La Multisectorial por los Humedales
realizó en Rosario una ceremonia de
honor y agradecimiento a Yemanjá
Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021.
La Multisectorial por los Humedales realizó en Rosario una ceremonia de honor y agradecimiento a Yemanjá, la divinidad protectora de las aguas y navegantes, en la rambla Catalunya, frente al río Paraná, al celebrarse el Día Mundial de los Humedales.
Durante la ceremonia, que se realizó a partir de las 18 en el norte de Rosario, organizaciones ambientalistas y artísticas, junto a vecinos de la zona, ofrendaron a Yemanjá, flores, cantos y bailes.
La actividad formó parte de la jornada de concientización y comunión sobre el río Paraná, los humedales y bosques, en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales.
El Día Mundial de los Humedales se realiza en conmemoración de la firma del Convenio que protege a los mismos, en Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971, y es el primer tratado relativo a su conservación y su uso racional.
La celebración en honor a Yemanjá, la divinidad femenina más importante de la cultura y religión yorubas, estuvo a cargo del grupo de danzas afrobrasileras y latinoamericanas Iró Baradé.
Foto: Sebastián Granata
Fuente: Telam.
Hidrovía: las batallas por el siglo XXI
Por Guillermo Caviasca*, Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021.
Antecedentes y debate en torno a una decisión estratégica para el futuro de la Argentina.
Desde que se dieron los primeros pasos de la existencia para nuestros países latinoamericanos, y aun antes en la época colonial, la cuenca del Plata y sus vías navegables fueron un espacio estratégico de disputas. La separación entre Argentina y Uruguay, los conflictos con Brasil, con Paraguay las intervenciones inglesas y francesas, todas estas cuestiones estuvieron relacionadas con el control de las vías navegables.
Es que como venas penetran en Sudamérica y permiten la más fácil circulación de mercaderías, las comunicaciones, el comercio interior y exterior. Quien controlara el Paraná y el Plata controlaría toda la región. Así se desarrolló la más destacada guerra que luchó nuestro país en el siglo XIX después de la independencia: La Guerra del Paraná. Casi como una segunda guerra de la independencia los conflictos contra Francia e Inglaterra que desde 1838 al 40 y del 1845 hasta el 50 nuestro país aliado a la república oriental enfrentó y ganó. En ellos se disputaba quienes tendrían el control de los ríos y específicamente de cómo fluirían las mercaderías del mundo al interior y exterior de la Argentina o en cooperación con la República Oriental. Para ello los imperialistas de entonces tomaron el control de Montevideo y desde allí realizaron sus operaciones, intentado abrir a cañonazos nuestros ríos. Pero en esa época tanto en la Banda Oriental como en Argentina había patriotas. La guerra del Paraná fue una victoria que se creía imposible, contra una coalición de poderes externos e intereses internos descomunal, y permitió mantener bajo control el comercio internacional en los ríos interiores.
Poco después los patriotas fueron derrotados en ambas orillas por intereses mezquinos locales apoyados externamente y se sancionó la política que buscaba abrir indiscriminadamente nuestro país al extranjero. La constitución de 1853 establecía en su artículo 26 la “libre navegación de los ríos interiores”. Sin embargo, como toda declaración de principios de la primera parte de la constitución, está sujeta a la legislación que delimita y da forma a lo que esos principios significan en la práctica. Y aquí entra toda la legislación, organismos de control creados, fiscalizaciones, etc. Y es a partir de este tema en que entramos en el debate presente.
El origen del problema
El Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná data de 1992, pero en 1995 de licitó la concesión ya que el mismo no negaba la posibilidad de que el estado podía ser el administrador de la misma, eso dependía de cada país, al igual que puertos y demás partes del complejo fluvial. Dicho acuerdo del 92 se firmó con el objetivo de “facilitar la navegación y el transporte comercial, fluvial longitudinal en la Hidrovía Paraguay-Paraná, en el ámbito del Tratado de la Cuenca del Plata”. Sus cláusulas son obligatorias para Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay.
La concesión del dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía fluvial fue otorgada en 1995 a Hidrovía S.A., alianza de la empresa argentina EMEPA con la belga Jan de Nul. Un contrato que originalmente era por 10 años, el cual fue prorrogándose hasta la actualidad. La decisión del nuevo sistema estuvo acordada en el “pacto de Olivos” entre Alfonsin y Menem. Donde se sentaron las bases consensuales y constitucionales del sistema neoliberal. Allí el empresario radical Gabriel Romero (de Chascomús y amigo de Alfonsín) de EMPEA entró en el negocio. Paralelamente se desmanteló la Administración de Puertos
Es la misma lógica de muchas privatizaciones que se proponían abrir a empresarios locales (no usamos la categoría “nacional” adrede, por sus implicancias) que aparecieron como socios del capital extranjero en el saqueo del botín Estado nacional, socios, como contratistas proveedores, etc. Fue un paso más en que la fracción dominante clase empresarial nacional, se vinculó como socia minoritaria del capital mundial.
A medida que los buques de carga se hicieron más grandes fueron necesitado más profundidad y la navegación fluvial como la entrada a los puertos debió ser más atendida. La producción exportable argentina aumentó enormemente, los ríos fueron siendo mucho más transitados por barcos de más calado. El sistema actual es de barcazas que a su vez necesitan un puerto de aguas profunda de trasbordo a grades buques oceánicos. La nueva generación de barcos son los enormes “clase PANAMAX” de unos 300 m de largo 32 m de ancho y 39 pies de calado. En pocos años con la ampliación del canal de Panamá se construirán nuevos buques aún más grandes y con un calado de hasta 50 pies, lo que requiere una infraestructura acorde y grades puertos de trasbordo oceánicos.
Argentina está quedando fuera de la carrera y se alejara cada vez más la posibilidad de tener un enlace con la capacidad adecuada entre los ríos y el océano en mano nacionales. La decisión del complejo de capitales transnacionales que controlan la producción agraria exportable (también la minera y la de acero), se ha definido por los puertos de la Banda Oriental del Rio. Ya Nueva Palmira es la terminal principal de este sistema, y Argentina por cuenta propia draga el brazo del Paraná que `permite el acceso a ese puerto. Pero con un calado de 32 pies y un acceso limitado este puerto uruguayo deberá ser reemplazado por otro de mayor envergadura, como Montevideo. Montevideo es pensada como una ciudad con suficiente infraestructura para hacer la logística del nuevo puerto, cierta facilidad de acceso por ser un puerto natural y ser una ciudad de un país pequeño, poco complejo, más estable y controlable. En realidad, esta decisión se ajusta la historia de los últimos 200 años. Y ya el artiguismo en Uruguay ha desaparecido de la clase dirigente y Argentina no es un polo de influencia o atracción para una unidad, dado nuestra perdida prolongada de rumbo como país.
La importancia geopolítica
Primer tema que debe entenderse. Con el actual sistema la comunicación por agua entre los ríos y el mar, argentina se encuentra fracturada. Recomendamos observar los mapas que acompañan esta nota. O sea, el transporte marítimo que entre, por ejemplo, a cualquier puerto del Rio de la Plata y a todas las provincias ribereñas al Paraná y Uruguay deben desviarse hasta la zona de Montevideo (cercana al banco Inglés), esperar allí en una especie de “cabina de peaje” acuática y después seguir la circulación hacia los puertos de río de nuestro propio país. Lo mismo a la inversa. O sea, toda la región central y norte cuya vía de salida e intercambio se orienta hacia los ríos, se encuentra aislada del océano y del sur de nuestro país. Los principales centros de consumo (Buenos Aires, por ejemplo) para recibir productos fabricados en Tierra del Fuego, deben hacerlo por camión o en su defecto, si se estableciera la decisión de crear un puerto (acorde a las necesidades nacionales de integración) en Tierra del Fuego, deben pasar por Uruguay: más viaje más costos y toda la logística establecida en la costa oriental. Insistimos, aun para un tráfico que debería ser de cabotaje.
Es de recordar el diferencial de costos entre el transporte por camión, por ferrocarril y por barco, una diferencia que ronda la escala de diez en diez veces más barato. Por ejemplo, una barcaza equivale a 15 vagones o 60 camiones. Y un remolque de barcazas equivale a 2 1/4 trenes de 100 vagones o a 900 camiones. Ponemos este ejemplo aquí porque el costo/dificultad del movimiento a lo largo del país es lo que hace a la unidad nacional territorial y a la soberanía.
El segundo punto directamente unido al anterior es, de quien, como y para que, se organiza el sistema exportado- importador. Quien decide, financia y controla la producción y las exportaciones e importaciones. Quienes se benefician y donde y para que se utilizan los beneficios de la riqueza nacional producida. Veamos. Hace pocos meses se discutió la necesidad y posibilidad de estatizar Vicentín. Una de las empresas claves del sector. La idea se basaba en que es el sector clave de la economía que general la mayor cantidad de divisas, que al ser esas empresas concentradoras de la producción agraria y poderosos monopolios transnacionales (COFCO, Cargill, ADM, Bunge, AGD, Vicentín, Moreno, Dreyfus, Molinos) de hecho conducen al conjunto de los productores que se encuentra detrás de ellos en la cadena productiva (https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/ranking-de ). La derrota nacional fue agria. El Estado nacional no pudo o no se atrevió tomar el control de una empresa quebrada. Cedió a la presión de los grupos dominantes. A su vez la amplia mayoría de los puertos pertenecen a consorcios privados y en varios casos a las mismas empresas agroexportadoras. La expresión de este grupo es la Bolsa de Rosario, desde donde se “sugieren” políticas al gobierno nacional y se articula el grupo con el mercado.
Según ONU un estimado de evasión en la “hidrovia” por todo concepto ronda los 18000 millones, una cifra difícil de verificar, pero, sin dudas sabemos que los minerales (la minería otro rubro fuera de control y planificación nacional que utiliza barcos) y el complejo sojero no tienen ningún control. En el siguiente eslabón de este complejo esta justamente el transporte. Esto tiene dos partes fundamentales. El ordenamiento del tránsito y puesta en condiciones de la ruta (el dragado y balizamientos); y el transporte de cargas propiamente dicho, principalmente barcazas (pero muchos barcos también de acuerdo al calado de los distintos tramos) y su escala logista en donde se pasa de las barcazas a barcos oceánicos. Allí el estado nacional tampoco tiene ninguna injerencia. Las cabeceras actuales están en Paraguay y Uruguay, argentina “la ve pasar”. El lugar donde el concesionario cobra el peaje, donde los dueños de los puertos y los que hacen las tareas complementarias obtienen sus ingresos y, obviamente, es donde el estado podría intervenir para orientar, fiscalizar, tener una idea certera de los que está pasando con la producción más rentable del país. Pero eso requiere un cambio radical del sistema de concesión. Aunque la construcción del canal Magdalena podría ayudar a recuperar parte de ese control. Recordemos la importancia en la formación de la Argentina que tuvieron los FFCC ingleses. Como describió contundentemente Scalabrini Ortiz, el manejo del FFCC definió que zona y para que se desarrollaba. Cómo también que industrias construyeron, y abastecieron ese FFCC, hasta los puentes eran ingleses.
La cuestión es que en la época de la globalización el capital trasnacional, define que determinados espacios de interés para el funcionamiento del sistema son sustraídos a cualquier decisión de los países dependientes, minando la autoridad del Estado. Específicamente dejando al estado sin capacidad de decisión sobre esos sectores, transformándolo en un estado ”asistente” del capital trasnacional y sus negocios (“subsidiariedad del Estado” respecto delos negocios). En la geopolítica mundial la Cuenca del Plata como región productora de riquezas esenciales (alimentos en primera instancia, también minerales) debe estar integrada como un bloque unificado, cuyo pináculo de decisión no tenga relación directa con las vicisitudes políticas de los pueblos del lugar. En la geopolítica nacional es clave el control de las palancas que permiten hacer de esos recursos “energía”, para el bienestar y el desarrollo. Por eso es que la lucha política que vemos ante cualquier medida que pueda afectar mínimamente este control.
Un tercer elemento geopolítico es el que hace a la política británica (en primera instancia, pero de otras potencias también) en el Atlántico Sur. Los ingleses se sostienen hoy con dos apoyos calves: Punta Arenas y Montevideo. Y especialmente con el debilitamiento de Argentina. El aislamiento y debilitamiento de nuestro país y específicamente de la separación de la Patagonia respecto al resto del país es una necesidad estratégica de los británicos para la concreción de sus desafíos geopolíticos en la zona. Transformar a Malvinas en la base logística del Atlántico sur, de acceso a la Antártida, para explotación de recursos ictícolas y petroleros en la plataforma submarina. Eso es posible para los ingleses solo con el debilitamiento, aislamiento y cerco estratégico de nuestro país. Por ello su trabajo en transformar a Montevideo en un gran puerto del capital trasnacional donde sus intereses pueda asentarse con fuerza como para dar viabilidad a la colonia británica. Es visible como las flotas pesqueras (la china, por ejemplo) utilizan a Montevideo como base alternativa a Malvinas.
El terminar con el sistema heredado es geopolíticamente fundamental. No solo el Paraná privatizado y la “mediterraneidad” del centro norte argentino, ni el gravísimo aislamiento del sur del país. Sino la posibilidad de que una medida inicial sea el acicate para otras que permitan el desarrollo de la industria naval, el desarrollo productivo del Atlántico sur, la capitalización nacional del comercio internacional y la potenciación del desarrollo de los servicios hacia el mismo, la ruptura del aislamiento interno y externo, etc.
El Canal Magdalena, unidad nacional y la recuperación de la salida al mar para la mitad del país
La llamada “Hidrovía” Paraguay Paraná es el sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná desde el Puerto de Cáceres (Km. 3442), en el Brasil, al Puerto de Nueva Palmira (Km. 140), en la República Oriental del Uruguay. De esto corresponde a Argentina exclusivamente el tramo que va desde la confluencia del Paraná y el Paraguay, 1238 Km. A esto hay que sumar el Rio de la Plata: inicialmente el canal Emilio Mitre unos 239 km hasta el punto que comienza el Canal de Punta Indio de 120 km que desvía la circulación haca la zona de Montevideo.
Por este sistema circulan anualmente unos 4600 barcos (en aumento) que transportan el 50 % de la proteína mundial y entre el 75 y el 80% del comercio internacional argentino. O sea, nuestro comercio internacional y nuestro comercio de cabotaje debe pasar por el vecino país.
En este punto solo hace falta mirar un mapa para sorprenderse. Ya que el canal Punta Indio cruza transversalmente el rio hasta Montevideo. Su dragado es costoso por el hecho de que es como una cuneta que recoge los sedimentos que descargan hacia el mar. Es transversal a la corriente y a los peores vientos y mareas, lo que entorpece la navegación. Es un canal de una sola mano lo que produce “embotellamiento” de buques. Y, lo peor de la situación, es que no existe otro canal de salida hacia aguas marítimas que no sea este canal hacia Montevideo, nuestra salida al mar abierto pasa por aguas jurisdiccionales de otro país congestionadas. Y si bien la unidad latinoamericana es un horizonte deseable, y la unidad económica aduanera y jurídica con Uruguay sería deseable siguiendo los ideales de Artigas y otros patriotas, con la posibilidad de establecer un sistema común que permitiera el control completo del Plata. Hasta un puerto binacional como pensaba Perón en condiciones de profunda unidad. Pero lo cierto es que Artigas perdió en Uruguay, nuestro país anda a los tumbos, y somos países distintos.
Es allí donde entra en juego el canal Magdalena. Un canal cuya circulación es en el sentido que fluyen las aguas y que permite la salida al mar de la producción argentina con menos kilómetros y por aguas propias. Con la gran cantidad de ahorro de tiempo, tramites, esperas y dinero que implica. Además de activar los puertos cercanos y la economía a través de la provisión de logística para la circulación y trasbordo de conteiner hacia buques oceánicos. Descomprimir la circulación saturada actual por un nuevo canal, sorprendente que haya quienes se opongan.
El canal Magdalena recorre paralelo a la costa bonaerense hasta el mar en el mismo sentido de las aguas. Tiene 62 km, es un canal mucho más ancho que permite la circulación de doble mano. Y en la circulación hacia los demás puertos argentinos ahorra 240 km de viaje. Esto sumado a la espera en la zona de Montevideo donde un “embotellamiento” de buques retrasa el viaje por semanas y produce un encarecimiento muy importante a la circulación entre dos puntos de la misma argentina.
Servicios como el combustible, temas relativos a la tripulación, inspecciones, víveres, provisiones, aduana, mantenimiento del buque por ejemplo son provisto por Montevideo. Un buque puede llegar a tener un gasto operativo diario de 20000 u$s, lo que como se ve es un gasto que encarece el transporte (insistimos aún el de cabotaje) pero también genera movimiento económico a quien lo provea.
El desafío actual, el decreto 949 y pedido de informes de Taiana
En agosto en un acto público, el presidente Fernández, creó la “Administración federal de la hidrovia Sociedad del Estado”. En los considerandos del decreto 949/20 se incluye que “Que por lo pactado en el Acuerdo Federal Hidrovía, el MINISTERIO DE TRANSPORTE debe crear, en su ámbito, el “Consejo Federal Hidrovía” como espacio asesor de coordinación política y estratégica para la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná; siendo dicho Consejo presidido por el titular del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la Nación e integrado por representantes designados por el MINISTERIO DEL INTERIOR, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y por cada una de las provincias suscriptoras del mismo”. Tiene una representación de 51% del estado nacional 49% de las provincias ribereñas (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones).
La “Administración SE” podría significar el instrumento adecuado para la articulación de políticas entre el Estado Nacional y las Provincias, como herramienta generada para recuperar una porción (fundamental) del control del estado sobre el sistema exportador. Sin embargo, en decreto 949/20 noviembre el mismo Fernández, en sus artículos esteriliza esta potencialidad. La Sociedad del Estado queda diluida en al “Consejo Asesor”. A los largo de los meses, nuevamente, los intereses dominantes ¿han hecho valer su poder?
El decreto en su “ARTÍCULO 1°” señala que “Delégase en el MINISTERIO DE TRANSPORTE la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior, hasta la altura del kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, por la vía del Canal Ingeniero Emilio Mitre y el Río Paraná de las Palmas, Río Paraná Bravo, Río Paraná Guazú, Río Talavera, Río Paraná–Océano Atlántico, a riesgo empresario y sin aval del Estado.”
Como se ve es una nueva licitación con ningún cambio significativo respecto de la licitación de 1995. Además, en este articulo clave ni en ningún otro se señala a la “Administración federal SE” como actores en esta nueva licitación. Claro una sociedad del estado no compite, se hace cargo, como debe ser. Pero podrían existir otros mecanismos de intervención posibles que no se ven en el decreto, que es la licitación integral, sin salvedades, con cambios que no hacen al fondo del sistema pergeñado en los 90. Lo único que cambia es el recorrido final (y un fraccionamiento de la hidrobia en partes) ya que la licitación del 95 señalaba el tramo hasta Nueva Palmira y este no. Ya que avanza Montevideo como nuevo centro logístico.
Sin embargo (y acá esta la pelea política entre el pueblo argentino y los poderes monopólicos), debemos tener en cuenta que en el mes de julio (un mes antes de la presentación de la Sociedad del estado) la Bolsa de Comercio de Rosario presentó un proyecto al Estado nacional en el que recomendaba: “Se propone la creación de Órgano de Control independiente y autónomo, con participación de las provincias y representantes del sector privado. El Concesionario tendrá a su cargo los trabajos de dragado de apertura y de mantenimiento y la señalización, mediante el cobro de peaje a cada buque, tal como es actualmente. La Concesión cubrirá la totalidad de la Vía Navegable, incorporando la vía Bravo-Guazú-Talavera. Plazo de concesión máximo de 15 años. Modificación de la Subsección I.3, extendiéndola hasta el km 470 (Timbúes)”. (se puede consultar en https://www.bcr.com.ar/es/sobre-bcr/medios/noticias/finalizo-el-estudio-sobre-el-tramo-argentino-de-la-hidrovia )
En ese proyecto la bolsa, donde estan representados los intereses exportadores parte sustancial del sistema de la “hidrovia”, se recomendaba un ente, nacional-provincial que operará como asesor. Algo muy distante a una “Sociedad del estado” que tomara el control del Paraná. Pero muy parecido al decreto. O sea, las multinacionales que controlan la producción agropecuaria para la exportación, indican al gobierno que la creación de un organismo estatal es necesario para articular mejores intereses en el sentido ya establecido de la desnacionalización y pérdida de control territorial. Algo así como que la soberanía está en función de los intereses monopólicos y el estado ejerce un básico control de policía y coordinación, sin interferir en la línea principal de intereses globales.
Sin embargo, esta pérdida de toda injerencia del Estado nacional sobre el sistema agroexportador y sobre el tránsito en el Paraná Uruguay y Río de la Plata, ha tenido consecuencias muy graves para el Estado. Especialmente un tema que es sensible a cualquier administración: la capacidad de obtener recursos para su funcionamiento y hacer políticas de cualquier tipo. Por la Cuenca del Plata circula sin ningún control los productos de la soja y el maíz, los productos de las acerías y los productos de la minería, y llegan o salen del país los productos de las automotrices.
Sabemos que los puertos fueron privatizados durante el Menemismo (aunque ese proceso como todos los demás se inició con diferente grado de profundidad en el llamado “proceso”). Que en 1993 se decidió conceder a privados en transporte fluvial, y que esto fue de la mano del desmantelamiento de la Administración general de puertos, y se vendieron o desmantelaron las flotas estatales, etc. Los grupos privados e internacionales del sector multiplicaron su poder hasta transformarse en dominantes (más que hegemónicos), un grupo de empresas que hoy imponen políticas, Dreyfus, Bunge, Cargill, Vicentín, Deheza, etc. Tal es así que el gobierno se siente obligado a retroceder cada vez que intenta una medida de intervención en el sector, tal como paso con Vicentin o con las limitaciones a la exportación de maíz. No tenemos dudas en preguntarnos lo mismo para la nueva licitación de la “hidrovia” y la necesidad de construir en Canal Magdalena.
Esa duda/certeza que tenemos es la misma que impulso al senador Jorge Taiana a solicitar el pedido de informes al ministro Mario Meoni. Con los mismos argumentos que sostenemos aquí, aunque acotado al tema de la ausencia de iniciativa del ministerio e impulsar al canal Magdalena. Pero desde esa ventana se puede ver todo el problema. En toda la iniciativa de nueva licitación no existe una mención que de alguna certeza sobre la posibilidad de andar un nuevo camino. Por eso ante al retroceso en la “Sociedad del Estado” y la actitud esquiva frente al Magdalena, Taiana pide explicaciones. Este pedido ha hecho ruido en las esferas de poder. El ministerio de transporte es un espacio donde los intereses de los grupos económicos dominantes en el área pretenden seguir garantizándose sus negocios y ampliaros con reformas a su interés. Pero el Frente de Todos accedió al gobierno con la esperanza popular de cambios y entre ellos uno de central importancia es la iniciación, paso a paso, cada vez que se presenta la oportunidad, de un camino de recuperación de nuestro país para el pueblo argentino. No es objeto de este artículo señalar la potencialidad que la recuperación de nuestros ríos y la ampliación del sistema fluvial tiene para el desarrollo de nuestro país, el bienestar de nuestro pueblo y la unidad latinoamericana. En esta instancia nos encontramos inmersos en una batalla de la que depende mucho, estas semanas que seguirán el gobierno nacional deberá definir un camino, de continuidad o de cambio.
*fuente: Revista Zoom
En todo el país habrá movilizaciones
en apoyo a la lucha del pueblo de Chubut
Resumen Latinoamericano /Anred/ 3 de febrero de 2021.
Foto: No a la Mina
La Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) convoca a asambleas, comunidades de pueblos originarios y organizaciones de todo el país a participar este jueves 4 de una jornada plurinacional en apoyo a la lucha del pueblo de Chubut contra la avanzada megaminera. «Desde el gobierno provincial de Mariano Arcioni se insiste en ignorar la voluntad del pueblo y pretende imponer una zonificación minera mediante un proyecto de ley ilegal, inconstitucional, clandestino y violatorio de los derechos de las comunidades originarias, para permitir así el saqueo, la destrucción y la contaminación de nuestros bienes comunes, dejándonos sólo la pobreza y la muerte. Todo ello apoyado por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, que con falsos discursos de inversión y beneficios económicos, busca imponer el extractivismo en todo el país, desoyendo a quienes habitan el territorio, conocen y sienten en sus vidas, comunidades y cuerpos las consecuencias de la megaminería metalífera, de uranio, del fracking», denuncian. Habrá movilizaciones en todo Chubut, que se replicarán en otros puntos del país, como Mendoza, Río Negro, Neuquén, Quequén y la Ciudad de Buenos Aires.
EN BUENOS AIRES A LAS 17 HS.
«La Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) convoca a asambleas, comunidades de pueblos originarios, organizaciones y gente consciente de todo el país y de todo Abya Yala a sumarse a una jornada plurinacional de lucha el próximo 4 de febrero, en defensa del agua y el territorio«, comienza la convocatoria, y continúa: «hacemos un llamado a que en todos los territorios en lucha nos movilicemos y expresemos nuestro acompañamiento como pueblos dignos en rebeldía que gritamos. ¡No es no! Porque sólo el pueblo, o, mejor dicho, la pueblada frenará el ecocidio».
«En Chubut, desde hace 18 años, el pueblo movilizado dice No a la Megaminería, siendo una de sus principales armas la ley XVII N° 68 (ex 5001) – agrega la convoctoria de la UACCh – Hoy el pueblo continúa en lucha contra el extractivismo, y nuevamente se moviliza para exigir que se apruebe sin modificaciones el proyecto de ley 129/20 presentado por Iniciativa Popular, que cuenta con el aval de más de 30.000 personas, para así, frenar cualquier intento de avance de las empresas megamineras y obligar al Estado a comprometerse en la defensa del Agua y el Territorio».
Asimismo, apuntan contra el gobernador chubutense Mariano Arcioni y su constante intención de avanzar con la zonificación minera en la provincia: «insiste en ignorar la voluntad del pueblo y pretende imponer una zonificación minera mediante un proyecto de ley ilegal, inconstitucional, clandestino y violatorio de los derechos de las Comunidades originarias, para permitir así el saqueo, la destrucción y la contaminación de nuestros bienes comunes, dejándonos sólo la pobreza y la muerte. Todo ello apoyado por el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, que con falsos discursos de inversión y beneficios económicos, busca imponer el extractivismo en todo el país, desoyendo a quienes habitan el territorio, conocen y sienten en sus vidas, comunidades y cuerpos las consecuencias de la megaminería metalífera, de uranio, del fracking y demás actividades extractivistas».
Es por eso que desde la UACCh hacen la convocatoria: «un llamado a que en todos los territorios en lucha nos movilicemos y expresemos nuestro acompañamiento como pueblos dignos en rebeldía que gritamos. ¡No es no! Porque el Agua es vida, un derecho fundamental y es nuestro deber preservarla, respetarla y defenderla. Porque no permitiremos que el Territorio quede a merced del extractivismo destructor y contaminante. Para seguir apoyando, impulsando y exigiendo actividades realmente productivas, responsables, respetuosas del ambiente, realizadas con y para el pueblo. Para seguir exigiéndole al Estado que respete la voluntad del pueblo, expresada en acciones como la Iniciativa Popular en Chubut. Porque somos fuertes, decididxs, tenemos memoria y conciencia», finaliza la convocatoria.
En Chubut y en todo el país: «No es no»
Las movilizaciones, que encenderán toda la provincia de Chubut, se replicarán en otros puntos del país, como Mendoza, Río Negro o La Plata. En Mendoza, desde las 18 habrá una concentración en el KM 0 convocada por la Asamblea Popular por el Agua, con la consigna «En alerta por Chubut: exigimos rechazo a la zonificación minera de Arcioni y la aprobación de la Iniciativa Popular».
En tanto, en Río Negro el Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro convoca a una concentración en el Centro Cívico de Bariloche desde las 19, con la consigna «Río Negro le dice No a la Minería: agua para los pueblos, agua para las huertas, agua para las futuras generaciones y la vida». También, en Bariloche, a las 19, pero en la rotonda No a la Mina (Diarco), el mismo espacio – integrante de la Unión de Asambleas Patagónicas – también se manifestará.
En Neuquén, organizaciones concentrarán desde las 18 en la Rotonda Gatica con la consigna «Ante el avance de Arcioni, Sastre y Alberto Fernández. No a la megaminería en Chubut. Vamos por la Iniciativa Popular 2020»
En Quequén, partido de Necochea, también habrá una movilización de la seccional local de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), desde las 14 en El Caño, con las consignas hashtags #NoALaMegamineríaEnChubut y #BastadeFalsasSoluciones.
En La Plata, la seccional La Plata-Berisso-Ensenada de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) concentrará a las 18 en la Plaza Moreno de La Plata contra la zonificación minera en Chubut, en reclamo de «basta de cortes de agua y agua contaminada» a la empresa Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) – que será escrachada con agua contaminada -, en defensa de los humedales y con la consigna «El canal Génova no se toca».
También la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) anunció que desde las 17 concentrarán en la Casa de Chubut (Sarmiento y Avenida 9 de Julio), para luego movilizar al Obelisco porteño y la Secretaría de Minería de la Nación, a cargo de Alberto Hensel.
Comunidades mapuche-tehuelche
en Chubut denuncian apriete
gubernamental para asistir a
reunión prominera
Resumen Latinoamericano, 03 de febrero de 2021.
Comunidades mapuche-tehuelche de la meseta de Chubut denunciaron aprietes del gobierno de Mariano Arcioni para asistir a una reunión informativa sobre minería que se hizo los días 1 y 2 de febrero. «La invitación se intentó notificar mediante la fuerza policial a cualquier miembro de la comunidad que se encontrara en el pueblo o a través de empleados de la comuna que los notificaron mediante aprietes utilizando frases como ‘te tenes que entregar’», denunciaron las comunidades, que agregaron: «el fracaso de esta convocatoria se hubiera podido evitar si los representantes del gobierno se hubiesen comunicado previamente con las autoridades comunitarias, sin presiones, para acordar la fecha de realización, el objetivo y la agenda de la misma, con un tiempo suficiente para que las comunidades nos organicemos. Atento a la intempestiva convocatoria del gobierno a sesiones extraordinarias para el día viernes 5/2 exigimos una vez más que el Estado cumpla con el deber constitucional de respetar y hacer efectivo nuestro derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes del tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley 128/20 de ‘Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la Provincia del Chubut’».
En el comunicado, remitido al Director de Asuntos Indígenas De la Provincia de Chubut Rubén Romero Saihueque, las Comunidades Mapuche-Tehuelche Mallin de los Cual, Los Pinos, Taquetren, Lof Lefimi, Chacay Oeste y Laguna Fría expresan: «en respuesta a la invitación cursada por autoridades gubernamentales a una reunión informativa y ‘abierta al diálogo’ para el días 1° y 2 de febrero, queremos denunciar que la convocatoria fue realizada de mala fe, con un desconocimiento absoluto de la cosmovisión del pueblo Mapuche-Tehuelche en cuanto a nuestras maneras colectivas de toma de decisión, lo que motivó nuestra rotunda negativa a asistir».
En la misma línea, denuncian que la «convocatoria fue extemporánea», dado que «la misma se hizo 48 horas antes de la fecha de reunión sin respetar los tiempos necesarios para que las comunidades nos organicemos, no se tuvo en cuenta que la mayoría de los miembros se encuentran en el campo y que en esta fecha están realizando trabajos programados con su hacienda.
También señalan que se realizó «mediante modos inadecuados», porque «la invitación se intentó notificar mediante la fuerza policial a cualquier miembro de la comunidad que se encontrara en el pueblo o a través de empleados de la comuna que los notificaron mediante aprietes utilizando frases como ‘te tenes que entregar’. Por otro lado, la convocatoria se realizó dividiendo el territorio Mapuche Tehuelche según las jurisdicciones de la administración estatal sin advertir que las decisiones siempre las debatimos y tomamos en conjunto», remarcan las comunidades.
Además, sostienen que la convocatoria fue «sin agenda», dado que «en la invitación no se expresaban claramente los temas a tratar. Y lo más importante: sin consenso«.
«El fracaso de esta convocatoria se hubiera podido evitar si los representantes del gobierno se hubiesen comunicado previamente con las autoridades comunitarias, sin presiones, para acordar la fecha de realización, el objetivo y la agenda de la misma, con un tiempo suficiente para que las comunidades nos organicemos», amplía el comunicado, y agrega: «no es la primera vez que advertimos sobre esta falta de respeto a nuestras formas tradicionales de proceder. Y aunque en oportunidades anteriores hemos solicitado verbalmente se tenga en cuenta nuestra cosmovisión, vemos con desazón, que se vuelven a repetir las mismas prácticas».
Por todo lo expresado y denunciado, es que las comunidades expresan: «Atento a la intempestiva convocatoria del gobierno a sesiones extraordinarias para el día viernes 5/1 exigimos una vez más que el Estado cumpla con el deber constitucional de respetar y hacer efectivo nuestro derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado antes del tratamiento y/o aprobación del proyecto de ley 128/20 ‘Desarrollo industrial minero metalífero sustentable de la Provincia del Chubut’. Destacando que para que dicha consulta sea válida, debe realizarse de buena fe, respetando las circunstancias en las que se efectúa, las costumbres y tiempos de nuestras comunidades, y con miras a la obtención de un acuerdo o consentimiento sin acudir a engaños, amenazas o violencias contra nosotros».
Finalmente, las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut destacan que «a tales efectos, en primer término, es necesario elaborar un protocolo o procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado consensuado por las comunidades, respetando los estándares mínimos establecidos en la Constitución Nacional y provincial, en el Convenio 169 de la OIT, en leyes nacionales y en la jurisprudencia de la CIDH, con la intervención de organismos nacionales e internacionales especializados en la materia».
Fuente: ANRed
“Si no tenemos justicia, ellos no tendrán paz”
Por Oscar Castelnovo, RedEco, Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2021.
Si bien el empleado la Corte, Jorge Ibáñez, recibió el petitorio de los familiares y les pidió que vuelvan a sus casas porque iban a tener una respuesta el jueves o viernes, las familias de personas privadas de su libertad resolvieron quedarse en el acampe en los tribunales de la calle Talcahyano al 500 de la Ciudad de Buenos Aires hasta ver hechos concretos. De ese modo, no darán marcha atrás.
El petitorio está dirigido también al Poder Ejecutivo (Nacional y Provincial) y al Legislativo. “A pesar de la inclemencia del tiempo, familiares de privados de libertad, este lunes decidimos llevar adelante el acampe por tiempo indeterminado, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido al desinterés total que hay sobre los derechos de nuestros familiares en el encierro, no podemos seguir soportando el accionar impune del servicio penitenciario, avalado por el Poder Judicial. Denunciamos asesinatos, torturas, causas armadas y ninguna medida contra el coronavirus en las cárceles”, expresó Oscar Escobar, uno de los familiares de presxs en las superpobladas prisiones bonaerenses, frente a Tribunales.
Y agregó: “Ni siquiera cumplen con el Pacto de San José de Costa Rica que tiene rango constitucional, que no permite más de dos años de cárcel sin condena y solo casos muy complejos pueden ser tres. Y nosotros tenemos una enorme cantidad de prisionerxs que ya cumplieron sobradamente los plazos y siguen en prisión preventiva. Cabe destacar, que la provincia de Buenos Aires tiene más de 45 mil presxs, es decir una superpoblación que supera el 100 por 100. Si no tenemos justicia ellos no tendrán paz”.
PETITORIO A LA CORTE SUPREMA DE NACIÓN
Sr. Presidente Carlos Rosenkrantz.
S/D:
QUIENES SUSCRIBEN: FAMILIARES DE DETENIDOS NACIONALES de norte a sur y de este a oeste del país ,nos hacemos presente y por derecho propio ART 89 de C.P reunidos en acampe permanente , a la espera de una resolución favorable y con acompañamiento de HUELGA PACÍFICA, por parte de los detenidos a nivel nacional en las distintas cárceles de los distintos servicios penitenciario del país. Y decimos.
Que debido a la nueva ola de público conocimiento de la rápida propagación y el alto índice de contagio del virus COVID-19 ( coronavirus) y la inexistencia de un tratamiento y/o vacuna para su cura o prevención, se ha entendido por los especialistas que la única manera de prevenir y frenar el contagio de forma masiva y por ende el colapso del sistema de salud es, lograr el distanciamiento social y tomar medidas higiénicas básicas como el frecuente lavado de manos y la correcta desinfección de los espacios de uso habitual.
Que como usted bien sabe, el alto índice de hacinamiento que existe en las cárceles de la provincia de Buenos Aires que actualmente supera en un 113% la capacidad de alojamiento de los internos sumado a las deficientes condiciones edilicias que conlleva a una incorrecta provisión de agua potable, ya que en muchos casos, se cuenta solo con una canilla de agua en funcionamiento por pabellón, hacen que las medidas básicas de prevención para evitar el contagio sean irrealizables. Por ello lo que se puede prever, es que en caso de existir algún infectado con el COVID-19 dentro de la unidad o pabellón, se dará una rápida propagación de la enfermedad entre el total de los internos, lo que podría conllevar a que se genere una de las peores crisis sanitarias y humanitarias en la historia de las cárceles bonaerenses, y como dijimos anteriormente, esta estará generada fundamentalmente por el EXCESIVO HACINAMIENTO, hacinamiento que fue producido principalmente por las leyes que elevaron los montos de las penas y prohibieron a las Personas Privadas de la Libertad acceder a las Libertades Anticipadas y llevar adelante un Proceso de Resocialización basado en el Estimulo y las Recompensas que debería brindar el Estado a aquellos internos que se esfuerzan por adaptarse a la Sociedad, que por otro lado no solucionaron el conflicto del delito. Todo ello nos llevo a la actual situación de crisis y para lograr revertirla solicitamos se tomen las siguientes medidas primero garantizando los derechos que la ley ordena.
AL PODER JUDICIAL NACIONAL O PROVINCIAL SEGÚN CORRESPONDA SOLICITAMOS:
– Que se habilite en forma Urgente el trabajo en los Recintos Judiciales Penales (Juzgados Tribunales Y Procuradurías) como en las procuraciones penitenciarias a fin de que se resuelvan y presenten pedidos por parte de las personas Privadas de la Libertad.
– Se otorguen las medidas alternativas a la prisión tendientes a resguardar con urgencia la salud de aquellos internos comprendidos dentro de los grupos de riesgo (mayores de 60 años; con patologias precedentes que los tornen vulnerables, etc.), a través del otorgamiento de Prisiones Domiciliarias, o medidas alternativas a la prisión, sin tener en cuenta el tipo de delito o monto de condena.
– Se le otorguen Prisiones domiciliarias o alternativas de la prisión a aquellos internos que se encontraban gozando, hasta el surgimiento de la crisis, de salidas transitorias en todas sus modalidades (educación, trabajo o fortalecimiento familiar), a fin de disminuir el hacinamiento dentro de la unidad.
Se le otorgue la libertad de forma excepcional a aquellos internos que cumplan con los requisitos formales (buena conducta) y temporales para acceder a los institutos liberatorios (libertades condicionales y asistidas), y sin tener en cuenta las limitaciones por el tipo de delito establecidas en los artículos 14 del Código Penal, y 100 de la ley 12. 256.
– Se declare, de forma excepcional, mediante pedidos concretos, la Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad de todas aquellas normas (arts. 13, 14, 55 CP; 56 bis de ley 24.660; 100 de ley 12.256) que restringen los Principios de Progresividad de la Pena, y Reinserción Social, (arts. 5.6 CADH y 10.3 del PIDCP.) al negar las libertades anticipadas (transitorias, condicionales y asistidas) a los detenidos por cierto tipo de delitos como también se orientan a confiscar el proyecto de vida humana por el excesivo monto temporal que convierte a las penas en penas de muerte encubierta, y que son dichas restricciones la principal causa del hacinamiento en las Unidades penitenciarias bonaerenses como se reconoció por el derecho penal internacional y en el transcurso del fallo” Verbitsky”.
– Se recomiende al Poder Legislativo tanto Nacional como de la Provincia de Bs. As que reformen todas las normas penales como de Ejecución Penal que restringen la posibilidad de concretar un proyecto de vida como el acceso a los institutos liberatorios ( ARTS. 13, 14 y 55 del Código Penal, 100 de la Ley 12. 256) y que se busque efectivizar el tratamiento prometido por las distintas leyes nunca cumplido en su totalidad demostrando así un verdadero compromiso por la solución del conflicto real.
AL PODER EJECUTIVO NACIONAL O PROVINCIAL SEGÚN CORRESPONDA SOLICITAMOS:
– Se otorguen Conmutaciones de Pena y/o Indultos de Pena desde un treinta por ciento para todas las condenas incluyendo a las Prisiones Perpetuas para todas aquellas personas que demuestran haber alcanzado los niveles de progresividad que la ley requiere dentro del cumplimiento de las mismas en contextos permanentes de agravamiento de las condiciones de detención.
– Se realice una Comisión Observadora y Especial en las que se nos incluya a fin de aportar y para controlar con urgencia los informes técnicos criminológicos, se digitalicen y así aumentar el control individualizado de los mismos para no dejar de evaluar el nivel de búsqueda de capitalización de los privados de su libertad.
-Se otorguen apoyo económico a todas aquellas Cooperativas que empleen a Liberados a fin de impedir la reincidencia en los delitos de supervivencia.
– Se amplíen los recursos económicos para los Patronatos de Liberados a fin de que acompañen a las personas liberadas y les brinden un apoyo efectivo, como también se garantice la entrega para los privados liberados del monto del 20 por ciento del salario base de un empleado penitenciario como la ley lo promete.
AL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL COMO NACIONAL SEGÚN CORRESPONDA SOLICITAMOS:
-.- Se suprima el segundo párrafo del artículo 100 de ley 12.256 en cuanto restringe el acceso a la Libertad Asistida y Salidas Transitorias a los condenados, por cierto tipo de delitos. El articulo nombrado es violatorio de los Principio de Progresividad de la Pena, y de Reinserción Social, establecidos en los Artículos 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dichas restricciones son la principal causa del hacinamiento en las Unidades Penitenciarias y no han solucionado el conflicto del delito sino más bien responden a teorías retributivas de la pena que son incompatibles el artículo nro. 18 de la CN.
– Se amplíen las recompensas y estímulos educativos y laborales, adelantando las fases de la progresividad de la pena, establecidas en el art. 41 bis de la ley 12.256 para todos aquellos internos que se esfuercen y avancen en las capacitaciones educativas y laborales.
Se reformen las Leyes Procesales de la Provincia (art. 169 del CPP por ejemplo) en cuanto deniegan las excarcelaciones por cierto tipo de delitos y los cuales no especifican tiempos perentorios.
Se adecue nuestro Código Penal a los principios de racionalidad, no contradicción y sistematización presentando la armonía requerida con nuestros principios Convencionales y Constitucionales adecuando el máximo de la pena en acuerdo con un proyecto de vida realizable garantizando así la readaptación que tiene como fin la pena y siendo consecuentes con los dos fundamentos principales de la misma según nuestra Constitución Nacional (Seguridad y Readaptación Social según art. 18 CN), dentro de un sistema de progresividad de la pena, garantizando el tratamiento prometido por la ley y no cumplido y no confiscando la vida humana por medio de penas que superan los 30 años y dejan sin posibilidad de redención a los desviados.
Se ordene a los señores magistrados de los distintos juzgados de ejecución penal se ajusten a derecho a la hora de otorgar los institutos libertarios. El avance en el régimen progresivo de la pena , debiendo ser desvinculante los informes criminologicos del s.p ya que los mismo son malicioso y agravantes ala hora de ser tomado en cuenta.
Se conforme una comisión con veedores civiles como FAMILIARES Y VÍCTIMAS para realizar una junta y decidir sobre libertades.
Se conforme una comisión con familiares y entidades de derechos humanos para causas armadas .
Se respete los pactados y tratados internacionales firmados por el país en común acuerdo con el resto de la Naciones firmantes.
Se hace hincapié al art.75 Inc 22 en la totalidad de sus párrafos del pacto San José de costa Rica
Se respete y se ordene a los señores magistrados de los distintos juzgados de ejecución penal el respeto por la Constitución Nacional en su totalidad y especial hincapié al ART 16 de la misma.
Se declare incostitucional la ley PIETRI Y LA reforma del año 2017 de la ley 24.660 por ser contraria a la progresividad y recesión social y familiar de reo.21.
Se declare definitivamente la incostitucionalidad el ART.52 por ser violatorio, denigrante, discriminatorio y una pena de muerte en contexto de encierro la cual es inexistente en el país,tal como lo es en los países donde la pena de muerte si es existente.
Fuente: RedEco
Recuperaron la libertad lxs detenidxs
en la provocación policial frente a la
embajada de Paraguay
Resumen Latinoamericano 3 de enero de 2021
Después de ser detenidxs violentamente por la policía metropolitana que actuó al servicio de los genocidas de la embajada y el gobierno paraguayo y permanecer toda la noche y parte de la mañana de este miércoles en un calabozo, recuperaron la libertad las y los cinco militantes de organizaciones sociales argentinas (Coordinadora Barrial Resistencia y Quebracho) y dos luchadoras paraguayas. Todas las mujeres fueron liberadas después de pasar por los tribunales de la calle Comodoro Pi y al salir fueron recibidas con muestras de gran euforia por militantes solidarixs que se acercaron a hacer el aguante desde muy temprano.
La excelente labor de las dos abogadas actuantes Eliana Wassermann y Fernanda “Colo” Pereira, logró que el tema de continuar o no en prisión (algo que por supuesto reclamaban los testaferros de la dictadura stronissta en Argentina) se resolviera con bastante rapidez a favor de los y las detenidas.
Hay que recordar que los hechos que generaron este nuevo capítulo represivo tienen que ver con la provocación policial montada el martes contra los manifestantes que exigían castigo a los culpables del asesinato (por parte del ejército paraguayo) de dos niñas argentinas (Lilian Mariana y María Carmen Villalba) y la desapareción forzosa de otra niña (Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (“Lichita”) hija de la prisionera política Cármen Villalba. También se reclamaba la libertad de Laura Villalba, hermana de esta última, que fuera detenida y está confinada en un cuartel militar paraguayo.
Mientras tanto, el gobierno argentino (que hasta ahora ha dado suaves respuestas al terrorismo estatal del gobierno de Abdó Benítez) sigue sin otorgar refugio a las sobrevivientes de la muy diezmada familia Villalba, quienes habitan desde hace años en Argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario