Argentinos desarrollaron un software para
esclarecer delitos
05/02/2021
La herramienta, impulsada por la Fundación Sadosky, organismo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, busca coincidencias entre perfiles genéticos colectados en las escenas de crimen y aquellos aportados por víctimas o condenados por delitos. El proyecto se llama GENis y se embarcó desde un principio dentro de una política de código abierto y cooperación institucional.
GENis, el software para análisis de perfiles genéticos con fines forenses desarrollado íntegramente en el país, ya está operativo en los laboratorios judiciales de 18 provincias argentinas y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ahora, los detalles de su diseño, arquitectura y otros aspectos de su funcionamiento fueron dados a conocer a la comunidad científica en una revista internacional, “FSI Reports”, que administra la Sociedad Internacional de Genética Forense.
“GENis fue diseñado para mejorar el funcionamiento de la justicia, para brindar mayor precisión en las investigaciones e incrementar la tasa de resolución de casos. Hay muchísimos datos que se escurren en nuestro sistema. Conexiones que existen, pero no se ven. Conectando esos datos resolveríamos causas abiertas y evitaríamos nuevas víctimas”, afirmó Gustavo Sibilla, coordinador general del Proyecto GENis en la Fundación Sadosky, organismo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que convocó a una red de actores público-privados para el desarrollo de la herramienta.
El software brinda otorga agilidad en la investigación de causas penales, incrementa la tasa de resolución de casos criminales y contribuye a identificar restos de desaparecidos y víctimas de desastres, entre otras aplicaciones.
¿Cómo funciona GENis?
En un primer paso, los investigadores recolectan una muestra de ADN en la escena del crimen. Luego, en un laboratorio se cargan los datos de la causa y la información del muestreo. En una tercera etapa, se pasa o “corre” la muestra por un secuenciador para trazar el perfil genético y, acto seguido, se “exporta” a una base de datos que se analiza con el software GENis, de modo tal de buscar coincidencias con otros perfiles cargados en el sistema.
“Dada la sensibilidad de los datos manejados por este tipo de sistemas nos pareció importante que GENis no se comporte como una ´caja negra´. Por esta razón todo este proyecto se embarcó desde un principio dentro de una política de código abierto”, destacó el responsable del motor de GENis, el doctor en ciencias físicas Ariel Chernomoretz, jefe del Laboratorio de Biología de Sistemas Integrativa de la Fundación Instituto Leloir e investigador del CONICET.
“Para nosotros, siempre resultó fundamental explicitar de manera transparente los criterios de diseño y funcionamiento, así como todos los algoritmos estadísticos desarrollados y utilizados en el sistema”, agregó Chernomoretz, también profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Por ese motivo, los investigadores publicaron el diseño y el desarrollo de los algoritmos de GENis en la revista internacional “FSI Reports”.
GENis es un software que evoluciona. Cuenta con código abierto, lo que significa que es una herramienta escalable, perfeccionable y adaptable a las recomendaciones de los usuarios finales. Asimismo, dada la sensibilidad de la información que maneja, la seguridad informática ha sido un aspecto de especial recaudo a lo largo del proyecto. Para su construcción y desarrollo, el sistema se basa en técnicas innovadoras para la identificación de amenazas de seguridad.
“GENis es un proyecto colaborativo entre el Estado, el sector científico y la industria. Un ejemplo del triángulo de Sábato puesto al servicio de una necesidad social vigente, como es la administración de justicia”, indicó Sibilla, quien coordina el proyecto desde 2014.
Del artículo científico también participaron Manuel Balparda y Maria Soledad Escobar, de la Fundación Sadosky; Laura La Grutta y Andrés Calabrese, de Baufest; y Gustavo Martínez, delServicio de Genética Forense y Registro Provincial de Datos Genéticos del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
El desarrollo de GENis ha incluido a instituciones del ámbito judicial como la Junta Federal de Cortes (JUFEJUS), el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal. Del ámbito científico-tecnológico, el CONICET, la Sociedad Argentina de Genética Forense, las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán, Quilmes y Comahue, la Asociación Argentina de Bioinformáticay Biología Computacional (A2B2C). Del sector privado se contó con la colaboración y apoyo de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) y de la empresa Baufest.
Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir
Fuente:LaArena
06 de febrero de 2021
Con el aumento del 50 por ciento anunciado por el gobierno
La Tarjeta Alimentar garantizará la canasta básica
Con el aumento del 50 por ciento para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar se garantiza la canasta básica de alimentos para que 2.3 millones de niños y niñas de hasta 6 años o 467.550 hogares de cuatro personas no se conviertan en indigentes. Así lo indica un análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Uno de los puntos más criticados por propios y ajenos al presentarse el Presupuesto 2021 fue el ajuste en el gasto social planteado por el Ejecutivo: un informe que difundió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) calculó un recorte del 14 por ciento en términos reales, con un ajuste del 36 por ciento para la Tarjeta Alimentar. Pero con los aumentos anunciados, implica una transferencia mensual de 10.604 millones de pesos. La cifra implicaría 127.248 millones anuales, bastante por encima de la erogación de 93.000 millones de pesos que planteó originalmente el Presupuesto 2021 para destinar a esta herramienta que implementó el Ministerio de Desarrollo Social.
El aumento del monto disponible para que los sectores vulnerables puedan acceder a alimentos y bebidas que satisfagan sus requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos se da en un contexto en que la preocupación por la suba del precio de los alimentos marca la agenda. Desde abril de 2018 es una fuente de particular preocupación por mostrar un incremento superior al promedio general de precios de la economía. Y su impacto es más preocupante dado que se da en simultáneo con la destrucción de empleo producto de la crisis iniciada hace casi tres años y con una pandemia que precipitó la gravedad de la situación. En los últimos doce meses, el aumento de los alimentos fue de 42,1 por ciento, siete puntos encima de la inflación general de 36,1 por ciento.
La consecuencia de esta situación se manifiesta en los crecientes índices de pobreza e indigencia: de acuerdo a los últimos datos oficiales la población bajo la línea de pobreza aumentó de 40,8 a 44,2 por ciento y los indigentes pasaron de 8,9 a 10,1 por ciento entre julio y octubre de 2019 y 2020. Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimaron que sin las transferencias económicas del gobierno a los hogares, los números ascenderían a 53,1 y 27,9 por ciento, respectivamente.
La Tarjeta Alimentar está destinada a personas que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijas o hijos de hasta seis años (o sin límite de edad si es persona discapacitada) y embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación Universal por Embarazo. Previo al aumento, el beneficio era de 4.000 pesos para quienes tuvieran un hijo o hija y de 6.000 pesos para quienes tuvieran más de una persona a cargo.
En función del universo que recibe el beneficio, el CESO calculó que el 74,53 por ciento de las tarjetas otorgadas serán por montos mensuales de 6.000 pesos y el 25,47 ciento por montos de 9.000 pesos. "Los últimos datos de indigencia relevados por el Indec muestran una incidencia de 15,6 por ciento en personas de 0 a 14 años, es decir, 1.585.645 jóvenes por lo que el impacto del programa es significativo", explicó el informe.
Además de bajar los índices de pobreza indigencia, la Tarjeta Alimentar forma parte de los nuevos programas que contemplan particularmente la desigualdad de género ya que el 94,2 por ciento de las beneficiarias son mujeres.
El gasto se concentra en las provincias del NEA y NOA dado que reciben el 16,87 por ciento y 11,88 por ciento de los fondos del programa mientras que en términos de población representan el 13,68 por ciento y 10,15 por ciento respectivamente. Por el contrario, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y CABA representan el 63,68 por ciento de la población y contienen el 58,9 por ciento de las transferencias.
Se consolida la recuperación en forma de V
La economía de 2021: 6, 7, 8, de crecimiento
El crecimiento de la economía este año superará con comodidad la proyección oficial de 5,5 por ciento que figura en el presupuesto. La recuperación del PIB será del 6, el 7 y hay funcionarios en el gabinete económico que estiman que podría llegar al 8 por ciento con un poco de viento a favor y un buen acuerdo con el FMI. El optimismo parte de un dato que se conoce ahora y que era una incógnita cuando se elaboró el Presupuesto: cuánto cayó la economía el año pasado. La proyección era de una baja del 12,1 por ciento, pero finalmente la contracción se ubicará entre 9,6 y 9,8 por ciento, lo que sigue siendo una cifra impactante, aunque menor al 10,9 por ciento que retrocedió el PIB en 2002, año que conservará el record de ser el peor de la historia económica reciente.
La diferencia entre lo presupuestado y lo que finalmente será el resultado de 2020 deja un mejor arrastre estadístico para este año. Sin hacer nada, solo manteniendo el nivel de actividad de diciembre, la economía crecería 5,3 por ciento en 2021. La expectativa en el Palacio de Hacienda es que las cosas irán mejor que eso, como ya se observa en los primeros indicadores de enero, y por eso toma cuerpo la idea de que la economía se subirá a la escalera del 6, 7, 8.
El rebote es en forma de V sobre todo para la industria y la construcción. Eso tiene ventajas en materia de empleo y, en consecuencia, de suba de la masa salarial, lo que a su vez traccionará al consumo interno y el comercio, el otro gran generador de puestos de trabajo, prácticamente a la par de la actividad fabril. Esparcimiento, turismo y gastronomía siguen dependiendo de la evolución de la pandemia y la posibilidad de abrir actividades. La aguda crisis en esos rubros le agrega a la V una flecha hacia abajo, para transformarla en una K. De todos modos, el balance final del PIB seguirá siendo positivo en el rango mencionado anteriormente.
El mayor riesgo para ese cuadro de situación es que la segunda ola de contagios de coronavirus que se anticipa para abril sea muy superior a lo esperado y obligue al cierre masivo de actividades. No es la hipótesis principal en el Gobierno, sino que hay confianza en que los avances en la campaña de vacunación permitirán mantener en funcionamiento los sectores que ya están activos.
El otro elemento clave que marcará el resultado del año es la negociación con el FMI. Dentro del organismo hay miembros del staff y directores de países europeos que consideran que la Argentina debería reducir el desequilibrio fiscal de manera más acelerada de lo que está proponiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Las conversaciones que viene manteniendo Alberto Fernández con presidentes de distintas naciones buscan vencer esas resistencias. El Presidente expone cuál es el plan del gobierno para rescatar la economía y generar condiciones de pago al organismo y a los acreedores internacionales dentro de cuatro años.
El desembarco de David Lipton como asesor de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yanet Yellen, generó cierta preocupación en los negociadores argentinos, dado que Lipton, como ex número dos del FMI, fue uno de los gestores del acuerdo del Fondo Monetario con el gobierno de Cambiemos y se lo considera un duro en materia fiscal. De todos modos, el gabinete económico ve posible concluir las negociaciones antes de mayo y supone que, con el acuerdo cerrado, se terminará de despejar el panorama financiero y cambiario para este año y se consolidará la reacción de la economía.
En ese escenario, el dólar empezará a utilizarse como ancla para contener la inflación. Hasta entonces el ritmo de aumento en la cotización de la divisa será el que se viene observando desde comienzos de año, con una suba hasta el momento del 3,7 por ciento y un alza de la inflación que sería levemente superior. El objetivo del gabinete económico es que el tipo de cambio acompañe la suba de precios en el balance anual, pero el ritmo será más intenso en el primer cuatrimestre y retomará impulso en los últimos meses del 2021, una vez que pasen las cruciales elecciones de octubre (o noviembre, como resta definir en las próximas semanas). En el período más intenso de la campaña y la disputa electoral, el billete verde se movería más lentamente y ayudaría a disminuir las presiones inflacionarias.
Igualmente, la meta de un alza del IPC de 29 por ciento en el año parece difícil de alcanzar, según admiten los propios funcionarios. Pero sí manifiestan confianza en que se logrará una baja respecto del 36,1 por ciento de 2020. En ese caso, será clave que las paritarias establezcan cláusulas de revisión a fin de lograr el promocionado objetivo de que los salarios le ganen a los precios. Es lo que ocurrió con el acuerdo de los trabajadores bancarios. Este viernes había satisfacción en el Gobierno por el gesto de confianza de ese gremio, que suele conseguir aumentos por arriba de la inflación. Aceptó cerrar en 29 por ciento, con cláusula de revisión, y le dio crédito a la estrategia oficial de acomodar la economía en torno a ese parámetro.
Una economía en crecimiento, con el dólar bajo control y el riesgo país debajo de los 1000 puntos –actualmente se ubica en 1445-, luego de haber cerrado con el FMI, mejoraría las posibilidades electorales del oficialismo.
Esta semana se pudo observar que la posibilidad de concretar transformaciones estructurales no solo depende de la voluntad política. La cautelar que concedió el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, un magistrado con antecedentes de fallos a favor de sectores concentrados, como el del famoso rebalanceo telefónico en 1997 o el que benefició a Fibertel en 2010 en otra pulseada clave con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora con una decisión contraria a la regulación de tarifas en telecomunicaciones por parte del Estado, puso en evidencia la necesidad del Frente de Todos de ampliar su fortaleza política con un triunfo claro en las próximas elecciones. La economía, se esperanzan en el Gobierno, esta vez jugaría a favor.
El gobierno estableció que comenzará a regir a partir del 1 de abril
Qué cambios traerá la ley de teletrabajo
Imagen: Leandro Teysseire
El Gobierno nacional estableció que el régimen de Teletrabajo sancionado a mediados del año pasado entrará en vigencia el próximo 1 de abril. Así lo estableció la Resolución 54/2021, firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Para los trabajadores que efectúan tareas a distancia supone la posibilidad de apelar a nuevos derechos, como la desconexión digital, que implica en los hechos limitar la extensión de la jornada laboral. Las personas que tengan a su cargo menores de hasta 13 años, discapacitados o adultos mayores que requieran asistencia específica tienen derecho a modificar o interrumpir los horarios de jornada laboral para atender tareas de cuidado a su cargo. Otro nuevo derecho es la voluntariedad, que implica que ningún trabajador puede ser obligado a trabajar desde su casa, sino que la modalidad se aplica únicamente con el consentimiento del trabajador. También la reversibilidad (vuelta a la modalidad presencial) aunque con condicionamientos. A partir de la ley, el empleador está obligado a proveer los elementos de conectividad y seguridad para el teletrabajo.
"Es una ley que incorpora derechos a un modelo de relaciones laborales que necesitaba de leyes más innovadoras. Son derechos nuevos como la desconexión, el derecho a interrumpir al jornada laboral para trabajadores que tienen personas a su cargo y a que el empleador cubra los gastos de conectividad y mantenimiento del equipamiento. La aplicación de la ley implica que muchos trabajadores que están teletrabajando ya sea por la pandemia o porque la empresa así lo determinó gocen de nuevos derechos propios de una situación laboral atravesada por la tecnología de la comunicación. Es un avance necesario, para que el teletrabajo no sea una manera de precarizar sino simplemente una forma distinta de trabajo en los tiempos que corren", indicó a PáginaI12 Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Idaes-Unsam).
Esteban Mancuso, Coordinador de Asuntos Laborales de la Cámara Argentina de Comercio, aseguró a este diario que “es un paso hacia adelante la modernización de la normativa laboral. La tecnología hoy nos permite poder prestar servicios para una empresa sin una limitación geográfica, lo cual incentiva la inclusión laboral”.
“Sin embargo, no está claro cómo va a hacer una pyme para ofrecer teletrabajo si tiene gastos relacionados al equipo informático, entre otros, y no puede acceder a financiamiento específico para este fin. Tampoco está claro cómo va a hacer el Estado para fiscalizar en los domicilios el cumplimiento de la norma, el control de que cada trabajador tenga una silla ergonómica, manual de primeros auxilios y un matafuegos, dadas las obvias dificultades para el control en los lugares de trabajo presenciales. La norma va a repercutir en un aumento de la litigiosidad laboral”, agregó.
Por otro lado, desde la CAC valoraron que el pedido de reversión del teletrabajo por parte del trabajador que está realizando tareas a distancia fue flexibilizado en la reglamentación. De todas formas, en el sector empresarial el derecho a la reversibilidad es uno de los puntos más criticados de la ley. Además, ponderaron que la norma no se haya aplicado el año pasado en un contexto sanitario y económico más difícil del que, se supone, puede encontrar la economía argentina de acá para adelante.
Según un estudio del Cippec, entre 3,1 y 3,3 millones de un total de 11,7 millones de trabajadores realizan tareas que podrían adaptarse al teletrabajo. La ley de teletrabajo, impulsada por el oficialismo, fue sancionada por el Senado el 30 de julio del año pasado. En la reglamentación, publicada el 20 de enero pasado, se aclaró que la ley no aplica cuando la relación laboral se lleva a cabo en establecimientos de clientes en donde el empleador presta servicios de manera regular. “Tampoco en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”, aclara el texto.
En cuanto al derecho a la desconexión digital, la norma detalla que fuera de la jornada laboral el trabajo sólo se permite cuando "la actividad de la empresa se realice en diferentes husos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva". "En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada”, dice la ley, salvo circunstancias excepcionales.
En relación a las tareas de cuidado, “toda persona que ejerza el derecho a interrumpir la tarea, deberá comunicar en forma virtual y con precisión el momento en que comienza la inactividad y cuando finaliza”, dice la norma, y agrega que "en los casos en que las tareas de cuidado no permitan cumplir con la jornada legal o convencional vigente se podrá acordar su reducción de acuerdo a las condiciones que se establezcan en la convención colectiva".
El futuro de las próximas elecciones legislativas
Postergar o suspender, el dilema del Gobierno ante las PASO
“Las PASO no se van a suspender”, afirma resignado uno de los gobernadores que impulsa la medida. La falta de posiciones homogéneas tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio diluyeron posibles avances y, a menos que la situación epidemiológica se agrave y obligue a tomar otro rumbo, las alternativas más fuertes son: respetar el calendario establecido; unificar las dos jornadas electorales; o patear las Primarias para principios de octubre y las Generales para la última semana de noviembre. Esta última opción permitiría tener más avanzada la campaña de vacunación y evitar agosto y septiembre que fueron los meses del año pasado con mayor cantidad de contagios de coronavirus.
La postura del gobierno nacional es clara. No está dispuesto a alterar el proceso de las próximas elecciones legislativas sin recoger voluntades de todo el arco político. “Si el Congreso logra el consenso necesario para hacer una modificación en las PASO, vamos a adaptarnos; pero el motor del debate no puede ser la especulación electoral sino la salud de los argentinos”, explicó esta semana el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.
A esta síntesis se llegó el jueves en el almuerzo que compartió con el presidente de la Nación; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner. Coincidieron en que modificar abruptamente las reglas de juego y a contrarreloj requiere, indefectiblemente, un acuerdo generalizado que hasta el momento no se alcanzó y que tiene como fecha límite el 8 de mayo.
En la cúpula de Juntos por el Cambio el rechazo a la iniciativa es contundente. Más allá del esfuerzo de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), quienes coordinaron una visita a Casa de Gobierno junto a Jorge Capitanich (Chaco), la propuesta no tiene el visto bueno de Mauricio Macri ni de Horacio Rodríguez Larreta. En los próximos días, Morales y Valdés harán, sin demasiada expectativa, un último intento para convencer al jefe de gobierno porteño de cambiar su postura.
En paralelo, el deseo mayoritario de los gobernadores peronistas quedó empantanado en territorio de Axel Kicillof. Al igual que en Ciudad, en Provincia existen PASO locales. Más de 13 millones de personas deberán concurrir en agosto a las Primarias bonaerenses, que para ser eliminadas necesitan articular un sinfín de posiciones desparramadas a lo largo de los 135 municipios y, principalmente, del acompañamiento de una Legislatura condicionada por Juntos por el Cambio.
“En la Provincia tenemos una ley propia de PASO y no tenemos mayoría en las Cámaras. Es decir, necesariamente la discusión involucra a la oposición. Es un debate que no depende ni del tema costos ni de la conveniencia política. Básicamente hay una ley y un tema epidemiológico. La verdad, en este momento no es un tema prioritario para mí”, expresó dos semanas atrás Kicillof a Página/12.
Bajo este escenario, hay gobernadores que no quieren perder más tiempo. El salteño Gustavo Sáenz dispuso que las elecciones provinciales se realizarán a mitad de año. El argumento oficial es que no tienen la posibilidad de unificar la fecha de los comicios porque utilizan un sistema de votación diferente al nacional. Volver al papel “sería una regresión”, indicaron en el gobierno local.
Misiones será otro de los distritos que desdoblará. Oscar Herrera Ahuad adelantó las elecciones para el domingo 6 de junio, repitiendo la estrategia del partido Renovación que tradicionalmente se despega de los comicios nacionales. Lo llamativo de ambos casos es que se mostraron a favor de suspender las PASO para acotar las jornadas electorales y evitar la exposición al virus.
En medio de la incertidumbre que genera la pandemia, el calendario avanza a la misma velocidad que la impaciencia. “Si tenemos que hacer algo, hagámoslo rápido”, sintetizó Capitanich en Casa Rosada como reflejo del sentimiento que desvela a muchos mandatarios provinciales. En el Ejecutivo nacional prefieren no apurarse. “La prioridad es construir consenso para evitar riesgos sanitarios”, insisten.
Hablaron por videoconferencia
Alberto Fernández recibió el apoyo de Macron en las negociaciones con el FMI
Durante la conversación, que se extendió por más de 50 minutos, el presidente calificó como "muy importante" el apoyo que le brindó Francia a la Argentina para llegar al acuerdo con los acreedores privados y remarcó la necesidad de "revisar las reglas que hoy existen para dar más flexibilidad a los acuerdos". Por su parte, Macrón tomó el compromiso de mantener ese respaldo en las negociaciones con el FMI.
Por otra parte, Fernández y Macron analizaron la situación epidemiológica de ambos países, las restricciones para contener la circulación del Covid-19 y las nuevas variantes del virus, así como el proceso de vacunación. Los mandatarios coincidieron en la necesidad de aumentar la producción de vacunas, como un bien universal sin propiedad intelectual, a fin de garantizar su acceso a los países en desarrollo.
Por ambos temas, los jefes de Estado aceordaron llevar la discusión de manera conjunta ante el G20 para lograr que la producción y distribución de vacunas sea de una manera más equitativa, y para buscar un mecanismo de solución a las deudas de los Estados nacionales.
En otro tramo de la conversación, Macrón felicitó a Fernández por la reciente aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "Quiero felicitarte porque para nosotros es algo muy importante", aseguró el presidente francés e invitó a su par argentino a participar, a mediados de este año en París, en el Foro Generación Igualdad, que trabaja para garantizar los derechos de las mujeres en el mundo.
Consultoras reafirmaron pronóstico del 50% para 2021
La inflación, eje de las preocupaciones
Los consultores del mercado proyectaron a finales de enero una inflación del 50 por ciento para 2021, con un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto de las estimaciones realizadas a finales de diciembre. Así se publicó este viernes en el informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central. Este año a su vez los economistas esperan un crecimiento del PIB del 5,5 por ciento: la misma estimación que la realizada en el informe anterior.
Entre los 10 mejores pronosticadores de inflación (es decir los economistas o consultoras que más cerca estuvieron en el pasado con sus proyecciones respecto de la variable observada) las estimaciones de inflación para 2021 son del 44,9 por ciento.
Este conjunto de mejores pronosticadores redujo del 46 a 44,9 por ciento la expectativa inflacionaria para el acumulado de este año, según el informe del Central.
Se agregó que “para el mes de enero de 2021 la mediana de las estimaciones se ubicó en 3,9 por ciento. Para los meses siguientes los participantes proyectan una trayectoria generalmente descendente en la inflación mensual”.
Respecto de la actividad económica, “quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto real para 2021 de 5,5 por ciento (sin cambios en la expectativa de expansión del PIB respecto al REM previo). El TOP-10 de quienes mejor pronostican el crecimiento económico sugiere un aumento del PIB para 2021en promedio de 5 por ciento”, se detalló.
En tanto, los participantes del REM pronostican un ritmo de crecimiento de la actividad para el primer trimestre de 2021 del 0,7 por ciento (inferior en 0,1 puntos porcentuales en relación con lo que esperaban a fines de diciembre) y para el segundo trimestre de 2021 del 0,4 por ciento (0,2 puntos porcentuales menor a lo proyectado en el último relevamiento).
Las consultoras ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance 125 pesos por dólar en diciembre 2021(-80 centavos por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en 172 pesos por dólar a fines de 2022.
“Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable con horizontes de corto plazo proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2021 alcanzaría 123,93 pesos por dólar”, detalló el informe de la autoridad monetaria.
En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), se estima que para 2021 ascenderían a 60.784 millones de dólares, incrementándose en 825 millones con relación al relevamiento previo. En tanto, el valor de las importaciones del año 2021 se ubicaría en 48.530 millones, esto es 383 millones mayor al pronóstico del último REM.
Por otra parte, la proyección provista por las y los analistas para la desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2020 sería de 11,6 por ciento, disminuyendo en 0,1 puntos porcentuales respecto de la previsión de la encuesta de diciembre. En tanto, descendería a 11 por ciento en el último trimestre de 2021.
Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario para 2021 disminuyó hasta 1728 miles de millones de pesos luego de registrarse un déficit de 1750 miles de millones en 2020. Asimismo, prevén un déficit de 1500 miles de millones de pesos para 2022.
Fuente:Pagina12
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