04 de diciembre de 2020
El Senado sancionó el proyecto con 42 votos a favor y 26 en contra.
El aporte de las grandes fortunas ya es ley
En una sesión relativamente corta, el Senado sancionó la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. El Frente de Todos cosechó 42 votos positivos frente a los 26 que colectó Juntos por el Cambio. De esta manera, el Gobierno nacional estará en condiciones de recaudar 300 mil millones de pesos que deberán ser volcados a planes productivos y sanitarios.
La iniciativa prevé el cobro de 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevará al 2,25 por ciento en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento entre 400 y 600 millones y al 2,75 por ciento cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25 por ciento para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5 por ciento.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, fue el encargado de brindar los detalles de los alcances de la norma que busca paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. En ese sentido, el senador cordobés dijo que va a generar un “gran impulso” económico en Argentina. “Esta ley y estos recursos van a ser un gran impulso para la Argentina”, señaló y agregó que “es un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional” y remarcó que el país está “saliendo de esta pandemia como se salió de algunas guerras mundiales, con miles de muertos y las economías suficientemente desgastadas".
"Este aporte que solicitamos es para ayudarnos a recuperar de la pandemia”, insistió y agregó que “el Estado es una herramienta fundamental”. En ese sentido, afirmó que “si el Estado no hubiese puesto el ATP, habría empresas que no le podían pagar a sus trabajadores”.
Por otro lado, remarcó que el aporte “es obligatorio, porque es por ley, pero lo solicitamos de buen modo”. “Les pedimos a los que más tienen un aporte solidario”, aseveró y luego indicó que la medida alcanzará a “diez mil o doce mil contribuyentes”.
El primer opositor en hablar fue el senador Martín Lousteau, quien consideró que la presión tributaria en la Argentina “no va a generar trabajo” y agregó que “esta ley no es un aporte, es un impuesto”, al aseverar que “no existe tributariamente la palabra 'aporte' salvo para el sistema de seguridad social”.
“Si este es un impuesto extraordinario por única vez, no entiendo cómo vamos a seguir financiando las cosas que están listadas en la ley que realmente importan”, agregó. En ese sentido, añadió que “cada vez que el Estado quiere gastar más, crea un impuesto” y, como es habitual en sus discursos, se preguntó si “¿no podríamos mejorar la gestión?”.
Además, Lousteau cuestionó el número de aportantes obligados por la ley: “¿Sólo diez mil casas que valen un millón de dólares? Hagan bien los cálculos, muchachos. O mejoren la AFIP”, dijo para luego definir su condición de representante del neoliberalismo al señalar que la Argentina "tiene pobreza récord. Con más de este Estado no vamos a salir de la pobreza. Es el Estado, no la solidaridad. Para eso hay que construir un buen Estado con un nivel de gasto adecuado”, sentenció.
El resto de los opositores se concentró en repetir que el incremento de impuesto ahuyenta las inversiones y que el aporte extraordinario va en ese sentido.
"No estamos castigando a nadie, en realidad estamos poniendo un tributo extraordinario a los privilegiados, no todos, pero mucho de esos son privilegiados. Entonces, me parece justo, necesario y ético porque en esta circunstancia los que más deben aportar son los que más beneficios tuvieron en la actividad económica argentina", indicó el peronista Oscar Parrilli.
El salteño y experonista Juan Carlos Romero dijo que se oponía a la ley y, sorpresivamente, aseguró que no lo hacía en defensa de los empresarios y menos de sus patrimonios. La fortuna de los Romero en Salta es una de las más importantes y tal vez por eso consideró que la norma tiene un trasfondo de "venganza".
Romero no se salió un milímetro del reiterado discurso opositor a acusar al Gobierno de quitarle dinero a un sector para beneficiar a otro. En ese sentido puso como ejemplo la corrección de los fondos para el traspado de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires: "Lo están poniendo en práctica acá para darle a los más pobres", dijo sin sonrojarse. Luego aclaró que eso no es jusitica sino revancha. Eso sí, nada dijo del decreto por el cual el entonces presidente Macri le quitó dinero a las provincias, incluso a la suya, para dársela a CABA.
El último opositor en hablar fue el radical formoseño Luis Naidenoff no se diferenció de sus compañeros de bancada. Criticó el aporte solidario porque dijo que es la salida que encontró el oficialismo a los problemas que generó el Gobierno al extender la cuarentena. Como al pasar, reconoció que hay una herencia pero no profundizó ni intentó hacerse cargo de esa crisis que provocó el gobierno de Macri que el senador integró.
Naidenoff aseguró que el proyecto del oficialismo sólo busca "tapar el ajuste o de lo contrario lo hubieran tratado antes y no a esta altura del año". Luego comparó esta norma con la resolución 125 al equivocar la caracterización del sujeto al que afecta: "Lo están haciendo con la gente de las grandes fortunas. Con este importe de 200 millones de pesos, con la brecha del tipo de cambio y al no incluir el pasivo, están afectando a muchos tipos que empujan en serio, que traccionan y generan enriquecimiento en los pueblos. No se va contra los fondos en el exterior sino con los que están en concursos porque no se considera el pasivo. Es un error político. Esto es una traba a la producción".
Por último, la senadora Anabel Fernández Sagasti fue la encargada de cerrar el debate. La mendocina destacó cómo la oposición se mostró muy preocupada en defender a los ricos. "En ningún momento hablaron del interés de la mayoría argentina. Estamos en crisis por la pandemia mundial pero también la Argentina tuvo que afrontar esta crisis con una economía híperendeudada con 55 por ciento de inflación, caída del PBI, pérdica de empleo, cierre de Pymes. En ese contexto surge este aporte solidario", indicó.
Fernández Sagasti le recordó a los opositores que el Gobierno primero tuvo que darle "sustentabilidad a la deuda pública que la oposición nos dejó como herencia para todos los argentinos. Luego se paliaron los efectos inmediatos de la pandemia, invirtiendo en hospitales, insumos, plus a los trabajadores de la salud, ayudas a las empresas. Acá nos tildan de antiproductivistas, pero nos ocupamos de los trabajadores de las empresas y a los trabajadores no registrados y desocupados. Finalmente nos pusimos a trabajar en la vacuna al involucrarnos en cada uno de los proyectos que había en el mundo para ser uno de los primeros países en tener la vacuna. También pensamos en la pospandemia y eso está expresado en el presupuesto. En ese marco decidimos invertir en salario, consumo y no en los intereses de la deuda que ustedes nos heredaron", afirmó.
"Hay que desmitificar ciertas zonceras que se repiten en este recinto como si fueran verdaderas. No pueden decirnos por qué defienden el bolsillo de un puñado de multimillonarios", indicó para luego detallar a quiénes alcanza este aporte solidario: "Los que pagarán son unos 9300 personas humanas y no lo pagan las empresas sino los contribuyentes que tienen grandes fortunas, sobre todo en el exterior".
La senadora por Mendoza señaló que de ese universo hay 2800 que tienen un patrimonio entre 200 y 300 millones de pesos y pagarán un promedio de 6 millones de pesos cada uno. Pero además destacó que hay 256 contribuyente con patrimonio de más de 3 mil millones de pesos que representa el 0,00056 por ciento de la población que aportará casi la mitad de lo que se recuadará con el aporte extraordinario. La mayoría de esas fortunas se encuentran en depósitos, títulos, acciones y sobre todo, están en el exterior. Para los que hablan del campo, ninguno tendrá que vender nada, ni los campos, porque de los 9300 contribuyentes los campos representan el 2,7 por ciento de sus patrimonios", dijo y luego se fue a votar.
El resultado fue 42 votos a favor, entre los que figuraron los de Carlos Menem y el puntado Adolfo Rodríguez Saá, y 26 en contra donde apareció el voto de dos experonistas, el salteño Romero y el santafesino Carlos Reutemann.
Aporte de las Grandes Fortunas: A quiénes alcanza y en qué se utilizarán los fondos
El proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas busca ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus.
Los puntos principales de la iniciativa
- Se crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario y obligatorio.
- Se encuentran alcanzadas por el aporte las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior.
- Se dispone que quedan exentas de este aporte las personas mencionadas cuando el valor de la totalidad de sus bienes no exceda de los 200 millones de pesos. Cuando se supere esta cifra, quedará alcanzada por el aporte la totalidad de los bienes.
- El sujeto del aporte se regirá por los criterios de residencia.
- Se dispone que las personas humanas residentes en el país, explotaciones unipersonales ubicadas en el país o las sucesiones allí radicadas que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al aporte deberán actuar como responsables sustitutos del aporte.
- Se dispone que la base de determinación se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
- Se dispone que se entenderá por repatriación el ingreso al país, dentro de los 60 días, inclusive, contados desde la entrada en vigencia de esta ley, de las tenencias de moneda extranjera en el exterior y de los importes generados como resultado de la realización de activos financieros en el exterior, que representen como mínimo un 30% del valor total de dichos activos.
- Por los bienes situados en el exterior, en caso de no verificarse su repatriación en los términos del párrafo anterior, se deberá calcular el aporte a ingresar conforme la tabla que se detalla, la cual establece porcentajes de entre el 3 por ciento y el 5,23 por ciento según el valor total de los bienes.
- Una vez efectuada la repatriación, se dispone que los fondos deberán permanecer hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526 de entidades financieras, o afectados, una vez efectuado ese depósito, a alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Cómo se aplicará lo recaudado
- Un 20 por ciento a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
- Un 20 por ciento a subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
- Un 20 por ciento destinado al programa integral de becas Progresar gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación.
- Un 15 por ciento para el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el decreto 819/19 en el marco de la ley 27.453, enfocado en la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de las personas que viven en los barrios populares.
- Un 25 por ciento a programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina SA.
Cómo se pondrá en práctica
- Se establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados.
- Se dispone que la aplicación, percepción y fiscalización del presente aporte estará a cargo de la AFIP.
- Se faculta a la AFIP a dictar las normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.
- Se establece que, cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días previos a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación.
Un sistema que pierde credibilidad
Injusticias: De Etchecolatz a Hakim y Boudou
“Señor Jesús, si me condenan es por haber defendido tu causa”, decía el cartelito que se colgó en la pechera el genocida Miguel Etchecolatz cuando asistió al tribunal a escuchar su octava condena a perpetua. El médico Alejandro Hakim murió en una marcha de trabajadores de la salud que reclamaban aumento salarial al gobierno de CABA, que durante cuatro años recibió más del doble de lo que le correspondía de coparticipación. La Corte rechazó la apelación de Amado Boudou, que fue condenado a cinco años de prisión, por la declaración de un testigo al que se le pagó el equivalente de cinco millones de pesos actuales para que lo acusara.
Etchecolatz es un ejemplo de perversión, en su caso a través de la injusticia llevada a su máxima expresión por la dictadura. La muerte de Hakim resalta la responsabilidad del gobierno de CABA en otra injusticia. En CABA sobró la plata en estos años y casi nada fue a salud pública. Los trabajadores de la salud tienen varios muertos por covid-19 porque fueron la primera línea defensiva de la sociedad frente a la pandemia.
La actitud de la Corte es una injusticia en la raíz de la justicia. Un día antes, el contenido de esta decisión había sido filtrado a Clarín, La Nación e Infobae, persistiendo en prácticas usuales del lawfare, donde los medios hegemónicos crean el clima propicio para una acción judicial turbia. La Corte se amparó en el artículo 280 para expresar su rechazo sin necesidad de fundamentarlo, pero se filtró la decisión para que lo fundamentaran estos medios.
La condena a Boudou es un caso emblemático del lawfare porque a pesar de la copiosa campaña mediática que aparentaba el esclarecimiento total con gran cantidad de información, no se le pudo probar que se haya favorecido de alguna manera o enriquecido.
Se lo condenó por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” porque al testigo Alejandro Vanderbroele se le pagó un millón y medio de aquella época para que dijera en su testimonio que el ex vicepresidente había participado en las negociaciones por la venta de la empresa Ciccone, que finalmente fue estatizada.
No es una acusación. Es lo que realmente pasó. Y lo reconoció el mismo declarante quien, gracias a ese capital, que equivale a unos cinco millones de ahora, tiene una posada en el centro turístico de Chacras de Coria. El hombre pidió al Programa de Protección de Testigos que le financiara su hotelito y a cambio incriminó a Boudou.
Ha pasado tiempo desde que los medios hegemónicos construyeran la leyenda negra alrededor de Boudou, el funcionario kirchnerista que rescató las jubilaciones del negociado de las AFJP. Si esa leyenda fuera cierta, Boudou debería tener propiedades de origen inexplicable y un estilo de vida ostentoso como la mayoría de los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Pero en ese tiempo, la sociedad pudo comprobar que el ex funcionario kirchnerista no esconde nada.
La compra, supuestamente legal, del único testigo que acusa a Boudou en la causa Ciccone, no es un fenómeno aislado en Argentina porque estas irregularidades han sido una práctica usual del lawfare que impuso Macri en reemplazo de la política.
El perito oficial David Cohen que declaró contra el ex ministro Julio De Vido en la causa por la compra del gas licuado fue a juicio por falso testimonio. El otro que fue presentado como perito fue el falso abogado y espía Marcelo D'Alessio, que está preso por extorsionar testigos. Los ex funcionarios públicos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino fueron condenados a tres años de prisión también por "falso testimonio agravado”. Como pensaban que el juez Sebastián Casanello era demasiado kirchnerista, declararon que lo habían visto cuando se reunía con la ex presidenta en la Quinta de Olivos, en una maniobra para apartarlo de una causa contra Lázaro Báez.
En vez de acusar a Cristina Kirchner en la causa por la obra pública, los peritos y funcionarios que han pasado a declarar en las audiencias públicas y orales ponen en evidencia el interés del titular de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel, en difamar a la ex presidenta. La base de esa causa es un informe que Iguacel obligó a realizar apenas asumió. Pero el acusador Iguacel está acusado, en cambio, de intervenir en los negociados por las licitaciones de autopistas que favorecieron a las empresas del Grupo Macri.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este viernes un tuit con la frase: “Causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso".
Por su antagonismo con el kirchnerismo, el macrismo condenó antes de juzgar. La parte macrista de la sociedad sabe que las acusaciones son insostenibles, pero considera que la única justicia posible es la que condena igual que ellos, por portación de ideología. La construcción de sentido de los medios hegemónicos instaló perversamente que kirchnerismo o peronismo son sinónimos de corrupción.
De la misma forma hicieron durante la dictadura cuando instalaron que los genocidas defendían a la democracia y la civilización occidental y cristiana. El cartelito que se puso Etchecolatz tiene ese origen. Ahora parece marciano porque está desactualizado, pero era lo que decían los genocidas para justificarse.
La careta de los genocidas se cayó de la misma manera en que se caerá la careta de la justicia macrista porque son herramientas coyunturales.
La Corte no puede considerar la apelación de Boudou como si se tratara de un caso aislado. Sobre todo cuando el fiscal Carlos Stornelli está imputado en una causa por extorsión a testigos para que declaren según sus indicaciones.
No es cualquier fiscal, sino el que ha actuado en las causas más importantes para perseguir a ex funcionarios kirchneristas. Y a pesar de esa imputación, ni siquiera fue apartado de sus funciones hasta que se aclare su situación.
Dos jueces de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, validaron las declaraciones irregulares de arrepentidos que no estaban grabadas ni filmadas. Hay empresarios que han denunciado que cuando llegaban al juzgado de Claudio Bonadio, donde actuaba Stornelli, se los extorsionaba para que involucraran a Cristina Kirchner. A los que se negaban los dejaban detenidos en un calabozo insalubre.
La ley del arrepentido es un adefesio que plantea situaciones que se prestan a este tipo de extorsiones. Se la remendó con recomendaciones estrictas de que las declaraciones fueran grabadas y filmadas para que se pudiera evaluar hasta qué punto eran espontáneas.
Y resulta que dos jueces mandan estas exigencias a la basura en una causa donde hay testigos que denuncian extorsiones, donde hay otra causa relacionada con imputados en casos de extorsión de testigos, en la que el mismo fiscal está involucrado.
La frase de Kicillof recoge un sentimiento muy extendido en la sociedad sobre estas actuaciones en el Poder Judicial. El trabajo de zapa de los medios hegemónicos que justifican la corrupción de la Justicia va perdiendo la pulseada y estas situaciones ya no tienen la impunidad que tenían cuando empezó el lawfare como práctica extendida.
Esa impunidad cambió por una situación en la que el sistema judicial pierde legitimidad en cada decisión ilegítima. La sociedad ya no los ve como hechos aislados, sino como parte de una misma práctica que en todo el mundo tiene el nombre de lawfare. Es un camino que lleva indefectiblemente a la necesidad de que la sociedad recupere una Justicia creíble.
La diputada Cecilia Moreau contó que debió abortar a los 16 años
Aborto: el cierre del debate tuvo un final de fuerte impacto emotivo
Con amplia mayoría a favor del lema “Que sea ley”, comenzó el viernes, poco antes del mediodía, en el Salón Delia Parodi del Congreso Nacional, la segunda jornada de debate virtual donde las comisiones de la Cámara de Diputados involucradas en el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debatieron el texto que dará cuerpo al dictamen de la Cámara. Se trata del debate dado en forma plenaria entre las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, donde se debate el proyecto que envió al Congreso el gobierno nacional. Mientras, en las afueras del Congreso, las organizaciones afines a la Campaña realizaban sus performances en apoyo a la reglamentación del aborto, legal, seguro y gratuito.
En ese entorno, el debate entre los legisladores se dividió en dos etapas, la primera fue hasta las 14 y la segunda de 15 a 18. El cierre tuvo, como corolario, un sentido testimonio de la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General que moderó el debate de la tarde, quien manifestó haber tenido que realizarse un aborto cuando tenía 16 años. “El método anticonceptivo falló, yo era una nena --sostuvoMoreau--, y tuve que tomar esa decisión, fui apoyada por mi madre, que me escuchó y acompañó”, explicó. Pero eso no quitó la angustia del trauma que la practica implica, sobre todo cuando a esa decisión se suma el temor “por saber que podía ir presa”, sostuvo. “Las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones”, concluyó.
El encuentro, que comenzó el jueves por la tarde luego de las exposiciones de las posturas a favor y en contra del proyecto, permitió a los diputados y diputadas exponer sus fundamentos con vistas a establecer un dictamen el miércoles próximo que podría ser llevado al recinto un día después, el jueves 10.
Entre las posiciones legislativas, hubo gran cantidad de palabras de solidaridad para quienes sufrieron el agravio público de grupos “antiderechos” por manifestarse a favor de la ley, como también se escucharon palabras de agradecimiento por establecer un “debate cívico”, aunque se tratara de “posiciones enfrentadas”.
Las intervenciones
Así, al comenzar la jornada, desde Salta, la diputada Verónica Caliva (Frente de Todos) celebró el debate y destacó que esto le da "cumplimiento a un compromiso del contrato electoral". Siguió desde Santa Fe, la diputada Patricia Mounier (Frente de Todos), quien también fundamento su posición a favor de la iniciativa destacando la necesidad de avanzar con la legalización de una práctica que se realiza, más allá del aval que otorgaría su reglamentación.
Por su parte, Alcira Figueroa (Frente de Todos) quien reemplazo al salteño Juan Ameri tras su expulsión por una situación sexual expuesta en cámaras en plena sesión, se refirió a la gran cantidad de casos de abortos clandestinos que se realizan en su provincia. Luego fue el turno del diputado por La Pampa Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) quien rescato la anacrónica figura que hasta el momento reglamenta la práctica, la que data de 1921 del Código Penal, y señalo que la misma “fue sancionado por hombres blancos” y sostuvo que este proyecto se sostiene en “una cuestión de derechos” y que “a los varones nos compete acompañar, lisa y llanamente, tenemos que acompañar a la mujer en su decisión”, manifestó.
En tanto desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo que el debate tiene un carácter “urgente y de necesidad absoluta”. Para la diputada, es imperioso avanzar en quitar las trabas para que pueda implementar “la educación sexual integral realmente sea laica y científica”, apuntando a mejorar la calidad de vida de la población.
Al reiniciarse la jornada en horas de la tarde, la diputada por Córdoba Brenda Austin (UCR), manifestó la necesidad de “dar un paso adelante” y sancionar “una legislación acorde al derecho internacional en el marco de los Derechos Humanos”. Destacó los datos oficiales que indican que, en 2016, 25.035 niñas fueron internadas por la práctica de abortos clandestinos. Para luego manifestar: “Me conmueve la visión religiosa, pero separemos cuando se trata de políticas públicas” al enumerar los avances de leyes como el voto femenino, divorcio, salud sexual integral, matrimonio igualitario, o fertilización asistida. “En el de avance de derechos, no es la visión religiosa lo que debe primar, sino la lógica constitucional”.
La diputada entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos), quien sufrió hace pocos días el escrache de grupos “celestes” que rodearon la casa de sus padres en la localidad de General Campos, durante cuatro horas, para “señalarla” como promotora de este proyecto, sostuvo su posición señalando que “desde hace años las organizaciones de mujeres se manifiestan en las calles para pedir que se respete el derecho a decidir, de cada una”. Recordó casos de mujeres como Mariela, quien murió en un hospital de Córdoba mientras el tema se debatía en comisiones, o de “Ana María Acevedo, que también estaría viva si tuviéramos la ley”.
De la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi (UCR) hablo de la violencia institucional que se ejerce cuando “un Estado permite que haya abortos clandestinos” y señaló los casos de “mujeres encarceladas en nuestro país por practicarse abortos, y llamó a la reflexión de aquellos que dudan y sostuvo que la agenda para por “el empoderamiento de lamujer”. En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos) destacó tanto el debate realizado hace dos años, y el compromiso “de las compañeras que debatieron en ese momento, como Juliana (Di Tullio), o la querida Araceli Ferreyra”. Recordó que “esto fue un compromiso de campaña del presidente Fernández” y puntualizó que el aborto, es un momento de “sometimiento y de humillación que en muchos casos lleva a la muerte, como lo sostiene el texto ‘Catedrales' de Claudia Piñeiro, que al igual que las actrices argentinas, han manifestado permanentemente su compromiso con este proyecto. “Siempre que ampliamos derechos, construimos democracia”, sintetizó.
Los argumentos
Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) fue el primer orador varón de la tarde, saludó “a quienes sostuvieron el proyecto, tanto en la Cámara como a las pioneras de la Campaña”. Señaló que, “sin ley, se obliga a las niñas a una maternidad forzada”, y que “bajo la forma de la objeción de conciencia quedan si la protección del ILE”, y apunto contra “la penalización de las mujeres que deciden abortar después de la semana 14”.
La diputada por CABA Dina Rezinovsky sostuvo enfáticamente su representación religiosa ligada a los grupos evangelistas. Y aunque se solidarizó con las legisladoras que sufrieron acoso por su postura a favor de la ley, manifestó su contrariedad con que se llame “antiderechos” a quienes promueven “las dos vidas”. Y respecto a la postura religiosa, expreso claramente: “no he visto a nadie ser salvado por la política y sí he visto familias salir adelante con la ayuda de Dios”. Para ella “el aborto es un fracaso, es una política de descarte”, manifestó.
Mientras, la diputada Silvia Lospennato (PRO), expresó claramente la necesidad “de hablarnos con la verdad, si queremos ser una sociedad democrática, pluralista y seria”. Y mostrando el pañuelo verde que llevaba en su muñeca, sostuvo: “Este pañuelo que miles llevan en sus mochilas y en sus carteras, y en manos, representa nuestra lucha y también nuestra esperanza. Simboliza nuestro dolor por las muertes, pero también nuestra alegría por las vidas que podremos salvar si sancionamos esta ley”.
Las disertaciones que siguieron en la tarde alternaron otras posiciones contra el proyecto, con una gran mayoría a favor. Entre las contrarias, se destacó la diputada por Buenos Aires, Graciela Camaño (Consenso Federal). Para ella, la defensa de los derechos de las mujeres es puesta en cuestionamiento porque advierte “una suerte de redefinición del feminismo, donde solo se es feminista si se defiende el derecho al aborto”. Pero se pronunció “humildemente como muchas que militamos el derecho a la vida del niño por nacer”, buscando eliminar las desventajas de género. Y señaló “las desventajas económicas” que padecen las mujeres a nivel mundial “que son realmente lacerantes” y “mucho más preocupantes” que el derecho en discusión.
En la posición contraria se expresó, casi al finalizar la jornada, Mónica Macha (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, quien sostuvo entre otras apreciaciones, la complejidad del tema y destacó la diferencia entre la idea de “mujer y de madre”. Macha ubica en esa diferencia “la situación de quien decide la interrupción de un embarazo”. Allí se deben atender “a las condiciones” en las que esa persona toma esa decisión y “enmarcarla en otras políticas públicas que acompañan esa decisión”, sostuvo.
Está involucrado en la desaparición del médico Luis Arédez en Ledesma
El Concejo Deliberante de Salta homenajeó al represor Kairuz
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta desató un vendaval al homenajear al deportista y director técnico Juan de la Cruz Kairuz, el mismo que está encausado señalado como partícipe de la patota que secuestro y desaparició al médico Luis Arédez, en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, en dominios del Ingenio Ledesma.
Enterado del reconocimiento, Ricardo Arédez, hijo del médico desaparecido, ratificó que Kairuz participó del secuestro de su padre, lamentó que una institución de la democracia haga un reconocimiento a alguien que "no ha hecho nada por la democracia, al contrario" y le pidió a DT, que en los años 70 era policía, que al menos "diga la verdad" y confiese dónde está su padre. "Por lo menos que nos digan donde están (los desaparecidos) para que el equipo de antropólogos los identifique y darles identidad y sepultarlos como seres humanos", exigió. En cambio, "estos tipos siguen callados, siguen burlándose de todos nosotros".
Organismos de derechos humanos de Salta y la senadora nacional Nora Giménez (FdT) repudiaron el reconocimiento de los ediles. Dos concejales del Frente de Todos, que también votaron a favor del reconocimiento, pidieron disculpas, igual que el autor del proyecto, Ángel Causarano, quien se excusó en la ignorancia.
Kairuz está siendo juzgado desde 2018 en Jujuy por allanamiento ilegal de domicilio, en relación a la invasion en 1977 de una patota que comandaba a la casa de Arédez precisamente, recordó la abogada querellante Mariana José Castillo. Además, está acusado en la causa Arédez (por el secuestro del 24 de marzo de 1976), en la que se investiga al propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex directivo de esta empresa, el salteño Alberto Lemos. Luego de que en 2015 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la falta de mérito a favor de Kairuz, Blaquier y Lemos, las causas llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no resolvió.
Arédez dijo que no discute la trayectoria deportiva de Kairuz, "pero el tema es que hay otra historia que hay que resolverla, que seguimos pidiendo sobre todo verdad, porque él participó (de la represión estatal), yo lo ví a él adentro de la casa nuestra", recordó. "Lo único que siempre he pedido es que me diga la verdad, porque yo lo ví a él. Que me diga la verdad, que me diga dónde están mi padre, dónde lo sepultaron", insistió en conversación con Salta/12.
"Siempre le pido a la Justicia que me diga Kairuz dónde está mi padre. Yo lo ví a él cuando hacía el allanamiento y todo. Yo lo ví. Y él manejaba la camioneta del Ingenio Ledesma cuando lo detuvieron a mi padre (el 24 de marzo de 1976), o sea que bastante tiene que ver y que aclarar. No solamente aclarar, sino decir la verdad", ratificó en declaraciones a FM Noticias. Lamentó que, en cambio, "el hombre se burla, se ríe". "No sé hasta donde nos van a llevar estos homenajes en democracia a la gente que tiene que aclarar mucho, mucho, ante una justicia justa y creíble, que todavía no llegó la justicia justa y creíble para nosotros".
Luis Arédez, que en 1973 como intendente de Libertador se había enfrentado al Ingenio, fue liberado de aquella primera detención en marzo de 1977 pero el 13 de mayo volvieron a secuestrarlo y fue desaparecido. Un mes después, a las 10 de la noche, su casa fue invadida por una patota de militares comandada "por un hombre de vestimenta de gimnasia, con las tres franjas, azul", que resultó ser Kairuz. Ricardo Arédez luego se topó con él varias veces, una de ésas, en 2009, en Salta, en el juicio por calumnias e injurias que el DT le hizo al abogado y periodista Daniel Tort, enojado porque éste se había opuesto a su designación como DT en el Club Gimnasia y Tiro por su pasado como represor. El juez Fernando Marinaro rechazó la demanda y además remitió el expediente a la Justicia de Jujuy para que se investigara su posible participación en el secuestro del médico Arédez.
"Tanta impunidad es insoportable ya. Él tiene que aclarar, si se cree un hombre de bien y se cree que es un exitoso deportista, también tendría que ser un buen ser humano y aclarar las cosas que le pedimos y le exigimos también", afirmó Ricardo Arédez.
La excusa de la ignorancia
Consultado por Salta/12, Causarano dijo que no sabía que Kairuz está involucrado en violaciones a los derechos humanos, aseguró que lo buscó en la red pero no vio nada de eso, que lo conoció en Ledesma, que para él es "una buena persona"; luego habló de que en los años del terrorismo estatal hubo una "guerra", aunque enseguida se desdijo y terminó pidiendo disculpas.
El homenaje se llevó a cabo anteayer, en el hall central del Concejo Deliberante. Estuvieron el presidente del Cuerpo, Darío Madile (Salta Tiene Futuro); las concejalas Laura García (FdT), Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña) y Paula Benavídez (Salta Independiente) y el concejal Santiago Alurralde (Salta Tiene Futuro). Salvo el FdT, los demás bloques representan posiciones conservadoras y acompañan al seancismo.
Kairuz recibió una copia de la resolución 541, aprobada por unanimidad, sobre tablas, y una plaqueta recordatoria. “Siempre me enseñaste y enseñaste a quienes estuvieron a tu lado a ser un buen dirigente y, por sobretodo, los valores necesarios para ser una buena persona”, le dijo Causarano.
"No quiero entrar a polemizar en esto. Yo simplemente hice un homenaje a una trayectoria deportiva sin saber que podía existir un problema", dijo después ante la consulta de Salta/12, en la que pidió "mil disculpas". "Yo no sabía (...). Yo desde el Concejo lo único que hice es premiar la trayectoria deportiva, lo otro yo ni enterado, ni sabía que podía existir un problema de esos", sostuvo. Añadió que "no hubo ninguna mala intención".
"Son temas muy delicados", dijo. Cuando este diario le hizo notar que en realidad se trata de delitos graves, lo concedió rápidamente, pero añadió: "Lo raro es que no lo hayan metido preso". Luego habló de acciones cometidas por la guerrilla y afirmó: "Era una guerra tan sucia y murió tanta gente inocente", aunque inmediatamente se desdijo.
Memoria
"Las instituciones de la democracia no pueden homenajear a quienes violaron el orden constitucional y cometieron crímenes contra el pueblo argentino", aseguraron ayer la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Liga Argentina por los Derechos Humanos en un comunicado en el que afirmaron que con el reconocimiento a Kairuz, el Concejo capitalino omitió "las acusaciones que pesan sobre él por su participación como grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar".
Recordaron que además de sus prácticas deportivas, Kairuz "Comandaba un grupo de tareas que secuestraba gente en Libertador General San Martín bajo el ala protectora del ingenio azucarero Ledesma".
El concejal Fernando Ruarte (FdT) pidió disculpas por no haberse opuesto al homenaje. Contó que la resolución se trató sobre tablas, junto con otros reconocimientos, y anunció que hoy presentará un proyecto para dejarla sin efecto.
Su par Laura García, pidió disculpas "a los organismos de derechos humanos por las heridas que se pudieran haber abierto a causa del homenaje". También dijo que desconocía el pasado del DT, sostuvo que como vicepresidenta segunda del Cuerpo participa de los homenajes. "Bajo ningún punto de vista reivindico los hechos sucedidos durante la última dictadura cívico militar", añadió.
La senadora nacional Nora Giménez repudió el homenaje, se solidarizó con los familiares de víctimas del terrorismo y adhirió a las expresiones de los organismos de DDHH.
También el Partido de la Liberación repudió el homenaje.
Una veintena de mandatarios solicita que no se realicen las elecciones primarias en 2021
Los gobernadores le pidieron a Alberto Fernández la suspensión de las PASO
Gobernadores de distintas provincias le pidieron hoy al presidente Alberto Fernández la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el año que viene. La solicitud fue "escuchada" por el mandatario nacional, quien a su vez les pidió que esa idea sea apoyada de forma pública por el mayor número de referentes provinciales, incluso por opositores. Los argumentos a favor de la suspensión se basan en el riesgo sanitario asociado a realizar elecciones mientras dure la pandemia, así como en el alto costo de la organización en medio de la crisis global (en 2019 las PASO costaron poco más de 3 mil millones de pesos).
El pedido contaría con el respaldo de unos 21 gobernadores. Fuentes allegadas a los mandatarios dejaron trascender que la idea quedó formalizada este mediodía en el almuerzo que compartieron los gobernadores y Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, tras la firma del Consenso Fiscal 2020.
"El Presidente escuchó y pidió consenso, que se incluya a los gobernadores opositores", señalaron las fuentes ligadas a los mandatarios provinciales. Además, indicaron que en las próximas horas podría hacerse público un documento con las firmas de los mandatarios que impulsan la suspensión de las primarias, probablemente a través de una solicitada.
En ese sentido, comentaron que si bien algunos gobernadores vinculados con la oposición están a favor de suspender las PASO, quien no se manifestó al respecto porque estuvo ausente en el encuentro fue el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Juntos por el Cambio hasta ahora se ha pronunciado en desacuerdo con la suspensión: sus referentes consideran que el Gobierno no quiere realizar las PASO porque para agosto no tendrá "nada bueno para mostrar" y en términos electorales le conviene más ir directo al turno en octubre.
La iniciativa para suspender las PASO ya venía siendo planteada desde hace varias semanas por distintos gobernadores, a título personal. De ser finalmente acordada, la medida podría darse a través de una Ley del Congreso o un Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial, siempre que cuente con el apoyo explícito de los gobernadores, sostuvieron las fuentes.
Para firmar el Consenso Fiscal 2020, este viernes al mediodía en Casa Rosada estuvieron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y Tucumán, Juan Manzur. En representación de Córdoba estuvo el vicegobernador Manuel Calvo; por Santa Cruz el vicegobernador Eugenio Salvador Quiroga, y por Santa Fe la vicegobernadora Alejandra Rodenas. También Gerardo Morales, de Jujuy, participó de la firma, pero lo hizo por separado, por cuestiones de agenda.
Todos esos gobernadores --salvo los radicales Suárez y Morales--, más el pampeano Sergio Ziliotto, asistieron luego al almuerzo en Olivos, donde se planteó la suspensión de las PASO.
Por 41 votos a favor y 28 en contra
El Senado aprobó la Ley de Manejo del Fuego
La oposición rechazó la norma por considerar que "es inconstitucional" y "perjudica a los productores agropecuarios" que no podrán "disponer de sus tierras" en caso de incendio, sean o no intencionales.
Como miembro informante, la senadora del FdT, Ana Almirón, informó que "Argentina ardió en llamas literalmente" y precisó que hubo 900 mil hectáreas afectadas en 22 provincias y que "más del 90 por ciento" de los incendios "se dieron producto del accionar del hombre, intencional o por descuido".
"Es sumamente urgente" una normativa de esta naturaleza, consideró Almirón, y rechazó las críticas de opositores que sostienen que se trata de medidas contrarias a los productores agropecuarios.
"No podemos permitir que algunos vivos hagan negocios justamente con la afectación del medio ambiente", proclamó.
En nombre de la oposición, la senadora de PRO Gladys González consideró que "no se puede ser hipócrita y ser ambientalista", afirmó que la ley "mezcla todo" (si un incendio fue intencional o accidental) y acusó al oficialismo de quedarse a medias con este tipo de propuestas que buscan proteger el medio ambiente.
Para González, cuando una "ley busca proteger todo en verdad no quiere proteger nada" y consideró que hubo diputados que "no se animaron a sugerirle modificaciones a quien por estas horas pareciera que va a ser su próximo candidato a presidente", en alusión a Máximo Kirchner.
"Está bueno ayudar a nuestro conductor a hacer buenas leyes, no está bueno decirle que si a todo lo que dice. Esta no es una buena ley porque va en contra del principio de no regresividad y establece plazos para proteger tierras que ya están protegidas a perpetuidad", precisó.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado, a su vez, opinó que el proyecto "es cero federal" e "inconstitucional", ya que afecta "el derecho de propiedad privada".
El senador Alfredo De Angeli, ex productor agropecuario, pidió que la propuesta vuelva a comisión, pero su iniciativa fue rechazada tras una votación.
"Esto no resuelve el problema de los incendios, para eso hay que hacer políticas de prevención, de control y de manejo. Están estigmatizando a los productores", aseveró.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 18 de noviembre por 132 votos a favor y 96 negativos en el marco de una extensa sesión en la que hubo fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
Al tratarlo en comisión, los senadores aprobaron modificar la ley 26.815, de Manejo del Fuego, para que se establezca que quedarán prohibidos desde la extinción de incendios realizar modificaciones en el uso y destino de esas superficies así como cualquier emprendimiento inmobiliario.
El artículo 22 bis establece que "en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por 60 años desde su extinción modificar en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio".
También se prohibirá durante ese lapso "la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria, el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares".
La propuesta prevé no permitir, además, "la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales; y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio".
En la iniciativa se establecen las mismas restricciones pero por 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.
La oposición había adelantado su rechazo, en tanto que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias había postulado que el proyecto "pone en riesgo la actividad productiva agrícola-ganadera en todo el país" e impone "restricciones que afectan gravemente el derecho de propiedad".
El fotoperiodista había sido detenido en Bolivia durante el golpe a Evo Morales
Facundo Molares regresó a la Argentina
Molares había estado preso con detención preventiva más de un año, durante todo el gobierno de facto de Jeanine Añez, acusado por la presunta coautoría de un homicidio supuestamente cometido junto con un grupo de activistas de MAS durante los conflictos postelectores del 2019.
El miércoles el Tribunal de Sentencia de Montero de la ciudad de La Paz, Bolivia, emitió una orden de libertad provisional para Molares, quien se encontraba internado en un hospital de La Paz con coronavirus y problemas renales.
Tanto organismos de derechos humanos como la Cancillería argentina habían pedido al gobierno boliviano la liberación de Molares por razones humanitarias. Fuentes cercanas a fotoperiodista señalaron que Molares permanecerá internado en un centro médico de Buenos Aires para completar su recuperación y luego viajará a la patagonia para reunirse con su familia. Su padre, Hugo Molares, juez de Paz de Trevelin, provincia de Chubut. La Cancillería argentina informó que además de atender su salud, Molares, que sigue bajo proceso, tendrá que presentarse periódicamente ante el Consulado boliviano.
Molares nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y su activa militancia social lo llevó a recorrer Ecuador, Cuba, Paraguay, Brasil, Perú, Chile y Bolivia hasta llegar a Colombia. Allí integró las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc). Fue detenido por la Policía el 11 de noviembe de 2019 en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, acusado de asesinato y asociación ilícita.
Fuente:Pagina12
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