La Policía detuvo a Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán y dirigente de Movadef
Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2020.-
Esta detención se dio en el marco del operativo represivo iniciado hace dos días que culminó con 70 detenidos.
En un operativo realizado por la Dircote y la Diviac, detuvieron a Alfredo Crespo, abogado del prisionero político Abimael Guzmán y uno de los principales miembros del Movadef.
El comandante General de la Policía, César Cervantes, informó que, hasta el momento, hay 70 detenidos y 94 allanamientos en el marco del operativo ‘Olimpo’. Además, señaló, con una alta muestra de cinismo, que esta captura se realizó respetando los derechos humanos y cumpliendo los protocolos.
En una mega montaje para justificar la represión masiva contra Movadef, el Mininter advirtió que los detenidos «estarían creando organismos de fachada» para realizar «actividades terroristas en Lima y Callao». Agregó que «obedecían directivas y consignas de la cúpula dirigida por Abimael Guzmán Reinoso y otros miembros actualmente en prisión». De esta manera, el actual gobierno, igual que los anteriores, resucita el clima de una guerra interna que culminó hace más de dos décadas pero que siempre le sirve para operaciones distractivas a costa de reprimir y proscribir organizaciones legales.
Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020.
Nuestros colegas de La Palabra Justa, se metieron a fondo con la realidad peruana y sobre todo con la ola de detenciones que esta semana se produjo de militantes del Movadef. Damos a conocer dos entrevistas en ese sentido. Por un lado a Alex Chamán Portugal, sociólogo y periodista peruano y a Esther del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) -Base Argentina-.Ambos comentan sobre la situación política y represiva del Perú, lxs presxs políticxs y las distintas luchas del pueblo peruano.
Ivan Brehaut* / Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020
Si las noticias sobre el crecimiento de las áreas deforestadas por la secta menonita en Ucayali eran preocupantes, la presentación de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre sobre la deforestación por narcotráfico en la región son más que alarmantes.
Finalmente, el Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, mostró datos concretos del cáncer que crece en Ucayali.
Como venimos informando desde hace meses, las actividades ilegales en Ucayali son una realidad cada vez más presente en las zonas rurales de la región. La ilegalidad ha capturado extensas zonas de los distritos de Masisea, Callería, Iparía y Raimondi. Y esta ilegalidad tiene nombre: narcotráfico.
Desde hace meses, en este espacio veníamos alertando respecto a las presiones que sufre la población rural, particularmente los indígenas, por el ingreso cada vez más intenso de agricultores, que más allá de buscar zonas para maíz o cacao, solo buscaban nuevas áreas para el cultivo de la hoja de coca.
En todas las zonas que visitamos, la llegada de agricultores y comerciantes de Satipo, del VRAEM, de Huánuco, Pasco, incluso de Cusco y el Huallaga, es notoria. Cada 3 o 4 meses, nuevas olas de migrantes arriban a poblados poco conocidos, con el único fin de colaborar con la cosecha de la hoja. Botes repletos con pasajeros mueven también cargas sospechosas. Un solo pasajero, hace unas semanas, movió sin ningún problema 3 sacos de semillas de coca, traídas desde el río Mantaro, para ser sembradas en Tahuanía.
Algunos de los cambios registrados por la GERFFS en Ucayali en solo 5 meses del 2020
Sería iluso no ir atando cabos. La muerte de defensores ambientales, las amenazas a dirigentes, el silencio de autoridades locales de todo tipo y la ligereza con la que se atienden casos de asesinato en algunas cortes de justicia de la región, son apenas síntomas de la degradación social que irá creciendo, si no se toman acciones prontas y estratégicas.
La presentación ayer del Gerente Regional Forestal, como parte del proceso de relanzamiento de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, inactiva por más de dos años, ha sido explícita en relación a las amenazas que enfrenta Ucayali.
La actitud valiente de Marcial Pezo y de su equipo técnico, mostrando lo que nadie quiere mirar y que solo se susurra en conversaciones privadas, nos llama a reunir fuerzas, a coordinar intersectorialmente y a hacer entre todos el esfuerzo por pensar en la mejor forma de atender este álgido problema.
Más allá de que la tala ilegal y el comercio ilegal de especies de fauna sean un problema real y terrible en la Amazonía, que tampoco podemos dejar de lado, hay enemigos mayores. Mucho mayores y poderosos. No solo están en Ucayali. Loreto, San Martín, Huánuco, Cusco, Junín, Ayacucho, Amazonas, todas son regiones invadidas en diversos niveles por el narcotráfico.
Tampoco es un fenómeno nuevo. Como la minería ilegal, hace décadas que el crecimiento del narcotráfico ha ido en aumento, a pesar de las intervenciones estatales.
Lamentablemente, la buena gestión emprendida por el hoy ex ministro Rubén Vargas, mientras estuvo liderando DEVIDA, está ahora en vilo. No podemos asegurar que los cambios profundos en las estrategias para reducir el crecimiento de los cultivos ilícitos, que su gestión venía implementando, vayan a tener continuidad.
Son tiempos difíciles en todo sentido, pero ocultar lo que para muchos es evidente, no nos ayuda en nada. Hay bosques y más importante, hay vidas que defender. El gesto del Gobierno Regional de Ucayali es una señal de que quizá podamos recuperar, en el mediano y largo plazo, algo de la paz que el narcotráfico nos está arrebatando. Ese es el enemigo, el mayor enemigo.
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* Ivan Brehaut se autodefine como viajero, no turista. «Viajo por el Perú, escribo sobre lo que veo y aprendo. Fotografia, naturaleza y humanidad. @IvanBrehaut».
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Fuente: Lamula.pe:
FUENTE: SERVINDI
Agroexportadoras agroexplotadoras
Por Milcíades Ruiz* / Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020
Ahora que se habla tanto de una nueva constitución es necesario acabar con el entreguismo de la república bicentenaria. Bienvenida la inversión extranjera, pero en condiciones equitativas. Si les subsidiamos es porque la retribución es mayor. De ninguna manera a costa de los trabajadores ni del erario nacional. Ustedes ¿qué dicen?
Ay, suerte maldita llevar cadenas,
y ser esclavo,
y ser esclavo de un vil señor
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Si yo pudiera coger mi lanza,
vengarme airado de mi señor,
con gusto viera yo arder su casa
y le arrancara el corazón.
Año 1873 de la república bicentenaria
Al mismo tiempo que el estallido de los jóvenes obreros de la agroindustria exportadora bloqueaban la carretera Panamericana para ser escuchados en sus reclamos salariales, otros jóvenes fueron objeto de persecución política acusados de terrorismo solo por suposiciones. En el comunicado oficial se dice que tras 5 años de vigilancia (en los que no cometieron actos terroristas) “estarían” creando organismos de fachada para realizar actividades terroristas. En ese sentido, obedecían las directivas y consignas de la cúpula dirigencial de SL. No es convincente. En el Perú, en el gobierno de Sagasti, hay persecución política.
En el Perú, en el gobierno de Sagasti, hay persecución política.
¿Qué objeto tendrían estas redadas en estas circunstancias? ¿Querían desviar la atención? ¿No es, esta una arbitrariedad anticonstitucional? Pero nadie los defiende ni lo desean. El daño a estos jóvenes es injusto. Ni los organismos internacionales ni los defensores de los derechos humanos dicen nada. ¿Será que estos jóvenes no tienen derechos humanos? El terrorismo es repudiable pero el abuso de poder es contraproducente. Lo que dio enorme fuerza política al partido aprista después de 1920 fue precisamente el brutal martirologio de que eran objeto sus militantes.
El terrorismo es repudiable pero el abuso de poder es contraproducente
La persecución política en la historia, la han sufrido muchísimos revolucionarios, con redadas policiales indiscriminadas, pero lejos de amedrentarlos les dieron más coraje y mística. La sufrieron viejos dirigentes del partido comunista, sindicalistas y políticos castristas. La represión contra Hugo Blanco dio como resultado la votación más alta en las elecciones a la asamblea constituyente de 1978. Esta barbarie policial es tan repudiable como el terrorismo político y el de estado. El que calla, otorga. Si no decimos nada, harán lo mismo contra nosotros utilizando cualquier pretexto.
Pero volviendo al asunto de la huelga de los obreros de las empresas oligopólicas en la agroindustria agroexportadora, mayormente de capitales transnacionales, ha hecho bien el gobierno de no generar mayor violencia con represión policial en Ica. En cambio, en Virú, la represión ha dejado un joven muerto. La prensa, alentó a los jóvenes limeños que salieron a protestar sin objetivo claro, pero no hace los mismo con estos jóvenes provincianos que si tienen un objetivo claro. No se ha dramatizado el hecho, ni dicen “asesino” al presidente, ni hay denuncias de abuso de poder. La prensa le da otro enfoque a este estallido. Así se maneja a la gente.
Pero antes de proseguir es necesario aclarar lo siguiente: No es un paro agrario como lo presentan los noticieros. No son los agricultores los que protagonizan este hecho de fuerza. Es un paro de obreros asalariados contra los abusos de las empresas exportadoras que los explotan. Los gremios que defienden a estas empresas, tampoco son de agricultores sino de agroexportadores. Hay gremios patronales por cada ramo y estos están corporativizados en un gremio general de agroexportadores que lleva el nombre engañoso de AGAP (Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú), afiliado a la CONFIEP.
Esta problemática ha desbordado en Ica, pero ella se extiende en toda la costa hasta Tumbes, donde operan los capitales, chilenos, ingleses, noruegos, españoles, y otros de Europa y EE UU.
Esta problemática ha desbordado en Ica, pero ella se extiende en toda la costa hasta Tumbes, donde operan los capitales, chilenos, ingleses, noruegos, españoles, y otros de Europa y EE UU. Por ejemplo, Campo Sol S.A. es una empresa agroexportadora que opera en diversos valles costeños, sierra central y también en el extranjero (Colombia, Chipre, etc.) siendo propiedad de:
Fuente: Informe de Caso CAMPOSOL A.S.- CGTP- SITECASA, -Asociación Aurora Vivar
Esta transnacional ha tenido ya conflictos con sus trabajadores por abusos y recorte ilegal de sus derechos. En el 2007, tuvo una huelga de varios días y la represión policial ocasionó varios heridos de bala y prisioneros denunciados judicialmente por daños contra la propiedad privada y pública. No se respetó el debido proceso, como se estila en los gobiernos pro patronales.
Esta problemática se origina en el año 2000, en el gobierno de Fujimori, cuando se dio la ley 27360 o, engañosamente, Ley de Promoción Agraria, que declara de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario, pero que, en realidad estaba dirigida a beneficiar a las empresas agroexportadoras con un régimen privilegiado tributario y laboral. Solo pagan la mitad el impuesto a la renta, se le devuelve lo pagado por impuestos a la importación (drawback) de insumos (por ejemplo, fertilizantes, fármacos agropecuarios y otros rubros fraguados).
En materia laboral quedan exceptuados del régimen común en cuanto a salarios y derechos de los trabajadores incluyendo recorte de salarios y de vacaciones. Mientras los obreros de construcción civil en buena hora, perciben 80 soles diarios, más seguro social, jubilación, vacaciones, maternidad, bonificaciones por escolaridad, riesgo laboral, horas extras, dominical, labores fuera del lugar de residencia, gratificaciones por fiestas patrias y también por navidad, seguro de vida, CTS y otros, los trabajadores de la agro exportación quedan marginados de estos derechos.
Estos incentivos otorgados a costa nuestra porque es una sustracción a la caja fiscal, que deja de percibir millones de soles, también es a costa de los trabajadores. No conformes con el subsidio que reciben, estas empresas utilizan los carroñeros “services”, para eludir el pago de derechos laborales y de impuestos. Ahora, echan la culpa a estas carroñeras informales, pero son los agroexportadores quienes las contratan. El subsidio estatal a estas empresas está también en las tierras para sus latifundios en las irrigaciones financiadas con los impuestos pagados por todos los peruanos.
Lorenzo Eguren: Subsidio en la venta de la tierra en proyectos de irrigación en la costa
Este privilegio denigrante otorgado a las empresas extranjeras exportadoras debía terminar en el 2021, pero Vizcarra mediante decreto de urgencia lo ha prolongado hasta el 2031. Solo los colaboradores eficaces podrán decir si hubo, o no, coima, pero lo que sí puedo afirmar es que algunas de estas empresas agroexportadoras como Pedregal y Agroindustrial Beta y otras, han recibido fondos de Reactiva Perú, por el monto máximo.
En diversos artículos ya se han referido al régimen laboral y las atroces condiciones de trabajo en las agroexportadoras, pero al igual que los latifundistas feudales, se están utilizando ahora capataces que son más terribles que los dueños. El régimen de “destajo” lo empleaban los terratenientes antes de la reforma agraria, señalando una cantidad de trabajo por jornal. Si no se cumple con esta arbitrariedad, el neo feudalismo en vez del azote, aplica descuentos salariales.
con esta arbitrariedad, el neo feudalismo en vez del azote, aplica descuentos salariales.
Al igual que la época en que los opositores a la reforma agraria defendían el régimen injusto, ahora también, hay quienes defienden a los terratenientes agroexportadores argumentando los beneficios de la falsa ley de promoción agraria-27360. Persisten en mantener este denigrante régimen privilegiado a las transnacionales, o en el peor de los casos, solo eliminar el régimen laboral pero no todos los privilegios. Los millones de dólares donados a la campaña política fujimorista demuestra la altísima rentabilidad que tiene las agroexportadoras. No necesitan ser subsidiadas.
Gracias a nuestra ecología, mientras en otras partes del mundo solo obtiene 6 toneladas de espárragos por ha, en Virú se obtienes hasta 20 tm/ha. La diferencia es abismal y por ello, los inversionistas extranjeros cumplen sus compromisos comerciales enviando lo nuestro, pero con marca extranjera. De modo que, rentabilidad y competitividad les sobra razón por la cual no se justifica mantener dicha ley.
Pero si hasta los restaurantes tiene la obligación de dar participación en las utilidades a sus trabajadores, ¿Por qué no, las transnacionales agroexportadoras? Es verdad que las agro exportaciones vienen dando empleo a mucha gente y sobre todo a las mujeres. También es verdad que, en el papel, las exportaciones peruanas se han elevado, pero toda la riqueza que genera nuestro suelo y nuestro trabajo, no se queda en beneficio del país. Se va fuera para fortalecer a nuestros depredadores y la ilusión de ser grandes agro exportadores es solo retórica.
Ahora que se habla tanto de una nueva constitución es necesario acabar con el entreguismo de la república bicentenaria. Bienvenida la inversión extranjera, pero en condiciones equitativas. Si les subsidiamos es porque la retribución es mayor. De ninguna manera a costa de los trabajadores ni del erario nacional. Este criterio debería prevalecer en el debate sobre la derogatoria de la mal denominada ley de promoción agraria- 27360. Hay que acabar con todos los privilegios a los poderosos. Ustedes ¿qué dicen?
(Escrito el 4 de diciembre de 2020)
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*Milcíades Ruiz es especialista en desarrollo rural. Dirige el portal República Equittiva: https://republicaequitativa.wordpress.com/
FUENTE: SERVINDI
Régimen Laboral Agrario: los
vacíos de la propuesta del ejecutivo
Resumen Latinoamericano, 4 de diciembre de 2020
En el 2018, el Ministerio del Trabajo elaboró un informe sobre este régimen especial. Hablamos con el exministro Christian Sánchez, para analizar los principales problemas del Régimen Laboral Agrario.
Una ley que tiene el objetivo de promocionar a un sector es válida, pero debe estar en constante evaluación para tomar una decisión en base a resultados. Por ello, la Ley N° 27360 (Ley de Promoción Agraria) ha recibido varias observaciones, ya que se encuentra en vigencia desde el 2001.
Como informamos anteriormente, un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del 2018, presentaba los resultados del llamado Régimen Laboral Agrario. Las conclusiones de ese informe elaborado durante la gestión del exministro Christian Sánchez, son las siguientes:
– El régimen de promoción del sector agrario no ha cumplido con el objetivo de incentivar el desarrollo de los segmentos mayoritarios dedicados a la actividad agrícola.
– Fundamentalmente ha contribuido a mejorar la rentabilidad de los estratos empresariales modernos, que estaban en capacidad de asumirlos costos derivados del régimen laboral general.
– No ha incidido de manera significativa en la mejora de la calidad del empleo asalariado (remuneraciones estancadas y condiciones precarias).
– Ha traído efectos colaterales negativos: mayor desprotección de los trabajadores ante el desempleo y afectación de la sostenibilidad financiera de EsSalud.
En declaraciones a LaMula.pe, el exministroSánchez recordó que los resultados de este informe señalaban que cualquier régimen de promoción debe ser temporal y no durar más de veinte años. Señaló que la recomendación fue tener cuidado con las condiciones de trabajo y fortalecer la inspección laboral en el sector, medidas que no han sido tomadas en cuenta.
Ahora, tras la masiva protesta de trabajadores agrarios en las regiones Ica y La Libertad, el Proyecto de Ley N° 6736/2020, propuesta del gobierno de Francisco Sagasti, solo propone prohibir la tercerización de servicios y que los pagos de gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se hagan de forma similar como en el régimen general.
Sin embargo, esta propuesta no incluye el reconocimiento del derecho de los trabajadores a una estabilidad en el trabajo. Al respecto, el exministro Sánchez señaló que en otros países como México, Chile, Argentina, Colombia o Uruguay, los trabajadores agrarios tienen derecho a una estabilidad laboral.
«Establecen la posibilidad de que trabajadores que son contratados por dos temporadas seguidas puedan adquirir el derecho a volver a ser contratados, a tener estabilidad en el trabajo. Nada de eso está regulado acá. Acá todos son temporales, rotan constantemente, eso presiona a la baja de los salarios y no se promociona la negociación colectiva«, dijo el abogado Sánchez.
Esta falta de estabilidad laboral provoca que los empleadores puedan cambiar constantemente de trabajo y este es un indicador más de empleo precario.
Además, el exministro Sánchez resaltó que en todas las regulaciones de trabajo agrícola del mundo, se diferencia lo que es el trabajo agrícola de la agroindustria. «La agroindustria es manufactura y eso debe estar en el régimen general», precisó.
En el sector agroindustrial peruano, la mayoría de empresas tiene tierras de cultivo y también espacios donde procesan y envasan los productos agrícolas. A pesar de ser dos tipos de trabajo distintos, los trabajadores que realizan estos dos tipos de labores distintas se encuentran en el mismo régimen especial agrario.
Otro problema a resolver son las condiciones de trabajo, para lo cual es necesario incluir a los trabajadores de la agroexportación dentro del seguro de salud complementario por realizar un trabajo de riesgo.
En ese sentido, es importante considerar que durante más de veinte años, las empresas agroexportadoras han estado aportando solo 4% de la remuneración a EsSalud, a diferencia de las empresas del régimen general y de las pequeñas empresas que aportan 9%. Esto no solo afectó la sostenibilidad financiera de EsSalud e incluso demostró que el seguro de salud agrario era insostenible.
Recordemos que un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) del 2015 ya advertía sobre los riesgos de salud de los trabajadores agrarios de Perú.
En este contexto de desiguales relaciones de poder entre trabajadores y empleadores, una de las formas de equilibrar la balanza es la formación de sindicatos, pero la temporalidad de los contratos es un obstáculo para ello.
«Es un régimen de trabajo en el prácticamente los sindicatos son inexistentes, por eso que ahora no vemos interlocutores de sindicatos en la protesta porque la contratación temporal empuja a que no se puedan crear organizaciones sindicales. Cuando quieren formarlas, no les renuevan el contrato y los obligan a litigar en el Poder Judicial», señaló el exministro.
Para el exministro Christian Sánchez, el Régimen Laboral Agrario ha exacerbado un conflicto social porque «ha permitido una acumulación de ganancias en el capital en desmedro del trabajo, sobre la base de degradación de derechos».
La solución, propone, debe tomar en cuenta todos estos problemas y resalta la importancia de la estabilidad laboral y el diálogo social. En ese sentido, recordó que el Perú ratificó el Convenio 99 de la OIT (1951) sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos en el sector agrario. Para ello, establece la OIT, los países deben crear una Comisión Tripartita, en la que estén representados trabajadores, empleadores y Estado. Sin embargo, este convenio, ha sido incumplido sistemáticamente en los últimos años.
«El Perú ha recibido varios llamados de atención de la Comisión de Expertos de la OIT por no haber constituido esta Comisión Tripartita. Todos los jornales que han sido fijados por ley, son violatorios del Convenio 99 porque no hay participación de los trabajadores. No hay diálogo social», señaló.
Con ello, el Régimen Laboral Agrario es también un régimen violatorio de compromisos internacionales, agregó el exministro.
¿La solución pasaría por hacer que los trabajadores pasen a un régimen general como el Decreto Legislativo N° 728? Para el abogado Christian Sánchez, eso no sería favorable para los trabajadores, porque los empleadores podrán realizar contrataciones temporales y los problemas continuarían. Por ello, resaltó el exministro, sí es necesario un régimen especial en el que se incluya la posibilidad de que los trabajadores agrarios puedan alcanzar la estabilidad laboral.
FUENTE: La Mula.pe
Envio:RL
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