Alberto pone en marcha el proyecto de capitales alternas en Río Grande
Traslada el gabinete a Tierra del Fuego para inaugurar la agenda de reuniones de trabajo en diferentes partes del país que establece la ley aprobada recientemente en el Congreso.
Al sur del país, en la provincia de Tierra del Fuego, Río Grande espera con carteles de bienvenida -colocados por el municipio local en el ingreso del aeropuerto- al presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien llega este lunes con gran parte de su gabinete para inaugurar la agenda de Capitales Alternas 2021.
En una visita acotada, el mandatario nacional arribará al Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel por la mañana. Allí el Jefe de Estado será recibido por el gobernador de FORJA, Gustavo Melella, y por el intendente peronista, Martín Pérez. Ambos ganadores en las elecciones pasadas por el Frente de Todos.
Junto al presidente estarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Transporte, Mario Meoni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Formarán también parte de la comitiva los secretarios General de Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el secretario de Energía, Darío Martínez.
La ciudad industrial fue la elegida por la Casa Rosada para dar el puntapié inicial a la concreción de otra promesa que Fernández hizo en campaña y que busca achicar las asimetrías territoriales con políticas públicas equitativas para que todas las provincias estén en igualdad de condiciones. En noviembre, cuando el proyecto del Ejecutivo se convirtió en ley en el Congreso, Fernández recordó que el objetivo es crear una Argentina más federal en la que el poder esté también en el interior del país.
La agenda tendrá dos actividades oficiales. El presidente hará una breve visita en el Monumento a los Héroes de Malvinas, ubicado en la calle Elcano, frente a la playa, donde, si el viento lo permite, realizará un homenaje y se tomará la foto oficial. Luego, encabezará el acto central en el Polideportivo Juan Carlos Margalot. Allí, se espera que brinde un discurso con anuncios y firma de convenios. En el gimnasio, que se encuentra en el barrio de Chacra II, estarán también presentes autoridades de los tres municipios que tiene la provincia, funcionarios del gobierno provincial e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil.
La última vez que un presidente visitó la provincia fue Mauricio Macri en enero del 2019. Macri recorrió las plantas de NewSan y una obra que realizaba la Nación y la provincia en la costanera de la ciudad de Ushuaia, donde lo recibió Juan Carlos Arcando, ex vicegobernador. La exgobernadora Rosana Bertone estaba de licencia vacacional. En esa oportunidad, Arcando le entregó al expresidente una carpeta azul que contenía una lista de deudas económicas que el gobierno tenía con Tierra del Fuego.
Río Grande: Viento, trucha y vigilia malvinera
Ubicada al norte de la isla, Río Grande, es una ciudad ventosa que tiene unos cien mil habitantes y una importante cantidad de fábricas que, tras la crisis económica, buscan reactivar el empleo y la producción. La ciudad ya contaba con dos nominas anteriores. Fue declarada la Capital Nacional de la Trucha por la pesca deportiva que se realiza en sus fríos ríos y limpios lagos. Y, desde 2013 -por una ley nacional- también se la consideró la Capital de la vigilia por la gesta de la guerra de las Islas Malvinas. El sentimiento malvinero de los riograndenses fue reconocido por todo el país y la vigilia del primero de abril en conmemoración y concientización sobre la causa Malvinas se hizo cada vez más masiva. La industria y Malvinas son temas prioritarios en la provincia. Por eso, se espera que Fernández o su ministro de la Producción Matías Kulfas se pronuncien respecto a la prórroga del subrégimen de promoción industrial (Ley 19640) y también desde la oposición local piden definiciones sobre la constitución del Polo Petroquímico. En torno a la cuestión Malvinas, Alberto Fernández avanzó en su propuesta de crear un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur que puso en marcha luego de que el Congreso lo convirtiera en Ley.
Qué son las capitales alternas
La ley 27.589, sancionada este año por el Congreso Nacional, establece que se deberán hacer reuniones de trabajo en las provincias entre los ministros, ministras, secretarios, secretarias, funcionarios y funcionarias del poder ejecutivo nacional, autoridades locales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias. Asimismo, indica que será el Jefe de Gabinete quien convoque a las reuniones de trabajo con una periodicidad no mayor a los 30 días.
Por propuesta de los gobernadores las Capitales que oficiarán de sede para los encuentros que se realizarán en todo el país son: La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires); Tinogasta (Catamarca); Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco); Comodoro Rivadavia (Chubut); Río Cuarto (Córdoba); Goya (Corrientes); Concordia (Entre Ríos); Formosa (Formosa); San Pedro de Jujuy (Jujuy); General Pico (La Pampa); Chilecito (La Rioja); Guaymallén (Mendoza); Oberá (Misiones); Cutral Có (Neuquén); San Carlos de Bariloche (Río Negro); San Ramón de la Nueva Orán (Salta); Caucete (San Juan); San Luís (San Luís); Caleta Olivia (Santa Cruz); Rosario (Santa Fe); La Banda (Santiago del Estero); Río Grande (Tierra del Fuego AIAS) y Monteros (Tucumán).
La vacuna rusa ya tiene fecha pero no alcanzará para evitar el rebrote
La carrera contra el rebrote parece perdida. La realidad que ya viven varios países de la región, que volvieron a implementar restricciones, comienza a percibirse en el horizonte argentino. Mientras el gobierno ultima detalles para iniciar la vacunación contra el coronavirus de los primeros 300 mil trabajadores de salud el lunes 28 de diciembre, las últimas cifras oficiales marcan un crecimiento del 21% en los contagios de la última semana. El movimiento generado por las fiestas y las vacaciones, sumado a la caída en la percepción de riesgo, incrementan las chances de una suba exponencial antes de que termine el período estival.
“No sé si hay espacio político para restricciones en este tiempo. Pero si seguimos así, van a tener que llegar. La vacuna no resuelve el problema tan pronto”, advierten a Tiempo altas fuentes del Ministerio de Salud de la Nación. Unos 6006 casos nuevos de coronavirus fueron detectados en promedio cada día de la última semana: 1062 más que los siete días anteriores. Las curvas de contagio vuelven a mirar hacia arriba y el cruce de burbujas para los próximos días, cuando las familias vuelvan a encontrarse, dificulta pensar en un quiebre de tendencia. Cada jurisdicción emitió recomendaciones que apuntan a mantener elevado el nivel de alerta: distancia mínima de 1,5 metros en la mesa, uso de tapabocas, reuniones al aire libre o en espacios muy ventilados, e higiene de manos permanente. Nada nuevo, pero cada vez menos respetado.
¿Papá Noel traerá la vacuna rusa?
Desde el gobierno aseguran que la vacuna desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia llegará y comenzará a ser aplicada antes de fin de año. La fecha marcada en el calendario, pero aún no anunciada oficialmente, es el lunes 28 de diciembre. El cronograma completo de Presidencia indica que un avión de Aerolíneas Argentinas saldría el martes 22 de diciembre a la madrugada rumbo a Moscú. Cargaría unas 300 mil vacunas de la primera dosis de Sputnik V y emprendería el regreso el 23/12 alrededor de las 7 de la mañana. El arribo al país se espera para las últimas horas del 23. “Todo depende del peso del avión y los vientos que podrían obligar a realizar una escala técnica para recargar combustible”, explican a Tiempo.
“En Rusia ya se visitaron las plantas para tener las BPM (Buenas Practicas de Manufactura) y se está cerrando esa parte. Esta semana estarían presentados los resultados de la fase 3 en ANMAT, y con eso ya estaríamos listos para vacunar”, confirman desde Salud. Si todo sigue como está previsto, entre el 24 y el 28 de diciembre se distribuirían las 300 mil vacunas en las distintas provincias y ese último lunes del 2020 se comenzaría a vacunar. Los primeros en recibirlas serán el personal de salud público y privado que atienden Covid. “Cada provincia determina y define dónde se realiza, y hay distintas opciones según como se haya desarrollado la pandemia en el territorio. Depende más del lugar de almacenamiento de la vacuna que de otra cosa”, precisan desde el Ministerio.
¿Y las otras vacunas?
Desde hace varios meses Argentina mantiene diálogos con cinco laboratorios, a los que se suele identificar por la nacionalidad de su mayoría accionaria: AstraZeneca (Reino Unido), Gamaleya–Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China), Janssen–Johnson & Johnson (Bélgica–EE UU) y Pfizer-BioNTech (Alemania–EE. UU). Con ellos avanzó en el diseño de preacuerdos de los cuales ya se firmaron dos: AstraZeneca (por 22 millones de dosis) y Gamaleya–Sputnik V (por 20 millones de dosis con posibilidad de aumentar a 10 millones más), que será la primera en llegar. Al pequeño lote de fin de año le seguirán dos entregas en enero y febrero. Las de AstraZeneca, cuyo principio activo se fabrica en el país, se espera que estén disponibles para aplicar a la población entre abril y mayo.
Adicionalmente, el gobierno tiene un acuerdo para recibir a partir de marzo unas 9 millones de dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX, un sistema organizado en el marco de la ONU que compra a los laboratorios a menor precio y distribuye entre quienes integran la alianza. Fue diseñado para garantizar el acceso a los países de menores recursos y en muchos casos es la única expectativa que tienen para inmunizar a su población.
Argentina también contaba con recibir en los próximos meses vacunas de Pfizer-BioNTech, pero según fuentes oficiales, “el laboratorio se comprometió más de lo que puede entregar y ahora está poniendo excusas para dejar afuera a algunos”. De hecho, el mismo día que el Reino Unido aprobó el uso de su vacuna, la empresa reconoció que de las 100 millones de dosis que había anunciado que produciría durante 2020 solo podría llegar a hacer la mitad.
Ramos Padilla tiene a resguardo un documento que complica a Arribas
La resolución 558 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que firmó Gustavo Arribas en abril de 2017 es casi una confesión abierta de un delito. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tiene ese documento bajo siete llaves. Se lo pidió a la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en el marco de la causa por espionaje ilegal a opositores políticos, organizaciones sociales y sindicales en el denominado “Proyecto AMBA”, el desembarco de los espías en territorio bonaerense durante el gobierno de Cambiemos.
Aplica al caso un viejo refrán: “Los mandaron a espiar y tocaron timbre”. Según consignó el juez Ramos Padilla, la resolución “modificó la estructura orgánica de toda la Agencia Federal de Inteligencia y, en ese marco, dirimió las funciones de la Dirección de Reunión Interior y de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires. Allí se estableció específicamente que la Dirección de Reunión Interior tenía entre sus funciones ‘Coordinar las tareas de las Dependencias de la Dirección para optimizar el funcionamiento del área, excluyendo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
La resolución –en rigor, la estructura de la AFI– es extensa y minuciosa. Se trata de un documento secreto.
Entre los objetivos que se propone el documento, le asigna a la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires “obtener información en el ámbito de su jurisdicción y mantener actualizada la situación base primaria de los componentes político, económico y social”.
El artículo cuarto de la Ley 25.520, conocida como “Ley de Inteligencia”, establece taxativamente que “ningún organismo de inteligencia podrá (…) obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
La ley también les prohíbe a los organismos de inteligencia “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.
Eso, exactamente, es lo que –según el fallo del juez Ramos Padilla– hizo la AFI con el Proyecto AMBA.
¿Qué funciones estableció la Resolución 558/2017 para los agentes de la AFI destinados al Proyecto AMBA? “Recibir y registrar los requerimientos referidos al ámbito interno propio de la comunidad informativa, del gobierno nacional y otros organismos del Estado”. Y, también, “planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y en el componente científico y tecnológico”.
El agente a cargo del Proyecto AMBA era Pablo Pinamonti, ya procesado por Ramos Padilla como derivación de la Causa D’Alessio, la investigación que tiene como epicentro al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
¿Qué dijo Pinamonti en su declaración indagatoria? “Que él no reportaba a la Dirección Operacional de Inteligencia Interior de la que supuestamente dependía la Dirección de Reunión a su cargo, sino que efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la Subdirección de la AFI, a cargo de Silvia Majdalani”.
¿Cómo documentó Ramos Padilla que las actividades tenían por objetivo el espionaje político, social y sindical? Con los documentos que secuestró.
El propio fallo del juez lo describe: “Se han hallado diversos informes de inteligencia (…) especialmente vinculados con el seguimiento de distintas protestas gremiales y sociales”. Las zonas de mayor intensidad para el espionaje político eran las del oeste de la provincia de Buenos Aires, especialmente Morón y Haedo. Pero hubo reportes de prácticamente cada rincón bonaerense.
“Si bien en las resoluciones de creación de esas Delegaciones Provinciales, en el discurso público y también conforme han manifestado algunos de los imputados, estas se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, se corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”, resumió Ramos Padilla.
¿Pero investigaban o no delitos complejos? El fallo responde: “No se advierte ninguna situación de alerta para la seguridad pública ni la defensa de la Nación o un indicador acerca de la comisión de algunos de los delitos complejos sobre los que la AFI está autorizado a realizar acciones de inteligencia criminal solo bajo orden de la autoridad judicial respectiva”.
Fuente:TiempoArgentino
20.12.2020 / Gobierno nacional
Arroyo reafirmó que si hay rebrotes de coronavirus "volverán las medidas de emergencia" como el IFE
El ministro de Desarrollo Social reconoció que "el Presupuesto 2021 está diseñado sin pandemia" pero advirtió en línea con el Presidente y el titular de Economía que "si la situación sanitaria se complica" y "hay rebrotes", se tomarán "medidas de emergencia" que alterarán el plan e implicarán el regreso de políticas como el IFE.
Cuando en Europa está pegando durísimo la "segunda ola" de la pandemia del coronavirus, se informa acerca de una mutación sobre la que aún faltan precisiones y los países centrales retoman medidas de aislamiento, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoció que la ley de Presupuesto 2021 no contempla acciones para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de las restricciones pero reafirmó que "si la situación sanitaria se complica" y "hay rebrotes" se tomarán "medidas de emergencia" que alterarán el plan presupuestario e implicarán la vuelta de programas como el IFE.
"El presupuesto que se aprobó para el año que viene está pensado sin pandemia. Si la situación se complica en materia sanitaria y hay rebotes, se volverán a aplicar medidas de emergencia. Pero el año que viene el presupuesto está diseñado como si no hubiera pandemia", reiteró y reconoció que el 2020 fue "un año durísimo", "muy complicado" en términos de salud y en lo económico, y que equivale a "10 años para la vida cotidiana".
El funcionario señaló que "mucha gente perdió ingresos, mucha gente angustiada" y que "en la primera etapa había centros de aislamiento" que le recordaron "a los centros de evacuados", aunque consideró que los distintos actores sociales estuvieron "a la altura" de las circunstancias para atender la crisis.
En ese sentido, Arroyo destacó el trabajo del "Estado, las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas y las empresas".
Sobre la marcha de la economía hacia adelante, mostró optimismo y dijo que "está mejorando un poquito la situación" y argumentó que "hace cinco semanas que está bajando un poquito la cantidad de gente en los comedores" y "eso porque hay un poquito más de changas".
"Veo que está mejorando la situación de a poco en un año muy difícil", analizó entrevistado en radio Rivadavia. Asimismo, el ministro negó que el Gobierno esté en una fase ajustadora, como sostienen algunos dirigentes de la oposición. "El IFE habían sido 45 mil millones de pesos por mes. Nosotros con todas las medidas que aplicamos en diciembre tenemos una aplicación de 63.000 millones de pesos", explicó.
Fuente:PoliticaArgentina
Argentina suspendió el ingreso y salida de vuelos con Reino Unido
Es por la nueva cepa del covid-19 que se registra en el país europeo y provocó el cierre parcial de las fronteras en casi toda Europa.
El Gobierno nacional dispuso suspender el ingreso y salida de vuelos desde y hacia Gran Bretaña a partir de este lunes 21 de diciembre de forma preventiva, a raíz de la situación epidemiológica que registra ese país europeo, tras declarar la aparición de una nueva cepa de COVID-19.
En ese marco, y a partir de las recomendaciones de la cartera de Salud, se decidió permitir solamente el arribo del vuelo previsto para este lunes a las 9 horas al aeropuerto internacional de Ezeiza, en el cual los pasajeros, junto con la tripulación, deberán cumplir una cuarentena de 7 días, una vez que acrediten con los requisitos exigidos para el ingreso al país: un test de PCR con resultado negativo y un seguro COVID.
En ese sentido, y ante el arribo del único vuelo que llegará proveniente Gran Bretaña, el Ministerio de Salud junto al de Transporte y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), dependiente del Ministerio del Interior, realizarán un operativo especial en Ezeiza para controlar la llegada de los pasajeros y tripulación, como así también el traslado hacia los sitios en que realizarán el aislamiento.
En tanto, la DNM notificará fehacientemente a las jurisdicciones en las que pasajeros y tripulantes fijen domicilio en la Declaración Jurada, para controlar el estricto cumplimiento del aislamiento obligatorio.
La decisión fue adoptada en el marco de las acciones que se vienen llevando adelante en relación al nuevo coronavirus (COVID-19), ante la dinámica de eventos registrados en países del continente europeo.
Fuente:Infonews
La estrategia de Alberto para terminar con el
Lawfare y poner un límite a la Corte
El presidente analiza crear un Tribunal Superior,
que funcione a la par de la Corte Suprema, para encargarse de los casos de
arbitrariedad judicial, como en las causas contra Cristina.
20 DE DICIEMBRE, 2020
Por ROBERTO NAVARRO
Alberto considera el lawfare un problema grave del país, que pone en riesgo las libertades individuales y la seguridad jurídica en general. Para salir del laberinto que se fue armando en el Poder Judicial en los últimos años creó un Consejo Consultivo para la Reforma Judicial que analizó las posibles soluciones al escenario actual. El resultado es un informe que dejó más que satisfecho al presidente. Luego de estudiarlo varios días, comenzó a tomar decisiones.
“Lo más seguro es que avancemos con la creación de un Tribunal Supremo, de igual rango que la Corte, que se encargue de los casos de arbitrariedades. Un sistema como el español”, señaló este fin de semana Alberto.
El presidente y profesor de derecho cree que las dos posibilidades más convenientes son aumentar los miembros de la Corte o crear el Tribunal Supremo. Pero estima que esta última opción crearía un sistema más ágil y operativo al tiempo que aparece como el más potable para instrumentar en un tiempo razonable. Aunque la medida solo necesita mayoría simple del Congreso, Alberto aseguró que “tiene que salir con acuerdo de la oposición”.
La idea es que la actual Corte se encargue de decidir sobre la constitucionalidad o no de los temas en litigio y el nuevo tribunal de las arbitrariedades que pudieran cometerse en instancias inferiores en el juzgamiento de los casos.
Por ejemplo, la Corte actual se ocupó del fallo del 2 por 1 para crímenes de lesa humanidad. También de la Reforma Judicial impulsada por Cristina. Pero se ha negado a tratar abusos en casos como los de Cristina, Milagro Sala y Amado Boudou, que piden que la Corte revise los procedimientos de los jueces de primera instancia. Se trata en general de temas de prueba. Graciana Peñafort denunció por ejemplo que no pudo acceder a pruebas en el caso Ciccone. Cristina no logró que se hiciera una auditoría en la obra pública ni que le tomar declaración a Ronald Noble en la causa del memorándum de Irán, por citar algunos casos.
Alberto piensa que parte del radicalismo estaría dispuesto a votar esta reforma y sumar algunos de sus hombres a este nuevo tribunal. Nueve miembros le parece un número razonable, ya que debería ocuparse de múltiples casos.
El presidente descarta la posibilidad de solucionar los casos actuales con indultos, que estima son actos discrecionales de épocas monárquicas. Y tampoco lo convence la posibilidad de avanzar en un juicio político a los actuales miembros de la Corte. Aumentar sus miembros es una posibilidad, pero es más difícil de sacarlo en el Congreso, ofrece menos escaños para nuevos cargos, no soluciona el tema de una justicia más ágil y es claramente más conflictivo ante la opinión pública que la creación del Tribunal Supremo.
Hace pocos días Cristina advirtió sobre la posibilidad de que la Corte obstruyera el plan económico del Gobierno. Llegó a oídios del Gabinete que los cortesanos podrían involucrarse en el caso de la jubilaciones y poner en jaque la reciente modificación de la actualización trimestral con la fórmula ya utilizada por Cristina. Una decisión de ese calibre amenazaría entre otras cosas la negociación con el FMI. Así están las cosas en Argentina.
El presidente se indignó cuando en pocos días la Corte decidió laudar en el caso del traslado de tres ignotos jueces y se negó a tratar el caso del ex vicepresidente Amado Boudou. También considera intolerable el acoso constante a Cristina y la tortura que resiste Milagro Sala hace 5 años. Así piensa trabajar en el proyecto durante el verano para avanza en las sesiones ordinarias.
Fuente:ElDestape
20/12/2020 BALANCE
La Corte: entre la quietud, los fallos de alto impacto y la pandemia
El máximo tribunal atravesó un año de notoria quietud en sus decisiones, con fallos de alto impacto político y social.
Por Felipe Celesia
La Corte Suprema de Justicia atravesó un año de notoria quietud en sus decisiones, con fallos de alto impacto político y social como el reclamo de los jueces federales trasladados durante el macrismo o la causa del exvicepresidente Amado Boudou, en el marco de un sistema afectado por la pandemia y serios cuestionamientos a su idoneidad expresados desde diferentes sectores institucionales, incluido el Gobierno.
Sin duda el pico de atención y expectativa sobre el alto tribunal estuvo dado por la definición de los reclamos de los jueces federales con trasladado, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que buscaron quedarse en la Cámara Federal, segunda instancia de todos los juzgados de Comodoro Py, con el aval de la Corte pese a no tener el acuerdo constitucional del Senado.
A fines de julio, el Consejo de la Magistratura aprobó solicitar al Senado que revise traslados de 10 jueces, entre ellos, los de Bertuzzi y Bruglia, en base a un informe del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, quien revisó todos los traslados de jueces realizados desde 1998 hasta 2020 y advirtió asimetrías e irregularidades manifiestas en estos casos.
La Comisión de Acuerdos del Senado convocó a los magistrados cuyo nombramiento debía revisarse, pero Bruglia y Bertuzzi prefirieron no asistir e iniciar una campaña pública, respaldada por sectores de la oposición, para quedarse en los tribunales a los que fueron trasladados por decretos del expresidente Mauricio Macri.
Simultáneamente, Bruglia y Bertuzzi judicializaron el conflicto presentando a principios de septiembre amparos ante el fuero Contencioso Administrativo y recurriendo a la Corte para pedir un "per saltum" (salto de instancia) que dejara sin efecto la decisión del Consejo de la Magistratura y del Senado.
En el fuero Contencioso Administrativo rechazaron los recursos por considerar que no se acreditaba la vulneración de sus derechos como jueces que plantearon y en el mismo sentido se pronunció la Corte cuando rechazó el "tratamiento urgente" solicitado por los magistrados.
Cuando todo indicaba que la justicia no hacía lugar a los recursos extraordinarios, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, nombrado por Mauricio Macri y exabogado del Grupo Clarín, empujó la intervención del tribunal convocando a un "acuerdo extraordinario", en uso de sus facultades como cabeza de la justicia.
El artículo 71 del reglamento de la Justicia Nacional señala sin posibilidad de interpretaciones que "la Corte Suprema podrá también reunirse en acuerdos extraordinarios en días hábiles o feriados cuando fuera convocada por el Presidente o lo dispusiera la mayoría del Tribunal".
"La Corte tiene la responsabilidad, en casos como éste, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados", justificó entonces Rosenkrantz en declaraciones a Clarín.
Con esta iniciativa, creció la expectativa social y la presión mediática para que la Corte saliera en "salvaguarda" de la independencia judicial, según la interpretación más extendida entre medios y dirigentes opositores.
En este contexto, la Corte definió, a fines de septiembre, que intervendría en el pedido de "salto por instancia" o "per saltum" solicitado por ambos jueces, a los que se agregó el juez, también cuestionado por su traslado sin acuerdo, Germán Castelli, quien tampoco se presentó a la convocatoria del Senado para prestar acuerdo.
Más de un mes después, el 3 de noviembre, la Corte cerró finalmente el tema ratificando el traslado de los jueces pero señalando que eran "provisorios" y que estaban vigentes en sus cargos hasta tanto se realizara un nuevo concurso que respetara el trámite constitucional.
"Nunca hubo en el derecho argentino ni en la designación de los actores una referencia a que el traslado sea definitivo, por lo tanto, no hay derechos subjetivos ni aplicación retroactiva de la ley", dijo la Corte en sus fundamentos y concluyó: "Las costumbres contrarias a la Constitución no generan derechos".
En medio de estas tensiones, la Corte debió administrar el sistema judicial y aplicó las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno, ante la pandemia de coronavirus, estableciendo una "feria judicial extraordinaria" que se prolongó desde fines de marzo a mediados de julio.
La pandemia aceleró la conversión que ya venía realizando la justicia de un sistema en papel y presencial a uno digital y remoto, a través del expediente electrónico, la firma digital, el trabajo a distancia y los acuerdos virtuales.
El siguiente hito de la Corte llegó a mediados de noviembre, cuando ordenó al gobierno de Formosa que permita el ingreso de los ciudadanos que reclamaban ingresar a la provincia, en salvaguarda de un grupo que llevó su pedido al máximo tribunal por encontrarse varados en los ingresos provinciales.
El tribunal consideró por unanimidad que las medidas sanitarias preventivas del gobernador Gildo Insfrán, constituían "limitaciones irrazonables a la autonomía personal" y que ellos afectaba el derecho a la libre circulación consagrado en la Constitución Nacional.
Pocos días después, el 3 de diciembre, los cinco jueces del tribunal volvieron a ocupar el centro de la consideración pública cuando dejaron firme la condena del exvicepresidente Boudou, invocando el artículo 280 que faculta a la Corte a no intervenir en los expedientes que no quiere, sin fundamentos.
Al rechazar intervenir, la Corte confirmó la condena a 5 años y 10 meses de prisión, aplicada en primera instancia y ratificada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal.
"Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades", dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero a horas de publicarse la decisión.
Pero la crítica más directa y abierta llegó con una carta difundida por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la que acusó a los ministros de "encabezar y dirigir el proceso de Lawfare".
"Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa", señaló la vicepresidenta que tiene abiertos procesos judiciales por su gestión presidencial.
A la voz de la expresidenta se sumó la del presidente Alberto Fernández, que señaló el 11 de diciembre, en declaraciones radiales, que "en la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido".
"En los últimos 10 años la Corte Suprema solo uso en dos ocasiones el per saltum: por la ley de democratización de la Justicia y con el traslado de tres jueces" dijo el primer mandatario y añadió: "Hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la 'sana discreción' le dice que no intervenga cuando condenan a un exvicepresidente a cinco años de prisión".
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