04 de febrero de 2021
Las pruebas contables de lo "espurio y abusivo"
Un informe confirma que el acuerdo por la deuda del Correo perjudicaba al Estado
Un informe contable clave ordenado por el juez federal Ariel Lijo confirma que el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri, firmado durante el gobierno de Cambiemos, resultaba “abusivo” y perjudicial para el Estado. El estudio respalda lo que siempre sostuvo la fiscala comercial Gabriela Boquin, atacada por todos los frentes desde que logró frenar aquel pacto que beneficiaba a la familia del expresidente Mauricio Macri, ubicado de los dos lados del mostrador. A ella la acusaban de direccionar y politizar la causa, que ahora tiene un aval que el juzgado aguardaba. El propio Correo buscó imprimir al expediente una pátina política al ofrecer como testigos al exministro de Justicia, Germán Garavano, al excandidato a vicepresidente y actual auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y al diputado Pablo Tonelli.
El informe contable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) podría sacar a esta causa penal de su letargo. Allí aparece refrendada la principal hipótesis que denunció en febrero de 2017 Boquin: que el pacto que hicieron en junio de 2016 el gobierno de Mauricio Macri y la empresa postal que pertenece a su propio grupo empresario, licuaba en un 98,87 por ciento su deuda multimillonaria con el Estado. Las conclusiones arrojan un número muy aproximado y dan cuenta --según pudo saber Página/12 a través de los investigadores-- de que se trató de un convenio "abusivo", como sostuvo Boquin, para las arcas públicas.
Aquella revelación fue la que llevó a que el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, su director de asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, y dos hombres del Correo fueran imputados e indagados en un expediente penal en Comodoro Py. En marzo se cumplirán dos años desde que fueron a dar explicaciones ante el juez federal Ariel Lijo --la causa tiene dos años más-- y finalmente se definiría su situación procesal. Tampoco está descartado que se amplíen las responsabilidades y que lleguen al expresidente, durante cuyo gobierno fue una práctica habitual la de estar de los dos lados del mostrador.
Mientras tanto, y pese a la denuncia de Boquin en su momento, el Correo sigue sin pagar su deuda con el Estado, que ya superaría holgadamente los 4500 millones de pesos. La empresa lleva un récord de 19 años en concurso de acreedores. El Grupo Macri se las ha ingeniado para seguir dilantando el cumplimiento de sus obligaciones y ahora todos los esfuerzos apuntan a eludir una declaración de quiebra, que arrastraría a su controlante SOCMA.
Hoy el Correo está intervenido y el expediente comercial se encuentra en un punto insólito: desde el 23 de diciembre Boquin espera --con respaldo de una orden de la Cámara Comercial-- que el juez que actualmente está a cargo del caso, Fernando D'Alessandro, le envíe los informes de la interventora Flor Inés Farber. Algunos de los que se conocieron hasta ahora complican a la empresa porque se detectaron maniobras de vaciamiento, algo que también la fiscalía había denunciado con anterioridad.
El Correo sigue intentando el apartamiento de la fiscala Boquin y apeló el rechazo a su recusación con un recurso extraordinario. Otra vez quieren llegar hasta la Corte Suprema con la expectativa de sacarla de la causa comercial (ver denuncias aparte). La jueza original, Marta Cirulli, está recusada y de ahí que tenga un suplente por ahora. El interino D'Alessandro está ternado para una vacante en la sala B de la Cámara que interviene en este mismo caso, lo que podría explicar su pasividad. Se había abierto el proceso de salvataje o "cramdown" pero está todo en punto muerto por los distintos artilugios de la empresa. Se habían llegado a presentar oferentes para hacerse cargo de la firma y sus acreencias, entre ellas el propio Correo.
"Un acuerdo espuriamente concebido"
El eje de la investigación penal a cargo del juez Lijo quedó definido a fines de 2018 en un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, que sostuvo que existió un acuerdo “espuriamente concebido”, que resultó "ruinoso" y "abusivo" para el Estado, urdido de manera paralela al expediente comerical con el objetivo “beneficiar a la empresa” de la familia Macri.
En esa teoría Aguad había dado instrucciones a su director de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, para lograr un pacto ante la Cámara Comercial que diluyera la deuda del Correo. Los delitos en juego son negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Del lado de la compañía fueron indagados quien era su titular, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado Jaime Kleidermacher. Todos objetaron que se haya favorecido al Correo y afectado a la Estado. Pero además atacaron también en los tribunales de Retiro a la fiscala Boquin y alegaron que la causa era un armado político.
Por eso adquiere suma relevancia el análisis contable que la DAJuDeCO le entregó a Lijo sobre el final de 2020 y del que estuvo a cargo el propio titular del organismo, Juan Rodríguez Ponte, un exsecretario del juez. Según pudo constatar este diario con dos funcionarios que conocen el informe en cuestión, el trabajo consistió en generar distintos tipos de cálculo sobre la deuda del Correo y lo que realmente terminaría abonando de acuerdo a un plan de pagos que se había pactado hasta 2033. Diseñaron una aplicación (una herramienta digital) para poder hacer todas las estimaciones posibles de acuerdo a las tasas de interés de diferentes bancos. Probaron 214 fórmulas, y todas resultaban perjudiciales para el Estado. Una de las calves del "aspecto abusivo" estaba en el plan de pagos acordado: la empresa recién empezaría a pagar algunos pesos en el año 2030.
Con el pliego de preguntas
Cuando se veían venir este resultado, los hombres del Correo se presentaron en el juzgado de Lijo y le pidieron que citara como testigos a Garavano, Pichetto y Tonelli, quien fue denunciado por Boquin como parte del circuito de desvíos y movimientos de vaciamiento del Correo, junto con otros exfuncionarios del gobierno de Macri. El planteo de los imputados para pedir estos testimonios era que ellos podrían dar cuenta de que la causa está direccionada con intencionalidad política. Hasta llevaron un pliego de preguntas. El juez les devolvió un rotundo "no".
Un paréntesis necesario sobre la DAJuDeCO debe aclarar que se trata de un organismo que fue cuestionado a fin de año en un informe la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades y organismos de inteligencia. Es la misma dependencia que tiene a cargo las escuchas telefónicas bajo la órbita de la Corte Suprema, pero que fue ampliando sus facultades con el correr del tiempo, y se convirtió en una especie de mega órgano de investigación que en los tiempos más álgidos del lawfare, y cuando su titular era el camarista Martín Irurzun unía al máximo tribunal y a Comodoro Py.
La Bicameral le apunta por las filtraciones de escuchas telefónicas de Cristina Fernández de Kirchner, entre otras, que se usaron con objetivos políticos, y que el organismo adjudicó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Otros estudios recientes de la DAJuDeCO resultan relevantes: además del que atañe a la deuda del Correo, está el que pidió la jueza María Servini en una causa donde investiga la incidencia de la llamada "mesa judicial" macrista en los aprietes a los dueños del Grupo Indalo. Es un entrecruzamiento telefónico que podría comprometer a Macri, a exfuncionarios y también a jueces y que el expresidente insiste en querer evitar.
Ahora hay que ver cómo usan esta información, que parecería penalmente valiosa, los jueces a cargo de las investigaciones en cuestión. El cruce de llamadas, por lo pronto, está capturado por un juez de Casación, Eduardo Riggi, que paralizó la pesquisa al pedir el expediente completo a Servini. La causa penal del Correo no parece exhibir mayores obstáculos ahora para que Lijo defina las situaciones procesales de los exfuncionarios que indagó hace casi dos años y de los representantes de la empresa. Lo que está claro es que lo que haga, probablemente tenga peso también sobre el resto de los expedientes vinculados, tanto el comercial como otras causas donde se ha denunciado a la fiscal y a actuales funcionarios.
Tras su denuncia por el fraude del Correo Argentino, se le abrieron varios frentes
Gabriela Boquin, atacada desde todos los rincones
Imagen: NA
Mientras la causa penal por el Correo parece avanzar ahora, la fiscala Gabriela Boquin, que desnudó desde un comienzo las maniobras del Grupo Macri para minimizar su deuda millonaria con el Estado y luego destapó operaciones de vaciamiento por 35 millones de pesos, es atacada desde todos los rincones. La empresa de la familia del expresidente insiste en recusarla en el expediente concursal donde debe pagar sus acreencias, el procurador interino Eduardo Casal mantiene abierto y activo un absurdo sumario en su contra por supuesto maltrato laboral. Y la Cámara Federal de Comodoro Py obligó al juez Sebastián Casanello a reabrir una denuncia en su contra, que en un comienzo estaba dirigida a la interventora Flor Inés Farber y a funcionarios, pese a que el fiscal Carlos Rívolo había pedido cerrar el caso, porque no le pareció que hubiera ningún delito que investigar.
Sobre el sumario que tramita en la Procuración, a raíz de las denuncias de dos empleadas, Boquin habló el año pasado ante la Comisión Bicameral de Ministerio Público y explicó con lujo de detalles por qué le parecía trucho, armado y parte de un "hostigamiento". La denunciaron dos empleadas, una de las cuales está casada con uno de los candidatos a ocupar una vacante en la Sala B de la Cámara Comercial --Sebastián Sánchez Cannabó, que de hecho fue ternado a fin de año-- que interviene en el caso Correo, y que le había explicitado su incomodidad por el trámite de la causa y lo que los medios decían de ella.
La empresa del Grupo Macri intentó varias veces apartar a Boquin, que se cansó de responder que no se puede recusar a fiscales.
Ahora que el sumario está en pleno trámite, al fiscal que lo instruye, Fabián Celiz, le habrían asigndo un teléfono específico para ocuparse de esta pesquisa. Una de las próximas testigos citadas para que declare en su contra es una mujer que fue denunciada por la propia Boquin en la Bicameral por sacar información de la causa Correo de la fiscalía, para pasársela al diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, quien no sólo pertenece al riñón macrista sino que está implicado en los movimientos de vaciamiento que denunció Boquin. Mantener esta investigación interna abierta es un modo evidente de presionar a la fiscala. El procurador Casal, además, lo ha usado para retrucar cuando se vio cuestionado por el oficialismo.
Otro de los frentes que resiste la fiscala es una denuncia que hizo Correo en Comodoro Py dirigida a la interventora de la empresa, Farber, a Boquin, al procurador del Tesoro, Carlos Zaninni y al titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen. Les atribuyen el supuesto direccionamiento de la causa y su uso político. Casanello la había cerrado por inexistencia de delito, pero los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens ordenaron reabrirla. Le dijeron al juez y al fiscal que debían ordenar las medidas pedidas por Socma, como análisis de llamadas telefónicas de los denunciados, o la inspección de sus correos electrónicos y sus computadoras.
Por último, en el expediente concursal la empresa del Grupo Macri intentó varias veces apartar a Boquin, que se cansó de responder que no se puede recusar a los/as fiscales. Igual insisten, y ahora le volvieron a pedir a la Cámara que la saque del camino con un recurso que puede llegar a la Corte.
El tribunal de alzada tiene un gran manejo de los tiempos que han hecho que este expediente lleve 19 años abierto sin resultados, con lo cual parece actuar cada tanto como parte del mismo juego. A la recusación de la jueza Marta Cirulli, por ejemplo, la tienen sin resolver desde octubre.
La presentación la hizo Rodolfo Tailhade y recayó en juzgado de Sebastián Casanello
Denuncian por "enriquecimiento ilícito" al exsecretario presidencial de Macri, Fernando de Andreis
El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade continúa leyendo con detenimiento las declaraciones juradas de exfuncionarios y legisladores del macrismo. Logró enmudecer a Fernando Iglesias cuando mostró el crecimiento exponencial del patrimonio del diputado macrista. Ahora denunció ante la justicia al exsecretario general de la presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andreis porque entiende que no puede justificar la sextuplicación de su patrimonio en los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Por caso, en la denuncia que presentó Tailhade destaca que entre las "inconsistencias" detectadas está la adquisición de un departamento de 2 millones de dólares ubicado en el recoleto Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires. El diputado oficialista lo acusó además de "lavado de dinero agravado" y otros delitos contra la administración pública que pudieran derivar de la investigación judicial, ya que aparecen transacciones con su esposa y apoderada de la firma offshore Parquemar Group. También denunció a la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo, quien multiplicó por 25 el patrimonio que declaró al hacerse cargo de los discursos y la puesta comunicacional del expresidente. Ambas acusaciones recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello.
--¿Por qué surgen esta sucesión de denuncias penales por enriquecimiento ilícito a ex funcionarios macristas?-preguntó PáginaI12 a Tailhade.
El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade continúa leyendo con detenimiento las declaraciones juradas de exfuncionarios y legisladores del macrismo. Logró enmudecer a Fernando Iglesias cuando mostró el crecimiento exponencial del patrimonio del diputado macrista. Ahora denunció ante la justicia al exsecretario general de la presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andreis porque entiende que no puede justificar la sextuplicación de su patrimonio en los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Por caso, en la denuncia que presentó Tailhade destaca que entre las "inconsistencias" detectadas está la adquisición de un departamento de 2 millones de dólares ubicado en el recoleto Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires. El diputado oficialista lo acusó además de "lavado de dinero agravado" y otros delitos contra la administración pública que pudieran derivar de la investigación judicial, ya que aparecen transacciones con su esposa y apoderada de la firma offshore Parquemar Group. También denunció a la exsubsecretaria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo, quien multiplicó por 25 el patrimonio que declaró al hacerse cargo de los discursos y la puesta comunicacional del expresidente. Ambas acusaciones recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello.
--¿Por qué surgen esta sucesión de denuncias penales por enriquecimiento ilícito a ex funcionarios macristas?-preguntó PáginaI12 a Tailhade.
Tailhade señala que la “señora Asconape junto con su familia paterna está relacionada con la firma offshore Parquemar Group (de la que Asconape es la apoderada) la cual esta sospechada de lavado de dinero como así también el padre de la mencionada”. También incorpora notas publicadas por los periodistas (Hugo Alconada Mon, Iván Ruiz y Maia Jastreblansky) que integraron el consorcio internacional que investigaron los documentos revelados de Panamá Paper.
Para Tailhade lo má llamativo es que en diciembre de 2018 De Andresis incorporó a su patrimonio un departamento 370 metros cuadrados en 31.154.880 pesos”. El exfuncionario declara ser titular del 50 por ciento y además una deuda con la inmobiliaria Darwin SA por 7.820.000 pesos al inicio como al cierre del año 2019. “Lo más impactante de este activo –insiste Tailhade-- es su precio de mercado, más allá del valor de escrituración. Y es que se trata de una propiedad ubicada en el Barrio Parque de CABA, es decir el sitio más exclusivo de la ciudad, cuya cotización real es cercana a los 2.000.000 de dólares”.
En tanto Micheo asumió la Subsecretaria de Comunicación presidencial, en 2015, con un patrimonio de apenas 156.837 pesos y a diciembre de 2019 declaró un patrimonio neto 3.891.776 de pesos (activos por 6.199.517,84 y pasivos por 2.307.741,79 de pesos). Por lo multiplicó el mismo casi 25 veces en 4 años. "Concretamente los números no cierran", dice la denuncia.
Carne que no llega, verdura podrida o en menor cantidad, subsidios que no alcanzan para alquiler y garrafas...
Reclamo de comedores y merenderos
“Si antes le dabas a un pibe una milanesa, ahora se tiene que llenar con media”, advirtió Lili Galeano, integrante del comedor comunitario del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) de la villa 21-24, en el barrio porteño de Barracas. La red de comedores del barrio reclama que, desde que comenzó el verano, el Gobierno de la Ciudad viene reduciendo los gramajes de los platos de comida, los productos llegan en mal estado y la cantidad de raciones no alcanza. Este jueves trabajadores de comedores y merenderos comunitarios de los barrios populares de la Ciudad se movilizan desde la esquina de Iriarte y Zavaleta hasta la Casa de Gobierno porteño, en Parque Patricios.
En el comedor donde trabaja Galeano el menú de este miércoles era milanesa con ensalada. A la mañana llegaron los 32 kilos de verduras --lechuga y tomate-- que Lili, Gisela y Jimena, que hoy tenían a cargo la cocina, lavaron y prepararon para cortar. Sin embargo, la carne nunca llegó. “Cuando pasa esto avisamos a los vecinos que no vengan, que hoy no hay entrega. Algunos se enojan, se les complica reemplazar el plato del día para toda la familia”, relató a Página/12 Galeano. Cuando llegó el camión, casi al mediodía, el chofer les dijo que la carne llegaba en un rato. Esperaron, y cerca de las doce, cuando supieron que ya no llegarían a tiempo a cocinar, avisaron a las 200 familias que dependen del comedor. “Mañana vamos a tener que hacer malabares, porque muchos van a venir con el hambre acumulada desde hoy y la cantidad va a ser la misma”, señaló la mujer, con la mirada concentrada en las cuatro bolsas de lechuga, que entraban en uno de los estantes de la heladera, como si observándolas pudiera multiplicarlas.
Una de las vecinas que recibieron el mensaje de Lili fue Yohana, que vive junto al Riachuelo, al fondo de la calle Iguazú. Yohana llegó al barrio hace casi quince años, desde Paraguay, y ahora se mudó a otra casa donde vive con sus cinco hijos. “Al comedor empecé a venir hace dos años, cuando me quedé sin trabajo. Hago changas, cuido a personas mayores, limpio casas, lo que me pidan, pero con la pandemia se me cerraron todas las puertas”, relató la mujer a este diario. Cuando los chicos se enteraron de que hoy no iba a haber milanesas, en la casa el clima se puso tenso. “Con el plato del comedor alcanza para dormir con la panza llena, pero con una porción de arroz blanco no tiramos hasta la noche", advirtió la vecina.
Dentro de los barrios populares de la Ciudad hay distintas modalidades de comedores comunitarios: los que dependen de donaciones y financiamiento de organizaciones sociales, los que fueron reconocidos como oficiales --que cuentan con los alimentos secos y frescos que entrega el programa de Apoyo a Grupos Comunitarios, del Gobierno de la Ciudad--, y los asistidos, que además de la cuota de alimentos reciben un subsidio para equipamiento y un salario mínimo para algunas voluntarias.
“Como nos recortaron los alimentos ya no podemos ayudar a los comedores que no están dentro del programa”, explicó Susana Cabezas, que está a cargo del comedor y merendero “La Lecherita”, que alimenta oficialmente a 332 familias, aunque por la pandemia la demanda se acrecentó y están repartiendo las raciones para abastecer a 450 familias. “Hoy con una changa no llegás a alimentar a nadie, con suerte pagás el alquiler. Todavía hay mucha gente que no recuperó su trabajo”, relató Cabezas y advirtió que “las porciones son cada vez más chicas”. Ella lo notó a fines de noviembre, y ahí empezó a registrar: “Si antes te daban 45 kilos de carne, ahora te dan 33. Dejaron de venir cosas como queso, dulce, leche líquida”. Este lunes los referentes de comedores --oficiales y no oficiales-- se reunieron con Mauricio Giraudo, a cargo del programa de Apoyo a Grupos Comunitarios del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, pero no llegaron a un acuerdo. “Si no hicieron nada cuando la pandemia llegó al barrio, menos van a hacer ahora”, evaluó la vecina.
Cuando no es la cantidad de carne, el problema está en la fruta, en el gramaje de la verdura, o en el estado de los alimentos. “El otro día tiramos un cajón entero de lechuga. Estaba bien por fuera, pero cuando mirabas adentro estaba todo podrido”, relató Gisela, del FOL. El local, a unos pocos metros del cruce entre la avenida Iriarte y Zavaleta, tiene una mesa de madera gastada, dos heladeras, una hornalla conectada a una garrafa de gas y un cuartito donde guardan los alimentos secos. “Las autoridades tienen que entender el gasto y el esfuerzo que hacemos para ayudar a los vecinos. Un comedor no se mantiene sólo con una caja de alimentos”, reclamó Galeano, y detalló los gastos --alquiler, dos garrafas de gas por semana, mobiliario y artículos de limpieza-- que tienen que afrontar entre los integrantes del proyecto. Ella aporta al comedor una parte de su sueldo como cooperativista, y por trabajo que hace allí, entre tres y cuatro veces por semana, no cobra más que el plato de comida para sus cuatro hijos.
Esenciales cuando conviene
La situación de los comedores se repite en todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, donde cerca de 50 mil trabajadores y trabajadoras llevan adelante las tareas comunitarias. En diciembre, el Gobierno nacional otorgó un bono de 5 mil pesos a trabajadores de comedores comunitarios que sostuvieron las tareas en el marco de la pandemia. En los barrios a este apoyo se lo conoce como la “Ley Ramona”, en homenaje a Ramona Medina, la referente de La Garganta Poderosa en la villa 31, que murió de coronavirus en mayo del año pasado luego de advertir e insistir con el reclamo por la falta de agua en el barrio. “Acá las autoridades controlan todo, cuántos vecinos vienen, qué cantidad de raciones se llevan, pero cuando un día te quedás sin nada, como hoy, no hay respuestas”, señaló Galeano.
El reciente anuncio del Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que confirmó que los trabajadores de comedores comunitarios iban a tener prioridad dentro del plan de vacunación contra el coronavirus, generó sensaciones encontradas entre quienes llevan adelante estos espacios. “Si el gobierno nos considera trabajadoras esenciales, entonces deberíamos cobrar un salario”, reflexionó Galeano. Uno de los reclamos de este jueves ante el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es la aplicación de la “Ley Ramona” a todas las trabajadoras de los comedores.
Informe: Lorena Bermejo
La mesa ya tiene fecha
El Gobierno convocó a empresarios y gremios para un acuerdo de precios y salarios
Imagen: Jefatura de Gabinete
El gobierno nacional formalizó la convocatoria a sectores empresarios y sindicales para discutir un acuerdo de precios y salarios. Tras una reunión del Gabinete Económico comandada por Santiago Cafiero, los funcionarios económicos le pusieron fecha al pacto con el que el Ejecutivo busca alinear expectativas inflacionarias, en una dinámica de precios acelerada, sobre todo en alimentos.
En este contexto, Cafiero explicó desde su cuenta de Twitter que “la próxima semana convocaremos a las centrales obreras y los empresarios para avanzar en un acuerdo de precios y salarios. Para hacer crecer la economía debemos trabajar unidos en la recuperación del salario y el consumo”. Y agregó que “somos un gobierno peronista: vamos a defender las paritarias libres, sin pisos ni techos”.
A la salida del encuentro, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, destacó: “Queremos compartirles nuestra metodología de trabajo”. Y puntualizó que “es momento para hacer un esfuerzo grande para hacer converger las variables de precios, salarios y gasto, en torno a lo que hemos puesto en el Presupuesto”.
“Para nosotros –continuó Todesca– las cifras del Presupuesto son muy importantes y son una guía, y creo que podemos hacerlo. Necesitamos para esto el compromiso de los trabajadores y también de los empresarios”. Este dato grafica lo que buscará el gobierno que, como adelantó PáginaI12, son aumentos de algunos puntos por encima del 29 por ciento de alza de precios presupuestada.
“En el Presupuesto está pautado un incremento real de los salarios de entre 3 y 4 puntos porcentuales, porque si los salarios no se recuperan es muy difícil que se recupere la economía. Recordemos que el 60 por ciento del PIB es el consumo” destacó Todesca Bocco. Este asunto fue central en las últimas horas, con la CGT formalizando, vía declaraciones de su titular, Héctor Daer, que no aceptarán los gremios un “techo” a la discusión salarial.
Todesca recogió el guante y adelantó que “nuestra metodología de trabajo no implica “topes” sobre la discusión de los convenios colectivos de trabajo, es decir, en las paritarias. Somos muy respetuosos de ese proceso, porque nos parece un proceso democrático, característico de la Argentina y que nosotros defendemos”.
En la reunión –en la que también se abordaron los números de la recuperación y la marcha de los Repro– participaron además los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Fue Kulfas quien en declaraciones radiales también se refirió a la cuestión paritaria al apuntar que “necesitamos que la reactivación ya en marcha signifique más plata en el bolsillo de los trabajadores, por un lado con más empleo, y por otro con el salario real por encima de la inflación”. Y marcó la cancha al sector empresario al afirmar que “tenemos que lograr que los salarios crezcan sin que se traslade a precios”.
Todesca aseveró que hubo “una aceleración en los precios de los alimentos”, a la que relacionó al incremento en los precios de los commodities agropecuarios y señaló que impacta especialmente en el país, donde “ya venimos con una inflación alta”.
“Tenemos también la puja distributiva entre la recuperación de la tasa de ganancias y la recuperación del salario. Por eso es muy importante identificar esta metodología de trabajo para ir haciendo converger las variables”, añadió, en un guiño político a la mayor duda empresaria: qué pasará con los márgenes de rentabilidad ante los aumentos de costos.
Recuperación y salvavidas a empresas
El Gabinete Económico también analizó datos de la recuperación: uno de ellos, que la industria evidenció en noviembre un crecimiento del 4,5 por ciento con un uso de la capacidad instalada del 62 por ciento, “el valor más elevado de los últimos dos años”.
En ese sentido, la vicefeja Todesca apuntó que “los números de la recaudación nos están dando por encima de la inflación y eso está bien, porque está directamente relacionada con lo que nosotros podemos hacer por el lado del gasto”.
En cuanto al Repro II, se analizaron los números de la inscripción, finalizada el 28 de enero pasado: se anotaron 12.150 empresas. El procesamiento de los datos estará finalizado en los próximos días pero se estima que un universo de 10.000 empresas accederán al beneficio del salario complementario para poder afrontar la nómina.
Aporte estatal a trabajadores de empresas autogestionadas
Asistencia a la economía social
Imagen: Télam
El gobierno otorgó una asistencia económica no remunerativa de 9 mil pesos para trabajadoras y trabajadores de empresas autogestionadas de todo el país. Sería el octavo desembolso para la economía social desde que fue establecida la ayuda económica el 30 de abril del año pasado; originalmente era por dos meses, y en noviembre último se amplió a siete.
La herramienta está destinada a unidades productivas autogestionadas por trabajadoras y trabajadores que suspendieran su actividad productiva, o disminuyeran su nivel de ingresos económicos como consecuencia del ASPO. La nueva resolución indicó que “en virtud de la prolongación de los efectos de la pandemia en el nivel de actividad económica y de ingresos de las unidades productivas autogestionadas , deviene necesario no desatender la problemática que continúa afectando a dicho colectivo de trabajadoras y trabajadores”.
La situación económica de crisis por efecto de la Covid-19 no escapa a las cooperativas y empresas autogestionadas aunque las impacta de manera particular. Lejos de los cierres de fábricas que se conocen cada vez que se publica una estadística oficial, la dinámica del cooperativismo en situación de crisis se distinguió por un aumento de más de un 150 por ciento la matriculación de cooperativas de trabajo durante 2020 en el Inaes.
De las 1.237 organizaciones que iniciaron los trámites para convertirse en cooperativas en todo el país, 196 inscripciones se iniciaron en enero, febrero y marzo. Aún no hay numeros oficiales de cierre del año, pero se estima que durante los meses de cuarentena el número de trámites para ser parte del asociativismo superan los 2.000, y de ellos, un total de 800 fueron presentados durante agosto y septiembre.
"En agosto y septiembre hubo un pico de matriculaciones. Lejos de cerrar, durante el pico de la pandemia el cooperativismo se convirtió en una herramienta de los sectores vulnerables para constituirse en una salida laboral", explica Ramiro Martínez presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop). "Esta situación nos ubica en un lugar de mucha responsabilidad sumado a que tenemos un gran desafío por delante, que tiene que ver con seguir sosteniendo las fuentes de trabajo en un contexto económico difícil", agrega.
Dentro del mundo cooperativista, replicando la dinámica de las empresas, hay sectores como el textil que se reconvirtieron y comenzaron a ser proveedores del Estado provincial y municipal en camisolines y barbijos; otros muy complicados como pueden ser los gráficos que ya venían con un tema tarifario a cuestas luego de cuatro años de la gestión anterior y el avance de la tecnología en general.
La asistencia que recibieron del Estado fueron de ocho cuotas a partir de mayo del año pasado y ha tenido una variación dentro de los montos de 50 por ciento. "El Estado nos está escuchando y sabe que somos una herramienta de capilarización de llegada a lugares muy vulnerables de la sociedad y estamos trabajando para pensar en un programa de continuidad de esta cuota dada la continuidad de la pandemia", concluye Martínez
Fuente:Pagina12
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