El listado
completo de los espiados por la AFI bahiense en 2017
17 de diciembre de 2020
Como anticipamos desde El Ágora Digital en septiembre de este año, la delegación bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia realizó acciones de espionaje ilegal contra referentes políticos, sociales y sindicales.
En un extenso fallo de 979 carillas, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dedica una importante extensión del escrito para referirse al espionaje ilegal realizado en Bahía Blanca.
Según Ramos Padilla, “pudieron compulsarse algunos documentos producidos por la Delegación Bahía Blanca quecomparten las mismas características de los informes de inteligencia analizados respecto del resto de las bases desplegadas en la provincia de Buenos Aires”, algo que ya había anticipado el magistrado en su fallo de septiembre, en el que procesó a Pablo Pinamonti, máximo responsable de la AFI en territorio bonaerense.
Entre los documentos producidos por la AFI “se observó el documento titulado ‘informe_organizaciones.docx’, que resultó ser un insumo que finalmente dio lugar a otro caratulado “informe_abril2017.docx”, en el cual se retoma la información contenida en el anterior y se agregan otros datos”.
“De la compulsa de este documento se concluye que durante el mes de abril de 2017 la delegación provincial Bahía Blanca reunió nformación personal de ciudadanos sobre la base de su afinidad política o sindical y su adhesión a organizaciones políticas, de derechos humanos, sindicales, culturales y medios de comunicación, entre otras. A continuación, se adjunta un listado de las organizaciones relevadas en dicho documento” continúa el escrito y detalla las organizaciones que fueron espiadas.
- Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS)
- Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur
- Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Bahía Blanca)
- Centro de Educadores Bahienses en la Federación de Educadores Bonaerenses (CEB–FEB)
- Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS)
- Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP Bahía Blanca)
- Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STM)
- Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
- Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y afines (SITRAIC)
- Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)
- Asociación Judicial Bonaerense (AJB)
- Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA)
- Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República
Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.) - Sindicato Unidos de Portuarios Argentinos (SUPA)
- Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)
- Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)
- Partido Obrero (PO)
- Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)
- Frente Popular
- Patria Grande
- Partido Comunista
- WATU – Corriente Comunista
- Frente del Colectivo Pueblo en Lucha
- Grupo 83
- FM De la calle
- Unidad Socialista Para la Victoria (USPV)
- Federación Juvenil del Partido Comunista
- Tesis XI
- Cardumen
- Puño y Letra – Estudiantes para la Liberación
- Franja Morada
- La Caldera – Unión de Juventudes por el Socialismo
- Frente Único de Estudiantes en Lucha (FUEL)
- Centro de Estudiantes del Conservatorio de Música de Bahía Blanca
- Unión de Estudiantes Secundarios (UES)
- Pan y Rosas
- Plenario de Trabajadoras (PDT)
- Corriente Clasista y Combativa (CCC)
- Partido Comunista Revolucionario (PCR)
- Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP).
A continuación, el fallo exhibe la información recabada sobre cada una de estas agrupaciones, organizaciones y espacios. Se describe la agrupación, se destacan sus referentes, las acciones políticas llevadas adelante por estos espacios y las agrupaciones cercanas.
Entre los referentes sobre los que recayó inteligencia ilegal se destacan el diputado provincial Gabriel Godoy; el entonces senador provincial Federico Susbielles; la entonces candidata a consejera escolar y referente de SADOP, Analía López; Eduardo Hidalgo, histórico referente de Derechos Humanos; Miguel Agüero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca; Humberto Monteros, entonces Secretario General de la UOCRA bahiense; Roberto Arcángel, del Gremio de Camioneros.
“De la lectura del documento surge palmariamente la producción de inteligencia con un objetivo netamente político. Las características del documento se condicen con las de un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes en las que participaron y las imágenes de sus referentes no permiten otra interpretación” continúa el fallo.
“No sólo se realizó un relevamiento de los locales partidarios existentes, sino que se prestó especial atención en recabar información sobre la existencia de eventuales nuevos locales y su ubicación geográfica específica en cada uno de los distritos bonaerenses” argumenta el magistrado.
Fuente:ElAgoraDigital
Un concurso que afecta la causa Correo y un escándalo en puerta
Consejo de la Magistratura: Las "perlitas" de la sesión
Irina Hauser
El caso de la Cámara Civil y Comercial, el 413, fue denunciado hace tiempo por otras dos concursantes y hasta esta semana hubo presentaciones ante el Consejo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), donde pedía que no se resolviera el concurso sin antes analizar en detalle las impugnaciones. Pero el organismo hizo oídos sordos, porque fue parte del pacto entre oficialismo y oposición para destrabar la votación de ternas pendientes para distintos tribunales claves.
Es un hecho que revela que el Consejo mantiene los mecanismos históricos de negociación política y corporativa. La última presentación de ACIJ recuerda que la denuncia presentada por Marisa Garsco y Natacha Gedwillo señalaba que una de las aspirantes, Florencia Nallar, trabaja en la misma sala de la Cámara que la jueza Graciela Medina, integrante del jurado. Medina fue recusada para el concurso, pero el organismo la rechazó. También se señaló la vinculación que la jueza tendría con otro concursante, Luis Crovi. A esto se sumó que el tema del examen versaba sobre un caso de otro fuero, el contencioso administrativo, que se correspondía con un fallo casualmente comentado por la jueza Medina en un artículo que los dos candidatos llevaron consigo, con genial puntería, el día del examen. La terna votada por 10 consejeros/as finalmente quedó: Nallar, Crovi y Luciano Cruz Savignano.
El concurso para la Sala B de la Cámara Comercial captaba, sigilosamente, la atención de ambos bloques en el Consejo. Allí tramita la causa del Correo, hace años con decisiones de solo dos juezas. Primero de la terna quedó Sebastián Sánchez Cannabó, pareja de María Caliza, quien trabajaba en la fiscalía de Boquín, la denunciante del acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino con el Estado, de los Macri, precisamente durante el gobierno de Cambiemos.
La fiscala declaró que Sánchez Cannabó mismo la fue a ver en cierto momento de la causa para que su esposa fuera trasladada otra dependencia, algo que necesitaban en teoría para que no afectara su concurso (durante la época del gobierno macrista). Caliza terminó incluso participando de una denuncia por maltrato laboral contra Boquin en la Procuración, con quien tenía una relación de veinte años de trabajo. Segundo quedó Fernando D’Alessandro, que ahora subroga el juzgado que tiene el caso del Correo, y que viene dando respuestas favorables a la empresa en sus planteos. Tercera está María Guadalupe Vásquez, quien trabaja en Procuración y es respaldada por la fiscala Boquín. La candidata es nieta de Marta Vásquez, quien fuera presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora y falleció en 2017.
Para la Cámara del fuero Penal Económico hay tres ternas donde aparecen nombres conocidos: la primera la lidera Alejandro Catania, que ya es juez del fuero, le siguen Roberto Rocamora y Guillermo Villella. La segunda la encabeza Juan Pedro Galván Greenway, Pablo Turano y Rafael Caputo. La tercera: Javier López Biscayart, Esteban Murano y Patricia Mieres.
La mayor negociación entre oficialismo y oposición estuvo en dos cargos de la Cámara Laboral y el cargo controvertido en la Cámara Civil y Comercial. Sobre este último caso el presidente del Consejo, Alberto Lugones, le dijo a Página/12 que a raíz de la polémica que generaron ese y otros casos donde, por ejemplo, se repetían los jurados en distintos concursos, “reformamos el reglamento en base a una propuesta de Graciela Camaño, con el objeto evitar los sorteos acomodados y garantizar la igualdad y transparencia de los nuevos procesos de selección y terminar con esas malas prácticas”.
Ahora, con las reglas vigentes desde este año, no puede ser jurado alguien que tenga vinculación laboral con un/a postulante. Los consejeros argumentan que las nuevas normas no se pueden aplicar retroactivamente y admitir ahora las impugnaciones.
El consejo asesor que nombró Alberto Fernádez para la reforma judicial propuso cambios en la composición del organismo y un intento de modificación de su lógica de funcionamiento. Habrá que ver si se convierte en proyecto de ley, o si todo sigue igual.
Paso clave en la Cámara alta para que sea ley
La Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del Senado
Miguel Jorquera
El proyecto que cuenta con media sanción de diputados obtuvo mayoría en las tres comisiones del Senado que participaron del plenario: Banca de la Mujer (14 de 25 integrantes); Justicia y Asuntos Penales (9 de 16) y Salud (10 de 17). Con lo que el debate por el IVE llegará al recinto en la sesión prevista para el 29 de este mes. El dictamen tuvo la firma del entrerriano Edgardo Kueider, que hasta ayer no había dado a conocer su posición. Otra de las disidencias parciales fue la del cordobés Ernesto Martínez. En ese contexto, la firma que más esperanzó a los verdes de cara a lo que sucederá en el recinto fue la de García Larraburu, que en 2018 había votado en contra.
En el cierre del plenario de ayer, no pocos senadores y senadoras volvieron a plantear sus respectivas posturas ante sus pares anticipando un arduo debate que se llevará a cabo dentro de dos semanas en el recinto. En ese marco, el Senado –con mayoría oficialista-- pondrá a prueba el proyecto que el Gobierno nacional envió al Congreso para ratificar el compromiso de campaña del presidente Alberto Fernández y su voluntad “que sea ley”.
El grueso de senadoras y senadores coincidieron en resaltar el “buen clima” y de “respeto” del debate y en felicitar a la pampeana Norma Durango, que como presidente de la Banca de la Mujer encabezó el plenario sobre una discusión que cruza transversalmente a todas las bancadas y donde no existe disciplinamiento partidario.
Tampoco faltaron cuestionamientos al tiempo que se le dedicó al debate. El jefe de la bancada oficialista del FdT, José Mayans –encolumnado con los celestes— se refirió a Durango para destacar que “hace lo que puede en un marco prácticamente de urgencia. Porque acá estamos legislando sobre el derecho a la vida, de la madre y el niño”. “En las audiencias públicas de 2018 cada uno tuvo el tiempo de expresarse, no es que hablaron siete minutos y después ‘dale, dale, dale, ya tenemos que sacarlo’… No, no se puede sacar así un proyecto de ley donde está en juego el derecho a la vida”, insistió el formoseño, que paradójicamente fue el encargado de refutar a lo largo del año cada vez que la oposición esgrimía el argumento de “un tratamiento express” para oponerse a una ley.
"No coincido en que se haya hecho poco desde esta Cámara, al contrario, hicimos muchísimo. Le dimos un salto cualitativo. La sociedad sabe de qué hablamos cuando tratamos la IVE", replicó la correntina Ana Almirón (FdT) en su intervención. “La discusión ha sido amplia, oportuna y ecuánime”, sumó la vicepresidente de la bancada del FdT, Anabel Fernández Sagasti, que cerró el plenario y sostuvo que "hay que proteger a las mujeres en algo muy profundo como la posibilidad de decidir y de elegir si quieren ser madres o no". "Es con educación, con salud pública y con protección de derechos es donde las mujeres nos vamos a sentir cuidadas", remarcó mendocina.
Antes se habían expresaron las autoridades de las comisiones que participaron del plenario. Oscar Parrilli (FdT), presidente de la comisión de Justicia admitió que este es un tema “muy rígido y álgido”, por eso “es muy loable que estemos discutiendo este tema, lo que no corresponde es que no lo tratemos”. “En este tema excede la cuestión jurídica, constitucional, internacional. Hay principios y convicciones que uno tiene”, señaló, pero remarcó que “lo importante es que vayamos avanzando en resolver este tema”.
En cambio, el presidente de la comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad (UCR), se manifestó en contra del proyecto y argumentó que “hemos empezado por el final, y tendríamos que haber empezado por el principio, ocupándonos de lo que nuestro país tiene como pobreza estructural, de la educación, de la salud, de los derechos de todos”. “El debate no se va a agotar en el resto del país” porque “se trata del derecho humano, primario y fundamental”, afirmó.
“Lo que estamos acá defendiendo son convicciones, y a mí me genera mucho orgullo pertenecer en este momento a un Senado que está debatiendo con honestidad intelectual, donde cada uno de los senadores y senadoras están poniendo su compromiso con lo que creen”, dijo la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO), vicepresidente de la Banca de la Mujer y defensora de la iniciativa.
Silvia Elías de Pérez volvió a mostrarse como una de las referentes celeste en el Senado. La radical tucumana insistió en su “convicción profunda de que la vida empieza desde la concepción” y afirmó que el proyecto es “inconstitucional, inconvencional” porque “se lleva puesta la cláusula” referida a “la declaración interpretativa del tratado de la Convención de los Derechos Humanos”.
“El artículo 3 del proyecto de ley me exime de hacer cualquier tipo de planteo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que la despenalización del aborto, tal como llega en este proyecto, se adecua perfectamente a nuestra Constitución”, replicó la santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT). Una postura que compartió el chubutense Mario Pais (FdT): “es una ley constitucional, que no violenta la Constitución. Por supuesto que podríamos aspirar a una ley mejor, y seguramente ya la vamos a modificar”, sostuvo y ratificó su votó a favor como en 2018.
El ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN), estuvo entre los últimos en intervenir. "Es conocida mi posición a favor de ampliar los derechos de las personas gestantes en relación a la interrupción voluntaria del embarazo", señaló el senador y agregó: "Las modificaciones que se proponen no cuestionan ese derecho sino, todo lo contrario, intentan afianzarlo". Al tiempo que dijo que acompañaría el dictamen con disidencias y reabrió el debate (ver aparte). Weretilneck dio detalles de cómo disminuyeron las intervenciones sanitarias desde la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), vigente en su provincia desde su reglamentación en 2016. Y que "el 73 por ciento de los tocoginecólogos son objetores de conciencia y cuando empezó la ILE eran el 20 por ciento", tras lo cual advirtió: "Esta ley en dos años no tiene quien la ejecute y la lleve adelante". A los cuestionamientos del rionegrino se sumó el cordobés Ernesto Martínez (Pro): “En mi caso en el artículo 11 y el artículo 13, y tengo que reservarme ese derecho para una discusión en el recinto", señaló.
Un debate que no bajará de intensidad los días que restan hasta llegar al recinto y que continuará durante la sesión en una disputa voto a voto para que la IVE sea ley.
La funcionaria está en Rusia para coordinar el envío de las primeras dosis a Argentina
Carla Vizzotti dio precisiones sobre la vacuna rusa contra el coronavirus
"Hasta ahora los datos analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Nos informaron que ya evaluaron en el comité independiente a los mayores de 60. Lo han elevado al Ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con Gamaleya y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años", explicó Vizzotti este jueves desde Rusia, adonde viajó con la comitiva argentina que integran la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y autoridades de la Anmat para garantizar dosis de la vacuna para la Argentina.
En declaraciones a C5N, la funcionaria afirmó que "se sigue monitoreando la eficacia, se siguen haciendo los controles en relación a los tiempos después de la primera y segunda dosis y por supuesto la seguridad de la vacunación”.
De firmarse el acuerdo, Aerolíneas Argentinas anunció que preparó los detalles logísticos para realizar un vuelo para traer las dosis de Sputnik V.
Alexey Kuznetsov, asesor del Ministro de Salud de la Federación de Rusia, indicó que “actualmente el uso de la vacuna Sputnik V en la práctica médica habitual es posible en pacientes de 18 a 60 años”. “El Instituto Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, está realizando un estudio clínico adicional con la participación de 100 voluntarios mayores de 60 años, que, preliminarmente, muestra buenos resultados. No hubo problemas con la seguridad del Sputnik V entre los voluntarios mayores”, agregó.
Kuznetsov detalló que el Instituto está “analizando datos clínicos y preparando un informe”, sobre la base del cual el Ministerio de Salud ruso decidirá sobre la posibilidad de usar la vacuna contra el coronavirus en mayores de 60 años. “Los resultados y decisiones se informaran después del 20 de diciembre”, aseguró el funcionario.
Por su parte, el presidente Vladimir Putin aseguró en una conferencia de prensa que la vacuna rusa contra el coronavirus “es segura y eficaz” y que se vacunará "sin falta, apenas sea posible". Explicó que aún no lo hizo por no estar en la franja de edad de aquellos a quienes se la aplica.
En Rusia, el Gobierno está vacunando a la población que tiene entre 18 y 60 años. Putin tiene 68. "Escucho las recomendaciones de los especialistas y por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible", dijo el mandatario ruso.
En tanto el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, explicó que Rusia "aún no está aplicando masivamente" la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60 años "porque falta alguna aprobación" para inmunizar a esa franja etaria, pero también indicó que se espera contar con la autorización "de acá a fin de año".
"No se está aplicando masivamente en mayores de 60 años, sí como parte de una rama de la investigación", afirmó Kreplak en diálogo con FutuRock. Por ahora, agregó, se vacuna a personas que estén por debajo de ese rango etario y al personal de salud.
El viceministro bonaerense señaló, al igual que Kuznetsov, que el Instituto Gamaleya está llevando adelante un ensayo de la vacuna específicamente en personas mayores de 60 años cuyos resultados “vienen muy bien”, pero que se "está esperando presentar los papeles en las autoridades regulatorias y que los aprueben. Y ahí sí hacer la vacunación masiva a todos los mayores de 60".
Kreplak indicó también que "es probable que la vacuna llegue la semana que viene a la Argentina" y aseguró que "para poder vacunar a todo la población de riesgo, vamos a estar hasta marzo si todo sale bien".
Los familiares no pueden cobrar la indemnización
La tripulación del ARA San Juan no tenía ART
Carlos Rodríguez
A tres años del hundimiento del ARA San Juan, se ratificó que el submarino fue enviado a su misión final en un estado de precariedad inconcebible. Ahora, por si fuera poco, se denunció que sus 44 tripulantes bajaron a las profundidades del Atlántico sin contar con la protección obligatoria de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Por esa razón, sus familias ni siquiera pueden cobrar la indemnización de ley por los fallecimientos. El ex ministro de Defensa Oscar Aguad fue denunciado por “abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El ex funcionario, que junto con el ex presidente Mauricio Macri y el ex titular de la Armada Marcelo Srur, serán investigados por las causas profundas del naufragio, ahora sumó una nueva acusación. La denuncia, a la que tuvo acceso Página/12, fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional 3 de CABA. La abogada Valeria Carreras, en representación de la viuda de Luis Esteban García, uno de los 44 tripulantes, sostuvo que en 2017 “ningún miembnro de la Armada, con rango militar, tenía ART”, mientras que sí lo tenían los empleados civiles de la fuerza.
La presentación se debe a que el ex funcionario dejó “sin cobertura de Riesgos de Trabajo al personal de la Armada Argentina” y “en especial a la tripulación del Submarino ARA San Juan”. La imputación es por “los delitos previstos en el artículo 248 del Código Penal”.
Tras recordar que Aguad era el responsable del “control y mando de las Fuerzas Armadas”, se señaló que cuando se produjo la desaparición del submarino, el 15 de noviembre de 2017 “provocando la muerte de la tripulación completa (,,,), entre la que estaba el marido” de la denunciante, Aguad “no cumplió con los deberes a su cargo”.
En el escrito se puntualizó que “no solo no contrató una cobertura en riesgos de trabajo como marca la ley 24557” sino que “tampoco realizó la gestión ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo” para que la Armada fuera “Empleadora Autoasegurada”. La omisión cometida por el ex ministro macrista “en principio, ha privado a los miembros de la Armada y especialmente a los tripulantes” del submarino “de los beneficios que la ley citada procura”.
Uno de ellos es “el Sistema de Seguridad Social Argentino que tiene como objetivos prevenir los riesgos derivados de la actividad laboral y reparar, en tiempo y forma, los daños ocasionados por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales”.
En consecuencia, los tripulantes del San Juan “no tuvieron las medidas de prevención para evitar o acotar riesgos”, En la denuncia se sostuvo que de haber tenido la asistencia de la ART, se podrían haber realizado “inspecciones del lugar de trabajo” y esto podría haber “evitado el final”, que era previsible dado el estado de precariedad en el que se encontraba la nave, antes de partir hacia la que fue su última misión.
Como resultado de la omisión que se le adjudica al ex ministro Aguad, la viuda del tripulante “tampoco accedió a la prestación/ indemnización por fallecimiento de su esposo en ocasión de realizar su tarea habitual” en su lugar de trabajo.
Los tripulantes y todo el personal de la Armada “debían contar con dicho seguro” porque es obligatorio, tanto para funcionarios como para los empleados de la administración pública nacional, de las provincias y sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La obligatoriedad comprende también a trabajadorxs de empresas privadas que estén en relación de dependencia, a trabajadorxs de casas particulares, pasantes y personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.
En la denuncia se señaló que también se constató que la Armada “no era (…) una empresa autoasegurada”. La comprobación surge de “la copia del acta notarial realizada en la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación”.
El sistema “permite que los empleadores se autoaseguren en vez de afiliarse a una ART”, luego de cumplir una serie de requisitos técnicos y financieros que les permitan brindar la asistencia médica necesaria para sus empleados.
Durante largos meses, a la denunciante se le dijo, falsamente, que la Armada era una empresa autoasegurada que cumpliría con sus obligaciones. En el escrito se dijo, además, que el monto indemnizatorio es “exiguo en esta circunstancia especial” porque en el hecho “hubo culpa de los altos mandos” de la fuerza, tal como lo ratificó el mes pasado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
En la denuncia se afirmó que, a diferencia del personal militar de la Armada, los empleados civiles sí tienen cobertura de ART. La cobertura de riesgos incluye la capacitación de los trabajadores sobre cómo evitar riesgos y recibir “Elementos de Protección Personal (EPP) según su trabajo”, entre muchas otras cuestiones con las que no contaban los 44 tripulantes del ARA San Juan.
Se argumentó que corresponde la imputación contra el ex ministro “porque ha generado un daño concreto: privar de la baja de siniestralidad en el trabajo y privar a su familia de percibir las prestaciones por fallecimiento previstas por la ley 24557”.
El artículo 248 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”. La abogada Carreras pidió que se tome en cuenta el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que ordenó a la jueza de Caleta Olivia investigar a Macri, Aguad y Srur por enviar a una misión a una nave que no estaba en condiciones de realizar esa travesía.
Los detalles sobre el primer foro de Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual
De qué se trata el mal llamado "Ministerio de la Menstruación" y por qué es importante
De la actividad, que se desarrolló en el Salón Sur de la Casa Rosada, participaron representantes de Jefatura de Gabinete y de los ministerios de Economía, Salud, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo, Educación, Seguridad, Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. También estuvieron presentes funcionarias de ANSES, AFIP, INDEC, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de AySA.
La jornada, que se extendió desde las 16 hasta alrededor de las 19, contó con la coordinación de la Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, y la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro. El cierre estuvo a cargo de Dora Barrancos, quien aseguró que “la gestión menstrual va a ser política de Estado” y que “no hay justicia social sin justicia de género”.
Por una Justicia Menstrual
Entre algunas de las iniciativas que se trataron este martes se destaca la del Ministerio de Salud, que anunció el destino de partidas presupuestarias comprometidas para la compra de copas menstruales "con el objetivo de su distribución gratuita en distintos programas oficiales", informó el gobierno a través de un comunicado.
El Ministerio de Seguridad, por su parte, dio a conocer la adquisición de 2 mil copas para las mujeres de las fuerzas federales, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social informó sobre la implementación de "una línea específica de gestión menstrual dentro del Programa Inclusión Joven y una línea de financiamiento para experiencias cooperativas por parte de los gobiernos locales".
En tanto, representantes de la Red Federal de Concejalas de la FAM reflejaron algunas experiencias locales que van desde distintas iniciativas legislativas hasta la compra y distribución de productos gratuitos por parte de los municipios.
El costo de menstruar
Uno de los principales factores de exclusión para las personas menstruantes es el costo de los productos que se deben adquirir. Según un informe realizado en 2019 por el colectivo Economía Femini(s)ta en el marco de la campaña “MenstruAcción”, las personas que menstrúan destinan el 10% de sus ingresos a adquirir los elementos necesarios para la gestión del ciclo.
Además, de acuerdo a los datos relevados por la Dirección de Economía, Igualdad y Género, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos que adquieren las personas menstruantes representa unos 328 millones de pesos de la recaudación nacional. Es por ello que las funcionarias del Ministerio de Economía remarcaron la importancia de hacer cambios en el sistema impositivo para que sea más progresivo y equitativo.
También con el objetivo de resolver las desigualdades a las que se enfrentan las personas menstruantes, explicaron durante el encuentro varias legisladoras nacionales, hay 19 proyectos presentados en el Congreso referidas a la provisión de productos gratuitos para la gestión menstrual y la promoción de la gestión menstrual sustentable.
Otra de las iniciativas de vital importancia en este escenario, concluyeron las especialistas del foro, es el Programa Precios Cuidados, esencial para disminuir el costo de toallitas y en especial de los tampones, cuya caída respecto del mismo producto fuera de ese programa es del 78,55%.
Campañas e investigación
Por otro lado, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación anunció el inminente lanzamiento de tres concursos.
El primero estará orientado al diseño de productos de gestión menstrual; el segundo a campañas de concientización del Gobierno Nacional; y el tercero a la investigación sobre el impacto ambiental, económico, de salud, entre otros.
El objetivo es tener el triunfo asegurado
Pelea voto a voto por la IVE en un Senado sin certezas
La senadora por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, del Frente de Todos, es una de las voces que se alza en la Cámara Alta en defensa de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una vez más, en el plenario de comisiones del Senado de la Nación se escucharon argumentos a favor y en contra de la ley. De un lado, quienes apoyan la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se vuelve a hablar de la autonomía de las mujeres, como expresó de manera brillante Aída Kemelmajer de Carlucci, la ex integrante de la Corte Suprema de justicia de Mendoza. Argumentos jurídicos, sociales y médicos para la ampliación de derechos. Quienes se oponen, oscilan entre plantear la supremacía del feto sobre los derechos de la mujer y llegan hasta plantear que se combate la pobreza matando a niños pobres por nacer. “Este no es un debate exprés, como se dijo en el plenario de Comisiones, porque quienes no conformaban la cámara en el año 2018, tienen acceso a la taquigráfica completa, no solamente del Senado, también de diputados. Cada uno tiene su posición, quien quiera fundarla tiene elementos de sobra, tanto a favor como en contra de la IVE”, dice la legisladora, que votó a favor en 2018, y fue una de las más activas en las audiencias de esta semana que presidió Norma Durango. La apuesta de las senadoras oficialistas que están trabajando es “llegar con holgura” al debate, y que no haya lugar para sorpresas.
La pelea es voto a voto para el resultado del 29 de diciembre, con el objetivo de reducir daños en el Bloque del Frente de Todos que tiene a su presidente, José Mayans, nada menos, como una de las principales espadas contra la ley.
Y aunque la apuesta es a mantener la armonía entre verdes y celestes, Sacnun, le paró el carro al expositor Alberto Bianchi, quien había hablado de “autoritarismo” del gobierno por sanciones para los médicos que obstaculicen el acceso a la IVE.
--En la sesión del martes, cruzó al expositor Alberto Bianchi. Si bien hasta ahora el debate fue más sosegado que en 2018 ¿por qué cree que en el Senado se da una situación más belicosa?
--La verdad es que quiero resaltar que, comparado con el debate de 2018, cada sector con sus razones, con sus fundamentos, ha puesto el eje no en descalificar la posición del otro sino en tratar de fundar acertadamente su posición. Y me parece que esto es correcto, porque la verdad es que en 2018, muchas veces, yo creo que fruto del desconocimiento de los términos del debate, se producían algún tipo de descalificaciones donde parecía que quienes acompañamos la Interrupción Voluntaria del Embarazo hubiéramos estado en contra de la vida o a favor de la muerte. Eso no lo vimos en este debate, y me parece que eso también es interesante. Como tampoco nosotros les pusimos a los demás el mote de antiderechos. Me parece que ambos extremos son obstructivos a un debate que tiene que ser con altura.
Sí planteé la cuestión de orden público, porque por supuesto que esta es una ley de orden público, no puede ser de otra manera. No puede ser una ley sometida a la voluntad de las partes. La verdad es que en ese caso estaríamos frente a un derecho que después no se puede hacer efectivo. Más allá de que se pusieron algunas cláusulas que tienen que ver con la objeción de conciencia, pero también hay cláusulas garantizadoras del ejercicio de este derecho. Por eso debe ser, ineludiblemente, de orden público. Pretender que en un sistema jurídico las leyes de orden público son emergentes de un sistema autoritario... no se puede dejar pasar eso. Y menos quienes venimos del Derecho, conocemos el sistema jurídico y sabemos de qué se trata una ley de orden público. Por eso al finalizar, cuando contestó, le dije que él no tenía ningún tipo de objeción respecto del orden público de la penalización de las mujeres, porque eso está inserto en el derecho penal argentino. Pero claro, la objeción aparece cuando se trata obstaculizar una herramienta que busca justamente empoderar a las mujeres.
--Si bien usted misma planteó que este año el escenario es más favorable, nadie anuncia una victoria holgada. ¿Por qué es más difícil instalar la agenda de ampliación de derechos en la Cámara Alta?
--Evidentemente, porque la cámara alta tiene una representación igualitaria de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ustedes saben que la expresión del movimiento de mujeres ha sido mucho más fuerte en los sectores urbanos que en las provincias, por lo menos en los sectores donde hay una mayor cantidad de población. Me parece que ahí hay algo sobre lo que debemos también trabajar, que tiene que ver con la movilización, con la conciencia, con que el movimiento de mujeres se haga cada vez más popular, no en el sentido de la popularidad, sino de la composición del movimiento de mujeres. A mí me gustaría que en el movimiento de mujeres hubiera muchas más mujeres de los barrios populares, de las provincias, y esto es un proceso que hay que entenderlo. Esto no se le adjudica a nadie, son procesos políticos de concientización en cuanto a los derechos y me parece que en las provincias argentinas existen muchas posiciones contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo vemos en mi provincia, Santa Fe, donde la Interrupción Legal del Embarazo no se aplica igual en toda la provincia. Tenemos dos provincias, una de Rosario al sur y otra del centro, desde Santa Fe hacia el norte. Existen otro tipo de cultura, otro tipo de idiosincrasia, me parece que hay que ser profundamente respetuosos de eso. Pero la representación de las provincias en ese pie de igualdad, es distinta a la representación del pueblo de la Nación en la Cámara de Diputados, y eso se expresa a la hora de contar los votos.
-- A diferencia de 2018, este año la presidencia del Senado, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, no trabaja abiertamente en contra de la iniciativa de IVE como sí lo hizo Gabriela Michetti ¿cómo impacta eso en el tratamiento?
--Impacta fuertemente y me parece que coadyuva a que se puedan construir consensos en el ámbito del Senado. Me parece que una decisión absolutamente correcta de la presidenta del Senado fue el giro a las comisiones, darle la cabecera a la Banca de la Mujer, que fue uno de los primeros planteos que hubo, que si la discusión era en los términos de la comisión de salud pública, la cabecera debía ser la comisión de Salud (que preside Mario Fiad), y la verdad es que yo estoy convencida de que debía ser la Banca de la Mujer, que es la que representa la perspectiva de género. Más allá de que el reglamento no lo diga, en la realidad práctica esa Banca de la Mujer es la que representa a todos estos sectores que de alguna manera venimos planteando. Y no solo esta cuestión de la IVE, sino la ampliación de derechos y la participación de las mujeres que en la Cámara de Senadores, desde que ingresó Cristina, se ha visto claramente impulsada por la cantidad de presidencias de las comisiones más importantes que ocupamos las mujeres. En mi caso ocupo la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales. Fue un acierto haberle dado la cabecera a la comisión que preside Norma Durango y por supuesto darle participación a la comisión de Justicia y asuntos penales, porque estamos despenalizando a las mujeres y a las personas gestantes, y también por supuesto a la de Salud porque estamos hablando de una cuestión de salud pública.
Yo siempre digo lo mismo, y lo digo como cristiana, porque soy una persona creyente, no soy agnóstica: más allá de nuestra conciencia personal y particular en nuestra vida privada, nosotros estamos allí para representar a los intereses de la sociedad en su conjunto. Y está demostrado, está demostrado con las estadísticas, que frente a la legalización se reducen fuertemente la cantidad de prácticas de abortos. ¿Por qué ocurre esto? porque también nosotros decimos que hay una etapa previa, que tiene que ver con la Educación Sexual Integral, con el acceso a los anticonceptivos, como parte de la prevención de los embarazos no deseados, porque estamos cuidando la salud integral de nuestras niñas y nuestras adolescentes. Frente a tantos embarazos en niñas que se producen como consecuencias del abuso sexual, ¿no amerita que el Estado esté acompañando, que el Estado esté garantizando la salud de esas niñas, de esas adolescentes, que esté previniendo esos embarazos no deseados? Que esté concientizando a los varones, que son los responsables de esos abusos sexuales que generan embarazos en niñas. ¡Cómo no vamos a interpelarnos como sociedad frente a esto!
--Por el liderazgo de la presidenta del Senado, hay una fantasía de un sector de la población de que sea Cristina Fernández de Kirchner la encargada de desempatar ¿Es un escenario deseable o es mejor llegar con más holgura?
--No, no, a ver. Nosotros abogamos para que no haya que desempatar, para que tengamos una mayoría que se pueda expresar en el ámbito del Senado. El desempate no le quita legitimidad a la sanción de una ley, lo sabemos, es lo que establece el procedimiento parlamentario, pero buscamos la mayoría. Nosotros creemos que esta ley se sanciona y llega, si bien hoy no le estamos dando tratamiento, junto al acompañamiento de las mujeres que decidan seguir y llevar adelante su embrazo: la ley de los 1000 días. Hay una voluntad del Estado de acompañar a aquella mujer o persona gestante que quizás no puede llevar adelante su embarazo, no porque no quiera ser madre, porque decida no maternar, sino porque no puede hacerlo por una condición económica, y en ese caso el Estado sí tiene que garantizar. Está todo dentro de la discusión y del debate. Aspiramos a conseguir el número y no llegar tan ajustados a la sesión.
--Entendemos que esta problemática es transversal a los partidos políticos, y así lo demuestra la existencia de varios senadores celestes en el Frente de Todos, pero al mismo tiempo desde la oposición hay presiones para el alineamiento político ¿le consta? ¿cree que prevalecerá la conciencia de cada legislador?
--En el caso del Frente de Todos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández fue muy claro en su campaña política y de hecho no solamente se comprometió frente al movimiento de mujeres, de géneros, de diversidades, a mandar esta ley. Sino que además lo dijo en el momento de la apertura de las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Él manifestó expresamente frente al Congreso de la Nación, que iba a mandar este proyecto. Me parece que, en este sentido, mas allá de la conciencia particular, que es absolutamente respetable, puede haber sectores que quizás repiensen su voto, frente al acompañamiento del gobierno y a un presidente que mandó el proyecto y no se desentendió o tuvo un doble juego. No hubo hipocresías acá, siempre se planteó de cara a la sociedad cuál era el pensamiento del presidente de la Nación y de nuestro proyecto político. Respecto de Cambiemos, la verdad es que habría que revisar cuáles fueron las posiciones en el año 2018 y cuáles son las que se están teniendo ahora. Me exime de más palabras el presenciar solamente el debate en comisiones.
--Hay publicaciones en diarios que plantean el cambio de voto de senadores de Cambiemos que en 2018 votaron a favor y esta vez lo harían en contra por especulaciones políticas ¿cree que podrían hacerlo para retacearle una victoria al gobierno nacional?
--Espero que no sea así, porque la verdad es que en 2018, cuando Mauricio Macri sometió a consideración el proyecto, nosotros en el Senado, siendo minoría, tuvimos una conducta y una actitud de acompañamiento sin ningún tipo de especulación política y se mostró en la votación. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner votó favorablemente el proyecto, cuando históricamente había tenido una posición, como la hemos tenido muchos que tenemos una creencia determinada. Había tenido un planteo de oposición a un proyecto de ese tenor y sin embargo en pleno gobierno de Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner acompañó el proyecto. La verdad es que eso demostraría, si uno hiciera un paralelismo, el nivel de mezquindad política, si deciden someter una cuestión de salud pública, que tiene que ver con cuidar a las mujeres y a las personas gestantes, con garantizar un Estado presente y evitar que se sigan produciendo muchas muertes de mujeres, por las condiciones lamentables en que en la clandestinidad se llevan adelante los abortos, sería muy triste y hablaría muy mal de quienes especulen con esto.
La Cámara Federal de La Plata ratificó la acusación contra la cúpula de la AFI macrista
Gustavo Arribas se va para abajo: confirman su procesamiento por el espionaje a CFK
El episodio en el Instituto Patria quedará probablemente en los anales de la AFI. No sólo descubrieron el 7 de agosto de 2018 a los agentes que montaban guardia sobre la calle Rodríguez Peña y quedaron registrados por las cámaras mientras huían presos del terror, dando vuelta con el auto en “U”, sino que por estos hechos debieron afrontar su primer procesamiento el exdirector general Gustavo Arribas y su número dos, Silvia Majdalani. En esa línea trágica para los mandamases de la AFI se inscribe la confirmación del procesamiento que dictó la Cámara de La Plata con las firmas de los jueces Roberto Lemos Arias y César Álvarez.
El espionaje a CFK está directamente vinculado con la llegada de Alan Ruiz a la AFI, quien, a principios de 2018, dejó el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para sumarse a la exSIDE. Los camaristas entendieron --en línea con lo que sostiene Augé-- que Ruiz dio las órdenes para que la AFI estableciera una guardia fija fuera de los domicilios de la expresidenta y, una vez que sus hombres fueron descubiertos, participó de las tareas para encubrir esos hechos. La AFI macrista ensayó distintas hipótesis, pero en la que anclaron todos era que se trataba de tareas de vigilancia ante posibles ataques de grupos antisistema antes de la cumbre del G-20. La curiosidad es que nadie le había avisado a la supuesta víctima.
Para la Cámara está claro que Ruiz no actuaba solo y que cumplía con las órdenes de quienes ocupaban la cima de la AFI. En caso contrario, sostienen los camaristas, esa actividad delictiva no se podría haber sostenido en el tiempo. Aunque ellos no lo dicen textualmente, es importante entender en qué contexto se dio el espionaje sobre CFK: el Volkswagen Voyage NNV 682 de la AFI fue descubierto el 7 de agosto de 2018, menos de una semana después de que se iniciara la investigación de los cuadernos, que estaba en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
De hecho, agentes de Contrainteligencia de la AFI que estuvieron asignados a la vigilancia en los domicilios de CFK declararon en la causa como testigos de identidad reservada, algo que fue validado también por la Cámara pese a las protestas de las defensas de los acusados. Los agentes dijeron que los habían mandado al Instituto Patria para ver quiénes entraban y quiénes salían y si, además, lo hacían con bolsos.
“No resulta verosímil el hecho de llevar adelante actividades de inteligencia en relación con una ex presidenta, en un contexto en que se discutía hasta públicamente la posibilidad de realizar allanamientos en los domicilios que a ella estaban vinculados, y en la que intervinieron un número considerable de agentes y durante un tiempo prolongado, fuera un suceso que pasara desapercibido para las dos máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia”, escribieron Lemos Arias y Álvarez.
La cadena de mandos rota
El caso de Coste es distinto. Pese a que, en los papeles, era el superior de Ruiz, en la causa estaría probado que el exfuncionario de Bullrich no seguía justamente la cadena de mandos. Incluso en la causa figura un audio en el que Ruiz se jactaba de pasar por encima del director operacional y decir que se asustaba con las acciones que ejecutaban Ruiz y su grupo, los tristemente célebres Súper Mario Bros. Coste, además, había asumido como director operacional de Contrainteligencia después de que llegara Ruiz y, según declaró, se fue de vacaciones y volvió un par de días antes del episodio del Instituto Patria. La Cámara entendió que Coste sí participó en la falsificación de documentos para justificar el espionaje y no denunció lo que sabía, pero que no hay elementos para sospechar de que efectivamente estuviera al tanto del operativo que había montado Ruiz vinculado a CFK.
Coste al igual que una abogada que trabajaba bajo su mando, Jimena Honor, detallaron las maniobras en las que habrían participado los jefes de la dirección administrativa de Asuntos Jurídicos de la AFI, con la que Contrainteligencia mantenía una visible rivalidad. Lo hicieron ante la Bicameral de Inteligencia y ante la Justicia federal de Lomas. Honor se presentó este jueves para brindar declaración indagatoria por este tema. Su testimonio, rico en detalles, quedó bajo reserva, mientras la fiscalía analiza qué procesamientos pedirá por el espionaje durante el macrismo.
Fuente:Pagina12
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