Irregularidades y ausencia de pruebas atraviesan las causas centrales del lawfare
Las causas judiciales que el oficialismo catalogó como “lawfare” están todas en pleno desarrollo en tribunales, en etapa de juicio o en camino hacia él. Y pasan cosas llamativas, sorprendentes.
En el proceso por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon el desafío de la principal imputada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “¿Preguntas?, preguntas tienen que responder ustedes”.
Fue mucho más que una bravata. La causa llegó a juicio con una acusación de irregularidades y sobreprecios que fueron rebatidos por testigos, incluso testigos de cargo. Los valores pagados por las obras adjudicadas a la constructora de Lázaro Báez fueron los de mercado; el índice de incumplimiento, menor al 0,2 por ciento.
En el juicio oral por una supuesta maniobra económico-impositiva de la empresa Oil Combustibles, la refutación de la acusación es demoledora. Mediáticamente se instaló que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa se habían quedado con 8000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. En rigor, lo que había era una deuda por el 25% de esa cifra. Pero más del 70% de la deuda real ya se había pagado. Sin embargo, ambos pasaron dos años en prisión, por disposición del juez Julián Ercolini. En 2018, los camaristas Jorge Ballestero y Carlos Farah concedieron la excarcelación. Ballestero fue empujado a jubilarse y Farah marchó al ostracismo de un tribunal oral bonaerense. Ercolini sigue en su cargo.
El empresario Oscar Lascurain y el exintendente de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna fueron condenados por una avenida que no se terminó de construir. Durante el juicio oral explicaron que la obra no se concluyó porque cuando asumió el gobierno de Cambiemos canceló el financiamiento. “Si yo hubiera tenido plata de la municipalidad la obra estaría lista. Pero no tenía el dinero”, explicó. Afectado por una enfermedad pulmonar que lo obliga a utilizar un aparatoso dispositivo para respirar, terminó en una celda de una cárcel común.
El juicio conocido como “Ruta del dinero” está cerca de terminar y todo indica que el empresario Lázaro Báez será condenado. En su indagatoria denunció que poco después de ser detenido, en circunstancias difíciles de comprender, se le acercó una abogada con presuntos vínculos con servicios de inteligencia. "Si yo colaboraba recuperaría mis empresas, mis bienes y mi libertad. A cambio, tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner". No lo dijo y sigue preso (desde septiembre pasado en domiciliaria).
La acusación se basa en buena medida sobre el relato como arrepentido del financista Leonardo Fariña, quien llevaba dos años preso. Declaró contra Báez y recuperó la libertad. Su propia abogada denunció que fue “guionado”, pero Fariña lo niega. Asegura que su arrepentimiento fue genuino.
La dirigente social jujeña Milagro Sala fue detenida por una acampada de protesta. Por ese hecho, que es una contravención (no un delito), ni siquiera fue condenada: el juicio fue anulado. Sala fue primero detenida y luego le buscaron las causas. Hace cinco años que está presa. Dos jueces del Tribunal Superior jujeño son los mismos que la acusaron como legisladores. Fueron designados por el gobernador Gerardo Morales, uno de los que denunció a la líder de la Tupac Amaru.
El presidente, Alberto Fernández no tiene relación con Amado Boudou. Sus allegados aseguran que no lo quiere nada. Sin embargo y pese a ello, expresó que también la condena en su contra no fue consecuencia de un juicio justo.
Dólar futuro irá a juicio probablemente a fines de 2021, pese a que un peritaje demostró que no hubo perjuicio contra el Estado causado por los imputados. En ese expediente, el difunto Claudio Bonadio decidió cuál era el precio del dólar blue. Hasta donde se sabe, Bonadio no era economista.
Bonadio fue responsable indirecto de la muerte del excanciller Héctor Timerman. Lo procesó y así impidió que viajara a Estados Unidos para continuar su tratamiento contra un cáncer. Bonadio siempre se negó a escuchar al extitular de Interpol Ronald Noble, quien desmintió la denuncia del fiscal Alberto Nisman en la “Causa Memorando”. Ahora fue aceptado su testimonio, pero Timerman está muerto y la causa, camino a juicio oral.
En Cuadernos, la Cámara de Casación avaló a todos los arrepentidos, aun cuando –contrariamente a lo que establece la ley, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri– ningún arrepentimiento fue registrado por un “medio técnico idóneo”. La decisión definitiva sobre la validez de esos arrepentimientos la tendrá el Tribunal Oral Federal Nº 7, que está integrado por el juez Germán Castelli, quien –según la Corte Suprema– no debió estar allí.
En la causa GNL, la importación de gas natural licuado, por la que estuvo preso el exministro de Planificación Julio De Vido, el primer procesamiento se basó en un peritaje de David Cohen, hoy procesado y camino a juicio oral por falso testimonio, justamente por ese peritaje, que se reveló “trucho”.
Cuando la causa se caía, apareció un testigo que la revivió. Por entonces no era muy conocido, pero el tiempo y sus propias conductas le dieron relevancia: Marcelo D’Alessio.
Alberto abre el juego para debatir cambios en el calendario electoral 2021
Luego de un mes de especulaciones, el presidente Alberto Fernández finalmente amplió el temario del período de sesiones extraordinarias del Congreso e incluyó un tema que, por su formulación, despertó todo tipo de interpretaciones dentro de la Cámara de Diputados. El punto siete del decreto, difundido en la noche de este viernes, plantea: "Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021". El último proyecto presentado al respecto lleva la firma del tucumano Pablo Yedlin, del Frente de Todos, y plantea la suspensión de las PASO por el impacto de la pandemia y por razones económicas, pero no es el único que tiene estado parlamentario. Hay otros, como el presentado por la radical Carla Carrizo, que propone postergar las Primarias para septiembre y realizar los comicios con boleta única de papel.
El decreto 38/2021 fue leído como una ofrenda de la Casa Rosada a los gobernadores del "Norte Grande", que hace dos días le insistieron a Fernández en suspender las Primarias de este año. La iniciativa es encabezada por el mandatario tucumano Juan Manzur y en Diputados fue presentada por Yedlin junto con otros legisladores de San Juan y Salta, entre otras provincias. Sin embargo, a un mes de su ingreso a la Cámara, no sumó el respaldo de la mayoría del bloque del Frente de Todos, ni del presidente de la bancada, Máximo Kirchner. El dato confirma que no hay una posición unánime del oficialismo sobre el asunto y que los tiempos apremian, porque el año electoral ya comenzó.
Los riesgos políticos de llevar adelante un cambio de las reglas de juego son mayores con las urnas tan cerca. En la coalición oficialista algunos consideran que es una decisión totalmente desaconsejable y hay que mantener el cronograma como está. Para otros, no queda otra ante la pandemia y la ausencia de certezas sobre los tiempos del plan de vacunación.
Con ese escenario por delante y contrarreloj, en la Casa Rosada resuena un concepto unánime: que si hay cambios, se concreten con el mayor acuerdo político posible de la oposición. Así como no hay consenso en el FdT, tampoco se confirma en Juntos por el Cambio. Los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) adhieren al operativo clamor que ahora sostienen bajo el paraguas del "Norte Grande", con un sector del peronismo al lado, pero el jefe de Gobierno porteño está totalmente en desacuerdo con suprimir las Primarias.
Es la misma posición que tiene la mayoría de los integrantes del conglomerado macrista y también sus socios de JxC. De hecho, una parte del radicalismo no está de acuerdo en cambiar el cronograma, pero en el bloque respaldan el proyecto de Carrizo que no suprime las PASO, pero propone postergarlas para mejorar las condiciones ante la pandemia. La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires pertenece al espacio Evolución de la UCR, que conduce el senador nacional Martín Lousteau. Al igual que Larreta, forma parte de un acuerdo entre los socios porteños de JxC para defender las PASO ante el intento de suprimirlas, que ya suma el respaldo de diez gobernadores.
La discusión nacional tiene un correlato inmediato: hay varios territorios, pero especialmente la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que tienen leyes propias para realizar las Primarias en adhesión a las nacionales. En el Senado bonaerense el Frente de Todos no tiene mayoría para cambiar esa ley, aunque hasta ahora el gobernador Axel Kicillof no se pronunció y aguarda a que se resuelva la cuestión nacional dentro del Congreso. Este viernes, el senador bonaerense Roberto Costa, que preside el bloque de JxC en ese recinto, admitió que no hay una posición común en su espacio. "Que permanezcan donde son necesarias y no usarlas como una encuesta gigantesca”, disparó el legislador para hacer un guiño a una eventual reforma provincial que combine con los cambios nacionales.
La resistencia de los gobernadores que quieren mantener el cronograma también se escuchó el jueves en la reunión de los caciques norteños con Fernández. No se conocen los términos de la respuesta presidencial cuando sus anfitriones le reiteraron el reclamo sobre las PASO. En la Casa Rosada no aportaron detalles, pero confiaron que la reunión que se realizó en Chilecito, La Rioja, estaba planificada como un evento abierto y con discursos, pero finalmente fue completamente cerrado. Ese giro organizativo alimenta las intrigas sobre el tono de la reunión y la posibilidad de que Fernández haya hecho tronar su malestar con los que quieren desdoblar sus elecciones provinciales de las nacionales. El salteño Gustavo Sáenz ya firmó un decreto para realizarlas el 4 de julio y el misionero Oscar Herrera Ahuad evalúa hacer lo mismo.
Con esas tensiones a cuestas, el decreto publicado este viernes puso en marcha la carrera contra el tiempo para realizar cambios en el calendario de votaciones. Una alta fuente confió a Tiempo que los mandatarios del "Norte Grande" van a armar una comisión encargada de hablar con los jefes de todos los bloques legislativos y preparan un proyecto espejo en el Senado. La mesa de lobby legislativo tendrá a Manzur y Jorge Capitanich (Chaco) por el oficialismo, a Morales y Valdés por JxC, y a dos por los "independientes": la rionegrina Arabela Carreras y Herrera Ahuad (Misiones).
En la Cámara Baja confirmaron a este diario que la mención elíptica del punto siete del decreto busca habilitar todos los textos presentados que impulsan cuestiones vinculadas a la "Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral". Junto con los suscriptos por Yedlin y Carrizo hay otros en danza, como los presentados por el bloque lavagnista, que el año pasado promovió la suspensión de las PASO y para este año, junto con el santafesino Luis Contigiani, del Frente Progresista, Cívico y Social, impulsan la utilización de la boleta única de papel. También existe otra propuesta del mendocino José Luis Ramón, quien en septiembre se anotó el primer proyecto para suprimir las Primarias. Sin embargo, quedarían habilitados en extraordinarias los que apelan a este año electoral y no otras propuestas. Algunas de ellas son incómodas para la resistencia actual del PRO a cambiar el sistema electoral, como la firmada por el macrista Pablo Tonelli, que plantea la eliminación permanente de las PASO por "inconstitucionales".
Fuente:TiempoArgentino
Entra en vigencia la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
Elizabeth Gómez Alcorta afirmó que la aplicación de la norma sancionada en diciembre por el Congreso es "inmediata".
Desde la hora 0 de este domingo la Argentina integra oficialmente la lista de países donde el aborto es legal ya que entra en vigencia la ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), un reclamo histórico del feminismo que solicita que se garantice su cumplimiento efectivo.
Su aplicación es "inmediata", según sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ya que se hace efectiva luego de ocho días transcurridos de su promulgación por parte del presidente Alberto Fernández, el pasado 15 de diciembre, por medio del decreto 14/2021.
Tanto desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal como abogadas especialistas en temas de género manifestaron que la entrada en vigencia representa "un triunfo de la lucha colectiva", y esperan que "se cumpla en todo el país con políticas educativas".
"Hoy se reaviva la declaración que hicimos desde la Campaña el día de su aprobación en el Congreso: Este es un triunfo de la lucha colectiva y de los años de organización con el foco puesto en este derecho", le dijo a Télam Patricia Bustamante, integrante de la Campaña.
Y remarcó que "la entrada en vigencia de la Ley es en todo el país y de orden público".
Los opositores, los llamados grupos "provida", que luego de su aprobación el pasado 30 de diciembre anunciaron que insistirían por la vía judicial para impedir su aplicación, tuvieron su primer revés este jueves cuando la justicia de Salta habilitó la feria judicial para rechazar un recurso colectivo interpuesto, entre otros, por la ex senadora nacional María Cristina Fiore Viñuales.
"No ha lugar por improcedente", sostuvo en su escrito el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio.
La abogada Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia y miembro del equipo que redactó el nuevo Código Civil, destacó la importancia de ese fallo: "Si bien los argumentos del juez salteño fueron muy escuetos, focalizados en cuestiones procesales, destaco que la intención de voltear el Protocolo Nacional y su aplicación, no tuvo cabida en el Poder Judicial salteño ", afirmó.
Además, Herrera señaló que el planteo judicial lleva el acompañamiento letrado de tres hombres (Vanossi, Bianchi y Barra) "que en mi opinión, forman parte del derecho constitucional patriarcal, de una doctrina constitucional perimida, conservadora y atrasada".
Para Bustamente, la estrategia de judicializar la ley impulsada por sus opositores "carece de lógica, siendo una de las leyes más debatidas en la historia de nuestro país, en las calles, en las aulas y que cumple con todos los tratados y convenciones a las que este país suscribió en materia de derechos humanos".
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia Y Género (ELA), Natalia Gherardi afirmó que la entrada en vigencia de la ley "es el comienzo de un nuevo paradigma, sabemos que los esfuerzos de los grupos opositores estarán dirigidos a tratar de obstruir la práctica. En algunos casos, esos esfuerzos tratarán de contar con los tribunales de justicia. Pero veremos que los argumentos están de nuestro lado y por eso serán rechazados", anticipó.
Cien años después de que la segunda reforma del Código Penal, en 1921, estableciera las causas en que la interrupción del embarazo está autorizada, y luego de que en 2018 quedara trunco el primer proyecto que alcanzó el debate parlamentario, el Senado terminó convirtiendo en ley la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Fernández.
En su promulgación, el Presidente vetó parcialmente el artículo 4, al que le agregó la palabra "integral" al referirse a la salud de la "persona gestante", una modificación que permitió que la ley fuera finalmente aprobada.
Junto con la IVE, el parlamento también aprobó la ley del Plan Mil Días, de cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.
"El aborto dentro de las primeras 14 semanas de embarazo (o dentro de las causales con posterioridad) ya es ley en absolutamente todas las provincias y se tiene que cumplir, con guías y protocolos o sin ellas, porque ya es legal", explicó Bustamente sobre la entrada en vigencia de la IVE.
Además, recordó que partir de la entrada en vigencia de la ley, también,"se deberían terminar inmediatamente los procesos penales de quienes fueron criminalizadas por abortar, porque en la ley penal existe el beneficio de la retroactividad y esas personas deberían quedar sin antecedentes".
"Es necesario hacer una revisión de los procesos penales y analizar los casos en que los abortos fueron disfrazados con figuras legales más gravosas, para que el peso de la ley caiga con mayor fuerza", sostuvo.
En tanto, Celeste Mac Dougall, también integrante de la Campaña, coincidió con su compañera y agregó que "va a hacer falta una campaña por parte del Estado que establezca dónde y cómo se va a garantizar este derecho, debido a que existe la objeción de conciencia".
Por otro lado, Mac Dougall refirió la necesidad de una política estatal que apunte a la educación y formación respecto de los derechos en general a todas las personas, "porque la ley IVE establece nuevos derechos".
Asimismo recordó un pedido histórico de la Campaña: "Que se garantice la producción pública de Misoprostol y Mifepristona, con el reconocimiento de la ANMAT", drogas reconocidas como "válidas para realizar abortos seguro".
Pero además, también pidió que se aseguren las otras vías para realizar un aborto como "la provisión de lo que se necesita para la Aspiración Manual endouterina (AMEU) y la capacitación a los profesionales de la salud respecto de estas prácticas".
Fuente:infonews
La economía supera a la pandemia como principal preocupación
El último índice de inflación y los aumentos de alimentos registrados en
los últimos días trasladaron las preocupaciones de los argentinos de la
pandemia a los temas económicos. Así lo explicaron a El Destape cuatro
consultores que se encuentran analizando los datos de las primeras encuestas de
2021. La gente pide mayores controles de precios y rechaza un eventual aumento
de tarifas.
24 DE ENERO, 2021
Por
Los encuestadores coinciden en marcar que con la llegada de las primeras dosis de la vacuna Sputnik y el notable incremento de precio de los alimentos registrados en las últimas semanas, los temas económicos superaron a la pandemia como principal preocupación de los argentinos. El índice inflacionario de diciembre escaló al 4 por ciento y según todas las consultoras privadas los alimentos pegaron un nuevo salto en los primeros días de enero, con lo que la cuestión se convirtió en un grave problema a resolver para el Gobierno en el inicio del año electoral. "Es evidente que la depresión en el nivel de salarios y la visión acerca de que el Gobierno no está implementando una política de impulso de salarios y de demanda impactó en las expectativas, en las preocupaciones y en el reclamo de una recuperación del salario real", explicó Marina Acosta, directora de la consultora Analogías.
El Destape consultó a cuatro encuestadores de primer nivel que por estos días se encuentran procesando los datos del primer sondeo de 2021, enmarcado en una situación económica y social que no para de presentarle desafíos al Gobierno. Ante esto, la imagen de Alberto Fernández continúa en leve declive, pero aún positiva, un poco por encima del 50 por ciento de las respuestas y manteniéndose como el dirigente mejor conceptuado dentro del oficialismo. Un poco por debajo viene su gestión como presidente, que no alcanza el 50 por ciento pero está cerca. La aprobación es algún puntito mayor si sólo se toma en cuenta lo realizado exclusivamente respecto a la pandemia.
"Es muy difícil que el Gobierno siga bajando en términos de gestión porque hay una mitad que lo aprueba y otra que lo desaprueba. Luego del pico que tuvo al inicio de la cuarentena, la imagen del Gobierno tuvo una caída ininterrumpida que ahora yo diría se empezó a hacer mucho más lenta, casi detenida", explicó Gustavo Córdoba, de la consultora Zuban-Córdoba. "Analizando que fue un año en el que creció la pobreza, la desocupación y la inflación, en verdad son números bastantes aceptables para el Gobierno", comentó el analista Hugo Haime. Justamente, esos tres ítems de la actividad económica figuran hoy entre las principales preocupaciones de los argentinos.
La economía
El sondeo que Analogías está a punto de publicar indica que los argentinos ven a la inflación, con el 25% de las respuestas, como su principal problema, por encima del desempleo (18%), contagiarse el virus (13,6%) o el colapso del sistema sanitario (12,9%). En el caso del estudio realizado por Zuban-Córdoba el orden se invierte y figura en primer término el desempleo (26%) y luego la inflación (15%), quedando más atrás la corrupción (11%), la educación (11) y la pobreza (10%). En lo que coinciden ambos sondeos es que alrededor del 50% de las preocupaciones de los argentinos están referidas a problemas de tipo económico, con la inflación y el desempleo en los primeros escalones.
"Las expectativas económicas están a la baja de forma muy marcada desde noviembre. La inflación, como principal preocupación, se sostiene de manera continua desde octubre", detalló Marina Acosta. "La imagen hoy está influida por lo socioeconómico más que por la pandemia. La inflación es un tema crítico porque afecta a todos, en cambio el desempleo sólo a un sector de la población. La pobreza también aparece entre las respuestas, pero por lo general es gente que habla de la pobreza de otros, no de la propia", agregó el consultor Ricardo Rouvier.
En la encuesta de Analogías queda claro que si bien hay un reconocimiento del contexto complicado en el que recibió la gestión y las dificultades adicionales planteadas por la pandemia, hay un sector mayoritario disconforme con las medidas tomadas por el gobierno de Fernández. Así, un 47,8% entiende que la causa principal de la actual situación son las decisiones del Gobierno, mientras que un 26,5% responsabiliza a la herencia que dejó Mauricio Macri y un 16,5% culpa a la pandemia. Más llamativo, un 49,5% entiende que las políticas económicas actuales son de "ajuste" y apenas un 19,4% cree que buscan impulsar el consumo. En la misma línea, un 70,5% respondió "mucho" o "bastante" cuando le preguntaron si el Gobierno debía ejercer un control más fuerte sobre el precio de los alimentos y un 75,3% creyó que deben autorizarse "poco" o "nada" aumento de tarifas de servicios. Los encuestados también fueron críticos con la oposición por su escasa colaboración con el Gobierno para enfrentar la crisis.
La pandemia
La opinión mayoritaria es que la gente no se cuida lo necesario para evitar los contagios y hay opiniones divididas en cuanto a la gestión oficial frente la pandemia. Obviamente, la llegada de la vacuna Sputnik generó gran expectativa en un sector de la población, pero también la desconfianza en otro. De acuerdo a Analogías, un 42,4% confía en la eficacia de la vacuna del laboratorio ruso Gamaleya, pero un mayoritario 52,4% dice confiar poco o nada. En tanto, según Córdoba, mientras que la mitad de los argentinos manifiesta que quiere vacunarse hay un 27,6% que sostiene que no lo hará. Es decir, uno de cada cuatro.
"Hacia fin de 2020, gracias a la aprobación de la ley del aborto y del inicio de la campaña de vacunación, el Gobierno logró controlar por primera vez en mucho tiempo la agenda política", explicó Córdoba. No obstante, criticó que se siguieran cometiendo errores de comunicación que, por regla, tienen la característica de ser autoinfligidos más que provocados desde afuera. Esos problemas, más la campaña de medios opositores y de algunos dirigentes macristas son los que generan esas dudas sobre la eficacia de la vacuna. A partir de ahora, cada acontecimiento -si las dosis llegan en el tiempo prometido, si surgen inconvenientes- será evaluado. "La vacuna generó una expectativa, hizo más lenta la caída de imagen del gobierno", reportó Rouvier, que añadió que habrá que esperar a febrero para ver si eso marca un quiebre y es el inicio de un repunte.
Fuente:ElDestape
23/01/2021 SENADO
El Frente de Todos arriesgará 15 de las 24 bancas que se renuevan en las elecciones de este año
El oficialismo pone en juego más de la mitad de los cupos que están en juego en los comicios de este año en la Cámara alta y la oposición, otras nueve.
Por Diego Guglielmone
El bloque del Frente de Todos (FdT) del Senado tratará de revalidar 15 de las 24 bancas que este año se deben renovar en la Cámara alta, en tanto que la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) y sus aliados arriesgarán las nueve restantes.
El Senado, como lo establece el sistema constitucional argentino, se renueva por tercios cada dos años y de a ocho provincias por vez.
El resultado definirá la integración de la Cámara alta aunque antes de llegar a ese punto la expectativa estará concentrada en el calendario electoral.
Existe la posibilidad de que el cronograma de 2021 sufra modificaciones tras el decreto del Ejecutivo que incorporó la organización de las elecciones de este año a las sesiones extraordinarias.
En cualquier caso, en este turno le toca defender posiciones a los legisladores electos en 2015 (los mandatos en el Senado duran seis años).
Aquella fue una elección favorable a JxC, que consagró a Mauricio Macri como presidente para el mandato 2015-2019.
Sin embargo, a pesar de acceder al gobierno, en aquella oportunidad el reparto de bancas no fue generoso para la entonces coalición gobernante.
Recién en las elecciones de 2017, la alianza entre el PRO, la Coalición Cívica y UCR pudo engrosar las filas del interbloque que encabeza el formoseño Luis Naidenoff.
Y en 2019, a pesar de la derrota en las presidenciales a manos del FdT y la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, JxC logró aunar a casi una treintena de senadores, sumados los cuatro que integran el Interbloque Federal.
Por el oficialismo, en cambio, la unión de los bloques Unidad Ciudadana y del Frente para la Victoria permitió amalgamar una bancada de 41 legisladores propios que alcanza los 43 si se cuentan los representantes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y de Juntos Somos Río Negro.
En octubre, entonces, será el turno de renovar a los senadores que representan a las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.
De esas provincias, cinco están gobernadas por el FdT, dos por JxC y la restante, Córdoba, por un mandatario de origen peronista pero que mantiene una línea política diferenciada de la Casa de Gobierno.
Por Catamarca, donde gobierna el peronista Raúl Jalil, el FdT pone en juego las bancas de Inés Blas y de Dalmacio Mera, mientras que el representante de JxC es el ex gobernador radical Oscar Castillo.
En Chubut, gobernada por otro peronista, Mariano Arcioni, se perfila un caso particular: los tres senadores integran el FdT porque uno de ellos ingresó por el Frente Renovador que llevó la candidatura presidencial de Sergio Massa.
En esa provincia patagónica, la fórmula ganadora fue la que conformaron, seis años atrás, Nancy González (actual presidenta de la Comisión de Defensa) y Mario País; en tanto que Alfredo Luenzo obtuvo la tercer banca por la minoría.
Por el lado de Córdoba, la tierra del peronista Juan Schiaretti, JxC arriesga dos escaños: los que ocupan los macristas María Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez. El FdT, en tanto, pondrá en juego el lugar del actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio.
Corrientes, gobernada por Gustavo Valdés, de JxC, jugará este año una doble pulseada: a la elección legislativa nacional se le agrega la de mandatario.
En 2015 ingresaron por Corrientes la camporista Ana Almirón y el ex medallista olímpico Carlos 'Camau' Espínola, mientras que por la minoría lo hizo el ex vicegobernador Pedro Braillard Poccard.
La Pampa, el peronismo que gobierna de la mano de Sergio Ziliotto, arriesgará las bancas de Norma Durango y de Daniel Lovera; mientras que el radical Juan Carlos Marino también deberá poner en juego su sitio en la Cámara alta.
En Mendoza, provincia gobernada por JxC y en la que el gobernador de extracción radical Rodolfo Suárez logró imponerse en 2019, la oposición arriesga las dos bancas por la mayoría: las ocupan el ex vicepresidente Julio Cobos y Pamela Verasay.
En tanto, el FdT mendocino debe ratificar la banca de la vicepresidenta de la bancada, Anabel Fernández Sagasti.
El panorama se invierte en Tucumán, donde el peronismo pone en juego los dos escaños correspondientes a la mayoría, a cargo de Beatriz Mirkin y de José Alperovich, de licencia tras haber sido denunciado ante la justicia por presunto abuso contra una empleada de su compañera de bancada.
Por la oposición, en tanto, representa a la minoría Silvia Elías de Pérez.
Finalmente, en Santa Fe, donde el peronismo recuperó la gobernación en 2019, se jugarán las bancas de María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y de Roberto Mirabella, quien ingresó a la Cámara alta en reemplazo del actual gobernador, Omar Perotti.
También Carlos Reutemann, integrante del Interbloque Federal pero aliado cercano a JxC, arriesgará su banca.
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