21 de abril de 2021
Rodríguez Larreta dijo que continuarán las clases presenciales y esperará un fallo de la Corte Suprema
El gobierno porteño solo acatará la decisión que le convenga
Imagen: Bernardino Avila
A diferencia del domingo, esta vez no hubo conferencia de prensa sino solo un comunicado donde el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta dejó en claro que no reconocerá un fallo que no sea de su conveniencia o interés. A través de un escueto comunicado señaló que "hasta que la Corte se expida, las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires continúan con el dictado de las clases presenciales". De esta manera seguirá ignorando lo dispuesto por la Justicia Federal que, mediante un fallo del fuero en lo Contencioso Administrativo, se le ordenó expresamente que suspendiera la presencialidad escolar. El comunicado del gobierno porteño dice que esperará la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Enterados, en el Gobierno Nacional sostienen que “Larreta incurre en el delito de desobediencia civil al rebelarse contra una decisión judicial". Mientras tanto, los principales gremios docentes de CABA confirmaron que seguirán de paro.
El fallo del juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, se conoció hacia el final de la tarde de ayer. Allí el juez declaró la incompetencia de la Justicia porteña en este tema y envió la causa a la Corte Suprema, dejando sin efecto la cautelar planteada por dos agrupaciones de padres y madres de alumnos cercanas al macrismo contra el DNU del Gobierno nacional que rige hasta el 30 de abril y que establece, entre otras restricciones, el dictado de clases virtuales en el AMBA. El escrito del Furnari además establece "dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021" y "hacer saber al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar la medida allí ordenada".
Desde el Gobierno Nacional expresaron que "el juez puso las cosas en su lugar al confirmar en su sentencia lo dicho por el Presidente". Además, destacaron que el escrito del juez "pone en manifiesto que los jueces de CABA nunca debieron introducirse en un tema del cual no eran competentes y que al hacerlo generaron confusión e incertidumbre en la sociedad". El fallo ahora anulado fue emitido el domingo por la noche por un tribunal porteño conformado por Nieves Machiavelli, hermana de Eduardo Machiavelli, funcionario del gobierno porteño y secretario del PRO y por Marcelo López Alfonsín y Laura Alejandra Perugini.
En ese sentido, desde Balcarce 50 expresaron que el gobierno de Larreta "basó su decisión en un fallo que constituye un estrago jurídico, la justicia porteña es incompetente para expedirse sobre un DNU que tiene carácter nacional". Opinaron que CABA debería haberse adecuado a la norma que fue promulgada en el Boletín Oficial el viernes pasado y que "la sentencia es inapelable".
La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en tanto, opinó que "el Gobierno de la Ciudad no puede decidir hacerle caso a un juez y a otro no. Pedimos mesura, volver a las decisiones templadas y sensatas que es lo que necesita la gente en estos momentos de desasosiego". Para Ibarra, el gobierno porteño debería haber actuado "conforme a la Constitución y acatar la desición del juez". "Lo que crea incertidumbre no es el fallo, sino la actitud que ha tomado el GCBA. Si ellos acudieron a la Corte, tendrían que haber esperado que ésta decida. Allí hubo en el medio dos agrupaciones de padres cercanas al macrismo que obligaron al Gobierno porteño a algo que ellos querían hacer desde el comienzo que es continuar con la presencialidad. Es todo una irregularidad enrome", puntualizó.
Con respecto a las medidas adoptadas por la Casa Rosada, señaló que "necesitamos que la gente se cuide y bajar la curva de contagios. Hoy (por ayer) hubo 3345 casos la Ciudad, lo cuál es es un número enorme. Necesitamos que el sistema de salud no desborde y vamos a seguir trabajando para que la gente se sienta cuidada". "Vamos a traer más vacunas como lo venimos haciendo, a seguir vacunando y a respetar la Constitución. Pretendemos que del otro lado exista la misma actitud porque no es un buen momento para tratar de sacar ventajas políticas", remarcó.
Colaboradores del Presidente también dijeron a este diario que no había precedentes jurídicos de lo que está sucediendo y que "siempre dicen que los DNU son para utilizar en casos de epidemias o catástrofes y este es ese caso puntual". "Estamos tratando de que la gente no se muera", aseguraron.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en tanto y como siempre, salió a avivar aún más el fuego y respaldó a Larreta. "Esto ha sido un capricho del presidente de la Nación. Mañana los chicos van a clases", dijo y agregó una errónea e intencionada interpretación del fallo de Furnari al sostener que "un juez federal no puede anularle a un juez provincial un fallo".
Poco después de que se conociera el fallo de Furnari, los colaboradores presidenciales analizaron la reacción de Larreta donde aseguraron que incurrió en "el delito de desobediencia civil" porque desconoce un fallo judicial. El Presidente, en tanto, mantuvo silencio durante toda la jornada hasta que recurrió a la red social Twitter para replicar el tuit de un portal donde justamente se sostenía esta misma tesis.
El derrotero judicial
El lunes pasado la Corte aseguró que tenía "competencia originaria" en este conflicto y ese mismo día el máximo tribunal notificó a las partes y libró oficio a la Nación para que formule sus planteos en el término de cinco días hábiles. En ese sentido, los equipos de Jefatura de Gabinete y de la Procuración del Tesoro trabajan para enviar cuanto antes la respuesta.
La resolución de Furnari se conoció luego de que la Rosada realizó una presentación en el fuero contencioso administrativo federal. Los abogados del Estado conducidos por Carlos Zannini habían planteado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la “nulidad por falta de competencia” de la resolución de la cámara porteña a favor de la presencialidad escolar. Furnari dejó sin efecto la medida cautelar que favorecía a Larreta y que el jefe de gobierno porteño decidió ignorar y se aferró a la opinión de la Procuración General porteña que le recomendó "seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad" hasta tanto el conflicto sea resuelto por la Corte.
La demanda de CABA por la coparticipación en la Corte
El Gobierno nacional anunció que no va a la audiencia
El Gobierno nacional no participará de la audiencia de conciliación a la que convocó la Corte Suprema para este miércoles a raíz de la demanda que inició en septiembre del año pasado la Ciudad de Buenos Aires (CABA) ante la modificación que redujo la coparticipación de 3,5 por ciento a 2,3 por ciento, primero por decreto y luego a través de una ley. La Procuración del Tesoro --que nuclea a los abogados y abogadas del Estado-- presentó un escrito donde señala que considera que el máximo tribunal no tiene "competencia originaria" en este asunto y desconoce el carácter de provincia de la CABA. Dice, además, que ya convocó al gobierno porteño a tres reuniones que fueron rechazadas. Apuntaba a establecer un diálogo para lograr un acuerdo entre ambas jurisdicciones en función del Convenio de transferencias de las facultades y funciones de seguridad que fue convertido en ley a fin del año pasado. En 2016 Mauricio Macri había incrementado los fondos coparticipables porteños, que originamente eran de 1,4 por ciento, por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.
A la hora de la cita suprema, establecida para las 11 de la mañana, todo indica que asistirá a la Corte algún representante letrado del Ministerio de Economía y presentará un escrito adicional donde volverá a invitar al gobierno de Rodríguez Larreta al diálogo. Este escenario de alta tensión transcurre mientras la Ciudad, además, intenta que lxs supremxs declaren la inconstitucionalidad del tramo del DNU que estableció entre las nuevas restricciones frente a la explosión de casos de coronavirus, la suspensión de clases presenciales por quince días. Hay un punto de ambos expedientes en común, que es que la CABA se presenta invocando derechos y un estatus equivalente al de una provincia, que en el Estado nacional insisten en desconocer. En ambos casos la Corte reconoció su competencia, pero en el conflicto por la coparticipación, el gobierno decidió volver a discutir ese punto pero insistió en que es la Ciudad la que no acepta pactar. Ante el fracaso de la audiencia en puerta, la Corte se vería en situación de tener que dictar algún pronunciamiento.
Rodríguez Larreta había presentado en la Corte un amparo, con pedido de medida cautelar y declaración de inconstitucionalidad del decreto 735 por el cual Alberto Fernández recuperaba un punto del monto de la coparticipación que Macri había destinado a la CABA a raíz del traspaso de la policía. El expresidente lo había llevado de de 1,40 por ciento a 3,75 por ciento. El Congreso luego aprobó una ley con la misma disposición, que también cuestionó Rodríguez Larreta. Esa norma establecía un lapso de 60 días para la negociación, que es lo que CABA no admitió. La decisión oficial se había originado después de las protestas de la policía bonaerense que llegaron a la Quinta de Olivos y fueron acompañados del argumento de la necesidad de fondos para la provincia de Buenos Aires.
La presentación de la Procuración del Tesoro dice: "la competencia originaria de esta Corte es restringida y se halla circunscripta, en lo que aquí interesa, a los casos en los que una provincia sea parte, y la Ciudada Autónoma de Buenos Aires no es una provincia; la conclusión lógico jurídica ineludible para el silogismo es que la ciudad no goza de la prerrogativa de llevar a juicio a la nación ante el Máximo Tribunal en instancia originaria"; a eso agrega que "los señores Ministros del Interior y de Economía de la Nación invitaron al señor jefe de gobierno" porteño "a una reunión preliminar con el objetivo de definir los lineamientos del proceso de diálogo entre ambas jurisdicciones..." Ahora habrá que ver qué dice la Corte.
Ya se hicieron 21 mil dosis y, con el OK del Instituto Gamaleya, se producirá el primer millón en junio
Todos los detalles del acuerdo para fabricar la Sputnik V en Argentina
Argentina dio un paso gigante en el camino de la producción de vacunas. El Laboratorio Richmond fermentó, formuló, filtró y envasó unas 21.000 dosis de Sputnik V, dosis 1 y dosis 2, de las que se sacó una muestra para realizar el control de calidad en Rusia, en el Instituto Gamaleya. El proceso de validación de lo hecho en Argentina tardará entre dos y tres semanas, y el proceso consiste en que de Rusia viene el elemento activo de las vacunas y aquí se hace toda esa compleja etapa final. Según el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF por sus siglas en inglés), el Instituto Gamaleya, el Laboratorio Richmond y la Casa Rosada, si las cosas salen correctamente, se podría arrancar con la producción masiva en junio.
Las cantidades se están negociando en Moscú con la participación de la asesora presidencial Cecilia Nicolini y el titular del Richmond, Marcelo Figueiras, pero el empresario sostuvo que se arrancaría con un millón de dosis mensuales en junio y el objetivo es llegar a cinco millones.
En el gobierno manejan la noticia con prudencia porque las cuestiones biológicas no son sencillas en cuanto a tiempos y resultados. El proyecto y el fideicomiso para la producción se llamarán Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino (VIDA), pero la vacuna seguirá denominándose Sputnik porque es la marca registrada.
Proceso
El gobierno de Alberto Fernández apostó de entrada a la vacuna Sputnik V, denostada por la oposición, y que se convirtió a nivel internacional en una de las más valoradas. La iniciativa fue del mandatario, de Cristina Kirchner, Carla Vizzotti y Nicolini. La base fue la buena relación entre CFK y Vladimir Putin, pero luego Alberto Fernández logró anudar todo el acuerdo. La acción clave fue la aprobación de la Sputnik V por parte de la Anmat y el Ministerio de Salud lo que significó un espectacular espaldarazo para el Instituto Gamaleya y para la Sputnik. Cuando Argentina convalidó la vacuna sólo lo había hecho Bielorrusia, de manera que, pese a las presiones geopolíticas, se dio un paso audaz y trascendente. Hace apenas 90 días, Juntos por el Cambio hablaba del envenenamiento que produciría la vacuna y la histeria opositora sólo la frenó la publicación de The Lancet en enero. Hoy en día, está establecido que la Sputnik V tiene una efectividad de casi el 95 por ciento.
Mucho antes de la publicación en The Lancet,, en noviembre de 2020, los científicos del RDIF estuvieron en Argentina y empezaron a sondear las posibilidades con varios laboratorios del país. El elegido terminó siendo Richmond. En ese momento se hizo una inspección del laboratorio y las autoridades del Gamaleya quedaron conformes. En general, la industria farmacéutica y la ciencia argentina tienen un reconocimiento internacional, de manera que ese fue un puntapié inicial para los acuerdos. Con impulso del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, el titular de Richmond viajó a Moscú y ahí se empezaron a cerrar los acuerdos.
En febrero de este año, Alberto Fernández estuvo en el laboratorio en una visita oficial y muy pocos días después, el 26 de febrero, Richmond anunció en la Bolsa que se suscribió en Moscú un Memorándum de Entendimiento con el Instituto Gamaleya y el RDIF para la fabricación de Sputnik en la Argentina. En ese marco hubo un compromiso de construir una nueva planta en Pilar para realizar todo el proceso, aunque se avanzaría mientras tanto en las instalaciones disponibles.
Pasos
En los primeros días de abril vino de Moscú un cargamento con el elemento activo de la vacuna, el antígeno, con el que se trabajó en secreto para que Richmond pudiera mandar las muestras. Ese material está ahora en el Instituto Gamaleya que lo someterá al control de calidad que tarda entre dos y tres semanas.
El proceso que se realizó -y se realizará- en Argentina no es nada sencillo:
*El elemento activo de la vacuna viene congelado, a unos 60 grados bajo cero. De manera que un primer paso es el descongelado.
*El segundo paso es equilibrar la sustancia en cuanto a su nivel alcalino. Se disuelve en agua esterilizada.
*Todo se debe filtrar después para liberar el líquido de bacterias y virus.
*Una vez rellenado cada vial (frasco que contiene varias dosis), hay un control de calidad, tanto de cada vial como del contenido. Se retiran muestras para realizar cultivos y se verifica que los viales no estén rayados y que el cierre y el sellado sea perfecto.
*Lo que se verifica con las muestras es la seguridad y la efectividad de la vacuna y se chequea la inexistencia de fibras y partículas negras que pueden quedar de los filtros.
*Cada vial es fotografiado para que haya una trazabilidad registrada.
Todo este proceso es el que, a la inversa, realiza AstraZeneca en Argentina y México. En Garín se fabrica el elemento activo en el laboratorio mAbxience de Hugo Sigman. En México, en el laboratorio Liomont, se hace el proceso final. Una diferencia es que AstraZeneca exige que los filtros sean norteamericanos, muy sofisticados, y USA prohibió la exportación durante dos meses. Eso atrasó todo el proceso. Pero lo más grave es que AstraZeneca sigue sin informar cuándo llegan las primeras dosis. A la ministra Vizzotti le informaron que 900.00 estarán en Ezeiza antes de fin de mes y 3.500.000 en mayo.
Etapas
Durante la semana pasada, hubo una visita confidencial a la planta de Richmond. Estuvieron la ministra Vizzotti y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Hubo un compromiso de confidencialidad pero ahí se hicieron las primeras fotos de los envases hechos en una planta alquilada de Malvinas Argentinas y en la planta que Richmond tiene en Pilar.
Este martes, el laboratorio informó formalmente a la Bolsa que produjo el tramo final de la Sputnik, que se enviaron las muestras congeladas para el control de calidad y que está en marcha el proceso de firmar los contratos de provisión del elemento activo que le permitirá multiplicar la producción.
En Richmond explicaron: "es un proceso que vamos a ir escalando: empezaremos con un millón de dosis mensuales en la planta pequeña que tenemos hoy, hasta que terminemos de construir la que anunciamos, que demorará alrededor de un año. E iremos aumentando hasta llegar a los cinco millones de dosis por mes”.
Lo que se creó fue un fideicomiso, es decir una inversión específica para la producción de la Sputnik. El fideicomiso lleva el nombre de Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino (VIDA) y con la inversión se pone en marcha todo el proceso e incluso la construcción de la nueva planta. Los contratos se están firmando en Moscú y la marca de la vacuna seguirá siendo Sputnik porque es la marca registrada a nivel mundial, específicamente en los 60 países en los que ya está autorizada.
El comunicado oficial, emitido por RDIF dice textualmente: "Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología para Laboratorios Richmond; el primer lote producido será entregado al Centro Gamaleya para el control de calidad del medicamento. Está previsto que la producción a gran escala de Sputnik V en Argentina comience en junio".
En la Casa Rosada mantenían este martes la cautela. Consideran que son pasos gigantes, pero que los procesos científicos pueden tener dificultades. La idea es que la vacuna que salga del laboratorio bonaerense no sólo se pueda aplicar en el país sino en todos los países vecinos y que es un proceso que dará frutos en poco tiempo. Sin embargo, la batalla actual, con casos en brutal aumento y un sistema de salud agobiado, se da en otro terreno: disminuir la circulación de personas y por la tanto la circulación del virus; disponer de más camas y descomprimir las terapias intensivas, pero sobre todo aplicar los millones de vacunas que llegaron en estos días y que seguirán llegando. Son batallas que se dan con la oposición remando ferozmente en contra, como hicieron con la Sputnik V.
El informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia
Espionaje ilegal: El gobierno de Mauricio Macri espió a 354 personas y a 171 organizaciones políticas
Durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión al mejor estilo de las prácticas mafiosas. Así describió al gobierno de Mauricio Macri la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, después de casi un año de bucear en las cloacas de la democracia, como las definió el presidente Alberto Fernández. El informe, producto de testimonios recabados por la Bicameral y del relevamiento de causas judiciales, sostiene que durante la administración Macri se espió a 354 personas y a 171 organizaciones y partidos políticos.
El plan de espionaje, diseccionado por la Bicameral, fue “diseñado con premeditación y alevosía, y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial avasallaron a cientos de ciudadanos”, sostiene el dictamen firmado por la mayoría de los integrantes de la comisión. Por ello, el cuerpo reclamó que se cree una comisión investigadora que coadyuve a dilucidar los verdaderos responsables de la inteligencia ilegal, sugerencia que reactivará el debate sobre una comisión parlamentaria para revisar lo actuado por el Poder Judicial.
“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”, dice el reporte, que resalta que hubo una persecución de aquellos considerados disidentes desde el gobierno de Macri --en un sentido tan amplio que, por ejemplo, incluía a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan--. “Se impone, así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado en la República Argentina”, reclama.
El trabajo fue discutido esta mañana en la reunión de la Bicameral y se hizo recién público a las 18 por decisión de los integrantes del cuerpo parlamentario. La minoría, representada por Juntos por el Cambio, no se pronunció sobre el espionaje y sostuvo que la comisión carecía de facultades para llevar adelante la investigación, que representaba una persecución contra el gobierno anterior. Curiosamente, Cristian Ritondo, uno de los firmantes del dictamen de minoría y presidente del bloque del PRO en Diputados, no hizo esas objeciones cuando participaba en la toma de testimonios a exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Dentro de los espiados están desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal opositora a Macri, hasta el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien la Bicameral no hizo pública la nómina de víctimas, desde ese organismo informaron a este diario que se comunicarán individualmente con las personas que fueron seguidas o vigiladas por distintos organismos durante el macrismo. Las organizaciones espiadas incluyen desde agrupaciones políticas hasta comedores populares, pasando incluso por Cambiemos.
La coordinación
“Este espionaje ilegal, en términos operativos, se instrumentó a través de agentes regulares de la AFI, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con acciones abiertamente ilegales o enmascarados bajo supuestas órdenes judiciales. También contó con la colaboración de agentes irregulares vinculados a dicho organismo y al Ministerio de Seguridad de la Nación y un nicho de magistrados de la justicia federal”, sostiene el informe de la Bicameral.
Para los integrantes de la comisión, el vértice de la coordinación estuvo ocupado por la llamada “mesa judicial”, que actualmente investiga el fiscal federal Franco Picardi. Estos actores que habrían estado abocados al plan de inteligencia ilegal se valieron, según la Bicameral, de un método: el lawfare o la guerra judicial contra la política y los movimientos populares. “La información de interés, así obtenida, era producida y entregada con el fin de manipular a la opinión pública a través de la utilización de periodistas que, a la vez, se sirvieron de aquellas en un cuestionado libre ejercicio de la libertad de prensa al amparo de la protección constitucional del secreto de sus fuentes de información”, detalla.
Las estrategias para el espionaje fueron variadas, afirman en el informe:
* La interceptación indebida de comunicaciones a través de la apertura de causas o de precausas --como sucedió en el caso de Oscar Parrilli y que sirvió para diseminar sus conversaciones con CFK--.
* La instalación subrepticia de receptores de audio y video en las salas de abogados en las cárceles donde estaban detenidos los presos kirchneristas. Estos procedimientos se realizaron --según se acreditó en la justicia federal de Lomas de Zamora-- tanto en el penal de Ezeiza como en la alcaidía bonaerense de Melchor Romero, donde, según declararon un par de espías, planeaban llevar detenidos a Hugo y Pablo Moyano.
* La infiltración en organizaciones sociales --como surge de la investigación llevada adelante por el juez Alejo Ramos Padilla sobre las llamadas bases AMBA de la AFI.
* El seguimiento de personas. De esta práctica hay múltiples ejemplos en la causa de Lomas de Zamora, que van desde la vigilancia a CFK hasta la desplegada sobre Rodríguez Larreta, Graciela Camaño, Nicolás Massot, Emilio Monzó e incluso la hermana menor del expresidente, Florencia Macri, y su pareja, Salvatore Pica.
* La observación fílmica y fotográfica in situ, como quedó en claro con el espionaje en el Instituto Patria.
* La utilización de cámaras del Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad, a las que accedían los agentes de la AFI, por ejemplo, con ocasión de las cumbres mundiales del G20 y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
* El ingreso no autorizado a bases de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o de la Dirección Nacional de Migraciones,que investiga el juez federal Sebastián Ramos en Comodoro Py.
Una serpiente de varias cabezas
Para la Comisión Bicameral, el espionaje se hizo a través de distintas células armadas para ese fin y, por eso, sostienen que hubo premeditación y alevosía. “Se creó una estructura estatal paralela y clandestina: una verdadera organización mafiosa”, se lee en el informe.
Parte de esa estructura paralela se conformó usando a la Policía de la Ciudad, la fuerza creada por el propio Macri. Los ya célebres agentes Súper Mario Bros fueron reclutados desde esa institución por el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra, procesado en Lomas de Zamora por el juez Juan Pablo Augé. El reclutador fue Jorge Sáez, conocido como “El Turco”, que integraba la Policía de la Ciudad después de haber pasado varios años por el área de inteligencia del SPF. Los Súper Mario Bros funcionaron incluso por fuera de la estructura edilicia de la AFI: les alquilaron un departamento en el barrio de Mataderos que usaban como base y que llamaban “la cueva”.
Lo mismo sucedió con Marcelo Sebastián D’Alessio, un inorgánico de los servicios, e incluso con el llamado Proyecto AMBA, a partir del cual se crearon seis nuevas bases en provincia de Buenos Aires para dedicarse al espionaje político en 2017 --un año clave que marcaba el regreso de CFK a la contienda electoral--. Con esas seis nuevas bases, que se desarmaron para diciembre de ese año, se triplicó la presencia que la exSIDE había tenido históricamente en territorio bonaerense.
“Las células paralelas eran una serpiente de varias cabezas que luego se fundían en la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia --que asumiera con el gobierno de Mauricio Macri-- cumpliendo cada una de las fases del ciclo de inteligencia: recolección, procesamiento, análisis, diseminación, planificación y dirección de datos”, sostienen en el informe.
“Debido a que existieron operaciones en calle que vulneraron la Ley de Inteligencia Nacional y, por supuesto, el Plan de Inteligencia Nacional, es menester que el árbol no nos impida ver el bosque-- reclaman los integrantes de la Bicameral--. El objetivo debe ser responsabilizar a quienes generaron las hipótesis que dieron lugar a la operación en la calle, y a los receptores de la información, y no en cambio a los agentes que llevaron a cabo esa tarea. Así debemos preguntarnos: ¿quién es el receptor último de esa información de inteligencia? El presidente de la Nación”, concluye el informe con una campanada directa hacia Macri.
El Gobierno presentó nuevas líneas para construcción y refacción
Créditos para vivienda al alcance del bolsillo
Imagen: NA
"Hay que terminar con ese fantasma de los créditos que se indexan vinculados a la inflación y al dólar", sentenció el presidente Alberto Fernández durante el lanzamiento de 87.000 créditos para la refacción y construcción de viviendas, con montos de hasta 4 millones de pesos a tasa cero, en un acto junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.
El anuncio se da en el marco del Programa Casa Propia - Construir Futuro, una de las primeras propuestas que el ministro Ferraresi presentó al mando de la cartera y se encuentra en vigencia desde diciembre del año pasado. Tanto Fernández como Ferraresi remarcaron el mecanismo de ajuste por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución de los salarios para "que no sea el sistema financiero el que defina si una persona puede tener una propiedad, sino el salario", remarcó Ferraresi.
Fernández se refirió a los deudores de créditos UVA: "Sabemos que queda pendiente resolver el problema de los que entraron en créditos y tienen muchos problemas para pagarlos; no nos olvidamos de ellos y trabajamos para ver qué solución poder abordar", y mencionó que el Gobierno sabe que debe ayudar a los que están alquilando y buscarles una solución.
Refacción y Construcción
El Programa ofrece 65.000 créditos personales para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas, y 22.000 para construir viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio para todos y todas los argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país entre 18 y 68 años.
* Refacción
Los 65.000 créditos para refacción de las viviendas se otorgan con un plazo de hasta tres años a tasa cero con el capital actualizado con la fórmula Hog. Ar, que se rige por el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Indec. Además, se otorgarán tres meses de gracia para comenzar a desembolsar las cuotas. El ajuste por salarios garantiza que no supere el 25 por ciento de los ingresos.
Los salarios juegan un rol central en la asignación de los préstamos. Dentro de esta línea, 40.000 serán por un monto de 100.000 pesos y cuotas de 2.882 pesos para quienes cuenten con ingresos entre 1,16 y 8,10 salarios mínimos. En tanto, habrá 25.000 créditos por 240.000 pesos, cuya cuota será de 6.917 pesos. Los desembolsos serán destinados 50 por ciento a la compra de materiales y el resto al pago de mano de obra, y las compras deben hacerse con tarjeta de débito.
* Construcción
"En nuestros barrios, nuestros pueblos y los lugares de donde venimos, la primera casa que se hacía era en el patio del fondo o arriba de la casa de nuestros viejos", indicó Ferraresi al explicar el destino de los 22.000 créditos disponibles restantes: serán para quienes cuenten con un lote y deseen construir una vivienda nueva. En ese caso, el monto será de hasta 4 millones de pesos, con plazos de entre 10 y 30 años.
Dentro de esta linea, los requisitos son que las viviendas construidas no podrán superar los 60 metros cuadrados de superficie en el lote propio o en el terreno de algún familiar directo. El financiamiento, al igual que para refacción, es a tasa cero con el capital ajustado por la fórmula Hog.Ar. Podrán acceder al beneficio quienes cobren más de dos salarios mínimos: desde 2,48 SMVM (53.568 a marzo 2021) y hasta un 8,10 del SMVM (175.000). El Ministerio cuenta con modelos de vivienda para acotar los plazos de ejecución.
* Requisitos
El trámite se realiza vía web. Además de ser argentino o extranjero con residencia permanente, debe contar con DNI vigente; sin antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses; doce meses de antigüedad laboral y obtener ingresos para la construcción entre 53 mil y 175 mil pesos, o entre 25 mil y 175 mil pesos para la línea refacción.
El principal objetivo de este Programa es darle entidad a la vivienda como un derecho y a la construcción como parte indispensable del proceso productivo. "El Programa en su conjunto propone erradicar el concepto de vivienda social y sustituirlo por el de vivienda digna, de hogares donde todos y todas tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse", explicó Ferraresi.
La Comisión Bicameral de Inteligencia pide investigar el rol de magistrados
Espionaje ilegal: La complicidad de los jueces, los medios y los espías
Luciana Bertoia
La articulación con el Poder Judicial es una de las tres patas en las que se asentó el mecanismo de vigilancia y persecución descrito por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en su informe sobre el espionaje durante el macrismo. El otro sostén fue el mediático. Desde el Congreso reclaman que ahora es tiempo de investigar la connivencia entre servicios y magistrados.
Entre 2016 y 2019, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) intervino en 85 expedientes judiciales. Lo hizo tanto en causas como en las llamadas pre-causas, que es una prerrogativa que tiene la Agencia para pedir interceptar comunicaciones cuando hay una amenaza contra la seguridad nacional. No fue justamente para lo que se usó el instituto durante la gestión de Gustavo Arribas, según lo documentado por la comisión que preside el diputado Leopoldo Moreau.
La actividad más importante de la AFI en las causas se registró entre 2016 y 2017. En el primer año de la gestión de Macri intervino en 30 causas y en 13 pre-causas. En el segundo, bajó a 23 actuaciones requeridas por la Justicia y a 4 en las que la propia exSIDE pedía pinchar los teléfonos. En 2017 fue casualmente cuando las comunicaciones de Cristina Fernández de Kirchner empezaron a llenar la programación de los canales de televisión, pero no todo se quedó allí.
Los audios de CFK salían de las escuchas que la AFI pidió hacer sobre el teléfono del actual senador y exdirector general del organismo Oscar Parrilli. Lo hizo con excusas variadas. En primer lugar, que Parrilli podía ser responsable de la desaparición de material de la Agencia o que podía apañar a Ibar Pérez Corradi, que era buscado por el triple crimen de General Rodríguez. Lo que logró acreditar la Bicameral es que los expedientes se iniciaron en simultáneo y que los períodos de escucha sólo se distanciaron entre uno y otro por 25 días. Parrilli era un actor clave para acceder a las conversaciones de CFK mientras proliferaban las causas judiciales contra la expresidenta.
Para ser víctima de la AFI no hacía falta ser la dirigente política opositora más importante --como en el caso de CFK--, sino que sólo era necesario tener alguna cualidad que despertara el interés de los espías. Eso sucedió con la modelo Florencia Cocucci, que había viajado con el fiscal Alberto Nisman a Cancún. Cocucci denunció en simultáneo que recibía amenazas. Lo curioso fue que para pedir la intervención del teléfono de ella dijeron que podía estar involucrada en una célula yihadista que planeaba un atentado.
Una relación más estable
Con ribetes tragicómicos, las escuchas fueron una bisagra aceitada entre el submundo del espionaje y el mundo de los tribunales. “A partir de las filtraciones de los audios de conversaciones privadas se pudo establecer que, entre una pre-causa y la promoción de una causa penal se había montado una vigilancia perfectamente articulada y monitoreada por la justicia federal y la AFI”, afirma el informe de la Bicameral.
La cara más conocida de esa calesita entre el mundo de las escuchas y el de los tribunales es la del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, que estuvo hasta el año pasado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). Otra de las caras conocidas, pero vinculada a la organización paraestatal de espionaje --al decir del juez Alejo Ramos Padilla -- fue el fiscal federal Carlos Stornelli.
La Bicameral sostiene que no sólo los medios de comunicación hegemónicos distribuyeron los audios que se tomaban en las causas sino que la propia agencia pública Télam participó de la difusión. Lo hizo desde el 23 de enero de 2017, bajo el título “Se viralizó un audio entre la ex Presidenta y Parrilli, difundido por Majul”. El escenario se repitió al año siguiente. El período de difusión de escuchas se inició el 19 de febrero de 2018. Fue un regalo de mal gusto para el cumpleaños de CFK, que se repitió al día siguiente y el 23 de ese mes.
La Bicameral estuvo abocada al análisis del funcionamiento de la DAJuDeCO durante el año pasado. Además, creó una subcomisión de Espionaje Ilegal --que es la que estuvo dedicada a la confección del informe de 377 páginas-- después de que el exsubsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa durante el macrismo, José Luis Vila, fuera a denunciar que él mismo había sido víctima de la inteligencia ilegal. Desde entonces, la comisión recibió 24 declaraciones: 16 de integrantes o exintegrantes de la AFI, dos de integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dos de abogados de los familiares del ARA San Juan, una del abogado Alejandro Rúa que denunció el espionaje penitenciario y dos de funcionarios del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.
¿Qué hacer?
“Se llevó adelante un plan sistemático ideado en lo más alto del gobierno nacional que consistió en la violación de elementales derechos humanos y la persecución de ciudadanos argentinos por el solo hecho de su pertenencia política”, afirman los integrantes de la Bicameral en el informe. “Nada de lo sucedido era ajeno al Gobierno”.
Para evitar que vuelva a suceder algo parecido, los legisladores ofrecieron una serie de recomendaciones, vinculadas a incrementar el control parlamentario de la actividad de inteligencia:
* Modificación de la Ley de Inteligencia. La interventora Cristina Caamaño trabajó en un texto junto con expertos. Una modificación sustancial de la gestión de Alberto Fernández fue la prohibición de que los agentes participen en investigaciones judiciales.
* Control en tiempo real por parte de la Bicameral.
* Fomentar la capacitación de los agentes. Desde la Comisión sugieren que la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) quede bajo control del Congreso.
* Estimular los mecanismos de denuncia y facultar a la Bicameral para relevar a los agentes del deber de guardar secreto. Fueron varios los integrantes de la AFI --incluso el último director operacional de Contrainteligencia del macrismo, Martín Coste-- que dijeron que no podían denunciar porque las áreas de control interno estaban bajo control directo de amigos o familiares de Arribas.
* La sugerencia más fuerte es la que llama a crear una comisión investigadora de lo sucedido, porque se entiende que las investigaciones judiciales tienen límites. “El Poder Judicial llevó a cabo un análisis que implicó aplicar los tipos penales de la Ley de Inteligencia, pero no se concentró en investigar el origen del plan sistemático de inteligencia ilegal”, sostuvieron.
Eximen el pago del tributo a 1.267.000 asalariados
Alberto Fernández promulgó la ley de modificación al impuesto a las ganancias
Imagen: Guadalupe Lombardo
Los beneficiarios son aquellos trabajadores con ingresos de hasta 150 mil pesos y jubilados que perciben hasta ocho haberes mínimos. Este esfuerzo fiscal de 48.000 millones de pesos permitirá la recomposición del poder adquisitivo de ese sector de la población e estimulará el consumo en el mercado interno.
La vigencia de la ley será retroactiva a enero de 2021, por lo que los beneficiados recibirán una devolución de los montos retenidos de más en el período entre principios de año y el momento de entrada en vigencia de la ley.
La norma promulgada también establece que el aguinaldo queda excluido del pago del impuesto a las ganancias, a la vez que se elimina el tope de edad para deducir a los hijos o hijas por discapacidad. Asimismo, la ley incorpora una perspectiva de género y amplía la deducción al concubino o concubina, cualquiera fuera el sexo.
“Es un día importante para el Gobierno y para todos nosotros porque estamos poniendo en orden algo de lo que no hablamos tanto en la campaña, pero que sabíamos que teníamos que ordenar. Era poner orden al Impuesto a las Ganancias que afectaba a un montón de gente que simplemente vivía de un salario y que en verdad no tenía la característica de tener fortunas o tener riquezas como para estar pagando Ganancias y silenciosamente trabajamos para que ese impuesto tenga una condición progresiva distinta”, señaló el presidente.
Fernández puntualizó que “dejan de pagar el impuesto 1.267.000 trabajadores y jubilados". Destacó que se trata de “un esfuerzo fiscal muy importante que nos significa más de 40.000 millones de pesos pero también parte de este esfuerzo que el Estado hace dejando de percibir este impuesto lo estamos corrigiendo haciéndole pagar el impuesto a los que más tienen, una nueva reforma que la Cámara de Diputados tiene bajo su tratamiento en ese momento”.
El presidente agregó que “estamos haciendo más progresivo el sistema impositivo para que paguen más los que más tienen, paguen menos los que reciben recursos sólo de un salario. Me parece que este paso que estamos dando es muy importante en favor de la justicia social”.
En la normativa, también se exime al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre, mientras se excluye del impuesto la provisión de herramientas educativas para hijos. La ley también establece una exención específica para el pago de suplementos particulares del personal militar.
La promulgación se hizo junto al lanzamiento de 87.000 créditos para la refacción y la construcción de viviendas nuevas en todo el país, en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
También participaron los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y de Interior, Eduardo de Pedro; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los legisladores Anabel Fernández Sagasti, Cristina Alvarez Rodríguez y Mariano Recalde, además de intendentes del conurbano bonaerense.
Reuniones del Gobierno, alimenticias y supermercados
Negocian una canasta de precios accesibles
Con la mirada puesta en calmar las aguas de los precios de los alimentos, el Gobierno empezó a avanzar en un acuerdo con empresas de alimentación que podría redundar en una canasta de productos accesibles, a precio acomodado y con llegada a todos los comercios. La iniciativa empezó a dialogarse con grandes supermercados y dueños de fábricas de alimentos el lunes a última hora y en la tarde de este martes.
Lo que pareció para algunos una sorpresa, es en realidad el inicio de uno de los puntos que se listaron en las medidas contra la inflación que dictó el Ejecutivo la semana pasada, en la que se incluyó además el monitoreo a las exportaciones de productos sensibles como la carne vacuna. Además de un perfeccionamiento de las inspecciones a comercios con trabajadores de la AFIP.
La convocatoria realizada por la secretaría de Comercio incluyó a un pelotón de firmas que van desde Arcor y Las Marías a Unilever, Mastellone, La Virginia y buena parte de los socios de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal). También hubo charlas con el sector comercial, grandes superficies y comercios de proximidad.
Estos últimos eslabones son una elección nada casual: a hoy, el Gobierno tiene bien monitoreada la marcha de aumentos en el canal moderno (los grandes supermercados), pero le resta cubrir una realidad menos formal, la del canal tradicional (super chinos, almacenes y comercios de proximidad). Por eso, esta "selección de productos específicos" en la que se trabaja estará presente en esos locales, en los cuales la picardía empresaria decidió depositar las subas más fuertes.
Fuentes oficiales aseguraron a Página I12 que no se busca masividad y variedad, dado que para eso está Precios Cuidados, sino un grupo más reducido de productos pero que esté en todos los locales a un precio módico. "Representatividad" es la palabra que utilizan en despachos oficiales para remitir a lo que se está armando, aún sin fecha de implementación.
La zanahoria para los empresarios es que, si la alternativa prospera, se federaliza y los precios se mantienen, se podría empezar con un descongelamiento más velóz de Precios Máximos, la eterna queja de los ceos de la alimentación. Naturalmente, al sector privado le parece un cambio justo, pero se verá recién cuando se llegue a instancias definitorias.
La lista en la que se piensa
¿En qué tipo de canasta piensa el Gobierno? En una que tenga entre 50 y 100 productos y que no necesariamente se vendan juntos. Eso garantizaría un muestreo amplio de productos básicos que tienen que bajar de precio y no subir al menos en meses. Ese número es bastante menor a los productos que se incluyen en el muestreo de Precios Cuidados y Precios Máximos. Pero le garantizan al Gobierno una referencia y una oportunidad en los canales más informales, en los cuales es costoso tener información on line de precios y cantidades pero sí pueden ser monitoreados por inspectores para garantizar cumplimiento.
Además, en el caso de las variantes de Máximos y Cuidados, se comercializan en algo más de 2000 bocas de expendio del canal moderno, los grandes comercios, lo que permite un alcance moderado que se acentuó con los cambios de tendencia en el consumo masivo: en tiempos de pandemia, la gente se inclinó por comprar en locales de proximidad y comercios barriales, antes de ingresar a grandes superficies comerciales.
En este escenario, en el ministerio de Desarrollo Productivo están siguiendo los movimientos de precios y además marcaron la cancha con un pedido de que no vuelvan a ocurrir las puestas en góndola de productos "creativos" para evadir controles, por los que varias empresas recibieron sanciones. Y aclararon que la salida al tema precios debe ser colectiva para que la economía no se resienta.
Para el Ejecutivo, la observación de los valores de los alimentos es clave. En el ministerio de Economía esperan que en abril haya una baja en el índice general en relación a marzo, donde el alza fue de 4,8 por ciento. Pero pretenden que además de lo que caiga por baja de subas estacionales, como fueron los colegios el mes último, también haya una retracción en los precios de la canasta básica. El Gobierno entiende que abril, que empezó en la primera semana con números al alza, sea el primer mes de un proceso de desaceleración que confluya en variables más lógicas.
La debilidad de la hipótesis del homicidio
Caso Nisman: la justicia postergó la testimonial de los espías que trabajaron cuando murió
Imagen: NA
La justicia postergó la declaración testimonial de los espías y exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que estaban operativos el fin de semana en el que murió Alberto Nisman. La postergación tendría que ver con el DNU presidencial, o sea como medida preventiva ante la covid, aunque también dicen que hubo problemas en las citaciones. Las declaraciones se producen seis años y tres meses después de la muerte del fiscal, lo que demuestra que no han encontrado una sola prueba del supuesto comando que --según la hipótesis del aparato judicial y del macrismo-- mató a Nisman.
Ante la ausencia de evidencias, quien encabeza la investigación, el fiscal Eduardo Taiano, sale a lo que se conoce en el argot judicial como “una excursión de pesca”, es decir preguntarles a los agentes si saben algo y qué estaban haciendo ese día. Los grandes medios se hicieron eco de la existencia de un agente que el 18 de enero de 2015, el día que apareció el cuerpo del fiscal, estaba en el mismo lugar que el informático Diego Lagomarsino, el que le prestó el arma a Nisman. Ahora se sabe --y se supone que eso declarará-- que el agente vivía desde hacía cinco años en el mismo complejo que Lagomarsino.
Covid
La postergación de las declaraciones es curiosa pero razonable. El aparato judicial, aliado del macrismo, expresa de hecho que los chicos pueden ir al colegio sin problemas violando el DNU presidencial, pero, por el contrario, respetando el DNU, no corresponde que vayan a declarar los espías. Algo parecido, pero aún más grotesco, fue el fallo de la llamada Cámara Amarilla, la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña, cuyos tres jueces le dieron el vía libre a Horacio Rodríguez Larreta para saltearse el decreto con la presencialidad en las escuelas. Claro que lo hicieron por zoom y hasta la firma fue digital. De manera que no tienen problema en mandar los chicos a clases, pero ellos se preservaron, como corresponde.
Agujero
En más de seis años, la justicia no pudo encontrar ni una evidencia de que a Nisman lo hayan matado. No existe siquiera una hipótesis de cómo alguien entró al edificio, se metió en el departamento cerrado por dentro y entró y salió del baño cuya puerta estaba bloqueada por la cabeza del fiscal. Todo, sin dejar una huella, una pisada ni un mínimo rastro. Lo que mantiene con vida artificial al expediente es una pericia trucha realizada por la Gendarmería Nacional, por entonces conducida por Patricia Bullrich, sin el menor fundamento y marginando a todos los peritos de parte.
Ese estudio concluyó que en el edificio Le Parc hubo un homicidio perpetrado por un comando, con tres sicarios que entraron al baño. El trabajo fue tan grotesco, con conclusiones falsas sobre la muerte, que cualquier revisión seria produciría un naufragio de toda la causa. El aparato de Comodoro Py evita cualquier cuestionamiento, al punto que se le negó a los abogados de Lagomarsino --Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro-- el pedido para que declare que analizó las manos de Nisman. El especialista hubiera sostenido que de ninguna manera se puede descartar que el propio fiscal haya disparado.
Lo cierto es que ante la ausencia de pruebas, el fiscal Taiano “sale de pesca” a ver si alguno de los agentes o exagentes de la AFI sabe algo.
Autorización
Como se sabe, cualquier espía requiere autorización del Poder Ejecutivo para declarar en una causa judicial, bajo juramento de no mentir, y revelando su actividad que, legalmente, es secreta.
En total, la idea del fiscal Taiano es citar a 89 agentes, cifra que proviene de quienes hablaron por sus celulares ese fin de semana. La hipótesis de que hubo más comunicaciones porque estaban en un complot ya parte de dos problemas:
*Como es obvio, los agentes hablaban más los fines de semana, porque no estaban en las oficinas. Esa tendencia era más fuerte aún en enero, mes en que muchos se iban a la costa esos días.
*Menos sostenible aún es que, si estaban en un tremendo complot para matar a alguien, hubieran usado sus celulares oficiales provistos por la AFI. Se supone que eran espías entrenados y hábiles para operaciones clandestinas.
Sea como sea, los agentes convocados inicialmente son 14, cuya citación ahora pasó para mayo y junio. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ya relevó del secreto a esos agentes y exagentes que pueden declarar lo que saben exclusivamente del caso Nisman, no de otros hechos o investigaciones.
Sospechosos
Los grandes medios, filtrando información de la fiscalía, hicieron públicas algunas de las sospechas. Por ejemplo, que había un agente que habló con sus jefes a través de un celular cuyas comunicaciones se tramitaban en una antena ubicada a 200 metros de donde vivía Lagomarsino. De esa manera concluyeron que el agente y el informático estaban juntos.
Según pudo averiguar este diario -porque se informó en su momento a la jefatura de la AFI- el agente afirma que vivía en el complejo Talar de Martínez desde 2010, o sea cinco años antes de la muerte de Nisman, y por esos sus llamadas se cursaban por esa antena. Sucede que Lagomarsino también vivía allí, en un complejo en el que habitan unas 2.000 personas. No sólo el agente vivía ahí sino también su hermana, desde el año 2001. Parece cantado que si el espía prueba eso, se cae a pedazos la sospecha de ese contubernio espía-Lagomarsino.
Las llamadas de otro agente se habrían cursado a través de una antena de Puerto Madero, la zona en la que vivía y murió Nisman. El espía informó que ese sábado a la noche estuvo cenando en TG Friday de Puerto Madero y que su presencia ahí fue sólo casual.
No es que Taiano tenga alguna prueba o acusación contra alguno de los agentes: sale de pesca para ver si encuentra algo. Sobre todo apuesta a que algún exagente, tal vez enojado con el gobierno de Cristina Kirchner, deje caer alguna sospecha o diga frases del estilo “me parece que sabían que Nisman estaba muerto” o “algo raro había”.
Razones
Las autoridades de la AFI de 2015 ya explicaron qué sucedía aquel fin de semana del 17 y 18 de enero y por qué había tantas comunicaciones.
*El viernes 16 se habían robado un misil del destacamento del Ejército en Arana, cerca de La Plata. Hubo hasta un comunicado de la DAIA alertando sobre el peligro de un atentado. El misil no apareció nunca más.
*El sábado y el domingo jugaban Boca y River en Mar del Plata. La Provincia de Buenos Aires era gobernada por Daniel Scioli, candidato presidencial en año de elecciones, y estaba el rumor de que los barras se iban a enfrentar y tirar un cadáver en la campaña electoral.
*El domingo 18, el diario La Nación publicó que Nisman denunciaba a un agente de la AFI como gran nexo con Irán. El matutino no publicó el nombre, por lo que las autoridades de la central de espías querían saber de quién se trataba, entre otras cosas porque podía ser un caso de infiltración. Al final, el apuntado era Allan Bogado, que no era agente de la AFI y que ni siquiera había salido de la Argentina en toda su vida. Una grosera pifiada de Nisman que evidencia lo improvisada de su denuncia, pero esa información sin nombre movió la estantería aquel domingo.
Habrá que ver qué sale de los testimonios de los espías, citados ahora para mayo y junio. El fiscal Taiano y el juez Julián Ercolini ya saben que las evidencias demuestran de forma contundente que Nisman se disparó a sí mismo. Pero como en la mayoría de las causas armadas al calor del macrismo, cuando no hay pruebas contra Cristina o su gobierno, todo consiste en alargar, adoptar medidas sin sentido, mantener la sospecha y abastecer a los grandes medios para que hagan algún ruido de vez en cuando.
El Presidente visitará España, Portugal, Francia e Italia
Alberto Fernández realizará en mayo una gira por Europa
El presidente, Alberto Fernández, realizará una gira por Europa que comenzará el diez de mayo y durará cinco días. Visitará en primer lugar España, luego se dirigirá a Portugal, también irá a Francia, donde ya tiene confirmada una reunión con el presidente Emmanuel Macron, y la última parada será en Italia donde llevará a cabo otro encuentro bilateral, en este caso con el primer ministro italiano, Mario Draghi. Fuentes cercanas a Fernández aseguraron a este diario que uno de los objetivos centrales del viaje será buscar distintos apoyos internacionales de cara a la negociación que el país lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el marco de las actividades internacionales que el presidente tiene el agenda para los próximos días, este martes al mediodía el Presidente participará hoy por videocoferencia de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el jueves asistirá a la cumbre virtual contra el cambio climático a la que fue especialmente invitado, junto a otros 40 líderes del mundo, por el presidente estadounidense, Joe Biden.
En cuánto a las actividades oficiales de la gira europea, por ahora, informaron desde Casa Rosada que solo están confirmadas dos y son las reuniones con el presidente francés y con el primer ministro italiano. También se sabe que el encuentro con Macron será un almuerzo. Uno de las de las cosas que aún no fue definida es quiénes serán los que integren la comitiva oficial que acompañará al mandatario.
Por otra parte, la Cumbre Iberoamericana de Andorra, que se desarrolla bajo el lema "Innovación para el desarrollo sostenible-Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus", contará con la participación de Fernández que se conectará desde la Quinta de Olivos.
El Presidente disertará a las 17.30 de Andorra (12.30, hora argentina) en el plenario de la Cumbre Iberoamericana que se realiza en Andorra la Vieja, capital de Andorra, de la que participan el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres; y el resto de mandatarios o representantes de los 22 países invitados en forma semi-presencial, informaron fuentes oficiales.
En forma presencial acudirán a Andorra, el primer ministro de Andorra, Xavier Espot Zamora; el presidente de Portugal y el primer ministro, Marcelo Rebelo de Sousa y Antonio Costa, respectivamente; los mandatarios de España, Pedro Sánchez; de Guatemala, Alejandro Giammatei, y de República Dominicana, Luis Abinader, y el Rey Felipe VI, de España.
En forma virtual estarán los copríncipes de Andorra, compuesto por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el obispo de la diócesis Seo de Urgel, Joan Enric-Vives.
Junto a Fernández lo harán los mandatarios de Bolivia, Luis Arce; de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Iván Duque Márquez; de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Ecuador, Lenín Moreno; de El Salvador, Nayib Bukele; de España, Pedro Sánchez, y de Honduras, Juan Orlando Hernández. Además, participarán los presidentes de Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela.
El valor medio de un monoambiente subió 56,3 por ciento
El alquiler sube más que el IPC
El Salario Mínimo, Vital y Móvil de 21.600 pesos no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente medio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mucho menos para cubrir expensas, servicios y otros gastos. El valor medio de un monoambiente en la Ciudad es de 25.000 pesos, y aumentó 56,3 por ciento con respecto a abril del año anterior.
Este valor no tiene en cuenta el pago de expensas, que encarecen en promedio un 19 por ciento el costo del alquiler. Los datos los brinda el relevamiento de Precios de Alquileres en CABA del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.
La mediana de los precios de oferta de monoambientes ha crecido de 16.000 a 25.000 pesos entre abril de 2020 y 2021, un 56,3 por ciento. La de los departamentos de 1 dormitorio ha aumentado de 19.500 a 29.000 pesos, un 48,7 por ciento. La mediana de los departamentos de dos dormitorios aumentó de 27.000 a 42.000 pesos, un 55,6 por ciento. Con respecto a marzo de 2021, los aumentos fueron de 4,2 por ciento en los monoambientes, 3,6 por ciento para los de dos ambientes y 5 por ciento para los departamentos de tres ambientes.
Una de las explicaciones del aumento de los alquileres es la significativa baja en la cantidad de unidades publicadas. Durante este año se observa una caída en la cantidad de unidades publicadas para alquiler del 22,8 por ciento respecto de diciembre de 2019. Por otro lado, un 16 por ciento de los departamentos se ofertan en dólares.
Uno de los cambios más importantes que introdujo la Ley de Alquileres es que los ajustes en los precios deberán realizarse de manera anual y en base al Índice para Contratos de Locación que publica diariamente el Banco Central. Desde mediados de julio de 2020 hasta mediados de abril 2021, el mismo muestra un incremento de 23,9 por ciento.
Fuente:Pagina12
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