09 de febrero de 2021
La Mesa de Enlace versus la administración Fernández
Campo extremista agita una rebelión contra el Gobierno
Las manifestaciones del presidente Alberto Fernández sobre la posibilidad de subir retenciones en caso de que los productores no comprendieran la situación de los precios, puso al campo ultra a jugar un partido a cara de perro. Por un lado, y aún ante la posición oficial del Gobierno de “buscar consensos”, la Mesa de Enlace emitió un comunicado de inusitada virulencia en el que avisó que se puede “desatar un nuevo conflicto” si el Estado va por retenciones. Por otro, hubo el fin de semana una catarata de whatsapp en los grupos de productores vinculados al PRO, descalificando al Ejecutivo, reclamando devaluación y llamando “a no sembrar por un año”.
Fernández recibirá este miércoles en la Casa de Gobierno a los integrantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias. A la reunión prevista para las 15.30 están convocados los dirigentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
Todo se da en un contexto de fractura del frente agrario entre negociadores y ultras, en el cual las entidades de la Mesa de Enlace reclaman una audiencia con Fernández con métodos de presión extremos; mientras los exportadores de cereales con el Consejo Agroindustrial a la cabeza obtuvieron resultados y se evitaron retenciones mediante un pacto de exportaciones y mercado interno de los aceites, alcanzado en una mesa política con el Gobierno. Pacto que además terminó en el primer desacople de precios locales de los internacionales, algo que el campo más ultra consideraba imposible. En el fondo, el conflicto identifica a un sector pragmático que partió la representación en dos campos; y otro que se mueve al ritmo de la línea política opositora más vinculada a Cambiemos y parece ir a una lógica del conflicto permanente.
Con la pluma preponderante de la Sociedad Rural (SRA), Enlace emitió un comunicado en el que expresa “su más absoluta consternación ante las declaraciones del Presidente, en las que acusa a todos los productores argentinos y al campo en general de ser los responsables del aumento de los precios y los amenaza con implementar un aumento de retenciones o cupos de exportación, dos medidas devastadoras para la producción”. Y hablan de “desatar un nuevo conflicto”. Así, salieron al cruce de las declaraciones de Fernández a Página I12, donde aclaró que, “si el campo no entiende, voy a subir retenciones y establecer cupos a la exportación. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”.
Las entidades agregaron que "pocas veces en la historia democrática se vio a un Presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos. Peor aún, amenazarlos públicamente frente al resto de sus compatriotas y al mundo, a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento, humillándolos, una vez más, con una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación”.
El Gobierno enfría con "consensos"
Ante la exuberancia del comunicado, el Gobierno le tomó el pulso a la historia con dos voceros: el ministro de Agricultura, Luis Basterra; y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. “El Estado tiene determinados instrumentos que pueden ser utilizados según la circunstancia, hay que recordar que Macri finalmente tuvo que utilizarlas (las retenciones), ningún Estado las puede desechar. Pero ya lo dijo el presidente, queremos encontrar consensos para no tener que instrumentar medidas que nunca son lo mismo que ponernos de acuerdo. Las retenciones son de consideración, pero tratamos de no utilizarlas”, explicó Basterra en declaraciones a la TV Pública. En la misma línea, Kulfas aseveró que “el camino es dialogar sin resignar ninguna herramienta del Estado". Y recalcó que "acá no se busca demonizar a nadie, no se dice que el campo es culpable de nada, todo lo contrario, estamos dialogando".
Concluyó Kulfas que “lo que hemos vivido en los últimos dos meses es un proceso de incremento muy fuerte de los precios internacionales de los productos agrarios en los principales mercados del mundo". Para la Mesa de Enlace, la historia es diferente: “los productores no somos formadores de precios –reza el comunicado-. Nuestra actividad incide ínfimamente en el precio final de los alimentos. En su composición impactan muchísimo más los costos provenientes de otros eslabones de la cadena y, sobre todo, del Estado, a través de los impuestos y tributos. Por lo tanto, sería mucho más fácil para el Gobierno eliminar o reducir esos impuestos".
Según supo este diario, la confección del comunicado tuvo algunas caras un poco menos conformes con el tono rupturista, como Coninagro, que un rato más tarde prefirió hacer una publicación propia mostrando una comparación global de los países con más retenciones y apuntar su inconveniencia. Tampoco hubo total conformidad en Federación Agraria.
La hot line del PRO
Dos grupos de Whatsapp del agro más penetrado por Cambiemos ardieron el fin de semana con las declaraciones del Presidente. La referencia es al Gurú Ganadero y Gurú Market. "Que se sincere el precio del dólar y se acabó el problema, nos tienen adentro de una burbuja y se hace el sorprendido el Presidente. No hay sorpresas, es el peor gobierno de la historia que fue creado con el único fin de sacar impunes a los ladrones que se roban y robaron el país", escribió allí un productor pampeano.
Otro agregó que la explicación de Fernández "es una amenaza al campo y una maniobra propia de este gobierno de canallas que pretende instalar la idea entre sus votantes de que el campo es el culpable de que los alimentos esten caros".
Los grupos están integrados por ruralistas de la Sociedad Rural afiliados a Cambiemos, como David Lacroze, financista de la campaña de Macri; además de buena parte de los alfiles de Patricia Bullrich, la titular del PRO. Uno de ellos afirmó que "cada tres años el Estado le saca al productor un año de producción sólo con las retenciones. ¿Será momento de no sembrar por un año?". Le respondieron que "mejor sembrar de trigo lo que podes cosechar y bancar un año sin vender. Desde el 2008 hasta ahora nos robaron 3 cosechas completas de soja por no plantarnos y perder una sola si hubiéramos decidido no sembrar. Prefiero no sembrar por un año y afrontar el golpe antes de que sigamos desangrándonos en una agonía sin fin. ¿Cuál es la propuesta inteligente del momento? ¿Acaso salir a cortar rutas? Soy empresario no piquetero".
Acuerdo Gobierno-agroindustria para garantizar precios accesibles en el mercado interno
Aceites: el ejemplo que puso Alberto Fernández para la relación con el agro
Imagen: Guadalupe Lombardo
Apenas un día después de que Alberto Fernández convocara a los productores agropecuarios a buscar soluciones para la suba desmedida de precios de los productos alimenticios para el mercado interno, en un reportaje publicado por Página/12, se publicó en el Boletín Oficial el acuerdo firmado por los distintos participantes de la cadena de la industria aceitera, que garantiza al mismo tiempo la continuidad de las exportaciones y precios razonables para los consumidores.
El caso del aceite fue justamente el ejemplo elegido por el Presidente para explicar uno de los caminos que propone para encarar el tema de los precios de los alimentos. "Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos", había asegurado Alberto Fernández, al asegurar que "si no lo entienden", los productores obligarían al Gobierno a intervenir a través de cupos o retenciones.
El acuerdo llegó tras un mes de trabajo conjunto, en el cual el Gobierno Nacional cerró con el sector agroexportador la creación de un fideicomiso que garantiza precios estables y provisión del aceite comestible hasta el año 2022. El mecanismo financiero, instrumentado por los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, regirá para el aceite de soja y girasol, y tendrá en esta semana la confirmación de cuál será el valor guía del litro de producto para todo el país, el cual tendrá actualizaciones trimestrales en línea con la inflación. Los privados contarán con 15 días hábiles para poner en marcha el fideicomiso, según la Resolución 1 del 2021 publicada en el Boletín Oficial.
Además de los puntos técnicos, el acuerdo es un hecho político: por un lado, confirma el primer desacople formal de los precios de los alimentos a nivel local del valor internacional, cuando hoy el mismo producto en el exterior (Rusia, Australia, Ucrania y los Estados Unidos) es un 80 por ciento más caro. Una idea que el Gobierno venía planteando para solucionar la disparada en precios de alimentos básicos relacionados a las materias primas del agro. Por otra parte, consagra un pacto entre el Ejecutivo y un sector del campo que hace tiempo se muestra negociador, el de la agroindustria, diferenciado de una Mesa de Enlace centrada en una ideología del conflicto.
La violenta reacción de este último sector contra lo expresado por el Presidente había sido inmediata. Tanto dos ex ministros de Agricultura de Mauricio Macri como los dirigentes de la Mesa de Enlace más ligados a Juntos por el Cambio rechazaron de plano la propuesta y calificaron como inviable su perspectiva. El acuerdo en la cadena aceitera deja sin demasiados argumentos a sus invectivas.
El fideicomiso se inscribe en una estructura beneficiosa para el Estado y los privados: exime al Gobierno de poner dinero de sus arcas, en una situación donde el déficit se mira al detalle; y a la vez les garantiza a los empresarios no ver aumentadas las retenciones de soja y girasol en todas sus variantes (del poroto a los procesados), para todo el complejo oleaginoso. Todo con una garantía de exportaciones fluidas y mercado interno abastecido en volúmenes y precios razonables.
Este es una especie de caso testigo de las “soluciones alternativas” que el Ejecutivo estaba dispuesto a buscar en diálogo con los privados, tal como manifestó Alberto Fernández en la entrevista con PáginaI12. Y con un punto extra: le pone presión a las cadenas del trigo y el maíz, las que aún no tienen acuerdos, para trabajar en alternativas similares que les permitan un beneficio y salir del frente de ser pasibles de subas en retenciones. El maíz está en la mira por ser alimento avícola y el trigo por la cuestión pan y harinas, todos productos cuyos precios se siguen de cerca. Para ver si esto puede darse, el Ejecutivo cree que es clave ver el funcionamiento del acuerdo por la carne en el mediano plazo.
En la mesa de la política
La medida se dio luego de un acta firmada el 30 de diciembre pasado entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Este último sector, la cabeza del campo negociador representado en el Consejo Agroindustrial (CAA). El acuerdo "protege a los consumidores y al comercio exterior", graficó CIARA-CEC por medio de un comunicado. Y destacó que, “finalmente, se arribó a un acuerdo con el Estado en un mecanismo para que los consumidores del mercado interno puedan contar con un precio accesible para los aceites a través de una compensación previsible que estimule la libertad de mercado y la libre competencia, garantizando el abastecimiento interno".
Según explicó la entidad que conduce Gustavo Idigoras, “el fideicomiso privado que se constituirá se propone proteger a los consumidores de aceites de girasol y mezcla con el de soja de las oscilaciones externas de esos commodities". Y subrayó que esta protección se dará "mediante un sistema interno de compensaciones que posibilite estimular la libertad de mercado y la libre competencia, garantizando el abastecimiento interno y asegurando precios justos y razonables para los consumidores".
La norma prevé que los aportes de fondos de cada fiduciante sean calculados según las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de los productos sujetos a aportes, registradas a partir de la fecha de corte, que será el 1 de febrero último. Es decir, los exportadores (que no siempre venden también en el mercado local) subsidiarán parte del precio local de aquellos que comercian interno, como Molino Cañuelas, Molinos Río de la Plata o Aceitera General Deheza (AGD). Según CIARA, "para las empresas asociadas significará un esfuerzo de 29 millones de litros mensuales, 75 por ciento del mercado nacional, implicando un valor anual de compensaciones intra industria por 190 millones de dólares, que financiará la propia industria, para evitar incrementos en los precios".
Negocian con la oposición para aprobarlo lo antes posible.
Impuesto a las Ganancias: Cómo decidió el Gobierno impulsar que solo paguen los que ganan más de 150.000 pesos
Imagen: NA
Los bloques opositores en Diputados estuvieron trabajando sobre el proyecto presentado en la Cámara baja por el oficialismo, que tiene como objetivo modificar el piso de quienes pagan el Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, solo pasarían a pagar ese tributo aquellos que perciban salarios superiores a 150 mil pesos mensuales y las jubilaciones superiores a ocho haberes mínimos (152.280 pesos). Según adelantaron a Página/12 desde la bancada de Juntos por el Cambio, apoyarían el proyecto, pero probablemente presenten modificaciones al texto original vinculadas a lo que pagarán los trabajadores autónomos en comparación a los trabajadores en relación de dependencia. El proyecto comenzará a debatirse en el marco de las sesiones extraordinarias que culminan el 28 de febrero, pero sería tratado en el recinto los primeros días de marzo. La idea del oficialismo es que la normativa se trate lo más pronto posible, pero eso estará supeditado a la velocidad que tengan los debates con la oposición. La Confederación General del Trabajo (CGT), en tanto, publicó un documento en apoyo a la iniciativa parlamentaria presentada por el oficialismo.
Cuándo se tomó la decisión
La decisión de avanzar con el proyecto que pretende la modificación del piso del Impuesto a las Ganancias fue tomada luego de un largo almuerzo que mantuvieron el jueves pasado en la Quinta de Olivos el presidente, Alberto Fernández, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y Massa. Este martes el mandatario viajará a la provincia de Tucumán junto al ministro del Interior y uno de los temas que trabajarán en el marco del viaje será la estrategia a llevar a cabo para encarar el debate con la oposición y darle la mayor celeridad posible al tratamiento de la iniciativa parlamentaria.
Desde el Gobierno consideran que la recuperación del ingreso será clave para el crecimiento de la economía este año y, dentro de ese marco, sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas significa mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso. “Debemos tener un sistema tributario más progresivo. Hoy paga más en proporción a su ingreso de Ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo”, dijo públicamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Luego agregó que “la recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año. Sacarle el Impuesto a las Ganancias a más de 1.250.000 personas es mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso”.
Una promesa de campaña
"Este proyecto atiende un eje de la propuesta electoral de la coalición gobernante, transita el camino correcto para terminar con la inequidad tributaria que se consolidó durante los últimos años y responde a una demanda constante de esta organización", expresaron en el documento publicado por la CGT que lleva la firma de los secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña, y del secretario de prensa, Jorge Sola. Además puntualizaron que "el salario fijado en nuestros convenios colectivos de trabajo representa la base de recuperación mínima, esencial y parcial de subsistencia del trabajador en relación de dependencia por lo cual su naturaleza y esencialidad mínima no es la propia de una ganancia".
Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la central obrera, aseguró a Página/12 que "esta modificación beneficiará a más de un millón de personas, así que por supuesto que tiene el aval, el acompañamiento y el apoyo de la CGT". Luego agregó que la posible aprobación del proyecto oficialista "será un hecho importante, ya que la discusión por el impuesto a las ganancias se viene planteando desde hace tiempo y es algo que beneficiará tanto a los trabajadores como a los jubilados".
La oposición se suma con modificaciones
Los bloques opositores de la UCR, y también el de Juntos por el Cambio, se reunieron ayer para trabajar sobre el proyecto firmado por el presidente de la Cámara baja y, si bien se estima que apoyarán la iniciativa, pedirán modificaciones. Luciano Laspina, diputado de JxC y vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda --la comisión que trabajará el proyecto y que preside el diputado del FdT, Carlos Heller-- dijo a Página/12 que "el proyecto sigue la línea iniciada en 2016 para reducir la carga impositiva sobre los trabajadores registrados de menores ingresos, pero discrimina injustamente a los trabajadores autónomos que tendrían un mínimo no imponible de un tercio del de los trabajadores en relación de dependencia”. Probablemente las modificaciones que pida la oposición irán en ese sentido. La reducción del impuesto a las ganancias fue una de las tantas promesas incumplidas del ex presidente y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri.
Según detallaron las fuentes parlamentarias oficialistas, el proyecto para modificar el piso del impuesto a las ganancias presentado por el presidente de la Cámara de Diputados no podría tratarse en el recinto antes de la primera semana de marzo. De todas formas se avanzará en el trabajo en comisiones para negociar con las distintas bancadas en el período de sesiones extraordinarias. Esto tardaría algunas semanas, pero el oficialismo buscará resolverlo de la manera más expeditiva posible. También expresaron que se trata de un tema que forma parte de los acuerdos de trabajo del Frente de Todos y recordaron que fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández.
Quiénes son los beneficiados
El esquema propuesto por el Gobierno representaría un esfuerzo fiscal de 40 mil millones de pesos, y la cantidad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el impuesto se incrementaría a más de 1.267.000. En consecuencia, de ser aprobada, la ley permitiría consolidar un esquema progresivo y sólo lo pagaría el 10 por ciento de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.
Según explicaron desde el oficialismo, el proyecto busca fundamentalmente potenciar el mercado interno, dado que los principales beneficiarios de la medida serían trabajadores y jubilados, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo. El proyecto está orientado a proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y a los jubilados de todo el país, siendo una medida que logrará que más de 486 mil personas del sector de la administración pública, defensa y seguridad social, entre los que se encuentran los docentes, médicos y fuerzas de seguridad, entre otros, dejen de pagar ganancias.
Se amplía el sitio web que vincula a productores populares con consumidores
"Todos Comen" llegará con sus alimentos a todo el país
Laura Vales
Esta experiencia destinada a acercar a los consumidores la producción de la economía popular fue creada hace dos años. Con la pandemia, en 2020 empezaron a implementar entregas puerta a puerta; sin embargo, hasta ahora estaban limitados a la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta que lanzaron tiene llegada a todo el territorio nacional. "Se diferencia de otras alternativas de los últimos años por su extensión y por cómo distribuimos los márgenes de ganancia, porque de cada diez pesos que paga el consumidor final, 8 van al productor. O sea: lo cuidamos al máximo", define Enrique Martínez, coordinador de Todos Comen.
Al mismo tiempo, la apuesta es a que la mayoría de los productos de almacén tengan precios más bajos que los de mercado. "Competimos con los supermercados, como debe ser, por primera vez. No podemos postular que la producción popular tiene derecho a ser más cara, en tiempos de crisis".
La distribución nacional fue lanzada el lunes pasado, con una buena repercusión. Les llegaron pedidos de Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza y más de veinte localidades de la provincia de Buenos Aires. Y es lógico: ¿quien no quiere hacer crecer otras opciones que los grandes formadores de precios de la industria de la alimentación?
Sin embargo, en el desarrollo de estas experiencias hay riesgo, porque la expectativa de los consumidores es que la economía popular sea agroecológica, de calidad, más barata y menos sujeta a la inflación; hay así algo desmedido, todavía no calibrado con justeza, en lo que se espera socialmente del sector. Y en parte eso se debe a la opacidad de la formación de los precios.
No sabemos, por ejemplo, cuál sería un margen de ganancia razonable para una comercializadora popular. Martínez responde que alrededor de 5 por ciento. "La distribución es un servicio y no un negocio. Pero con ese margen reducido, claro, para poder crecer necesitamos escala". ¿De cuanto? "Un piso de 2 mil familias en todo el país". La meta es perfectamente posible.
Por cuestiones de logística, hay mínimos establecidos para realizar las compras a distancia. El portal Todos Comen y toda la relación con los productores es del Instituto para la Producción Popular (IPP), mientras que el transporte está a cargo de Expreso Urbano, que retira los envíos del Mercado Central y los lleva a destino.
Todos Comen permite hacer pedidos y pagar con todos los medios digitales, o por transferencia.
La maniobra del macrismo para impedir declaraciones
Juicio Oil 2: La AFIP no acusará a exfuncionarios de la agencia
Raúl Kollmann
La decisión de desistir de la acusación se tomó en el ente recaudador después de una investigación interna. La acusación contra los funcionarios de segundo y tercer nivel fue sostenida por un trío judicial alineado con Cambiemos, el juez Julián Ercolini y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puestos a dedo en la Cámara Federal. La postura de la AFIP no cambia respecto del juicio Oil 1 que está en curso: sigue como querellante y habrá que ver al final si piden pena o no, a la luz de la debacle de la acusación. Tampoco la decisión de la AFIP cambia lo que será, en un futuro, el juicio Oil 2, ya que se supone que habrá un fiscal que igual será el acusador, aunque su postura queda fuertemente debilitada.
Toda la causa contra Oil Combustibles y sus dueños, Cristóbal López y Fabián De Souza, quedó claramente afectada después de la pericia que estableció, en diciembre, que Oil estaba al día con los planes de pago de impuestos, que se le habían otorgado beneficios a los que se accedía con un clic en internet y otros planes que eran especiales, pero con los que se benefició a más de mil empresas. Por ejemplo, se acogieron a esos planes Angelo Calcaterra -el primo de Macri-; YPF, Enarsa, Cammesa, Benito Roggio, Sancor, el Correo -directamente del Grupo Macri-, y personalidades del espectáculo como Mirtha Legrand o Dolores Barreiro. En total, más de 1200 empresas o personas físicas. En el juicio actual, en el que López, de Souza y Echegaray son los principales acusados, se demostró que en la AFIP hasta se armó un grupo de tareas (así se lo denominó) concentrado en la persecución del grupo Oil.
A la luz de las evidencias que fueron apareciendo, los dueños de Oil-Indalo presentaron una denuncia contra Mauricio Macri y la llamada Mesa Judicial, por asociación ilícita y por la utilización del aparato del estado para perseguir a ciudadanos. La instrucción quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría quien dispuso un entrecruzamiento de llamadas para ver las comunicaciones entre Macri, los referentes judiciales del macrismo y los funcionarios de máximo nivel de la AFIP. La pericia de entrecruzamiento la hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que también funciona en la órbita del máximo tribunal. Sin embargo, cuando el trabajo estaba finalizado, el camarista de Casación, Eduardo Riggi, intervino y le pidió a Servini que le envíe toda la causa, paralizando el expediente. El abogado de De Souza, Carlos Beraldi, ya se presentó en el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político de Riggi, quien en otra instancia tuvo una intervención decisiva para encarcelar a De Souza y Cristóbal López.
Una maniobra llamativa fue que en la causa Oil-Indalo no sólo estaba imputado Echegaray, también jefes de agencias y directores de área por los que fueron pasando los trámites de las moratorias. Sin embargo, el juez Ercolini no elevó a juicio a todos juntos, sino que primero lo hizo con López, De Sousa y Echegaray, y dejó para después a los directores y gerentes de la AFIP. Estos últimos fueron procesados y se les dictaron enormes embargos. En su momento hubo una durísima reunión entre los jefes de agencias y jefes administrativos de la AFIP y el entonces titular, Alberto Abad, porque los funcionarios argumentaron que no podían firmar ningún plan de pagos dado que eso ponía en riesgo incluso sus propios bienes.
Pero la jugada de fondo fue tener a todos procesados, porque eso les impedía declarar en el juicio Oil 1, donde todos hubieran dicho que firmaron planes de pago y moratorias que eran legales y que se otorgaron a muchos otros. Esa maniobra fue urdida por el aparato judicial de Comodoro Py y, por lo tanto, ahora llegó el momento de avanzar con el segundo juicio. La AFIP, entonces, tenía que tomar una decisión.
La conducción que ejerce Mercedes Marcó Del Pont ordenó una investigación interna y concluyeron que no corresponde de ninguna manera que la AFIP acuse a su propio personal de planta dado que no cometieron, a los ojos del órgano recaudador, ninguna anomalía. Por esa razón, en un escrito de apenas diez renglones, los abogados de la AFIP le señalaron al juez: “venimos a manifestar que este organismo fiscal ha cesado en su interés de impulsar la pretensión punitiva, respecto de los funcionarios que son objeto del presente traslado”.
En el organismo dicen que el acuerdo que negocian "es ambicioso"
El FMI considera posible un acuerdo con Argentina
El Fondo ratificó su previsión de crecimiento para la economía argentina del 4,5 por ciento en 2021, que ya había sido anticipada a fines de enero. Esto implica una baja frente al 4,9 por ciento calculado en octubre pasado. En tanto, la región crecería un 4,1 por ciento este año, una mejora frente a la previsión del 3,6 por ciento de octubre pasado. Ese incremento en el pronóstico regional se explica por el cierre del 2020, que fue menos malo de lo previsto, junto a las perspectivas de los procesos de vacunación, el mayor crecimiento en los Estados Unidos y mejores precios commodities.
De todas formas, el FMI recordó que 17 millones de personas cayeron en la pobreza en la región en 2020 y espera que recién para 2025 la región pueda retomar los niveles de ingresos per cápita previos a la pandemia.
Werner consideró que este año la región va a tener un crecimiento económico dinámico, aunque ese resultado estará muy atado a la evolución de las variables sanitarias. El pronóstico de crecimiento, tal como está planteado, supone una reducción en el número de infecciones y en la mortalidad y menor saturación en los hospitales, por el impacto positivo de los procesos de vacunación.
La mejora de las previsiones para la región se encuadran dentro de un panorama más positivo para la economía global del que se esperaba hace unos meses. En relación a sus estimaciones de octubre de 2020, el FMI ahora espera que la economía mundial suba un 5,5 por ciento este año, en lugar del 5,2 por ciento que había sido estimado en ese momento.
En América latina, la caída del 7,4 por ciento en 2020 no se recupera con la mejora del 4,1 prevista para 2021. Del mismo modo, la merma del 4,5 por ciento de Brasil en 2020 es superior al avance del 3,6 por ciento en 2021, mientras que en México la baja del 8,5 tampoco se equilibra con el alza del 4,3. En el caso argentino, a la baja que el FMI estima para 2020, del 10,4 por ciento, le seguiría una mejora del 4,5 en 2021.
La negociación con Argentina
Consultado sobre el hecho de que en 2018 el FMI haya aprobado el mega-paquete de ayuda al gobierno de Mauricio Macri y que en tan poco tiempo el país busque la renegociación de dicho préstamo, Werner respondió lo siguiente: “América latina depende tanto de la exportación de productos primarios que la caída de los precios en los últimos años provocó una caída de los ingresos, lo cual llevó a la implementación de políticas diversas e impulsó los cambios en los ciclos políticos que hemos visto. Las democracias han seguido funcionando, pero la sociedad busca opciones. En ese contexto, nuestros equipos necesitan entender y estar abiertos para negociar programas económicos en donde se tengan en cuenta las prioridades de los diferentes gobiernos que las sociedades votaron”.
El organismo espera que la economía argentina crezca un 4,5 por ciento en 2021, luego de la caída de 2020 calculada en el 10,4 por ciento. Consultado sobre la situación inflacionaria del país, que siempre es caldo de cultivo para que el Fondo alimente la presión sobre el ajuste fiscal, Werner mostró una prudencia lógica dado el contexto de negociaciones con las autoridades nacionales. Se limitó a decir que “estamos trabajando con el Banco Central y el Ministerio de Economía tratando de entender cuáles son las razones del incremento inflacionario”.
En relación a la idea que el gobierno viene deslizando sobre una suba de las retenciones al agro para contener los precios internos de los alimentos, el funcionario del FMI dijo que “lo más importante es tener una política fiscal y monetaria basadas en un marco de mediano plazo tendientes a estabilizar los precios, en lugar de operar directamente sobre precios específicos. Aunque hay que hacer estudios más específicos”.
Logró el apoyo de un importante grupo de bonistas y extendió el plazo de adhesión al canje
YPF más cerca de cerrar el acuerdo con sus acreedores
Imagen: NA
La petrolera YPF obtuvo el apoyo de los acreedores internacionales para poder canjear sus obligaciones negociables. El comité de inversiones reunido en Ad Hoc tiene el 45 por ciento de los títulos de la compañía a 2021 y se mostró a favor de la última propuesta de la empresa permitiendo destrabar las negociaciones del canje. La acción de la petrolera subió un 6,5 por ciento en la bolsa de Nueva York y un 7,5 por ciento en la bolsa porteña.
En las últimas semanas hubo una fuerte especulación con la reestructuración de la deuda de la empresa argentina. Estaban en juego unos 6300 millones de dólares. Se hicieron circular rumores de estatización completa de la firma, se la comparó con la petrolera venezolana PDVSA y subió fuerte la volatilidad de las acciones en el mercado local y de Estados Unidos.
A pesar de los augurios de distintos analistas que plantearon la posibilidad de un default, el directorio de YPF alcanzó un acuerdo con los bonistas internacionales para estirar los vencimientos de la deuda y liberar recursos que se usarán en la explotación de los yacimientos de combustible no convencional de Vaca Muerta, entre otras inversiones estratégicas. Entre los acreedores que se adhirieron a la propuesta de la firma figura Blackrock.
“El grupo Ad Hoc da la bienvenida a la cuarta oferta de canje modificada en lo que se refiere a las obligaciones negociables de 2021. El grupo cree que la carta oferta de canje enmendada dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las obligaciones negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021”, indicó el grupo liderado Blackrock, el gestor de fondos de inversión más grande del mundo.
Este gestor de fondos había sido uno de los más complicados para negociar en las últimas semanas al igual que ocurrió el año pasado cuando se llevó adelante la renegociación de los bonos soberanos de la Argentina.
En la oferta de canje anterior los acreedores agrupados en Ad Hoc habían distribuido un comunicado informando que no entrarían al canje porque no estaban totalmente de acuerdo con la propuesta. La decisión sin embargo se dio marcha atrás este lunes luego de una comunicación de YPF este domingo por la noche en la que incorporó un pedido de los acreedores.
Al cierre del viernes pasado YPF había alcanzado un nivel de aceptación del canje cercana al 30 por ciento. Posteriormente recibió una propuesta de parte del grupo Ad Hoc, que posee aproximadamente un 45 por ciento de tenencias del bono 2021, solicitando la última modificación a las condiciones de intercambio de dicho bono. El pragmatismo de la compañía posibilitó alcanzar este lunes un cierre en las rondas de negociación y avanzar formalmente a un canje.
La propuesta de los bonistas más duros presentada a partir del viernes fue elevada al directorio de la compañía quién resolvió aprobar las modificaciones solicitadas un vez que se consideraron que eran razonables. Fuente de la empresa aseguran que las nuevas condiciones se adaptan a las necesidades de YPF para lograr el cumplimiento de sus objetivos y se enmarcan en las normativas vigentes.
La petrolera YPF anunció que se extenderá el plazo de la oferta del canje para posibilitar que ingresen todos los inversores. Entre las nuevas condiciones ofrecidas se presentó una rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y el dinero en efectivo que recibirán los bonistas que tienen actualmente la obligación negociable a 2021.
Esta nueva oferta estará disponible hasta el 10 de febrero a la medianoche y el grupo Ad Hoc se comprometió a aceptarla. La ventaja respecto de las propuestas anteriores es que los inversores cobrarán algo más de efectivo y algo menos de bonos garantizados a 2026, con lo cual aumenta el valor presente obtenido a través del canje. En el directorio de YPF indicaron que esta modificación no compromete la evolución financiera de la compañía.
Con esta nueva propuesta la petrolera podrá evitar en marzo el pago de más de 410 millones de dólares en vencimientos de capital. De este modo aseguran en la empresa que no sólo se esperará cerrar exitosamente la reestructuración de deuda sino contar con recursos estratégicos para poder acelerar las inversiones la producción de petróleo y gas.
Fuente:Pagina12
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