En un logro histórico del sindicato del «Perro» Santillán, anunciaron la regularización laboral de 1.600 municipales precarizados en Jujuy
11 febrero, 2021

Después de múltiples denuncias, paros, movilizaciones, detenciones ilegales, persecución judicial y más que soportaron los trabajadores en el sindicato de municipales SEOM Jujuy, el gobierno de Jujuy anunció ayer la regularización de unos 1.600 municipales precarizados de diversos municipios. Los trabajadores obtendrían la categoría de jornalizados de planta permanente y pasarían a cobrar entre 13 mil y 14 mil pesos de básico. Desde el sindicato, sin embargo, esperan a leer el decreto para analizarlo en detalle.
A través de un decreto el gobierno jujeño ordena a los municipios que los trabajadores que cobran planes sociales jerarquizarlos a la menor categoría de jornalizados para percibir los derechos adicionales, obra social, derecho a licencia y cobro de título y antigüedad.
InfoGremiales se contactó con Lucía Jurado, secretaria de Género y Santiago Seillant, secretario gremial del SEOM Jujuy, quienes resaltaron el logro que este hecho representa para el sindicato: «Es histórico. Se consiguió gracias a nuestras luchas, los cortes de ruta, la lucha de tantos años con nuestros compañeros que trabajaban esclavos de un plan de $2.500. Hasta el gobernador lo tuvo que reconocer y nos tuvo que nombrar como SEOM», señaló Jurado.
Por su parte, Gerardo Morales (JxC) afirmó: «Estamos resolviendo una situación de precarización porque hay muchos municipios que tienen planes y que les pagan entre 2.000 y 6.000 pesos y son trabajadores que tienen hasta 12 años de antigüedad», al realizar un análisis de situación en conferencia de prensa.
Dijo que se «creará la figura del jornalizado planta permanente, es decir hay muchos trabajadores que están hace más de 10 años» que formarán parte de la condición antes nombrada.
«No habrá más planes sociales en los municipios, sino que tiene que haber trabajadores categorizados y los que tienen más de cinco años de antigüedad pasan a planta permanente«, sostuvo al trasladarle la responsabilidad a las casas municipales.
El ministro de Hacienda y Finanzas local, Carlos Sadir, estimó que el luego de la regularización, «el sueldo básico que va a tener un trabajador será de 13.000 a 14.000 pesos a lo que sumará la antigüedad, asignaciones familiares y otros adicionales que pueda tener».
Precisó que la medida que comenzó a regir en este mes alcanzará «a unas 1600 personas tomando a todos municipios de la provincia» de acuerdo al relevamiento que obtuvo el Ejecutivo provincial de empleados que perciben planes sociales.
Sin embargo, desde el SEOM esperan a tener el decreto, y en base a eso se emitir un informe, “queremos leer la letra chica de este anuncio para no generar expectativas en los compañeros que quizás no se van a cumplir”, reveló el secretario gremial del SEOM a Unju Radio.
Quieren suponer que si Morales hizo el anuncio es porque hizo los cálculos correspondientes para poder llevarlo a cabo, pero si así no fuera, aseguró también que van a garantizar que esta decisión se implemente en todos los municipios. En caso de que algún municipio no se adhiera, “estaremos con la gente en la calle”, sentenció.
Ricardo Peidro: “No alcanza con convocar solamente a los grupos económicos concentrados”
El gobierno convocó a una reunión a las Centrales sindicales y se mostraron en sintonía en la búsqueda de un acuerdo para frenar la inflación. Sobre la presión de los formadores de precios: “son los que condicionan cualquier propuesta”, dijo el Secretario General de la CTA Autónoma. Compartir este articulo:

Finalizó la primera reunión convocada por el Gobierno para alcanzar un acuerdo que permita frenar la subida del costo de vida. En el encuentro de hoy, las centrales obreras y los sindicatos expresaron un decidido apoyo a la iniciativa oficial pero advirtieron que los grandes formadores de precios -que pasaran mañana por Casa Rosada- son los que podrían llegar a debilitar las posibilidades de entendimiento.
El encuentro se inició pasadas las 11 en el Museo del Bicentenario, con una mesa encabezada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, acompañado por la vice Jefa Cecilia Todesca, el ministro de Producción, Matías Kulfas, el de Economía, Martín Guzmán, el de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Entre los representantes de la CTA Autónoma, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la Corriente Sindical estuvieron Ricardo Peidro, Hugo Moyano, Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Yasky, Víctor Santamaria, José Luis Lingieri, Antonio Caló y Armando Cavallieri, entre otros.
El gobierno ratificó que las paritarias se discutirán “sin techo», y que “el salario debe ganarle a la inflación”.
“Vamos a establecer una metodología para generar los acuerdos políticos necesarios para que el proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso converja con la realidad», explicó el ministro de Trabajo Claudio Moroni a la salida de la reunión, y destacó que los sindicatos se mostraron «absolutamente de acuerdo con la política llevada adelante por el Gobierno».
Por su parte, Ricardo Peidro, de la CTA Autónoma, expresó: “Compartiendo el planteo de los ministros nosotros agregamos que no debe ser solamente una expectativa para este año sino que debe ser un plan a largo plazo, como una forma de recuperar los salarios perdidos durante el gobierno de Macri y la pandemia”
“Por otro lado, mañana se reúnen con los empresarios y en ese sentido nosotros creemos que no alcanza con convocar solamente a los grupos económicos concentrados, porque esos sectores son los que condicionan cualquier propuesta de recomposición salarial, porque buscan maximizar ganancias a costa del salario y la flexibilización, en ese sentido el gobierno tiene que hacer los ajustes necesarios”, agregó quien es también Secretario Adjunto de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la RA.
“Valoramos la reunión positivamente pero esperamos que no sea solo una foto sino un trabajo en continuidad con una convocatoria que se amplíe a otros sectores, de la economía popular, de trabajadores no registrados, las pymes, todos los que vienen peleándola hace muchos años pero que la pandemia los hizo más visibles.”, concluyó.
Carlos Ortega asumió como diputado nacional. La Corriente Federal suma un nuevo representante en el Congreso

Un nuevo diputado de extracción sindical tendrá una banca en el Congreso nacional. El secretario general de Secasfpi (ANSES) y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, asumió como diputado sumando un nuevo referente gremial al bloque del Frente de Todos.
Ortega es secretario general de Secasfpi desde el año 2014, organización que representa a trabajadores de la ANSES. También es dirigente desde su conformación de la Corriente Federal de Trabajadores siendo uno de sus dirigentes más activos.
Asume como diputado tras la renuncia de Magdalena Sierra a su banca para asumir como jefa de Gabinete en Avellaneda. Ortega ocupará ese lugar ya que en las elecciones legislativas de 2017 había ocupado el puesto 24 en la lista de Unidad Ciudadana. Su mandato se extendería hasta fines de año.
Como dirigente de los trabajadores del organismo previsional, uno de los temas en los cuales hizo mayor énfasis en los últimos años fue en alertar las maniobras sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el gobierno de Mauricio Macri en donde se redujo a la mitad de su valor a partir de la denominada ley de Reparación Histórica. También denunció el cambio de fórmula para el cálculo de los incrementos de jubilaciones y pensiones sancionada en 2017 que terminó generando un deterioro de casi 20 puntos en esos ingresos.
Al momento de jurar, Ortega lo «hizo por Néstor y Cristina».
Con la inclusión de Ortega, la bancada sindical suma un nuevo integrante que hoy ya cuenta con Walter Correa (Trabajadores del Cuero); Vanesa Siley (Judiciales); Claudia Ormachea y Carlos Cisneros (Bancarios); Patricia Mounier (Sadop) y María Rosa Martínez. Todos ellos de gremios o identificados con la Corriente Federal de Trabajadores.
Otros diputados de extracción gremial son Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Pablo Carro (CTA de los Trabajadores de Córdoba); Carlos Ponce (Plástico San Luis); Pablo Ansaloni (UATRE, recientemente expulsado, en principio, por dichos antisemitas) y Facundo Moyano (con un paso por el gremio de los peajes).
Ademys: “Los gobiernos deben garantizar las condiciones educativas y sanitarias”

Los gobiernos nacional, provinciales y el de CABA impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia. Con el actual nivel de casos “resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas”, señalaron desde el sindicato docente Ademys, porque generará en un corto plazo el “incremento brutal” de los contagios, cierre de las escuelas y medidas más restrictivas para el conjunto de la población, con el saldo de miles de muertes que podrían, y deberían, evitarse. Por Indymedia Trabajadoras/es.
El sindicato docente indicó que son las presiones empresariales las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos, con una política de reapertura que les permita ahorrarse las licencias y que expone a los trabajadores.
“Con un presupuesto de ajuste en línea con su orientación fondomonetarista, los gobiernos descargan la crisis sobre el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, se promueve la presencialidad en las escuelas no por una preocupación educativa sino por una necesidad de ‘cuidado’ de menores”, denunciaron.
En ese marco, desde Ademys plantearon una serie de medidas que deben ser cumplidas para garantizar la salud de la comunidad educativa y de toda la población. Compartimos su comunicado:
10 condiciones para el retorno seguro
Los gobiernos deben garantizar las condiciones educativas y sanitarias
El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia, aun cuando los casos diarios no ceden. Todas las recomendaciones internacionales y nacionales de organismos de la Salud, como la citada Sociedad Argentina de Pediatría, recomiendan que con el actual nivel de casos y circulación comunitaria del virus Covid 19, resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas, que involucraría en la Ciudad el movimiento de 1 millón 200 mil personas. Esto generará, como lo demostraron todas las experiencias internacionales, que -en un corto plazo- el incremento brutal de los contagios derive en un cierre de las escuelas y a que deban tomarse medidas más restrictivas para el conjunto de la población generando el efecto contrario al que una parte de la comunidad reclama. Así lo han admitido las autoridades, van a un esquema de aperturas y cierres bruscos. En el medio, miles de contagios y muertes que podrían evitarse.
Lxs docentes somos quienes desde un primer momento hemos planteado que nada reemplaza la presencialidad. El proceso colectivo de enseñanza y aprendizaje que realizamos presencialmente en las escuelas, no puede ser sustituido por la virtualidad. Tampoco la socialización, el juego, todo lo que desarrollamos en la escuela. Claro que queremos volver a las escuelas, pero en un contexto en el que esto no signifique poner en juego nuestra salud, la de lxs estudiantes y familias de la comunidad educativa.
Claramente, las presiones empresariales son las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos. La política de reapertura sin restricciones expone a todxs lxs trabajadores, presionándolos al reintegro a los lugares de trabajo. Las patronales y empresarios apuntan a aumentar la productividad de los trabajadores, ahorrarse las licencias y dispensas, en un cuadro de crisis económica inédita que es descargado con rebajas salariales, inflación y tarifazos sobre las espaldas del conjunto de los trabajadores. Con un presupuesto de ajuste en línea con su orientación fondomonetarista, los gobiernos descargan la crisis sobre el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, se promueve la presencialidad en las escuelas no por una preocupación educativa sino por una necesidad de “cuidado” de menores.
Esto es evidente dado que los gobiernos que promueven esta política, lejos de tener como prioridad la educación han ajustado a la baja el presupuesto educativo a niveles históricos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ha recortado el presupuesto educativo, en rubros claves como infraestructura y tecnología educativa- recientemente se recortó en 371 millones el presupuesto del Plan Sarmiento, por poner solo un ejemplo.
¿Qué han hecho durante estos meses los gobiernos para preparar una eventual presencialidad escolar cuando estén dadas las condiciones? El gobierno de Larreta y la ministra Acuña encabezan una campaña de desprestigio al gremio docente, cuando fuimos junto a las familias y estudiantes los que sostuvimos el acompañamiento pedagógico durante todo el 2020 casi sin recursos. Su propósito es omitir su propia responsabilidad en el sostenimiento educativo y regimentar a la docencia que denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran la educación y las escuelas. Venimos de un año en el que no se han garantizado los recursos para un marco de virtualidad, que no remplaza la presencialidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje como siempre hemos planteado, miles de estudiantes se han quedado sin el acompañamiento e incluso se les recortó la alimentación escolar. El protocolo, improvisado y de ajuste, descarga sobre los equipos directivos, docentes y auxiliares toda la responsabilidad, que deberán adaptar el inviable marco de supuestas clases cuando no se construyó ni un aula, no está garantizado el espacio para el distanciamiento social, ni la adecuada ventilación, ni los cargos docentes y no docentes necesarios para encarar la tarea educativa en un marco de emergencia, entre otras cuestiones.
Además, avanzan contra el derecho a las dispensas de cuidado para trabajadoras a cargo de menores de 14 años, convivientes con personas de riesgo y mayores de 60 años, amparándose en las resoluciones nacionales del Ministerio de Trabajo que tampoco se respetan en otros sectores de trabajadores, como el subte, lo cual motivó incluso medidas de fuerza.
Tampoco hay un calendario de vacunación, para establecer prioridades comenzando por las personas de riesgo.
Finalmente, no se ha planteado la actualización salarial, cuando venimos de perder al menos un 10% el año pasado, mientras los precios siguen en aumento.
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Ademys plantea organizar las escuelas, a partir de pronunciamientos por escuelas, promoviendo la deliberación en asambleas para impulsar acciones si el gobierno no escucha las preocupaciones y demandas de toda la comunidad educativa. Convocamos a todos los sindicatos, colectivos en defensa de la educación pública como el colectivo de Familias por un Retorno Seguro, centros de estudiantes y organizaciones de la comunidad educativa, a ponernos de pie, y coordinar en instancias democráticas, frente a esta avanzada que nos expone a todxs, en nuestra salud:
10 Condiciones para un retorno seguro:
1. CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO APTO: Las actividades de escolaridad masiva deben guiarse por un índice epidemiológico que indique con datos objetivos de los números para determinar el riesgo de aperturas:Índice Center for Disease Control, por ejemplo, que analiza los nuevos contagios de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes (Fuente: ASP). Indica que, si este coeficiente da por encima de 200, el semáforo es «rojo», indicando riesgo máximo para mantener escuelas abiertas. En CABA este índice actualmente está por encima de 400.
2. Plan de VACUNACIÓN respetando los tiempos de inmunización
- Partidas presupuestarias extraordinaria (que puede salir, por ejemplo de la quita de subsidios a las escuelas privadas y el no pago de la deuda externa, entre otros) para:
3. TRANSPORTE ESCOLAR: Una red de transporte escolar gratuita para estudiantes, docentes y auxiliares, bajo normas y protocolo de la actividad.
4. COMITÉS DE BIOSEGURIDAD: Condiciones de bioseguridad dentro de los establecimientos educativos bajo control de la comunidad, en el marco de una lucha común de todas las escuelas para imponer las condiciones en todos los distritos y establecimientos. Insumos de limpieza e incorporación de personal auxiliar bajo convenio. Distribución gratuita de alcohol en gel, barbijos y todo elemento de protección e higiene personal para estudiantes, docentes y no docentes.
Testeos gratuitos, sistemáticos para todo el personal y seguimiento de casos en las escuelas tanto de docentes como de estudiantes.
5. INFRAESTRUCTURA: Atención y arreglos de infraestructura escolar. Culminación de obras y refacción de escuelas. Mobiliario escolar adecuado. Plan de construcción de escuelas. ADECUACIÓN DE LAS AULAS: Cumplimiento de distanciamiento en las aulas y en todos los espacios de permanencia de estudiantes. Construcción de aulas y/o utilización de espacios ociosos con fines educativos. Ventilación de aulas e instalación de detectores de dióxido de carbono.
6. BURBUJAS: Esquema de trabajo con grupos reducidos, contemplando los metros cuadrados, cantidad de docentes por estudiante, distanciamiento social y ventilación. Que se contemple un plan de clases virtuales que garanticen los aprendizajes de manera remota, creando cargos docentes de emergencia para parejas pedagógicas que garanticen clases si hay modalidad mixta virtual y presencial.
7. AMPLIACIÓN DE PERSONAL: Nombramiento de cargos docentes para el trabajo en los grupos reducidos. Nombramiento de profesionales para el acompañamiento de las trayectorias escolares y seguimiento académico de estudiantes del ciclo 2020/21.
8. CONDICIONES LABORALES: RESPETO DEL ESTATUTO, DISPENSAS Y LICENCIAS:
Plena vigencia del estatuto docente, licencias, dispensas (por razones de salud y cuidado de menores a cargo y de personas de riesgo).
Aumento salarial de emergencia del 50%, en el camino a la recomposición salarial, acorde a costo de la canasta familiar. Por un inicial de $55.000 para todas las escalas y cargos. Cláusula de actualización automática. Todas las sumas al básico. Actualización del salario familiar. No al impuesto a las ganancias sobre salarios.
Incorporación al estatuto de trabajadores de la educación de Escuela de Verano, Jornada Extendida, Plan FinEs y todas las formas de precarización docente.
Derecho a licencias y teletrabajo para las familias con personas de riesgo o que lo soliciten.
9. CONECTIVIDAD: Entrega de dispositivos y conectividad gratuita. Entrega de libros, kits escolares, cuadernillos, que sean consultados con la docencia. Universalización de las becas estudiantiles y su actualización.
10. ALIMENTACIÓN: Universalización de la alimentación escolar. Canastas saludables nutritivas y de calidad. Tarjeta alimentaria.Dado que la docencia está siendo citada para concurrir a los establecimientos el día lunes 8 de febrero, desde Ademys promovemos que en cada escuela la docencia realice relevamientos que demuestren que no están dadas las condiciones edilicias y de infraestructura en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Proponemos dejar constancia en actas si al ingresar no se cuenta con los elementos de seguridad e higiene garantizados por el gobierno (barbijos, mascarilla, alcohol en gel), que se tomen fotos y vídeos como registro y que se realicen encuentros (reuniones o asambleas de personal) para elaborar mandatos que nos permitan resolver en Asamblea abierta del JUEVES 11/02 – 18 hs las acciones de lucha a desarrollar
Reclamo en Sierra Grande por trabajadoras despedidas
El Ministerio de Trabajo convoco a las partes.
La ATE Río Negro llevó adelante un corte total de la Ruta Nacional 3 y el bloqueo de acceso a Playas Doradas, por el despido de un grupo de trabajadoras, llevado adelante por la Municipalidad de Sierra Grande.
El sindicato reclama la reincorporación de las trabajadoras despedidas, madres sostén de familia y con contratos precarios por más de 5 años, pertenecientes al área de Desarrollo Social del municipio.
Desde el departamento de Mujeres, Géneros y Diversidades de ATE, se informó que evalúan denunciar al intendente Renzo Tamburrini por violencia de género, al entender que la ola de despidos incluye sólo a mujeres trabajadoras.
Ante ello el Ministerio de Trabajo convocó a las partes en la ciudad de Viedma, donde por ATE asistirán el Secretario General del CDP, Rodrigo Vicente, la Secretaria General de Seccional Sierra Grande, Alicia Huencho, y el asesor legal del sindicato, Diego Sachetti.
ATE Río Negro
Trotta se reúne en la CGT con tres gremios docentes de la central para analizar la paritaria y la vuelta a clases
11 febrero, 2021

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se reunirá esta tarde con los dirigentes de tres de los cuatro gremios docentes afiliados a la CGT, luego del encuentro que esta mañana mantuvo con la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), para analizar la Paritaria Nacional de la actividad y el regreso a la presencialidad, informaron los sindicatos.
La reunión con los gremios docentes de la central se realizará en la sede cegetista de Azopardo 802 a las 18.30, y procurará generar consensos para maximizar «la presencialidad en las aulas», confirmaron a Télam fuentes sindicales y de Educación.
El encuentro, al igual que el de esta mañana en la sede de la Ctera, se inscribirá en el diálogo permanente que la cartera educativa mantiene con los actores de la actividad.
En la reunión participarán la Unión Docentes Argentinos (UDA) de Sergio Romero; la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), a cargo de Sara García, y Fabián Felman, titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
De forma previa al encuentro en la CGT, Trotta se reunirá en La Plata con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para analizar el protocolo de regreso a las aulas en ese distrito, y en la reunión participará la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.
Las clases presenciales en la provincia fueron previstas a partir del 1 de marzo próximo y con pautas predeterminadas por protocolos ante la grave pandemia de coronavirus.
Esta mañana, Trotta se reunió con la Ctera, que integra la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) que conduce el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky, a fin de analizar el regreso a clases y la paritaria nacional o federal docente.
En ese encuentro, los sindicalistas Sonia Alesso, Roberto Baradel, Juan Monserrat, Luis Branchi y Yasky plantearon la necesidad de que en la paritaria nacional se acuerde «un aumento salarial; los requisitos para una presencialidad segura, gradual y cuidada; la implementación del Plan Nacional de Vacunación; las condiciones de la infraestructura escolar, laborales y de salud en los establecimientos y la situación educativa en Chubut».
Organizan campaña por la liberación de Rafael Crispín
Organizaciones sociales y políticas lanzaron una campaña para la liberación de Rafael Crispín, el vecino de Rafael Castillo que fuera detenido e imputado por la policía bonaerense. Manifiestan que su detención «está basada íntegramente en testimonios armados en sede policial» y solicitan la más amplia difusión. Por ANRed.

Foto: La Izquierda Diario
El pasado 4 de febrero la policía bonaerense ingresó al barrio La Nueva Unión, en Rafael Castillo. El operativo tenía la finalidad de garantizar que la empresa Edenor cortara el servicio eléctrico, dejando a las y los vecinos sin luz. En medio de una protesta pacífica, la policía reprimió a las familias que luchan por el derecho a la vivienda y arrestó a cuatro vecinos que filmaban el procedimiento.
A una semana de los hechos, tres vecinos fueron liberados y otro continúa detenido «víctima de una una causa armada». Se trata de Rafael Crispín, vecino de Rafael Castillo, integrante del Polo Obrero y luchador por la vivienda digna. Rafael filmaba el operativo y está imputado bajo el cargo de «tentativa de homicidio a un funcionario policial».
Foto: La Izquierda Diario
En los últimos días sus compañeros del Polo Obrero, junto a varias organizaciones, protagonizaron acciones por su libertad. El pasado martes 9 de febrero cortaron los accesos del Puente Pueyrredón, el cruce de la Avenida General Paz y ruta 3, Puente Saavedra, Puente La Noria, Acceso Oeste y la Autopista Buenos Aires-La Plata.
A través de un comunicado de prensa, firmado por la campaña para liberación de Rafael Crispín, sostuvieron que «su detención está basada íntegramente en testimonios armados en sede policial por los mismos policías del operativo, con la total complicidad de fiscal José Luis Maroto».
Foto: La Izquierda Diario
En la misma línea, manifestaron que «este fiscal tiene el objetivo de amedrentar a los vecinos del barrio La Nueva Unión, de todas las formas posibles». A su vez, advirtieron que Maroto solicitó al Juez de Garantías N° 3 de La Matanza, el Dr. Rubén Nortberto Occhipinti, la prisión preventiva para Rafael y la inmediata elevación a juicio.
«En caso de hacer lugar a este requerimiento, la perspectiva es que permanezca preso por dos años, como mínimo, hasta el juicio oral», agregaron. Por último, solicitan la más amplia difusión, a la vez que iniciaron una campaña con carteles y videos bajo el lema: «Libertad para Rafael Crispín. Basta de causas armadas».
La CTA Autónoma profundiza su estado de deliberación permanente Jueves
En una reunión de Conducción Nacional con presencia de Secretarios y Secretarias Generales de todo el país, los principales dirigentes de la CTA Autónoma definieron la construcción de un Congreso Nacional que cuando la situación sanitaria lo permita, reúna a unos 15 mil compañeros y compañeras. Compartir este articulo:

De cara a este congreso, que se realizaría a fin de año, o bien cuando la situación sanitaria lo permita, se pondrá a las diferentes regionales de la Central en sesión deliberativa permanente, a fin de fortalecer a la organización luego del importante proceso de crecimiento que tuvo en el último tiempo.
Con el valioso aporte de las y los compañeros de las provincias, se realizó una profunda caracterización de la etapa, entendiendo que solo se puede avanzar en el diseño de una estrategia política a mediano y largo plazo para forzar la distribución de la riqueza en Argentina.
En esta reunión, que se realizó en formato mixto –virtual y presencial-, la Conducción Nacional ratificó la firme consciencia de que el debate profundo y comprometido de los cuadros de la Central permitirá la consolidación de la fuerza propia para incidir en la agenda pública con iniciativas políticas desde la clase trabajadora.
En este sentido, se definió que en los próximos meses se elaborará un plan de trabajo para que en cada seccional de la Central se debata la construcción colectiva de ese congreso que refleje el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la CTA a 25 años de su fundación y a 30 años del Grito de Burzaco, hecho histórico que mostró la voluntad de dirigentes sindicales de construir un nuevo modelo sindical en Argentina, y que tres décadas más tarde está más vigente que nunca.
La mesa definió respaldar la campaña de vacunación que realiza el Estado Nacional contra el COVID -19 al tiempo que valoró que Argentina esté entre los 10 países que se encuentran inmunizando a su población. La Central seguirá reclamando que la actividad sindical sea considerada esencial.
La Central reiteró además su intención de mantener un rol activo en el marco de las reuniones que mantiene el Gobierno para alcanzar un acuerdo que permita frenar la subida del costo de vida. En esta línea la mesa ratificó la postura en la que se viene trabajando para transparentar y desarmar el comportamiento predatorio y especulativo de los oligopolios formadores de precios: “Los salarios no son los que generan la inflación”.
A su vez, en un contexto donde prácticamente el 50 % de la fuerza de trabajo se encuentra en situación de informalidad y desempleo, se ratificó la propuesta “Universalizando ingresos sobre la población en situación de informalidad laboral y desempleo”, con la que se demuestra que con una inversión adicional de, como máximo, el 2,9 % del PBI, se pueden promover 4 millones y garantizar una Argentina Libre de Hambre.
Por último, se puso en valor la labor en el marco de Mesa “Argentina contra el hambre”, donde la Central presentó públicamente su propuesta ante la presencia del presidente Alberto Fernández y diversos funcionarios del Gobierno Nacional.
La CTA Autónoma participó en el primer encuentro del año de la Mesa “Argentina contra el hambre”
Del encuentro, que se realizó de manera virtual este mediodía, participó el Secretario General de ATE Nacional, Hugo ‘Cachorro’ Godoy.

Encabezado por el presidente Alberto Fernández, el encuentro se realizó este mediodía de manera virtual. En nombre de la Central estuvieron presentes Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General Adjunto y Omar Giuliani, Coordinador de la Federación Nacional Territorial (FeNaT). La Central presentó la propuesta “Universalizando ingresos sobre la población en situación de informalidad laboral y desempleo”.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, abrió la mesa con un informe sobre el trabajo realizado en el último año, que consiguió llegar a 11 millones de personas con asistencia alimentaria. En este sentido afirmó: “Hemos logrado llegar a más familias y hemos aumentado los montos. Sin embargo la pobreza y la indigencia ha aumentado en nuestro país, pero el IFE y la Tarjeta Alimentar han funcionado como una red para que no sean más aún las familias en extrema indigencia. Con esta política social se ha logrado amortiguar la caída”, dijo Arroyo.
La Mesa trabajará este año en torno a tres ejes: primero que progresivamente los comedores se transformen en centros culturales y que las familias vuelvan a comer en sus hogares; fortalecer la producción de alimentos en pequeña escala, favoreciendo a los pequeños productores con créditos no bancarios; y realizar acciones para aumentar la calidad nutricional, con incentivos para mejorar la nutrición de las familias.
En su intervención, el Secretario General Adjunto de la CTA Autónoma, caracterizó el momento: “La prioridad del Presidente de terminar con el hambre sigue siendo una prioridad a alcanzar, y por eso este consejo debe mantenerse en el tiempo y debe dinamizarse para encontrar una mayor efectividad en las medidas que implementemos”.
En este sentido, manifestó el respaldo de la Central a todas las medidas que impulsan y presentó la propuesta de la Central “Universalizando ingresos sobre la población en situación de informalidad laboral y desempleo”. “Enviamos al Ministro y a la Presidenta del Consejo una propuesta porque entendemos que hay que promover el trabajo, pero también garantizar un piso de ingresos mínimos a toda la población, y debemos establecer un piso de dignidad de vida a 4 millones de argentinos, con un salario universal”, dijo al respecto.
“La inflación no la crean los salarios”, dijo Godoy a la Mesa presidida por el propio Alberto Fernández, e indicó: “En un cuadro económico de reducción de la demanda, lo que aumenta los precios es la actitud especuladora de algunos sectores sin solidaridad. Estos mecanismos son inadmisibles, y debemos encontrar respuestas entre todos. El problema del hambre radica en la injusta redistribución de la riqueza, y como dijo Pérez Esquivel, el hambre es un crimen”.
Finalmente expresó que desde las y los trabajadores “creemos que solamente la acción concertada del gobierno no alcanza, sino que es necesario acelerar y fortalecer las medidas de participación activa del gobierno con las organizaciones libres del pueblo. Nos comprometemos a acompañar estos esfuerzos para que terminemos con el hambre en la Argentina”.
Como parte de un rico e intenso debate también tomaron la palabra: Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Federal de Políticas Sociales; Luis Carranza Ugarte, Presidente de CAF -banco de desarrollo de América Latina-; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Novel de la Paz; Daniel Funes de Rioja, Presidente de la COPAL; Ianina Tuñon, de la UCA; Miguel Yedlin, Ministro de Desarrollo Social de Tucumán; Belinda Dammer, Ministra de Desarrollo Social de Misiones; Gildo Onorato; de Movimiento Evita y UTEP; Miryam Goban, Coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía alimentaria de la UBA.
Cerró la reunión el presidente Alberto Fernández con el anuncio de que desde el próximo cobro, el 19 de febrero, habrá un aumento del monto del 50%. “Argentina sigue teniendo un problema con el hambre de los más necesitados y de eso hemos dado cuenta todos. Hemos trabajado todo el 2020 para aliviar la situación, y tenemos un 40% de pobreza -según indicadores privados como el de la UCA- y cuál hubiese sido el índice de haber habido ausencia estatal”.
Sobre esto, el Presidente admitió que “estamos muy lejos de tener resuelto el problema, y en eso tiene mucho que ver el precio de los alimentos, que definitivamente debe ser un tema de debate ético en Argentina, porque en muchos alimentos no tienen razón de ser. Que en el mundo aumenten en precio del trigo y los cereales, no implica que eso debemos pagarlo los argentinos que producimos en pesos esos alimentos”.
“Si no nos ocupamos de los precios de los alimentos, significa que no nos ocupamos de los argentinos, sobre todo en un país donde producimos alimentos y donde tenemos muchas maneras de innovar en el modo de producción”, explicó Fernández y afirmó: “Esta mesa nos convoca a resolver la situación de quienes tienen la mayor crisis, pero el problema de los precios de los alimentos es un problema de todos los argentinos, y en el que tenemos que trabajar”.
Finalmente expresó algunas líneas de acción en el mediano plazo para atender el problema de fondo: “La producción de comida sana, en los tiempos que vivimos, es una prioridad, y las frutas y verduras deben ser producidas con un criterio agroecológico. Yo he hablado de ceder tierras improductivas del Estado para promover la agricultura familiar y agroecológica. Esta va a ser una solución para los pequeños productores y también para quienes consumimos esos alimentos”.
Envio:RL
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