12 de abril de 2021
Amplían detección temprana del virus en medio de la segunda ola
Testeo a la par de la vacuna
Juan Giosa
Imagen: Sebastián Vargas
A la par que avanza con la campaña de vacunación, otra de las herramientas importantes
con las que cuenta el Estado para cortar la propagación del coronavirus en esta segunda
ola de contagios es la detección temprana para poder aislar y evitar que se continúe
esparciendo el virus. En ese marco, el Ministerio de Salud provincial retomará hoy los
operativos de detección territoriales mediante tests rápidos en tres puntos fijos de
Rosario pero sólo con turnos previos. Al mismo tiempo, desde la Municipalidad continúan
testeando en los centros de salud y hospitales de la ciudad aunque se aclara que se
realizan siempre con una evaluación clínica previa y con turno asignado.
Con la segunda en crecimiento ya muy instalada en la zona del AMBA y
creciendo en santa Fe, las autoridades vuelven a incrementar los testeos como
herramienta para desacelerar el contagio del virus. En ese sentido desde hoy
la provincia retoma los operativos de detección territoriales mediante tests
rápidos en tres puntos fijos de la ciudad y en distintos horarios: en bulevar
Oroño y el Río, de 9 a 13 horas; en 27 de Febrero y Buenos Aires, de 10 a 14
horas; y en Oroño y Uriburu, de 11 a 15 horas. Siempre se debe solicitar turno
al 0800-555-6549 en forma previa.
“Ante la presencia de síntomas es importante no demorar el acceso al hispoado
porque eso permite activar el seguimiento del caso, la búsqueda de contactos
estrechos y el aislamiento de casos probables”, enfatizó a Rosario/12 el
secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. En ese sentido, explicó que
“toda la estrategia de vigilancia y de seguimiento se hace a partir de la
confirmación del caso positivo”.
Al ser consultado por la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el
aumento en la demanda de testeos, el funcionario municipal reconoció que
están trabajando sobre un incremento progresivo del nivel de hisopados pero
que actualmente cuentan con los insumos y recursos necesarios para poder
cubrirlo, tanto con los test rápidos de antígenos como con los de PCR. De todas
maneras, mencionó que “es importante el uso más racional posible en función
de los criterios que tienen que ver con casos sospechosos y casos probables
para hacer eficaz todas las intervenciones”.
Teniendo en cuenta que el recurso es limitado y la solicitud de testeos va en
aumento, Caruana detalló que ante cualquier síntoma compatible con covid-19
se debe consultar al 0800-555-6549, al servicio de emergencia, obra social,
prepaga o al centro de salud más cercano y allí se les realizará un primer
diagnóstico para determinar si corresponde o no la indicación para el hisopado,
los cuáles se realizan solamente con turno programado. Por eso, el funcionario
destacó que las personas no deben concurrir masivamente y sin indicación al
Hospital Carrasco para realizarse el testeo -como se registra por estos días-
para evitar una sobrecarga en el efector y la aglomeración de personas.
A su vez, el secretario de Salud municipal destacó que se está realizando una
vigilancia activa de viajeros internacionales, teniendo en cuenta el riesgo de
contagio de aquellos que viajaron al exterior y la posible aparición de cepas
mutantes. En esos casos, el seguimiento se realiza a partir del llamado a la la
línea telefónica provincial y los hisopados se realizan en el Hipódromo.
Ventanillas
Medición del índice de confianza del consumidor
Muy poco para seguir confiando
Imagen: Sebastián Vargas
"Un nivel de confianza muy bajo, pesimista o muy pesimista", describió el presidente del Centros de Estudios Igualdad, Javier Ganem, al comentar la medición que vienen realizando en Rosario desde hace una década. Este es el primer estudio realizado en pandemia. En este contexto tan especial, el 77% de los consultados en la ciudad opinó que la situación económica actual es peor que la de un año atrás. De este estudio "emerge la devastación que ha provocado la pandemia sobre la economía nacional, provincial y local", agregó el diputado provincial del bloque Igualdad Rubén Giustiniani.
El Índice de Confianza del Consumidor permite medir las percepciones de los individuos sobre el estado de la economía del país, su situación económica personal y las expectativas a corto y mediano plazo. Asimismo recepciona la predisposición a la compra de bienes durables de menor y de mayor valor.
Este índice se elabora a partir de los resultados de una encuesta que revela la opinión de los consumidores acerca de las variables consultadas. Resulta de suma utilidad para actores públicos y privados ya que entre otros aspectos permite prever las conductas de consumo, ahorro, inversión, demanda de créditos, etc. de los ciudadanos en los próximos meses. El Indice de Confianza del Consumidor rosarino se realiza desde hace una década en base a una encuesta de amplia cobertura geográfica que involucra a 505 casos. Tras un año de pandemia, la encuesta más reciente fue realizada entre el 16 y 18 de marzo pasado.
El presidente del Centros de Estudios Igualdad, Javier Ganem, argumentó que "durante este primer trimestre se observa una valoración fuertemente negativa de rosarinos y rosarinas. El índice arroja un valor absoluto de 34 puntos, (se calcula de 0 a 100 la máxima confianza); un nivel de confianza muy bajo, pesimista o muy pesimista. Además, el 77% opina que la situación económica actual es peor que la de un año atrás; sólo un 4% considera que está en una situación mejor. En el mismo sentido Ganem agregó: "Las expectativas son muy bajas. Allá por 2019, si bien el índice era bajo, había fuertes expectativas respecto que la situación económica iba a mejorar. Hoy más encuestados consideran que dentro de un año van a estar peor que en la actualidad. Claramente, la valoración es de incertidumbre a futuro y falta de un plan económico que dé certezas, sumándole como golpea la inflación y la pérdida del poder adquisitivo".
El 57% consideró que no es buen momento para comprar, por ejemplo, electrodomésticos. Mientras que el 72% dijo que la época no es favorable para adquirir autos o casas.
El diputado provincial del Bloque Igualdad, Rubén Giustiniani, sostuvo: "Hace una década que venimos presentando el Índice de Confianza al Consumidor realizado por el Centro de Estudios Igualdad que preside Javier Ganem; y este es el primer estudio que se hace en pandemia, y desde aquí emerge la devastación que ha provocado la pandemia sobre la economía nacional, provincial y local. Asimismo, en la economía de la familia, de usuarios y usuarias no hay perspectiva positiva presente Hay una realidad negativa en cuanto a compras, y en cómo ve la gente al país y la situación económica personal y su perspectiva a futuro personal".
Imputaron al joven que persiguió y mató a dos ladrones
El video como principal prueba
Imagen: Andres Macera
El joven de 25 años que el jueves pasado persiguió con su camioneta, atropelló y mató a los dos ladrones que siete cuadras atrás le habían robado fue imputado por doble homicidio simple y quedó en prisión preventiva por el término de 60 días.
Diego Claudiano fue acusado por la muerte de Diego Quiroga García, que murió en el momento y quedó debajo de la camioneta; y de Luciano Escudero, quien sobrevivió menos de 24 horas en el Heca. La situación procesal del joven es complicada: la expectativa de pena para homicidio simple es de 8 a 25 años. En tanto, el robo del que fue víctima se investiga por separado. Si bien los protagonistas fallecieron, se sospecha la participación de una tercera persona, ya que se cree que el robo no fue al voleo sino una "entrega".
La audiencia imputativa se realizó domingo a la mañana vía Zoom, presidida por el juez Román Lanzón. Tuvo como acusador al fiscal Patricio Serjal y a Pablo Rajmil como abogado defensor, quien comunicó que su defendido "no estaba en condiciones de declarar". En el exterior del Centro de Justicia Penal un grupo de familiares, amigos y vecinos de la familia del acusado exigió su liberación.
Cabe recordar que el incidente se inició con un robo en Amuchástegui al 600 y terminó en Juez Zuviría al 200, a siete cuadras de distancia, el jueves al rededor de las 16.30.
Los hechos en su mayoría están aclarados: el joven volvía del centro de realizar una operación cambiaria, estacionó en Amuchástegui al 600 en la casa de sus padres. En ese momento se bajaron de una moto dos personas, al menos una de ellas armada. Pegan un culatazo a la ventanilla y le exigen la entrega del dinero. Claudiano es sacado del auto y lo hacen agachar "simulando una ejecución", según la descripción del abogado Pablo Rajmil. Les entrega la mochila con 2000 dólares, la billetera con 2400 pesos y el teléfono celular. Los ladrones efectúan entre tres y cinco tiros al aire y huyen contramano.
Claudiano sale a perseguirlos y los visualiza a unos 300 metros. El video de una cámara privada que ayer se mostró en la audiencia no dejó dudas al fiscal de que al menos en esta instancia inicial de la investigación no hay otra posibilidad que encuadrar legalmente el caso como homicidio simple: muestra que los ladrones que se movilizaban en una Honda Titán se suben a la vereda para evadir a la camioneta que los estaba alcanzando y ésta los sigue, sube también a la vereda y los arrolla desde atrás a toda velocidad, hasta detener la marcha cuando se estrella contra un árbol.
El fiscal aclaró que faltan medidas por hacerse, de cuyo resultado dependerá que pueda modificarse o no el grave encuadre legal de los hechos. Entre ellos una pericia psiquiátrica que está programada para hoy; pericias balísticas, como comprobar que los casquillos encontrados en Amuchástegui al 600 coincidan con los del arma que quedó en la escena final, al lado de los ladrones.
En la audiencia se leyó el testimonio de una vecina. Dijo que Claudiano se lamentaba: "Qué hice, qué hice", en los minutos siguientes al hecho.
La defensa rechazó que hubiera dolo en el accionar del conductor, es decir intención de matar, y sugirió que el caso podría estar entre legítima defensa (el fiscal la rechazó de plano), emoción violenta como atenuante; no descartó la figura de homicidio culposo por conducción negligente o imprudente.
A la hora de debatir la medida cautelar de prisión, el fiscal dijo no ver un hecho culposo sino "un accionar decidido de parte del acusado". El juez Lanzón hizo lugar a la solicitud de la fiscalía tanto en el encuadre legal como en lo relativo a la medida cautelar de prisión pero por 60 días.
La defensa argumentó que la embestida se produjo porque durante la persecución uno de los ladrones le apuntó con el arma, lo que hizo que Claudiano se agachara y siguiera conduciendo así. El flanco débil de este argumento es que el video analizado muestra a la camioneta seguir la misma línea de los motociclistas y desplazarse por la vereda entre la pared y la línea de árboles hasta chocar. Si hubiera conducido a ciegas es inverosímil que haya ingresado en ese pasaje entre pared y árboles con tanta precisión. Por otra parte, aun no hay testigos ni cámaras (todavía faltan analizar 16 recogidas a los largo del trayecto de la persecución) que respalde que le apuntaron.
La defensa recordó los "frondosos" antecedentes penales de los dos fallecidos y que uno de ellos había salido de la cárcel hacía menos de 3 meses por un delito de robo calificado.
Pero sobre todo resaltó que Claudiano, tras el incidente, se bajó de la camioneta, no se dirigió a los delincuentes ni a recuperar el dinero robado, sino que pidió a una vecina que llamara una ambulancia. Esta instancia fue esgrimida por el abogado para demostrar que no había riesgo de fuga si se le concedía la libertad o la prisión domiciliaria como un atenuante, cuestión que ante el actual nivel de pruebas, el juez Lanzón no hizo lugar.
Fuente:Rosario12
Crisis judicial: un salto a la defensiva
Los fiscales regionales Carlos Arietti y Diego Vigo saltaron a su jefe, Jorge
Baclini, con el propósito de borrar a Marcelo Sain del Organismo de
Investigaciones. Tienen motivos, no necesariamente los que exponen en sus
escritos. Aquí, algunos antecedentes.
Dos fiscales regionales se rebelaron esta semana a su jefe, el Fiscal General Jorge
Baclini, con el objetivo de impedir la reasunción del ex ministro de Seguridad, Marcelo
Sain, como director del Organismo de Investigaciones (OI), que dependen del Ministerio
Público de la Acusación (MPA). Aunque no sean necesariamente los que exponen en
público, ambos tienen motivos para su proceder levantisco. Formas que adquieren la
autodefensa y la política de reducción de daños (propios).
Reconducir el planteo
El fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, presentó la semana pasada ante la
Auditora General de Gestión (AGG) del MPA una denuncia contra Sain con el guión ya
escrito por la oposición política, fundamentalmente el bloque radical de diputados que
preside el ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, por hacinamiento en las
comisarías, presuntas escuchas ilegales y supuestas irregularidades en una licitación
para la compra de armamento policial.
Consideró que se trata de “faltas graves” y solicitó que Sain sea suspendido en forma
preventiva en su cargo hasta que se resuelva su denuncia. Un planteo similar habían
realizado los bloques de diputados del Frente Progresista, el PRO y Somos Vida apenas
Sain renunció al Ministerio.
La directora de la AGG, Cecilia Vranicich, se declaró incompetente para entender en la
denuncia de Arietti y Baclini dejó sin efecto la licencia solicitada por Sain en diciembre
de 2019 a su cargo de la OI, por lo que el lunes 5 de abril pasado reasumió su puesto
obtenido por concurso.
Arietti apeló la resolución y la Junta de Fiscales –que reúne a los cinco jefes regionales
del MPA– resolvió por unanimidad que “es necesario reconducir el planteo como un
recurso de reconsideración con apelación en subsidio”.
Tecnicismo que significa aceptar el planteo de Arietti y asignarle el fardo a Baclini, ya
que “es el Fiscal General como superior jerárquico del MPA (único superior de la AGG)
el órgano competente para conocer del recurso en cuestión”.
Al día siguiente, el martes 6, se sublevó el fiscal Regional de Rafaela, Diego Fernando
Vigo, quien ordenó a sus inferiores que no deleguen investigaciones en el OI mientras lo
dirija Sain, que pidan la devolución de los trámites en curso y que dejen sin efecto toda
colaboración con el organismo.
Para fundamentar la secesión de la Fiscalía Regional 5ta del resto del MPA, Vigo se
apoyó en la denuncia de Arietti ante la auditoría interna. Pero ambos poseen, además,
otras razones para objetar el retorno del exministro al OI.
Embolsados
El desempeño de Arietti como fiscal Regional de Santa Fe quedó empañado en la
investigación del “caso Oldani”, que investiga el asesinato del empresario Hugo Oldani,
ocurrido el 11 de febrero de 2020 en la oficina de su comercio de turismo ubicada en la
galería Rivadavia de la ciudad capital.
El día que lo mataron, en la empresa había alrededor de un millón de dólares y –se
estima– unos 3 millones de pesos en efectivo, que luego desaparecieron de la escena
del crimen. Sólo quedó la fotografía policial de la parva de papeles, aunque ya se sabe
quiénes lo retiraron y con la cooperación de quién.
La investigación por el homicidio derivó en una por presunto lavado de activos, atento a
que se desconoce el origen del dinero que circulaba por Turismo Oldani SRL,
presumiblemente una “cueva” encubierta de préstamos, cambio de divisas y cheques.
Por esa causa el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó al juez Marcelo Bailaque el
procesamiento de diez personas.
El homicidio de Oldani fue investigado, originalmente, por la fiscal santafesina Cristina
Ferraro. Según se determinó en la pesquisa a partir de cámaras de videovigilancia de la
galería, a las 23.56 del día del crimen “ingresa a la galería Rivadavia, por calle La Rioja,
personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) junto con la doctora Cristina
Ferraro”.
Un informe de la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, señala que “en el lugar
también se distingue a Virginia Oldani –hija de Hugo Oldani–, su esposo José Luis
Hernández y otras personas cuya identidad se desconoce”.
A las 0.57, cuando personal policial y civil estaba afuera del local, “vuelven a ingresar
con extrema premura a la oficina. En primer lugar José Luis Hernández, luego Virginia
Oldani y por último una mujer cuya identidad se desconoce, mientras el resto del
personal policial y doctora Ferraro permanecen en el hall”.
El informe de Jiménez indica que “Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan
sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres
personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila
y Virginia Oldani, un bolso. Luego se observa que un policía de AIC se acerca a la
puerta del local y coloca la faja de seguridad”. El dinero en efectivo se había esfumado
delante de la fiscal del caso.
Arietti recibió el informe de la fiscal Jiménez –sobre lo actuado por su colega Ferraro– el
3 de julio de 2020. El trabajo también da cuenta de cámaras de videovigilancia que se
aprenden y se apagan por un presunto accionar policial y de posibles irregularidades
con las cuatro computadoras que había en el local y que debían ser cauteladas como
prueba.
Desde que recibió el informe, Arietti se tomó un mes para apartar del caso a su
subordinada Ferraro, una vez que los datos se filtraron a la prensa.
Entonces, el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, anunció que iba a
pedir “que (el fiscal Regional) se presenten en la Legislatura para respaldar a la fiscal
Mariela Jiménez y para preguntarle respetuosamente a Carlos Arietti por qué durante
todo este tiempo mantuvo silencio, cuando las leyes hablan de la imprescindible
transparencia”.
“Los nichos de corrupción están en distintos lugares…en el poder político, en el Poder
Judicial, no podemos mirar hacia otro lado y también debemos empezar a despejar lo
que pasa en el Poder Legislativo”, sostuvo entonces Del Frade a Aire de Santa Fe.
El crimen de Oldani –y lo que la investigación posterior puso a la luz en cuanto a
posibles delitos económicos– fue seguida de cerca por la gestión de Sain en Seguridad.
Esa impronta investigativa y no los audios soeces es lo que molesta y produce
irreparables enconos.
Hermanados
Antes de hermanarse en el intento por impedir la reincorporación de Sain al OI, Arietti y
Vigo compartieron funciones en la Fiscalía Regional de Rafaela. El primero como jefe, el
segundo como fiscal. Vigo estuvo a cargo de la investigación por presuntas
irregularidades en la distribución de subsidios del senador Raúl Gramajo, que tuvo
causas espejos en Rosario.
Los fiscales rosarinos de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos que investigaron
esos legajos fueron apartados de sus funciones apenas asumió como fiscal Regional
Patricio Serjal, hoy imputado con prisión domiciliaria por el supuesto cobro de coimas al
capitalista el juego ilegal, Leonardo Peiti, en la misma causa que todavía está implicado
el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri.
En marzo de 2017 Vigo archivó la causa a Gramajo. Su entonces jefe Arietti explicó que
“no había elementos para continuar la investigación”. En abril, con dictámenes de la
comisión de Acuerdos firmados por Gramajo y con su voto en el recinto, Arietti fue
designado fiscal Regional de Santa Fe y Vigo de la circunscripción 5ta, Rafaela.
Entonces Arietti pidió “no especular” con la conexión y cercanía temporal de ambos
hechos, puesto que “los legisladores votaron” y “nosotros resolvimos lo que vimos”.
En esa rueda de prensa, Arietti reveló que Gramajo lo visitó en dos oportunidades
mientras era investigado, según publicó el diario Rosario/12. Dijo que no se sintió
presionado y que el senador “vino a la Fiscalía porque quería presentar documental”.
“Le dijimos que sí, que no había ningún problema y de hecho presentó recibos, libros
de actas, etcétera”.
Curiosamente, explicó que la reunión no fue con Vigo, que era el fiscal del caso, sino
con él, que era el superior de Vigo pero no participaba de los detalles de la investigación.
“El senador Gramajo fue a la Fiscalía, pero no habló con el fiscal que llevaba el caso,
habló conmigo y con otro funcionario (del MPA). Fue dos veces”, detalló.
Cuando en la causa Oldani un bioquímico que estuvo detenido 10 días por error –
acusado de ser el autor intelectual del asesinato– se dirigió a Arietti para que cesara la
injusticia, el fiscal Regional le contestó que debía remitirse a su subordinado que lleva
adelante el caso. No siempre se aplica la misma vara.
Engarronado
El desempeño del separatista Vigo en la Fiscalía Regional de Rafaela también se
deslució en una causa en la que terminó condenado por amenazas el ex marido de una
mujer que mantiene un vínculo sexo-afectivo con él.
El 19 de octubre del año pasado Carlos Podio Barreiro, un ingeniero de la ciudad de
Rafaela, fue allanado en su domicilio por una denuncia de amenazas de María Victoria
Almeida, entonces su pareja. Atrás le cayeron otras 10 denuncias por igual delito entre
los años 2018 y 2019, que antes no habían sido formalizadas.
Pasó 60 días en prisión preventiva y, según contó a El Eslabón su abogado, Juan Lewis,
dos veces lo subieron a un patrullero y lo llevaron hasta cercanía de las cárcel de Las
Flores con el inconfeso propósito de “ablandarlo”.
La hermana del ingeniero descubrió el 30 de octubre que Almeida, que es empleada del
MPA de Rafaela que conduce Vigo, mantenía una relación sentimental con el fiscal
Regional. Entonces lo denunció por abuso de poder, al entender que la causa contra
Podio Barreiro y su prisión preventiva eran una suerte de aleccionamiento para el
exmarido de Almeida.
En diciembre del año pasado, con la representación del abogado Néstor Oroño, el
hombre firmó un juicio abreviado con una condena de tres años en suspenso por
amenazas, en el que aceptó los cargos. La sentencia, entre otras cosas, le prohíbe
hablar con los medios de comunicación.
Aunque es poco frecuente, porque se trata de un acuerdo de partes, el juicio abreviado
fue apelado por el actual representante legal de Podio, el abogado Lewis.
“La apelación se centra en que aceptó ese procedimiento abreviado, dio su
consentimiento, pero ese consentimiento está viciado, porque estaba preso, en
condiciones deplorables, estaba en la comisaría y dos veces lo subieron a un patrullero
y lo llevaron hasta la puerta de la cárcel de Las Flores”, dijo Lewis.
También planteó en el texto recursivo que “había falta de objetividad en el MPA, tanto
de Vigo como (de la fiscal del caso, (Ángela) Capitanio, y que él en ese marco aceptó el
juicio abreviado”.
Es que Almeida, según Lewis, reconoció que era amiga de Capitanio y, además, tenía
un vínculo sexo-afectivo con Vigo, cabeza del MPA en Rafaela. Los principios de
imparcialidad y objetividad, digamos, lucían dañado. “La causa la tendrían que haber
enviado a Santa Fe”, señaló el abogado.
Para Lewis, el juicio abreviado que firmó Podio Barreiro fue bajo presión, cuasi
extorsivo, y hasta “por hechos sobre los que no había prueba”. Como ejemplo de las
“desprolijidades”, contó que le imputaron un caso de amenazas a su entonces pareja
presuntamente ocurrido en una playa de Punta del Este, donde el MPA de Rafaela no
posee competencia territorial.
La apelación, que cuenta con antecedentes en la Corte Suprema de Santa Fe, está en
segunda instancia.
En cuanto a la denuncia por abuso de poder presentada por la hermana de Podio
Barreiro contra Vigo y Capitanio, Lewis informó que fue desestimada por la fiscal de
Rosario, Paola Aguirre, y en igual sentido se pronunció la fiscal Regional interina, María
Eugenia Iribarren. “En ese caso sí se envió la investigación a otra jurisdicción”,
puntualizó sobre el uso de una doble vara para casos homologables.
Lewis señaló que la desestimación de Aguirre señala, básicamente, que no hay delito en
la acción de dos personas que deciden acostarse, de mutuo acuerdo. Probar que por
ese motivo Vigo haya ordenado o sugerido a Capitanio el impuso de la acción penal
contra Podio es, cuanto menos, difícil.
“Pero que esta persona (Almeida, la presunta víctima) tenga una relación con quien
está persiguiendo a su ex pareja, implica que por lo menos tendría que haberse
apartado. Es cierto que es una acción privada, es difícil de probar si Vigo llamó por
teléfono, pero en este caso concreto es un dato que trasciende lo privado porque son
partes enfrentadas y con poder respecto de un imputado”, cerró.
Con esos antecedentes a cuesta se entiende mejor el ímpetu que anima a Arietti y Vigo
para resguardarse del regreso de una persona que, desde el Organismo de
Investigaciones, pudiera impulsar acciones tendientes a resquebrajar el pacto tácito de
no agresión interna del MPA, cuyo contrato no escrito es transversal también a sectores
del poder político.
Fuente:ElEslabon
Vuelve a preocupar la disponibilidad de camas en
hospitales y sanatorios
El nivel de ocupación supera el 70% en Rosario y enciende alarmas en el
sistema de salud. La circulación comunitaria, claramente, es el origen de
los contagios.
El azote de la segunda ola de la pandemia empezó a encender el alarma en el sistema de
salud, tanto entre los efectores públicos como privados de la ciudad. Si bien hoy la
ocupación de camas no alcanzó niveles críticos como en octubre pasado, hoy se arrimó
al 76 por ciento en los hospitales municipales, un valor que trepa al 85% considerando
los efectores provinciales en la ciudad. En las clínicas y sanatorios, según la Secretaría
de Salud Municipal, la ocupación llegó al 73 por ciento de las plazas que dispone.
En las clínicas la ocupación de camas críticas de adultos es del 68% y en el sector
público, 76%. No obstante, vale aclarar que de los pacientes internados, el 14%
corresponde a cuadros de covid 19 en hospitales, y el 10,2% en efectores privados.
Fuentes del Ministerio de Salud provincial ratificó la decisión de mantener suspendidas
las cirugías programadas en todos los hospitales santafesinos, y en cada uno se están
reasignando personal desde los quirófanos a las unidades de terapia intensiva para
reforzar la dotación de recursos ante el crecimiento del número de pacientes.
“Si la gente no toma conciencia y seguimos con niveles tan altos de contagios, vamos a
colapsar, como sucedió en Europa o en países vecinos como Brasil o Chile. En este
segundo brote, la gente está muy relajada, no hace caso a las restricciones, no se está
dimensionando la gravedad del problema, porque si el sistema colapsa no va a haber
camas para nadie”, se alarmó el director de tercer nivel del Ministerio, Rodrigo Mediavilla.
En tanto, la cartera sanitaria reportó este domingo 817 nuevos casos de coronavirus y un
fallecimiento. Del total, 235 contagios corresponden a Rosario. La única víctima fatal era
oriunda de Santo Tomé.
Desde que empezó la pandemia, hace un año, en Rosario se registraron 88.865 contagios
. Actualmente, son 4.602 los casos activos que todavía transitan la enfermedad. La
cantidad de vacunas aplicadas en la ciudad aún no llega a 130.000 dosis.
El informe de Salud Pública indica que el mayor porcentaje de contagios se sostiene en
la franja etaria de 30 a 44 años, seguido por el grupo de personas de entre 15 a 29 años,
luego los grupos de 45 a 59 años, 60 a 74 años, y 75 y más.
Rosario registró un total de 2.199 decesos por covid-19, con una tasa de letalidad de 2,4.
El origen de los contagios en general indica que 72,5 % es por circulación comunitaria, el
16,7 % corresponde a contacto estrecho, el 3,4 % son trabajadores de salud y el y 0,8 %
fueron casos importados. Además, un 6,7 % continúa en investigación.
Fuente:RosarioPlus
Efecto pandemia
Tras las restricciones a la actividad, trabajadores del turismo bloquearon la terminal de ómnibus
La medida de fuerza arrancó este lunes bien temprano y será por tiempo indeterminado. Hay viajeros varados
12 de abril de 2021
Los trabajadores del turismo bloquearon este lunes la terminal de ómnibus Mariano Moreno
tras las restricciones anunciadas para la actividad. La medida se realiza en todo el país y es por tiempo indeterminado.
Los trabajadores exigen que se rehabiliten los servicios turísticos o se les ofrezca alguna
ayuda económica. Mientras que cientos de viajeros quedaron varados, muchos con destinos
a localidades vecinas donde trabajan.
“Entendemos que la pandemia existe, pero el turismo no contagia. El nuevo decreto nos
prohíbe hacer viajes de turismo, pero las líneas regulares pueden hacerlo. Según el ministro
de Turismo, durante el verano hubo 12 millones de pasajero, muchos transportados por
nosotros y no hubo contagios masivos. El turismo es responsable”, afirmó Marcelo Méndez,
uno de los organizadores de la protesta, en diálogo con Radio 2.
“El año pasado nos endeudamos, tenemos todos planes de pagos. La verdad que estamos
muy mal en la parte económica, pagamos el seguro de los coches que salen alrededor de 9
mil pesos y sin trabajo”, concluyó.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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