04 de noviembre de 2020
La reacción de los jueces ante la decisión de los supremos
La decepción ante la derrota jurídica
Por ahora, Bruglia y Bertuzzi deberán definir el próximo paso y una posibilidad es la renuncia a la Cámara Federal y volver a sus tribunales de origen. También pueden quedarse en el cargo de manera interina hasta que el Consejo de la Magistratura realice los nuevos concursos. Los magistrados no hablaro o, mejor dicho, lo hicieron a través de colaboradores quienes coincidieron en señalar que los "decepcionó" la alternativa encontrada por los supremos. Es más, aseguraron que los supremos les otorgaron una suerte de cargo transitorio cuando esa figura la cumple la subrogancia. Es por eso que consideran que sufrieron una derrota.
Bertuzzi y Bruglia coinciden en que el fallo de la Corte fue una derrota y están analizando si permanecer de manera interina en la Cámara Federal. Los jueces tienen la posibilidad de presentarse en el concurso para el mismo cargo, aunque fuentes judiciales adelantaron que, por más que participen, difícilmente puedan ser elegidos.
A pesar de que el fallo les permite mantener sus puestos de manera interina, así como la posibilidad de postularse cuando se abra la vacante, los jueces interpretaron la decisión como "una remoción a plazo" que respondería a los objetivos del gobierno nacional, según indicaron en varios medios. A su vez, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, reveló que uno de estos tres jueces se había inscripto para el cargo, pero que no se había presentado al examen obligatorio.
Castelli, que pugna por quedarse en el Tribunal Oral Federal 7, sabe que su suerte será similar al de Bruglia y Bertuzzi. Consultado por este diario respondió con un mensaje por Whatsapp: "Si bien mi fallo aún no se ha dictado, se adelanta en la decisión que salió lo que aparece como una derrota jurídica", reconoció Castelli. Sin embargo, a diferencia de ellos, Castelli ya llevó el caso ante la ONU, en donde denunció la actuación del Consejo de la Magistratura por la resolución que objetó su traslado. De momento, según adelantó a Página 12, el juez evaluará la situación con su abogado y definirá sus próximos movimientos una vez que la Corte se expida sobre su caso.
El ministro de Economía se sentó con los dueños de empresas
Guzmán en una piscina con tiburones
Imagen: Kala Moreno Parra
En una continuidad del diálogo que inició el presidente Alberto Fernández con los que manejan el poder económico, el ministro de Economía, Martín Guzmán, invitó a su mesa chica a la entidad empresaria más dura con el oficialismo: en una reunión que se prolongó por algo menos de dos horas, el funcionario recibió a los popes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -en la que reinan el Grupo Clarín, Techint y Arcor-, y jugó fuerte en un mano a mano con la crema del establishment.
Hace unos días, el propio Guzmán pidió la reunión y hasta exigió que sea presencial para todos los ceos. Un careo "sin nada de Zoom". En paralelo, y como una especie de garante de un diálogo franco y sin operaciones posteriores, convocó al jesuita Rodrigo Zarazaga, un religioso interesado por la política y de buen vínculo con el Círculo Rojo, que ya había articulado aquel primer contacto de Guzmán con empresarios, en el mes de abril. El ministro aprendió, en su ya consolidado tour de expertisse político, que lo que se habla y se acuerda, no siempre se comunica respetando los hechos.
En el mitin, Guzmán se sumergió en un estanque con tiburones, una experiencia con resultados buenos. "No sabemos si este es un país que quiere ser capitalista o no", disparó Federico Braun, titular de la cadena de supermercados La Anónima promediando el encuentro. "Es más, ni siquiera sabemos si hay propiedad privada", se le plegó Héctor Magnetto, el ceo del Grupo Clarín, uno de los que albergó el lanzamiento presidencial de Fernández en un evento en el Malba y que ya juega de opositor duro. Guzmán reaccionó rápido: "Héctor, vos sabes que hay propiedad privada, hablemos en serio", le respondió en su tono clásico, sin estridencias pero con contundencia.
Fue ése uno de los pocos cruces picantes que, de todos modos y según contaron a Página I12 empresarios presentes, fueron dentro de un diálogo correcto. El otro enfrentamiento del día también fue con Magnetto, quien deslizó que el problema de Argentina es político y, sin decirlo, puso en dudo el comando del timón del Ejecutivo. "Hay que entender, Héctor, que la que eligió es la gente y seguirá siendo así, y hay que ser respetuoso", contraatacó el ministro.
"Lo vimos más duro, más estabilizado en su cargo, se nos plantó bien", apuntó a este diario otro de los que tomaron café cerca de la oficina de Guzmán en Hacienda. El desembarco de AEA tuvo la ausencia de Luis Pagani, de Arcor, por temas personales, pero contó con un pelotón de líderes que mueven los hilos y también influyen en exportaciones, mercado cambiario y actividad. Entre ellos, Alfredo Coto (Supermercados Coto), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Enrique Cristofani (Santander) y María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud).
Miguens, el ex Quilmes que es dueño de generadoras eléctricas como El Chocón y Central Puerto, fue otro de los que planteó alguna queja. Le explicó al ministro que tiene que comprar dólar en la Bolsa para pagar importaciones y que está defaulteando la deuda afuera. Guzmán comprendió el planteo pero les aclaró que si los dejaba tomar deuda en pesos se iban a querer ir todos al dólar.
El resto de la agenda de la reunión fue más amable: AEA respaldó a Guzmán como hombre clave para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, se comprometió de algún modo a seguir en la mesa de negociación, y se quejó de los temas históricos que preocupan a los ceos. Impuestos, costos y ajuste. En este último punto, le festejaron a Guzmán la decisión de cortar la dependencia del Tesoro de los adelantos del Banco Central.
Las lecturas del evento fueron múltples y, muy a pesar de la intención de Guzmán, hubo mensajes operados sobre el encuentro de parte del sector privado. La mayoría le apunta a los delfines de Paolo Rocca, que vendieron una mesa de guerra en la que establishment habría impuesto condiciones. Una foto alejada del clima real de camaradería, planteos y diálogo.
En el Gobierno, ante la consulta de este diario, consideraron que la mesa de Guzmán es parte de una apertura del juego del Presidente a un ministro de Economía que se hizo fuerte tras una semana de calma cambiaria, y que comprende que la fortaleza en el cargo va más allá de las medidas necesarias pero circunstanciales. Precisa de mano política, respaldos hacia adentro de la alianza y gestos firmes para los núcleos de poder. También, aclararon, lee el encuentro con el pedido de un acuerdo nacional que hizo, por carta, la vicepresidenta Cristina Fernández.
La votación fue 4 a 1, Carlos Rosenkrantz volvió a quedar solo
La Corte Suprema limitó los traslados a dedo de
Leopoldo Bruglia y Pablo
Bertuzzi, siguen solo hasta
que se haga el concurso
Imagen: Bernardino Avila
En una sentencia de 4 votos a 1 que reparte críticas para todos lados, la Corte Suprema dejó en claro que los jueces y juezas sólo pueden ser nombrados/as por concurso, con intervención del Poder Ejecutivo (que elegirá de una terna) y acuerdo del Senado. Con este razonamiento sostuvo que ninguna designación por traslado puede ser definitiva y que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi podrán quedarse en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, donde el macrismo intentó llevarlos para siempre con ese mecanismo, hasta que termine el concurso para cubrir las vacantes, al que podrán postularse y rendir examen. Esto podría llevar unos dos años, aunque el oficialismo en el Consejo de la Magistratura ya busca el modo de acelerar. El fallo está basado en un voto que armaron en conjunto Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, al que adhirió en su esencia Elena Highton de Nolasco. Carlos Rosenkrantz, como ya había dejado dejando en claro, sostiene que los traslados son definitivos y no hay vuelta atrás. Para la mayoría, en cambio, esa interpretación viola la Constitución Nacional y la independencia del Poder Judicial.
La decisión, con la que la Corte intenta resaltar su poder de quedarse con la última palabra en grandes temas institucionales y políticos, reparte cachetazos para distintos sectores. Es crítica con el Consejo de la Magistratura y declara la inconstitucionalidad de la resolución 183/2020 con que ese organismo estableció este año que una decena de traslados de jueces y juezas eran irregulares porque no habían completado el proceso. Según los supremos, el Consejo convalidaba un procedimiento que no es exactamente el que establece la Constitución, al dejar de lado los concursos. La decisión revoca también la resolución de la jueza de primera instancia del fuero en lo contencioso administrativo, Alejandra Biotti, que rechazaba el reclamo de Bruglia y Bertuzzi. A la vez, la Corte no hace lugar al amparo del dúo BB, porque precisamente pretendía quedarse en forma definitiva en la Sala I de la Cámara Federal.
La relevancia del caso
Para entender la relevancia de este debate hay que remontarse a fines de 2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó a hacer movimientos para lograr ubicar en cargos judiciales que les interesaban por los expedientes que manejaban a jueces y juezas que les merecían confianza o veían afines. Una de las primeras estrategias usadas fue convertir tribunales orales ordinarios en federales, que serían claves en llevar adelante los juicios orales contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios. La Corte desarticuló esa iniciativa por medio de dos “acordadas”, las 4 y 7 de 2018, sobre las que vuelve en esta sentencia que analiza los traslados. De hecho, impidió que se conformara un tribunal al que hasta le habían asignado el primer juicio contra CFK. Luego de ese ese golpe, las huestes de Mauricio Macri en el Consejo comenzaron a promover más designaciones en otros cargos utilizando artilugios similares: así fue que efectuaron traslados, y comenzaron a pasar con la decisión de una simple mayoría del organismo, a jueces y juezas de un cargo a otro.
Bruglia y Bertuzzi estaban en el Tribunal Oral 4 y pasaron a la Cámara Federal, donde se plasmó la doctrina Irurzun y se avalaron los métodos de la causa cuadernos, entre otras cosas. Esto se repitió con otros cargos, como el caso de Germán Castelli, que pasó de un tribunal oral de San Martín a un tribunal federal, el 7, que casualmente tiene el caso de las fotocopias de los cuadernos. Otros siete jueces/zas más figuran como trasladados sin concurso ni acuerdo del Senado, la mayoría durante le gobierno de Cambiemos, y sus traslados están bajo revisión de la Cámara alta. Lo que sucede es que la Corte dice ahora que para todos esos casos el procedimiento correcto es que se hagan los concursos, no basta con el acuerdo del Senado. Así, todos los trasladados/as que estén en tela de juicio, podrán continuar de manera provisoria en los lugares que ocupen en esa condición, con garantía de inamovilidad, pero tendrán que irse cuando termine el concurso, a menos que se presenten y lo ganen, que es una posibilidad.
La Cámara Federal
En medio de este rompecabezas, el dato político relevante se relaciona con la conformación de la Cámara Federal, que tiene seis cargos, divididos en dos salas. Hasta hoy manejaban exclusivamente este tribunal Martín Irurzun y Mariano Llorens. Ahora podrán volver Bruglia y Bertuzzi por un tiempo y quedan dos lugares vacíos. Para estos dos últimos el Consejo podrá elevar candidatos al Poder Ejecutivo porque ya hay un orden de mérito. Para los de BB, tendrá que hacer una nueva convocatoria. En los hechos, vuelven a estar los “viejos” jueces de la Cámara que jugaron fuerte durante el gobierno de Cambiemos. Ahora las causas más sensibles que tendrán por revisar son las que involucran a Macri y su equipo. Una variante sobre la que aún no hay definiciones es la posibilidad de que vuelva a uno de esos dos lugares el camarista Eduardo Farah, que dijo en el Senado que sólo había pedido su traslado porque estaba presionado por el macrismo a raíz de que dejó en libertad a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. La diferencia con otros casos es que Farah había concursado para ese lugar que ocupaba en la Cámara y al que quiere volver. Otro caso candidato a revisión es el de Carlos Mahiques, que fue trasladado de la Cámara de Casación nacional a la Federal, solo con acuerdo del Senado.
El disgusto de Bruglia y Bertuzzi
Más allá de esta posibilidad de regreso para Bruglia y Bertuzzi, ambos jueces recibieron la decisión con disgusto porque la Corte cuestiona el núcleo de su planteo. Por eso analizan también la opción de renunciar. En la misma senda de malestar está el juez Castelli. Su situación se resolvería el jueves, pero análogamente.
En el Consejo de la Magistratura, digieren las críticas cortesanas con algo de optimismo: el oficialismo hace un balance a su favor y busca alguna estrategia para poder apurar el concurso y resolverlo en seis a ocho meses. Sería un récord de celeridad. El oficialismo en general evalúa que la Corte les dio la razón al señalar que los traslados no son permanentes.
Queda claro que ahora habrá muchas limitaciones para hacer designaciones por traslado de jueces o juezas de un cargo a otro. La Corte también declaró la inconstitucionalidad de la resolución 155/00 del Consejo que establecía el reglamento para ese tipo de nombramientos, que incluían la evaluación de ese organismo y un decreto del Poder Ejecutivo, sin concurso. Le advierte al organismo que tiene que restringir al máximo los traslados y, a la vez, exhorta al Congreso para que dicte una ley que los regule. Es contundente en que nunca hubo en el derecho argentino una referencia a que un traslado pueda ser definitivo y por lo tanto no se puede analizar una aplicación retroactiva de una ley que no existe como tal. Insiste en que el único modo de nombrar jueces es “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”. Aclaran que los nombramientos son “para un cargo específico” y que no es algo genérico que permite cambiar de lugar como si nada.
Bruglia, Bertuzzi y Castelli se habían aferrado a las dos acordadas firmadas por la Corte en 2018, que interpretaban a su favor. La número 4 fue la primera, y fue publicada el 15 de marzo de 2018. Como los supremos impidieron con ella que se formara un tribunal oral a medida del macrismo, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzó a referirse los tres jueces que la firmaron como “la mayoría peronista”. Son los mismos que hicieron mayoría ahora: Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz y Highton votaron en disidencia. Once días después, dos diputados que integraban el Consejo por el macrismo, Pablo Tonelli (PRO) y Mario Negri (UCR), presentaron un proyecto de ley para poder hacer traslados sin siquiera el acuerdo del Senado. No prosperó. Se preparaban para el traslado de Bruglia, que se concretó el 9 de abril. Antes, Garavano le pidió aclaraciones al máximo tribunal. En la acordada 7 el mismo tridente supremo sostuvo que para los traslados de jueces federales, si cumplen funciones con igual jerarquía, jurisdicción y competencia no se requiere acuerdo del Senado. Insistió en que es un mecanismo excepcional y que a los/las jueces/zas sólo se los nombra como prevé la Constitución en el artículo 99 inciso 4. Pero esa decisión fue posterior al traslado de Bruglia, no resolvía su caso. Bertuzzi fue trasladado el 9 de octubre. El Consejo de la Magistratura interpretó que el máximo tribunal no avalaba los traslados sin acuerdo del Senado.
Los BBC, la oposición política y los medios afines, consideran que la Corte resignificó lo que ella misma había dicho y cambió de criterio ahora. Sin embargo, el fallo dice que las acordadas hablaban de la validez de los traslados pero no de su temporalidad, más allá de que estuvieran destinados a competencias o jurisdicciones diferentes. Dice, además, que debían leerse juntas. Validar el mecanismo de traslado, para la mayoría suprema, no es igual a validar un nombramiento de jueces, que es permanente. La Corte insiste en que en ninguna disposición dice que los traslados de Bruglia y Bertuzzi fueran definitivos. En todo caso, sostiene, responden a una costumbre inconstitucional.
Rosenkrantz es, puertas adentro y hacia el macrismo también, un gran perdedor de la jornada. Había hecho una demostración de fuerza al imponer el tratamiento del per saltum a sus colegas y ventilar su posición. Volvió a quedar solo. Para él, los traslados son una práctica “institucional” (no inconstitucional) validada por la Corte, que no hay que modificar, el Consejo no debe hacer nada que esté destinado a “desplazar” al dúo BB y los demás trasladados. También fue crítico con el Consejo por tomar una decisión retroactiva que revisó traslados ya realizados. Todo hace pensar que la que salió mejor parada en todo este enredo fue la propia Corte, o esa mayoría que se aglutina ante las grandes ocasiones.
La evaluación del Gobierno del fallo sobre los traslados
"La Corte nos dio la razón"
"Celebro que hay una mejor justicia", afirmó el presidente Alberto Fernández en un acto en Avellaneda más o menos para la misma hora que la Corte Suprema emitía su fallo que avaló la continuidad de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sólo de manera temporal, hasta que el Senado designe sus reemplazos. En el Gobierno consideraban que la resolución -aunque buscaba ser salomónica- les dio la razón en cuanto a los traslados sólo pueden ser temporarios y nunca definitivos. Además, que la decisión de Carlos Rosenkrantz de conceder el per saltum había sido magnificar el tema más allá de lo aconsejable.
"Es necesario que tengamos jueces técnicamente preparados, moralmente probos y una justicia rápida", definió Fernández en el acto que encabezó al mediodía para inaugurar el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, que facilitará el acceso a la justicia al millón de vecinos de la zona. Lo acompañaron el gobernador Axel Kicillof, el intendente Jorge Ferraresi y los ministros Wado de Pedro, Marcela Losardo y Gabriel Katopodis. La inauguración le vino como anillo al dedo para hablar del tema del día. "Los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo. Los espías mezclados entre los jueces no son un buen ejemplo. Tampoco usar a los jueces para perseguir opositores ni presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas", criticó el Presidente desde el escenario al aire libre, y subrayó: "Eso es el mal uso de las instituciones de un gobierno de turno, y nosotros no queremos nada de eso".
Justamente, el traslado de los jueces a dedo realizado por Mauricio Macri fue siempre un ejemplo del "mal uso de las instituciones" para Fernández, que aprovechó el encuentro para defender nuevamente el proyecto de reforma judicial, que por ahora duerme en la Cámara de Diputados. "Esa reforma no busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lado a otro y los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene", resaltó. Y avisó que esperaba que la "nueva normalidad" que sobrevendrá a la pandemia fuera mejor que la "normalidad" anterior. "Era un orden que no mostraba el mejor funcionamiento de las instituciones de la democracia, que no nos ofrecía la mejor seguridad ni la mejor justicia”, consideró.
El Presidente se enteró del fallo cuando volvía de Avellaneda. "Lo tomó con mucha calma, con mucha cautela, no se alteró", comentó uno de sus acompañantes. Fue a tono con lo que se esperaba, con la mayoría de la Corte cediendo un poco en cuanto a que los jueces se mantengan interinamente en sus puestos, pero aceptando la idea de que no pueden mantenerse allí de manera indefinida. Para el Gobierno, el Tribunal nunca debió acceder al pedido de per saltum realizado por Bruglia y Bertuzzi. "¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando?", se había preguntado Fernández un mes atrás, sin disimular su enojo contra Rosenkrantz, que al aceptar ese recurso hizo uso de una de las pocas atribuciones que le dejaron sus colegas del tribunal. En ese momento, Rosenktantz dio entrevistas a Clarín y La Nación hablando de "gravedad institucional".
"Magnificó algo que no lo merecía", insistían ayer respecto al presidente de la Corte, que volvió a emitir un fallo en soledad. El resto de los miembros del Tribunal, finalmente, opinaron lo mismo que el juez de primera instancia y que el Consejo de la Magistratura: que los traslados provisorios de ninguna manera pueden convertirse en definitivos y que los jueces deben ser designados siguiendo el procedimiento constitucional en el que el papel decisivo lo tiene el Congreso. Con las palabras de Fernández de ayer, quedó claro que el Gobierno buscará avanzar nuevamente con la reforma judicial que tiene media sanción del Senado y que apunta, como uno de sus principales objetivos, licuar el poder que actualmente tienen los jueces federales con la creación de nuevos juzgados tanto a nivel nacional como en las provincias.
La resolución de la Corte dejó al descubierto las mentiras mediáticas
El fallo sobre Bruglia y
Bertuzzi: ¿La Corte cambió
su posición o se resolvió
el misterio de las acordadas?
En los dos meses en que la discusión sobre los traslados de jueces y juezas ganó un protagonismo político inusitado, promovido por la oposición política y los medios afines, aparecieron constantes alusiones a dos acordadas que firmó la Corte Suprema en el año 2018. Fue llamativo que cada quien las leía a su favor. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi las usaron para argumentar por qué debían quedarse definitivamente en la Cámara Federal. Lo mismo hizo el procurador interino Eduardo Casal en su dictamen. Por su parte, el Consejo de la Magistratura las invocó para decir por qué sus traslados, como si fueran nombramientos definitivos, eran irregulares. El voto mayoritario del fallo de la Corte ofrece una definición al respecto, y empieza por desacreditar la lectura del dúo BB. También refuta la interpretación que hicieron, incluso públicamente, ex funcionarios de Cambiemos –como el ex ministro de Justicia Germán Garavano-- para decir que eran decisiones que habían habilitado los traslados cuestionados.
“Las acordadas 4/2018 y 7/2018 impidieron en su momento la conversión de jueces nacionales ordinarios en jueces federales y evitaron que los traslados se convirtieran en nombramientos definitivos. Tales votos deben leerse no sólo en clave de la situación que puntualmente evitaron en su momento ─lectura prejuiciosa que se realizó en esa época y que generó comentarios que hoy se revelan manifiestamente desacertados─, sino con una mirada de presente y de futuro, pues evitan y evitarán los intentos de cobertura inconstitucional de vacantes de forma definitiva, clausurando la posibilidad de que se recurra a este Tribunal en busca de ‘indulgencias’ o ‘moratorias’ constitucionales”, dice la mayoría suprema en su síntesis final.
Vale recordar que las acordadas 4 y 7 fueron firmadas por Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. La primera tuvo disidencia de Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. En la segunda no votaron.
Los textuales del fallo mayoritario de la Corte
Otras definiciones claves sobre aquellas acordadas, que desbaratan los argumentos de los trasladados y de Casal:
· “Asimilar los institutos del ‘nombramiento’ y el del ‘traslado’, importa confundir un acto institutivo que requiere del cumplimiento de un procedimiento complejo e inter-poderes destinado a integrar uno de los poderes constitucionales del Estado -con funcionarios que incluso pueden provenir desde fuera del Poder Judicial-, con otro acto que no es institutivo sino destinado a optimizar los recursos disponibles para garantizar la eficiencia y continuidad de una función estatal e involucra exclusivamente a magistrados que ya revisten la calidad de tal, o sea que ya están dentro del Poder Judicial”.
· “Debido a la diferente naturaleza y relevancia de estos actos es que la Constitución regula uno de ellos (el nombramiento) y nada dice del otro (el traslado), que deriva a la regulación infra-constitucional”
“Pretender que al ser preguntada sobre la validez de ciertos traslados –porque esa fue la pregunta que desemboca en las acordada 7/2018- esta Corte respondió sobre la validez de nombramientos, asimilándolos o convirtiendo a los primeros en los segundos, equivale a tergiversar los términos de lo preguntado y lo respondido”.
Los argumentos del presidente de la Corte Suprema
Carlos Rosenkrantz se
quedó solo en su apoyo a
los jueces trasladados a
dedo
Hace tiempo que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, anunció su posición favorable al reclamo del trío de jueces trasladados, que pedían quedarse para siempre en los cargos que les dio Mauricio Macri. Lo hizo desde que llegó el per saltum de los magistrados cuando, contra su costumbre, habló públicamente y deslizó que la Corte lo trataría. Lo hizo a través de los medios más afines a la oposición y alimentó el cariz político de la discusión. Luego impuso el tema en un acuerdo extraordinario, haciendo uso de una de las pocas facultades que tiene para resolver algo solo, y cuando se decidió abrir el salto de instancia ya señalaba que el Consejo de la Magistratura no debió revisar en forma retroactiva los traslados resueltos por una integración anterior del organismo. Otra vez, como en la mayoría de las sentencias, el presidente del tribunal quedó solo con un voto en disidencia, que reconoce la designación por traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal como definitiva y advierte que el Consejo no debe activar ningún procedimiento --como el concurso que propone la mayoría suprema-- que implique su retirada.
Para Rosenkrantz los traslados de jueces forman parte de una práctica arraigada que se usa para cubrir cargos vacantes. “Es una práctica institucional de más de siete décadas validada por esta Corte”, sostiene. También entiende que, más allá de las variaciones del régimen de traslados en el tiempo, “es indiscutible que cuando un juez es trasladado con sujeción a las pautas constitucionales y reglamentarias vigentes al momento de su traslado tiene la garantía de inamovilidad establecida por el artículo 110 de la Constitución Nacional”. Para él, incluso, tal como ya había dicho, el Consejo de la Magistratura no podía cuestionar los traslados que implicaban derechos adquiridos. “Los jueces están entonces amparados por la garantía analizada tanto si se encuentran ocupando el cargo para el cual concursaron como si se desempeñan en un nuevo cargo al que fueron trasladados”, afirma.
Lo que desliza es que, a raíz de lo resuelto por ese organismo, luego el Poder Ejecutivo y el Senado vulneraron derechos. Dice que el único órgano que puede revisar traslados es el propio Poder Judicial. En ciertos aspectos la decisión de Ronsenkrantz tiene puntos de contacto con la mayoría: por ejemplo, en invalidar la resolución 183 del Consejo de la Magistratura que fue la que cuestionó una decena de traslados porque no se había completado el procedimiento de designación constitucional. Pero el presidente supremo hace su propio razonamiento y se focaliza en que los consejeros no debieron revisar un traslado ya realizado y que además lo hicieron con criterios que no existían con anterioridad.
De todos modos, se para en un ángulo bien distinto: a su entender la inamovilidad de jueces y juezas que llegaron a cargos por traslados, sin concurso ni acuerdo, asegura la independencia judicial. Dice Rosenkrantz: “La inamovilidad es, desde el punto de vista institucional, una inmunidad indispensable para asegurar que el Poder Judicial pueda funcionar con independencia de las otras dos ramas del gobierno nacional, el Ejecutivo y el Legislativo”.
Para el voto de mayoría de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, es exactamente lo contrario: considerar que los jueces y juezas pueden ser nombrados por traslados a un cargo permanente es lo que pone en peligro la independencia, porque libera la injerencia política para ponerlos y sacarlos a piacere. El voto mayoritario dice: “Tal como están concebidos, los traslados de magistrados de forma definitiva no cumplen con los recaudos constitucionales para la designación de magistrados y por ello socavan el pilar fundamental de la independencia judicial y los derechos de los justiciables”.
Desmentida oficial al mito de la huida masiva de compañías
Fuga de empresas que es
puro humo
Desde hace varios meses, sectores mediáticos y de la oposición intentan instalar un panorama apocalíptico en la Argentina, en el que las empresas huyen masivamente del país. Si bien hubo varias noticias relativizando este hecho, tomó tanto protagonismo que el propio gobierno salió a desmentir su existencia. El Ministerio de Desarrollo Productivo calificó el supuesto éxodo como un mito, señalando que se mezclan las noticias y que incluso algunas son falsas. Reconoce la salida de alguna compañía, pero en el marco de una estrategia global dada la coyuntura económica.
La cartera que conduce Matías Kulfas aclaró que "se ponen en la misma bolsa" de salida por políticas antiinversión a empresas que efectivamente anunciaron su alejamiento (como el caso de varias aerolíneas, completamente afectadas por el impacto de la pandemia en el sector, tales como LAN Argentina −que venía en declive por la recesión local de los últimos años−, Air New Zealand, Qatar Airways o Emirates); las que anunciaron la búsqueda de un socio local (como Falabella); las que abandonan su operatoria en Latinoamérica y que pasaron a manos de otra empresa (como Glovo, que fue absorbida por Pedidos Ya o Brightstar, cuyos activos pasaron a manos del grupo local Mirgor). También están las que nunca anunciaron nada, pero se crearon noticias falsas sobre su posible partida, como Starbucks o Burger King.
"Salvo Glovo −que tuvo un nivel de actividad muy importante en la pandemia− todas estas empresas tuvieron una afectación muy alta en su facturación producto del coronavirus, y en todos los casos el Estado pagó parte de los salarios de las empresas por medio del programa ATP cuando lo solicitaron", continúa el informe que da cuenta de que, por el contrario de lo que se intenta instalar, el gobierno cuenta con un programa masivo de apoyo a la producción: "Es una política transversal a todas las empresas empleadoras, incluyendo como elegibles tanto a las grandes como a las pequeñas y tanto a las de origen nacional como transnacional", remarca.
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo aseguran que, si bien el escenario global y local es complejo, hay compañías que siguen apostando al país y anunciando inversiones todas las semanas. Integran la lista empresas de distintos sectores, tamaños, conocidas o desconocidas, nacionales y multinacionales.
La lista está encabezada por tres automotrices: Volkswagen, Peugeot y Nissan. La empresa alemana anunció la fabricación de una nueva caja de transmisión MQ 281 (de seis velocidades), con una inversión de 150 millones de dólares, incrementó su plan de producción a 850 unidades diarias, incorporando así un tercer turno en su planta de Córdoba y comunicó que ganó un contrato hasta 2025 para exportar 400 mil unidades adicionales a Europa. La japonesa Nissan informó que invertirá 130 millones de dólares en el período 2020-21 para comenzar una nueva línea de producción de la pick up Frontier. El Groupe PSA lanzó el nuevo Peugeot 208 y una plataforma global multienergética (CMP), que permite fabricar vehículos con propulsión ciento por ciento eléctricos, con una inversión de 320 millones de dólares.
El monto más importante, sin embargo, corresponde a una minera, la canadiense Lundin, que anunció un desembolso de 3.000 millones de dólares para un proyecto de cobre, oro y plata en San Juan. La empresa confirmó que los minerales se exportarán a través de puertos argentinos (en Rosario) en lugar de chilenos. La cifra equivale al 54 por ciento del total de las inversiones que informó el Gobierno.
Entre las inversiones más relevantes también resaltan los 715 millones de dólares de la refinería de origen brasileño Raizen, licenciataria de Shell, para el desarrollo de una nueva línea de producción de combustibles, el aumento de la capacidad de procesamiento en la refinería, la mejora de la eficiencia energética y la incorporación de nuevas prácticas ambientales. Y las inversiones de las cerveceras: CCU anunció inversiones por 4.500 millones de pesos en su planta de Luján, y Quilmes, 5.000 millones de pesos para producción local de marcas internacionales de cerveza.
El verdadero éxodo
El informe afirma que sí hubo éxodo de empresas en Argentina entre 2016 y 2019, cuando, "producto de equivocadas políticas macroeconómicas y nulas políticas productivas, el país sufrió tres años de recesión sin que mediara pandemia alguna". En total, de acuerdo a datos de AFIP, son más de 25.000 empresas las que dejaron de existir entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, números que no se veían desde la crisis de 2001-2002.
"La recuperación económica y el crecimiento serán claves para que Argentina sea un país con auge de la inversión. Lo ocurrido en los últimos años confirma que un rasgo fundamental para que Argentina sea atractiva en materia de inversiones es que haya demanda, tanto local como externa. No basta con profetizar “lluvias de inversiones”: sin mercado (interno y externo), no hay inversión posible. Por eso es tan importante que nuestra economía vuelva a crecer", concluye el informe.
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina:
se registraron 430 muertos
y 12.145 casos en las
últimas 24 horas
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 430 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 32.052. Además se registraron 12.145 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 1.009.278 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 4.854 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 63,6 por ciento a nivel nacional y en un 61,5 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 12.145 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.195.276 positivos en el país, de los cuales 1.009.278 son pacientes recuperados y 153.946 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 430* nuevas muertes, son 250 hombres y 178 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 32.052*.* Una persona, residente en la provincia de Buenos Aires, fue reclasificada.** Dos personas notificadas como fallecidas, residentes en la provincia de Buenos Aires, no registran dato de sexo.📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 30.999 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.078.312 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 67.838 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.615 | 557.575
Ciudad de Buenos Aires 460 | 148.344
Catamarca 31 | 1.011
Chaco 131 | 14.395
Chubut 421 | 15.212
Córdoba 1.339 | 88.290
Corrientes 26 | 2.619
Entre Ríos 258 | 16.684
Formosa 0 | 158
Jujuy 22 | 17.940
La Pampa 84 | 3.564
La Rioja 42 | 7.682
Mendoza 515 | 48.308
Misiones 16 | 298
Neuquén 934 | 23.678
Río Negro 395 | 24.807
Salta 110 | 19.059
San Juan 164 | 2.893
San Luis 247 | 7.856
Santa Cruz 250 | 10.065
Santa Fe 1.764 | 111.075
Santiago del Estero 82 | 10.174
Tierra del Fuego266 | 11.974
Tucumán 973 | 51.615
Reunión del Gobierno y sectores del consumo masivo
Más Cuidados y Máximos negociados
Imagen: Bernardino Avila
En una reunión con los empresarios del consumo masivo, el Gobierno empezó a avanzar en un nuevo esquema de los planes de precios de referencia, que potencia Precios Cuidados e inicia un proceso de descongelamiento paulatino y negociado de Precios Máximos, variante que seguirá hasta enero del 2021.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio, Paula Español, recibieron a directivos de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Casrech, la cámara de supermercados chinos, los mayoristas de CADAM, los comercios del interior nucleados en CAS y FASA, y la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA).
Todos esos sectores venían cuestionando el congelamiento de precios e incluso Copal, con el abogado Daniel Funes de Rioja, había emitido horas antes un fuerte comunicado contra la prohibición de aumentar. Pero en la mesa que planteó el Gobierno, se blanqueó la apertura de una negociación que intenta conformar, detalles más o menos, a todos los sectores.
Según contaron a Página I12 fuentes del ministerio de Desarrollo Productivo, lo que se planteó es que esta instancia de diálogo incluya, por un lado, el compromiso de los fabricantes de alimentos a sumar más productos de calidad y alta demanda a Precios Cuidados. Y en paralelo, iniciar un camino negociado de salida de productos de la canasta de Máximos, una variante que el Gobierno Nacional activó al inicio de la pandemia, como medio para lograr solidaridad de precios ante una situación crítica de caída de la actividad y perdida de empleo o reducción de salarios de los trabajadores.
Pero hay un punto aún más importante, en Desarrollo Productivo subrayan que la salida de algunos productos de Precios Máximos, no se va traducir en subas automáticas por el márgen que decidan los productores de de alimentos. Sino que se abre una instancia de negociación para un aumento acordado, basado en la estructura de costos. Fue el propio Kulfas quien, en cada ocasión en la que fue consultado, aclaró que el Gobierno entiende que hubo suba de costos para empresas, pero que los porcentajes de aumentos que se exigen son, muchas veces, más altos que el aumento en los costos.
Fuentes empresarias consultadas por este diario aclararon que están de acuerdo en hacer crecer los Cuidados, y también aceptan una salida "responsable" del congelamiento, pero exigen plazos más claros para empezar a implementar dichos cambios. De todos modos, no son la totalidad de empresarios lo que dicen que, sin aumento, no pueden seguir. Hay ceos de la Copal que entienden que, en un contexto de demanda caída y sueldos lejos de actualizarse, no hay mucho márgen para grandes aumentos si es que se quiere recuperar algo de ventas en la última parte del año.
Respecto del descongelamiento, este diario supo que la idea es que, primero, vayan saliendo de los Máximos algunos productos premium o con fuerte componente de importados, como bebidas alcohólicas, vinos y whiskies. Y que en paralelo los proveedores sugieran productos de primera línea, con alta demanda, para incluir en la canasta de Precios Cuidados.
A través de la Resolución 473/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, el Gobiernomunicó en el Boletín Oficial que “Precios Máximos” se prorrogará hasta el 31 de enero del 2021. En esa comunicación, se instó además a empresas de “la cadena de producción, distribución y comercialización” de los productos incluidos a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión” durante el período que dure la iniciativa. Naturalmente, estas negociaciones para actualizar y descongelar dadas a conocer en la jornada, no perjudican el fin del congelamiento, que será recién en 2021.
Lo anunció el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo
El Gobierno reabre el Registro
de Barrios Populares
Arroyo dio esta definición al explicar los objetivos de su ministerio en la urbanización de los barrios populares, un programa que sumó hace un mes, a fines de septiembre. La Casa Rosada lo traspasó a su área, retirándolo de la órbita de María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, cuestionada por sus demoras en utilizar los fondos ya aprobados para hacer obras que lleven a los asentamientos servicios básicos como el agua potable.
El ministro viene hablando de urbanizar 400 barrios por año, con un plan que debería sostenerse durante una década para llegar a los 4400 inscriptos en el Renabap. En el encuentro con los medios, ahora confirmó que ya está armado el fideicomiso con el BICE, para que sea habilitado la semana próxima. Hasta septiembre, el programa había comenzado obras tempranas --de poca complejidad-- en 25 barrios, y en octubre pasaron a 50. Son proyectos chicos, todavía. Que el fideicomiso pueda utilizarse --tiene fondos por 8 mil millones de pesos del impuesto PAIS, sobre la compra de dólares-- es necesario para pensar en otra escala de obras, y con ellas de creación de puestos de trabajo.
"En esto vamos hacer un camino, como el de la Asignación Universal por Hijo", aseguró el ministro. La urbanización de los 4400 barrios populares del Renabap fue aprobada por ley, en 2018, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
Otro dato que completa el cuadro sobre cómo está pensando Desarrollo Social la urbanización es que el programa va tener una línea de creación de lotes con servicios, sobre tierras fiscales. En cuanto a la superficie que podría ser habilitada de esta manera, destinada a que las familias de trabajadores informales, sin acceso a créditos como los Procrear, puedan comprar un lote, el ministerio no tiene todavía estimaciones oficiales. El tema será definido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Tarjeta Alimentar
"La tarjeta Alimentar va a tener una carga doble antes de fin de año", fue otra de las definiciones de Arroyo, vinculada a la suba de los precios de los alimentos. La tarjeta está pensada como un complemento de la Asignación Universal por Hijo; está destinada a las madres o padres que, cobrando la AUH, tienen niños menores de seis años. Su uso es exclusivamente para comprar alimentos. La carga está diferenciada: a quienes tienen un solo niño, el Estado les carga 4 mil pesos y en el caso de dos o más niños la carga es de 6 mil. Habitualmente, esa suma es depositada una vez al mes, pero en los momentos de mayor crisis de la pandemia fue reforzada con una carga cada quince días.
El 2020 arrancó en emergencia alimentaria --la consecuencia social más grave de la gestión macrista-- y el coronavirus obligó a reforzar la asistencia a una escala impensada. Según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo, el presupuesto para asistencia alimentaria este año se cuadruplicó: pasó de 28 mil millones de pesos en 2019 a 94 mil en octubre de 2020.
Arroyo dijo, en este marco, que el objetivo para 2021 es ir inclinando la balanza en favor de programa de urbanización. Si la situación epidemiológica lo permite, el ministerio buscará poner el acento en esta línea, en la que la inversión social tiene el plus de poder ser, al mismo tiempo que asistencia, un mecanismo de generación de trabajo.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario