Discursos de cierre de la Conferencia Industrial
Alberto Fernández y Martín Guzmán: Convocatoria para el crecimiento
El presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, reafirmaron que la economía ya se está recuperando.
El presidente Alberto Fernández pronunció el discurso de cierre de la Conferencia industrial de la UIA convocando a todos los sectores a participar de un "momento fundacional" de recuperar el país. Recordó la caída de la industria durante el macrismo y advirtió que el riesgo que se avecina es no hacer las cosas como corresponda y que la economía no crezca.
"Si somos conscientes de la dimensión histórica de lo que nos ha tocado vivir, hemos capeado bastante bien la situación", comenzó su discurso para referirse a la pandemia. Al tiempo que mencionó que, cuando el mundo crecía, la industria caía drásticamente en Argentina de 2016 a 2019. Fue una respuesta indirecta al presidente la UIA, Miguel Acevedo, que antes había señalado que la industria está mal desde hace ocho años, incluyendo así el segundo mandato de CFK. En esos cuatro años, la industria no creció, pero con el macrismo se desplomó, y Acevedo igualó esos dos períodos, algo que Fernández corrigió con diplomacia.
Señaló, a la vez, que "en medio de semejante crisis, logramos que ningún argentino tenga hambre y que ningún argentino se quede sin atención en el sistema sanitario". Luego apuntó que van tres meses consecutivos en que la recaudación crece por arriba de la inflación y que la producción de autos está un 20 por ciento por encima de hace un año. "Toda la industria se está moviendo", indicó.
Para concluir, señaló que "debemos avergonzarnos de la pobreza, del 40 por ciento de los argentinos viviendo en la pobreza, de la que no se sale con planes, sino con empresarios que inviertan y generen empleo".
Antes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había asegurado que se advierte "una recuperación más sólida" en el nivel de actividad aunque con "una dinámica heterogénea", y ratificó que se avanza en "un puente de estabilidad" hasta 2021, cuando entrará en vigencia el Presupuesto que será "el pilar central en la estrategia económica". En el marco del último día de la 26 Conferencia Industrial de la UIA, donde hizo un repaso general por todos los temas de la agenda económica, Guzmán destacó el crecimiento real por tercer mes consecutivo de la recaudación fiscal, una dinámica positiva en la reducción de la brecha cambiaria y la elaboración de un programa plurianual basado en políticas de Estado.
En la planta de la cervecera Quilmes, el ministro aseguró además que "el foco del Gobierno está en la economía real", por lo que se busca "ir generando condiciones para una Argentina que se estabiliza, que le da las condiciones al sector privado para invertir y generar trabajo". Señaló también que la estrategia debe ir "generando más eslabonamientos que impliquen más productividad, más valor, más innovación".
"La estabilidad cambiaria es central para todo en la Argentina, por eso es tan importante cuidar el frente de las reservas, y el objetivo de 2021 es acumular reservas", expresó Guzmán. Y agregó que "se venía registrando una caída fuerte por eso adoptamos medidas, y en los últimos meses logramos más fortaleza en el frente de las reservas, que dejaron de caer". Asimismo, aseguró que se van a mantener los mecanismos de controles de ingresos de capitales especulativos, aunque aseguró que es "transitorio, defensivo pero que tiene que ver con lo que sucedió anteriormente". Y completó diciendo que si se dejara ese frente abierto "sería un problema más grande para toda la economía". Guzmán detalló los cinco objetivos que debe alcanzar la Argentina y dijo que la industria es "un sector clave" para el país. "Queremos una Argentina que incluya, que genere valor agregado, que tenga un ambiente de estabilidad, que tenga un criterio de desarrollo con equidad federal y que seamos nosotros los que definamos nuestro futuro y, en ese sentido, la industria cumple un rol central", dijo.
Sin dar ningún tipo de fundamento
La Corte Suprema confirmó la condena a Boudou en la causa Ciccone
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La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica con el simple mecanismo de rechazar los recursos. El máximo tribunal aplicó lo que se conoce como el artículo 280 del Código Civil y Comercial, una especie de facultad monárquica que le permite a la Corte rechazar sin dar explicaciones. Pese a que se trata de un caso de suma importancia, entre otras cosas porque fue condenado un exvicepresidente y exministro de Economía, los supremos no se dignaron a ver lo ocurrido, no emitieron opinión sobre la existencia o inexistencia de delito o sobre las gravísimas irregularidades del expediente: simplemente rechazaron. En el marco de su ya tradicional modalidad de persecución política, los grandes medios insisten desde hace 48 horas en que quieren que a Amado Boudou se le revoque la prisión domiciliaria y que vuelva a la cárcel. No es automático, requerirá del planteo de una fiscal y la resolución de un juez.
Boudou y los demás imputados -el amigo del exvicepresidente José María Nuñez Carmona; el exdueño de la imprenta, Nicolas Ciccone; el “arrepentido” Alejandro Vandenbroele, el exfuncionario de la AFIP, Rafael Bresnick Brenner y el exjefe de gabinete de Economía, Guido Forcieri- apelaron ante la Corte por sus respectivas condenas. En el caso concreto de Boudou se le impusieron cinco años y diez meses por negociaciones incompatibles con la función pública y por cohecho pasivo, que significa recibir coimas. Este último delito fue el decisivo: los jueces sostuvieron, que para rescatar la imprenta, que estaba quebrada, Boudou recibió como coima el 70 por ciento de las acciones de la calcográfica.
Como ocurrió en otros casos de lawfare, no hay ninguna evidencia de que Boudou se haya quedado con acciones, al punto que la imprenta fue manejada por ejecutivos vinculados al Banco Macro, que conducía el fallecido Jorge Brito -gerente general fue Máximo Lanusse y gerente de personal, Francisco Sgera, ambos exMacro-, mientras que el dinero con el que se rescató a Ciccone fue aportado por Brito y por el financista Raúl Moneta. Sin embargo, fueron interminables las maniobras para evitar una pericia que indicara el flujo del dinero que, a través de la sociedad The Old Fund, reflotó a Ciccone. Esa pericia no se hizo hasta ahora y hubiera dejado en claro que Brito y Moneta estuvieron detrás del rescate. Es más, la justicia sobreseyó en forma definitiva a Brito en junio pasado, porque no existió delito del banquero en ese reflote de Ciccone.
Parece evidente que la Corte no se quiso meter en el fondo del caso porque seguramente hubiera visto que el fallo era un tembladeral. Durante este tiempo se conoció que el “arrepentido” Vandenbroele, cuyo testimonio en 2017 fue clave para la acusación, recibió 1.500.000 pesos de entonces, equivalentes a 5.000.000 de la actualidad, aplicando las tasas oficiales de inflación. El “arrepentido” usó el dinero para comprarse un hotel boutique, La Masía, en Mendoza.
La hipótesis principal de la acusación siempre fue que Vandenbroele, titular de The Old Fund, era un testaferro de Boudou. El exvicepresidente repitió una y otra vez que nunca conoció a Vandenbroele, algo que éste terminó reconociendo, pero dijo que él trabajó para Brito, cobraba un sueldo del banquero y que Brito era socio de Boudou. Con eso fue suficiente. No hubo ni un papel ni un contrato ni una evidencia de que fue Boudou el que se quedó con las acciones de la imprenta. Así lo afirmó el voto en disidencia de la jueza María Gabriela López Iñiguez. La magistrada condenó al exfuncionario por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública porque Boudou recurrió a su amigo Nuñez Cardona para el salvataje de la imprenta, pero López Iñiguez mencionó ese único delito. Aún más asombroso fue que los dos jueces de la mayoría ordenaran la inmediata detención de Boudou, algo que no habían hecho en ninguno de los juicios anteriores.
Como en ese entonces, ahora también el objetivo de la alianza judicial-política-mediática, con sucursal en Comodoro Py, es lograr nuevamente la foto de Boudou ingresando al penal de Ezeiza, donde ya estuvo en tres oportunidades. La Corte no dijo una palabra sobre la prisión domiciliaria -nunca lo hace- a la que accedió Boudou en abril. Ahora habrá que ver si hace un planteo la fiscal de ejecución penal, Guillermina García Padín, presionada por los grandes medios. En realidad, el juez Daniel Obligado otorgó ese beneficio a Boudou porque tiene dos hijos muy pequeños de su pareja con la mexicana Mónica De la Fuente y dada la situación de Covid-19 se le otorgó la domiciliaria a numerosos detenidos para que se ocupen de hijos chicos y eviten el contagio. El fiscal Javier De Luque, que estuvo de acuerdo con la domiciliaria, también consideró que pesaba el hecho de que la condena no estaba firme, lo que cambió este jueves. Sin embargo, las dos razones decisivas de la domiciliaria no cambiaron, los niños siguen siendo muy chicos y la pandemia no terminó.
Por el tiempo que tiene cumplido, más los incentivos por los cursos que realizó estando preso, al exfuncionario le queda algo más de medio año para redondear lo necesario para acceder a la libertad condicional. Sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, insistirán en que debe quedarse en la casa de la que salió una única vez, con autorización para mudarse.
Pero el objetivo, como en el caso de Lula o Evo Morales o Rafael Correa, es la foto entrando a una cárcel, un mísero instrumento más que utilizarán en la batalla contra las fuerzas que no se alinean con el neoliberalismo.
En medio del reclamo por mejores condiciones laborales en los hospitales porteños
El impacto por el jefe médico que murió en una marcha
La muerte de Hakim, de 59 años, impactó no solo a la comunidad médica. Por la situación en la que sucedió, una protesta por mejores condiciones laborales, salarios dignos y reconocimiento de la carrera profesional, su muerte conmocionó a la sociedad. Hakim, además de jefe médico del Ramos Mejía, era profesor de la Facultad de Medicina de la UBA, entocoginecología, y hacía días había asumido la presidencia de Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires.
Hakim tuvo un infarto durante la movilización a la que había asistido con su esposa, también médica de obstetricia del Ramos Mejía. Y para sus colegas, en su muerte se conjugan “junto a problemas de diabetes y sobrepeso”, el estrés y la dedicación que exigió la pandemia. De ahí que su muerte sintetice, para ellos, “el maltrato y las precarias condiciones laborales” del sector en la ciudad. “Era un trabajador incansable, generoso con sus conocimientos, y un luchador por el reconocimiento profesional del área de enfermería”, agrega Elida Chuquiyauri, licenciada en enfermería del Ramos Mejía, que trabajaba con él.
La marcha fue convocada “por un salario digno y justo” para todos los médicos, por el reconocimiento a la carrera profesional y por “mejoras en el ambiente de trabajo”. Por dignificar al hospital público, allí donde las consecuencias de la lucha contra el coronavirus fue por demás hostil. Suman 9000 las personas contagiadas entre los equipos de salud de CABA. “Y más de 370 las muertes en todo el país, en el sector, por haber estado día a día, sin correr el cuerpo”, señala Rodolfo Arrechea, coordinador nacional de ATE Salud.
Desde que comenzó la pandemia, al reclamo por la precarización laboral en la ciudad se sumó la falta de licencias, de equipos de protección, de un ambiente de trabajo óptimo, señala Desiderio. “Porque nosotros estuvimos las 24 horas poniendo el cuerpo, peleando con ‘el bicho’, se nos morían amigos, se nos enfermaban familiares porque llevábamos el bicho a casa, y no teníamos respuesta, por eso decidimos la marcha de hoy”, explica sobre una protesta que estaba planificada para el día 26, pero la muerte de Diego Maradona obligo a modificar la fecha.
Así, la marcha organizada por la Asociación de Médicos Municipales –presionada por sus bases, cuentan las bases– y por ATE Salud, nucleó a los 34 hospitales públicos de CABA. Y se congregó en la esquina de Caseros y Jujuy para dirigirse a la Jefatura de Gobierno. Eran más de dos mil personas entre médicos, enfermeros y otros profesionales de salud. “Eran varias cuadras, vinieron de todos los hospitales, porque somos muchos en la ciudad”, cuentan quienes estuvieron allí. Las estadísticas confirman que en los hospitales de la ciudad hay unas 40.000 personas empleadas, entre profesionales y no profesionales. “Pero desde el gobierno no se toma en cuenta a las personas que trabajamos ahí, es evidente”, sostiene Chuquiyauri.
“Y la parttaria cerró en un 5 por ciento, sin vacaciones, con guardias por encima de las que nos corresponden”, reclama Valeria Urueña, médica emergentóloga del Ramos Mejía. Ese hospital “es el que más infectado por covid tuvo entre su personal –señala–, y en el que más fallecidos hubo, junto al Argerich, justo los que reciben la población de zonas más vulnerables de la ciudad”.
Se marchaba en contra de la paritaria que otorga “solo un 5 por ciento para todo 2020 y un 5 por ciento para 2021, y es todo en negro, no impacta en el salario real, no se suma al aguinaldo, por ejemplo”, explica Héctor Ortiz, representante de los enfermeros profesionales de ATE, por el Hospital Duran, quienes acompañaron el reclamo de los médicos.
Para Marina Anido, médica de guardias del Hospital Argerich, afiliada a ATE, “la muerte de Hakim representa la soledad en la que estábamos, lamentablemente se tiene que morir alguien para que algunos interlocutores te presten atención, porque la visibilidad que tenemos hoy no la tuvimos en marchas anteriores –reclama–, la muerte tiene esa habilidad, muestra lo que no se quiere ver”.
La marcha anterior “fue autoconvocada, fue inorgánica”, explica Desiderio. “Pero habíamos llegado a un punto que aun siendo de distintas facciones dentro de Médicos Municipales decidimos aunar esfuerzos, para ir todos juntos a reclamar, porque todo aumentó y desde febrero nosotros no tuvimos aumentos”, detalla. Y aunque muchos querían hacer el reclamo en un lugar más visible, se decidió el recorrido hasta la calle Uspallata. Y hacia allí se marchó.
“Los médicos y las médicas somos reacios a la participación política –describe Anido–, y eso dificulta la lucha gremial”.
Las condiciones no son nuevas, se agravaron por la pandemia. “Al principio nos aplaudían, ya no, y eso es un signo –señala Anido– y duele sentir que pasamos a ser los malos, los que le metimos miedo a la gente, los obligamos a estar aislados, que usen barbijos y encima que se vacunen”. Sus palabras suenan a ironía. Pero hay dolor en esa descripción. “Hay mucha desvalorización del Gobierno de la Ciudad por el trabajo que hacemos, y hacemos mucho”, lamenta. En estos meses de pandemia “quienes éramos de las áreas críticas no paramos de laburar nunca. Es un estrés muy alto y somos personal muy expuesto”, coincide Urueña.
Para el coordinador de ATE Salud, acompañar el reclamo médico era “imperioso”. Lo explica con datos: “Teníamos que estar en la marcha y acompañamos el reclamo porque en este distrito, en CABA, donde mayor recorte hubo fue en salud, y si no se notó fue porque los trabajadores estuvimos las 24 horas en la primera línea”.
Arrechea destaca que en la ciudad “queremos tener mejores salarios y debemos tenerlos, porque siempre se acude al hospital público”. Y agrega: “Larreta debe dejar de victimizarse y tener mejor a sus trabajadores porque ha tenido una montaña de recursos y lo único que hizo fue recortar salarios en salud”.
La historia lo confirma: “Cuando esta gestión se hizo cargo de la ciudad, en 2007, el presupuesto de salud rondaba del 22 por ciento –agrega Arrechea–, hoy está en un 15 como cuando gobernaba Cacciatore, lo fueron recortando. Y aunque la pandemia corrió el debate del salarioa la sanidad, nos encontró con 700 camas menos, como si hubieran cerrado el Duran y el Santojanni juntos. Y si hubo respuesta fue por el compromiso de los trabajadores que, aun pagando con su vida, cuidaron a la población”.
Esta no fue la única movilización que hicieron los médicos en su día. Los médicos residentes de la provincia de Buenos Aires reclamaron en el Hopital San Juan de Dios de Ramos Mejía.
La Asociación de Médicos de la República Argentina expresó en un comunicado que a las muertes de trabajadores por coronavirus debían sumar “la falta ya crónica de condiciones de trabajo adecuadas para realizar las tareas y las remuneraciones indignas que rayan con la línea de pobreza.”
Tras la decisión de la Corte Suprema
Abrazo solidario a Amado
Boudou en Tribunales
El encuentro, pautado para las 13 en el Palacio de Justicia del microcentro porteño, donde funciona el máximo tribunal, fue organizado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a ATE Capital, entre otras organizaciones y referentes de los derechos humanos, como el Padre Francisco "Paco" Olveira.
"No esperaremos a que el juez le revoque o no la prisión domiciliaria. La mejor manera de apoyar a nuestro Gobierno nacional y popular es combatiendo el lawfare que tanto daña la democracia", indicaron los organizadores en un comunicado.
El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, sostuvo que el objetivo de la movilización es denunciar que la Justicia "está destruyendo el Estado de derecho". Adhirieron a la convocatoria Curas en Opción Por los Pobres, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento Ecuménico por los DDHH y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, entre otras organizaciones.
El exvicepresidente, junto a otros imputados, había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también exministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena, pero el máximo tribunal declaró "inadmisible" ese planteo.
Alberto Fernández firma con todos los gobernadores salvo Rodríguez Larreta
Un Consenso Fiscal para todos menos para uno
El presidente Alberto Fernández reunirá este mediodía a todos los gobernadores para la firma del Consenso Fiscal 2020, en una postal de la que sólo quedará afuera el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentado con la Casa Rosada por el recorte de los fondos para la policía. En Gobierno aseguran que accedieron a la mayoría de los pedidos que plantearon los funcionarios porteños durante la negociación para alcanzar el Consenso, así que la adjudicaban objetivos exclusivamente políticos a la negativa a asistir al acto en el Museo del Bicentenario. "No hay ninguna voluntad de enfrentar al gobierno de la Ciudad, está claro que Rodríguez Larreta busca victimizarse", aseguró el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Respecto al proyecto de ley que seguramente se aprobará la semana que viene en el Senado, que determinará el nuevo monto que la Nación le enviará a la CABA por la policía, el ministro evaluó que servirá para perfeccionar un traspaso que se hizo de manera incorrecta por el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
El año pasado a esta altura, a poco de asumir, el Presidente reunió a los gobernadores en la Casa Rosada para el Consenso Fiscal 2019, incluyendo esa vez al jefe de gobierno porteño. Hoy, de una forma u otra estarán representadas todas las provincias, incluyendo La Pampa y San Luis que no forman parte del Consenso. Puede que no participen algunos gobernadores, pero será exclusivamente por consejo médico como son los casos de Juan Schiaretti (Córdoba) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), quienes enviarán a sus vices. Obviamente, lo mismo ocurre con Omar Perotti (Santa Fe), que ayer informó que dio positivo de Covid-19. En Interior aseguraban que los tres mandatarios radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) estaban muy convencidos de la firma del Consenso con el que no quiere saber nada Rodríguez Larreta.
Entre sus puntos principales, el Consenso Fiscal les permite a las provincias tomar deuda en pesos -"una estrategia para el endeudamiento responsable", denomina- y suspender las exenciones y reducciones impositivas pactadas en el acuerdo de 2017, durante el gobierno de Macri. Con el impacto que la pandemia generó en las cuentas provinciales, los gobernadores están ansiosos por tener herramientas para mejorar la situación. En ese ámbito, tienen poco quórum las quejas de CABA, con una situación mucho más holgada que el promedio. Otro punto es que las provincias deben suspender por un año los reclamos judiciales a la Nación, algo con lo que Rodríguez Larreta no quiere saber nada ya que imagina a la Corte Suprema como la instancia que puede favorecerlo.
En los últimos días, la relación entre el Gobierno nacional y el porteño se deterioró a ritmo acelerado, por lo que la Casa Rosada buscará mostrar que todas las provincias están de su lado. La discusión del Consenso va en paralelo con el debate en el Congreso de la ley que establecerá el nuevo monto para sostener a la policía en la CABA. En 2016, Macri decidió por decreto subir la coparticipación que recibía la Capital del 1,4 al 3,75 por ciento por el traspaso policial. Ante la queja del interior, luego lo bajó al 3,5 por ciento, sin nunca justificar de dónde salía ese cálculo. Apenas asumió Fernández, desde la secretaría de Provincias que encabeza Silvina Batakis abrieron una discusión sobre esa suma que consideraban excesiva, pero la pandemia frenó el debate.
El cálculo que hicieron Batakis y su equipo fue que la suma para sostener a la policía federal traspasada es de 24.500 millones de pesos. Pero, a pedido de los diputados de Córdoba, se resolvió que la ley que votará el Congreso la semana próxima no se coloque esa suma sino que se establezca una mesa de discusión por 60 días en la que participarán representantes de Nación, Ciudad y de la CFI (Comisión Federal de Impuestos), donde están representadas todas las provincias, para acordar un nuevo monto. Pero a los funcionarios porteños tampoco les gustó la salida, dando por hecho que no conseguirán mejoras. La estrategia de Rodríguez Larreta pasa por acudir a la Justicia, donde imagina que le puede tener más suerte
En el Gobierno nacional avisaban que la judicialización permanente le puede jugar una mala pasada a Rodríguez Larreta. Por un lado, porque la CABA -según sus cálculos- percibió 86 mil millones de pesos de más desde 2016 a esta parte para sostener su policía, suma que la Nación le podría reclamar. Además, tienen en estudio toda una serie de recursos que el gobierno de la Ciudad recibió de manera irregular, de acuerdo a su análisis. Un caso es el del Paseo del Bajo, una obra que costó 700 millones de dólares financiada por el gobierno nacional con préstamos internacionales y venta de tierras. Ese monto, indicaban en la Rosada, es el mismo que costarían las 20 principales obras de infraestructura para desarrollar el norte del país.
Más llamativo todavía es el caso de las 34 escrituras de transferencias de inmuebles que la Nación hizo con la CABA entre noviembre y diciembre del año pasado, luego de la derrota electoral de Macri y antes de la jura de Fernández. El monto aproximado implicado en esas transferencias es de 14 mil millones de pesos y 30 millones de dólares, que la Agencia de Bienes del Estado viene estudiando para hacer el reclamo correspondiente. Y adertían que eran sólo una parte de los problemas que podría tener Rodríguez Larreta si insiste en dirimir todas sus diferencias con la Nación en Tribunales.
Son 24 ciudades que albergarán reuniones del gabinete federal
Capitales Alternas: el Gobierno promulgó la ley
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El Gobierno nacional promulgó la Ley de Capitales Alternas que establece que 24 ciudades del país sean consideradas para realizar allí reuniones con parte del Gabinete nacional, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil y, de esta manera, desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales.
A través de Decreto 974/2020, publicado en la edición de este viernes del Boletín Oficial, se promulga la Ley Nº 27.589 -sancionada el 11 de noviembre pasado- con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro.
La ley declara "capitales alternas" a 24 ciudades por los próximos cuatro años y pretende agilizar un esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales y nacionales.
Las 24 capitales alternas
Los distritos son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis.
También figuran Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).
Agenda federal
La declaración de "capitales alternas" es una iniciativa del ministerio del Interior, que conduce Eduardo de Pedro, y busca "acercar la gestión nacional a las provincias y ponerle fin a las grandes inequidades a través de políticas públicas que resuelvan las problemáticas y potencien a las diversas regiones del país", se indicó oficialmente.
La agenda federal fue un compromiso de campaña del presidente Alberto Fernández que tuvo su primer hito en agosto de 2019, cuando el entonces candidato presidencial del Frente de Todos, firmó en la ciudad de Rosario un acta acuerdo con 14 gobernadores.
En ese pacto, se establecía fortalecer las políticas de descentralizados de la administración pública nacional y potenciar a las economías regionales a través de un Compromiso Federal entre la Nación y las provincias.
La ley está acompañada por una serie de iniciativas para fortalecer la presencia del Estado nacional en las 24 provincias. Una de ellas es la creación de un gabinete federal que sesionará, una vez que estén dadas las condiciones sanitarias, rotativamente en cada una de las Capitales Alternas, de manera de hacer más efectiva la articulación entre la Nación y las provincias.
La primera reunión en una capital alterna
Así lo informó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, en declaraciones a la prensa tras la reunión, en las que señaló que se trabaja en la agenda para realizar la primera reunión ministerial en una "capital alternativa" del sur del país, probablemente.
El juez del concurso ascendió a un veedor a "interventor y coadministrador"
La intervención "light" de Vicentin para evitar que explote
El juez del concurso en la convocatoria de acreedores de Vicentin SAIC, Fabian Lorenzini, dispuso este jueves la intervención de la firma cerealera, al responsabilizar a la Dirección de la firma de "la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este Juzgado". Sin embargo, no resuelve la separación del actual Directorio, sino que los mantiene disponiendo que los interventores actuarán "en carácter de co-administradores" de la firma. Nombra, para ello, como interventor a uno de sus actuales veedores, Andrés Shocrón, que accedió a ese rol en julio del año actual con el respalo de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), en representación de una parte de los acreedores. La silla de subinterventor quedará reservada para quien designe el Poder Ejecutivo santafesino, quedando provisoriamente en manos de María Victoria Stratta, directora general de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia.
El espíritu de colaboración con las actuales autoridades de la empresa es lo que marca la distancia en el carácter de esta intervención y la que dispuso, en su momento, el gobierno nacional o la que propuso, posteriormente, el gobierno de Omar Perotti, en ambos casos incluyendo el desplazamiento de la dirección empresaria en ejercicio. El magistrado volvió a rechazar, en su fallo de este jueves, tales pretensiones y alentó una intervención que cumpliría más un rol de vigilancia y acompañamiento al concurso. Para otros observadores cercanos, el juez Lorenzini intentá además "autopreservarse", dadas sus aspiraciones a ser nombrado camarista, y la necesidad de evitar un proceso que, como venía y dado los acontecimientos más recientes, parecía condenar a la cerealera a su definitivo vaciamiento.
En sus fundamentos, el juez Lorenzini no hace referencias las muchas irregularidades que fueron emergiendo a lo largo de los diez meses desde que se abrió el concurso, salvo la mención de "las inconsistencias" de la demora en la presentación del balance a octubre de 2019, y el "ocultamiento de las razones que motivaron la ruptura contractual con KPMG", anterior auditora externa de los registros contables de la empresa.
Tampoco alude a las múltiples denuncias y evidencias de actos de vaciamiento o de defraudación a acreedores, a la banca pública y al fisco. Aunque sí señala la relación irregular con firmas vinculadas, con contratos que podrían resultar ruinosos para Vicentin (con Renova) o los créditos con otras firmas jamás reclamados (Algodonera Avellaneda). En otro párrafo, alude a la relación entre un grupo de accionistas y la firma estadounidense Maxim Group, que muchos sospechan que fue una contratación para buscar un inversor del exterior que se quedara con la empresa. El juez simplemente señala que no se pudo dejar en claro el objetivo del acuerdo.
Pero la omisión más relevante es que Lorenzini haya eludido comentar el hecho de que las operaciones "a fazón" que el grupo Olio y Olaginosa Moreno (Glencore) realizan utilizando la capacidad instalada de Vicentin, para exportar a través de sus puertos, está bajo sospecha de ser una pantalla que encubre que la concursada sigue operando en comercio exterior a través de las mismas, sin rendir cuentas de sus resultados a los acreedores más que por el cobro de un poco significativo alquiler de la planta. No sólo que no lo expone, sino que se estima que este nuevo escándalo podría ser el principal motivador para que Lorenzini disponga esta particular intervención, poniendo en el freezer el concurso por varios meses.
A qué juega el juez
Una calificada fuente, cercana a Vicentin y conocedora de todo el proceso concursal incluso desde antes de que tomara estado público, se preguntaba ayer "hasta cuándo podía seguir protegiendo a la conducción de Vicentin, disimulando o haciendo que no ve sus manejos fraudulentos. Eso tendría un límite, en algun momento tendría que dar una señal en otro sentido. Bueno, creo que acá la dio. Pero sólo fue eso, una señal para cubrirse, no es una medida para tomar el control del proceso y salvaguardar los activos de la empresa. Si tuviera voluntad de hacerlo, hubiera avanzado sobre el grupo de sociedades, y no lo hace. Lo menciona, lo sugiere, pero no avanza".
"Como en una olla a presión, antes que todo le explote en las manos, abrió un poco la válvula y dejó salir algo de vapor", graficó la misma fuente.
El experimentado analista de expedientes enumeró, entre los elementos del actual contexto, "los avances en la causa de la fiscalía de delitos económicos de Rosario por balance falso, estafa y desbaratamiento a los derechos acordados y la inhibición sobre la composición accionaria de todas las sociedades del grupo. La fiscalia y el juez de Rosario se animaron a hacer lo que Lorenzini debió haber hecho y no hizo".
Señaló además "la suspensión, momentánea, del Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial a Díaz & Forti, alter ego de Vicentin, la suspensión para operar en el mercado de cambios, las evidencias que van agregando los veedores, los informes del Banco Nación de Gaggero y García Zanotti, los pedios de ineficacia de la operación de venta de Friar, la simulación de la operación de Renova. Son todos elementos que le quitan a Lorenzini margen para seguir fingiendo desconocimiento. A las verdades evidentes, en este fallo él le baja el precio y las pinta como indicios de que algo no anda del todo bien, y requiere más tiempo e investigación".
Suspendido por el Banco Central por delitos cambiarios
Caso Vicentin: El exportador sustituto, con ventas por u$s 450 millones no liquidadas
La firma, perteneciente al Grupo Olio desde hace algunos años, aparece como una de las sustitutas de Vicentin en el comercio de granos durante el año corriente (la otra es Oleaginosa Moreno, del grupo suizo Glencore). De ser una trader marginal en el negocio (habría operado por poco más de cuatro millones de dólares el año pasado), pasó a ostentar un lugar de privilegio en este jugoso negocio particulamente después de abril, cuando empezó a rentar las instalaciones de Vicentin, donde procesa los granos que compra a productores para luego exportarlos, a través de los puertos de Vicentin.
Lo extraordinario (en el sentido de "fuera de lo común") del caso es que Díaz & Forti no cuenta con infraestructura propia ni capital que sustente la dimensión del negocio que encaró este año. Tampoco aparece como beneficiaria de una importante operación crediticia que le pudiera financiar las operaciones comerciales en la dimensión que las realiza. Esta situación fue analizada e investigada por los especialistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, y volcada en un trabajo que solicitó y publicó el Banco Nación, sobre la crisis de Vicentin y los beneficiarios de las operaciones que debió dejar.
Por su condición de firma concursada, y con sus ex directores imputados en casusas penales por presunta estafa contra acreedores privados, la banca pública y el fisco, Vicentin está inhabilitada para exportar, pero no para alquilar sus instalaciones siempre que el juez del concurso, Fabián Lorenzini, lo autorice. Y éste lo autorizó, pese a las sospechas y denuncias explícitas de que el grupo Olio y Glencore podrían estar actuando como "prestanombres" o pantalla para que Vicentin continuara con la operatoria en comercio exterior burlando a la Justicia y a sus propios acreedores.
Inspección del BCRA
En la misma comunicación antes aludida, fechada este jueves 3, el Banco Central le informa al Ministerio de Agricultura que "se encuentra en trámite una inspección iniciada por presuntas infracciones a la ley 19.359, Régimen Penal Cambiario, en relación a operaciones de exportación vencidas al 30 de septiembre del presente año".
En dichas actuaciones, señala luego la autoridad monetaria, "se determinó que el exportador ha desplegado conductas en presunta vulneración del régimen penal cambiario. A efectos de evitar la comisión de nuevos hechos infraccionales, se ha resuelto, mediante Resolución 28/20 del Sr. Gerente Principal de Control, adoptar las medidas precautorias que consisten en:
1) No acordarles autorización de cambio;
2)No dar curso a sus pedidos de despacho a plaza;
3) No dar curso a sus boletas de embarque de mercadería.
A juicio de otros operadores, estas "medidas precautorias" equivalen a sacar de mercado a la comercializadora del Grupo Olio, lo cual provoca inocultable satisfacción entre sus rivales, que consideran que el usuario de las plantas de Vicentin (por no llamarlo su "pantalla") está ejerciendo una "competencia desleal" hacia ellos. Si hay una consigna de la cual el resto de los exportadores se quieren despegar más que nadie, es aquella de que "Todos Somos Vicentin".
Primera sesión tras la prórroga del periodo ordinario en el Senado
El aporte de las grandes fortunas será ley
La sesión, que será la primera en el marco de la prórroga de la actividad ordinaria en el Parlamento dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el próximo 3 de enero, transcurrirá sin sobresaltos para el oficialismo que cuenta con una mayoría afianzada para aprobar ambos proyectos.
El aporte solidario, que fue avalado en Comisión hace poco más de una semana, establece un aporte por única vez a pagar por las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. La alícuota a pagar irá del 2 por ciento al 3,5 y habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del cual sus propietarios quedarían exentos si aceptan repatriar el 30% de esas tenencias. Según detalló la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas.
El mapa que se dibujará en el recinto a la hora de votar, en una sesión que se extenderá por varias horas, no mostrará diferencias con lo que sucedió en Diputados. Si bien el Frente de Todos contará con el apoyo de algunos bloques provinciales, tanto Juntos por el Cambio como el Interbloque Federal manifestarán su rechazo a la norma.
Según pudo saber Página/12 desde Juntos por el Cambio justificarán su rechazo al proyecto basados en el argumento de que “el texto crea una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales” y “que por eso se convierte en tributo confiscatorio”.
La sesión también tendrá como eje otro proyecto surgido de las entrañas del bloque de diputados de Frente de Todos. Este viernes también se debatirá el proyecto impulsado por Máximo Kirchner, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que busca ponerle fin a la especulación financiera e inmobiliaria de los incendios forestales. En ese marco el texto establece la prohibición de realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La imposibilidad de modificar el uso suelo se extenderá por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Juntos por el Cambio también anticipó su rechazo a la iniciativa bajo el argumento que “el proyecto no distingue entre incendios intencionales y no intencionales; que avanza sobre facultades provinciales; y que implica un retroceso respecto de leyes vigentes”.
Más allá de los dos temas que acapararán buena parte de la sesión la Cámara alta también tratará este viernes la adhesión al Fondo Multilateral de Inversiones III (FOMIN III) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la creación de un “Programa Nacional de Turismo Seguro”. Asimismo, se votarán dos acuerdos internacionales: un Acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo con Uruguay; y un Acuerdo de Cooperación en Defensa con Italia.
Informe de la UCA sobre la delicada situación social durante la pandemia
Sin la red de protección estatal la pobreza hubiese sido mucho más elevada
Hay distintas formas de medir la pobreza. La oficial, que cuenta con más consensos a nivel internacional, es hacerlo por nivel de ingresos. De acuerdo a esta medición, la población bajo la línea de pobreza aumentó de 40,8 a 44,2 por ciento y los indigentes pasaron de 8,9 a 10,1 por ciento entre julio y octubre de 2019 y 2020. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimaron que sin las transferencias económicas del gobierno a los hogares, los números ascenderían a 53,1 y 27,9 por ciento, respectivamente.
Sin embargo, la medición de pobreza incluye otro tipo de privaciones que van más allá de las monetarias de los ingresos del hogar: entre 2018 y 2019 la población que registra una pobreza estructural multidimensional (en ingresos y en tres o más carencias), aumentó de 21,4 a 27,3 por ciento. "Desde la UCA respetamos y reconocemos que el dato oficial de pobreza es el Indec, pero creemos que la medición de la pobreza por ingreso es necesaria pero insuficiente para evaluar las pobrezas estructurales que tiene la población y los hogares del país", señala Agustín Salvio, el director del Observatorio durante la presentación del informe, y agrega que hay distintas dimensiones que difícilmente pueden ser identificadas por el nivel de ingresos y la UCA intenta abordar.
Las carencias a las que mide la UCA como no monetarias son manifestaciones asociadas a la pobreza, tales como la inseguridad alimentaria (familias que redujeron involuntariamente la porción de comida), la falta de vivienda digna por vivir en condiciones de hacinamiento o sin inodoro, educación, salud, la discriminación y la falta de un empleo legal y decente, entre otras carencias que no siempre ni necesariamente pueden ser resueltas a través de ingresos.
Más desigualdad
El porcentaje de hogares afectado por al menos una carencia se mantiene estable desde 2016 después del incremento experimentado ese año en el que se pasó de un 64 a un 66 de los hogares afectados. Los hogares en situaciones de mayor vulneración, los que presentaban tres carencias o más se incrementaron en el último año llegando a un 28,5 por ciento en 2020. Esto revela una profundización de las brechas de desigualdad entre hogares y significa un fuerte incremento de la pobreza estructural que, tal como se mencionó anteriormente, pasó de 21,4 a 27,3 por ciento a nivel de la población.
La correlación entre la evolución de las privaciones no monetarias y la pobreza por ingresos, se observa en mayor medida en el análisis a nivel de población y no en hogares, donde influyen más este tipo de características no monetarias.
En general los indicadores basados en carencia por derechos no fueron sensibles al impacto covid porque miden situaciones más estructurales, por lo que su efecto estará en el mediano o lago plazo. Sin embargo, algunos aspectos a destacar en la evolución interanual de las carencias no monetarias es el salto de 9,3 a 10,4 por ciento de las personas que tuvieron que reducir su porción de alimento o sufrieron hambre en repetidas ocasiones. La dificultad de acceso a la atención médica aumentó poco porque porque hubo crisis de oferta: de hecho se redujo el porcentaje de personas que no podían acceder a los medicamentos (en 2019 eran el 23,6 por ciento de las personas encuestadas y en 2020 el número bajó a 21,8 por ciento). Asimismo, hubo una reducción del déficit de la vivienda digna de 26,2 a 24,2 por ciento de la población "por la construcción de viviendas precarias y por autoconstrucción gracias al confinamiento", explica Salvio.
Empleo
Entre 2019 y 2020 en gran parte por el efecto de la pandemia y de la cuarentena, disminuyó la participación de la población en el mercado de trabajo y la cantidad de puestos de trabajo disponibles. La tasa de desocupación se incrementó de 10,6 a 14,2 por ciento.
Además, la UCA registró un cambio en la calidad de empleo en el período, que también afectó más a los más vulnerables. El 74,1 por ciento de la personas con empleo pleno en 2019 pudo sostener su trabajo en iguales condiciones en 2020, aunque un 18,6 por ciento consiguieron un empleo precario y el 6,1 por ciento quedó desempleado. De aquellos que tenían un empleo precario en 2019, la mitad siguió manteniendo esa modalidad, mientras que un 14 por ciento quedó desempleada (el doble que los que contaban con empleo pleno), y un 24 por ciento consiguió un empleo pleno. Los números duelen más en el caso del impacto de la pandemia en los desempleados en 2019: el 26,5 por ciento mantuvo su condición, un tercio consiguió un empleo precario, otro tercio changas y apenas el 7,6 por ciento consiguieron un empleo pleno.
La clásica: pobreza por ingresos
Bajo el escenario de crisis, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro con efectos regresivos sobre la pobreza y la indigencia. El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social.
Según los datos de la EDSA Agenda para la Equidad, entre julio y octubre de 2020 se estima que el 7,3 por ciento de los hogares y 10 por ciento de las personas son indigentes: se trata de los valores más altos de la década. La tasa de pobreza fue de 34,9 por ciento en hogares y 44,2 en personas, también el registro más alto observado en la actual década.
La pobreza monetaria concentra sus efectos en la población localizada en el Conurbano Bonaerense y que pertenecen a hogares del estrato trabajador marginal, de niveles socio económicos muy bajo, conducidos por personas que afrontan coyunturas de desocupación o subempleo. Además, la presencia de niñas/os en el hogar se asocia con factores estructurales que también refuerzan la caída en la pobreza o la indigencia.
Alcance de las ayudas económicas
"La mayor parte de las medidas de gobierno adoptadas buscaron reducir los efectos de la parálisis económica, sin las cuales la situación social habría sido más grave. Sin embargo, cabe destacar que no hay posibilidades de cambiar la situación estructuralmente crítica que afecta a los sectores más vulnerables si no es a través de la puesta en marcha un plan de reactivación del mercado interno, tanto formal como informal", asegura el informe que calculó que el 55,5 por ciento de las personas recibe ayuda económica del Estado, más de diez puntos porcentuales por encima de 2019 que eran 43,8 por ciento. Si no hubiesen existido estas ayudas, la UCA calcula que la tasa de pobreza hubiese sido de 53,1 por ciento en vez del 44,2 por ciento observado en personas: y la indigencia de 27,9 por ciento en vez del 10 por ciento.
La Campaña convocó a una jornada de actividades para este viernes
Aborto: exposiciones a favor y en contra en Diputados, otra mujer muerta en el país
La primera en exponer en la tercera jornada, que fue presidida en esta tanda por la presidenta de la comisión de Mujer y Diversidad, Monica Macha, fue la investigadora del Conicet Mariana Romero, que defendió la iniciativa y sostuvo que la legalización "nos permitirá una mayor relación entre pacientes y profesionales de confianza y empatía".
Luego, una joven de 22 años, Guadalupe Batallán, tras relatar que su madre quedó embarazada a los 15 años, rechazó de plano el proyecto y aseguró que "estamos frente al mayor genocidio universal", al cuestionar el tratamiento 'exprés' de la iniciativa, y señaló: "Me duele mucho por la Argentina como joven lo que me va a tocar vivir".
En tanto, José Vivanco, de Human Rights, sostuvo que "la clandestinidad afecta a las mujeres más vulnerables y a las adolescentes" y consideró que "legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar", al advertir que de aprobarse "se aseguraría que nadie sufra innecesariamente debido a embarazos no deseados o riesgosos". "No no dejemos pasar una deuda histórica para la Argentina", pidió.
Para Inés Franck, abogada de la Universidad Católica, "se debería tomar la vida humana desde la concepción ya que estamos ante dos vidas que hay que cuidar y proteger" y afirmó: "No es una discusión religiosa, ni política sino técnica y jurídica". "Es una imposición donde no se admite que los derechos de todos deberían ponerse en discusión. Tampoco se habla de los chicos por nacer", manifestó.
Por la tarde, Patricia Rosemberg, exdirectora de la "Maternidad Estela de Carlotto", señaló: "Estamos comprometidos con la idea de que las mujeres puedan defender la vida, la salud, puedan decidir y tomar decisiones con la libertad de todas las opciones que tienen, y por eso me parece importante que esta ley de IVE venga con el marco de la Ley de los 1000 días". "Cada vez hay más médicos y médicas que queremos acompañar y asistir situaciones de aborto, que necesitamos formarnos para eso. La decisión es de la mujer y nosotros tenemos que garantizar que sea de forma segura", agregó.
En contra del proyecto, Roberto Votta, del servicio de Obstetricia del Hospital Cosme Algerich, expresó: "El aborto no es la solución, deberíamos aumentar el esfuerzo en la educación sexual. Los médicos obstetras hace mucho tiempo que hablamos del feto como persona, como un segundo paciente, y como persona tiene el más grande de todos los derechos de un individuo, el derecho a la vida".
Luis Pedernera Reyna, del Comité sobre los Derechos del Niño, dijo que "son terribles los testimonios que hemos recibido de niñas violadas, abusadas sexualmente, obligadas a parir por diferentes cuestiones y las dilaciones de un sistema de justicia que no llega a atender los tiempos de la infancia".
Por su parte, Marcelo Riera, profesor universitario y exministro de Salud de San Luis, expresó su opinión en contra del proyecto, al considerar que "los conocimientos científicos sobre el neo-concebido en su primera fase de existencia unicelular nos permiten tener la certeza de que se trata de un nuevo ser humano, diverso y distinto de sus padres".
Soledad Bustos, subsecretaria de Atención Primaria del del municipio bonaerense de Quilmes, reivindicó la iniciativa: "Es un problema de salud pública y el Estado debe garantizar siempre el acceso a la salud. Hemos incrementado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la ILE; pero este acceso a la salud integral no puede ser un privilegio de un municipio".
El pastor evangélico Jorge Sennewald remarcó: "Veo un proyecto que no armoniza con nuestro Código Civil, con nuestra Constitución ni con los tratados internacionales que son provida. Nadie puede refutar que el aborto siempre es la interrupción de una vida".
Otra muerte
Una mujer de 40 años falleció a causa de aborto séptico el 7 de noviembre pasado, confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de Córdoba, tras la denuncia efectuada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Desde la cartera sanitaria no revelaron más detalles, solo que el fallecimiento se produjo en la localidad de Jesús María.
Desde la Campaña emitieron un comunicado donde indicaron que tenía 40 años, era madre y esposa y durante tres semanas luchó por salvarse en un hospital, donde permaneció internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.
"En lo que va del año, es la primera mujer que conocemos que muere por la clandestinidad del aborto en Córdoba. Pero no es una historia aislada. A nivel nacional es la cuarta que registramos, pese a la falta de datos y acceso a la información pública", señaló el texto. Asimismo, aseguraron que "en pandemia, los abortos siguen ocurriendo. Por eso, es urgente legalizar la interrupción voluntaria del embarazo: sin ley, las mujeres y personas gestantes se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros y mueren por no acceder al sistema de salud de manera adecuada".
"Mariela (seudónimo) es víctima de un sistema que criminaliza y prejuzga en lugar de garantizar", agregaron.
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina: se registraron 149 muertos y 7.629 casos en las últimas 24 horas
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 149 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 39.305. Además se registraron 7.629 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 1.447.732 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.916 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 56 por ciento a nivel nacional y en un 60,4 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 7.629 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.447.732 positivos en el país, de los cuales 1.274.675 son pacientes recuperados y 133.752 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 149 nuevas muertes, son 73 hombres y 76 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 39.305.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 47.112 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.022.872 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 88.654 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 1.816 | 624.594
Ciudad de Buenos Aires 372 | 159.881
Catamarca 17 | 1.908
Chaco 335 | 20.128
Chubut 316 | 23.861
Corrientes 374 | 7.876
Córdoba 532 | 116.244
Entre Ríos 184 | 23.984
Formosa 2 | 189
Jujuy 7 | 18.410
La Pampa 97 | 6.074
La Rioja 32 | 8.800
Mendoza 242 | 57.265
Misiones 9 | 542
Neuquén 554 | 33.355
Río Negro 209 | 32.416
Salta 81 | 21.332
San Juan 168 | 8.235
San Luis 149 | 14.958
Santa Cruz 218 | 16.696
Santa Fe 1.332 | 151.684
Santiago del Estero 99 | 15.942
Tierra del Fuego 93 | 16.481
Tucumán 391 | 66.879
Fuente:Pagina12
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