24 de enero de 2021
La iniciativa de Cristina, las réplicas de la oposición y de otros actores
El sistema de Salud, debates y operaciones
Imagen: NA
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó la necesidad de reformar el sistema de Salud. Una idea lógica, añosa, reconocida por sectores y protagonistas muy variados, Como es regla cuando “ella” habla, ardieron varias Troyas, se azuzaron internas preexistentes. Se le atribuyeron intenciones muy diversas.
La iniciativa no es novedosa, sí la gravitación de CFK. Vale repetir que la idea es válida y traduce una necesidad social o sea un derecho no concretado. Una deuda, suele decirse de modo coloquial. Su eventual implementación era compleja en etapas anteriores, dificultad que se exacerba ahora.
Se piden disculpas por una auto referencialidad creyendo que sirve para historizar, Cuando se veía venir la reelección de Cristina (2011), se escribió, en esta misma columna: “En materia de Salud, el panorama es deficitario y clama por una reforma sustantiva, hasta fundacional. Tres subsistemas conviven malamente (el público, las obras sociales, el sector privado). El gasto es enorme, con sacrificios económicos altos de la población, el rinde no es proporcional. Se mantienen las rémoras básicas de la salvaje descentralización impuesta por el menemismo. Nunca se fue, de cualquier modo, al meollo del problema que es un ¿sistema? destartalado e ineficaz, gastador sin rédito (…) no alcanzan para un servicio digno que, además, se reparte de modo muy desigual en diferentes distritos. Hay en este rubro intereses instalados, con fuerte capacidad de lobby, en los sindicatos y en el sector privado. Una reforma valedera colisionaría, en alguna dimensión, con sus facetas más deplorables. Ese es un freno en lo táctico pero parte del desafío, en lo estratégico”.
Nada nuevo bajo el sol, en cuanto a señalar la necesidad. La urgencia, la perspectiva de soluciones al alcance de la mano… eso es otro precio.
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Tres subsistemas no hacen uno. La pandemia convulsionó números e inversiones pero en la serie histórica previa (aún en los más solidarios gobiernos populares) el porcentaje de PBI dedicado a Salud es bajo comparado con los países con seguros sociales dignos de ser mirados. La inversión se completa con gastos de particulares, que abarcan desde descuentos sindicales hasta cuotas de servicios privados con algunas otras variantes. El resultado es fragmentación o mejor segmentación, con desigualdades aun dentro de la clase trabajadora; solo los laburantes registrados tienen derecho a Obra Social que sufragan con descuentos obligatorios. La proporción de trabajadores formales se viene reduciendo desde hace más de treinta años.
Se diga como se diga, los más pobres “caen” en el Hospital Público. Muchos argentinos, abarcando los de condición humilde, tratan de esquivarlo, “tener su credencial”. Describimos, no justificamos ni negamos que el sistema público funciona como salvador en última instancia, el que atiende a todes, Con frecuencia mejor que en otros subsistemas. La desigualdad para acceder a un derecho constitucional es evidente. En definitiva solo escoge donde atenderse quien cuenta con recursos económicos o trabajo en relación de dependencia (hasta un punto en este supuesto). El economista Oscar Cetrángolo subraya que esa es la principal falla del sistema segmentado.
Las narrativas maniqueas escogen a quien demonizar. “Los sindicalistas”, “la Caja oscura de las Obras Sociales” encabezan un relato. No falso del todo, sí esquemático, simplista, distorsivo. Dirigentes sindicales defienden sus servicios con razones surtidas, no siempre certeras. A menudo se juzgan portadores de un derecho eminente; la titularidad de la Superintendencia de Obras Sociales que es, no casual ni originalmente, un casus belli contra el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud Ginés González García. El criterio adoptado, piensa este escriba, es el correcto; conducción política y no corporativa,
El maniqueísmo antigremial hinca el diente en casos de corrupción, los decreta unánimes y niega los méritos del subsistema. Sería vano y necio reemplazarlo por un maniqueísmo de signo inverso; he acá una propuesta metodológica de esta reseña.
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Curetas hubo siempre: Según el relato binario de la derecha los prestadores privados son filántropos con dotes de emprendedores. Los lazos de éstos con las corporaciones empresarias, las suculentas pautas publicitarias en medios dominantes solidifican la versión, Maniquea, a su vez. Y, de nuevo, la lectura binaria no autoriza a la respuesta esquemática en espejo. Cubren a millones de argentinos, no todos los integrantes del conjunto son idénticos. La complejidad, palabra clave en este entuerto.
El imaginario colectivo resulta más sofisticado que el de los medios porque combina ejemplos personales concretos (buenos o pésimos). El Doctor Cureta fue personaje de historieta en la década del 80 e inspiró una taquillera película de Alberto Fischerman en 1987, pasado remoto. Las partes de este rompecabezas han recorrido un largo camino.
En semanas recientes el Gobierno bailó un minué con las prepagas, concediendo un aumento de cuotas retractado de modo súbito. Un mini Vicentin en contadas horas, una falla de gestión por donde se la mire.
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Fragmentar la fragmentación: El desguace de las políticas sociales consumado durante el menemismo añadió fragmentación a la fragmentación. Se derivaron funciones, no fondos. Darwinismo centralista, propugnado por los organismos internacionales de crédito y sobre cumplido por el neoliberalismo autóctono.
El traspaso acentuó desigualdades y agregó una traba a la articulación de políticas. Se afirma que el Ministerio de Educación es una cartera sin escuelas, una verdad aproximativa. El Ministerio de Salud tiene a cargo más de cien hospitales, más que cero pero menos que la sumatoria-rompecabezas de los que están bajo competencias provinciales o municipales. ¿Hace falta marcar que las asimetrías entre municipios son tremendas, hasta en una misma provincia?
Al comienzo de la pandemia, el Estado aferró el timón y Ginés la conducción del sistema federal cachuzo. Centralizó las decisiones, motorizó la construcción de infraestructura en todo el país, manejó la distribución de respiradores y material sanitario. Mediaron hasta intercambios de profesionales de algunos territorios que se movilizaron a provincias hermanas, más desguarnecidas.
González García hizo valer su predicamento con sus pares, el peso específico para hablar cara a cara con gobernadores. Todos le reconocen (desde antes) autoridad, una investidura que no se presta. En el diseño del Ministerio sumó funcionarios políticos de origen provincial, acierto infrecuente en otras carteras del Gabinete.
La Nación traccionó al país, “condujo” en términos políticos. Disimuló sin anular el federalismo desdichado qué legó el menemismo.
La cientista social Magdalena Chiara, especialista de la Universidad Nacional de General Sarmiento, valora que “la pandemia dejó en el nivel central (nacional y provincial) una estructura mucho más robusta en internación, diagnóstico y complejidad”. Ese avance –mociona-- debe servir de punto de partida para políticas concretas en territorios relegados.
Imprescindibles y acuciantes porque, explica Chiara, “el primer nivel de atención quedó desdibujado en el contexto sanitario de la pandemia, no fue un problema exclusivo de la Argentina”. Lo que no le resta importancia a la cuestión. La atención primaria, simplificamos de nuestro coleto, es al unísono el corazón y el talón de Aquiles del sistema de salud.
La peste, los peligros jamás afrontados comprobaron que son necesarias políticas concertadas, articulando entre sectores y entre autoridades ejecutivas. El paradigma vigente es barroco, plagado de superposiciones, divisivo. Y no es simple de desenmarañar, transformar. Hay realidades instaladas, amén de intereses creados.
Las polémicas sobre reformas acumulan años y material escrito. Ciertos especialistas diferencian, como modelos abstractos, un cambio Bing Bang (absoluto, casi puesta a cero) de reformas sucesivas, incrementales. La cooperación, el uso conjunto de recursos, la tendencia a robustecer el sistema público, el intercambio de información son propuestas que harían camino al andar.
Entre paréntesis, como observación costumbrista. Los déficits informativos son proverbiales en Argentina. Los tropiezos para unificar y hacer creíble la data dispersa sobre muertos y contagiados por covid-19 (no asombrosos para los iniciados) chocaron al sentido común, regalaron argumentos a los negacionistas y a la oposición salvaje.
Como nota al pie, una referencia clásica: la opacidad informativa de los actores privados es muy alta, sea para hablar en serio sobre sus ganancias como sobre sus desempeños cotidianos en atención de pacientes.
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Los pastorcitos de la opo: Cada declaración de Cristina cambia el escenario. “Hace agenda”, suscita réplicas aprobatorias o defensivas. La oposición transforma expresiones de deseos en operaciones y en vaticinios. Los deseos se disfrazan de hechos.
La reforma que nos ocupa hizo alzar la guardia a buena parte de la dirigencia cegetista y a los privados. Las sobre interpretaciones escalan. Así se polemiza en estas pampas: mezcla de bullying, noticias falsas y vaticinios audaces. Sería necio negar que existen divergencias dentro del Frente de Todos (FdT) entre tantas entre Ginés y la viceministra Carla Vizzotti. También diferencias, de larga data, con el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán. De ahí a colegir que “van por la cabeza de Ginés” hay un trecho, no imposible pero mucho menos seguro.
El método opositor se repite. Preanuncio, meses atrás, que la Comisión de Juristas se creó para ampliar el número de miembros de la Corte. Pasaba por alto que sería preciso votar una ley y lograr acuerdos imposibles en el Senado. Olvidó que la Comisión ni se interesa en el tópico. Los pastorcitos mentirosos reincidían: “ahí vienen cuatro lobos cortesanos nuevos”. O cinco. O seis. Batieron el parche durante meses.
Cuando el mito se desbarata, dan alguna explicación fútil o pasan sin escalas a anunciar la nacionalización de YPF. O la estatización fulminante del sistema de Salud.
En las condiciones actuales, entiende este cronista, proponer una ley, tratarla, congregar mayoría en Diputados suena a proeza o a milagro. Lejos de la audacia de otros, este escriba insinúa que tal vez la cuestión no sea agenda en los primeros meses del año. Pispeamos el corto plazo, el único que existe,
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Un año de recorrido: El pasado cercano es menos nuboso que el porvenir. El FdT consiguió preservar su unidad, causa de la victoria electoral y condición necesaria para conservar el Gobierno. El oficialismo tiene líneas internas que aspiran a crecer en las elecciones. Objetivo de cajón, fundamento mismo de la democracia. La Cámpora es una agrupación con anclaje territorial y afán de expandirse. La Fundación “Soberanía Sanitaria” es su herramienta en materia de salud, Una red bonaerense que labura desde hace años con cuadros, militantes y profesionales en su mayoría jóvenes. Es un modo de construcción legítimo e interesante. Bancan a Gollán, al viceministro Nicolás Kreplak, al gobernador Axel Kicillof. Otros dirigentes construyen en formatos distintos.
Pesa sobre la coalición de Gobierno el deber de no dividirse. En particular sobre Alberto Fernández y sobre CFK pero también sobre sus funcionarios, legisladores, mandatarios, militantes, Sin sobrevida no hay política ni proyecto, ni avances. Ni vigor para afrontar la agenda prioritaria del verano. Para empezar: vacunas, comienzo del período escolar, crecimiento de la economía, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aumento de la mensualidad de la tarjeta Alimentaria. Acciones eficaces contra la inflación, sobre todo la de alimentos. Casi nada.
En el camino sería bueno fortalecer al sistema de salud, mejorar retribuciones y derechos de sus profesionales, aprender de la crisis, privilegiar al sector público, pensar en las necesidades de la gente de a pie. Compitiendo internamente pero escuchando el consejo de nuestro ghost writer Martín Fierro que opta por la prosa rimada: la ley primera es evitar ser comidos por los de afuera.
Los casos que la Corte Suprema debe resolver en 2021
Los supremos y su juego entre la política y la justicia
El fin de año encontró a los jueces y la jueza de la Corte Suprema en una unión extraña y efímera después de la carta en la que Cristina Fernández de Kirchner los responsabilizó del proceso de lawfare y de dictar fallos extorsivos. La desconfianza habitual es lo que define la relación entre ellos. Pero también los halló sintonizados en un dato auspicioso tratándose de un tribunal que va a contramano de la ampliación de derechos: hay ánimo en los despachos cortesanos de avalar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). No es que se desviven por escribir una sentencia fundada que genere jurisprudencia, con votos individuales como ocurrió en otros tiempos del tribunal, previo a la era macrista. Pero según consultas que pudo hacer Página/12, ningún supremo se plantea por ahora poner obstáculos con sus decisiones a la aplicación de la nueva norma que legaliza y despenaliza el aborto, aunque esperan presiones residuales de la Iglesia católica y sectores conservadores. ¿Implica esto un gesto amigable hacia el Gobierno? Para nada. El tribunal juega su juego a varias puntas, con preocupación por su mala imagen. Por eso no sorprende que haya secretarios/as haciendo listas y análisis de los recursos pendientes de resolver presentados por la vicepresidenta CFK y otros exfuncionarios, así como el que atañe a Milagros Sala y su condena a 13 años, y decenas de causas de lesa humanidad.
Rodolfo Barra, exsupremo, exministro menemista y ferviente expositor antiaborto en los debates legislativos llamó por teléfono a sus conocidos en el alto tribunal luego de la votación en el Senado para tantear el panorama.
--Perdimos--, le dijo a uno de sus interlocutores, a la espera de una respuesta empática.
--Perdimos, pero acá ganamos--, respondió el hombre de la Corte.
La judicialización de la ley fue harto anunciada por diputados/as y senadores/as pro-vida y empezó su recorrido en Salta, con un planteo de la exsenadora María Cristina Fiore Viñuales que apuntaba a suspender la vigencia de ley, y que fue rechazado por el juez Julio Bavio. Aun así, en la Corte se preparan para la llegado de algún caso.
De los actuales supremos, tres firmaron el llamado fallo FAL en 2012, que confirmó la constitucionalidad del aborto por las causales que ya preveía el Código Penal desde 1921 como no punibles. Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron aquella sentencia, que tuvo como gran impulsora a la fallecida Carmen Argibay, y que desarrolló extensos fundamentos que fueron determinantes para que se empezaran a aplicar protocolos. De los dos jueces que postuló Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el primero expuso en la audiencia pública preiva a su designación una posición que podía leerse en contra del aborto, con críticas jurídicas al fallo FAL, pero siempre con una salvedad que suele usar en otros casos: una eventual modificación a la ley, decía, podía cambiar el escenario.
Un razonamiento compartido en la Corte es que la ley fue muy debatida y refleja la evolución de un debate social. Las posturas en contra más difundidas no son jurídicas sino religiosas, filosóficas y sociales. Nadie parece advertir inconstitucionalidad flagrante. No habría motivos para evitar su aplicación, es una frase repetida. Pero los supremos no se desviven por escribir grandes votos. Podrían apenas firmar un rechazo.
Vacaciones supremas
Los Supremos cerraron el año entre los estertores de la carta de CFK, que tenía un párrafo crítico para cada uno, y un informe duro de la Comisión Bicameral de inteligencia que volvió sobre la conformación irregular de la oficina de escuchas dentrode la Corte Suprema, en los tiempos en que Lorenzetti la presidía, y las filtraciones de conversaciones de la vicepresidenta con el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, usadas con fines políticos.
El Gobierno no tiene diálogo aceitado con el máximo tribunal, pero había logrado cierto ida y vuelta con Lorenzetti en pleno temblor por el caso de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que por impulso de Rosenkrantz la Corte trató en un per saltum. El supremo trataba de llevarles tranquilidad por el resultado del fallo que saldría. Pero la sentencia dio en parte la razón a las objeciones a esa forma de designación a dedo de jueces/as que aplicó el macrismo, y dijo que no son definitivas, pero permitió que e trío BBC siguieran en sus cargos.
Poco después, la confirmación de la condena a Amado Boudou y la posibilidad de su regreso a la cárcel en una sentencia basada en la fórmula 280 del Código Procesal Civil y Comercial para evitar fundamentar la decisión, elevaron el malestar en el kirchnerismo. En una oficina del tribunal hacen gala de su poderío con la anécdota de que había un borrador mucho más nocivo contra el exvicepresidente, que podía cerrarle puertas en tribunales internacionales, pero quedó en la nada. La Corte ni siquiera revisó la calificación en el caso Ciccone, donde se le atribuye cohecho, harto difícil de probar.
Aún no se sabe que efecto tendrá el informe de la bicameral sobre la oficina de escuchas, hoy llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), con denuncias sobre su primer titular el camarista Martín Irurzun, pero que apuntan a su principal armador, Lorenzetti. Este fue sorprendido de veraneo en Cariló por un periodista de Noticias que lo reconoció pese a los anteojos negros, la gorrita y el barbijo que llevaba puestos. Cuando el cronista le preguntó cómo imaginaba el año y la relación con el Gobierno, respondió: “Como todos los años desde que soy miembro de la Corte, o sea 16 años. Siempre es difícil”.
Durante 2020 Lorenzetti hizo algunos intentos para adelantar la elección de presidente de la Corte, cargo del cual él fue desplazado en un golpe palaciego el 11 de septiembre de 2018 y que aspira a recuperar. Pero para sacar a su sucesor, Rosenkrantz, necesita tres apoyos. Su último intento, que habría sido en diciembre, falló. Ambos se detestan.
Rosenkrantz fue visto este mes una panadería de la zona de Villa La Angostura. Llevaba barbijo y máscara plástica. Cuando se los corrió apenas para hacer su pedido lucía una tupida barba. El supremo suele vacacionar en el country Cumelén, donde tiene casa la familia de su esposa, Agustina Cavanagh, y hay propiedades de Máxima Zorraguieta, Enrique Pescarmona, Ignacio Blaquier, así como Luis y Nicolás Caputo. Mauricio Macri también elige ese barrio privado para sus escapadas en familia.
Maqueda se fue a descansar a su provincia, Córdoba, Rosatti en Santa Fe. A Elena Highton de Nolasco se la ve seguido por el Museo Evita, a una cuadra de su casa.
Las escuchas
El informe parlamentario sobre las escuchas desnudó una situación paradójica: la mayoría de cortesanos maldicen porque esa dependencia siga hoy en la estructura del tribunal, donde llegó por un DNU de Macri; también rezongan en el oficialismo político, pero nadie hizo nada para sacarla de ahí. La DAJuDeCo responsabilizó por las filtraciones a la prensa a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), más la bicameral apunta a todo el mundo. Rosatti es el único supremo que públicamente dijo que las escuchas deberían estar en otro lado y controladas por el Congreso.
Así como se podría derogar el DNU que mandó las pinchaduras a la Corte o rechazarlo por la vía parlamentaria, la Corte tampoco dijo nada y siguió el pacto de Lorenzetti. Podía haber rechazado el DNU de Macri por acordada porque para sacar las escuchas a la Procuración hacía falta una ley y porque, aun con ley, pinchar teléfonos no es atribución cortesana. En otra época hubo acordadas para declarar leyes inaplicables para sí, algunas con polémica como la del impuesto a las ganancias. A favor de la teoría de que la DAJuDeCo unió a Comodoro Py y la Corte, no sólo está el hecho de que multiplicó facultades para meterse en las causas, sino que pasó a estar integrada por parientes, amigos y conocidos de jueces y fiscales de los tribunales de Retiro, además de la relevancia de Irurzun que plasmó la doctrina para las prisiones preventivas.
Factores de presión
Ciertos jueces de la Corte se dieron por ofendidos por no haber sido consultados para la reforma judicial ni convocados por el consejo asesor designado por Alberto Fernández, que además analizó al alto tribunal. El Gobierno desistió porque coincidió con el pico de tensión por los trasladados BBC. Ahora Fernández les encomendó a dos miembros del consejo la sugerencia de proyectos de ley: la creación de un tribunal intermedio es tema favorito, la regulación del artículo 280 es otro. En el máximo tribunal no abren la boca al respecto con la excusa de que les podría tocar revisar esas normas.
Hay dos grupos de fallos pendientes que son la gran arma de presión de los supremos: el que engloban como “casos de corrupción” y las causas de lesa humanidad. En el primero cuenta la revisión de la condena a Milagro Sala a 13 años en la causa conocida como “pibes villeros” –donde se pidió todo el expediente--, la absolución de Carlos Menem en la causa sobre la venta ilegal de armas y todas las causa que atañen al kirchnerismo, y en esencia a CFK. De ella hay siete recursos en la Corte. También hay de otros acusados, volvería el planteo sobre la prisión domiciliaria de Boudou, y la condena a Julio de Vido por el accidente de Once. Del macrismo no hay casos aún. La cautelar de Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación está en el freezer.
Los casos que simbolizan el máximo retroceso supremo son los de lesa humanidad y todo indica que ese rumbo se profundizará. Los supremos hacen gala de que resolverían en el primer semestre la mayoría de las causas, muchos de domiciliarias, otros que comprometen a civiles. Lo hacen cuando ya quedó en evidencia que ejercen “demoras injustificadas”, como denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales. Fue cuando la Corte, después de seis años de tener la causa sobre la Masacre de Trelew, sólo revocó una resolución de Casación y le devolvió el expediente sin resolver el fondo. En la línea regresiva, otro fallo reciente benefició a dos civiles condenados por prestar una chacra en Tandil para que funcione un centro clandestino donde fue llevado, entre otros, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno en 1977. El tema podría ser, como anticipó la periodista Luciana Bertoia en este diario, la antesala de una resolución pendiente en la causa por responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado contra Carlos Blaquier.
600 mil dosis llegarán el lunes al país
Parte otro vuelo a Rusia en busca de un nueva tanda de vacunas Sputnik V
El Airbus 330-200 que realizará el vuelo AR1602 partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" con destino a la terminal aérea moscovita de Sheremetyevo. Tal como había sucedido en los anteriores dos vuelos, la aeronave aterrizará en la capital de la Federación Rusa, cargará las vacunas y emprenderá el regreso a la Argentina: luego se iniciará el operativo logístico para distribuir las dosis a todas las provincias.
Previamente, Aerolíneas Argentinas hizo llegar al país las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa el 24 de diciembre del año pasado. El segundo vuelo, concretado hace una semana, entró al país otras 300 mil unidades correspondientes al componente de la segunda dosis para aquellas personas que ya se habían vacunado, completando así el esquema previsto.
En esta oportunidad, serán diez los tripulantes que realizarán el viaje, cuya extensión es próxima a las 16 horas de vuelo. Por su parte, la cantidad de dosis "dependerá del volumen de los envases de las vacunas", indicaron fuentes consultadas por la agencia Télam.
Los especialistas detallaron que el traslado hasta la Argentina de las vacunas del Instituto Gamaleya se puede realizar de tres formas distintas: con los Thermobox (embalaje innovador que se mantiene refrigerado a lo largo de la cadena de suministro), como se hizo en los dos primeros viajes, en cajas o en contenedores refrigerados.
Con los Thermobox se pueden entrar hasta unas 600 mil vacunas por vuelo, mientras que las cajas requieren más volumen, y por lo tanto obligan a cargar menos cantidad. Los contenedores refrigerados, en cambio, ocupan menos volumen y, en contraste, transportan mayor cantidad. Por lo que no se conocerá la cantidad de vacunas transportadas hasta que las empresas privada de correo internacional confirmen los métodología de envasado elegida finalmente.
Es importante recordar que las autoridades rusas aprobaron el pasado jueves la conservación de la Sputnik V a temperaturas de un refrigerador normal, es decir, entre los 2ºC y los 8ºC. Así lo anunció el ministro de Salud de la Federación Rusa en una reunión con expertos.
A su vez, el Gobierno nacional firmó con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FRID) un contrato que prevé el suministro a la Argentina de cuatro millones de la primera dosis más un millón de la segunda dosis con fecha de llegada antes de que termine el mes de enero. Además, el convenio garantiza el abastecimiento al país de otros 14,7 millones de vacunas para febrero. El Ejecutivo tiene además un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca, que desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford, para el suministro de 22 millones de dosis. Y se aseguró nueve millones de dosis a través de Covax, un mecanismo global para la compra de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con la nueva tanda de vacunas Sputnik V que llegará el lunes, se ampliarán los sectores que comenzarán con el esquema de inmunización y se avanzará con la aplicación de las dosis a docentes -en la provincia de Buenos Aires se espera comenzar la semana que viene-, efectivos de fuerzas de Seguridad y mayores de 60 -a partir de la aprobación de la ANMAT y de los resultados del Instituto Gamaleya que indacaron una efectividad del 98,1%.
La fallida especulación con el dólar blue, la campaña del miedo con la inflación y la UIA en contra de la red de protección de trabajadores
Comenzó la nueva temporada de los econochantas y de las presiones del poder económico
El 23 de octubre pasado el dólar blue alcanzó el máximo de 195 pesos. Financistas desaforados, economistas ortodoxos y la red de medios de derecha se lanzaron a proyectar un billete verde sin techo, rompiendo la barrera de 200 pesos.
Tres meses después el blue cotiza a 155 pesos, 40 pesos menos que ese record. O sea, en estos días, en las cuevas se negocia el dólar paralelo con una caída de 20 por ciento en relación al pico.
Para calmar la ansiedad de almas bellas de la city, con una economía que tiene anotadas varias crisis traumáticas, en un período largo, la acumulación de dólares puede llegar a ser una buena inversión. Y si no lo llega a ser no importa mucho porque el verde es uno de los pocos activos que brinda tranquilidad al pequeño y mediano ahorrista.
Sin embargo, en el mundo de las finanzas el costo de oportunidad de las inversiones es un componente importante puesto que define el resultado de la rentabilidad de las colocaciones. Por supuesto, también determina la calidad de los operadores en lo que supuestamente saben hacer: especular.
A fines de octubre muchos exhibieron públicamente que, en esta oportunidad, fallaron en esa tarea básica de su actividad.
Tiempo
El costo de oportunidad de una inversión significa que el tiempo tiene valor y se mide en dinero. En esos tres meses, si el capital especulativo destinado a comprar dólar blue a 195 pesos hubiera sido colocado en otra inversión o mantenido en pesos en caja de ahorro o en plazo fijo, hoy ese capital sería mayor.
Un cálculo financiero realizado por un operador de la city estimó que quien pagó casi 200 pesos el dólar tendría que venderlo hoy a 220 pesos para recuperar los mismos pesos en términos reales. A la última cotización, el blue debería subir 42 por ciento, escenario poco probable en estos días.
Mientras el tiempo siga corriendo con un blue estable con tendencia a la baja, el quebranto de cortísimo plazo se irá agrandando.
Para evitar la furia verde, se aclara que el dólar puede subir mucho esta semana, el próximo mes, en este año o en cada uno de los años por venir. Pero en el juego especulativo de la city quienes apostaron a fines de octubre a una disparada del blue perdieron.
Pueden ganar en el mediano y largo plazo pero esos protagonistas, en general, no se quedan de brazos cruzados para ver qué pasa con las inversiones en meses o años. La apuesta con el blue en octubre fue fallida. La podrán disfrazar de muchas formas, como saben hacerlo para confundir distraídos. Pero, en el bolsillo, saben que perdieron en esa jugada.
Econochantas
La reacción defensiva de los financistas dolarizados es la misma de la secta de economistas dedicados a fallar en los pronósticos económicos. A fines del año pasado, se publicó en este espacio los errores groseros de la mayoría de los econochantas. En el siguiente cuadro se precisa el resultado de las proyecciones 2020 en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Banco Central:
No reconocen que se equivocan, ocultan sus yerros, instalan escenarios de miedo y reinician el ciclo de proyecciones para preservar el negocio. Es lo que están haciendo desde que se conoció el índice de precios minorista de diciembre último, que marcó un preocupante 4 por ciento.
Ahora el juego especulativo de economistas mediáticos es con una variable muy sensible del bienestar general: la inflación. Para este año, punta a punta, aseguran que será como mínimo del 50 por ciento. Y eso lo dicen sin ruborizarse pese a los papelones acumulados el año pasado.
Si fuese por la fiabilidad de los pronósticos y resultados en el 2020, el ministro de Economía, Martín Guzmán, debería tener una cuota superior de credibilidad que los econochantas.
El índice de precios al consumidor 2020 terminó en el nivel que había previsto, el desequilibrio primario de las cuentas públicas (6,5 por ciento del PIB) fue menor al estimado por el mercado, las reservas comenzaron lentamente a recuperarse, la actividad avanza a una velocidad mayor a la calculada y el mercado cambiario se encuentra en una tensa calma.
Además lideró la exitosa renegociación de la deuda externa con acreedores externos y locales, pese a la obscena campaña en contra de medios y analistas conservadores.
Apostar a que el Gobierno no hará nada para evitar un alza persistente de precios es arriesgado, ya que si no hace nada pondrá en riesgo su suerte en las próximas elecciones.
Disputa de poder
A esta altura se sabe que la rigurosidad de las cifras y el impacto de las medidas poco influyen en el debate público, que es terreno de la derecha para fomentar la confusión deliberada. Esto se debe a que, para espanto de los tecnócratas, la economía es un territorio de disputa de poder y, por lo tanto, un espacio de lucha política.
La mayoría de los economistas rechaza esa idea con soberbia académica pese a que manifiesta opiniones sesgadas por su ideología conservadora, lo que se convierte en la prueba más contundente de esa definición. Por lo tanto, las reiteradas proyecciones económicas negativas del año pasado como para éste no tienen que ver con un análisis preciso, sino con la convicción política de combatir un gobierno que no les gusta.
Con un escenario financiero internacional muy amigable para los negocios de funcionarios y banqueros, el saldo económico de la gestión macrista-radical fue un desastre. Pese a ello, el poder económico con la comunidad de economistas a su servicio festejaba cada uno de los descalabros de ese gobierno.
En cambio, con una pandemia en curso, la mejora relativa de la economía en el último trimestre del año pasado y las perspectivas de consolidar esa tendencia en 2021 son minimizadas por el establishment y sus voceros.
Esa disparidad de criterio se explica exclusivamente en que la economía es un terreno de disputa política. Quien no lo entienda así en el gobierno de Alberto Fernández quedará atrapado de intrascendentes debates técnicos sobre niveles de subsidios, tarifas, precios y salarios.
Se discute, en realidad, cómo se reparte el ingreso –no la riqueza- y esa tensión es eminentemente política, y los funcionarios responsables no deberían esperar a que el poder económico acepte en forma voluntaria limitar las pretensiones de recomponer la tasa de ganancia afectada por la recesión macrista y luego por la crisis del coronavirus.
Comunicado de la UIA
El más reciente comunicado de la Unión Industrial Argentina, dirigido a "las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo Nacional", oponiéndose a la red de protección laboral diseñada con la prohibición de despidos y la doble indemnización, refleja esa tensión.
Se dice que la UIA es la entidad patronal más cercana al Gobierno. Esa nota no lo refleja, más bien se pone a la cola de los tradicionales bandos sabatinos emitidos por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial, ambas agrupaciones bajo la conducción política de los grupos Clarín y Techint.
La oposición de la UIA a esas medidas de cuidado de los trabajadores no sorprende, en cambio sí las contradicciones de ese comunicado y la tergiversación en el análisis del ciclo económico de los últimos diez años.
La entidad fabril, en la cual Techint sigue ejerciendo un papel dominante pese a la resistencia de otros miembros, afirma lo siguiente:
* "Entendemos que ya no están vigentes las condiciones de excepción que motivaron las medidas adoptadas el año pasado para regular el mercado de trabajo y mitigar los efectos de la crisis".
* "El “triple cepo” que implica la prórroga del esquema de prohibición de despidos y suspensiones sumada a la doble indemnización plantean un escenario de incertidumbre sobre el marco regulatorio que regirá a las nuevas contrataciones".
* "Ambas situaciones obturan la recuperación del empleo industrial y la recuperación genuina del mercado formal de trabajo, perjudicando especialmente a sectores que tienen potencial para demandar nuevos empleos pero no encuentran certidumbre para hacerlo".
Paso de comedia
Con un escenario de fragilidad laboral, salarios reales muy atrasados y con la pandemia en curso sostener que "no están vigentes las condiciones de excepción" es una visión bastante particular de la actual crisis.
Más insólito es plantear que la red de protección laboral en tiempos de coronavirus fue un freno a la contratación de personal. En unas líneas más arriba del mismo comunicado se detalla que, según el último informe de indicadores laborales de la UIA, "octubre ha sido el quinto mes consecutivo de aumento del empleo registrado industrial".
Como en el gag de Los Tres Chiflados chocando entre ellos en una puerta giratoria, la UIA se queja de la continuidad de la prohibición de despidos y la doble indemnización porque "obturan la recuperación del empleo industrial", pero en estos meses de vigencia de esas normas se ha recuperado sostenidamente el empleo industrial.
Para rematar el mal paso de comedia, el comunicado de la UIA afirma que "el empleo registrado (en la industria) se encuentra desde septiembre por encima del nivel prepandemia -actualmente lo supera en 4500 trabajadores-. Esta tendencia se manifiesta en las expectativas netas de contratación para los próximos tres meses, que se ubicaron en terreno positivo por segundo mes consecutivo en noviembre".
Obcecación
La UIA no hace mención al impresionante esfuerzo fiscal de asistencia a las empresas, entre ellas a las industriales, con la ATP, créditos a tasa subsidiada, reducción de cargas patronales, entre otras. Por el contrario, se queja sin el mínimo pudor "de los mayores costos no laborales asumidos por las empresas en el último año, en especial los que responden a los elevados niveles de ausentismo derivado de la aplicación de la resolución 207/2020" del Ministerio de Trabajo.
El ausentismo de trabajadores en este período fue para cuidar la fuerza laboral debido a la pandemia. Esa definición de la UIA exhibe escasa sensibilidad teniendo en cuenta la cantidad de contagiados y muertes en estos tiempos de coronavirus.
La entidad fabril reitera una evaluación equivocada acerca del ciclo industrial de los últimos diez años. Afirma que la industria transcurre "prácticamente una década de estancamiento y caída de la actividad", para sentenciar además que "desde los niveles máximos alcanzados en 2013, el empleo industrial se contrajo en 178.000 puestos de trabajo".
Dos falacias que exigen precisiones analíticas para despejar el humo de la desinformación:
1. En el segundo mandato de CFK la industria estuvo estancada con leve tendencia negativa debido a la potente restricción en el acceso a las divisas para las importaciones de insumos clave de la producción industrial.
2. En el gobierno de Mauricio Macri, en cambio, la industria se derrumbó. La caída en los últimos dos años de gestión fue de 14 por ciento, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2019. El desprecio a la actividad industrial expuesto por el macrismo se revela en que la producción fabril descendió más en ese período que en la impactante crisis de la pandemia.
3. Afirmar que ha habido una década de estancamiento es pretender igualar dos ciclos políticos diferentes para encubrir el desastre macrista. El kirchnerismo se topó con la restricción externa (la escasez relativa de divisas) que limitó la expansión industrial, base de su política económica. En cambio, la alianza macrismo-radicalismo tuvo como objetivo la desindustrialización.
4. El manejo de los datos de empleo industrial que hace la UIA es absurdo. La caída de 178.000 puestos que menciona desde 2013 se explica por la destrucción de 170.166 durante los cuatro años del gobierno de Macri. O sea, que la pérdida de empleo industrial corresponde casi exclusivamente al período 2016-2019.
La obcecación antikirchnerista, que se extiende a un antiperonismo vulgar, provoca desvaríos como los expuestos en ese comunicado de la UIA hasta el nivel de no poder criticar abiertamente al gobierno de Macri. Como sugerencia, en el próximo, para ser coherentes con esa línea analítica, puede rescatar la política industrial de Martínez de Hoz y de Cavallo.
Nudo
Esta nota de la UIA, la cadena nacional de economistas mediáticos en campaña de miedo con la inflación y el dólar, la presión por un rápido acuerdo con el FMI y la oposición militante del establishment y su red de medios de derecha conforman el marco económico-político para condicionar al gobierno del Frente de Todos.
Entender cómo está presentada la relación de fuerzas en este año electoral, más allá de los deseos de consenso del oficialismo, resulta fundamental para intervenir en lo que será un nudo económico-social crucial en el 2021: cómo se orientará el conflicto distributivo luego de tres años de una profunda crisis.
Esto significa cómo será el ritmo de recomposición del empleo-salario que estará en tensión con la aspiración del mundo empresario de recuperar márgenes de ganancias.
Una de las enseñanzas que dejó la intensa mejora económica luego del estallido de la convertibilidad fue que la creación de empleo y el aumento del salario real, que impulsaron el incremento de la masa salarial global, permitió iniciar un ciclo de crecimiento sostenido y, en ese tránsito, la mayoría de las empresas recompuso la tasa de ganancia.
El camino inverso de desarticular la red de protección laboral y limitar la recuperación del salario real, como postula el poder económico, tiene el destino de debilitar el proceso de recuperación económica en un año electoral.
La causa principal de los aumentos de precios es la inestabilidad cambiaria en una economía dolarizada
¿Por qué la inflación es tan elevada?
Imagen: NA
Las discusiones sobre las causas de la inflación en Argentina son interminables, no sólo a nivel general sino también en el ámbito de la Economía como ciencia social que debe proveer marcos teóricos realistas para la toma de decisiones de política económica.
Las distintas concepciones van desde las más simplistas, como las de la escuela neoclásica, sustento ideológico del neoliberalismo, que asegura que la inflación es a la corta o a la larga un fenómeno exclusivamente monetario provocado por el exceso de emisión de dinero, hasta los enfoques heterodoxos que hacen énfasis en cuestiones más relacionadas con la economía real como la puja distributiva implícita en la formación de precios, los costos de insumos críticos (energía, por ejemplo), la inercia inflacionaria pasada, las expectativas y, más recientemente, los desequilibrios cambiarios derivados de la restricción externa que padecen muchas economías periféricas, como la argentina.
Pero la novedad más reciente es la que surge de un trabajo elaborado por profesionales del Banco Central, nucleados en el blog Central de Ideas promovido por la institución oficial, titulado “Sobre los determinantes de la inflación en Argentina”, que incorpora como uno de los más importantes a los aumentos salariales, a partir de relaciones econométricas deducidas entre un conjunto de variables en el período 2004-2019.
Si bien desde el punto de vista técnico (econométrico) el trabajo luce impecable y a pesar de que desde el primer párrafo advierte que “es responsabilidad de la teoría económica determinar las relaciones de causalidad”, más adelante plantea que “en base a estos ejercicios se esbozan conclusiones generales sobre el comportamiento inflacionario en argentina”. A lo largo del desarrollo se esbozan implícita o explícitamente relaciones de causalidad que van más allá de la correlación entre las variables identificadas, siendo la más destacada la que insinúa que la puja salarial es una de las causas principales de la inflación.
Correlaciones y causalidad
Un ejemplo de esto se encuentra en un párrafo de la página 3 del posteo que afirma que “sin pretender dar una respuesta definitiva a la vinculación que existe entre estas relaciones y la inflación, la primera de ellas parece sugerir que el proceso inflacionario puede ser gatillado por una incompatibilidad en la distribución del ingreso existente, lo que comúnmente se conoce como ‘conflicto distributivo’. Por ejemplo, ante un incremento del tipo de cambio, y sus consecuentes efectos sobre el nivel de precios, los trabajadores pueden intentar recomponer su salario real reclamando mejoras nominales, lo cual puede tener un efecto ulterior en los precios, dando inicio a una nueva ronda de reclamos de salarios que retroalimenten el proceso inflacionario”.
Este párrafo da lugar a distintas interpretaciones contradictorias, a saber:
1. A pesar de que no se pretende establecer una vinculación entre variables, se sugiere que el proceso inflacionario puede ser “gatillado” (¿causa?) por el “conflicto distributivo”.
2. Se pone como ejemplo una devaluación con efecto sobre los precios (otro disparador) y luego los trabajadores tratan de recomponer su salario real (¿causa o efecto?), cosa que en un tercer paso podría retroalimentar la inflación.
3. Y después de retroalimentar la inflación, los salarios vuelven a la carga queriendo recuperar su poder adquisitivo.
Si bien el (legítimo) intento de recuperar el salario real puede ser, y de hecho lo es, un factor de retroalimentación inflacionaria, en este ejemplo no es el que origina el proceso ni mucho menos, sino que es una devaluación, cuyo motivo habría que investigar. El segundo paso es un aumento de precios, que seguramente no es parejo y depende del poder de mercado de los formadores principales de precios, y recién por último aparece el intento de recuperar el poder adquisitivo perdido.
Sin embargo, parecería que el coeficiente de correlación entre salarios y precios de 0,79 hace pensar a los autores que la principal causa de la inflación de largo plazo es el aumento de los salarios. La pregunta que se puede hacer es si luego del análisis anterior, deducido del mismo posteo en cuestión, es si la causalidad de esa correlación es de salarios a precios o de precios a salarios, que tratan de recuperar su poder adquisitivo después de que aquellos aumentaron, por el motivo que sea.
Quién determina a quién
En la página 4, analizando la dinámica de la inflación y la anticipación entre variables, se lee lo siguiente: “Los resultados indican que los precios son anticipados por movimientos de tipo de cambio, de cantidad de dinero y de tasa de interés. A su vez, el tipo de cambio es anticipado por movimientos en la cantidad de dinero y la tasa de interés. Finalmente, el salario es anticipado solo por la inflación y la tasa de interés. La relación con las otras variables no muestra una clara evidencia de anticipación”.
Reordenando este razonamiento, primero, el tipo de cambio es anticipado por la cantidad de dinero y la tasa de interés en pesos (en todo el trabajo no se menciona la importancia del alto grado de dolarización de la economía que determina el fuerte peso del arbitraje entre la demanda de pesos y dólares), luego los precios son anticipados por el tipo de cambio, que ya se dio por anticipado por la cantidad de dinero y las tasas, y finalmente los salarios son anticipados por la inflación y las tasas de interés. Recién ahí la recuperación del salario real podría reciclar más inflación de la que ya sufrieron.
Hasta aquí se podría haber arribado a una conclusión final consistente con este razonamiento, pero cuando se analiza la inflación interanual, se vuelve a la idea de la inflación como fenómeno predominantemente salarial. Textualmente se afirma: “los descensos (a la postre transitorios) de inflación que experimentó Argentina en los últimos 15 años estuvieron acompañados de aumentos salariales acotados que facilitaron esa disminución … En otras palabras, el traspaso del tipo de cambio a precios está en gran medida afectado por el ajuste salarial que se observa a posteriori”. ¿Quiere esto decir que para bajar la inflación en Argentina hay que lograr consolidar el deterioro del salario real?
El verdadero gatillo
Tratando de sintetizar, sin desmerecer el esfuerzo intelectual que significa un trabajo de estas características, es ya un paso importante que en un paper prohijado por el Banco Central se deseche con argumentos técnicos el viejo dogma de que la inflación es siempre y sólo un fenómeno de origen monetario, sobre todo en un país que hace años está lejos del pleno empleo de sus factores productivos. Donde sí puede haber un efecto monetario, y el trabajo lo menciona, es en el arbitraje de demanda de dinero entre pesos o dólares que induzca a inestabilidad cambiaria y que impacte en precios luego de una devaluación.
También es importante que este documento plantee la relevancia de la puja distributiva en el proceso inflacionario argentino, aunque lo hace con tres debilidades:
1. No enfatizar que el “gatillo” inicial es una devaluación que se traslada a precios.
2. Centrando todo el problema en la presión salarial cuando la puja distributiva arranca con una suba de precios liderada por los formadores de mercados concentrados.
3. Insinuar implícitamente como “malos” de la película a los trabajadores que tratan de recuperar su poder adquisitivo después de que el proceso inflacionario se desató.
La otra debilidad importante es que en ninguna parte del posteo se menciona ni la restricción e(x)terna, comercial y financiera ni el excesivo grado de dolarización consecuente, que lleva a una inestabilidad cambiaria permanente, con devaluaciones periódicas, que son el origen principal de los impactos inflacionarios, luego reciclados y ampliados por la puja distributiva de precios (entre sí) y salarios que la corren de atrás.
Devaluación
Por eso, si bien es para celebrar que la autoridad monetaria trate de salir del latiguillo ortodoxo de que la inflación es causada sólo por motivos monetarios, el énfasis puesto en la puja distributiva adolece de dos limitaciones conceptuales:
1. Le atribuye el carácter de causa originaria de los episodios inflacionarios de los últimos años, aunque sí es un factor de amplificación posterior del proceso, iniciado casi siempre por una devaluación originada en la restricción externa.
2. Le pone la responsabilidad de la puja en la presión salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido después de que los precios aumentaron por la devaluación.
En otras palabras, la causa principal de los episodios inflacionarios en los últimos años es la inestabilidad cambiaria en una economía dolarizada, que se amplifica luego por el inmediato traslado a precios de las devaluaciones, aun en los productos sin componentes importados, y finalmente por el intento, casi siempre infructuoso, por recuperar parcialmente el poder adquisitivo salarial después del aumento de precios.
La lucha contra la inflación pasa, entonces, por resolver la restricción externa y la inestabilidad cambiaria y no por limitar el poder sindical para mantener el salario real.
* Subcoordinador de la Licenciatura en Economía - Universidad Nacional Arturo Jauretche-
La interventora de AFI, Cristina Caamaño trabaja en su redacción
Los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia
Al ser designada al frente de la AFI, el presidente le encomendó a Caamaño la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional --que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad-- para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo.
“En el ámbito del Parlamento tenemos el espíritu de sancionar una ley de inteligencia con amplísimo consenso, como se hizo con la ley de Defensa Nacional en el gobierno de Raúl Alfonsín y con la de Seguridad Interior en el gobierno de Carlos Menem”, le dijo a Página/12 el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, que preside la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. “Queremos una ley que deje atrás una etapa nefasta en esta materia como lo fueron los cuatro años de macrismo”, añadió.
La ley de Inteligencia se sancionó durante la presidencia de Fernando de la Rúa y se reformó durante el último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner tras la salida bastante traumática de Antonio Horacio "Jaime" Stiuso de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI). Quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los "sótanos de la democracia", como los llamó el Presidente al asumir.
Caamaño terminó de redactar un borrador, que tiene guardado bajo siete llaves, a la espera de que Fernández lo evalúe. Para esa elaboración existieron conversaciones de la interventora con Seguridad y Defensa, pero, sobre todo, hubo meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia. El consejo consultivo está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo. Los expertos elevaron una serie de sugerencias a la interventora, pero la elaboración final quedó en manos del equipo de Caamaño. En la Bicameral también circulan borradores, pero están a la espera del proyecto del Ejecutivo y descuentan que harán propuestas.
Según pudo saber Página/12, el borrador se inscribe en la misma lógica de los decretos que firmó el Presidente o las resoluciones que emitió la interventora:
Ruptura con la lógica de los servicios como auxiliares de justicia. En marzo, el presidente por decreto modificó el artículo 4 de la Ley 25.520, que daba un resquicio para que los servicios trabajaran con jueces y fiscales. Fernández estableció que ningún organismo de inteligencia tiene facultades represivas o compulsivas ni puede cumplir funciones policiales o de investigación criminal.
Énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia: se trabajó en la idea de la inteligencia nacional o inteligencia estratégica como aquella que es necesaria para el desarrollo integral del país, como surge de una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Esto involucra que la inteligencia esté enfocada, por ejemplo, en la preservación de los recursos naturales o en evitar que el país sea víctima de los fondos buitres, lo que conlleva un alto nivel de profesionalización.
Reducción al mínimo de los fondos reservados: Caamaño invirtió la lógica de funcionamiento durante el macrismo y sólo se permite que la AFI tenga un diez por ciento de sus fondos en calidad de reservados. Los fondos reservados fueron clave, por ejemplo, para pagar a un testimonio que desviara la investigación del atentado a la AMIA. Por este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió una serie de reformas a la Argentina, entre las que se encuentran las de los organismos de inteligencia.
Política de transparencia: Con el decreto de la intervención a la AFI, el presidente también derogó el decreto 656/16, que había sumido a la AFI en el oscurantismo no sólo en lo que hacía a sus presupuestos, sino a sus agentes y todas sus actividades, y retomó la vigencia del decreto 1311/15, en el que se había diseñado la doctrina de inteligencia, cuya ingeniería estuvo en manos de Marcelo Sain. Dentro de esta política se encuentran las iniciativas de desclasificación de información o las que rompen con prácticas arraigadas como es el uso de un nombre supuesto para cualquier agente sin importar qué función cumple.
Hasta el momento, el borrador no contempla sugerencias sobre la oficina de las escuchas, que desde el gobierno de Mauricio Macri está en manos de la Corte Suprema, aunque es sabido que Caamaño entiende que deben pasar al Ministerio Público Fiscal. Cuando se produjo el traspaso de la legendaria Dirección de Observaciones Judiciales --Ojota-- de la SIDE a la Procuración fue ella quien comandó esa oficina y siempre se ha destacado que durante su gestión no hubo ni una filtración de escuchas telefónicas. La Bicameral entregó un informe muy crítico en diciembre y situó a esa oficina como uno de los enclaves del lawfare.
Diversas fuentes también aseguraron que no se menciona el capítulo de la inteligencia penitenciaria, que hizo eclosión en los últimos meses cuando quedaron al descubierto las tareas conjuntas entre la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) --e incluso con el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)-- para espiar a los presos kirchneristas. Caamaño anuló un convenio entre la AFI y el SPF de 2018, que facilitó esa coordinación que se supone delictiva y que actualmente es investigada por la justicia federal de Lomas de Zamora.
Caamaño realizó una reestructuración interna de la Agencia, que involucró la desaparición de la figura del subdirector, que siempre facilitó el doble comando y la proliferación de camarillas. La interventora también dividió a la Agencia en tres grandes secretarías: la de Producción de Inteligencia Nacional, la de Planificación de Inteligencia Nacional y la de Administración y Apoyo. Había trascendido que una de las propuestas era la creación de un asesor general, que hiciera de enlace entre la AFI con el Ejecutivo y el Legislativo, mientras que el director general de la Agencia sería un agente de carrera. Sin embargo, ese punto no figura en el borrador, aseguraron a este diario.
Es probable que se sumen modificaciones al texto una vez que el Presidente lo estudie y lo haga público, ya que el saneamiento de los organismos de inteligencia es una de las piedras basales en las que sustentó tanto su discurso de asunción como el de la apertura de las sesiones ordinarias el año pasado. Hay quienes especulan que podría estar entre los anuncios que formule el próximo 1 de marzo.
Los mandatarios provinciales presionan por la modificación del calendario electoral
Los gobernadores quieren un 2021 con elección unificada y sin PASO
El encuentro con ocho gobernadores y dos vicegobernadores del norte del país fue el miércoles pasado en Chilecito, La Rioja. Allí el presidente volvió a escuchar de boca de los mandatarios su descontento con que no se haya tratado en el Congreso la suspensión de las PASO, que resiste Juntos por el Cambio, pese a que los tres gobernadores radicales no lo verían mal. Entre los que le reiteraron el pedido, estaban Capitanich; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Gerardo Morales, de Jujuy; Juan Manzur, de Tucumán, y el anfitrión: Ricardo Quintela, de La Rioja.
Alberto Fernández planteó que no tenía sentido que le pidieran que suspenda las primarias si todos van a adelantar sus elecciones provinciales. 48 horas más tarde el Presidente firmó el decreto de ampliación del temario de sesiones extraordinarias e incluyó el tema. Más allá de que la discusión no está definida y el calendario elctoral aun es incierto, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fijó las elecciones generales provinciales para el 4 de julio, con boleta electrónica. Si no se llega a un acuerdo para suspender las PASO y unificar todo en octubre, podría tener algunos que lo sigan en esa línea, como Capitanich, de Chaco. Se rumorea que los gobernadores temen que les metan competidores del kirchnerismo en las primarias.
Hay cuatro provincias que ya confirmaron que no van a adelantar: la provincia de Buenos Aires (que nunca separa sus elecciones), Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. En este último caso, ya está decidido ir con las nacionales y lo expresó como un criterio general su gobernador: "Hay que ir a una sola elección en octubre. Tenemos que buscar un consenso no solo para sacar la suspensión de las PASO, sino también de todos los adelantamientos de elecciones, y unificar una sola elección”. De esta forma ató el acuerdo para no adelantar a un consenso por las PASO.
Jalil se sumó al planteo de que no haya PASO y consideró que “la discusión de los candidatos tiene que volver a los partidos”. Recordó que en su provincia, las elecciones locales serán con los nacionales. Sucede que Catamarca por su Constitución, tiene que convocar a los comicios provinciales o bien para un domingo de marzo o bien con las nacionales. Y a marzo ya no llegan con la convocatoria.
Capitanich, por su parte, aseguró que lo ideal es “una sola elección unificada y sin PASO. Corrientes y Santiago del Estero hay elecciones a gobernador. Si hay PASO a nivel nacional, va a haber PASO a nivel provincial. Si se suspenden, también se suspenderían". No obstante, según pudo saber este diario, el gobernador de Chaco no descarta desdoblar si no se llega a ningún acuerdo.
Santiago del Estero es la cuarta que no piensa desdoblar. En esa provincia no hay PASO provinciales y los legisladores se eligen junto con el gobernador cada cuatro años. Todo se definirá en octubre.
En cambio, Corrientes tiene una tradición de hacer las elecciones a gobernador separadas de las nacionales. Si bien el gobernador Gustavo Valdés todavía no lo definió, suelen ser entre julio y agosto.
Hay cuatro provincias que no tienen nada para desdoblar: Córdoba, Tucumán (su gobernador Manzur es otros de los que insiste en suspender las PASO nacionales), Tierra del Fuego y Río Negro. La gobernadora de esta última, Arabela Carreras, se reunión con legisladores oficialistas hace unos días y les insistió en que avancen con el proyecto para suspender las primarias "ya que perdieron los objetivos para las que fueron creadas". El de Córdoba, Juan Schiaretti, también respaldó el pedido de suspenderlas.
Luego hay una gran cantidad que no tienen definido qué harán. En dos casos (Santa Fe y Formosa) dejaron en claro a este diario que no definieron porque están esperando que el presidente responda sobre las PASO nacionales. La Pampa tampoco definió, pero sus funcionarios son muy claros en su postura en contra de las primarias: el ministro de Gobierno de esa provincia, Daniel Bensusán, advirtió que "todos los gobernadores fijaron postura sobre esa elección desde los costos, pero también desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, porque no podemos hacer futurología de cómo estaremos en agosto".
El principal problema que enfrenta el presidente Fernández para suspender las PASO es que los distritos más poblados no están de acuerdo: si se suspenden a nivel nacional, pero Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Bueno Aires convocan igual a elecciones locales se pierde buena parte del sentido de la medida, desde el punto de vista epidemiológico. Juntos por el Cambio viene ejerciendo una férrea defensa de las PASO, pese a que hace unos años sus principales figuras planteaban que no servían. En tanto, los gobernadores están empujando para que se las suspenda en este 2021.
El proyecto de reforma judicial en la Cámara de Diputados
El lawfare y los jueces
"Es evidente que el aparato comunicacional con el que el macrismo implementó el lawfare, esta persecución política, judicial y mediática a cualquier dirigente de la oposición, sigue gozando de buena salud", dijo el legislador, tras lo cual resaltó que "por eso es importante tratar la Reforma Judicial".
"Comodoro Pro sigue funcionando a full", añadió el legislador en declaraciones a radio AM 750 y recordó que el presidente Alberto Fernández, "lo dijo en su asunción: Nunca más una justicia que persiga según los vientos políticos de turno". "Creo que es un emblema de la gestión y seguramente la vamos a tratar para que la Justicia vuelva a gozar de buena salud, sea ágil, independiente y para que no desfilen los jueces por el despacho del Presidente con los fallos", aseveró.
Soria presentó en mayo pasado una denuncia penal para investigar un supuesto mecanismo de presión y/o extorsión sobre jueces y fiscales durante la presidencia de Mauricio Macri. Esto surgió luego de las declaraciones que realizara Ana María Figueroa, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese sentido, el legislador de Río Negro sostuvo que la reforma "estaba en agenda pero tenemos que ser conscientes de que en marzo vino una pandemia que cambió a la Argentina y al mundo".
Fuente:Pagina12
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