. Asimismo, añadió que “esa es una falsa oposición que tenemos que ir desarmando. Lo que hemos visto es que con más extractivismo en Argentina no hemos resuelto el tema de la pobreza, y mucho menos el de la desigualdad. Hay más concentración de la riqueza, y esa concentración de la riqueza tiene que ver con más extractivismo”.
Como señalan Matías Blaustein, Federico Giovannetti, Florencia Arancibia, Nicolás Fernández Larrosa, Juan Wahren y Cecilia Rikap, en su trabajo “No es posible una mega minería sustentable”, rompen con el mito de que “la megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional”. Señalan, en el informe, que esta afirmación es falsa, y que “en los últimos 22 años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza”.
El quid de la cuestión: el Proyecto Navidad
Detrás de todo, asoma el Proyecto Navidad. De propiedad de la canadiense Pan American Silver, se trata de un yacimiento de plata y plomo. Desde sus inicios tiene un prontuario de desastres e irregularidades: desde el litigio judicial por 10 mil hectáreas de la meseta de Chubut, hasta la profanación de un cementerio mapuche en el año 2005. La adquisición del proyecto por parte de capitales canadienses se dio en el año 2009, y desde allí las presiones y los lobbies no cesaron. Y es por ello que el argumento del docente y periodista Pablo Quintana es más que interesante: “Es mucho lo que está en juego en Chubut por estos días. No sólo por lo que implica el pretendido desembarco minero, sino porque la crisis institucional de la provincia pone en evidencia que la democracia representativa tal cual como la conocemos se fue deshilachando hasta convertirse en una mera democracia delegativa”. Agregó que “lo que está en juego es el propio sistema o lo que queda de él”.
Lo mencionado por Quintana es fundamental para reflexionar sobre el estado crítico del medio ambiente y de la soberanía territorial y de los pueblos. Lo que se produjo es una inversión (progresiva y planificada) de los roles, en donde el Estado se ha acotado para darle lugar a capitales extranjeros cuya inversión no resulta productiva, sino extractiva.
El conflicto, como vemos, no es nuevo, y abarca una extensa cantidad de años y de disputas. Pero, desde diciembre de 2019 hacía el día de hoy, el constante intento de sabotear y derogar la Ley 5001 y de establecer al extractivismo como horizonte productivo cuestionó, en primer lugar, si el sector público realmente se preocupa por escuchar las demandas sociales. Y en segundo lugar, esto implicó que producto de la carencia en la escucha social, el pueblo responda con protesta.
Y el estallido de esta última semana se dió luego de que el gobernador Arcioni haga público, en sus redes sociales, el apoyo al desarrollo de una minería. “Hoy la tecnología ofrece alternativas muy eficientes para desarrollar otro tipo de minería”, explicó. Pero este es otro mito que en el informe citado previamente, los investigadores señalan como falso: “La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”.. Esto no es así, indican, toda vez que las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. “Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan millones de litros de agua con químicos tóxicos”, argumentaron los investigadores.
La ecuación de esta operación política tiene como resultado la falta de escucha al pueblo y la producción de políticas públicas que benefician a los privados. La persecución a los manifestantes y a los asambleístas es una muestra de lo poco democrático del proceso y del poco interés que tiene el Gobierno en resolver los problemas de la ciudadanía. Y fundamentalmente, de desarrollar proyectos sustentables y sostenibles como horizonte próximo. El (poco) interés es notorio.
En este contexto, no se encuentra la comprensión definitiva de que, realmente, el agua vale más que el oro. Y este histórico reclamo debe, más que nunca, ser escuchado. Y nunca más ser perseguido.
Apuran el blanqueo de una emblemática ocupación VIP en Neuquén
Por Facundo Cabrera, Resumen Latinoamericano, 24 de noviembre de 2020.
Rincón Club de Campo es el barrio privado sinónimo del poder de la provincia de Neuquén. El gobernador, jueces, empresarios y ministros tienen sus casas en esa urbanización ubicada a 20 cuadras del centro de la ciudad capital. Desde su creación, en la década de 1980, impide el acceso público al río y desde 1992 ocupa ilegalmente hectáreas de una zona protegida con su cancha de golf. La semana pasada el Municipio firmó un cuestionado acuerdo con el barrio y pretende aprobarlo a las apuradas, antes de fin de año, en el Concejo Deliberante.
“Es un día histórico para la ciudad de Neuquén. Llegamos a un acuerdo luego de 40 años”, se felicitó el intendente Mariano Gaido (MPN) al anunciar la firma del convenio que habilitará la apertura de 1600 metros de camino de sirga en la orilla del río Neuquén. Acto seguido, anunció que en esos 33 mil metros cuadrados construirá un paseo, parte su estrategia para ser el próximo gobernador.
A cambio, regulariza la sesión de las 8 hectáreas que ocupa la cancha de golf. El convenio entrega en concesión esa superficie por 20 años a un precio irrisorio: la iluminación de los 1600 metros de costa liberados. La superficie del campo de golf forma parte además del Parque Regional Bardas Norte, área protegida del ejido municipal.
Como tercer punto, el Municipio acepta venderle al Rincón Club de Campo otros remanentes de tierra pública alambrada al precio fiscal, muy por debajo de su valor inmobiliario.
De esta forma, el ejecutivo local pretende convalidar un acuerdo de dudosa legalidad, y apura su aprobación para concretarla. El acuerdo debe ser aprobado por el Concejo Deliberante, que definió tratarlo luego de ser ingresado sobre tablas en la última sesión con los votos del MPN y JxC.
Grupos de vecinos, preocupados por este tema, lanzaron una carta para firmar en la que le demandan al Deliberante que apruebe el acuerdo porque sería convalidar “privilegios para una minoría”.
En tanto, la concejala del PTS-FITU Natalia Hormazabal posteó en sus redes sociales: “Rechazamos el acuerdo de Municipalidad con los ricos de Rincón Club de Campo S.A. Basta de bancar la usurpación VIP”. El concejal del FdT, Marcelo Zuñiga, por su parte, sostuvo en declaraciones a radio UNCo-CALF que el acuerdo “mantiene una injusticia territorial y ambiental y es un pésimo antecedente para la armonía, la convivencia y la paz social en la ciudad”.
Los ricos no piden permiso
El exclusivo barrio tiene seis canchas de tenis, varias de fútbol 5, por lo menos dos piletas, una caballeriza con pista de equitación, la cancha de golf de 18 hoyos y acceso exclusivo a la costa del río Neuquén. Varios de esos lujos se sostienen con irregularidades o delitos.
Desde sus comienzos en la década de 1980, el Rincón Club de Campo ocupa ilegalmente 1.600 metros de la costa del río Neuquén, que suman en total unos 33 mil metros cuadrados.
En tanto, para la construcción del campo de golf, el Municipio le cedió 3,35 hectáreas sin opción a compra en 1992. Pero el barrio se adueñó de 8 hectáreas, más del doble de lo legalmente entregado. Aquella cesión inicial venció en 2012 y no fue renovada, por lo que hace 8 años la ilegalidad es total. Esas hectáreas, además, forman parte de un área natural protegida sobre la que se han multiplicado los reclamos de los vecinos que exigen que sean devueltas para el uso público.
El concejal Zuñiga planteó que hay un dictamen de la sindicatura municipal del año 2018. “El municipio debía intimar a la restitución de las hectáreas y debía cobrar la multa por anexamiento. Esto no aparece en este nuevo acuerdo. Según el cálculo del municipio, si se hubieran cobrado esas multas todos estos años, sumarían 1.500 millones de pesos, a raíz de 50 millones por mes”, sostuvo el edil.
En tanto, según publicó Susana Lara en El Cohete a la Luna, la urbanización adeuda más de 16 millones de pesos de impuesto inmobiliario desde 2015.
Fuente: AnRed – Infografías: Javier Grosso (Cohete la Luna).
Envio:RL
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