15 de noviembre de 2020
En busca de recuperar la iniciativa y la calle
El Frente de Todos le imprime celeridad a su agenda parlamentaria
La carrera contra el reloj electoral comenzará esta semana y se extenderá hasta fines de febrero. El punto de partida será el próximo martes cuando por pedido expreso del presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, la Cámara de Diputados avance con la media sanción del aporte extraordinario de las grandes fortunas y la modificación de la ley del fuego. “Dos leyes que fueron construidas por la militancia y un grupo de diputados, y que se enfrentaron con sectores que tienen un fuerte poder de lobby”, sentenció uno de los referentes del bloque oficialista ante la consulta de Página/12.
En política las casualidades no existen. Máximo Kirchner eligió el día de la militancia peronista para comenzar a dibujar en el escenario político la línea de largada de una agenda parlamentaria que el oficialismo parlamentario siente como propia. En ese marco, el arranque de la seguidilla de debates que se extenderá todo el verano será acompañada por una movilización convocada por La Cámpora, que llegará hasta el Congreso, y que confluirá con “la caravana federal” organizada por Hugo Moyano para festejar el día del militante. El Frente de Todos buscará demostrar el próximo martes su poderío tanto en el Palacio como la calle.
Al respecto de la movilización, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, en diálogo con Página/12 explicó: "El Congreso volvió a escuchar a la calle. Por eso es una movilización necesaria, porque toma la agenda construida por las militancias: la militancia del ambientalismo, para todos los militantes de la justicia social que creen en la redistribución de la riqueza con el aporte de solidario de las grandes fortunas".
"Que el martes sea todo verde", dice el flyer difundido por La Cámpora que convoca a la marcha. Respecto de la posibilidad de que el Ejecutivo finalmente envíe ese día el proyecto de legalización del aborto al Congreso, Mendoza sentenció: "Me parece que sería un gran gesto de del Presidente y esperemos que así sea porque lo vamos a estar esperando en la calle".
Por su parte, puertas adentro del Congreso aún son cautelosos con el temario que se abordará en lo que queda del periodo de sesiones ordinarias y durante la convocatoria a extraordinarias. “Se irá definiendo semana a semana”, explican, pero también detallan que hay temas ya tienen un lugar asegurado. El oficialismo está dispuesto a avanzar en el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la reforma tributaria, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal y el nuevo consenso fiscal, entre otras.
Aporte extraordinario
Máximo Kirchner sacudió la arena parlamentaria y, como jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja, decidió imprimirle velocidad a parte de la agenda pendiente que el Frente de Todos había construido puertas adentro del Congreso. El pedido formal de convocatoria a la sesión que se realizará el próximo martes, que tendrá como tema principal el proyecto de ley del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, sorprendió al presidente de la Cámara, Sergio Massa. El exintendente de Tigre estaba convencido de que el tema, en el mejor de los casos, sería tratado más adelante. Pero lo cierto es que la apuesta del Frente Renovador, expresada públicamente a través de José Ignacio De Mendiguren, era conseguir que el aporte solidario quede licuado dentro la reforma tributaria que en las próximas semanas enviará el Ministerio de Economía al Congreso.
La maquinaria legislativa, que depende de Kirchner puertas adentro del Congreso, y del ministro de le Interior Eduardo “Wado” de Pedro, en la relación con los gobernadores, tiene todo listo para aprobar el proyecto que recaudará más de 307 mil millones de pesos por única vez.
La iniciativa que alcanza sólo a las personas físicas que tengan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos cuenta con el apoyo de los bloques minoritarios de la oposición. Por eso, el FdT espera que la norma sea aprobada por una amplia mayoría pese a que Juntos por el Cambio votará en contra y que los diputados del Frente de Izquierda hayan anunciado sus abstenciones.
La ley del fuego
El oficialismo también conseguirá este martes darle media sanción al proyecto que busca poner fin a la especulación financiera e inmobiliaria sobre las tierras arrasadas por el fuego. El texto, también impulsado por Kirchner, cuenta con el aval de los bloques provinciales y un sector de la oposición. Por ahora, sólo Juntos por el Cambio manifestó su rechazo a la norma.
“La vedad que nos encontramos con un lobby muy fuerte, casi tan fuerte como el que pretendía frenar el aporte de las grandes fortunas”, detalló una de las espadas parlamentarias del FdT ante la consulta de Página/12 y agregó: “Sin embargo, los votos están. Sólo hacía falta la decisión política para que se trate”.
El proyecto busca modificar el artículo 22 de la ley del manejo del fuego y establecer una prohibición por 60 años para modificar el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”.
Reforma del Ministerio Público Fiscal
El bloque de senadores del oficialismo espera que el próximo miércoles el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial, al cual el Presidente le encomendó el diseño de propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema judicial, emita un dictamen no vinculante para decidir como seguirá. Mientras tanto, en la reunión de Comisión que se llevará a cabo este lunes, donde continuará la exposición de especialistas, se incorporará al temario el proyecto presentado por el senador rionegrino Alberto Weretilneck que impulsa una reforma integral del Ministerio Público.
Desde el bloque que conduce el peronista José Mayans, aseguraron que luego de conocer la posición de los expertos la Comisión buscará unificar todo en un proyecto y emitir dictamen para que el tema llegue al recinto antes de fin de año.
Legalización del aborto
La Cámara baja tiene todo listo para dar comienzo al tratamiento de la norma e incluso, las diputadas más optimistas apuntan a que la iniciativa pude obtener media sanción antes de fin de año. En ese marco, las autoridades de la Cámara ratificaron que el trámite no será extenso.
Al igual que ocurrió hace dos años, las diputadas "verdes" esperan que el texto no tenga problemas para ser aprobado en Diputados y pronostican un escenario de mayor paridad en el Senado.
El rol clave del Consejo Asesor
Las diferencias en torno al próximo Procurador General
Imagen: Télam
"Nuestro candidato es Daniel Rafecas", insistían en la Casa Rosada acerca de las aparentes diferencias surgidas dentro del oficialismo alrededor de la elección del próximo procurador general. Agregaban que no tienen una posición tomada acerca de la duración del mandato ni de la forma de la elección, si continúa siendo por los dos tercios del Senado o por mayoría simple, como impulsaría el bloque del Frente de Todos. El proyecto que presentó el viernes el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que propone una mayoría especial de la totalidad de los senadores, fue mostrado en el Congreso como una solución intermedia. Pero no convence mucho al propio Rafecas, que está de acuerdo con lo de acotar el mandato a cinco o seis años, pero no con bajar las exigencias del voto para su designación. En definitiva, la solución puede pasar por el dictamen que emita esta semana el Consejo Asesor para la reforma judicial. "Aunque sea no vinculante, si ellos dicen que debe ser elegido por una mayoría de los dos tercios, va a ser complicado llevarles la contraria", sostenían en Gobierno.
En el bloque del Frente de Todos, que en buena medida sigue las directivas de Cristina Kirchner, existe una total convicción de que la prioridad es modificar la ley que rige el Ministerio Público Fiscal, más allá de quien sea designado en el cargo. "La experiencia con el actual procurador Casal nos hizo notar la necesidad de cambiar la procuración. "No podemos repetir el error de nombrar tipos que después se creen que son más importantes que el sistema político. Hacen cualquier cosa, es casi imposible sacarlos y tienen un cargo de por vida", argumentaba un legislador cercano a la vicepresidenta. Lo curioso fue que el bloque oficialista no elaboró ningún proyecto propio sino que desempolvó los que habían presentado los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, que comenzaron a discutirse los dos últimos lunes en la comisión de Justicia que preside Oscar Parrilli.
La novedad fue la aparición de un tercer proyecto de la mano del ex gobernador rionegrino Weretilneck, que tiene un monobloque pero suele votar junto al Frente de Todos. La propuesta establece cinco años de mandato para el procurador y elección por mayoría absoluta. Es decir, no de los senadores presentes sino de la totalidad de la Cámara: 37 votos sobre un total de 72. Weretilneck explicó que, al dejar de ser vitalicio el cargo, perdía sentido la exigencia de los dos tercios y definió su proyecto como una "vía intermedia" que podría conseguir un acuerdo general.
De hecho, en el Frente de Todos imaginaban que habrá otras fuerzas provinciales e incluso un sector del radicalismo que podrían terminar acompañando porque "a la política no le conviene seguir nombrando a tipos que después son intocables". Como al pasar, deslizaban que todavía hay cargos que deben ocuparse como el Defensor del Pueblo de la Nación o la Procuración Penitenciaria, que podrían funcionar como parte de un acuerdo. En cambio, se referían con ironía al apoyo de Elisa Carrió a la designación de Rafecas, que movió el avispero en Juntos por el Cambio. "Mucho no lo ayudó", comentaban.
El presidente Alberto Fernández almorzó días atrás en la Casa Rosada con Parrilli y, luego del encuentro, cada uno siguió diciendo lo mismo: Fernández que su candidato era Rafecas y Parrilli que era necesario modificar el Ministerio Público. La cuestión aquí es hasta qué punto son compatibles una cosa con la otra. Rafecas ya comentó a sus allegados que le parece bien que su mandato no sea vitalicio y tenga una duración de cinco o seis años. Que incluso estaría dispuesto a asumir con el actual sistema, pero tomando el compromiso público de respetar el mandato que vote luego el Congreso y presentar su renuncia en ese término.
En cambio, no le parece nada bien que se modifique la mayoría agravada para su designación. Por un lado, no le resulta agradable que haya legisladores del oficialismo que expresen sus temores con el antecendente de Casal. "Cree que ya mostró en causas como la de Nisman o las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cómo piensa", comentaban cerca del actual juez federal. Por otro lado, le resultaba llamativo que nadie del Frente de Todos haya expresado públicamente -tampoco a través de un proyecto propio- si realmente piensan que debe modificarse esa mayoría.
En lo que parece haber coincidencia -en la Rosada, en el bloque de senadores y de parte de Rafecas- es que el Consejo de juristas que asesora al Presidente para la reforma de la Justicia jugará un rol clave. Se sabe que en las recomendaciones que presentará esta semana habrá un apartado referido al Ministerio Público Fiscal. Además del consabido mandato acotado a cinco o seis años, se referirán también a su designación. Alberto Binder, que es uno de los referentes más importantes del país en la materia, e expresó a favor de un mandato de seis años y de mantener la elección con mayoría de dos tercios cuando fue invitado a hablar ante la comisión de Justicia del Senado. "El próximo procurador va a tener que afrontrar una tarea central que es la implementación de la ley del Ministerio Público y de todo el sistema acusatorio", justificó. En Gobierno consideraban que si el Consejo de Asesores que integra Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, dictamina en el sentido que recomienda el especialista Binder, le será difícil al bloque de senadores apartarse de esa opinión.
La agenda del Gobierno para el fin de año
Economía y políticas sociales: IFE,
novedades en la AUH, aporte
de las grandes fortunas
Imagen: NA
Se acerca el final del año. Llegan las fiestas, el verano, las vacaciones o lo que se pueda hacer. Acaso luego empiece el regreso a las escuelas en varias provincias. Nada es seguro mientras persista la pandemia, incerteza que incluye cuándo podrá comenzar la vacunación.
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recorre despachos con una agenda no del todo convencional, con pinceladas de cotilleo político. Los emisarios partirán para comer pavo en sus hogares, el día de Acción de Gracias.
El Congreso trabaja a todo vapor, dejemos de lado por delicadeza la comparación con la Corte Suprema de Justicia.
* El presupuesto 2021 aterrizó en el Senado flojito de papeles. Le faltaban planillas anexas con detalle de las inversiones pactadas con las provincias. Tales aportes se negocian a último momento, contrarreloj. Canjes de aprobación por beneficios a los territorios, lícitos y propios del sistema federal. Se repara la torpeza, la ley de leyes seguirá su ruta.
* El aporte solidario extraordinario, alias “impuesto a las grandes fortunas”, llegará por fin al recinto de Diputados el martes. Un tiro para el lado de la justicia. El gravamen lo pagan menos de diez mil multimillonarios, es redistributivo, todo indica que será ley. La derecha autóctona lo resiste distorsionando datos por doquier.
* La fórmula de actualización de las jubilaciones motiva otro debate. El macrismo acusa al Gobierno de ajustar a los jubilados, olvidando sus propios desempeños desde 2008 hasta 2019. El oficialismo regresa al esquema originario de aquel entonces pero retocándolo a la baja, en varios aspectos. La discusión parlamentaria puede mejorar la propuesta. Esta columna roza apenas la cuestión, abordada ayer por David Cufré y hoy por Alfredo Zaiat en este diario. Será objeto de futuras notas, que se nutrirán del debate público.
Se deja sin efecto el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4). También cesaron los subsidios ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) inviables en mediano plazo. Los reemplaza. de modo incompleto, el programa REPRO 2.
El ministro de Economía Martín Guzmán reconoce las necesidades de los perceptores del IFE pero privilegia “mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país”. Asegura que se atenderá a los argentinos necesitados pensando en políticas focalizadas.
En el ínterin se amplía la masa de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se discurre sobre un plus para fin de año. También se aumenta temporariamente la mensualidad de la tarjeta Alimentar.
Vayamos por partes, como proponía el metodólogo don Jack.
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De la anormalidad al futuro impreciso: El Presupuesto prevé crecimiento del PBI y reducción del déficit fiscal. El equipo económico piensa que es irrepetible el esquema de gasto público y emisión del 2020. El incremento de la demanda y la actividad privada, afirman sus funcionarios, suplirán en parte el aporte estatal. El objetivo es razonable o hasta indiscutible en términos generales. Más allá de ortodoxias o heterodoxias es imposible pensar en la emisión monetaria como recurso inacabable y sin contrapartidas. No obstante, aunque se coincidiera con el rumbo. queda en discusión la velocidad elegida. Sin reactivación y crecimiento no hay salida futura de la crisis, vale. Pero en el presente, opina este cronista, disminuir la cobertura social crea el riesgo de desamparar a millones de argentinos porque el crecimiento de los últimos meses es módico, lento y heterogéneo. Queda mucha más gente afuera que en la desoladora situación legada por el macrismo.
Como su nombre lo indica, el IFE es una herramienta de emergencia, rústica si se quiere. En el mediano plazo debe cesar… parece prematuro hacerlo tan pronto, justo a fin de año. La masa de desocupados y pobres se amplió exponencialmente, recorriendo una amplia escala de clases. Las reaperturas no traen recuperación inmediata del nivel de ingresos. El Gobierno observa que aminora la cantidad de pedidos de ayuda alimentaria. La referencia, muy básica, no implica que todos los ex titulares del IFE ya tienen cómo parar la olla. Una preciosa nota de Cristian Navarrete en el portal Panamá cuenta como dos personas crearon sus mini empresas valiéndose de los 10.000 pesos del IFE y de otra plata que tenían o inventaron. “Emprendedurismo pulenta” lo apoda y cuestiona que ahora se los deje colgados del pincel.
Sin el auxilio del IFE, agregamos, muchedumbres padecerán el final del año, el inicio de 2021.
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Universal is beautiful: A partir de un certero relevamiento estatal se amplió el número de pibas y pibes que reciben la AUH. Este derecho es conceptualmente superior al IFE. Un derecho y no un programa temporario. Universal lo que pone coto a la discrecionalidad o arbitrariedad del estado o de funcionarios.
El alto piso de protección social construido por los gobiernos kirchneristas consagró derechos universales o de un amplísimo nivel de cobertura. Las jubilaciones entre ellos. Se consiguen con trámites gratuitos, en base a requisitos objetivos de sencilla corroboración.
Los beneficios universales añaden otra virtud respecto de los focalizados. Tal vez pecan por “exceso de inclusión”: acogen personas que no lo precisan, siempre en porcentajes bajos… La clásica gente bienuda de la Recoleta que se jubila para indignación de ciertas almas bellas. Puede pasar pero en materia social es peor el “defecto de exclusión”; dejar ciudadanos necesitados a la intemperie. He ahí un flanco débil de las políticas focalizadas.
Otra dificultad imaginable es la demora en implementar las prestaciones. El programa Potenciar Jóvenes --anunciado por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo-- fomenta proyectos productivos de personas de 18 a 29 años. La iniciativa, que fija pagos para un año, es más refinada que la IFE, con objetivos deseables y precisos. El punto es cuánto tardarán en juntarse los beneficiarios con las becas.
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¿Habemus Estado? Abrimos paraguas aunque quizás no llueva: esta nota no propugna la universalidad de todas las políticas sociales. En este plano también deben germinar cien flores, focalizadas entre tantas.
Eso asumido, señalemos otro escollo para instrumentar nuevas o mejorar las existentes. No es usual argumentarlo pero la inscripción en políticas universales en general es comparativamente sencilla. En cambio, la reglamentación, el empadronamiento, el control, el seguimiento de programas focalizados exigen elevado nivel de experticia y capacidades. Justo en un momento de extrema debilidad estatal, por la herencia macrista, por carencias presupuestarias, por la cantidad de personal licenciado, por el funcionamiento en modo remoto y varios etcéteras más. Cualquier medida novedosa (urgente por definición) pondrá a prueba a un Estado desguarnecido.
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Recalculando: Repasemos aunque pueda ser repetitivo. La ampliación del número de titulares de la AUH es un logro, que perdurará. Un reconocimiento de derechos, hasta la mayoría de edad.
Un eventual bono de refuerzo en diciembre atenderá a la carencia, un bienvenido paliativo temporal.
La duplicación de la mensualidad de la tarjeta Alimentar ayudará a las familias a pasar mejor el mes de diciembre. Las madres son sabias administradoras, está comprobado. Corren con desventaja contra la inflación de los alimentos que sigue escalando. Un desafío que el oficialismo no ha conseguido responder debidamente.
El Gobierno analiza aumentar la mensualidad de la tarjeta a partir de enero, para sucesivas mensualidades. Así lo propone Arroyo. La decisión se estudia.
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Cambios para relanzar: Los cambios de funcionarios se niegan hasta que ocurren. Hasta noviembre se habían producidos relevos importantes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la secretaría de Energía, la viceministra de Educación. Le tocó a María Eugenia Bielsa ser la primer ministra a la que se pidió la renuncia. “Pensé que ibas a ser la estrella del Gabinete” le había espetado-advertido el presidente meses atrás. La ex titular de Desarrollo Territorial y Hábitat se estrelló, describen en Olivos y en la Casa Rosada, porque subejecutó los fondos de su cartera, demoró largos meses en completar su propio equipo. No pudo o no supo establecer buenos vínculos con interlocutores imprescindibles: gobernadores, intendentes, sindicalistas vinculados a la construcción. Le faltaron dinamismo, destreza o cintura para dialogar, le reprochan. Y “territorialidad”, un semi neologismo muy en boga en el elenco oficial.
La suplirá Jorge Ferraresi, un intendente revalidado en las urnas. El perfil del alcalde, comentan allegados a Alberto Fernández es similar al de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. La intendencia, agrega este escriba, es un primer mostrador del Estado, formatea para la acción. Katopodis era y es señalado como un funcionario dinámico, siempre dispuesto para atender, ejecutivo. Se lo solía contraponer a Bielsa.
Cerca de Bielsa y en la oposición se chimenta que la ex funcionaria se llevaba mal con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras Ferraresi es uno de sus dirigentes predilectos.
Tal vez las dos versiones converjan o puedan coexistir. Se irá viendo. La construcción y la obra pública con claves en el diseño económico para 2021. Un dinamizador de libro, como preconizaba John Domingo Keynes.
En los mentideros, los cafés y los quinchos se cruzan apuestas sobre futuros cambios en el gabinete. Sin ánimo de entrar en la timba, este cronista supone que los habrá, antes del final del verano. La “territorialidad”, el cambio de escenario y las hiper exigencias que genera la peste catalizan la necesidad y la urgencia.
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Protestas, retos y legitimidades: Por si éramos pocos, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un documento, crítico hacia las recientes medidas del Gobierno. Se combinan recriminaciones específicas con advertencias acerca de posibles derrapes de políticas sociales y laborales. El oficialismo prefirió no responder frontalmente aunque considera que los reproches son entre injustos e inexplicables.
El alerta sobre la doble indemnización y la prohibición de los despidos es ocioso, aseguran en Trabajo porque estaba decidida su prolongación. “Mientras sea necesario” subrayan y acotan: “jamás lo discontinuaríamos en diciembre”. El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) se publicará en el Boletín Oficial la semana próxima.
La advertencia sobre posibles cobros de las vacunas a las Obras Sociales suscitó mayores broncas. En Salud, en Trabajo y en Olivos subrayan que la gratuidad abarca a todos los ciudadanos. Es universal…
Los cuestionamientos a la fórmula de actualización jubilatoria se contestan apuntando que la CGT jamás se interesó en esa agenda ni preparó alguna propuesta.
El Gobierno, repasamos, tiene razón en esas réplicas. Es también cierto que muchos dirigentes cegetistas (no todos) carecen de legitimación y vivieron en letargo demasiado tiempo.
Todo esto asumido, las advertencias generales son válidas. El Gobierno puede caer en la tentación de suponer que cualquier crítica pierde vigor si es cuestionable quien la formula. Un sofisma comunicacional, una tentación simplista.
Empero, las advertencias sobre el recorte del presupuesto, la supresión del IFE, las concesiones a los especuladores de la City, son tan pertinentes como el aval al impuesto a las grandes fortunas o a la ampliación de la AUH.
Se consumó una caída anual record del PBI, que ya tenía dimensión bonsai. Se multiplicaron pobreza y desempleo. Mermó el valor adquisitivo del salario. La catástrofe es planetaria, la Argentina no hace excepción.
La primera línea del gobierno, presidente incluido, imaginan un crecimiento con forma de V, acelerado desde el punto más bajo. Como canta el enorme Litto Nebbia: ojalá que eso pronto suceda. Pero en el entre tanto es forzoso mantener las ayudas sociales, sostener el consumo popular, poner plata en el bolsillo de los más necesitados. Que a esta altura son más de la mitad de los argentinos porque la reapertura no llegó a transformarse en recuperación.
Desde luego, las perspectivas mejorarían si aminora la pandemia, si llega pronto la vacuna, si comienza a vislumbrarse alguna luz en el horizonte. Nada es seguro en tiempos de peste.
El Gobierno confía en llegar a un buen acuerdo con el FMI mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump comienza a despedirse de la Casa Blanca. Las concesiones que haga o rehúse la Argentina signarán el porvenir. Las recetas de ajuste han sido letales durante décadas, nada indica que eso haya cambiado.
El ministro Moroni llamó a la CGT, pero ellos quieren reunirse con el Presidente
El enojo sindical todavía no disminuye
Felipe Yapur
Los cambios el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el fin del IFE y el anuncio de la nueva fórmula del cálculo de la jubilación puso a los gremialistas en guardia y lo expresaron a viva voz en la reunión del consejo directivo. A eso sumó el freno a la reapertura de las paritarias. La queja gira alrededor de la falta de comunicación, la no consulta cuando "la CGT es parte del gobierno". Es por eso que algunos de los participantes hablaron de paro o movilización. La central obrera quiere se reactiven las mesas tripartitas que había armado la Rosada para que de allí salgan los consensos.
“Hay una pérdida importante del poder adquisitivo. Hubiésemos querido que el Gobierno nos convoque. Es una decisión unilateral y vemos con preocupación que se estén anunciando ajustes en elementos como el IFE, el ATP y lo previsional. Estas cuestiones deben discutirse en una mesa”, dijo durante una entrevista radial Andrés Rodríguez. En cuanto a la posibilidad de que se tomen medidas de acción directa, el titular del poderoso gremio estatal UPCN dijo que “pueden estar latentes siempre que no se solucionen los problemas. Si esto no ocurriese, veríamos qué medidas tendríamos que aplicar”.
Las declaraciones del estatal fueron una versión edulcorada de lo que él mismo dijo durante el encuentro sindical. Rodríguez fue uno de los que pidió medidas de fuerza y lo acompañaron el gastronómico Argentino Geneiro y el ferroviario Omar Maturano.
Por ahora estas propuestas no tuvieron eco en el resto de los dirigentes sindicales aunque sería paradójico que la CGT se anime a lanzar un paro o una movilización contra Fernández cuando a Mauricio Macri recién le hicieron la primera medida de fuerza más un año después de su asunción, sin pandemia y ya con devaluaciones calamitosas. Incluso antes tuvo que pasar el 7 de marzo de 2017 donde se fueron abucheados mientras le cantaban "poné la fecha (del paro) la puta que te parió".
Los solivantados de esa reunión fueron rápidamente calmados al grito de que nunca le hacen paro a sus respectivos patrones.
Los gremialista están que trinan también por la crisis que viven las obras sociales sindicales. Según informó en esa reunión José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) el déficit mensual asciende a 1500 millones de pesos y todos teman que pueda ser peor si son las obras sociales las paguen las vacunas contra el coronavirus para sus afiliados.
Por ahora recibieron solo el llamado del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien les avisó de la prórroga del decreto que prohíbe los despidos e impone la doble indemnización. Pero eso no los aplaca. Están molestos con el ministro al que responsabilizan de tener pisada la reapertura de las paritarias y dejar todo para un supuesto mejor escenario en 2021.
La charla con Moroni no es suficiente y la central sindical espera ser invitada a un encuentro con el Presidente que no aparece en la agenda. Eso no significa que no vaya a ocurrir sino que en la Rosada hay quienes consideran que debe haber un tiempo entre la publicación de la carta y la reunión.
El factor Moyano
A todas estas razones hay que sumarle la interna sindical. Las relaciones con Hugo Moyano son complicadas. Si bien es cierto que durante la campaña electoral, donde el camionero y Héctor Daer, se sumaron a la mesa de acción política del PJ bajo la consigna "hay que unirse hasta que duela", con el correr del tiempo esa pax se fue diluyendo. Los Moyano no pierden oportunidad de cuestionar el modo de hacer política de la conducción cegetista y el momento cúlmine se dio el 17 de octubre cuando el camionero junto al bancario Sergio Palazzo, y los pocos sindicatos que quedaron dentro del (un tanto deshilachado) Frente Sindical para el Modelo Nacional, organizaron con gran éxito la caravana y que le permitió tener al gobierno una expresión pública de respaldo luego de que se frustrara la web con la que la CGT buscaba realizar una movilización virtual.
Moyano junto a esos gremios aliados volverá a movilizarse este próximo 17 cuando se recuerde el día de la militancia en homenaje al retorno de Juan Domingo Perón en 1972. Estas movidas del camionero deja en evidencia la falta de energía de la CGT pero sobre todo lo que molesta son las muestras de cercanía de Alberto Fernández con los Moyano.
Un dirigente sindical de larga trayectoria le dijo a Página/12 que le sorprendía la queja de sus colegas cegetistas con respecto al Presidente y sus reuniones con Moyano. "Alberto es así. Hoy se junta con vos y mañana conmigo. Es pragmático como todo dirigente político". En tanto, el canillita Omar Plaini afirmó, en el programa Marca de Radio, que la CGT debe replantearse algo más profundo y que pasa por definir qué tipo de central sindical se quiere ser: "Hay que definir si vamos a ser una CGT protagonista o simplemente acompañar. Si no, es lo mismo acompañar a este gobierno que a cualquier otro".
Jubilaciones y modelo de país
Carlos Heller
La fórmula de movilidad jubilatoria que el gobierno propone es un instrumento más dentro de un modelo de crecimiento con inclusión, que tiene entre sus objetivos la suba de los salarios por encima de la inflación, la ampliación del consumo y del mercado interno y, como producto de ese proceso, el aumento de la recaudación impositiva. Si ello sucede, la consecuencia lógica de la aplicación de este índice es la mejora de los haberes previsionales.
Por eso, la fórmula de movilidad previsional no se puede pensar por fuera del modelo de país en el que se inscribe: el índice propuesto es consistente, como ya dijimos, con un proyecto que postula, como presupuestos básicos, aumentos reales de salarios e incremento de la actividad económica y, como consecuencia de ello, la suba de la recaudación impositiva.
Por el contrario, si la inflación le ganara a la recaudación y a los salarios, los haberes jubilatorios se deteriorarían. Pero, en ese caso, el problema no sería solo de las jubilaciones sino de la población en general.
El nuevo índice que se está proponiendo es mucho mejor que el que puso en práctica el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Por qué es positiva la relación de la fórmula con la variación del salario? Primero, porque éste se encuentra muy deprimido, producto de las políticas del gobierno anterior y de los efectos de la pandemia sanitaria; segundo, porque el actual gobierno propone una política de creciente recuperación económica.
Además, en el comunicado del Ministerio de Economía posterior a la reunión en la que el Ejecutivo y el oficialismo en el Congreso acordaron los lineamientos del proyecto, se afirma que “una fórmula que incorpora a los salarios, implica que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos. Por ese motivo, en el marco de la Comisión Bicameral mencionada (Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional), la posición de la mayor parte de los especialistas es que la evolución de los salarios debe ser parte de la fórmula de movilidad. Es importante notar que los fallos de la Corte Suprema respaldan esta posición”. Agrega que “incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal”.
El nuevo índice está orientado a funcionar dentro de un plan como el que está propuesto en el Presupuesto 2021. En el mensaje de elevación del Proyecto al Congreso de la Nación se dice que “los objetivos centrales del gobierno nacional para el próximo ejercicio fiscal estarán concentrados en consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, impulsar una recuperación económica robusta en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social y comenzar a construir un camino de desarrollo sustentable sobre la base de una estructura productiva que asegure una generación sostenida de empleo con derechos y contribuya al bienestar social de las y los habitantes de la Argentina”.
No pensamos en un país que va a ajustar ni que va a entrar en un proceso recesivo. Estamos pensando en un país donde la recuperación tenderá a fortalecerse (ya van varios meses de buenos datos sobre el crecimiento de la actividad productiva), mejorará el empleo, la combinación de crecimiento productivo y empleo mejorará los ingresos de la seguridad social, y los salarios tendrán un ambiente auspicioso para crecer en términos reales.
La fórmula implementada desde 2018 por el gobierno de Juntos por el Cambio, a través de la Ley 27.426, privilegió en su cálculo en un 70 por ciento la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en un 30 por ciento la evolución del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
El componente atado a los salarios, en el marco de las políticas de ajuste que llevaba adelante el gobierno anterior deprimiendo los ingresos, si bien ponderaba al 30%, fue muy negativo para la movilidad jubilatoria: el RIPTE perdió en términos reales (o en poder adquisitivo) un 11,5% en 2018, más un 6,2 por ciento adicional en 2019.
Pero además, los datos presentados por Anses, y que coinciden con muchos otros datos privados, lo dejan claramente expuesto: entre diciembre 2008 y septiembre 2017 (último ajuste según la fórmula de 2008) el haber mínimo creció, en términos reales, un 25,8 por ciento. Entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, con la fórmula macrista, el poder de compra del haber mínimo se derrumbó (-19,5 por ciento). Luego se recuperó un 5,4% a agosto, con los aumentos por decreto del actual gobierno, que fueron tan criticados por gran parte de la oposición.
Es muy claro: con la fórmula que el gobierno está proponiendo y que estuvo vigente entre 2008 y 2017 las jubilaciones crecieron, con la que impuso Juntos por el Cambio a partir de 2018 retrocedieron.
No hay que contemplar sólo las mejoras en los haberes previsionales. En el último periodo, hubo otras medidas que redundaron en beneficios para los jubilados: el congelamiento del precio de las tarifas públicas, de los medicamentos y de las cuotas de los créditos de la Anses desde principio de año, la decisión reciente de que no se paguen los intereses de estos últimos, la entrega de 170 remedios gratuitos a partir de un vademécum que contiene los que más consumen los adultos mayores, entre otras iniciativas. Para ellos los medicamentos representan un porcentaje importantísimo de sus haberes. Por eso, todos estos beneficios sumados suponen un aumento de los ingresos reales de los jubilados.
La apuesta del gobierno es poner a la Argentina de pie. La fórmula jubilatoria propuesta está en esa línea: si los salarios reales y la recaudación impositiva mejoran en un país que se recupera, los ingresos previsionales también se recomponen. Si ello no sucede, la Argentina seguirá postrada y ni los jubilados ni la mayoría de la población estarán mejor. El gobierno apuesta a que todos crezcan. La oposición de Juntos por el Cambio apuesta a la continuidad de una Argentina en crisis.
Diputado nacional y presidente del Partido Solidario
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