20 de abril de 2021

ROSARIO - SANTA FE.

 


20 de abril de 2021

La segunda ola amenaza el sistema de salud en Rosario

El virus pone en jaque hasta las decisiones

La ocupación de camas críticas en hospitales llegó a 91 por ciento, suficiente para dictar restricciones que la semana pasada se evitaron.










El tablero que siguen día a día las autoridades sanitarias.  

La ocupación de camas hospitalarias en Rosario entró de un salto al nivel en el que se considera ya situación de stress sanitario, y apuró a las autoridades hacia el dilema de disponer las restricciones que la semana pasada evitaron a pesar de la sugerencia del Presidente Alberto Fernández. Por ahora, tanto Pablo Javkin como Omar Perotti, resisten ese costo político. Pero los expertos opinan en contrario. En los hospitales públicos de la ciudad ayer el 91 por ciento de las camas de terapia intensiva estaba ocupado, y el 90 por ciento de las camas en general, también. Por eso la ministra de Salud, Sonia Martorano, definió la situación como "acuciante", reprochó que continúen las reuniones sociales y fiestas clandestinas, y alertó que a este ritmo de contagios no habrá posibilidad de atender a todos los pacientes que vayan cayendo.

Leonardo Caruana, secretario municipal de Salud Pública, había advertido la semana pasada –cuando la ocupación de camas rondaba el 76%– que cuando se pasara el límite de 85% de ocupación se entraría en fase crítica, cuando usualmente se considera necesario echar mano a restricciones. Pues al cabo del fin de semana, ayer esa cartera informó que con los 464 nuevos contagios de covid 19 reportados en la ciudad, y un número sostenido de casos activos (5.949 personas con la enfermedad en curso), la ocupación de camas generales llegó al 90%, y las camas críticas, al 91%. Claro que no todas alojan a pacientes covid, solo el 24%. Pero la gente no se enferma solo de coronavirus.

El reporte municipal sumó ayer en Rosario 12 personas fallecidas por el virus. 

“Hay un notable aumento de casos; la situación es acuciante. Si no bajamos el nivel de contagios, no vamos a tener la posibilidad de atender a todos. ¿Cuáles son las alternativas cuando haya un 100% de ocupación (de camas)? No son muchas, estamos expandiendo, pero tenemos el límite del recurso humano”, alertó Martorano. En una visita al vacunatorio en la ex Rural, la ministra se mostró particularmente preocupada, y apenas disimuló el hecho de que el mensaje sanitario no tiene cabida en la burbuja política: “Quiero ser clara sin llevar miedo: la situación es muy compleja. Los contagios se dan mayoritariamente en el ámbito privado. No es momento de socializar, de juntarse a comer el asado. Tenemos que tratar de quedarnos en casa, y evitar las aglomeraciones”, dijo al elegir apelar una vez más a la responsabilidad social, mientras desde la Casa Gris y el Palacio de los Leones se hizo silencio al respecto.

Caruana, por su parte, hizo notar el parecer de los médicos, a favor de restringir la circulación social. Para evitar la crisis sanitaria, la restricción por 14 días tiene como objetivo que no aumenten más los contagios, hay que evaluar día a día la situación, nada es más importante que cada persona tenga su atención médica", dijo.

Martorano eludió la polémica que entre el fin de semana y ayer dominó a los porteños, las clases presenciales sí o no. "Acá no tenemos un porcentaje preocupante de contagios dentro d ela escuela –desestimó– nos preocupa el entorno, la puerta, el transporte, el después. Hoy no está el foco en la presencialidad, está en otras cosas", recalcó la ministra.

La apelación estuvo a la población más joven. "Hoy muchas camas críticas están ocupadas por contagios prevenibles. Estamos viendo un aumento desproporcionado en los jóvenes a quien les pido racionalidad y cuidado. Una fiesta clandestina, una juntada en un campo a la madrugada, hoy no son una simple juntada, son peligros inmensos. Les pido a los padres de esos chicos que nos acompañen, y haya firmeza para que la molestia del reclamo de salir de casa no sea reemplazada por una cama en una Unidad de Terapia Intensiva”, machacó Martorano. E hizo extensivo el ruego: “El pedido también va para adultos que no se cuidan, les pedimos respeto y compromiso, por una acción individual se puede parar el sistema productivo, generar restricciones que afectan a la vida de todos”, advirtió.

Martorano atribuyó uno de los factores de este rebrote al movimiento turístico de Semana Santa, "a los que fuero a buscar el virus a otras provincias que están más complicadas, o que tenían otras cepas. El lunes siguiente se hicieron testeos y dieron positivo en un 75 por ciento, a partir de ahí todo fue un reguero de pólvora", dedujo. 

"Los efectores privados y públicos están expandiendo camas pero ya no hay margen, porque no hay recursos humanos para atender esta demanda. Cuando no haya más camas no tendremos más alternativas", avisó.

Por su parte, el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, también puso de relieve la preocupación en ascenso por la velocidad de la segunda ola del coronavirus en el centro y norte santafesino. 

En tanto, ayer Santa Fe recibió 62.300 dosis de la vacuna elaborada por AstraZeneca, y se sumaron a las 7.700 dosis de Sputnik V que habían llegado el miércoles pasado. El gobierno espera más vacunas para los próximos días. 


Erbetta crítico de la Legislatura y de dos senadores

En medio de una puja de poder

El ministro de la Corte se refirió a la suspesión de un fiscal y al "aviso" que le dieron a un juez para que cierre una causa.






Para Erbetta "generaron mucho malestar en el poder judicial". 
Imagen: Andres Macera

Desde Santa Fe

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta le apuntó ayer a la Legislatura y extendió esa crítica a los senadores Armando Traferri y Lisandro Enrico –aunque sin nombrarlos- al hilvanar dos hechos que consideró “inaceptables”. Uno ocurrió en la sesión conjunta de ambas Cámaras que suspendió el proceso disciplinario al fiscal Adrián Spelta –el 1º de octubre-, cuando descalificó el fallo de la Cámara Laboral de Rosario (Sala 2) que declaró “inconstitucional” el control legislativo a los fiscales y ambos legisladores -Traferri y Enrico- señalaron a los camaristas que firmaron la sentencia “con nombre y apellido”. El otro es del 25 de febrero, cuando el Senado facultó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas para que le “haga saber” al juez Carlos Leiva que debía archivar la causa contra Traferri que investigan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Son hechos que generaron “mucho malestar en el Poder Judicial”, reveló Erbetta. “No es propio de una República que la Legislatura convoque a una sesión especial para criticar a los camaristas que firmaron” el fallo Spelta, sobre el que la Corte deberá pronunciarse en poco tiempo.

Erbetta insistió que el sistema penal de la provincia “está en medio de una puja de poder”. La ley 13.807 que adjudicó a la Legislatura el control y disciplinamiento de los fiscales –y también de los defensores- “se aprobó sin discusión, prácticamente sin debate. No me parece que eso sea bueno”, recordó el juez en un diálogo con El Litoral. Los “actos de gobierno” deben estar “motivados y fundamentados. Deben ser lo más transparentes y racionales posibles”.

La Cámara Laboral de Rosario declaró “inconstitucional” la ley 13.807 en el caso Spelta, puso en crisis el mecanismo legislativo de control a los fiscales y ahora deberá resolver la Corte. “El fallo de la Cámara puede haber estado errado o equivocado, pero de ninguna manera puede aceptarse que la Legislatura, antes de que se pronuncie la Corte, se reúna en sesión especial para someter a crítica a ese acto de gobierno del Poder Judicial. Y con nombre y apellido de los jueces”, tiró Erbetta.

La “sesión especial” que recordó Erbetta es la del 1º de octubre, cuando la Legislatura suspendió el sumario al fiscal Spelta, precisamente, por el fallo de la Cámara, al que se tildó de “grosero”, “anacrónico” y “peligroso”, entre otras cosas. Traferri fue el primero que señaló a los jueces que lo firmaron. “Hemos recibido con sorpresa este fallo de la Cámara que integran Lucía Assef, Adriana Mana y Fernando Marchionatti”, dijo. “Es una velada embestida al Poder Legislativo y a sus integrantes. Más que instrumento de justicia parece ser una defensa corporativa de un sector del Poder Judicial”, acusó. Enrico mencionó también a los tres camaristas, pero sólo por el apellido.

“De ninguna manera puede aceptarse que la Legislatura, antes de que se pronuncie la Corte, se reúna en sesión especial para someter a crítica ese acto de gobierno del Poder Judicial. Y con nombre y apellido a los jueces”, dijo Erbetta. “Esto hay que decirlo, son cosas que no se pueden naturalizar. El binomio independencia judicial-legalidad hace a la esencia del funcionamiento democrático y del estado de derecho. Si yo rompo ese esquema, tenemos un problema”.

“Una acción como ésta” de descalificar el fallo de la Cámara y señalar a los camaristas que lo firmaron –como hicieron Traferri y Enrico- “no es la mejor manera fortalecer las instituciones” y “respetar la división de poderes”.

“Como tampoco lo es que el Senado indique a su presidenta que formalice una presentación en una causa judicial. ¿Cómo se para frente a eso el juez? ¿Cómo lo interpreta un ciudadano o un analista político?”, se preguntó Erbetta. Este segundo hecho que mencionó el ministro de la Corte ocurrió el 25 de febrero cuando el Senado “facultó” a la vicegobernadora Rodenas para que se presente ante el juez Carlos Leiva y le “haga saber” que “no puede avanzar en el proceso judicial contra Traferri” que iniciaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra y archive la investigación.

“No es propio de una República que la Legislatura convoque a una sesión para dedicarse a criticar a dos camaristas y el contenido de un fallo que esos camaristas” firmaron. “No parece lo más adecuado” y les pido a los legisladores que reflexionen, porque división de poderes, independencia judicial y legalidad es una trilogía que hace a la esencia de la democracia y al estado de derecho”, concluyó.


Imputado

Blanco de acusaciones


















El suspendido fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco. 

El suspendido fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco, fue imputado ayer de nueve hechos por el fiscal de Reconquista Leandro Mai, que cumplió el rol de acusador. Enriquecimiento ilícito, omisión de insertar datos en la declaración jurada, omisión de denuncia; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal. El juez Adrián Godoy validó la detención y las acusaciones al ex fiscal y ordenó la prisión preventiva domiciliaria de quien fuera funcionario del MPA.

Poco después de las 6.30 de ayer comenzó la prolongada audiencia online que se extendió hasta las 10.30, en la cual se le imputó oficialmente a Blanco los nueve hechos con apariencia delictiva. La audiencia estuvo encabezada por el juez de Primera Instancia, Adrián Godoy, el fiscal acusador fue Leandro Mai; y actuaron como defensores Rafaela Florid y Gustavo Feldman.

Luego de escuchar el detalle de los nueve hechos imputados, Blanco aceptó declarar y realizó un pormenorizado detalle donde intentó rebatir cada una de las acusaciones. Además reprochó a Mai no cumplir con “el principio de objetividad“, y protestó por distintas falencias procesales, según publicó ayer el portal Venado 24. Al respecto, fueron sus abogados los que pidieron una postergación de la audiencia cautelar -que comenzó pasadas las 13.30 y se extendió más allá de media tarde- debido a no haber podido contar con anticipación con la copia de la orden de allanamiento y ocultamiento de información. “Acá hay una grave violación al derecho a la defensa“, sostuvieron.

El primero de los hechos imputado por el fiscal Mai fue el enriquecimiento patrimonial personal y de familiares con posterioridad a su asunción del cargo de fiscal. Así entre otras cosas, le endilga a Blanco no haber justificado la adquisición de un auto Peugeot 408, dos inmuebles en Villa Dolores (Córdoba) y una propiedad rural en Córdoba vendida en 2017. La calificación legal del hecho: enriquecimiento ilícito de funcionario público.

El segundo de los hechos fue la omisión en declaración jurada como funcionario público de un inmueble en Rufino y un auto Chevrolet Corsa, con lo cual se habría configurado la omisión de insertar datos en la declaración jurada.

El tercer hecho fue haber omitido la denuncia de un delito ocurrido entre los meses de mayo y junio en el marco de la investigación de la causa del homicidio de Federico Landriel en Santa Isabel.

El cuarto episodio apuntado fue el incumplimiento de acto de su oficio “ventilando en orden de detención” el nombre de testigo a quien le había prometido mantener identidad reservada. La imputación es por incumplimiento la obligación de cumplir sus deberes como funcionario público.

El quinto hecho enumerado fue "haber recibido una cifra cercana a los $500 mil con el fin de morigerar una situación punitiva en causas de estafas", según informa el portal Venado 24. La calificación es cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación.

El sexo posible delito fue el de haber "recibido en agosto de 2019 una cifra no determinada de dinero de parte de una mujer vinculada a banda de narcotraficantes, a cambio del no avance de una investigación de abuso de armas".  Se trata de un cohecho pasivo agravado e incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal.

El séptimo episodio cuestionado es haber "ordenado el 26 de noviembre del 2019 la requisa de un vehículo sin ninguna prueba de delito alguno" con lo cual se habría configurado la violación de los deberes de funcionario público.

El octavo reproche judicial fue "haber revelado información secreta a un imputado respecto a datos de una investigación" y el noveno un allanamiento ilegal de un vivienda en la calle Santa Fe 2685, sin que conste una orden judicial. 

Por su parte, Mauro Blanco decidió testificar respondiendo una por una las acusaciones realizadas por el fiscal Mai. En ese sentido, comenzó destacando que en el fiscal federal de Venado Tuerto, Javier Arzubi Calvo, ya destacó que no existe ninguna investigación en su contra vinculada a narcotráfico.

Seguidamente, en un pormenorizado relato intentó dar por tierra con la denuncia por enriquecimiento ilícito sobre él y su familia. Así explicó, entre otras cosas, que sus padres pueden comprobar sus bienes y que “no son ningunos pobres jubilados“, haciendo alusión a parte del alegato de Mai. También recordó que su padre heredó un campo de 140 hectáreas en Rufino y que además fue “toda su vida” comerciante. Por lo tanto, puede justificar sus bienes.

De la misma manera, manifestó que según los ingresos propios como fiscal y de su esposa (recientemente fallecida) que era docente, puede justificar todos sus bienes. “Según nuestros bienes nosotros tuvimos en los últimos años una capacidad de ahorro del 9 al 18%“, argumentó según publicó el portal Venado 24. Blanco resaltó además: “Todo está documentado, el fiscal no leyó los comprobantes que le presenté. Yo respondí todo lo que me preguntaron y demostré cómo obtuvimos con mi familia todo el patrimonio“. Por otra parte, el imputado brindó detalles de las otras causas, desligando la posibilidad de haber cometido delito alguno en sus actuaciones como fiscal.

 

Piden modificar de una vez la ley nacional de drogas

"Para enfrentar al narcotráfico"

El pedido lo hizo la diputada provincial Mónica Peralta a sus pares nacionales de Santa Fe. El precedente del fallo Arriola.













"Seguimos posponiendo un debate que nos tenemos que dar", aseguró Peralta.  

La diputada provincial Mónica Peralta (Gen) pidió a legisladores nacionales de Santa Fe que avancen en la modificación de la actual Ley de drogas, acatando lo que dicta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina, en el precedente conocido como Fallo Arriola del año 2009, que declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737. "La ley es eficaz para domesticar, perseguir o estigmatizar pero no para enfrentar el narcotráfico entendiéndolo como un engranaje del crimen organizado", consideró la autora de la iniciativa. "Mucha hipocresía sostuvo y sostiene la actual ley siendo duros con los débiles y débiles con los duros; ya tenemos las consecuencias a la vista. Seguimos posponiendo un debate que nos tenemos que dar", agregó Peralta. "Nuestro país debe ir a una forma de regulación estatal de algunas de las sustancias ilegalizadas como es el caso de la marihuana y despenalizar la tenencia para consumo personal, es el primer y urgente paso", reflexionó la diputada.

La iniciativa busca avanzar sobre el precedente del Fallo Arriola, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de agosto de 2009. El fallo determina que el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737 debe ser invalidado en tanto es contrario al artículo 19 de la Constitución Nacional, pero el Congreso nunca dio cumplimiento a dicha medida. "Resulta ciertamente cuestionable incumplir este mandato expresado en la sentencia de la Corte Suprema exigiendo al Congreso de la Nación que avance en una modificación de la actual ley de drogas", apuntó la diputada sobre el proyecto de comunicación presentado en la Cámara Baja.

Más allá del precedente, Peralta impulsa el proyecto a partir de lo que ocurre casi a diario con causas que tienen conexión con la venta ilegal de drogas: "El mensaje que vamos recibiendo todos los días a través de las investigaciones judiciales, con empresarios locales vinculados al lavado de dinero, cuando seguimos viendo que pibas y pibes de los barrios de nuestra ciudad por dos mangos salen a ejecutar a alguien o matarse entre sí, revela que ni siquiera estamos hacemos una interpretación sobre las causas que estamos atravesando con relación al narcotráfico. Y sumo la Hidrovía, cuando pedimos una discusión transparente mientras los barcos salen desde hace una veintena de años con declaraciones juradas, no hay controles de nada".

Según la legisladora provincial, quien junto a su par Agustina Donet presentó un proyecto que obtuvo media sanción para regular el uso medicinal del cannabis en la provincia, no existen anuncios referidos a la necesidad de cambiar la ley de drogas. "Esto implica una definición política pero, además, significa continuar favoreciendo una legislación que persigue y estigmatiza a las usuarias y los usuarios", planteó Peralta. 

"Es el Congreso, nuestros legisladores nacionales, quienes deben con honestidad intelectual, protagonizar un debate que nos lleve a una nueva política de drogas donde pensemos en los sujetos de derecho y no en las sustancias, donde además de cumplir con un fallo de la Corte Suprema dejemos atrás la política represiva que solamente trajo aumento de los consumos, del narcotráfico y de la violencia, clandestinidad y avasallamiento de los derechos humanos", consideró la legisladora provincial.

Consultada sobre si tuvo la posibilidad de conversar con legisladores nacionales por Santa Fe sobre la necesidad de modificar la ley de drogas, Peralta dijo que el año pasado adelantó su propuesta al diputado socialista Enrique Estévez. "Quedamos en seguir trabajando sobre estos temas con él, pero en este caso estamos apelando a todos los que representan a los santafesinos y santafesinas", amplió. 

"No atravesar esta discusión a nivel nacional implica seguir sosteniendo las economías ilegales que cada día van cobrando muertos en distintos barrios de las principales ciudades del país; hace falta un debate profundo de lo contrario es seguir tapando el sol con las manos”, concluyó.

Fuente:Rosario12


Saturación del sistema sanitario provincial

Instalarán un centro de aislamiento para los internos de la cárcel de Piñero

 

El intendente Pablo Javkin señaló que se está trabajando en ampliar la oferta de camas 

críticas en el sector público y privado y anticipó que, "sin dudas, hay que tomar medidas" 

para bajar la cantidad de contagios de coronavirus en la ciudad. 

El titular del Palacio de los Leones se reunió este martes por la mañana con las autoridad

es provinciales y esta tarde mantendrá un encuentro con el comité de expertos para 

analizar la situación sanitaria de Rosario. Posteriormente, este miércoles por la mañana, 

el intendente se volverá comunicar con el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud,

Sonia Martorano.

"Estamos trabajando en: el aumento de camas y en ver qué actividades (siempre con el 

equilibrio de la cuestión laboral y económica) en termino de reuniones sociales están 

generando algún riesgo que van a implicar tomar medidas", indicó el funcionario, en 

diálogo con el móvil de Sí 98.9.

"Esto es día a día, pero sabiendo que estamos en plena segunda ola pero con un 

horizonte distinto porque hay vacunas", aclaró el referente de Creo, y recordó que hay 

160 mil rosarinos inmunizados con la primera dosis y que para mayo se espera cubrir a 

toda la población de riesgo.

Respecto a la ocupación de camas, Javkin dijo: "Mucha gente joven, que antes no tenía 

afecciones graves, hoy está internada. La letalidad es menor, pero la ocupación de 

camas es por más tiempo".

Por último, el intendente hizo referencia a la posible implementación de restricciones en 

la circulación, similares a las que se aplicaron en AMBA y CABA: "Está claro que uno 

tiene que regular los niveles de circulación". Aunque aclaró que "la escuela debiera de 

ser lo último" en cerrarse, advirtió: "Sin dudas hay que tomar medidas".

"Estamos contando camas y eso implica tomar medidas", volvió a remarcar el funcionario

 y concluyó: "Jugamos muy finitos en relación a cómo damos tiempo a la vacunación en 

relación a la ocupación de camas".

 

Tweet de Secretaría de Salud Pública

OTOÑO Y SEGUNDA OLA

En el policlínico de PAMI II casi no quedan camas 

disponibles

La sala general, en la que se atienden adultos mayores con patologías no 

COVID, está completa. Y en la destinada a la atención coronavirus hay 

solo dos lugares


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