COLOMBIA.

 Es posible llegar a los autores 

intelectuales de las masacres

Por Carlos Meneses Reyes. Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020.

Resultan asesinados, en forma continua, sucesiva y selectiva, los lideres sociales, de minorías étnicas, afro descendientes e indígenas,de oposición política, activistas,de Juntas de Acción Comunal, Sindicatos, y ex guerrilleros desarmados, que se acogieron a los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colón y que se oponen a los postulados de la secta, mas que partido de gobierno,el Centro Democrático (CD).

Continuación del artículo del mismo título que se puede leer en este enlace

Enumerando, tenemos:

– Lo programático neoliberal del CD, como partido de gobierno se centra en lo relacionado con la mega minería. Las victimas, selectivamente asesinadas, pertenecen a quienes se oponen a esos programas y su actividad política enfrenta a los mega proyectos. Los territorios en donde se dan los crimines, tienen que ver con extensiones de tierra en que las multinacionales tienen un interés especial. A su vez, esos espacios – que son espacios vitales para las comunidades- demandan alta presencia militar para asegurar la invasión de la inversión extranjera.

Esa genuflexión lacaya, repercute en el asesinato de los habitantes raizales, en esos lugares. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera en lo de explotación minera, petrolera con fracking incluido. La utilización del agua, los paramos, reservas naturales. La aplicación de los planes bio energéticos. La dedicación del latifundio narco latifundista y terrateniente en la explotación extensiva ganadera; así como destinación de tierras en cultivos de la palma africana y de maíz, afín a lugar en la obtención de combustibles bio degradables,con el prurito del lavado de dineros en esas empresas.

– Proponen enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal; pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder, gracias al sistema desbastador de lo extractivo, en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, aparecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales. Los lideres sociales y dirigentes comunitarios que se oponen a esa degradación y depredación, resultan asesinados. Esos son también los masacrados. Esto esta intimimante relacionado con los interese programáticos del partido de gobierno, el centro democrático (CD). El 50% de los casos de asesinatos selectivos y de masacres ocurren en los municipios con minería ilegal.

– La secta criminal CD, como usufructuarios del proyecto paramilitar de “refundación” que instauró una reforma agraria sangrienta, producto del desalojo, destierro, despojo de tierras en mas de diez millones de hectáreas; a mas de siete millones de victimas, campesinos desplazados; mantiene en sus postulados la conservación de esa tierras en manos de los victimarios, sobre el montaje de ser “terceros poseedores”.

A sangre y moto-sierra imponen el “no molestar” a los que quedaron con esas tierras de los desplazados ( hoy mayoritariamente de las multinacionales) estimando como un asunto crucial, tanto en la bancada parlamentaria, como en las directrices presidenciales, que ese estatuo quo ilegal y criminal no sea modificado.Conocidos como reclamantes de tierras, son quienes a raíz de la desmovilización y entrega de las armas de las antiguas farc, impulsados y representados por los (las) lideres en sus comunidades, regresan a sus comunidades. Los y las lideres que los representan resultan ser los acribillados; sacrificados por tener conocimiento y actividad social de las situaciones de despojo y mantener contactos, organizar e impulsar la defensa con las víctimas despojadas de esas tierras. Resulta inocultable el sicariato al servicio de los intereses programáticos de ese llamado partido de gobierno, el CD.

– Esa secta,CD, en el poder, se opuso y saboteo la salida política al conflcito armado interno con las guerrillas de las farc-ep.

Obtenida la negociación y el arreglo definitivo, expresado en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, se propuso “hacerlo trizas”.

El llamado partido de gobierno, el CD, inspira entre sus seguidores un proceder sectario, de odio y de intransigencia en el trato del conflcito social y múltiple en el país. Para ellos hay “buenos muertos”.

– Una vez logrado el ilegitimo triunfo electoral con dineros del narcotrafico de la ÑEÑE política, ha sido visceral el sentimiento intenso, arraigado y personal, por desconocer a los antiguos ex combatientes, ex guerrilleros, la personería de sujetos en el ejercicio político, ganado con el arraigo en las masas populares por mas de cincuenta años de trabajo político y militar, anti oligárquico y anti imperialista.

– El tema de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos no deja de ser de aspecto primordial y sobre el que gira toda la política militarista, como estandarte del compartimento gubernamental, con la dosificación inoculada de su partido de gobierno, en desconocer la implementación de lo Acordado, para obtener una salida de fondo al problema del cultivo de la coca y la erradicación de la cocaína como factor de subsistencia para amplia población del campesinado colombiano.

Siendo que el Sistema transicional y de no repetición es integral, habilita el considerar lo de la implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como temática particular. De exposición originaria se concibió la sustitución de cultivos con la aplicación de la Reforma Agraria Integral (RAI) y para ésta la practica del buen uso del instrumento legal existente de la Zonas de Reserva Campesina. (ZRC). Una solución radical a los cultivos esta íntimamente relacionado en un todo integral y concatenado.

Pero en gracia de discusión, dar por aceptado que la aplicación de la sustitución voluntaria, con la rectoría de un ejercicio de aplicación de cooperativismo rural y de autonomía de economía campesina como sujeto activo de derechos, constituiría un eslabón o paso a la solución de ese flagelo. Actualmente el 37% de los casos de asesinatos selectivos y masacres ocurren en zonas de cultivos ilícitos. La amenaza del uso del glifosfato, significa la agudización del conflcito armado;la multiplicación de la comercialización de lo ilícito; la reaparición del escenario para incentivar el instrumento de guerra contra las drogas; la justificación de la presencia de los asesores de brigadas militares estadounidenses en el país;el imperio de la violencia y el terror en el campo colombiano.

– Los proyectos que afectan la conservación de la Naturaleza, están al orden del día en el emprendimiento del CD. No benefician el interés general de la Nación, ni el bienestar colectivo de las comunidades. Las someten a posibles expropiaciones de territorios ancestrales. Afectando ciento de miles de hectáreas de áreas protegidas; desconociendo los modelos de desarrollo en conservación. Se hace interminable las imprecaciones de ese partido contra la vida humana y de la naturaleza; puesto que contribuyen es a la institucionalización del Ecocidio.

De lo primordial o esencial

El CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas, de modos,de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea. Por ende, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social.

La secta, que no partido, el CD, apoyados por el sub presidente electo fraudulentamente, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto. Con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión; algo de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de exclusiva aplicación del juez transicional.

Lo de la injerencia de ese partido en el derrotero y función de la justicia, quedó plasmado y demostrado, durante el pasaje de presión política ejercida contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en lo referente con las resoluciones tomadas, contra su principal exponente, que funge como ex presidente y ex senador. Destaca en la búsqueda de una justicia de bolsillo, de comportamiento cortesano en el aliciente de lo elegante y distinguido para el servicio al Ejecutivo.

Resulta primordial volver a la temática de la búsqueda de la Solución Política al conflicto armado interno. Superar trabamientos y talanqueras ante la miopía insoportable de la no continuidad de las conversaciones con el ELN. Vencer obstáculos ante la actitud del avestruz, frente a la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejercito Popular de Liberación-EPL.Superar con creces el análisis de lo surgido con los entrampamientos a la implementacion de lo Acordado con las antiguas farc-ep, que trajeron el resurgimiento de la Segunda Marquetalia. Redefinir el llamado al creciente sector de las farc-ep, que no se acogieron al proceso de conversaciones con el Antiguo Secretariado y a quienes, indiscutible mente, los motiva la misma concepción de sus fundadores e ideológos históricos. Como se ve, el panorama es mas complejo que el tramitado hace cuatro años y es precisamente la vigencia de un factor partidario cuestionado, en los análisis que asume este artículo, el que lo coloca en la imposibilidad de una continuidad histórica de permanencia.

Predomina una arremetida guerrerista

Analistas y consultores han desarrollado trabajos de investigación entorno a estos temas asumidos. Partiendo del presupuesto del control territorial el monopolio institucional del mismo no esta efectivamente garantizado. Las economías criminales predominan y con ello el imperio de la corrupción con efectos directos en el desempeño constitucional de la fuerza publica. El conflicto armado es anterior al narcotrafico en Colombia. La existencia de ese conflicto incentiva múltiples factores que hacen cada día mas complejo la solución a tantos interrogantes de la vida nacional. Por ello el aumento de la violencia selectiva y de masacres.

La fuerza publica se mueve en escenarios de regiones en que, por ejemplo, se suceden enfrentamientos entre bandas criminales y ello refleja un tratamiento y sintomatología para el accionar contra insurgente. En otras regiones, las bandas criminales no se enfrentan y por lo general, la fuerza publica ejerce un control sobre ellas en el tratamiento y sintomatologia para el accionar contra insurgente. Lo predominante e inmodificable resulta ser la presencia territorial y copamiento de las insurgencias. Así presentado, es dable concluir que el principal problema de las institucionales fuerzas armadas radica en la existencia del factor insurgente y por ende, cómo hacer uso de esos factores armados para ese enfrentamiento contra insurgente y en ese orden de ideas el uso del instrumento paramilitar es de esencia sine qua non, en la medida en que exista el conflcito armado y las operaciones contra insurgentes oficiales. Eso explica el que el ejercito nacional, con ayuda de militares de Estados Unidos y huestes fascistas paramilitares, asuman el sangriento control de amplias zonas rurales. Ese accionar y practica aupada por una secta política de dirección gubernamental, es la que garantiza el efectivo cumplimiento a intereses corporativo-militaristas, afianzando los de las multinacionales; fortaleciendo el control político de los sectores terratenientes ganaderos y latifundistas, objetivamente aliados aliados del narcotrafico, redundando en beneficios para la cúspide del capital financiero colombiano.

De un Estado mafioso

Ante ese panorama destacar considerar la característica del Estado colombiano como un Narco Estado o Estado mafioso. Ello implica el desconocimiento o inexistencia de un Estado de Derecho, puesto que el ataque al individuo, como ciudadano, es lo dominante en una teoría militar de aplicación del enemigo interno. En eso juega el interés del partido o secta de gobierno de imponer su ideario político y económico, sustentado en las privatizaciones a ultranza; alicientes al sector financiero, en contra de los beneficios populares; subsidios a los grandes terratenientes y ganaderos; aplicación de reformas fiscales regresivas a cargo y en hombros del pueblo; la arremetida contra los derechos laborales de los trabajadores, en fantasiosa promesa de ayuda al impulso de empleos, para enfrentar la pandemia del coronavirus; la preparación y/o mantenimiento del sistema electoral corruptor y clientelista en el control y atornillamiento, mediante el fraude electoral que avecina, ante el paisaje de renovación alternativa, que el auge del movimiento popular y revolucionario asoma en Colombia.

Existen múltiples presentaciones del oscuro panorama de la Nación colombiana. En lo local-regional, persisten disputas dentro del Establecimiento de poder hegemonico oligárquico contra insurgente.La dosis de militarismo la asoma el analista y asiduo colaborador del portal rebelion.org, el profesor Renan Vega: Claves: 1.- Las Fuerzas de Tarea Conjunta, según los define el profesor Renán Vega Cantor (Vega, 2016) “son grupos de despliegue rápido con una diversidad de especializaciones. Estos grupos se caracterizan por su capacidad de adaptación en diversos terrenos y su flexibilidad en el tipo de acciones, además de su carácter ampliamente confidencial. En varias de ellas hay presencia de Comandantes de Brigada del Pentágono estadounidense con experiencia en Irak y Afganistán.” “La Fuerza de Tarea conjunta Vulcano a la que según el Ministro de Defensa colombiano se dirige parte de esta tropa extranjera, está ubicada en Tibú, Catatumbo, departamento Norte de Santander. (Frontera con el Estado Zulia) Cuya fuerza inicial es de entre 7.900 y 10.000 efectivos. Estos fueron reforzados en el 2018 con alrededor de 5.000 efectivos de las Fuerza de Despliegue Rápido N°3 (Fudra). Esta es la única Brigada que según Carlos Holmes, vendría a asesorar este contingente estadounidense en la frontera colombo venezolana”.

Predomina una desconfianza en torno a la fuerza publica y no asoma una capacidad de liderazgo, con voluntad política, para desescalar el conflcito armado interno. Centrar el problema de fondo en la guerra contra las drogas, impone el contenido militarista del partido en el poder. Para ello sublimizan; es decir, engrandecen, exaltan, elevando a un grado superior a una fuerzas armadas, sumergidas en el laberinto de la desfachatez, escándalos, divisiones internas.

Quien se oponga, tanto política como academicamente a las posturas del gobierno y su partido, están en la mira del sicariato. Puede resultar extenso; pero intenté traer a colación todos y cada uno de los aspectos de la vida nacional; incluidos temas como la salud, la defensa ecológica y otros. No es que haya olvidado la suerte de la población en las ciudades. Al igual que las masas empobrecidas de los lugares apartados, soportan la convergencia de la violencia,resultado del gobierno hegemonico de la derecha militarista contra insurgente; siendo los sectores populares los mas golpeados en el acumulado de muertos, por una guerra que no termina.

Que aunque cojee llegue la justicia

El vil asesinato de que fue objeto el líder opositor Jorge Solano Vega, en la ciudad de Ocaña, el pasado 03 de noviembre, registra la detención de un sujeto, oriundo de Medellin, como autor material. Se valora los sendos pronunciamientos del Ejercito de Liberación Nacional de Colombia- E.L.N y del Ejercito Popular de Liberación- E.P.L, en el sentido que no tuvieron que ver en absoluto con la autoria de tal crimen.

Estas dos entregas apuntan a motivar en la búsqueda de los autores intelectuales de los horrendos crímenes ocurridos en Colombia.Como un ejercicio más, he redactado la Ponencia: “La Con causalidad de la Responsabilidad Penal del Centro Democrático en el Hecho Punitivo de Asesinatos Selectivos y Masacres”. Una tesitura que expongo a la Academia y Juristas de América, para que sea abordada por la disciplina penal y aporte a tal fin en los operadores de la justicia colombiana; o en última instancia, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Fuente: Rebelión

Entrevista a Leyner Palacios, comisionado 

de la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad

Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020.

El comisionado Leyner Palacios recientemente elegido para el cargo por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV-, habló en exclusiva para Contagio Radio sobre su nombramiento, el reconocimiento que se le hizo como “Defensor del año”, la realidad de los líderes(as) y defensores(as) de derechos humanos en el país y los retos de la Comisión de la Verdad.

Además de su cargo como comisionado, Leyner ha sido un consagrado defensor de derechos humanos, víctima de la masacre de Bojayá en el año 2002 hoy representa al colectivo de víctimas de dicho ataque. Adicionalmente ha trabajado directamente con las comunidades afrodescendientes víctimas del conflicto en el departamento del Chocó desde su trabajo con la Pastoral Social y la Comisión Interétnica por la verdad del Pacífico.

-¿Qué significa recibir el premio como Defensor del Año en la IX edición del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2020?

-Es una alegría compartir con ustedes este momento. Este premio es un reconocimiento para la sociedad colombiana y las comunidades; el cual también dedico a los líderes y lideresas que siguen defendiendo la vida. Este premio nos llama a hacer memoria de cuántos líderes han sido asesinados y amenazados después de la firma del Acuerdo de Paz.

-Usted y su equipo de protección han sido víctimas de ataques a su seguridad, de hecho uno de sus escoltas fue asesinado. ¿Cómo ha sido este periodo de cuarentena que inició con esa situación crítica para su seguridad y siguió hacia el nombramiento como comisionado de la Verdad?

-Este 2020 ha sido un año bastante complicado para mí. El 3 de diciembre del año pasado recibí amenazas para abandonar mi territorio, eso me llevó a radicarme en Cali y allí perdí a uno de mis escoltas. Fue muy difícil superar esa intimidación, no podía dormir, tenía que trasladarme constantemente de un lugar a otro, escondido como si fuera un delincuente. Yo he sido un defensor de derechos humanos de cara al país, la ciudadanía me conoce abierto y sincero. Por eso me sentía muy mal estando en esas afugias.

No obstante, en medio de todo eso, siempre recibí mucho apoyo y solidaridad. Creo que para que yo esté vivo intervinieron dos cosas: Primero mi diosito, que nos protegió; las oraciones de las comunidades y los rezos ancestrales. Segundo, la misma ciudadanía; es impresionante cómo Colombia se movilizó y se preocupó por mi situación de seguridad, ejerciendo presión a las autoridades para que no me dejaran matar. Yo valoro mucho esa protección colectiva que ejerció la ciudadanía colombiana, estoy muy agradecido por eso, mi vida hoy es posible por esa gran presión y esa movilización.

Muchos colombianos queremos la paz, la reconciliación y la verdad, y en ese sentido nos identificamos y por eso es tan importante esa labor de defensa y protección que muchos y muchas han ejercido en mi caso.

-¿Cómo se traduce esa solidaridad ciudadana, que usted destaca, en el avance de los procesos comunitarios particularmente en el caso de Bojayá y los procesos que lidera la Comisión Interétnica del Pacifico?

-Cuando yo salí de Bojayá por las amenazas, experimenté el nivel de miedo que viven los líderes; hoy en Bojayá nadie se atreve a denunciar lo que allí está pasando. Bojayá hoy está peor que en el 2002, existe una avanzada paramilitar muy fuerte en ese territorio, una cooptación y un control sobre la población civil tremendamente grave e incluso amenazas a defensores y líderes de la iglesia lo cual nunca antes había ocurrido. Ocurren intimidaciones a organismos de control y a organismos internacionales y eso está pasando a lo largo y ancho del Río Atrato, lo cual es muy triste porque he sentido que el proceso organizativo se ha debilitado.

Actualmente las organizaciones de esta región están más silenciadas y es evidente que han disminuido las denuncias por vulneraciones a los derechos humanos, no porque no estén ocurriendo, sino porque hay un silenciamiento a la labor de los defensores. Los líderes de allá, muchos de ellos jóvenes, me dicen que no quieren denunciar por miedo a que les pase lo mismo que a mí.

Aunque mi salida también me permitió estar en otros territorios del Pacífico y continuar el trabajo organizativo ya desde un nivel regional; ahí constituimos la Comisión Interétnica por la Verdad del Pacífico y avanzamos en la consolidación de una propuesta metodológica de investigación para esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado desde la perspectiva del daño al territorio. Esta metodología permitirá evidenciar al país que estas comunidades del Pacífico, no solo han sido víctimas del conflicto, sino que han sido sometidas a una especie de genocidio, especialmente las comunidades afrodescendientes e indígenas.

La Comisión Interétnica surgió como una propuesta de la sociedad civil en la que se congregan más de 35 organizaciones como plataforma donde convergen objetivos distintos pero con un objetivo común, la cual ha sido rodeada por la Comunidad Internacional.

Por otro lado, está mi llegada a la Comisión de la Verdad, los desafíos que hay para construir verdad en Colombia son bastante grandes. No nos digamos mentiras, es muy difícil construir verdad en los territorios étnicos donde el conflicto armado se ha exacerbado de manera terrible, en donde la pandemia ha tenido unos impactos muy grandes, donde existen desafíos de movilidad y acercamiento a las comunidades porque no se puede llegar de manera virtual, pues estos territorios no cuentan con Internet por ende se dificulta establecer ese contacto con las víctimas.

Pese a esto la CEV ha hecho grandes esfuerzos, se han escuchado alrededor de 12.000 testimonios, lo que, dado el contexto en el que se ha trabajado ha sido una gran apuesta, sobretodo por la riqueza de esos testimonios en los que se encuentran las voces de los responsables, de las víctimas y también de empresarios.

A futuro la Comisión pretende establecer un relato que esclarezca el conflicto armado, pero lo más importante, un relato que permita la reconciliación, pues una verdad que termine por polarizar y desangrar más el país no tiene sentido. Eso no quiere decir que se van a esconder verdades, la verdad tendrá que aflorar pero el desafío es que aflore para reconciliar.

-¿Cómo hacer que un informe que recogerá verdades que seguramente van a levantar ampollas no se convierta en un foco de odios y polarización?

-Como Comisión de la Verdad, no podemos engañar al país. Nosotros venimos viviendo una violencia por más de 54 años, una violencia cíclica que tiene unos patrones que se repiten en la historia de dicha violencia.

Si no tocamos esos patrones de persistencia del conflicto armado vamos a condenar al país a que repitamos un modelo de violencia y a que vivamos un nuevo ciclo. Por eso, ahí está el desafío de tocar esos patrones para lograr transformarlos. En ese sentido, más allá de la descripción de las dinámicas del conflicto el gran desafío es proponerle al país una serie de recomendaciones para que la sociedad las entienda y asuma, y para que las autoridades se comprometan con ellas para precisamente, evitar que se repita el modelo.

Por ejemplo la creación del paramilitarismo en Colombia de antaño, surge de una lógica de alianza con miembros de la Fuerza Pública, con sectores políticos, esto es un hecho que la Comisión no se va a inventar ahora, eso está claramente dicho. Lo más grave es que ese fenómeno se repite. No hay manera de que la Comisión no aborde ese tipo de situaciones; pero se hace no con la intención de hacer señalamientos sobre si la Fuerza Pública es mala o es buena, a nosotros no nos corresponde calificar eso.

Lo que se quiere hacer es llamar a la reflexión al país, porque si esos temas no se abordan y no se proponen medidas para que por ejemplo las Fuerzas Militares implementen cambios, vamos a seguir viviendo hechos de violencia.

¿Cuántas masacres llevamos este año? Más de 70. Es decir la violencia se sigue manteniendo a pesar de que estamos en un proceso de consolidación y de construcción de paz y todo porque no estamos aún en la capacidad de aceptar los errores que hemos cometido en ese pasado terriblemente doloroso. Por eso tenemos que prepararnos para afrontar ese horror del pasado y para a partir de eso, ponernos de acuerdo en cómo vamos a reconstruir el país.

-¿Que han pensado desde la Comisión para que ese relato de esclarecimiento logre en efecto reconciliar?

-Nosotros estamos trabajando desde la lógica de la escucha plural, hemos recibido más de 12.000 testimonios incluidas las voces de miembros de las Fuerzas Militares, la guerrilla, las víctimas… En los testimonios que hemos recopilado van más de 8.000 testimonios de las víctimas y eso es un capital muy importante para descifrar el entramado de la guerra, de igual forma hemos escuchado empresarios.

Yo lo que quiero es hacer un llamado para que más gente llegue y nos dé su testimonio porque nuestro desafío es construir un relato equilibrado sin tendencias para ningún lado; un relato que permita el esclarecimiento y sobre todo la comprensión de las causas del conflicto para que nos comprometamos con esa transformación que necesita el país.

Con el modelo de investigación que ha implementado la Comisión estamos convencidos que se emitirá un informe equilibrado. Por ejemplo yo que soy víctima de Bojayá, ya en mi rol de comisionado tengo que escuchar a otras víctimas, pero también a los victimarios de todos los sectores y a partir de esa escucha tenemos que hacer un análisis lo más desprendido de apasionamientos.

Por eso es grave que muchos estén criticando a la Comisión y al Sistema Integral en lugar de acercarse a dar su testimonio porque con eso se le hace un daño al país, su testimonio es necesario para la construcción de un relato equilibrado; entonces no depende solo de la Comisión o del Sistema, depende también de que muchas voces se acerquen y puedan dar su perspectiva de los acontecido en el marco del conflicto.

-¿Cómo ha sido ese proceso de convertirse, como comisionado de la verdad, en una especie de representante del Estado cuando al mismo tiempo se tiene un rol de representación de las víctimas?

-No es fácil, es un ejercicio en el que incluso a veces uno se cuestiona su lugar y si tenía que venir acá o más bien seguir representando a las víctimas en otros escenarios. Pero creo que ha sido importante llegar a la Comisión por el momento en el que se encuentra y por esa disputa por la verdad que existe.

Creo que la Comisión requería esta voz y esta perspectiva desde las víctimas y mi aporte desde la lógica de la visión étnica y territorial de la paz. Es también un deber como ciudadano de participar porque el derecho a la paz, si bien es un derecho, también es una obligación en la contribución para llegar a su consolidación.

Siendo parte del Estado es cuando podemos mostrar cómo es que este debe relacionarse con los territorios desde la experiencia que tenemos; eso permite enriquecer las lógicas de funcionamiento del Estado.

Fuente: Contagio Radio

Movimiento carcelario denuncia 

riesgo de contagio de Covid-19 por 

requisas de INPEC

Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020.

En un reciente comunicado de prensa, el movimiento carcelario denunció un conjunto de operaciones de requisas por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que pondría en riesgo la vida de la población privada de la libertad, debido al posible contagio de Covid-19. Estos operativos no se estarían realizando bajo medidas de bioseguridad, ni respetando el distanciamiento para evitar la pandemia.

En la misiva se indica que estos operativos fueron ordenados por el Ministerio de Justicia, en todas las cárceles del país. Dichas acciones las estarían realizando grupos del Gaula, CRI y el CTI.

«Estas requisas no están garantizando el distanciamiento social, toda vez que vienen sacando a los presos de sus celdas y agrupándolos en espacios muy reducidos», afirman en el documento. Sumado a ello, denuncian que los guardias han tenido contacto directo con las pertenencias directas de la población reclusa.

El contagio de Covid 19 en las cárceles

El mayor temor de la población reclusa recae en los altos contagios que ya sufrieron, debido a que 17.000 personas padecieron Covid 19. Un contexto que evidenció la ausencia total de atención por parte del Estado.

Además, la primera ola de contagio fue provocada por el INPEC, ya que eran las únicas personas que ingresaron o salieron de las cárceles. Actualmente, y debido a que nunca se ordenó un acuartelamiento, continúan saliendo y entrando de estos lugares.

Las violaciones a DD.HH que vive la población privada de la libertad

En el comunicado, el movimiento carcelario asevera que durante 9 meses han sido privados del derecho a la visita, sin que se establezcan medidas para hacerla con protocolos de bioseguridad. Igualmente se les estaría cobrando un IVA desde este 2 de diciembre; desconociendo que al ser una población vulnerable son excluidos por ley del pago de este impuesto.

De otro lado, los internos de la cárcel la Picota denunciaron la pésima calidad de comida que les servían, señalando un posible hecho de corrupción en la prestación del servicio de alimentación que hace el correspondiente contratista.

Finalmente recordaron la masacre perpetrada por guardias del INPEC el pasado 21 de marzo, exaltando la impunidad absoluta frente a los responsables de estas acciones que cobraron la vida de 24 personas y dejaron un saldo de 90 heridos.

Las exigencias del movimiento carcelario

Frente a estas vulneraciones la población reclusa exige la reducción del 20% de sus condenas, como indemnización a los tratos crueles e inhumanos de los que han sido víctimas. Asimismo, solicitan que se normalice el ingreso de visitas bajo medidas de bioseguridad.

En esa misma vía, están pidiendo al Congreso de la República que realice un debate de control político sobre el accionar de los funcionarios del INPEC y su accionar el 21 de marzo. Por último están convocando a todas las organizaciones sociales a que les acompañen en la lucha por garantizar sus derechos.

Fuente: Contagio Radio

Envio:RL