Crisis habitacional: por la pandemia, crecen las soluciones precarias
El conflicto y desalojo en Guernica desnudó cuán grave es la crisis habitacional Argentina, profundizada por una pandemia inédita que lastima con mayor virulencia a la población más vulnerable y golpea a su vez a los sectores medios. La asfixia económica supera al miedo por el contagio, especialmente en el conurbano bonaerense donde cada vez más familias no pueden pagar sus alquileres informales y son empujados a buscar otras formas de supervivencia antes de llegar a la situación de calle. En los últimos ocho meses, ese fenómeno silencioso es el principal disparador de la cantidad de tomas de terrenos que se han multiplicado en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. La dinámica es tan veloz que los relevamientos disponibles ya son fotos de un proceso que sigue avanzando silenciosamente. Hasta 2016 había más de 4400 barrios populares en todo el país. La cifra es el dato disponible más actualizado y no incluye los asentamientos de los últimos cuatro años, aunque algunos especialistas hablan de un incremento del 10 por ciento. Sin embargo, de acuerdo a estimaciones de las organizaciones sociales consultadas por Tiempo, se sumaron cien nuevas tomas de tierras en todo el país durante los últimos ocho meses. De acuerdo a los cálculos más esperanzadores del Gobierno, urbanizarlos llevará 12 años, a razón de “400” por año, como máximo.
Según el diagnóstico de la Mesa Nacional de Barrio Populares (integrada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Cáritas y TECHO, entre otros movimientos sociales y organizaciones), de los 4416 barrios populares relevados en todo el país, la mayor parte no tienen acceso formal a servicios básicos como agua corriente (91 %), red cloacal (98%), energía eléctrica (70%) y red de gas natural (99%), con más de cuatro millones de personas (4.080.000) que padecen esta situación.
Pero esta es una problemática en continua expansión, y de hecho, el Estado tiene el desafío de actualizar estos datos e incluir más barriadas en el llamado Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Allí radica la clave política de la desactualización de los datos disponibles, porque los barrios que no forman parte de ese registro, corren el riesgo de ser desalojados y erradicados. Sobre esa tensión evoluciona el fenómeno más reciente: mientras desde la Mesa intentan sistematizar más información, las tomas se incrementan, siempre protagonizadas en un 90% por inquilinos informales que no pueden pagar más.
Lila Calderón, integrante de la Mesa y referente de La Dignidad Rebelde en Cipoletti, Río Negro, confirma la complejidad del escenario: “Con la pandemia cada vez son más los vecinos sin recursos que salen a buscar la salida solos, porque no hay políticas de tierra. Es una deuda histórica. Ahora estamos armando un estimativo de las tomas que se produjeron. Solo en provincia de Buenos Aires hubo más de 20, en Río Negro también superamos las 20, y calculamos que debe haber cien nuevos barrios populares en todo el país”.
La dinámica de la concentración demográfica no se detiene y ahora está signada por la pandemia. Los vecinos, víctimas del proceso de desindustrialización y la crisis económica general, quedan desempleados. Eso transforma al nivel de inquilinos como un indicador que está directamente relacionado con las tomas de tierras. A nivel nacional, la tasa de alquiler es del 16%, mientras que en la provincia de Buenos Aires, por caso, llega al 20 por ciento. En los tres cordones del Conurbano, esa cifra llega al 30%, con el mismo protagonismo de los inquilinos informales empujados por el desalojo forzoso, aún cuando el presidente Alberto Fernández prorrogó el DNU 320/20 para frenar los desahucios por falta de pago.
Tiempo pudo saber que desde algunas áreas del Gobierno estiman que urbanizar los más de 4000 barrios populares –sin contar las tomas durante la pandemia y las barriadas aún sin registrar- podría tardar unos doce años. Sin embargo, el Estado cuenta con una serie de herramientas –leyes nacionales y provinciales, entre otras- para acelerar medidas, porque si el ritmo se mantiene, la foto de la crisis habitacional actual será mucho peor dentro de una década.
¿Qué políticas se pueden implementar ante un problema estructural que siempre es abordado cuando el Estado desata un desalojo violento? Gastón Reyes, vocero nacional de la rama de Construcción del MTE-UTEP e integrante de la Mesa, explicó a este diario que trabajan “en la lucha por la integración urbana de los más de 4416 barrios populares". Pero aclaró que es "un número que ya nos quedó viejo ante la situación actual". Su organización sostiene que hay mucha tierra ociosa en manos de municipios, que no se utilizan o quedaron en proyectos viejos.
"El acceso a esa tierra no solo integraría a mucha gente que durante la pandemia quedó en la calle por no poder pagar el alquiler, sino que sería una entrada para el territorio y una reorganización (habitacional), sobre todo para el Conurbano”, explicó Reyes, y también detalló que forma parte del armado de proyectos de “Obras tempranas” para varios territorios, entre ellos, algunos ubicados en La Matanza. “Hay varias generaciones (de los sectores populares) que no pueden comprar un terreno. Entonces, tal vez, con 500.000 mil lotes con servicios se podría resolver gran parte de este problema, y no es algo que llevaría 20, o 30 años. Se puede ir haciendo”, opinó.
Desde los movimientos destacaron como "muy importante" el cumplimiento de la Ley nacional 27.453, de regularización dominial para la integración socio urbana. En su artículo 2º, establece, entre otros puntos, que se declaran “de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP”.
En las últimas semanas hubo movimientos dentro del Estado en ese sentido. La Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que formaba parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, pasó a quedar bajo la órbita de la cartera de Desarrollo. Desde allí se reimpulsa la urbanización de los barrios populares, con las llamadas “Obras tempranas”, las cuales ya se pusieron en marcha este año. También se afronta el desafío de generar trabajos de mayor envergadura el año próximo, planificados con los vecinos. “Centralmente, creemos que el protagonismo de las obras tiene que partir desde la comunidad, sobre todo a través de cooperativas de la economía popular. Lo más importante que va a generar este proceso es la generación de puestos de trabajo, y por eso necesitamos que las obras partan del mismo barrio y que se articulen con el Estado a través de políticas públicas”, definió a Tiempo Álvaro Llambí, director de Desarrollo Socio Comunitario nacional e integrante del Movimiento Evita.
Gran parte de la solución pasa por otro tema de fondo: una política federal de suelos que incluya a las dos piezas más sensibles, intendentes y gobernadores. Hasta ahora la cartera de Hábitat, que conduce María Eugenia Bielsa, cuenta por primera vez con un Plan Nacional de Suelos, que busca relevarlos y ordenarlos para promover planes habitacionales para la clase media, como el Procrear. En Desarrollo Social avanza otra iniciativa que buscaría trabajar con un banco de tierras para los sectores más vulnerables, pero hasta ahora la política estatal en esa materia no es integral.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo existe un compromiso de urbanizar “400 barrios por año” de los más de 4400 registrados hasta el momento. La cifra confirma los doce años que plantean distintas fuentes oficiales. Hasta ahora el impulso corre por cuenta del Gobierno Nacional, pero la solución depende en gran parte de la voluntad política de intendentes y gobernadores ante la velocidad de las tomas y el uso de las herramientas legales disponibles que, en su mayoría, no utilizan. Sobre ese tejido trabajan los funcionarios de la SISU en la generación de un "programa de lotes con servicios", pero hasta ahora no hay precisiones sobre el alcance de la iniciativa, ni cuándo se hará efectiva.
La otra cara de Guernica: el boom inmobiliario y la elusión de los especuladores
La proliferación de barrios cerrados y countries en el gran Buenos Aires trae problemas ambientales y sociales profundos. A partir de una denuncia de las autoridades bonaerenses, también significan evasión y ningún ingreso a las arcas fiscales. Según el director de ARBA, Cristian Girard, el 25% de los 871 que hay en la provincia no está registrado como tal y por lo tanto eluden el pago de los tributos correspondientes que, estimó, alcanzan los $ 1500 millones anuales porque "pagan como tierra rural sin mejoras o como tierra urbana".
La cifra no es desdeñable puesto que, en total, la recaudación anual llega hasta los $ 6000 millones.
Cambios
Quince años atrás, el tramo de 25 km de la ruta 58 que une las localidades de Canning y San Vicente estaba arruinada. La fina capa asfáltica exhibía enormes baches que dejaban ver el camino de tierra anterior. El paisaje era monótono: campos llanos con vacas y caballos pastando.
Desde allí salía un camino de tierra que empalmaba con la ruta 210 a la localidad de Guernica. Se trata de la actual avenida Néstor Kirchner que conduce a los terrenos que fueron desalojados en la violenta represión del pasado jueves y que ocupaban parte de los terrenos en los que el grupo Campos del Bellaco SA, en sociedad con el Club San Cirano, construye desde 2015 un country en una superficie de más de 360 hectáreas.
La ruta 58 ahora es conocida como el "Corredor Canning" y gran parte de ella cuenta con doble carril y un boulevard con palmeras. En diciembre de 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el shopping Las Toscas, en Canning, que resultó causa y consecuencia del boom inmobiliario en curso.
Un informe de septiembre de 2018 publicado por el Grupo Adrián Mercado destacó "el crecimiento exponencial que tuvo la zona en los últimos años debido a los grandes emprendimientos y desarrollos privados y las nuevas urbanizaciones". Enumeró 60 barrios cerrados y clubes de campo consolidados, además de cuatro parques industriales, dos complejos de oficinas premium, cinco centros comerciales, dos en construcción, y una veintena de condominios y edificios en diferentes etapas de construcción. El impulso incluyó la construcción de clubes náuticos, resultado de la creación de lagunas artificiales formadas en los agujeros que quedaron tras tomar la tierra para rellenar otras zonas del mismo country. "Como en la playa pero todo el año", reza el slogan de uno de los más exclusivos.
El predio donde Campos del Bellaco y San Cirano pretenden avanzar con su barrio cerrado es un derrame hacia el este de esos desarrollos inmobiliarios que, por su extensión, llegan a lindar con los barrios más pobres de Guernica que, pandemia mediante, se tradujeron en la inmensa ocupación.
La exacerbación de la desigualdad se puso de manifiesto en las crecientes dificultades para acceder a una vivienda propia o alquilada por parte de los históricos habitantes de la zona como resultado, precisamente, de esa avanzada inmobiliaria. Es lo que ocurrió en el otro extremo del AMBA, en Pilar, que atravesó un proceso de la misma naturaleza tanto durante la última dictadura como en los años noventa y que, al mismo tiempo que agrupa la mayor concentración de barrios cerrados exhibe uno de los índices más altos de desigualdad del Conurbano.
El informe de Adrián Mercado también daba cuenta de esa realidad: "La gran cantidad de familias que decidió migrar influyó mucho en los precios del m2", señaló y agregó: "Comprar en Canning hoy implica desembolsar mucho más dinero que hace una década atrás aunque se trate del mismo tipo de construcciones". El informe aseguró, además, que la explosión inmobiliaria hizo que la zona "crezca en status". La evolución de los valores del metro cuadrado de terreno sin construir "es exponencial, pasó de los U$S 41 de 2009 hasta los U$S 103 en 2018".
Por otro lado, "las megaobras de emprendedores privados hicieron que los valores de alquiler dieran un gran salto. Un departamento puede salir lo mismo que en un barrio de alta demanda de la CABA o en los mejores condominios de San Isidro". Los valores de las expensas equivalen a un cuarto del alquiler.
Valorización
Según un estudio realizado mediante fotos satelitales por el director del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPECC), Gabriel Lanfranchi, el Área Metropolitana de Buenos Aires creció entre 2006 y 2016 en unas 21 mil hectáreas de las cuales un 46% corresponde a barrios cerrados. A escala nacional, el 24% de los nuevos territorios urbanos corresponde a ese tipo de desarrollos. El especialista explica que "en la revalorización de suelo rural a urbano hay una renta diferencial que va de cuatro a 20 veces".
Eso explica el comportamiento de los countries que eluden al fisco. De hecho, esa elusión equivale a una cifra que habría permitido destinar más de $ 1 millón por familia desalojada para resolver su situación habitacional.
A pesar de eso, Girard aclaró que la regularización pautada, al no tratarse de una evasión, no será retroactiva. «
Prioridades
En agosto, el gobierno nacional dio a conocer el plan de reactivación de la obra publica. En primer lugar figura la reactivación de la extensión del Camino del Buen Ayre, comenzada por la gestión de Vidal, que conecta la Panamericana con la ruta 6 pasando por Canning y Guernica. Medios locales saludaron la iniciativa porque "la mejora de la infraestructura vial tiene un efecto directo en la valorización del mercado inmobiliario y la oferta de barrios cerrados".
Fuente:TiempoArgentino
31.10.2020 / Comercio internacional
La empresa estatal china Sinograin aumentará 25% las compras de porotos de soja argentinos
La firma china ampliará sus compras a la Argentina de 3 a 4 millones de toneladas y de aceite de soja de 300.000 a 400.000 toneladas en el año 2021, lo que implica un incremento de 1 millón de toneladas en el volumen de compra de porotos de soja. Proyeciones positivas por el precio internacional.
La compañía china Sinograin, responsable de la administración, operación de la reserva de granos y aceite de ese país, confirmó su interés por renovar el convenio de cooperación firmado en 2018, y propuso a través del mismo incrementar el volumen de compra de porotos de soja y aceite de soja a la Argentina.
La Cancillería, en un comunicado de prensa, informó esta noche que de esta forma Sinograin ampliará las compras al país de porotos de soja de 3 a 4 millones de toneladas y de aceite de soja de 300.000 a 400.000 toneladas en el año 2021, lo que implica un incremento de 1 millón de toneladas en el volumen de compra de porotos de soja, y mantiene la intención de compra en lo que respecta a aceite de soja, en comparación a lo comprometido para el 2019.
Esto representará ingresos de 1.500 a 2.000 millones de dólares, con un incremento de 500 millones de dólares en relación a lo comprado por Sinograin en 2019, tomando como base el nivel de precio actual del poroto de soja.
"Argentina llegó a exportar por 85 mil millones de dólares y en 2019 apenas alcanzó los 65 mil millones. Es necesario recuperar esos 20 mil millones de diferencia, porque al aumentar las exportaciones permitirá que nuestro país no vuelva a tener el clásico problema de estrechamiento en la balanza de pagos que culmina en endeudamiento", manifestó el canciller Felipe Solá.
31.10.2020 / Reactivación
Las ventas de autos crecieron 13,9% en octubre y proyectan nuevo piso de 320.000 unidades para 2020
Con este tendencia de recuperación de las ventas que se registra en los últimos meses, el sector revisó al alza sus estimaciones para 2020 para llevarlas a un piso de 320.000 patentamientos, frente a las 240.000 unidades que se estimaban a principios de la pandemia.
El patentamiento de vehículos 0 Kilómetro creció en octubre 13,9% respecto al mismo mes de 2019 y 6,1% frente a septiembre pasado, una recuperación que le permitió al sector elevar la proyección de ventas previstas para el corriente año hasta las 320.000 unidades.
El reporte mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) indicó que este mes se patentaron 37.163 vehículos, lo que mostró el segundo mes de mejora interanual en lo que va de 2020, por encima de junio que había sido del 3,1%
De esta manera, octubre representa una suba del 6,1% contra septiembre, cuando se habían registrado 35.014 patentamiento, y la comparación interanual también refleja un crecimiento del 13,9% sobre octubre de 2019, precisó el relevamiento.
A partir de las cifras de octubre, en el acumulado de los diez primeros meses del año se alcanzaron los 286.695 patentamientos, equivalente a una caída del 30,5% respecto a igual período del 2019, cuando se habían vendido 412.605 unidades,
El presidente de Acara, Ricardo Salomé, comentó que con octubre "termina otro mes con buen nivel de actividad para este contexto de pandemia, lo que demuestra que los concesionarios están activos, tratando de cerrar todas las operaciones que se les presentan, pese a cierta incertidumbre relacionada a la reposición de las unidades".
Más allá de que en noviembre y diciembre, por estacionalidad, las cifras siempre bajan con respecto a octubre, el directivo estimó que "también serán dos meses con buen movimiento, por eso hoy se calcula un piso de 320.000 patentamientos para este 2020",
"Es importante entender que si se consideran algunas de las medidas de estímulo presentadas por la cadena de valor, y que están siendo evaluadas por el Gobierno, podemos pensar en un 2021 con mucho mas optimismo”, reseñó Salomé.
En octubre, el promedio diario de patentamientos fue muy similar al de junio último, cuando se registró el mejor mes del año y, de hecho, se vendieron 1.770 unidades por día hábil.
A pesar de esa tendencia, en las concesionarias se señaló que el aumento en la volatilidad del dólar que se vio en los últimos días del mes, hizo que las ventas prácticamente se paralizaran durante más de una semana, fue "muy difícil poner un precio".
En este mes, el sedán Fiat Cronos fue el modelo más elegido por los argentinos con 2.806 operaciones y el 8% de participación del total del mercado de octubre.
En el ranking de los diez más vendidos le siguieron la pick up Toyota Hilux (1.987); el Volkswagen Gol Trend (1.727); la pick up Volkswagen Amarok (1.683); el Chevrolet Onix (1.567); el Volkswagen T-Cross (1.392); la pick up Ford Ranger (1.239); el Toyota Etios (1.163); el Peugeot 208 (1.162); y el Renault Kwid (1.059).
De esta manera, las marcas líderes en el segmento de automóviles y comerciales livianos son Volkswagen (6.253 patentamientos), Toyota (4.866), Renault (4.578), Fiat (4.236), Chevrolet (3.843), Ford (3.296), Peugeot (2.295), Citroen (1.377), Nissan (1.323) y Jeep (1.179).
Fuente:PoliticaArgentina
Fuerte tensión interna: los 5 temas que dividen aguas en el macrismo
En los últimos días subió el tono de la puja en la alianza opositora. ¿Por qué se pelean?
Más allá de las lógicas disputas personales, la interna de Juntos por el Cambio también enfrenta a distintos sectores y dirigentes por la posición que tomaron en algunos de los temas de la agenda política. Básicamente, hay cinco cuestiones que dividieron aguas en los últimos días.
1. La nominación de Rafecas como Procurador: sorprendió Carrió con su pedido de que Juntos por el Cambio le otorgue al oficialismo en el Senado los dos tercios de los votos necesarios para poder designarlo. También Diego Santilli se mostró a favor de esa propuesta. El ala dura del macrismo se opone por completo, y el senador cordobés Ernesto Martínez fue quien lo manifestó de la peor manera posible al decir que se trata de "operaciones mediáticas de una señora gorda".
2. Presupuesto: la mayoría del interbloque de JxC que conduce Mario Negri no logró imponer su propuesta de abstenerse. Mientras la UCR se mantuvo unida en la abstención, entre los votos negativos siete fueron del PRO y seis de la Coalición Cívica. En el otro extremo, un sector del interbloque integrado diputados de Corrientes y Jujuy respaldaron el proyecto.
El macrismo duro respondió con furia a la foto de Carrió, Larreta y Vidal
3. Convocatoria al diálogo: tras la carta de Cristina Kirchner, Macri en un rebuscado y tardío hilo de Twitter salió a decir que debía llevarse adelante con ciertas condiciones. Para algunos referentes del sector moderado de PRO, que lideran Rodríguez Larreta y Vidal, fue una manera de "marcar la cancha", revalidar su autoridad y asegurarse de que el diálogo nunca ocurra.
4. Campo de los Etchevehere: algunos sectores partidarios no vieron con buenos ojos que la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el excandidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto, hayan viajado a Entre Ríos a apoyar a los varones Etchevehere en contra de su hermana Dolores, que reclama la propiedad de un campo familiar.
5. Toma de tierras en Guernica: no pasó desapercibido el tweet donde Horacio Rodríguez Larreta asegura que "es esencial contar con la certeza de los derechos de propiedad" pero al mismo tiempo "atender las situaciones de un enorme déficit habitacional" en el país, en un matiz que no todos en su fuerza manifestaron. Tanto que algunos pedían "cortarles la luz" a las personas que se encontraban en el predio.
Fuente:Infonews
Impuesto a los ricos: por qué es de necesidad y
urgencia
Tras meses de dilatación, la coyuntura actual pide
que se aceleren los tiempos de discusión. Por qué las experiencias tributarias
avalan la idea. Cifras claves para entender su necesidad.
01 DE NOVIEMBRE, 2020
Por RODRIGO NÚÑEZ
Entre los imprescindibles escondidos que presenta el marco económico crítico se encuentra el proyecto de ley que apunta a gravar las grandes fortunas del país. Tras meses de dilatación, la coyuntura actual pide que se aceleren los tiempos de discusión para, además de sumar una nueva vía de recursos en tiempos de escases, fortalecer la figura de autoridad del Gobierno.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió a fin de septiembre el dictamen de mayoría al proyecto de aporte de las grandes fortunas. El mismo establece un aporte solidario a patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, que pagarán una tasa del 2% con el fin de recaudar más de 300.000 millones de pesos para destinar a planes sanitarios y al sistema productivo.
En ese sentido, el 20% de la recaudación se destinaría a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20% a becas al programa integral de becas Progresar y 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa.
Según precisó la AFIP, el proyecto alcanzará a 9.298 contribuyentes, y no a 12.000 como se había planteado en un comienzo. De ese total, 7.438 ya presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales y otros 1.860 todavía no lo hicieron.
La tasa se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% 600 a 800 millones. En tanto, subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones, al 3,25% para fortunas de 1500 millones de pesos a 3000 millones, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
Fija también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería, pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país.
Por qué no es una "locura"
A partir de la emergencia sanitaria global por el coronavirus volvió a ganar trascendencia el debate -en el mundo- en torno a gravar las grandes riquezas y los grandes patrimonios. El punto de partida fue la necesidad de que los países consigan nuevos ingresos fiscales en primera instancia para enfrentar la pandemia, y luego para todo lo que implicará la reconstrucción económica de los países.
En términos conceptuales, se homologó el “impuesto al patrimonio” con el “impuesto a la riqueza”. El argumento central de quienes consideran intrascendente este impuesto es que tiene una baja recaudación y un insignificante correctivo de la desigualdad, por tanto, provoca que la gran mayoría de jurisdicciones a nivel global no lo tengan dentro de su stock de medidas tributarias. Sin embargo, si se revisan las cifras a lo largo del tiempo de implementación en algunos países, el potencial de recaudación es altamente significativo en términos porcentuales del PBI.
Es que además en el caso de Argentina la riqueza de activos en el exterior es gigantesca. Se calcula que un 70% de los activos externos contabilizados no están reconocidos por la AFIP, lo que provoca que se dejen de recaudar unos U$S 1200 millones de dólares del Impuesto de Bienes Personales. Especialistas en materia tributaria coinciden en que esta riqueza debiera tener cuota tarifaria impositiva superior como establece la propuesta de un 2%.
Se puede pensar en países que tienen o han tenido vigente este tipo de impuesto en Europa (España, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Suiza). La primera constatación es que en la mayoría de los países del viejo continente que lo pusieron en práctica, no lo hicieron en forma permanente. Sólo Noruega, Suiza y Luxemburgo lo fijaron de manera constante (Alemania hasta el 2006, Austria hasta el 2000, Dinamarca hasta 1996, Finlandia hasta 1995, Islandia hasta 1996, Países Bajos hasta 2008, Suecia hasta 2006).
Según un informe del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, la característica común es su capacidad recaudatoria. En todos osciló entre 0.1 y 0.7% del PIB y en el caso de Suiza llegó al 1% del producto.
No hay excusas para la desigualdad
Según un documento interno de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social al que El Destape tuvo acceso, el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza y tributa sólo el 5.4% de su renta. Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual, un aumento seis veces superior al del PBI de la región.
A partir de la documentación existente en América Latina, el impuesto sobre la renta (ISR) a las personas físicas y el impuesto a los bienes inmuebles (IBM) están subvalorados o subutilizados. En el caso de las rentas de capital, que son las que permiten ampliar el patrimonio directamente, existe en toda la región un evidente y amplio sistema de exoneraciones y privilegios fiscales que provoca que no tributen significativamente.
Hasta ahora no hay evidencia empírica que demuestre que el Impuesto a la Riqueza afecte el crecimiento económico, desincentive la inversión, o impacte en el ahorro privado. Por eso aún es necesario clarificar la nomenclatura del impuesto frente a las operaciones de un sector del empresariado y medios de comunicación.
"Es cierto, que se ha optado por no incorporar patrimonio empresarial, por el uso de la agresiva planificación tributaria del poder corporativo que utiliza el actual sistema tributario internacional, a fin de aprovecharse de la opacidad dominante como son las sociedades off shore, las guaridas fiscales, el poco intercambio de información entre administraciones tributarias, o la desregulación en el control de capitales", apuntó el informe de Latindadd.
Fuente;ElDestape
31/10/2020 DÉFICIT HABITACIONAL
El Presidente ordenó avanzar en planes de viviendas para sectores vulnerables
La decisión es impulsar fuertemente los planes de urbanización de barrios populares y los programas Procrear y Reactivar para dar respuesta al déficit habitacional que se transformó en una fuerte demanda social.
Por Raúl Berneri
El presidente Alberto Fernández dio instrucciones a los ministros de su gabinete para acelerar la coordinación de los programas nacionales que apuntan a dar respuesta a los problemas de vivienda, entre los que se cuentan los planes de urbanización de barrios populares y los programas Procrear, que tiene nueve líneas de créditos, y Reactivar, indicaron hoy fuentes oficiales.
"Hay mucha gente que necesita un techo y que busca tierras y eso es un conflicto social, no es un conflicto penal, y hay que resolverlo así", dijo Fernández esta semana, atravesada por el desalojo del predio de Guernica, ocupado por familias que no habían aceptado el acuerdo para retirarse pacíficamente del lugar.
La más reciente de las acciones en la búsqueda de soluciones fue la puesta en marcha ayer de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para avanzar en mayores niveles de participación social e intercambiar ideas y propuestas para eliminar la fragmentación de las políticas territoriales, que debilita la eficacia de la gestión.
En la reunión de apertura del Comité Federal de la Mesa, que integran más de 140 organizaciones, se acordó impulsar la aplicación de los marcos legales para la ejecución de políticas de suelo, facilitar la llegada a programas con financiamiento estatal para la generación de lotes con servicios, reconsiderar aspectos tributarios y fiscales que impacten sobre el suelo, y asistencia técnica y capacitación.
Entre las iniciativas ya en marcha se encuentran los planes de urbanización de barrios populares, a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un presupuesto de 8.000 millones de pesos, producto de un fideicomiso que se sustenta con el ingreso del 30 por ciento de lo que recauda el impuesto país.
En la Secretaría ya hay 46 expedientes iniciados para concretar la urbanización de los barrios populares en distintos puntos del país, de los cuales 18 están en marcha y 28 se efectivizarán en los próximos días, según dijeron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo.
El principal instrumento para esta tarea es el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que tiene como objetivo el financiamiento para la implementación de los proyectos de urbanización, que abarcan a más de 4.400 barrios populares de todo el país, y cuyas obras deberán adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo integradas, preferentemente, por los vecinos y habitantes de esos barrios.
La idea de Arroyo es que en forma conjunta con otro plan, el denominado Potenciar Trabajo, se pueda brindar una respuesta concreta para mejorar el hábitat y la ocupación y por ende la economía de los sectores vulnerables, y que facilite a su vez el acceso a viviendas dignas.
Este programa apunta a movilizar a 4 millones de personas y se complementa con créditos para la compra de herramientas a fin de impulsar emprendimientos productivos.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de María Eugenia Bielsa, trabaja para potenciar en especial los programas Procrear, con un esquema que prevé una inversión de 25.000 millones de pesos distribuidos en nueve líneas de créditos, y Reactivar.
El Procrear, que fue emblemático para acceder a una casa entre el 2008 y el 2015, se propone brindar 300 mil soluciones, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta propiedades nuevas en desarrollos urbanísticos.
Este programa se complementa con el Plan Nacional de Suelos, que según destacó Bielsa, "promoverá la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso al suelo urbanizado, que a su vez originarán relaciones formales con las provincias y municipios para poder crear bancos de tierra urbanizada y facilitar el acceso a la vivienda".
A su vez, el plan Reactivar apunta a retomar la construcción de más de 20.000 casas que se encontraban paralizadas dentro del Plan Nacional de Vivienda, y cuenta con un presupuesto estimado de unos 4 mil millones de pesos para este año y 10 mil millones para 2021.
De acuerdo con las fuentes oficiales, al concluir el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se había avanzado con la construcción de unas 31.000 viviendas, las que durante la gestión de Mauricio Macri quedaron paralizadas por la rescisión de contratos y que ahora, en parte, se procura retomar.
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