ARA San Juan: tres años después, Macri está en la mira por ocultar el hallazgo
A tres años del hundimiento del submarino ARA San Juan, todas las miradas volvieron a posarse sobre el expresidente Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad, acusados esta semana de ocultar el lugar del hallazgo de la nave durante casi un año, a pesar del dolor de los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos. Los denunciantes creen que la maniobra tuvo que ver con un negociado millonario vinculado a la exploración de recursos en esa región del Atlántico Sur.
Esta última denuncia por encubrimiento agravado está siendo analizada por el Juzgado Federal N°12, a cargo del juez subrogante Sebastián Casanello, quien deberá establecer si se queda o no con la causa. Es que la querella representada por la abogada Valeria Carreras considera que estos episodios ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entre el Edificio Libertad, el Ministerio de Defensa y la Casa Rosada, el 5 de diciembre, a 20 días del último contacto. La acusación incluye, además de Macri y Aguad, a la exsecretaria de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Defensa, Graciela Villata, y al capitán de fragata Germán Zarralanga, entre otros.
Este nuevo capítulo fue abierto por el contralmirante Enrique López Mazzeo, uno de los seis procesados por “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio” en la causa que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. En retrospectiva, el imputado había dado varias señales, tanto en sede judicial como en el ámbito político, de que el gobierno de Macri sabía dónde yacía el submarino a los pocos días de su desaparición, y sin embargo prefirió omitir el dato. Como se sabe, la nave fue encontrada el 17 de noviembre del año siguiente.
“Esto es algo que ya lo sabíamos. Lo declaró ante la Comisión Bicameral de Investigación que funcionó en el Congreso y también lo mencionó en una causa paralela que investiga la búsqueda del ARA San Juan. Lo que dejó en evidencia este testimonio que se dio ante la Cámara Federal de Comorodo Rivadavia (que analiza la apelación a los procesamientos de Yáñez) es que se debe revisar toda la investigación de la jueza, que fue cuestionada por nosotros”, señala el abogado querellante Luis Tagliapietra (padre de Alejandro, uno de los submarinistas muertos), que pidió el apartamiento de la jueza.
El 25 de noviembre del año pasado, López Mazzeo fue indagado por Yáñez. Podía negarse a declarar y hasta mentir. Optó por hablar y en cierto momento de su relato sacó un papel y leyó un texto escrito previamente: “Nunca presencié mayor ignominia hacia la Armada, que la actitud cobarde y mentirosa de quien fuera su jefe en aquellos momentos (Marcelo Srur), así como la de algunos pocos que lo secundaron y de quienes, movidos por intereses personales, causaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas naufragados”. El mensaje pasó inadvertido.
Un año más tarde, el último 29 de octubre, López Mazzeo tuvo otra oportunidad y no la dejó pasar. Esta vez ante la Cámara de Comodoro, donde no ahorró detalles: “Cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera, que fue el cierre del Caso SAR ("búsqueda y rescate"), teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, fueron los dichos del contralmirante, según reconstruyó la abogada Carreras en su denuncia presentada este miércoles contra Macri y Aguad.
Con estas precisiones, la abogada recorrió los elementos volcados en diferentes expedientes y estableció que el dato clave había surgido del buque oceanográfico Cabo de Hornos, de la Armada chilena, que a través del sonar había detectado un elemento que podía ser metálico, de unos 30 metros de largo, a poco más de 900 metros de profundidad en esa zona. Aquel día, el vocero de la Armada, el capitán Enrique Balbi, reconoció la tarea del buque trasandino pero le restó importancia.
Carreras expresa sus expectativas a Tiempo: “A cumplirse el tercer aniversario, estamos esperando que el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resuelva sobre las apelaciones y especialmente sobre el pedido del fiscal Norberto Bellver, adhiriendo a la querella de familiares, imputando a Mauricio Macri, Aguad y Srur”, indicó en referencia a la causa de Yáñez donde pretenden agravar las figuras penales que pesan sobre los seis procesados.
Oportunidad en la tragedia
La querella encabezada por Carreras, que comparte su trabajo con Fernando Burlando y Lorena Arias, cree que la maniobra de dilación estuvo vinculada al aprovechamiento de la tragedia para hacer negocios, por lo que pidió que se investigue la posible vinculación con la licitación, en diciembre de 2017, de la zona de exploración y explotación de gas, petróleo e hidrocarburos coincidente con la región donde se encontró el submarino.
Carreras recuerda que en aquel momento impugnó a la empresa Igeotest, especializada en prospecciones del lecho marino y tendido de plataformas de hidrocarburos, que había sido contratada de manera directa por el gobierno para las tareas de búsqueda. El fiscal Federico Delgado certificó que hubo direccionamiento y el expediente continúa en curso. La gestión Macri dio marcha atrás y volvió a llamar a licitación, pero con cláusulas muy elocuentes: la empresa que se hiciera cargo debía hacer un relevamiento y batimetría completa, estudios considerados clave para la explotación de los recursos.
El dolor de las familias
“Queremos llegar hasta las últimas consecuencias para que se sepa la verdad, porque sin ella no va a haber justicia. Ahora se confirma que especularon con nuestro dolor, pero nos sentimos desde el primer momento destratados. Pensaron que íbamos a dejar todo ahí. Nunca vamos a olvidar a los chicos”, dijo a Tiempo Alejandra, hermana del submarinista Alberto Sánchez.
Isabel Polo, hermana del cabo primero Alejandro Polo, recordó: “Tuvimos que encadenarnos casi dos meses para que retomaran la búsqueda, mientras nos espiaban e intentaban hacer negocios. Lo que atravesamos fue de un cinismo y una perversión tremenda”.
El espionaje a los familiares
El juez Alejo Ramos Padilla investigará el espionaje realizado a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La causa estaba en manos de la justicia federal de Mar del Plata, que esta semana remitió las actuaciones a Dolores, por considerar que se trata de un desprendimiento de la investigación de la banda integrada por periodistas, funcionarios judiciales y el falso abogado Marcelo D´Alessio.
Este diario pudo saber que la querella representada por los abogados Valeria Carreras y Fernando Burlando no apelará la medida. Esta causa paralela se inició a partir de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Camaño.
Un inédito Consejo de GuerraMientras avanzan las diferentes causas penales, se convocó al Consejo General de Guerra para todos los involucrados relacionados con el hundimiento del ARA San Juan. Se trata del máximo órgano de la justicia castrense, que si bien no tiene facultades penales sí puede decidir sanciones administrativas, como la destitución.
La medida fue dispuesta por el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Juan Martín Paleo, y el tribunal, que se conformará por primera vez en la historia desde que se derogó el viejo Código de Justicia Militar; comenzará el debate el próximo 25 de noviembre, cuando seis altos funcionarios de la Armada se sienten en el banquillo de los acusados.
Cronología de una tragedia
15 de noviembre de 2017
Poco antes de las 9, se registra el último contacto con el submarino a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Días después, se sabe que la tripulación había advertido el ingreso de agua a las baterías y que hubo un principio de incendio.
16 de noviembre
Por la noche se dispone el procedimiento SAR SUB de búsqueda y rescate. Al día siguiente se suman a las tareas decenas de barcos y aviones de 18 países.
30 de noviembre
El gobierno argentino da por terminada la posibilidad de hallar sobrevivientes. Sigue la búsqueda de los restos.
15 de enero de 2018 Se conforma la Comisión Bicameral de Investigación sobre el caso.
27 de junio
Un grupo de familiares se encadena en Plaza de Mayo durante 50 días en reclamo del inicio de la búsqueda.
17 de agosto
Se contrata a la empresa estadounidense Ocean Infinity, que cobraría 7,5 millones de pesos solo si encontraba al submarino.
10 de septiembre
El buque Seabed Constructor reinicia la búsqueda y se le da un plazo de 120 días.
17 de noviembre
El gobierno informa que se encontraron los restos del ARA San Juan, a 907 metros de profundidad y a 15 kilómetros del último punto de contacto registrado antes de su desaparición.
29 de octubre de 2020
El contralmirante Enrique López Mazzeo declara ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que el 5 de diciembre de 2017 estaba todo dado para que Gran Bretaña enviara un vehículo autónomo al lugar donde ya habían detectado el submarino.
30 de octubre
El fiscal Norberto Bellver adhiere al pedido de las querellas y pide imputar a Macri y a Aguad, entre otros funcionarios, en la causa en la que ya hay seis integrantes de la Armada procesados por estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio.
11 de noviembre
La abogada querellante Valeria Carreras denuncia a Macri y Aguad por encubrimiento agravado. Sospechan que sabían dónde se encontraban los restos y lo ocultaron.
Fuente:TiempoArgentino
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y papá de uno de los tripulantes del ARA San Juan
"Está claro que hubo encubrimiento"
A tres años del naufragio del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, uno de los abogados querellantes en la causa que tramita en la justicia federal de Caleta Olivia, puso el énfasis en reclamar que se avance sobre las responsabilidades políticas que siguen sin aparecer en la causa que lleva la jueza Marta Yáñez. El abogado, padre de uno de los 44 tripulantes de la nave que naufragó el 15 de noviembre de 2017, se unió al pedido de las familias que reclaman que se juzguen las responsabilidades que les caben al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.
“Está claro que el ex ministro Aguad no quiso avanzar en la búsqueda y que hubo encubrimiento”. Hace dos semanas, en Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adisestramiento y Alistamiento de la Armada, reveló que el 5 de diciembre de 2017, veinte días después del último contacto con el submarino, la superioridad de la fuerza y el gobierno tenían conocimiento del lugar donde se había hundido el submarino. Sin embargo, por razones que los familiares exigen que se investiguen, el gobierno de Macri oficializó el hallazgo recién el 16 de noviembre de 2018, un año después de ocurrida la tragedia.
Tagliapietra aseguró que “hay un documento de la Armada que dijo en forma arbitraria que se haga el service del submarino cada 26 mese,s que se cumplía en junio del 2016. En diciembre del mismo año la propia Armada hace una auditoría general y alerta sobre el exceso de tiempo en la necesidad de realizar las reparaciones” que se consideraban impostergables.
El abogado, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes fallecidos, puntualizó que la Armada “remitió ese informe al ex ministro de Defensa Julio Martínez (antecesor de Aguad) y entonces ordenan que se hicieran los trabajos”.
Según Tagliapietra, cuando asumió Aguad, en julio de 2017, “sabía plenamente que al submarino no se le había hecho ninguna reparación y que no estaba en condiciones de navegar, pero zarpó igual con pleno conocimiento, de parte de las autoridades, de que no estaba en condiciones de hacerlo”.
Tagliapietra, tomando en cuenta los informes que están en poder de la justicia federal de Caleta Olivia, dice que “es funcional al poder político” de entonces porque está claro que si se hubiera actuado como correspondía, esto no hubiera pasado y los 44 submarinistas estarían con nosotros”.
Al cumplirse tres años, Tagliapietra recordó con emoción a su hijo Alejandro: “Era muy decidido, lo que se le ponía en la cabeza lo hacía. Un año antes de entrar a la escuela de submarinistas tuve que ir a buscarlo al Hospital Naval porque se rompió la clavícula jugando al rugby”.
Dijo que su hijo ingresó a la Armada “porque le encantaba el mar y navegar. Era un apasionado por todo lo que hacía. Tenía sueños, proyectos, terminó como el mejor egresado, quería cambiar la Armada porque había cosas que no le gustaban, pero no pudo ser”. Como cierre deseó que el juicio avance y que los familiares puedan ver “que se hizo justicia”. E insistió en criticar la actuación de la jueza Marta Yáñez y reiteró que seguirá “luchando para que sea sometida a juicio político porque su actuación deja mucho que desear”.
"Hubo maltrato siempre"
Anabela Aguirre, esposa de un submarinista del ARA San Juan, pide que "imputen a los
máximos responsables"
Anabela Aguirre, esposa de Enrique Damián Castillo, el agente de inteligencia naval que estaba a bordo del ARA San Juan, dijo que a tres años de lo ocurrido “esperamos que imputen a los máximos responsables”, en referencia al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.
La mujer recordó que el mal trato que recibieron los familiares comenzó desde el primer momento. “Nos maltrataron siempre. Prueba de ello es que nosotros nos enteramos de lo que había sucedido dos días después” de la desaparición, ocurrida el 15 de noviembre de 2017. “Cuando nos avisaron, la noticia ya estaba en los medios de comunicación”.
La semana pasada, Anabela viajó a General Pico, La Pampa, donde entregó una réplica del submarino ARA San Juan a los integrantes del Concejo Deliberante de esa ciudad. La réplica será colocada en el monumento que recuerda a los 44 tripulantes de la nave.
“Este año no pude viajar a Mar del Plata por las restricciones del covid-19, pero pude llevar la placa a La Pampa, como un símbolo, para homenajear a los tripulantes”. Esa misma placa se colocará también en Santa Rosa y en Punta Alta.
La viuda de Castillo fue una de las familiares que fueron víctimas del espionaje ilegal que está siendo investigado en la fiscalía de Mar del Plata. La última comunicación con su esposo la tuvo el 8 de noviembre, una semana antes del naufragio. Y después “no tuvimos más noticias de ellos, hasta dos días después de la desaparición del submarino”. Ese día “nos dijeron que habían perdido comunicación con ellos, ni siquiera nos dijeron que ya estaban desaparecidos”.
Su esposo, como era un oficial de inteligencia, nunca había estado embarcado en un submarino. Ahora, ella afirma que puede “explicar todo acerca de un submarino, porque tuve que estudiarme absolutamente todo para poder defenderme, pero no sabía nada de cómo funcionaba. A Enrique lo convocaron 24 horas antes de la partida”.
Se mostró molesta por cómo se manejó el tema. “Hace tres años que estamos esperando que imputen a los responsables. Ellos son la cúpula de la Armada y por supuesto el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de defensa Oscar Aguad”.
Fuente:Pagina12
Cómo se gestó el envión final del impuesto a los ricos
La próxima sesión especial que se realizará este martes en la Cámara de Diputados para debatir el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas no fue una decisión intempestiva. El pedido ingresó el jueves por la noche y tomó por sorpresa a los integrantes de Juntos por el Cambio. Pero fue decidido en el bloque del Frente de Todos hace 20 días, poco antes del tratamiento del Presupuesto 2021, que fue aprobado el 29 de octubre. Y luego de un largo debate dentro de la coalición oficialista sobre el momento elegido para sancionar una iniciativa que el presidente Alberto Fernández instaló por primera vez hace seis meses.
El texto que llegará al recinto tiene dictamen desde hace un mes, pero en las tribus que componen el FdT admiten que su posible aprobación es el resultado de intensas negociaciones dentro del conglomerado oficialista, también con los espacios del lavagnismo, aquellos que responden a fuerzas provinciales y con gobernadores de todo pelaje. Los diálogos se aceitaron con la sanción del Presupuesto 2021, pero también hubo una definición política que terminó de empujar el alumbramiento de una medida fiscal que solo afecta a 12 mil multimillonarios argentinos, con tasas del 2% al 3,5% para fortunas superiores a los 300 millones de pesos. Implicará una recaudación total de 307 mil millones de pesos para "morigerar los efectos de la pandemia".
"La decisión la tomó el presidente, pero luego de confirmar que esta coalición no va a enterrar la agenda del kirchnerismo como pretendían algunos funcionarios de la Rosada que estaban convencidos de que la salida a esta situación consistía en postergar las aspiraciones de su base electoral y de su componente más dinámico", resumió un destacado integrante de la bancada oficialista compuesta por 119 voluntades. En sus entrañas reconocen la necesidad de "contener" el discurso crítico, dentro y fuera de la coalición, sobre el alcance de las medidas que el ministro de Economía, Martín Guzmán, negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su dimensión se conocerá cuando concrete un nuevo préstamo, esta vez dentro del Programa de Facilidades Extendidas del organismo.
Cuando el Presupuesto estaba en camino a su aprobación comenzó la cosecha efectiva de votos para transformar los 119 que tiene el oficialismo en los 129 necesarios para el quórum. El poroteo podría llegar a los 140 apoyos (ver página 4). Su cosecha es compartida por Máximo Kirchner, jefe de bloque; Sergio Massa, presidente de Diputados; y Carlos Heller, que conduce la Comisión de Presupuesto. Hasta el jueves, cerca del tigrense hablaban de un posible tratamiento durante el período de extraordinarias a partir de diciembre. La nueva postergación era para esperar el envío de la reforma impositiva, que podría incluir aumentos para impuestos sobre el patrimonio y las ganancias y reducciones en el IVA. Esa versión alimentó las sospechas sobre diferencias en el oficialismo con respecto al aporte solidario y el interés del titular del cuerpo para postergar la iniciativa. En su entorno lo niegan. "Siempre jugó a favor, pero no hace bandera. Ahora asegura el ámbito para que salga", contestaron en el Frente Renovador.
En medio de ese juego de tensiones y síntesis que caracteriza la nueva era del panperonismo en el poder, esta semana Guzmán confirmó que el año próximo no habrá nuevos pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). En el Palacio de Hacienda explican que la eliminación no es un salto al vacío y mucho menos en un año donde el oficialismo posiblemente juegue buena parte de su destino. "Durante este año de pandemia tenemos 8 puntos de déficit fiscal y no lo podemos repetir en la pospandemia. Guzmán no se va a bajar del 4,5%, pero los principales grupos económicos buscan que se baje al 3% y trabajan activamente para eso", resumieron en la bancada oficialista.
En ese proceso se enmarca la esperada sanción del aporte solidario. Es el arranque de un período ventana que vence en abril. Según la relojería sanitaria del gobierno, cuando comience el otoño se encenderán las alarmas ante el riesgo de un rebrote de Covid-19, que repita las escenas devastadoras que ahora se ven en los países del hemisferio norte. La carrera contra el tiempo que transita la Rosada apunta a contar con la aplicación de todas las vacunas que sean autorizadas por la Anmat.
Si Diputados aprueba este martes el aporte extraordinario y el Senado lo transforma en ley antes de la finalización del período de sesiones ordinarias del Congreso (el 30 de noviembre), el Ejecutivo lo promulgará con rapidez. Buscará que la Afip ponga en marcha los mecanismos para recaudarlo. El primer paso será que el 0,02% de la población alcanzada presente una nueva declaración jurada de sus posesiones, aunque en Juntos por el Cambio pronostican una ofensiva judicial de las y los magnates afectados.
Los argumentos que podrían utilizar los estudios de abogados contratados por sus clientes para sortear sus obligaciones con el fisco se pueden leer en el dictamen de minoría que prepararon en Cambiemos. El texto dice que "frente al proyecto de inventar un nuevo impuesto a las grandes fortunas nuestra propuesta es definitivamente sí. Queremos que las grandes fortunas paguen los impuestos que hoy no pagan. El esfuerzo que no realizan y la solidaridad que les resulta ajena".
Las alternativas que propone giran en torno a mejorar la capacidad de cobro de los impuestos existentes. Y a la vez sostiene que la iniciativa del oficialismo no es un aporte solidario por única vez sino un impuesto que vulnera "garantías y derechos constitucionales destinados a proteger a los contribuyentes ante los abusos que puede provocar el Estado". El primero es "la doble y múltiple imposición" porque ya existe el impuesto sobre los bienes personales y el segundo es la "pulverización del principio de igualdad" porque trata de "forma diferente a quienes tengan una similar capacidad contributiva por el hecho de tener bienes en el exterior".
En el conglomerado opositor que conduce el radical Mario Negri aseguran que sus 115 escaños votarán ese dictamen. Niegan que las enumeraciones que contiene sean utilizadas por los estudios de abogados que preparan una ofensiva en tribunales para frenarlo. En el FdT aclararon que esos argumentos no tendrán éxito en Tribunales, pero aguardan "una tormenta de caranchos caros" apenas sea promulgado. Dicen que no vendrá sola sino reforzada con una agresiva campaña mediática impulsada por el establishment local, que ahora está enfocado en la ampliación de la brecha cambiaria del dólar y en relativizar cualquier alcance positivo de las vacunas que pasen la fase 3 de experimentación.
El escenario judicial y la ofensiva política que está en marcha no alteran los cálculos del oficialismo. Argumentan que es un aporte por única vez. Se aferran a esa definición para confirmar que nada tiene que ver con un impuesto. Aun así, no ofrecen certezas sobre el tiempo que llevará recaudarlo. Transformado en ley, el Ejecutivo podría anticipar su afectación específica. El texto establece que los 307 mil millones de pesos deben ser distribuidos del siguiente modo: un 20% será para la compra de vacunas, equipamiento médico e insumos, y otro 20% para subsidiar a micro, pequeñas y medianas empresas, tal como lo había reclamado el lavagnismo para aportar sus votos. Un tercer 20% será para reforzar el programa de becas Progresar, un 25 para fomentar la producción y distribución de gas natural en los territorios donde aún no llega. Y el 15 restante será para "mejorar la salud y condiciones habitacionales de los habitantes" de los 4100 barrios relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
En esos fondos radica parte de la capacidad que tendrá el Ejecutivo para transitar el año electoral que se avecina con una pandemia en el medio. La fórmula elegida para que los 12 mil argentinos más ricos paguen cuenta con un apoyo en la opinión pública que varía entre el 40% y 60%. "No sabemos cómo harán para oponerse y después explicarle a la gente que están defendiendo los intereses del 0,02%. Puede ser un búmeran", advirtieron en el oficialismo, mientras se preparan para arrancar con una nueva agenda que pretende cerrar seis meses de duros debates internos en la Rosada y el Congreso, que este martes será el epicentro de varias movilizaciones para celebrar el Día de la Militancia, que conmemora el primer regreso de Juan Domingo Perón al país luego de 17 años de proscripción.
Aporte solidario: los números para la sanción de la ley están asegurados
Con viento a favor, el oficialismo tratará el martes en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece un aporte solidario, extraordinario y obligatorio para las personas más ricas del país a los efectos de morigerar la crisis económica por la pandemia. El Frente de Todos tiene los votos asegurados para que se apruebe y gire al Senado.
La iniciativa, presentada en el mes de abril por Máximo Kirchner, presidente del bloque del FDT, fue redactada por el oficialista Carlos Heller. También fue revisada por Casa Rosada y obtuvo en septiembre dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en donde incluso se hicieron algunas modificaciones al proyecto.
Si bien desde la presidencia de la Cámara habían informado que el proyecto no se iba a tratar hasta que ingresara la reforma tributaria que trabaja el gobierno, el pedido de sesión especial formulado por Kirchner con el apoyo de otros espacios opositores sorprendió la semana pasada. Para ser aprobado en Diputados el proyecto necesita de unos 129 legisladores –mayoría simple-; número que es superado, ya que además de los 118 diputados del oficialismo, lo acompañarán los 6 integrantes del interbloque del mendocino José Luis Ramón y los 11 del Espacio Federal que preside Eduardo Bucca.
En ese sentido, Fernanda Vallejos aseguró que “antes de fin de año el aporte extraordinario va a convertirse en ley” y explicó que la demora del tratamiento del proyecto “se debió a la búsqueda de consensos con otros bloques que forman parte de la oposición”.
El titular del bloque de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez aseguró que acompañará el proyecto haciendo hincapié en que “una parte importante de lo recaudado se destinará a sostener a las Pymes y a sus trabajadores”. Desde Unidad Federal Para el Desarrollo, Ramón le dijo a Tiempo: "Es un proyecto que todas las fuerzas políticas tenemos que apoyar porque significa una redistribución de una parte muy chiquita de las fortunas de un grupo de familias que no supera los 10 mil en favor de miles que han hecho un esfuerzo enorme en la pandemia”.
“Las cuentas del Estado necesitan ingresos genuinos, y continuar con la maquinita significaría tener que recurrir al endeudamiento externo o la generación de inflación de manera tal que este aporte significará un ingreso genuino para continuar con la ayuda a la sociedad afectada por la pandemia”, explicó.
En Juntos por el Cambio, si bien Mario Negri ratificó el rechazo de su bancada, se abren algunos interrogantes acerca de si habrá legisladores díscolos que no ven mal la iniciativa y a la hora de la votación romperán con la postura conjunta y se sumarán a la de la mayoría.
En los últimos días, Negri señaló que su espacio votará el dictamen de minoría en contra del proyecto. “No es un problema de solidaridad, en lugar de avanzar con esas medidas, en medio de semejante crisis, lo que hay que hacer en los sectores productivos es incentivar y que haya trabajo”, señaló.
Desde el espacio del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Pla adelantaron que se abstendrán y defenderán en el recinto su propio proyecto de impuesto a la riqueza. "Un impuesto a las grandes fortunas no puede ser utilizado para cubrir el ajuste del FMI, las bancadas de la izquierda presentaron en abril un proyecto propio”. En ese punto, Del Caño explicó: "Nuestro proyecto no es para encubrir un ajuste, sino que es parte de un programa integral que plantea el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta, la nacionalización del sistema bancario para poner en resguardo los ahorros y tener crédito barato para la construcción de viviendas y el monopolio del comercio exterior para cuidar las divisas y evitar las maniobras fraudulentas de los importadores y exportadores".
De ser aprobado, el proyecto girará al Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner, donde fuentes de presidencia ya le confirmaron a Tiempo que los números también son favorables. El camino legislativo será el mismo que en Diputados, primero pasará por comisión para tener dictamen, y luego por el recinto, donde el FDT tiene mayoría propia.
El vínculo de Pompeo, ex secretario de Peña, con la "mesa de enlace" militar
Era la noche del 20 de mayo de 2004 cuando el entonces ministro de Defensa, José Pampuro, atendió una llamada telefónica del presidente Néstor Kirchner.
– Pepe, andate ya mismo al regimiento Patricios –le ordenó.
– ¿Qué pasa en Patricios?
– Hay unos muchachos que se juntaron para comer y charlar. Fijate en qué andan.
La súbita aparición del funcionario en el casino de oficiales atragantó a los comensales. Entre ellos había un civil: el radical Enrique Nosiglia.
Éste, casi por reflejo, soltó:
– Ojo que no estamos conspirando…
– Eso que decís me garantiza que sí –fue la respuesta de Pampuro.
En tanto, algo incómodos por la situación, los generales retirados Daniel Raimundes y Ernesto Bossi no despegaban los ojos de sus mayonesas de ave.
Tal vez a modo de desagravio por esa comilona inconclusa hacía ya 16 años, ambos uniformados hayan bautizado “Mesa de Encuentro” su reciente intento de reflotar el Partido Militar. Un intento infructuoso, puesto que esta vez los conjurados –entre quienes también se encontraba el comisario general de la Bonaerense, Pablo Bressi– no llegaron ni al primer plato. Bastó que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, amagara con cortar el financiamiento del Estado a las mutuales castrenses para que Raimundes y Bossi, los cabecillas del “movimiento” capitularan sin presentar batalla.
Fuentes militares consultadas por Tiempo coincidieron en deslizar la no ajenidad a dicho cenáculo del civil Fulvio Pompeo. Este individuo con nombre de centurión romano fue el titular de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete macrista y es el actual secretario de Relaciones Internacionales del PRO. Conviene reparar en él.
Se trata de un politólogo y relacionista internacional con título obtenido en la Universidad de Belgrano y algún postgrado en Londres. Supo pertenecer al duhaldismo; de hecho, fue funcionario de Carlos Ruckauf en la Cancillería cuando el ex bañero de Lomas ejercía la presidencia interina. En los últimos años fue muy cercano a Mauricio Macri, a quien acompañaba en sus giras oficiales, siendo ahora uno de sus asesores de cabecera. Y se lo considera el “cerebro” del revuelque entre los conceptos de Defensa y Seguridad.
Esta cuestión fue una de las metas esgrimidas por Raimundes y Bossi para la Mesa de Encuentro. De hecho, el vínculo entre ellos y Pompeo data de la época en que este último revestía en la Cancillería y Raimundes era ladero del jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, durante el interinato duhaldista. En ese entonces, Bossi –quien fuera secretario general del Ejército durante la gestión del general Martín Balza– frecuentaba a ambos.
Raimundes, cuya destreza para las intrigas palaciegas es proverbial, fue procesado en 2012 por espionaje a ministros, dirigentes políticos y figuras de la cultura, como integrante de una gavilla dirigida por Juan Bautista Yofre (a) “Tata” (jefe de la SIDE menemista), e integrada por los periodistas Roberto García, Carlos Pagni y Edgar Mainhard, entre otros.
A su vez, entre los laureles curriculares de Bossi resalta su participación en el narco-golpe del general boliviano Luis García Meza en 1980, integrando el Servicio Exterior del Batallón 601 en el marco del Plan Cóndor, la alianza represiva entre las dictaduras del Cono Sur. De esa etapa conserva un marcado negacionismo con respecto a los crímenes de lesa humanidad. También estuvo involucrado en el resonante contrabando de armas a Croacia y, más cerca en el tiempo, estuvo bajo el radar de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por un presunto lavado de dinero efectuado desde la Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), una de las mutuales que integraron la Mesa de Encuentro.
A comienzos del milenio, Pompeo trabó un cordial vínculo con dos jóvenes oficiales que revoloteaban alrededor de Raimundes: los actuales generales retirados Claudio Pasqualini y Bari del Valle Sosa. Lo cierto es que el paso del tiempo no los separó. Porque, mientras Pompeo cumplía funciones para el régimen macrista bajo el ala de Marcos Peña, Pasqualini se desempeñó como comandante en jefe del Ejército, siendo Del Valle Sosa jefe del Estado Mayor Conjunto. Cabe destacar que ambos llegaron a sus respectivas cimas gracias a los buenos oficios de Pompeo. Y ahora el destino los volvió a juntar en la Mesa de Encuentro.
A los 60 años, Pasqualini sigue siendo un referente del sector castrense que reclama la amnistía por delitos de lesa humanidad. Pero nadie le festeja tal prédica más que su propia esposa, María Laura Renés, hija de Athos Renés, un ex coronel condenado a perpetuidad por la Masacre de Margarita Belén. Ella pertenece al grupo de Cecilia Pando. Pero él también tiene otra obsesión: el vuelco del Ejército hacia tareas de seguridad interna. Un ideal por el que bregó –codo a codo con el bueno de Fulvio– durante el macrismo. Aún hoy, cuando se lo consulta al respecto, contesta: “Estamos preparados para muchas tareas”.
A su vez, Del Valle Sosa era para Macri poco menos que el mariscal Rommel. Claro que se trata de un individuo muy didáctico y envolvente. Fue director del Colegio Militar y rector del Instituto Universitario del Ejército. Asimismo, presume ser un hombre de acción. En realidad, este infante de 61 años tiene una personalidad muy compleja e indescifrable. A diferencia de Pasqualini, quien no oculta sus ensoñaciones de “reconciliación” para así concluir con los juicios a los represores, Del Valle Sosa –sin sepultar ese reclamo– privilegia la “reconversión” de las Fuerzas Armadas “para satisfacer –tal como lo supo exponer en Diálogo-Revista Militar Digital– las exigencias y desafíos que enfrentará la Argentina del siglo XXI”. Un planteo tomado de la biblia norteamericana de las “Nuevas Amenazas”. Pero semejante visión del mundo él ya la tenía con anterioridad a esta centuria, cuando abrevaba en las fuentes genuinas de Brinzoni y Raimundes, precursores de ese discurso en los cuarteles del país.
Ahora, para todos ellos la “nueva amenaza” es el ostracismo.
Fuente:TiempoArgentino
14.11.2020 / POLÍTICAS SOCIALES
Para Tolosa Paz "el Plan de los mil días va a potenciar la AUH"
La presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales destacó la iniciativa parlamentaria que el Ejecutivo enviará al Congreso junto con el proyecto de legalización del aborto. "Esta ley busca priorizar desde los esquemas y gobiernos locales y provinciales el derecho del ingreso a la mujer embarazada, el derecho a los estudios y análisis durante el embarazo”, dijo la funcionaria.
En declaraciones a Télam, Tolosa Paz consideró que el proyecto "articulará algunos de los derechos que ya están consagrados en el país, como la Asignación Universal por Embarazo (AUE)", explicó la funcionaria en una entrevista con Télam en la que brindó detalles de la iniciativa, en cuya elaboración trabaja en conjunto con otras áreas del Gobierno nacional.
"Esta ley busca priorizar desde los esquemas y gobiernos locales y provinciales el derecho del ingreso a la mujer embarazada, el derecho a los estudios y análisis durante el embarazo, el derecho a la calidad nutricional durante el tiempo de gestación y el vínculo potenciado del acompañamiento entre la mujer y el niño por nacer", explicó Tolosa Paz.
"Hay un montón de condimentos que hacen que los gobiernos locales puedan acompañar el proceso de las mujeres embarazadas, priorizando no solamente el servicio de atención de salud primaria", señaló y dijo que "hoy la mamá posiblemente no encuentra el turno o no encuentra la atención y esto dispara en un retraso también en el ingreso a la AUE".
Asimismo, advirtió que "tenemos que mejorar las coberturas" porque la Asignación Universal por Embarazo "está en la Argentina, pero con una cobertura del 30 por ciento del universo al que está destinado".
"Eso da cuenta de que a veces no alcanza con instaurar un derecho, como el derecho al ingreso a la mujer embarazada, sino que falta la articulación de algunas políticas para que eso se haga efectivo", manifestó.
Tolosa Paz destacó que el proyecto "va a tratar de dar potencialidad y mayor cobertura" a la AUE y explicó que "va a articular una política muy nueva, que es el certificado de pre identificación, que se otorga a las mujeres NN en la Argentina, que es otro drama que tenemos".
14.11.2020 / ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
Dora Barrancos: “Si tenemos la Ley puede haber un efecto domino en Latinoamérica”
La socióloga se mostró optimista de cara al tratamiento del proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados. “Todo lo que ocurre en Argentina tiene sesgo demostrativo en el continente, en especial, en la parte sur del continente”, remarcó la asesora presidencial al cuestionar la utilización de la discusión por parte de la administración Cambiemos.
por Walter Sosa
De acuerdo a Télam, el oficialismo confía en que tendrá los votos necesarios para aprobar antes de fin de año el proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Diputados y, para ello, pondrá el foco en los legisladores que aún permanecen indecisos, que serán la clave para garantizar la sanción de la iniciativa en el recinto.
En este marco, Barrancos sostuvo: “Soy una apostadora, construyo de las derrotas circunstancias para ver los aspectos positivos”. “Cuando perdimos la otra batalla no nos apichonamos, todo lo contrario”, dijo en referencia a la negativa del Senado en 2018. A su entender, fue “una victoria, atravesamos a toda la sociedad, movilizamos a las generaciones más jóvenes, hicimos un arco de subjetividades renovadas”.
De todas formas, consideró que el macrismo intentó capitalizar para sí el debate en aquel momento. “Había un aparato de seguimiento que tenía el macrismo. Todas las semanas hacia focus group. Se analizaba que era lo redituable esta semana y encontraron que había una enorme simpatía por todas las movilizaciones feministas que había en EEUU y en Francia”, remarcó.
“El proyecto estaba haciendo aguas por todas partes. Tratando de hacer pie en la pileta encontraron que esto era interesante. Además por su tono progre”, sostuvo Barrancos que aclaró: “No era importante para nosotros saber si era una cortina de humo o de silicona”. “Sabíamos que era el truco pero le salió el truco por la culata porque fueron millones de personas a manifestarse”, señaló.
También aclaró que el gobierno del Frente de Todos siempre tuvo en mira la voluntad de impulsar este proyecto pero que por cuestiones relativas a la pandemia se demoró la presentación. “Que hubiera dicho la oposición al proyecto. Se están aprovechando de la coyuntura. Entonces, no se quiso correr ese riesgo”, señaló.
Además, remarcó el “efecto domino” que puede tener el aval de esta iniciativa en todo el continente. “Todo lo que ocurre en Argentina tiene sesgo demostrativo en el continente, en especial, en la parte sur del continente. Uruguay ha conseguido una ley que es más discreta. Si tenemos la Ley puede haber un efecto domino”, concluyó en declaraciones a Mundo Agradable.
Lanata, Majul y Stornelli, complicados: cómo
fue la maniobra mediático-judicial para
"blanquear" escuchas ilegales
La causa que se abrió para intentar derribar el Caso D'Alessio fue
archivada pero por una apelación de Carlos Stornelli se encuentra
en la Cámara Federal porteña. Podrían intervenir Bruglia y
Bertuzzi. Detalles de un
caso escandaloso.
Por FRANCO MIZRAHI
15 de ficiembre 2020
Una serie de documentos judiciales revelan cómo se armó la maniobra mediático-judicial para "blanquear" las escuchas ilegales que alimentaron la causa conocida como Operación Puf, que se ideó desde la AFI para derribar el caso D’Alessio. Se trata de un expediente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y jueces y fiscales del Lawfare.
Según se desprende de la causa, el fiscal procesado Carlos Stornelli, el principal impulsor del caso junto a Elisa Carrió, buscó la “legitimación judicial” de las escuchas ilegales luego de que se difundieran en los programas televisivos de Luis Majul y Jorge Lanata. En un escrito que presentó ante el difunto juez Claudio Bonadío el 27 de mayo de 2019, es decir, al día siguiente de la “filtración” en los medios, dijo que “la aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo”.
En la causa de los “Super Mario Bros” que tramita actualmente en Lomas de Zamora se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf fueron ilegales, las tenía la AFI y luego llegaron las transcripciones a manos de Stornelli y Carrió.
La Operación Puf fue cerrada por “inexistencia de delito” en primera instancia pero fue apelada a fines de septiembre pasado por Stornelli. Hizo lo propio el juez y abogado Juan Ramos Padilla, quien exige un sobreseimiento y no un archivo del caso además de que se investigue a todos los involucrados en la maniobra que buscó perjudicarlo. La Cámara Federal porteña debe resolver los planteos. Junto al camarista Mariano Llorens podrían intervenir los recientemente repuestos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este martes habrá una audiencia clave.
Escuchas ilegales, “legalizadas”
La columna vertebral de la Operación Puf fueron las escuchas ilegales que la AFI macrista en complicidad con el Servicio Penitenciario Federal realizó en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, circunstancia que en la actualidad se investiga en la causa de los “Super Mario Bros” que tramita en Lomas de Zamora. La excusa para escuchar a los dirigentes políticos detenidos fue un expediente contra el narco Mario Segovia, en la que se intervinieron los teléfonos del penal. Una parte de esas escuchas se transcribieron y llegaron a las manos de Stornelli y Carrió, quienes las llevaron a Comodoro Py para abrir una "contracausa" del D’Alessiogate, en febrero de 2019. Cuando el fiscal y la cofundadora de Cambiemos se presentaron en la Justicia dijeron que la fuente era un anónimo. El caso lo terminó instruyendo el difunto Claudio Bonadío.
Tal como se desprende de los documentos de la Operación Puf, Bonadío se hizo con las escuchas del penal luego de un ida y vuelta con la AFI, la Dajudeco (la dirección encargada de hacer las interceptaciones telefónicas que está bajo la órbita de la Corte) y la justicia de Lomas de Zamora, que es la que tiene jurisdicción sobre la cárcel de Ezeiza. Llegaron más de 40 cd's al juzgado federal Nº 11 a cargo de Bonadío, quien ordenó a la AFI que los desgrabe. Pero, evidentemente, dada su ilegalidad existían ciertos reparos sobre la utilización de esas escuchas. En ese contexto, las interceptaciones se reprodujeron por televisión, en los programas de Luis Majul y Jorge Lanata, el 26 de mayo de 2019. No fue azaroso.
Al día siguiente de la difusión de los audios, Stornelli –vía su primer abogado, Roberto Ribas- se presentó en Operación Puf para ampliar la querella y acercó en un cd con las escuchas que se filtraron por los medios amigos del macrismo. Dijo que tenía razón en no concurrir al juzgado de Dolores (en aquel momento se resistía a ir al juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla) y que notaba “una suerte de indudable tinte persecutorio”. “Nuestro pensamiento ha sido confirmado por una reciente información periodística en los programas de los Sres Jorge Lanata y Luis Majul”, señaló, en pos de legitimar los audios ilegales. Estaba haciendo mención a los programas La Cornisa y PPT en los que “se difundieron escuchas de los detenidos, tales como Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi”.
Según Stornelli, las conversaciones hacían referencia a “la supuesta complacencia del Juez federal de Dolores (en) el armado de una estrategia para perjudicar la figura de mi asistido” y “menoscabar la causa denominada ‘de los Cuadernos’”. Ese supuesto “armado” es el caso D’Alessio, que está a cargo del juez Alejo Ramos Padilla y en el que Stornelli fue procesado por sus vinculaciones con una banda paraestatal dedicada al espionaje clandestino.
“La verdad siempre triunfa. La aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo y en realidad tuvo algún éxito, pero finalmente se acabó el ‘puf puf’”, cerró el representante letrado del fiscal, para luego pedir una serie de indagatorias.
El "blanqueo" de las escuchas ilegales ya era un hecho.
Vulneración de derechos
Tres la filtración en los programas de Lanata y Majul, el 29 de mayo del año pasado, la fiscal Alejandra Mangano le solicitó a Bonadío que le envíe “las transcripciones de las comunicaciones” que había ordenado y que le estaba pidiendo hacía 9 días. El juez de la causa Puf y Cuadernos autorizó el envío en esa misma jornada porque no estaban “siendo estudiadas” en su juzgado en ese momento.
Ante el escándalo de la difusión de las conversaciones de las personas detenidas y su utilización por parte de Stornelli, Magnano se vio obligada a emitir su posición. En un dictamen del 4 de junio de 2019, la fiscal buscó dejar asentado que su primer contacto con las escuchas fue tras la filtración. Y solicitó medidas de “resguardo de información”. Si bien avaló parte de la pesquisa, en aquel escrito de hace un año y medio ya se vislumbraba la ilegalidad de las escuchas que se estaban utilizando:
-“Vengo a hacer algunas precisiones respecto de la solicitud de acceso a la información reservada, sin perjuicio de la evidente litigiosidad que su incorporación a la causa podría generar y sobre la que de momento no corresponde expedirme, salvo sobre cuestiones que podrían vulnerar derechos fundamentales o no susceptibles de reparación ulterior”.
- “Más allá de lo que se resolverá en este y otros litigios relativos a los alcances probatorios de este material en cuanto a su origen y a su utilización posterior en esta investigación, encuentro ciertos límites objetivos que deben establecerse desde esta etapa incipiente de incorporación del material”.
-En esa línea le solicitó al juez “la expresa exclusión de cualquier transcripción y/o audio en el que se den conversaciones entre abogados y sus clientes”.
-También le requirió "la expresa exclusión de cualquier transcripción y/o audio en el que se den conversaciones entre personas privadas de su libertad y familiares o allegados, en cuanto los temas sean de índole personal, no susceptibles de investigación penal”
- Y sostuvo que corresponde “realizar la debida denuncia penal” para “que se investigue la posible violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionarios publico que podrían haber dado origen a dicha divulgación periodística”.
Luego, Mangano se excusó y no siguió en el caso (su pareja, Juan Rodríguez Ponte, es director de la Dajudeco). Pasaron otros cuatro fiscales más por el expediente. Antes de ella había estado Gerardo Pollicita pero también se desprendió de la causa. En la última etapa de Operación Puf estuvo Franco Picardi, quien pidió cerrar el caso.
Espionaje M: Capítulo penitenciario
Tras archivarse la causa, las transcripciones de las escuchas que tenía Bonadío se giraron a la fiscalía Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona. La fiscal tiene delegada una de las investigaciones de espionaje ilegal que más preocupan a Macri: la de los Super Mario Bros, que involucra hasta el secretario privado del expresidente, Darío Nieto. Incardona junto al fiscal Santiago Eyherabide comprobaron que se escuchó ilegalmente a los detenidos en el penal de Ezeiza. Y que ese material luego llegó a manos de Stornelli y Carrió.
Los máximos responsables de este delito fueron el Servicio Penitenciario Federal y la AFI. Uno de los ejemplos que Incardona y Eyherabide citaron para reflejar el accionar irregular de la agencia de inteligencia es el de la Operación Puf, en el que la dirección de Jurídicos de la exSIDE quedó muy comprometida.
“La prueba contundente de que desde el área a cargo de Sebastián Distéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, se escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el sistema IRIC, es que transcripciones de conversaciones mantenidas por varios detenidos, ex funcionarios del gobierno anterior al de esa época, que no tenían absolutamente nada que ver con el objeto de la causa y las llamadas que sí podían escuchar según la orden judicial (NdelR: Segovia), se filtraron y llegaron a manos de la legisladora Elisa Carrió, por un lado y al colega Fiscal Federal, Dr. Carlos Stornelli, por otro”, escribieron los fiscales en un dictamen del 23 de octubre pasado.
Tanto Carrió -vía Paula Oliveto y Mariana Zuvic- como Stornelli cuando presentaron sus denuncias en Comodoro Py para derribar el Caso D’Alessio , el 8 de febrero de 2019, utilizaron “conversaciones que obran en los discos compactos a los que, para esa fecha, sólo pudo acceder el área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia”, concluyeron los investigadores.
Se trata de las mismas escuchas que se filtraron en la prensa para luego volverse a presentar en la causa como “legales” (Stornelli dixit).
¿Resolverán Bruglia y Bertuzzi?
Tras el fallecimiento de Bonadío, la causa pasó a manos de Marcelo Martínez de Giorgi. Esto coincidió con la partida del macrismo del Gobierno. Por lo que la operación cayó en desgracia.
Finalmente, Martínez de Giorgi, subrogante en el juzgado federal 11, ordenó archivar el caso por “inexistencia de delito” el 21 de septiembre pasado.
Pero Stornelli (querellante), por un lado, y Juan Ramos Padilla, por otro, apelaron la decisión.
El fiscal procesado pretende que se siga investigando y acusó a Martínez de Giorig de tener un análisis “sesgado” y “tendencioso”. En su apelación del 24 de septiembre hay muchas páginas con transcripciones de las escuchas ilegales.
El juez y padre de Alejo Ramos Padilla, que se dicte el sobreseimiento (con el archivo no alcanza, dice) y se investigue a todos los que participaron de esta gran maniobra. Exige un “pronunciamiento que deje a salvo mi buen nombre y honor”.
El caso está en la Cámara Federal porteña, en manos del camarista Mariano Llorens, quien fue recusado pero rechazó el planteo. Como Bruglia y Bertuzzi estaban de licencia, el tribunal se iba conformar con jueces del fuero penal económico porque Martín “Doctrina” Irurzun se excusó de intervenir. Pero los magistrados que fueron puestos a dedo por Macri en el tribunal revisor de Comodoro Py volvieron a sus cargos de manera provisoria, por decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que podrían tomar cartas en el asunto. Aunque siguiendo la lógica que tuvo la causa, ambos debieran excusarse ya que intervinieron en la causa Cuadernos, justamente la investigación que según los denunciantes se pretendió derribar desde el caso D’Alessio. Por esa misma razón se excusó de intervenir en Puf el fiscal Carlos Rívolo, quien colaboró en la instrucción del caso de las fotocopias junto a Stornelli.
¿Qué harán Bruglia y Bertuzzi, dos jueces del Lawfare, ante una causa emblemática de la persecución judicial?
Fuente:ElDestape
15/11/2020 LEY DE MANEJO DEL FUEGO
Diputados debatirá el proyecto que prohíbe la venta de tierras incendiadas
La iniciativa, impulsada por Máximo Kirchner, busca detener la quema de bosques nativos y otras áreas naturales protegidas para desarrollos inmobiliarios. Cuenta con mayoría para obtener media sanción el próximo martes.
El oficialismo buscará sancionar el martes próximo en la Cámara de Diputados un proyecto que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.
La iniciativa impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, tendrá lugar en el debate de la sesión especial cuyo tema central es el tratamiento del proyecto de Aporte Solidario Extraordinario a las Grandes Fortunas.
El dictamen que se debatirá el martes fue respaldado por los diputados de los Interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, lo cual asegura mayoría para la sanción de la iniciativa
Según el proyecto, "no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio".
El texto remarca que ese uso no podrá ser modificado por el término de 60 años para que "los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales" tengan garantizadas las "condiciones para la restauración de las superficies incendiadas"
En el caso de que se trate de una zona agrícola, se impone una limitación de 30 años.
En esos plazos "no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".
Tampoco se podrá "hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio", se sostiene en los fundamentos de la iniciativa.
Además, se fija en el proyecto que el plazo de 60 años "se puede extender, sí así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente".
"En el caso de incendios de zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, no se permitirán modificar esos suelos por el termino de 30 años para lograr su restauración", se indica en el proyecto.
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