14 de abril de 2021
El fallo fue por unanimidad y asegura que no existió delito
Sobreseyeron a Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa "dólar futuro"
Raúl Kollmann
La causa dólar-futuro fue una instancia más en el uso de la justicia para la persecución política. En la misma categoría entran, como mínimo, la del Memorándum de Entendimiento con Irán, el expediente por la muerte de Alberto Nisman, la causa Hotesur-Los Sauces, la obra pública de Santa Cruz, Oil Combustibles y un largo listado adicional.
Casi todos esos expedientes fueron instruidos por Bonadío, al punto que el fallecido juez le dictó 11 de los 13 procesamientos a CFK, mientras que los otros dos corresponden a Julián Ercolini, igualmente alineado con el macrismo. Como el objetivo era acusar cuanto antes a CFK y sumar causas y tapas de los diarios contra los dirigentes del peronismo, en especial antes de las elecciones de 2015 y 2019, las investigaciones judiciales fueron torpes, caóticas, no se hicieron pericias ni las pruebas más simples. Hoy en día la acusación en esos expedientes naufraga en buena parte de los tribunales orales.
Por de pronto, los tres jueces -Figueroa, Petrone y Barroetaveña- coincidieron en sobreseer a todos los imputados, aunque los votos fueron distintos y el de Figueroa mucho más contundente y detallado. Desde que dirigentes del PRO iniciaron el expediente, pasaron 5 años y seis meses en que todos los imputados estuvieron embargados en cientos de millones de pesos y no pudieron, como en el caso de Kicillof, vender su auto vetusto. Abogados como Carlos Beraldi (defensor de CFK) y Alejandro Rúa (abogado de Pedro Biscay) recusaron a Bonadío por ser parcial e impedir la realización de cualquier prueba propuesta por las defensas. Sin embargo, la Cámara Federal y después los visitadores de la Casa Rosada y Olivos sostuvieron a Bonadío. Luego, como es obvio, Bonadío procesó a todos sin permitirles ninguna defensa -como lo detalla Figueroa en su voto- y el procesamiento fue convalidado por Martín Irúrzun y Eduardo Farah, primero, y después en la Casación por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, aprovechando que Figueroa estaba de licencia.
En la hipótesis delictiva entraba la idea de que el que invirtió en dólar-futuro hacía un gran negocio aprovechándose del perjuicio para el estado. Sin embargo, quedó probado que todo se tramitó en los mercados regulados, que los funcionarios kirchneristas no se beneficiaron y los que sí hicieron dinero fueron funcionarios de Cambiemos: Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, José María Torello, Martín Lousteau. Todos ellos fueron rápidamente sobreseídos por Bonadío.
El delito en cuestión era “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, con pena de dos a seis años de prisión. La imputación fue que el BCRA, al final del mandato de Cristina, recurrió a la operatoria de dólar-futuro para evitar una corrida cambiaria. Se le aseguraba al inversor un valor en pesos del dólar y si se ubicaba por encima de ese valor, el BCRA pagaba la diferencia, en pesos. Por supuesto que esa operatoria tuvo un costo en pesos, pero peor era una corrida cambiaria, una devaluación, aumento general de precios y desastre para el bolsillo de los argentinos. Con la operatoria -según la pericia-, el Central evitó una fuerte pérdida de reservas. Meses después, -devaluación, aumento de precios, desastre para el bolsillo- fueron obra de Mauricio Macri, ya en la Casa Rosada.
Como resulta obvio, para determinar si hubo un perjuicio para el estado se requería una pericia, tal como lo pidieron los defensores de los acusados en abril de 2016. Sin embargo, Bonadío se negó a hacer esa pericia elemental. Procesó, mandó a juicio y recién dos años después el tribunal oral ordenó la pericia hecha por contadores de la Corte Suprema. Fueron 80 preguntas que se terminaron en agosto de 2020, transcurridos cuatro años de que fuera pedida. Y la conclusión fue que no hubo perjuicio para el estado, que la operatoria fue legal, estaba dentro de las facultades del Banco Central y, como citan Petrone y Barroetaveña, “el Central ganó más reteniendo los dólares que perdiendo los pesos”. De hecho, el BCRA ganó más dinero en 2015 que con Macri en 2016.
Con la pericia terminada, tuvo que decidir el tribunal oral. En ese marco, dos jueces alineados con el macrismo, José Michilini y Ricardo Basílico, trasladado de forma irregular- votaron que el juicio se debía hacer igual, lo que implicaba tener a la vicepresidenta y al gobernador bonaerense sentados en el banquillo de los acusados y audiencias que se extenderían más de un año. En minoría, el tercer juez del tribunal oral, Adrián Grünberg, sostuvo que la pericia era contundente, establecía la inexistencia de delito, por lo cual debía dictarse el sobreseimiento. Michilini y Basílico utilizaron un argumento que no tenía la menor lógica y que fue desbaratado ayer: dijeron que hubo imputados que no pidieron el sobreseimiento y por lo tanto tal vez querían ir a juicio. Esos imputados le aclararon a la Casación que ni siquiera habían sido notificados y en el fallo de este martes los magistrados afirman que Michilini y Basilico usaron el silencio de aquellos acusados en su contra. Está claro que si se resolvía que no había delito respecto de algunos, eso regía para todos.
Ahora la Casación terminó con el disparate. Dólar-futuro ya ni siquiera era sostenido por los dirigentes de Cambiemos que hicieron la denuncia, Mario Negri y Federico Pinedo. Con el fallo de este martes, naufragan decenas de tapas de diario y se desnuda lo que fue -y sigue siendo- la actuación del poder judicial como instrumento de persecución.
Esta historia, en teoría, tiene todavía un posible capítulo adicional. Se podría recurrir el fallo de Casación ante la Corte Suprema. ¿Quién debe presentar el recurso? Otro visitador de Olivos, el fiscal Raúl Plee. Todo el expediente es tan burdo que son casi inexistentes las chances de que un planteo semejante prospere en el máximo tribunal.
La ministra de Salud explica la situación sanitaria
La segunda ola y las posibles nuevas restricciones: Carla Vizzotti da una conferencia de prensa
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, brinda en la Casa Rosada su habitual conferencia de prensa semanal, para referirse a la situación sanitaria por el coronavirus. La presentación de la funcionaria genera expectativa por la suba diaria de contagios y la posibilidad de que el Gobierno aplique nuevas restricciones para tratar de frenarlos.
La conferencia de la ministra estaba convocada a las 8.30.
Las nuevas medidas ante la segunda ola
Coronavirus: el Gobierno piensa en cierres temporales y focalizados
La reunión en Casa Rosada duró cerca de tres horas y además del Presidente --que si bien no fue quien encabezó el encuentro, estuvo presente por momentos de manera virtual mediante zoom por continuar confinado con coronavirus-- también participaron el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, de Defensa, Agustín Rossi, de Seguridad, Sabina Frederic, de Trabajo, Claudio Moroni, de Producción Matías Kulfas y de Educación, Nicolás Trotta. Además estuvieron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Según explicó De Pedro, en declaraciones televisivas luego del encuentro, "todos estamos hartos y a nadie le gusta tomar medidas restrictivas porque es como cuando alguien tiene una enfermedad y el doctor le da ocho días de reposo". Pero en ese sentido, afirmó que "seguiremos ampliando el comité de expertos porque entendemos que la responsabilidad de cuidar la salud de los argentinos es una responsabilidad de todos y todas". Luego, el titular de la cartera del Interior agregó que "para nosotros lo fundamental hoy es cuidar la salud de los argentinos y eso no lo puede hacer ningún gobierno solo, no se puede enfrentar algo tan complejo como la pandemia más dura y peligrosa que ha conocido el mundo sin el apoyo de la oposición, de las empresas de salud, de los científicos y de los medios de comunicación".
Según informaron desde Casa de Gobierno a este diario, los funcionarios conversaron en la reunión, entre otras cuestiones, acerca de la idea de retomar el sistema de postas de control, tal como se implementaron el año pasado. En ese sentido, también evaluaron las recomendaciones que el lunes dieron un grupo de 22 expertos, entre los que había epidemiólogos, sociólogos y especialistas en salud menta. Pero especificaron que en ningún momento se habló de un cierre total de actividades y una vuelta a la fase uno, como aseguraban distintas versiones que circularon durante la jornada en distintos medios de comunicación y redes sociales. "Lo que circula es una fake news", puntualizaron fuentes cercanas al Presidente.
Este miércoles, según indicaron en la Casa Rosada, seguirán los debates para evaluar cómo continuar. Pero desde el Ejecutivo Nacional consideran que lo fundamental es que los gobiernos provinciales y los distintos distritos puedan aplicar y hacer cumplir las medidas que ya están vigentes mediante el DNU que el Presidente firmó la semana pasada y que fundamentalmente restringen la circulación de personas. Con respecto a este tema, en Balcarce 50 aseguraron a este diario que "no puede ser una guerra constante" entre el gobierno y los distintos distritos, como la Ciudad de Buenos Aires, que no están dispuestos a implementar las medidas de cuidado que son necesarias ante el aumento desmedido de casos.
Fiscales de Lomas pidieron información sobre los registros
Investigan a Darío Nieto por los ingresos de los jueces a la quinta de Olivos
El secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, volvió a estar en el foco de la investigación de espionaje de Lomas de Zamora. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide están recabando información sobre los ingresos de jueces a Olivos y a la Casa Rosada y si esos registros fueron adulterados por Nieto, como trascendió.
La fiscalía --que tiene delegada la instrucción de la causa-- pidió a la Jefatura de Gabinete que envíe los listados de ingresos a la Casa Rosada y a la quinta de Olivos del período 2017-2019, que es en el que se concentra la investigación de espionaje que tramita en Lomas de Zamora. Además, solicitó el informe que el gobierno le remitió a la ONG Poder Ciudadano, de donde surgiría que esos registros fueron alterados durante la presidencia de Mauricio Macri, omitiendo las visitas de jueces y fiscales.
Las medidas se producen días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, reclamara que se investigara nuevamente a Nieto y que, después de recabada la prueba, se lo llamara para que amplíe su indagatoria. Otros querellantes, Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco, también reclamaron la misma medida al denunciar que Nieto habría mantenido contacto con otros fiscales y jueces federales.
Nieto, por su parte, presentó en el fin de semana un escrito en el que denunciaba ser parte de una "cacería punitiva" y desconocía la competencia del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé para intervenir. La cuestión de la competencia será materia de discusión de la Corte Suprema, adonde CFK llevó el tema en queja. Nieto, además, reclamó que no se continuara con lo que consideraba una "arbitraria pesquisa" en la que se estaba provocando una "abrupta transformación del objeto procesal".
Nieto es uno de los principales impulsores del pase de la causa a Comodoro Py. Lo curioso es que los ingresos a Olivos -- revelados por el portal El Destape -- muestran que coincidió en visitas con el camarista Mariano Borinsky, quien resolvió junto con su colega Javier Carbajo que la causa debería mudarse a los tribunales de Retiro. Además, también Nieto habría agendado consultar con Borinsky sobre una denuncia, lo que mostraría cierta familiaridad con el integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.
Cuando la fiscalía reciba la información, Incardona y Eyherabide deberán decidir si hay elementos para convocar nuevamente a Nieto a ampliar su indagatoria. Nieto se vio involucrado en la causa de espionaje por los dichos de la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, que se jactaba de hacerle llegar al hombre de confianza de Macri los informes que le pasaban sus amigos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). A Nieto se lo vinculó con informes sobre las protestas contra la reforma previsional de 2017 y sobre las comunidades mapuches. Él niega haber tenido contacto con espías y Martinengo después dijo que sólo se daba corte con sus amigos espías.
Los fiscales no encontraron elementos para pedir el procesamiento de Nieto en Lomas y el juez Augé dictó la falta de mérito, que fue apelada por varias querellas ante la Cámara Federal de La Plata. Ese tribunal tiene para revisar 38 procesamientos.
Hasta en tanto la cuestión de la competencia no sea zanjada por la Corte Suprema, la causa seguirá tramitando en Lomas de Zamora, donde los investigadores están abocados a analizar el rol del área de Jurídicos de la AFI, que fue la dirección que más se expandió durante la gestión de Gustavo Arribas. Están analizando las escuchas que se realizaron sobre quienes estaban detenidos en el penal de Ezeiza y recibieron la declaración testimonial de Lázaro Báez, que denunció que entonces funcionarios de la AFI fueron a verlo mientras estaba detenido para forzar su arrepentimiento. La fiscalía avanza con distintas medidas para acreditar los dichos de Báez.
Nuevo programa para trabajadores y trabajadoras en el CITRA (Conicet-UMET)
Escuela de Formación Sindical: Para analizar y transformar el mundo del trabajo
La Escuela de Formación Sindical del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA-Conicet/UMET) lanzó un nuevo "Programa de Formación en Análisis del mundo del trabajo y acción sindical", cuyo propósito es brindar herramientas a las y los trabajadores para analizar en forma crítica el mundo del trabajo y contribuir a transformarlo. "Esta es una iniciativa que surgió a partir de la demanda de los propios sindicatos que integran el CITRA, transmitiéndonos en diferentes reuniones y encuentros la importancia de conformar un espacio de formación para trabajadores y trabajadoras", señaló a Página/12, la secretaria de Investigación de la UMET, Cora Arias.
La Escuela de Formación Sindical se creó el año pasado en plena pandemia como una iniciativa del CITRA, un centro pionero de investigación, innovación y desarrollo, asociado estratégicamente con sindicatos y dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
Durante todo el 2020, la Escuela dictó diez cursos de forma virtual y tuvo más de 500 inscriptos. Los cursos estaban divididos en áreas disciplinarias: una troncal --referida a las relaciones laborales y las condiciones de trabajo--, y otras complementarias: historia social de los/as trabajadores/as, herramientas económicas y jurídicas del trabajo, géneros, comunicación. Cada curso tenía una duración de un mes y se entregaba un certificado.
Para este año, la propuesta de los cursos sigue vigente pero además se suma el "Programa de Formación en Análisis del mundo del trabajo y acción sindical" que implica un trayecto más largo. El programa de formación abarca una duración de 208 horas. Son 6 cursos de 32 horas cada uno, más un trabajo práctico final que se realizará en un taller integrador de cursada obligatoria. Cada estudiante podrá seleccionar dentro de la oferta brindada por la Escuela los cursos que sean de su interés para cumplir con los 6 cursos requeridos para obtener su título.
"Si una persona realiza un curso de cada una de las cinco áreas va a obtener un título de que realizó esta formación de análisis en el mundo del trabajo", señaló Arias. "La idea de este programa es proponer una formación más sólida y que las personas no sientan que están haciendo cursos sueltos", añadió.
Además, la propuesta de formación parte de la premisa de que existen diversos saberes, todos ellos valiosos, y que su construcción y socialización en espacios colectivos son prácticas esenciales para la acción sindical. "Desde este espacio se destaca la importancia de la actividad sindical como defensora del cumplimiento de los derechos laborales y la dignificación de las condiciones de trabajo", destacó Arias.
Trabajadores/as, dirigentes sindicales, delegados/as y referentes sociales pueden inscribirse en los cursos y el programa de formación. La modalidad de cursada es a distancia, a través del campus virtual de la UMET. "Los cursos son abiertos, están dirigidos a cualquier trabajador y trabajadora del país. Los sindicatos que tienen convenio con CITRA y/o UMET tienen becas del 50 por ciento para todos los cursos", indicó la secretaria de investigación de la Universidad.
La oferta de cursos para el primer cuatrimestre del 2021 es la siguiente:
* Área de Relaciones laborales y condiciones de trabajo: "Violencias en el mundo del trabajo. Herramientas para la acción sindical"; "Análisis del proceso de trabajo. Historia, actualidad y desafíos"; "¿Quiénes componen la clase trabajadora hoy?"; "Razones para pensar en plural" y "Relaciones laborales comparadas. Desafíos sindicales actuales en Argentina y América Latina".
* Área de Géneros: "Ellos, nosotros. Repensar el rol de los varones en la sociedad y su vínculo con el ámbito laboral".
* Área de Historia social de los trabajadores: "Entre el sabor del pan y el aroma de las rosas: luchas obreras por derechos en la historia argentina contemporánea".
* Área de Herramientas económicas y jurídicas del trabajo: "Las relaciones colectivas de trabajo y sus herramientas jurídicas".
* Área de Comunicación: "Comunicación digital sindical. Taller de producción y creatividad 3.0".
Los interesados en mayor información pueden comunicarse con el correo efs.citra@gmail.com.
Otro paso para recuperar ingresos
Más de 130 mil jubilados dejan de pagar Ganancias
Imagen: Bernardino Avila
Gracias a la modificación del Impuesto a las Ganancias, más de 130 mil jubilados quedarán excluidos del pago del tributo, generándoles un ahorro mensual de entre 3.100 y 4.200 pesos. Se trata de jubilados de ingresos medios/altos que reciben entre seis y ocho haberes mínimos; es decir, entre 41 mil y 62 mil pesos.
La cifra fue destacada por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda que coordina el economista Santiago Fraschina. El centro de estudios realizó un recuento de la situación de los y las jubiladas durante los últimos cinco años: la caída de poder adquisitivo durante los cuatro años de macrismo, y las políticas directas e indirectas que mantuvieron sus ingresos durante el primer año de pandemia.
Desde la asunción de Alberto Fernández se generaron diversas medidas que impactaron de manera directa en los ingresos jubilatorios: los bonos extraordinarios de diciembre 2019, enero y abril 2020 se sumaron a los aumentos por decreto que reemplazaron la actualización de los haberes por fórmula hasta marzo 2021, mes en el que se aplicó la nueva movilidad. Luego siguieron los bonos extraordinarios de abril y mayo de 2021.
Sin embargo, "los aumentos que se registraron de manera directa no son las únicas políticas que impactan en la calidad de vida de cada jubilado y jubilada. En este sentido, se llevaron a cabo desde diciembre 2019 diversas políticas de ingresos indirectos a los adultos mayores", analiza el informe.
Entre diciembre 2019 y noviembre 2020 se prorrogó el pago de cuotas de créditos Anses de 2,6 millones de jubilados y pensionados generando un ingreso indirecto de 1.500 de pesos por jubilado/a. Durante 2020 esa medida se complementó con el congelamiento de tarifas, que impacta de manera directa en los costos mensuales de las personas mayores.
Además, desde marzo 2020 el PAMI creó un vademécum de 170 medicamentos gratuitos que genera un ahorro mensual promedio por jubilado/a de 3.700 pesos, impactando de manera positiva en uno de los principales gastos mensuales de las personas mayores.
Actualmente las medidas de ingresos indirectos se registraron principalmente a través del crecimiento del Programa de Beneficios Anses que otorga un 10 por ciento de descuento para consumos de hasta 1.000 pesos por compra con tarjeta de débito de beneficiaros de la Seguridad Social. "Estimando que un 38 por ciento del consumo de las personas mayores está destinado a bienes que son alcanzados por este beneficio, el ahorro mensual alcanza los 781 pesos al mes para jubilados/as de la mínima y 4.690 pesos al mes para jubilados/as de 6 haberes mínimos", explica la Undav.
Para los adultos que cobran la jubilación mínima también se otorga el beneficio del reintegro del 15 por ciento del IVA que realiza AFIP en consumos de hasta 700 presos.
En total, sumando todos los beneficios indirectos, un jubilado de la mínima ahorra un 25,2 por ciento de su haber, recibiendo un aumento indirecto de 5.181,7 pesos. Por el lado de las jubilaciones de ingresos medios/altos, entre el programa de Beneficios ANSES y la exención de ganancias reciben un incremento indirecto del 6,3 por ciento.
El capítulo Macri
"Uno de los principales sectores de la sociedad que fue vulnerado por las políticas de sobreendeudamiento, aumento de tarifas y desregulación del mercado financiero fue el de los jubilados y jubiladas, que vieron caer el poder de compra de sus jubilaciones 18,2 por ciento entre 2016 y 2019", comienza el informe.
La jubilación mínima pasó de tener la capacidad de adquirir 1,75 Canastas Básicas Totales de un Adulto mayor de 60 años en septiembre 2017, a caer a 1,34 en diciembre 2019. Luego de este deterioro, con la suspensión de la Ley de Movilidad sancionada en 2017, que provocó una pérdida de 19,5 por ciento del poder adquisitivo de las jubilaciones en tan solo 2 años, se logró mantener en el año de la pandemia la relación entre la canasta básica y la jubilación mínima. Sin embargo, la situación de los ingresos de cada jubilado y jubilada difirió significativamente respecto al 2019.
"Las políticas de este estilo focalizadas en sectores de la sociedad con una alta propensión marginal al consumo tienen impacto directo en la reactivación económica. En un contexto en el cual la economía se ve afectada por las restricciones necesarias para el cuidado de la salud, este tipo de políticas incrementan el impacto real en la economía", concluye el informe.
La recorrida del ministro seguirá por Italia, Francia y España
Gira de Guzmán por Europa con primera estación en Alemania
El Ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió este martes con el secretario del Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schmidt. Conversaron sobre el proceso de estabilización de la economía argentina y los avances en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. El funcionario alemán celebró el encuentro a través de las redes sociales y aseguró que están juntos a la Argentina en tiempos difíciles.
En la reunión conversaron además sobre las restricciones que enfrentan los países de ingresos medios como ocurre en el caso de las economías latinoamericanas para una recuperación económica sostenible en el contexto de la pandemia. También participó en la reunión el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Niels Annen.
Guzmán, luego de finalizar el encuentro, agradeció a los funcionarios de Alemania “por tan productiva jornada de trabajo y por todo el apoyo de los últimos 16 meses en procesos internacionales clave para la estabilización macroeconómica de Argentina”. “Importante estar juntos siempre, y más aún en tiempos difíciles”, agregó.
Schmidt destacó el “intercambio fructífero con el ministro de Economía, Martín Guzmán” y coincidió en la necesidad de “permanecer juntos en tiempos difíciles”. En la misma línea, Niels Annen resaltó la “excelente reunión con Martín Guzmán junto a Wolfgang Schmidt” e hizo hincapié en que “sigue la exitosa cooperación entre Alemania y Argentina para fortalecer el crecimiento económico y la promoción de las energías renovables”.
La visita del titular del Palacio de Hacienda a Alemania es parte de su gira de esta semana por cuatro países del continente europeo, donde desarrollará encuentros con los ministros de Economía y Finanzas de Alemania, Italia, España y Francia, para dialogar sobre la renegociación del programa argentino con el FMI y sobre la deuda con el Club de París.
Guzmán tiene previsto arribar este miércoles a la ciudad de Roma, donde mantendrá una reunión con su par italiano, Daniele Franco. Además. El ministro participará en un encuentro en la embajada argentina ante Italia con empresas italianas radicadas en Argentina, organizada por el embajador Roberto Carlés. A su vez, tendrá un encuentro con el Papa Francisco, quien apoya cada uno de los esfuerzos del país para una reestructuración justa de la deuda.
La gira europea del ministro continuará el jueves en Madrid, donde se desarrollará una reunión con la ministra de Economía y Vicepresidenta Segunda del gobierno español, Nadia Calviño. En tanto, el próximo viernes, el Guzmán arribará a París, donde mantendrá un encuentro con su par de Finanzas francés, Bruno Le Maire.
Acompañan a Guzmán en su viaje el director ante el FMI por la Argentina y el Cono Sur, Sergio Chodos, y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace. El objetivo de este viaje es explicar a los países que son parte del FMI la propuesta de la Argentina para estirar los plazos de repago de la deuda y la posibilidad de reducir el interés de los vencimientos.
La Argentina renegoció exitosamente el año pasado con los acreedores internacionales la deuda externa privada logrando un importante ahorro financiero.
Si se suma en la reestructuración los bonos con legislación local el acuerdo alcanzado con los privados permitió un alivio de pagos de más de 37 mil millones de dólares para la Argentina en los próximos cinco año. Ahora se avanza con esta misma tarea para acordar con el Fondo Monetario un nueva estructura de pagos de la deuda.
La policía detuvo a siete vecinos a quienes acusó de haber incendiado las oficinas de Minera Agua Rica
Andalgalá: los asambleístas denunciaron persecuciones y "allanamientos arbitrarios y violentos"
Decenas de policías de Catamarca y efectivos especiales del grupo antimotines Kuntur patearon puertas y rompieron ingresos a viviendas de vecinos de Andalgalá. “Las únicas pruebas en las que se basan son personas que concurrieron a la caminata del sábado. La marcha fue multitudinaria, por lo cual debieran detener a todo el pueblo”, denunció Ana Chayle, de la Asamblea El Algarrobo, histórico espacio que cuestiona el accionar minero.
Andalgalá conoce de megaminería desde hace 24 años, cuando llegó Minera Alumbrera (hoy en manos de las multinacionales Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y prometió trabajo, desarrollo local y cuidado del ambiente. Ningún indicador socio-económico mejoró. “Somos más pobres nunca”, suele recordar Aldo Flores, docente jubilado, histórico militante socioambiental y uno de los siete detenidos e incomunicados desde el lunes.
Desde hace once años enfrentan a Minera Agua Rica (de las trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont), que impulsa una explotación tres veces más grande que Alumbrera, con el agravante de estar ubicada mucho más cerca de la ciudad (17 kilómetros) y donde nacen los ríos que alimentan de agua a la región.
Todos los sábados, desde hace once años, se marcha por las calles de Andalgalá denunciando el accionar de las mineras, por el cuidado del agua y contra el extractivismo. En particular, se hace hincapié en el rechazo al proyecto Agua Rica (ahora también llamado proyecto “MARA”, por su unión con Alumbrera).
El sábado pasado fue la marcha número 584. Y fue multitudinaria. En buena medida porque a fines de marzo la empresa aceleró su tareas, con apoyo del gobernador Raúl Jalil, en el cordón montañoso El Aconquija.
Cuando la marcha pasó por las oficinas de Minera Agua Rica, un pequeño grupo (con rostros tapados) comenzó a patear las puertas e ingresó. A los pocos minutos comenzó un incendio, que se mantuvo por horas.
La Asamblea El Algarrobo afirmó que el fuego lo iniciaron “infiltrados” y que se “trató de una zona liberada”. Remarcaron que ningún integrante de la asamblea participó de esos hechos.
“Como todo Andalgalá sabe, desde hace once años y 584 caminatas, las distintas asambleas ciudadanas, incluida la Asamblea El Algarrobo, y demás ciudadanos que rechazamos la megaminería, nos manifestamos pacíficamente por las calles de nuestro pueblo para exigir la inmediata paralización de la actividad en el yacimiento Agua Rica”, señaló en un comunicado la Asamblea.
“Ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata el pueblo de Andalgalá expresó su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social”, añadió el texto.
El mismo sábado comenzaron las versiones de detenciones masivas (ya habían sucedido luego de la represión del 15 de febrero de 2010). Los medios de mayor alcance provincial comenzaron a tildarlos de “antimineros violentos” y en redes sociales se inició una campaña de ataques personales a los referentes de la organización socioambiental.
El domingo la Asamblea emitió un segundo comunicado: “Repudiamos los ataques difamatorios y persecuciones a las vecinas y vecinos que luchan por el agua pura para nuestro pueblo. Estos intentos de perseguirnos y difamarnos solo demuestran que nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Somos un pueblo que viene demostrando desde hace más de 20 años que no quiere la destrucción de su territorio, que no se vende ante la ilusión de un falso progreso que piensa que puede repartir espejitos de colores”.
Aldo Flores envió un mensaje de texto a este diario el domingo a las 18: “Hay una tensa calma. Ya sabemos como funciona el poder minero y político. Estamos esperando las detenciones”.
A la mañana siguiente, una decena de policías ingresó con violencia, rompió la puerta, destrozó pertenencias y detuvo a Flores, docente jubilado.
Graciela Chayle, también de la Asamblea, relató en redes sociales lo sucedido: “Acabo de ser allanada violentamente en mi domicilio. Seguramente a muchos de nosotros nos está pasando esto. Lamentable. Pero ni un paso atrás en la lucha”.
Conocidos los allanamientos, comenzaron a llegar respaldos de numerosas asambleas y organizaciones de todo el país, con especial protagonismo de las provincias que resisten la avanzada minera: Chubut, Río Negro, San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy. El martes hubo movilizaciones en distintos distritos, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Catamarca entre ellos.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) denunció el conflicto de intereses de la fiscal Soledad Rodríguez, quién solicitó las detenciones y años atrás fue empleada del sector minero (síndica de la empresa FMC Minera del Altiplano --que explota litio en Catamarca y Salta--). La UAC difundió un artículo de la revista empresaria “Panorama Minero”. En una entrevista a Soledad Rodríguez, señala: “Empezó como asesora de empresas mineras y nunca pensó que en un futuro tendría que salir en defensa del sector ante las asambleas antimineras. ‘Trabajar y defender la actividad me ha enriquecida en todos los sentidos’”.
Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas repudiaron la represión y pidieron frenar a Agua Rica. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la “criminalización de la protesta”.
Fuente:Pagina12
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