La lucha en Neuquén de lxs Trabajadores
de Salud Autoconvocadxs: «un manada
de elefantes que no se detiene»
Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021
Después de 40 días de paro, más de 10 cortes de ruta, más de 10 marchas, Caravanas, fotos de de la comunidad en apoyo…¡¡¡Los medios de comunicación inexistentes!!
!▪︎Más de 56hs de corte en Añelo… frío, hambre, más aprietes de distintos sectores, piedrazos, insultos….▪︎Amenazas de descuentos, sumarios, apriete de directores y jefes…
▪︎Más de 40 días de lucha, festivales, rifas, intervenciones, Audiencia pública.
▪︎40 dias de lucha y una vez más dejamos a nuestras familias por pelear por lo que nos corresponde porque el gobierno quien nos trato de Héroes hoy nos ignora.
▪︎40 dias de lucha en la cual nos exponemos a «turistas», gendarmería y policías, notificaciones, intimaciones e invitaciones pacíficas a Individualizarnos.
▪︎40 días de lucha, risas, llantos, broncas, impotencia… unión y fuerza!!!
10000 cosas que NOS PASARON en 40 días
¿Y QUE PROPUESTA TENEMOS?
☆ El fiscal general José Gerez convocó a autoridades del gobierno provincial y a representes del sector de trabajadores autoconvocados de Salud a iniciar un proceso de mediación y conciliación en el Ministerio Público Fiscal.
☆Señores, somos la primera línea, esa que aplaudían hace una año al principio de la Pandemia.
¿De verdad creen que por una MESA DE MEDIACIÓN vamos a parar?
NOOOOO!
Despertaron a un gigante que no para!!!
Basta de tomarnos el pelo! Queremos y exigimos MESA DE NEGOCIACIÓN YA! POR UN 40% al básico, por el pase a planta de compañeros…
#TrabajadoresAutoconvocados#SaludEnLucha
https://fb.watch/4OVPBeSZDe/
Con información de : Kolectivo Alpatako
Trabajadores de prensa de todo el
país comienzan un plan de lucha
con un paro de dos horas
Por Alfonso de Villalobos, Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021.
Así lo resolvió una Asamblea Nacional convocada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. El cese de tareas será el miércoles.
Un centenar y medio de trabajadores participaron este jueves de una asamblea nacional convocada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). Allí decidieron dar comienzo a un plan de lucha que comienza este miércoles con un cese de tareas de dos horas que se sostendrá con asambleas en los medios gráficos, de televisión y radios de todo el país.
El motivo principal, claro, es el salario. Es que a pesar de que se encuentran agrupados en más de un convenio, la pérdida sostenida del poder adquisitivo es patrimonio de todos y cada uno de ellos desde hace ya más de ocho años. Empezando por quienes están encuadrados bajo el convenio 541 que está negociación como aquellos que se encuentran bajo convenios particulares como en Neuquén, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
La medida y el plan de acción, si bien abarcará al conjunto, surge a partir de la negociación del convenio 541 que enfrenta a los sindicatos del interior del país agrupados en la Fatpren con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina que está integrada por prácticamente los mismos grupos empresarios quelas cámaras que negocian los otros convenios de la actividad.
Ocurre que, durante 2020 el aumento salarial acumulado en dos negociaciones semestrales llegó a alrededor de un 30% quedandomás de seis puntos por detrás de la inflación anual y sumando un 4,5% a la caída del salario real.
Ante el reclamo de una recomposición hacia atrás y un incremento que garantice superar la inflación pautada para el 2021 la parte empresaria ofreció apenas un 13% para el primer semestre del año paritario que, por el contrario, profundizaría la pérdida del poder adquisitivo incluso si se cumpliera con el dudoso pronóstico del 29% que establece el Presupuesto Nacional.
La situación de los trabajadores de prensa es tan ajustada que el reclamo que los unifica pasa, simplemente, por garantizar un salario por encima de la línea de pobreza hoy fijada en casi $60 mil. Se trata de unos $15 mil más de lo que establecen, hoy, los convenios para el neto de la categoría testigo de redactor.
En la asamblea también se pusieron de relieve otros reclamos como el pago del plus por zona desfavorable a trabajadores de la Patagonia norte tal como rige en otras actividades en virtud del costo de vida que existe en esas provincias. Pero también estuvieron presentes los reclamos frente a la pandemia como es el pedido de vacunas, el cumplimiento de los protocolos, el pago del transporte por parte de las patronales, el derecho de los trabajadores a rechazar notas que los expongan al contagio y el cumplimiento de la ley 27.555 de teletrabajo.
Por el lado de la Ciudad de Buenos Aires, el SiPreBA, que participará de la medida general, sostiene su reclamo de reconocimiento de su representación y el desconocimiento de lo dispuesto por la última paritaria sectorial firmada por la Utpba que, además de implicar un fuerte retroceso salarial, violentó el período paritario vigente desde 2012 cuando se recuperaron las negociaciones colectivas a partir de la acción de los delegados de base de los medios que, además, resultó en la fundación del propio SiPreBA.
Lo dispuesto implica que la última cuota del acuerdo 2020 llegará en el salario de julio a cobrar en agosto y que a partir de allí se abrirá una nueva negociación. Por eso reclaman el adelantamiento de al período anterior, su participación y una fuerte recomposición. Es que, según las proyecciones inflacionarias, lo acordado el año pasado implicará un retroceso del salario en términos reales, entre mayo de 2019 y julio de 2021 del 31% y, si se tomara el período de diciembre de 2016 a julio de 2021, la caída llegaría hasta el 42%.
La Secretaria General de la Fatpren, Carla Gaudensi, señaló que “es muy importante tener estas instancias de debate con los y las trabajadores de prensa de todo el país, para analizar la situación en la que estamos y ver qué plan de lucha nos damos para mejorar nuestros salarios”.
Otro de los dirigentes de la Federación y secretario General del sindicato de La Pampa, Milton Fernández, señaló a Tiempo que “fue un plenario muy importante donde 150 trabajadores y trabajadoras de prensa expusieron sus realidades. El gremio de prensa está al límite de la precarización”.
Fernández explicó que “la esencialidad para un trabajador de prensa no es un título de importancia. Para que haya libertad de expresión e información de calidad debe haber un salario que permita llegar a fin de mes. Un trabajador de prensa tiene tres o cuatro laburos”.
fuente: Tiempo Argentino
Ni en 10 ni en 20 años: ¡Basta de
pagar lo que no debemos!
Resumen Latinoamericano 11 de abril de 2021.
Invitamos a sumar aquí sus firmas organizativas y particulares a este pronunciamiento de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. Aquí está el enlace para hacerlo: https://forms.gle/HciFSQf9jLhknpzT6
Ni en 10 ni en 20 años: ¡Basta de pagar lo que no debemos!
A un año de haber iniciado esta Campaña por la Suspensión de Pago e Investigación de la Deuda, nos encontramos ante un escenario aún más apremiante.
La pobreza aumenta, la pandemia no se detiene, los signos de reactivación económica son muy débiles, sin que baje el desempleo ni suban los bajos salarios y jubilaciones.
Asistimos a una crisis ambiental que solo parece empeorar y el pago de intereses y capital sobre la deuda pública aún lleva más presupuesto que la salud y la educación juntas.
La novedad es que ahora desde el Poder Ejecutivo, el presidente Alberto Fernández ha planteado la necesidad de terminar con la impunidad del endeudamiento serial y ha denunciado las ilegalidades del último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En consecuencia, el Banco Central pidió una auditoría del acuerdo a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción, la que presentó una denuncia penal contra el expresidente Macri y funcionarios de su gobierno que se suma a las hechas en 2018 y 2019 por varios de los que hoy integran esta Autoconvocatoria, entre otres.
No obstante, el Gobierno mantiene el reconocimiento de la deuda y su decisión de pagar como parte de una política definida. ¡Es el colmo de la impunidad!
Los cuestionamientos mediáticos y jurídicos se acotan a los responsables formales locales y se acompañan con las negociaciones del Ministro de Economía en Washington y Europa, para lograr un repago en un plazo mayor, con intereses más bajos y un período de gracia.
Para hacer buena letra se restringe el gasto social, a pesar de las enormes necesidades de nuestra población.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acuerda con pagar pero denuncia que es imposible en los términos y plazos exigidos y el jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, busca un acuerdo con la oposición para asegurar que el pago sea “sostenible” políticamente.
¡NO ES NO! BASTA DE PAGAR UNA DEUDA QUE NOS ESTÁ MATANDO Y, NI SIQUIERA ES NUESTRA
A nivel popular se extiende un amplio rechazo al FMI, a la deuda y, a las políticas de sometimiento que se exigen desde el exterior para su repago. La dimensión del acuerdo con el FMI es tal que aun estirando a 20 años su pago resulta imposible cumplir e incompatible con nuestro desarrollo soberano.
A partir de 2025 los vencimientos se sumarían a la pesadísima carga de la deuda con privados restructurada sin auditoría, tornándolos todos, nuevamente, impagables.
Pagar, aunque sea a mejores términos y plazos, como se propone al FMI y como se acordó con los usureros privados o el Club de París, en 2014, no es gratuito.
La condición que exige el FMI y demás prestamistas es seguir profundizando el ajuste; consolidando el modelo extractivista y explotador; generando nuevas deudas sociales, ecológicas y financieras; subsidiando a las empresas multinacionales y grandes especuladores para obtener «inversiones» y divisas rápidas (como la licitación de las vías navegables de la cuenca del Plata, la megaminería contaminante, el fracking, las megarepresas, la agroindustria tóxica), sin medir las consecuencias.
Implica someter por décadas nuestra soberanía al FMI, a los países que lo controlan, como EE.UU., y a los grandes capitalistas que seguirán su rapiña. Es un genocidio, y ecocidio, permanente.
Tampoco es aceptable que negocie sin determinar, a través de una exhaustiva investigación, acerca del carácter ilegítimo y odioso de lo que se reclama.
La deuda exigida, los acuerdos con el FMI, son crímenes de lesa humanidad económica y de lesa naturaleza. Son deudas fraudulentas que tenemos derecho a no pagar. Así lo determinó el Juicio Popular a la Deuda y al FMI, realizado en 2020 en el marco de la Campaña.
SUSPENDER LOS PAGOS E INVESTIGAR TODA LA DEUDA
Invitamos al pueblo, a las organizaciones y movimientos populares, a seguir fortaleciendo esta Campaña para que dejemos de pagar lo que no debemos, y que se realice una investigación integral y participativa de toda la deuda para anular lo injusto y asegurar el juicio y castigo a los responsables.
Llamamos al gobierno, al Congreso, al Poder judicial, a terminar efectivamente con la Impunidad del endeudamiento y con los pagos seriales.
No hay nada que negociar con el FMI ni con el Club de París. Es más bien necesario que los crímenes de la deuda sean reparados y los préstamos fugados casi en su totalidad repatriados, así como también el oro de las reservas argentinas que Macri entregó en 2017 al Banco de Inglaterra.
Llamamos, además, a revisar la participación de Argentina en el FMI, para salir de un organismo que sigue haciéndonos tanto daño y con tanta impunidad.
Precisamos avanzar en la recuperación de nuestra soberanía financiera y la transformación económica. La deuda es con los pueblos y la naturaleza.
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
Argentina, abril 2021
PRIMERAS FIRMAS:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Eduardo Lucita, Economistas de Izquierda EDI
Claudio Katz
María de los Ángeles Troitiño, Secretaria General de la CTA Autónoma Lomas de Zamora
Juan Anzorena, Secretario General de la CTA Autónoma Almirante Brown-Presidente Perón, y Secretario General de ATE Almirante Brown – Presidente Perón
Soledad Torres, vocera territorial del MULCS
Beatriz Rajland, Corriente Política de Izquierda
Claudio Katz
Julio Gambina, CPI
Beverly Keene, Diálogo 2000/Cátedra Cultura de Paz y DDHH, FSoc/UBA
Luis Enrique Angio, Periodista
Liliana Costante, Abogada. Miembro de orgs de DDHH y la Corriente Política de Izquierda
Claudia Baigorria/CTAA/CONADU HISTÓRICA, Santa Fe
María Elena Saludas – ATTAC/CADTM, Rosario
Fernando Tebele, Periodista de La Retaguardia
Irina Santesteban, Secretaria General del Partido de la Liberación PL,Córdoba
Miguel Delgado, Partido de la liberación regional buenos aires
Norberto Señor, Secretario de Comunicación de la CTA Autónoma Lomas de Zamora, y Secretario Gremial de ATE Sur Lomas de Zamora
Leandro Ortigoza, Partido de la Liberación (PL) – Regional C.A.B.A
Susana Ancarola, referente de derechos humanos, y ex Secretaria General de ATE Sur, Lomas de Zamora
Verónica Heredia, Abogada defensora DDHH, Chubut
Ricardo Peidro, Secretario General, CTAA
Clara Isasmendi, CABA
Leonardo Del Grosso, Periodista, integrante de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, CABA
Ismael Jalil, abogado, CORREPI, Bs As
Maria del Carmen Verdú, abogada, CORREPI, CABA
Pascual Duarte, ILPS Capitulo Argentina
Maria Elisa Salgado, Sec. Gral del SUTEBA Tigre
Juan Cralos Maceiras, Opinion Socialista
Carlos Zerrizuela, Delegado Gral Frigorifico Rioplatense
Pablo Bergel, Sociólogo, exLegislador de la CABA/Verdes al SurDiálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP
Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (FPDS Corriente Plurinacional / Izquierda Latinoamericana Socialista / Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social / Movimiento 8 de Abril)
Partido Revolucionario Marxista Leninista (PRML)
Marabunta – Corriente Social y Política
Corriente Política de Izquierda (CPI)
La Carlos Chile
Asociación civil Mártires o libres Bernardo de Monteagudo, Tucumán
Tendencia Universitaria Nacional 29 de Mayo
Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe
Presidencia Confed. Latinoam. y del Caribe de trabajadores estatales CLATE, Julio Fuentes
Servicio Paz y Justicia SERPAJ
Asociación cultural IMPA La Fábrica, CABA
CORREPI
CTA-A Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma
ATTAC – CADTM AYNA /Argentina
Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares -Córdoba
Partido de la Liberación PL, Comité Central
Programa Radial «Sueños Posibles», Alfredo Grande e Irene Antinori, Buenos Aires
T.U.P.A.C (Tendencia Universitaria Popular Antimperialista y Combativa),
Bahía Blanca
Agrupación Mujeres y Diversidades Beatriz Perosio
El peligro de no tener casa cuando
«hay que quedarse en casa»
Por Ludmila Ferrer, Resumen Latinoamericano 11 de abril de 2021
Luego de la caída del decreto 320/20, el Gobierno creó un Protocolo de Alerta Temprana de Desalojos. Sin embargo, especialistas advierten que no soluciona el problema y que sólo es válido para quienes tienen sus contratos de alquiler registrados en AFIP.
Después de que terminara la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que prohibía los desalojos en el contexto de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional formalizó la creación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales. La medida, publicada esta semana en el Boletín Oficial, propone relevar la situación de aquelles inquilines que tengan sus contratos de alquiler inscriptos en AFIP y la firma de convenios con distintas entidades gubernamentales para evitar desalojos y que familias de todo el país se queden en la calle.
“Lo que confirma el protocolo es que tomaron la decisión sin conocer la situación de los inquilinos y las inquilinas en la Argentina porque tendrían que haber pedido la información antes de tomar la decisión”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN).
En diálogo con la abogada Guillermina Greco, integrante del programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó que el nuevo protocolo “no modifica demasiado” la situación de les inquilines. “El protocolo propone algunos lineamientos para relevar la situación de los inquilinos, ver cómo están compuestas sus familias, algunos criterios para priorizar las respuestas”, afirmó.
De acuerdo al texto de la Resolución 5/2021, la Secretaría de Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es la encargada de hacer el relevo de los datos de los locatarios y sus familias, el plazo del contrato, el precio del alquiler y sus actualizaciones, las condiciones del inmueble, las deudas y en qué estados se encuentran los procesos de desalojo, entre otras cosas. Sin embargo, el protocolo sólo afecta a aquellos que tengan el contrato de alquiler registrado en AFIP y eso sólo cabe para quienes firmaron dichos contratos después de la sanción de la Ley Nacional de Alquileres en junio de 2020.
“Esto lo identificamos como un problema. La realidad es que como no son muchos los contratos que están registrados en la AFIP, no tenemos números oficiales y tampoco hay datos de cuántos son los contratos de alquiler que existen en el país, ni de los registrados ni de los no registrados -sostuvo Greco-. Una parte importante de la nueva Ley de Alquileres es que obliga a registrar los contratos y eso justamente tendría que permitir empezar a contar con datos fidedignos de cuántos (inquilinos) existen y en qué condiciones”.
Según datos relevados por Inquilinos Agrupados, actualmente hay 2.400.000 inquilines endeudades; 1.249.500 hogares no pudieron pagar el alquiler de enero o lo pagaron parcialmente y 300.000 acumulan deuda de 5 meses o más. Y esto, sumado al fin de la prohibición de los desalojos, coloca en una posición vulnerable a las familias que no tienen una vivienda propia.
“No se ha creado un sistema de contención para evitar algo que está sucediendo y encima en plena segunda ola cuando la ONU recomienda suspender desalojos en todo el mundo, cuando Estados Unidos suspendió hasta junio los desalojos, cuando es una política mundial esto de quedate en casa, si tenés una casa donde quedarte”, criticó Muñoz durante una entrevista que brindó al canal C5N.
Asimismo, el Gobierno habilitó un aumento en el precio de los alquileres -que estaba congelado desde el inicio de la emergencia sanitaria- y se registraron incrementos que superaron la inflación de 2020: los aumentos más bajos se registraron en Recoleta con un promedio de 40,4 por ciento, mientras que los más altos fueron en Flores con 66,6 por ciento, seguido por Monserrat y Núñez, ambos con un promedio de 63,2 por ciento.
“La respuesta al decreto (de congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos) fue un golpe de mercado muy fuerte en un país que tiene la vivienda dolarizada y el precio del alquiler completamente desregulado”, apuntó Muñoz y recordó que la nueva Ley de Alquileres “no regula el precio, regula la actualización”, que debería ser anual y regirse por la inflación y los aumentos salariales.
El nuevo protocolo prevé, también, la suscripción a convenios de colaboración y asistencia con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio Público de la Defensa; el Poder Judicial de la Nación y/o de las Provincias; la AFIP; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; las Unidades Ejecutoras de Programas de Viviendas Nacionales, Provinciales, Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asociaciones y/u organizaciones de la sociedad civil.
“Se habla de algunos acuerdos y convenios que se van a celebrar entre distintas áreas del Estado para poder dar respuesta a los problemas de los inquilinos. Pero es eso, dar lineamientos y sentar parámetros, (el protocolo) no brinda una solución concreta general para todos los inquilinos ni algo que modifique per se la situación en la que se encuentran”, señaló la abogada de ACIJ.
La Asociación publicó una guía sobre los desalojos en la que recuerda que “un desalojo sin orden judicial es ilegal”, que se debe notificar a las personas afectadas con un “plazo suficiente y razonable” y “ofrecer asistencia jurídica”, entre otras cosas. “Los derechos valen para todos, por más que el protocolo no se ocupe de los contratos no registrados -afirmó Greco-. La obligatoriedad de las mediaciones, los procedimientos judiciales, el acceso a la defensa pública son cosas que no se pierden o no se hacen porque los contratos no estén registrados, sino que son derechos que las personas tienen”.
Fuente: ANRed
En Andalgalá (Catamarca) una
multitud marchó contra la megaminería contaminante y estalló en pueblada/
Incendiaron empresa Agua Rica y
local del PJ
Resumen Latinoamericano, 11 de abril de 2021.
Una enorme multitud de más de 4000 personas marchó por las calles de esta ciudad del noroeste para rechazar la ofensiva minera del Gobierno, que desplegó cientos de gendarmes.
El pueblo de Andalgalá, en Catamarca, protagonizó una enorme movilización de más de 4000 personas contra el intento del gobierno provincial de avanzar con la megaminería, a lo que se suma el desgaste generado por la enorme crisis social y la grave situación sanitaria, ya que esta ciudad es la segunda con más contagios en toda la provincia.
La bronca estalló luego de que el Gobierno provincial, conducido por el oficialista Raúl Jalil, habilitara el ingreso de máquinas excavadoras para comenzar las operaciones de la minera Yamana Gold en la zona del Nevado del Aconquija.
Desde hace semanas sectores ambientalistas sostienen un bloqueo en defensa del agua y exigiendo el fin del proyecto MARA, que es llevado adelante por esta empresa junto a Glencore Xstrata para explotar Agua Rica. Se trata, denuncian los ambientalistas, de una nueva violación de la Ley de glaciares.
A esta situación se sumó una nueva provocación del Gobierno provincial, que envió 300 efectivos de gendarmería a la zona, buscando intimidar, como forma de contener la situación social.
ESTALLA LA PUEBLADA
Mientras se desarrollaba la caminata número 584 por la ciudad de Andalgalá en defensa de la vida y contra el inicio ilícito del proyecto minero Agua Rica, un grupo de personas incendió las oficinas de la multinacional. Desde hace días hay una creciente movilización del pueblo rechaza el ingreso de maquinaria y el inicio de trabajos en la zona del cerro Aconquija en dónde se encuentra el único afluente hídrico. Las y los pobladores mantienen cortes selectivos contra vehículos mineros. El gobierno provincial ha reforzado la presencia policial con patrullas de Gendarmería y policía provincial.
Incendiaron las oficinas de Agua Rica en Andalgalá
No solo fue incendiada la empresa Agua Rica , sino que los daños se trasladaron a la sede del partido Justicialista, donde destruyeron el lugar.
Tras los hechos la CAMARA EMPRESARIAL emitió el siguiente comunicado:
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros condenamos los hechos de violencia y nos solidarizamos con Agua Rica y su gente, que han sufrido un atentado, en el cual manifestantes irrumpieron a sus oficinas en Andalgalá, Catamarca, y lanzaron bombas molotov.
Confiamos en que la Justicia actuará para encontrar a los culpables y que la sociedad también condenará a quienes se sienten con derecho a utilizar la violencia cuando piensan distinto, en lugar del diálogo y el consenso. Sabemos que este grupo minoritario no representa el verdadero sentir de las comunidades de la zona.
Frente a un escenario donde los argentinos debemos estar más hermanados que nunca, la industria minera pone sobre la mesa sus propuestas concretas para generar recursos y oportunidades a través del trabajo, respetando todas las normativas vigentes y redoblando sus esfuerzos para para el crecimiento de nuestra gente y del país.
Quienes apuestan a la violencia, solo ofrecen odio y discursos sin sustento real. No traen diálogo ni propuestas que permitan opciones superadoras. Frente a esto, quienes tenemos el compromiso y responsabilidades de generar alternativas de desarrollo, seguimos trabajando para que los argentinos, juntos, y más unidos que nunca, salgamos adelante.
COMUNICADO DE ASAMBLEA EL ALGARROBO
Por su parte, desde la Asamblea El Algarrobo, deslindaron responsabilidades sobre los actos violentos, aduciendo que quienes vandalizaron, eran «infiltrados de la propia policía», hecho que seguramente tendrán que justificar ante la justicia en su debido momento.
Desde El Algarrobo, se emitió el siguiente comunicado:
A la violencia del Estado Provincial el pueblo de Andalgalá responde
Ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata, el pueblo de Andalgalá expresó hoy su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social.
Más allá de que entendemos la bronca ocasionada por el inicio ilegal de las actividades de exploración avanzada que lleva adelanta MARA, ex minera Agua Rica, desde la Asamblea El Algarrobo negamos cualquier vinculación con los incidentes violentos producidos esta tarde.
Además, denunciamos públicamente a la Policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios y los ataques contra el inmueble donde Agua Rica tiene sus oficinas. ¿Dónde estaban los 60 policías que vinieron de la ciudad capital, que hasta esta tarde militarizaron la ciudad y, a la hora de los disturbios desaparecieron? Al mismo tiempo, señalamos que operadores políticos aprovecharon la situación incitando a lxs manifestantes a desplazar la violencia hacia otros puntos, acción en la que integrantes de la Asamblea actuamos para disuadirlos.
Como todo Andalgalá sabe, desde hace once años y 584 caminatas, las distintas asambleas ciudadanas, incluida la Asamblea El Algarrobo, y demás ciudadanos que rechazamos la megaminería, nos manifestamos pacíficamente por las calles de nuestro pueblo para exigir la inmediata paralización de la actividad en el yacimiento Agua Rica.
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