Trabajadores de Página/12 le responden a Víctor Santa María: «Lo más significativo no es lo que informa sino lo que tergiversa y, peor aún, lo que oculta»
domingo, 16 de mayo de 2021
Un pirulo de patas cortas
Víctor Santa María sondea hoy a lxs lectorxs de Página/12 sobre su derecho como patrón a descontar los días de huelga a lxs trabajadorxs que no aceptamos la destrucción de nuestros salarios ni la negativa al diálogo por parte del Grupo Octubre.
Lo más significativo de su pirulo de tapa dominical no es lo que informa sino lo que tergiversa y, peor aún, lo que oculta “A los lectores”, a quienes no se cansa de subestimar.
Entre las omisiones se destaca la negativa por parte del Grupo Octubre a recibir a la Comisión Gremial Interna del SiPreBa y entablar un diálogo que permita destrabar el conflicto. La última vez que la empresa aceptó recibir a los representantes de lxs trabajadorxs fue el 26 de agosto de 2020, hace casi nueve meses.
El otro dato central que omite es la pérdida de poder adquisitivo durante el lustro de gestión Santa María. Un sueldo promedio que cinco años atrás estaba 42 puntos arriba de la canasta básica hoy está 18 puntos abajo. Traducido: quien araña un sueldo de 45.000 pesos (con la línea de pobreza en 60.800) debería cobrar 86.000 para recuperar el poder adquisitivo anterior a la era Santa María.
Que el Grupo Octubre generó nuevos puestos en Página/12 es una verdad de patas cortas. En el mejor de los escenarios compensa los que se perdieron por “retiros voluntarios”. Lo que Santa María omite es que la mayor parte de quienes se sumaron al diario fueron contratados por fuera del convenio de prensa y bajo otras razones sociales para no reconocerles los mismos derechos que a sus compañerxs, consagrados en el Estatuto del Periodista Profesional. Adicionalmente, estos compañerxs fueron afiliados compulsiva e inconsultamente al sindicato UTEDYC, que no pertenece al gremio de prensa.
Omite también que en las escasas excepciones en que un/a trabajador/a es tomado bajo la razón social de Página/12 se lo obliga a aceptar previamente, como condición innegociable para ser contratado, el compromiso a dar la espalda a la Asamblea de Trabajadorxs y a no adherir a las medidas de fuerza votadas por sus compañerxs.
Las presuntas grandes concesiones (herramientas de trabajo como silla y computadora, bono para compensar gastos, protocolo de violencia labora y de género, etc.) fueron conquistas obtenidas por perseverar en la lucha; las “medidas sanitarias” puertas adentro, por ejemplo, se implementaron tras el anuncio de un paro por tiempo indeterminado ante la ausencia de protocolo sanitario.
Respecto del bono por teletrabajo al que hace referencia la empresa, lo empezamos a recibir hace dos meses y por un importe de 720 pesos brutos, que con los descuentos no alcanza a 600 pesos, cifra claramente insuficiente para compensar los gastos hogareños (electricidad, teléfono, internet) derivados del teletrabajo.
Respecto a que “se mantuvo el pago de refrigerio correspondientes al trabajo presencial”, Santa María omite informar que el adicional por ese rubro era un derecho adquirido hasta su llegada y que nunca aceptó negociarlo, por lo que se congeló en octubre de 2015 en 32,77 pesos diarios (¿Un tercio de café?) y nunca más se actualizó.
Las trabajadoras y trabajadores que hacemos el diario desde mucho antes del desembarco del Grupo Octubre en Página/12 seguiremos defendiendo nuestros derechos y luchando para recuperar el terreno perdido. Nos sobran los motivos.
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Vaciamiento masivo: Garbarino suspende a 1300 trabajadores y cierra sucursales
En los últimos meses Garbarino, que está ubicada dentro de las 100 empresas que más venden en el país, cerró 40 sucursales de los 240 locales que tiene a nivel nacional. De los 4 mil trabajadores y trabajadoras que tiene en su planta, hoy mantien a 1300 bajo suspensión. Además, cerró una sucursal en Río Gallegos, Santa Cruz, y otras cuatro en Rosario, Santa Fe. A partir del año 2020 está al frente de la compañía Carlos Rosales, quien está avanzando en una política destinada a migrar a las ventas online. Para ello, implementó un ajuste que implica deudas salariales (la empresa debe el 50 por ciento del sueldo de marzo y la totalidad del de abril), despidos que figuran como retiros voluntarios, incumplimiento de protocolos de Covid-19, el vaciamiento gradual y el abandono total de la compañía. Ante esta situación, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas organizan y realizan medidas para difundir su conflicto y luchar contra el vaciamiento. Por ANRed.
Así lo denunciaron el viernes 14 de mayo desde Karne de Máquina, espacio de noticias sindicales nucleada en la Red de Comunicadorxs Solidaridad y Lucha: «en los últimos meses Garbarino, que está ubicada dentro de las 100 empresas que más venden en el país, cerró 40 sucursales , de los 240 locales que tiene a nivel nacional. Cerró una sucursal en Río Gallegos, Santa Cruz, y otras cuatro en Rosario, Santa Fe. La empresa tiene actualmente un plantel de cerca de 4 mil trabajadores y trabajadoras, hoy 1.300 están bajo suspención».
En la misma línea, el informe agrega: «a partir del año 2020 está al frente de la compañía Carlos Rosales, quien está avanzando en una política destinada a migrar a las ventas online. Para ello implementó un ajuste que implica deudas salariales, despidos maquillados como retiros voluntarios, incumplimiento de protocolos covid, el vaciamiento y abandono total de la compañía». Además, señalan que «la empresa debe el 50 por ciento del sueldo de marzo y la totalidad del de abril».
«En Rosario, la semana pasada, los cuatro locales estaban cerrados y con un cartel que rezaba: ‘Local cerrado por medidas de higiene. Reapertura 10/05’. El 10 a la mañana los y las trabajadoras se encontraron con las persianas cerradas. El Sindicato de Comercio de Rosario denunció el lock out empresarial. En esos locales peligran 56 puestos de trabajo. En Río Cuarto, Córdoba, fueron los trabajadores quienes enviaron telegramas a la empresa, intimando que aclare situación laboral. Ante la ausencia de respuestas, la mitad se consideró despedido», detalla el informe.
Y amplía: «en las 200 sucursales aún abiertas, en todo el país, los empleados y empleadas registran deudas salariales, suspensiones y son presionados con retiros voluntarios, despidos encubiertos. Desde hace varios meses que Garbarino abona salarios a cuentagotas y adeuda el bono anual, a la vez que suspende».
Ante esta situación, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas, organizados alrededor de grupos de Whatsapp, que unifican empleados y empleadas de Garbarino a nivel nacional, plantean que 1300 están en esa situación, por lo que se autoorganizaron ante la falta de respuesta del Sindicato de Comercio. Como muestra de esas medidas autoconvocadas, el pasado viernes 14 de mayo se manifestaron en la puerta de la sucursal de Cabildo y Juramento, en el barrio porteño de Belgrano. En ese marco, con la consigna hashtag #GarbarinoNoPaga, también se han sumado trabajadores y trabajadoras de «Garbarino Viajes«.
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Santa Fe: Colapso sanitario, expectativa por decisiones oficiales y pedido de CTERA para suspender la presencialidad
La segunda ola de coroonavirus está golpeando fuerte en la provincia de Santa Fe, llevando a que el gobernador Omar Perotti analice ampliar las restricciones para bajar los contagios. El sistema de salud se encuentra casi colapsado en las ciudades de Rosario y de Santa Fe y desde CTERA los docentes exigieron que se pase a un esquema de suspensión de las clases presenciales durante 15 días.
El mandatario provincial expresó que “estamos en un mes dificilísimo, el fin de semana llevamos las camas que habíamos ampliado al límite” y que cuenta con «una llegada de 17 respiradores más, pero todo lo que se amplió lo consumimos”. Luego agregó que “el nivel de contagio es alto, hay que cuidarse mucho, estaremos analizando quitar circulación para ayudar al sistema de salud”. De hecho, el promedio de positivos de los últimos 7 días es de 1989, una cifra que está en franco ascenso. Y la ocupación de camas críticas es del 98% en los efectores públicos.
Federico Fiorilli, coordinador de terapias intensivas de la Provincia de Santa Fe y del Hospital Centenario de Rosario, explicó: «Hace 15 días venimos sufriendo la tensión del sistema. Estamos hablando de un sistema que se amplió en más del 150 de sus camas. Y ya anoche teníamos signos de colapso y de no poder ubicar pacientes en terapia intensiva».
El profesional agregó: «Por esto pedimos a las autoridades sanitarias apretar el botón rojo, conservando lo mínimo indispensable. No digo fase 1 pero sí limitar la circulación. Aunque se hiciera hoy vamos a tener cuatro semanas muy estresantes porque esto va a tener impacto entonces. De demorarse la decisión esta situación se va a prolongar lo que se demore la decisión. De todas formas vamos a vivir cuatro semanas complicadas».
En el mismo sentido, la secretaria general de Ctera y de Amsafe, Sonia Alesso, consideró necesario «suspender la presencialidad en las aulas por 15 días», al evaluar como «muy grave» la situación sanitaria en la provincia. «Lo que nosotros le planteamos la semana pasada a las autoridades de Educación es la suspensión temporaria de la presencialidad en las aulas por 15 días, no por una semana, porque no hay manera de que los casos bajen (en 7 días) donde hay circulación comunitaria, ya que el propio proceso viral lleva 14 días», remarcó Alesso en declaraciones radiales.
Analizando la crítica situación sanitaria de la provincia, la gremialista detalló: «A diferencia de la primera ola, en la que el crecimiento de casos entre que arrancaron por el sur, llegaron a la ciudad de Santa Fe, y se extendieron por el norte, pasó mucho tiempo, lo que estamos viendo ahora es que hay una cantidad sostenida de casos y casi al mismo tiempo en muchos departamentos, con una ocupación de camas verdaderamente seria».
En ese contexto, Alesso indicó que en muchos departamentos de Santa Fe la «incidencia supera los 500 casos cada 100 mil habitantes» y dio cuenta que en Europa con una incidencia menor se suspendían las clases presenciales.
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Las docentes llevan a la justicia penal a Larreta y lo responsabilizan por la muerte de sus compañeros
La comunidad que rodea a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires quedó atravesada por el duelo de otras cinco muertes de trabajadores de la educación por coronavirus en los últimos diez días. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene la presencialidad en el distrito, una medida por la que fue denunciado penalmente ante la justicia.
En total, son 14 los docentes, auxiliares y trabajadores del área fallecidos desde febrero último en Capital Federal, según indicó este viernes la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE).
Las muertes, además de sacudir a la comunidad educativa, motivaron denuncias penales en las que la justicia deberá establecer si hubo una «concatenación» de hechos, a partir de la «exigencia de presencialidad» por parte del Gobierno porteño, que hizo que los educadores de la ciudad se expusieran al segundo brote de contagios y murieran.
Así se desprende de la denuncia penal presentada -y luego ampliada- por la abogada Valeria Carreras ante el juzgado federal 10 de Julián Ercolini, tras los decesos de la docente auxiliar de un colegio técnico, Graciela Romero, y de la vicedirectora de la Escuela 24, Silvina Flores.
Rodríguez Larreta ya había sido cuestionado judicialmente por los gremios cuando se desmarcó de las restricciones por 15 días dispuestas en abril pasado por el Gobierno nacional ante el pico de contagios, que llegó a los 30 mil casos diarios, muchos de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), considerada la región de mayor riesgo epidemiológico del país.
A esto se sumó el impacto de las muertes de los últimos días, que agravó la tensión entre el Gobierno porteño y los gremios UTE-Ctera y Ademys, quienes denuncian imposibilidad de diálogo con las autoridades y persecución hacia los docentes que cuestionan las clases presenciales, mientras llevan adelante paros activos y asambleas, en jornadas que definieron como «de duelo».
Hasta el 21 de este mes se determinó educación a distancia para todos los niveles educativos en zonas consideradas de ‘alarma sanitaria’, bajo criterios epidemiológicos que luego el Gobierno nacional amplió, detalló y formalizó en un proyecto de ley, que ya recibió dictamen del Senado y será debatido la semana próxima en el recinto.
Por esta razón, la presencialidad en los colegios podría quedar sujeta en el futuro a esos parámetros científicos contenidos en esa propuesta oficial.
La iniciativa del oficialismo fija parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos para definir acciones de mitigación del coronavirus en todas las jurisdicciones del país.
La sanción de una ley que unifique criterios a la hora de adoptar políticas para contener el avance de la Covid-19 aparece como la respuesta parlamentaria al fallo de la Corte Suprema, del 4 de mayo último, que consideró insuficientes los fundamentos de la Nación sobre su estrategia sanitaria y priorizó la autonomía de CABA.
«Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes», consignó el fallo firmado en forma unánime por los miembros de la Corte, aunque con distintos argumentos.
Sin embargo, esta semana la cámara alta avaló también -sin el apoyo de la oposición- tres decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo con medidas generales de prevención para mitigar la propagación del coronavirus, entre ellas, la suspensión de clases presenciales en el AMBA.
En este escenario, la denuncia penal contra Rodríguez Larreta incluye también un pedido para investigar a los miembros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, a raíz del tratamiento que se dio a la demanda que presentó la Ciudad contra el decreto que suspendió las clases presenciales en el distrito.
La abogada aludió en la denuncia a que las trabajadoras Graciela Romero y Silvina Flores fallecieron por Covid contraído en su trabajo, en escuelas de CABA y por «la exigencia de presencialidad», según detallaron fuentes judiciales.
En cuanto a los miembros de la Corte sostuvo que hubo una mala admisión del planteo del Gobierno de la Ciudad, falta de celeridad y una decisión que permitió que «los educadores y educandos de la ciudad de Buenos Aires se expongan al segundo brote del contagio».
Con todo y más allá del resultado de los planteos judiciales y los debates parlamentarios, la triste nómina de trabajadores de la educación fallecidos sumó este jueves otra víctima y ya son 14: la profesora de matemáticas Fanny Flores, quien al igual que Graciela Ramos, se desempeñaba en el Liceo 5 de la Ciudad.
«La despedimos con indignación y dolor mientras seguimos exigiendo a Larreta vacunas para no morir y virtualidad para no enfermar», dijeron sus compañeros desde la puerta del liceo, que este viernes amaneció cerrado por duelo.
En diálogo con AM750, una compañera de trabajo de Flores expresó: «Esto fue un final anunciado» porque, aseguró, ninguno de los docentes del instituto fue vacunado contra el coronavirus hasta el momento.
Según UTE, hubo 10.763 contagios en las escuelas de la ciudad en apenas 3 meses.
De acuerdo al reporte oficial de este viernes, en la ciudad de Buenos Aires se detectaron 2.774 nuevos casos positivos de Covid-19 y 21 muertes en las últimas 24 horas, aunque no hay registros discriminados sobre docentes y alumnos contagiados.
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Nacionalizar no es mala palabra
Por Alejandro “El Gitano” Ulloa *
La discusión por abajo y por fuera de los focos de atención de la agenda de los medios está centrada en la recuperación de aspectos estratégicos de la economía como la nacionalización de la Hidrovía. Algunos trenes que vuelven a funcionar, medidas estratégicas como la declaración de servicio público para las telecomunicaciones; en poco tiempo vencen las concesiones de las grandes hidroeléctricas, que piden volver al regazo estatal para que se haga la luz. Fueron construidas “con la nuestra”, y desde hace más de tres décadas están en poder de los privados, casi todos extranjeros, que se la llevan sin esfuerzo y sin gastos porque es poco el personal que demandan esas usinas, y las inversiones en mantenimiento escasean, aún las necesarias.
Empezar el debate de una estrategia definitiva de transportes urbanos de pasajeros con baja emisión de gases y que desaliente el despilfarro de la matriz individual del automóvil y su reemplazo por un transporte colectivo limpio de los actuales dudosos subsidios segmentados es una necesidad imperiosa. Viajamos como el ganado y en pandemia el resultado además de incómodo se transforma en peligroso, mortal muchas veces. Tenemos tarifas caras, hay mal servicio y se llevan la plata para afuera.
A contramano de las empresas de transporte público en todo el mundo, que tuvieron fuertes pérdidas a causa de la pandemia, con la cifra de fallecidos llegando a 12 trabajadores, la administradora de la concesión del subte porteño Metrovías cerró el 2020 con ganancias por 432 millones de pesos. La pérdida de ingresos por la caída del 77% en la cantidad de pasajeros fue “compensada con el incremento de los aportes estatales”, según consta en las propias declaraciones de la compañía. La caja es otra pero el abuso es el mismo.
Los tortuosos recovecos del subsidio
En la ecuación de las empresas, los salarios pasaron de tener un peso promedio de 55% en los costos totales a 80% (hay menos personal por los DNU y los aislamientos, pero cobran) y las cubiertas cuestan 300% más que hace un año. “El sistema está quebrado –describieron a La Nación desde la FATAP (quejumbrosa entidad patronal que agrupa los dueños)-. Las tarifas están absolutamente desfasadas, y con esta ‘nueva normalidad’ el boleto promedio debería costar, mínimo, el doble para cumplir lo básico, sin incluir renovación de flota”. En Córdoba, por ejemplo, el pasaje cuesta $43; en Rosario, $45; en el AMBA el pasaje más caro cuesta $23. El que no llora no mama.
Simplificando para facilitar la comprensión de la compleja trama de los subsidios al Transporte, diremos que se segmentan en una complicada ingeniería empresaria con puntos de fuga impositivos y de compleja auditoría donde se reconocen 1) tres trabajadores por coche para el cálculo de subsidio sobre la masa salarial. 2) Los costos operativos (renovación, mantenimiento, administración) 3) Venta de boletos. La liquidación del diferencial provee de dinero fresco a las empresas con el ingreso en 72 horas de lo recaudado por la SUBE. 4) Subsidio a la compra de gasoil de acuerdo a lo registrado en los GPS de las unidades. Se reconoce un 50% de una alta proporción del combustible (90%) y queda apenas un remanente de pago íntegro del precio. Todos estos ítems reciben su correspondiente subsidio. “Andá tranquilo que está todo pago”, parecen decirles a los empresarios.
El AMBA recibe cuatro veces más subsidios de la Nación que el resto del país. Al tener claridad sobre el ingreso por boletos vendidos la competencia entre empresas generaría un mejor servicio sin depender de auditorías, gasoil diferenciado y otras mil razones. Los salarios mantienen así una relación directa con la cantidad de boletos mínimos como era antes, cuando existía la “chivera” (expendedora manual para cortar boletos a mano).
Basta de criar monopolios
En el cuatrienio de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se autorizó a las provincias e intendencias a tener incidencia directa en la política de subsidios, una rémora de los ‘90 menemistas que ya había probado su fracaso en el transporte (igual que en las empresas de energía y otros rubros). La modalidad de trabajo cada vez es más fiel a la rentabilidad y a la pauperización de las condiciones de trabajo que al diálogo, a las leyes laborales o al Convenio Colectivo de Trabajo. Nada nuevo bajo el sol monopólico. Hasta el Turco, más de cien empresas dominaban unas 160 líneas. Dota, Ersa y Metropol se han convertido hoy en los monopolios de transporte público colectivo de pasajeros más grandes del país. “Luchan” por un mercado que presuntamente da pérdida, pero los subsidios siguen quitándoles el sueño a los grandes empresarios.
Los avances tecnológicos permiten que toda esa parafernalia de dineros grises sea fragmentada de acuerdo a la capacidad de pago de cada usuario y no por la capacidad de recaudación de los monopolios. Al igual que la IFE, el cruce de datos (incluso la fotografía de la persona) puede hacerse por la SUBE y facilitar el descuento directo al usuario. Un jubilado o un estudiante tienen boleto subsidiado, personal de salud debe viajar gratis durante la pandemia, pagadores de impuesto a las ganancias no tendrían subsidio.
Un aspecto nada desdeñable de la polémica es el rol de las pequeñas y medianas empresas de colectivos, que deberían recibir subsidios auditables para mejorar su capacidad de inversión y competencia con los grandes pulpos que tienen integrado todo el circuito empresario desde la producción del coche y la carrocería a través de Mercedes Benz y Agrale. Su subsistencia es parte de la lucha contra la monopolización del negocio y su cartelización.
Fechas y protocolos pueden fallar
El encuentro final (bautizado “Día D” por Infogremiales) juntará en un zoom distante a la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la cámara empresaria y el Ministerio de Transporte, todos metiendo presión para lograr subsidios. En medio de ese clima de alta tensión a nivel nacional, los choferes tucumanos de la UTA se apostaron autoconvocados frente a la sede sindical. Reclamaron que el sindicato vaya a una huelga total hasta que se paguen los salarios. La UTA Rosario estás parada desde las cero del sábado por tiempo indeterminado ante atraso salarial. Un indisimulado tironeo por los subsidios arrastra la morosidad de gobernadores e intendentes detrás de la avivada de las empresas.
Tiene número la necesidad tras el retraso de siete meses de paritaria sin firma: varios cortes de ruta de choferes por fuera de la conducción del sindicato dieron la señal de arranque para que el reclamo salarial sea de 100.000 pesos, y pedir que el cumplimiento de protocolos sea efectivo en las amontonadas unidades y se los vacune como personal esencial contra el Covid 19. Hay un estado de efervescencia en las bases de los colectiveros, en especial los nuevos choferes que se encuentran con los compromisos de armar una casa, criar hijos chicos y dar cabida a la lógica rebeldía de los jóvenes.
Los autoconvocados de la UTA son propietarios de una gran tradición de lucha –con la Línea 60 de estandarte— y no se sienten representados por una agrupación opositora conducida por el ex jefe alterno del sindicato, Miguel Ángel Bustinduy, quien salió a cruzar a Roberto Fernández y comparó sus dichos con el “No los voy a defraudar” de Carlos Menem. “Levantan los paros, postergan la lucha, traicionan a los trabajadores”, señalaron desde la Agrupación que lleva el nombre de Juan Manuel Palacios.
Subsidiar al votante de clase media
Las empresas de turismo realizaron un corte de calles en el nudo de la avenida 9 de julio en Constitución. Piden igualar sus condiciones con empresas de buses de larga distancia, y continuar trabajando como el resto del sector turístico, realizando viajes y excursiones. En 48 horas consiguieron una mesa de diálogo y la simpatía de todo el arco mediático, incluidos La Nación+ y TN. Otro tanto sucedió con el otorgamiento de subsidios a los tomadores de créditos UVA, ya que el Banco Central protegerá a los deudores y los bancos oficiales subsidiarán las cuotas de endeudados cuya cuota supere el 35% de sus ingresos.
Hay protestas que sí son simpáticas a los medios. Pero los ferroviarios despedidos del Roca van al cadalso porque funcionarios fogoneados desde no se sabe dónde los destrataron durante cuatro horas y la gente se amontonó en la estación queriendo viajar. Los “ferrucas” van a ser juzgados sin piedad, pero la gente “bien” puede cercar al presidente en Olivos y nada, viste. Desconfiamos de los interpretadores de la realidad que nos explican con datos confusos y amontonados que pretenden ser “objetivos” y carecen de una perspectiva tirando para el lado de los trabajadores.
El debate de la ley de góndolas oscurece el hecho de que la plata no alcanza ni con precios cuidados. La inflación galopa y todos son comentaristas indignados del precio de la lechuga. Dicen que el Estado argentino no tiene la ingeniería empresaria para realizar las obras de la Hidrovía y el Canal Magdalena, pero la actual concesión hace todo con personal argentino y maquinaria… del Estado.
Las internas del ministro Martín Guzmán con todos los que piden algo están ocasionadas por la desesperante situación en que está el país ante las deudas con el Club de París y el FMI. La batería de subsidios e impuestos cruzados condicionan la asignación de recursos a las urgencias. Cada cual reclama lo suyo en el país de la frazada corta y hay un tironeo donde los únicos buenos para la opinión pública son de clase media para arriba. Energía, transporte, educación privada, salud, compra de autos, construcción, constituyen un pozo sin fin de gastos. Hay empresarios que piden amparo para pagar sueldos, comprar insumos… y fugar dólares al exterior. Pero resulta que los necesitados de la pobreza son “planeros”, aunque se gaste plata en subsidios y no en crear trabajo.
Un gran plan para salir del chiquitaje
Queda en estudio el precio a la baja posible para las tarifas eléctricas en general si se nacionalizan las plantas de generación. Muchos genuinos Basualdos deben estar sacando la cuenta de cuántas obras e inversiones en mantenimiento general podrían hacerse con las utilidades generadas. Ya que estamos, se podría estatizar sin más las grandes usinas termoeléctricas construidas durante el mandato de CFK, que el gobierno macrista privatizó a precios viles en un reparto de “utilidades” entre sus amigos del poder.
Sea cual sea la suerte de los involucrados en la guerra del FMI por el poder de decidir, las que se quedan son las empresas eléctricas. Las distribuidoras son las eternos ganadoras. Ahí se encuentra el problema de fondo. Los empresarios de la alimentación suben los precios porque los dejan. La definición de los precios de los productos pertenecen a una política permanente de los formadores de opinión, que reciben avisos por echarle la culpa a “la inflación” y no ajustar cuentas con el afán de lucro capitalista desubicado. No se puede hacer tortilla sin romper los huevos.
Los huevos en la canasta están: Suspender los pagos al FMI mientras haya emergencia sanitaria y pandemia. Subvención para atender los graves problemas privilegiando salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia antes que el pago de la deuda. Juicio a los funcionarios del anterior gobierno en la obtención de los préstamos y a los responsables de la fuga de capitales. Todo lo demás es el telón de cartón pintado de una obra que ya vimos.
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LA RESPUESTA SINDICAL
Deslocalizaciones, lock outs y destrucción de puestos de trabajo
En el nuevo contexto de la correlación de fuerzas en la Argentina, los trabajadores y sus organizaciones sindicales despliegan las más diversas formas de lucha por la defensa de los puestos de trabajo, contra los despidos y por los aumentos salariales.
Uno de los principales objetivos del gobierno de Macri y de la clase dominante fue el disciplinamiento de la clase trabajadora para la aceptación forzada de peores condiciones de trabajo y, mediante las mismas, poder retornar a los niveles históricos de la tasa de ganancia empresaria, objetivo que al menos parcialmente han logrado.
Las tasas de ganancia crecieron desmesuradamente durante los cuatro años del gobierno neoliberal y aún más durante la pandemia; la fuga de divisas y la especulación financiera siguieron aumentando en perjuicio de los trabajadores y el país. Los esfuerzos del actual gobierno nacional para revertir las consecuencias de esta catástrofe –la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), una de las herramientas para cuidar el trabajo, garantizar la producción y amortiguar el impacto económico generado por la crisis del Covid-19, o los subsidios, los créditos, etc.– no han conformado a los grupos económicos. Para los grupos económicos dominantes hegemonizados por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), cualquier sacrificio impuesto a los trabajadores y a los sectores medios es justificable. La lógica capitalista neoliberal se funda en que los contribuyentes –a través del Estado– deben sostener a las empresas privadas. El beneficio es privado e individual; la pérdida es pública y social. En otras palabras, son los que viven de su trabajo quienes deben sostener la capitalización y el aumento de la rentabilidad de los grupos concentrados.
Las deslocalizaciones se generalizan en casi todos los países del mundo. Se trata del traslado de actividades productivas desde países industrializados a países en desarrollo, caracterizados por poseer niveles inferiores de protección laboral en materia de salarios y condiciones de trabajo, exenciones u otras ventajas fiscales. Para el gran laboralista uruguayo Oscar Ermida Uriarte, la deslocalización es “cualquier cierre total o parcial de la empresa seguido o acompañado de la ubicación de todo o parte de la misma en otro lugar”.[1]
La deslocalización total o parcial, interna o externa a la empresa, que se puede producir dentro de una misma empresa multinacional o entre empresas diferentes, puede ser nacional o internacional, o producirse de una región a otra del mismo país.
La técnica del lock out y otras medidas antisindicales son los instrumentos generalmente utilizados por los grupos económicos multinacionales o nacionales para las deslocalizaciones.
El acuerdo Camioneros-Grupo De Narváez
Después de un conflicto de 39 días, el Sindicato de Choferes de Camiones dirigido por Hugo y Pablo Moyano suscribió un acuerdo con el empresario y ex político y diputado derechista Francisco de Narváez, en virtud del cual se pagará en cuotas una compensación por un total de 227 millones de pesos a 505 trabajadores camioneros del centro de distribución de La Tablada, Provincia de Buenos Aires, sin que ello implique la pérdida de su antigüedad, en razón de la adquisición y cambio de firma de la empresa.
La Asociación de Supermercados Unidos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Martín Cabrales y otros exponentes del gran capital, que carece de límites en el aumento escandaloso de los precios de productos de primera necesidad, reaccionaron airados por lo que –a su juicio– constituye un pago “ilegal”, advirtiendo sobre la posibilidad de que idénticos reclamos se generalicen en toda la actividad.
El año pasado, el Grupo De Narváez había adquirido las operaciones del grupo norteamericano Walmart en todo el país y se había negado a recontratar al personal despedido una vez abonados los haberes indemnizatorios por despido. El Sindicato de Choferes de Camiones inició medidas de fuerza con el objeto de lograr la recontratación de sus afiliados y el pago de una indemnización. Las razones de la lucha eran que la multinacional Walmart había dejado de ser el empleador, y que ello generaba incertidumbre a los trabajadores ante la posible falta de liquidez del grupo De Narváez.
El artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que “en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo en tales casos continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven”.
El artículo 226 de la misma ley prevé la posibilidad de que el trabajador pueda considerar extinguido el contrato si con motivo de la transferencia del establecimiento se le infiriese un perjuicio; pone como ejemplos los casos en que se cambie el objeto de la explotación, se alteren las funciones, cargos o empleos, o si mediare una separación entre diversas sucursales de la empresa, de la que se derive una disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador.
Las normas legales vigentes no constituyen una protección suficiente para los trabajadores que se encuentran frente a un cambio de firma. Si bien se reconoce la continuidad del contrato de trabajo y la antigüedad, ante las dudas acerca de la solvencia del nuevo titular de la empresa el trabajador sólo puede darse por despedido y reclamar los haberes indemnizatorios –en forma solidaria– a trasmitente y adquirente. Sin tomar en cuenta los avatares y el resultado incierto del proceso judicial que generalmente se ve obligado a promover como consecuencia del despido indirecto, es evidente que la pérdida del puesto de trabajo constituye un precio demasiado alto que debe pagar, daño que de ningún modo será reparado por la indemnización obtenida.
Todo cambio de firma genera una grave incertidumbre para los trabajadores, pues resulta cada vez más difícil determinar si la empresa adquirente estará en condiciones de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y el pago de los salarios.
El capitalismo actual se caracteriza por una tendencia a la deslocalización de los procesos productivos, la evasión impositiva, los paraísos fiscales, la búsqueda permanente del abaratamiento de la fuerza de trabajo y una tendencia creciente a reducir la cantidad de trabajadores ocupados.
La confrontación entre Camioneros y el grupo De Narváez (ex Walmart) se ha planteado en los términos de un conflicto de intereses, en el que los trabajadores luchan por objetivos aún no reconocidos por las leyes vigentes. El acuerdo es el resultado exitoso de un reclamo sindical que expresa uno de los objetivos fundamentales del movimiento obrero: la lucha por la conquista de nuevos derechos.
En las últimas décadas, sobre todo a partir de las derrotas del movimiento obrero durante los ‘90, la acción gremial se había concentrado en los conflictos de derecho, en los cuales los trabajadores luchan por el cumplimiento de una ley, por la defensa del convenio colectivo o por aumentos salariales en el marco de paritarias.
Habían quedado en un segundo plano no sólo las luchas políticas orientadas hacia la construcción de una sociedad justa e igualitaria sino también aquellas dirigidas a mejorar la legislación laboral.
Como bien ha expresado el abogado laboralista y presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, Gustavo Ciampa, no puede calificarse de “ilegal” el reclamo sindical de Camioneros pues “la historia de los derechos laborales es la pretensión de reivindicaciones que terminan consagrándose en derechos”, señalando la importancia de la huelga como instrumento legítimo para lograr el reconocimiento de nuevos derechos.
Si el movimiento obrero hubiera seguido en su historia la lógica patronal (“sólo puede reclamarse lo que la ley o el convenio reconocen como derecho”) no existirían la jornada limitada, ni el descanso dominical, ni el aguinaldo, ni las vacaciones pagas, ni el salario mínimo, ni la indemnización por despido arbitrario. No existiría el Derecho del Trabajo y la relación laboral sería una locación de servicios y se regiría por la ley de la oferta y la demanda.
Garbarino, residencia en el exterior para no tributar y lock out
Desde el sábado 8 de mayo, las cuatro sucursales de Garbarino en Rosario permanecen cerradas. En un primer momento se adujo que el cierre obedecía a “medidas de higiene” y que la reapertura se efectuaría el lunes 10. Como eso no ocurrió, la Asociación de Empleados de Comercio denunció a Garbarino ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe solicitando su intervención y reclamando las remuneraciones impagas de marzo y abril. Pidió también que “verifique las condiciones de cierre de las sucursales de esa firma, así como la hipótesis de lock out patronal, lo cual exige una intervención directa para arribar a una solución en favor de todos los trabajadores”.
El conflicto es de carácter nacional, ya que el grupo ha cerrado la totalidad de sus sucursales en el país.
Los hermanos Omar y Daniel Garbarino, que en 2020 transfirieron su cadena de electrodomésticos al empresario Carlos Rosales –que a su vez quiere venderla–, figuran entre las personas que más dinero blanquearon en la amnistía fiscal de 2016 y en la larga lista de aquellos que han cambiado su residencia para dejar de tributar en el país.
Las empresas emplean desde hace tiempo los lock outs o cierres sin que las autoridades administrativas de trabajo ni el Poder Judicial hayan calificado dichas conductas como ilícitas, ni hayan adoptado medidas serias a fin de evitarlas.
El lock out tiene como objetivo desarticular la unidad y la fuerza colectiva de los trabajadores en lucha, a fin de obligarlos a volver al trabajo en las condiciones fijadas por el empleador. Es por ello que incluye generalmente la negativa de la empresa a negociar y su inasistencia a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo en el marco de una conciliación obligatoria, mientras continúa el cierre de la actividad.
La ley 14.786, que regula la conciliación obligatoria en los conflictos colectivos de trabajo, dispone en su artículo 9: “En el supuesto de que la medida adoptada por el empleador consistiera en el cierre del establecimiento, en la suspensión o rescisión de uno o más contratos de trabajo, o en cambio de las condiciones de trabajo, el incumplimiento de la intimación prevista en el artículo anterior dará a los trabajadores, en su caso, el derecho a percibir la remuneración que les habría correspondido si la medida no se hubiere adoptado”.
Parecidas disposiciones existen en las leyes provinciales que regulan la organización de los ministerios o secretarías de trabajo.
En España –a diferencia de nuestra Constitución– la Constitución de 1978 admite el derecho del empresario a promover “medidas generales de conflicto” (artículo 37.2). Interpretando dicha norma en un sentido favorable al capital, el Tribunal Constitucional ha admitido la legitimidad del cierre patronal, incluyendo el lock out entre las medidas generales de conflicto.
No obstante ello, se ha dicho que sólo puede admitirse el lock out defensivo: “Para la legalidad de la clausura es preciso, pues, antes que nada, que el personal haya iniciado algún tipo de actuación conflictiva, que además tenga como efecto la alteración del desarrollo normal de la actividad productiva. El cierre ha de ser, en consecuencia, coetáneo a la manifestación del conflicto, y no anterior o posterior a ella. Esto supone la proscripción ab initio de los cierres ofensivos y de retorsión, y su limitación a los de carácter defensivo, como pondría rápidamente de manifiesto la doctrina”.[2]
Entre nosotros, Ricardo Cornaglia dice que “lamentablemente en el derecho argentino se advierte una laguna en todo lo que hace a la regulación del cierre de empresas y establecimientos y sólo se aborda el lock out como ilícito laboral de imprecisos contornos”.[3]
Resulta paradójico que en el marco de una legislación que reconoce la legitimidad del lock out como la española, sólo se admita en principio el “defensivo”; y que en nuestro país –donde el cierre patronal carece de toda legitimidad, y se lo considera como acto ilícito– no exista ninguna limitación normativa seria que impida la práctica del mismo, ya fuere “defensivo” –como respuesta a una medida de fuerza– u “ofensivo”, tendiente a una deslocalización total o parcial de una empresa multinacional.
La libertad para la consumación de estas medidas en nuestro país es absoluta; también la impotencia de los poderes del Estado nacional o provinciales para impedirlas. El lock out no existe como delito en nuestro Código Penal. Sólo se halla previsto en el artículo 158 el delito de compulsión al lock out, es decir el ejercicio de medidas coactivas sobre otro para forzarlo a tomar parte de un cierre patronal.
Creemos necesario que la práctica del lock out, instrumento principal de las deslocalizaciones de empresas, y no sólo la compulsión al mismo –prevista en el artículo 158 del Código Penal–, sea incluida como delito en un nuevo Derecho Penal del Trabajo. El hecho de que el lock out o la deslocalización de empresas no sean delitos, y que no exista norma alguna que establezca prohibiciones y sanciones que impidan su utilización, implica reconocerles una legitimidad de la que carecen y alentar su uso cada vez más generalizado.[4]
Como lo demuestran los conflictos citados, los grupos económicos que más han ganado durante la pandemia amenazan con despidos, cierres y deslocalizaciones como medidas de extorsión contra los trabajadores y el gobierno nacional, a la vez que violan los acuerdos de precios y resisten el cumplimiento de normas como la Ley de Góndolas 27.545, promulgada y reglamentada por el gobierno nacional.
Las medidas dispuestas a través de sucesivos Decretos de Necesidad y Urgencia del gobierno nacional, que han sido debidamente prorrogados –prohibición de despidos sin causa, por fuerza mayor o falta de trabajo– no han logrado impedir la destrucción de numerosos puestos de trabajo, por lo que se impone la necesidad de las acciones sindicales contra los cierres y deslocalizaciones.
[1] Ermida Uriarte Oscar, Deslocalización, globalización y derecho del trabajo, IUS Labor 1/2007.
[2] Sanguinetti Raymond, Wilfredo, “El cierre patronal: ¿paro técnico o medida de conflicto?”, Revista de Derecho Social, N° 16, octubre-diciembre 2001, p. 66/67.
[3] Ricardo J. Cornaglia, “El lock out como ilícito laboral”, en Revista Doctrina Judicial, Ed. La Ley, Buenos Aires, 6 de Febrero de 2002, año XVIII, N° 6, p. 223.
[4] Elizondo, Jorge, “El lock out y la huelga”, en La Causa Laboral, Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Revista bimestral, Año XIII, ISSN 2346-8610
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POR UNA FUERZA POPULAR
Carta abierta a los representantes de los trabajadores
Estimados representantes de los trabajadores:
Me permito dirigirme a ustedes en el convencimiento de que sabrán comprender el sentido solidario y humanitario de esta carta abierta. Nuestro país atraviesa momentos de angustia por la crisis económica que dejó el neoliberalismo y por la pandemia. Por ello, creo que todos nos debemos un esfuerzo extra para atender esta cuestión, ayudando a construir una democracia participativa. Lo importante, y el objeto central de esta carta, es delimitar si los representantes gremiales lo harán, como ocurre en la actualidad, sólo en defensa de aquellos que son afiliados al gremio, o darán un salto de enorme compromiso social para transformarse en los representantes de todos los trabajadores. Es decir, los que hoy lo son y están registrados como tales –los activos–; los que ayer fueron trabajadores –los jubilados y pensionados de distinta naturaleza–; los trabajadores precarios o informales y aquellos que desearían trabajar pero por haber sido expulsados del mercado laboral formal o, simplemente, por no tener capacidad física o psíquica de hacerlo, quedan fuera de cualquier tarea remunerada. En pocas palabras, lo que respetuosamente vengo a solicitarles es que, por el bien de todos, representen al conjunto de las personas vulnerables de la sociedad. Ello en el entendimiento de que esa ampliación del espectro de representatividad no sólo es beneficiosa para el conjunto social, sino que también permitirá darle un sentido renovado a las palabras patria y democracia.
El 27 de abril pasado, algunos diarios publicaron una breve nota donde informaban que un niño menor de dos años, argentino, que vivía en una comunidad wichi en Pozo La China en Salta, murió por desnutrición y deshidratación, según declaró el médico que lo atendió. Era el segundo caso en los últimos días. La noticia no tuvo una repercusión importante, no formó parte de conversaciones entre los porteños ni tampoco mereció comentarios de algún funcionario público. Sin embargo, que un hecho de esa naturaleza ocurra, una vez más, entre nosotros debería ser un hachazo al corazón. Debería avergonzarnos y, sobre todo, obligarnos a reflexionar: qué nos pasa como sociedad para que en un país productor de alimentos otro niño más muera por desnutrición. Es probablemente el crimen mas ignominioso, ya que es el más sencillo de evitar. Sólo ocurre porque están rotos todos los vínculos de solidaridad. Allí el Estado no llegó. Estos hechos representan efectivamente un caso extremo, pero no son los únicos. Situaciones similares viven millones de hermanos que diariamente sufren necesidades básicas insatisfechas y de los que pocos se ocupan.
En la Argentina deambulan miles de desocupados buscando algún trabajo que les permita, al menos por un tiempo, comer dignamente y educar a sus hijos. Pero el trabajo cada día requiere más tecnificación y, si no se poseen las habilidades necesarias, lo que queda es trabajo marginal. Y si en la zona en que vive ni siquiera encuentran un trabajo marginal, su vida se transforma en una pesadilla. Podrá decirse, con absoluta razón, que lo que hoy sucede es consecuencia del periodo neoliberal macrista y que la pandemia agudizó los daños. Pero no es menos cierto que la pobreza ha sido una constante en la vida social y política de la Argentina y que algún día tenemos que despertar y entender que es un problema que nos involucra a todos. Y dentro de ese todos, en especial, están aquellos que representan genuinamente a los sectores populares, como es el caso de los representantes de los trabajadores.
Los que fueron trabajadores en su momento y hoy son beneficiarios de la seguridad social también viven momentos tristes. Sabemos que los que menos ganan no cubren sus necesidades básicas. El macrismo inventó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un engendro prestacional que paga el 80% de la jubilación mínima. Las moratorias que ponían equidad en el sistema configuran hoy un recuerdo melancólico, y obtener actualmente un beneficio previsional se ha convertido en una tarea de suma complejidad.
El trabajo ha sido, a través del tiempo, el principal ordenador de la sociedad que nos tocó vivir en los últimos 80 años. Fue también la principal herramienta de distribución del ingreso nacional y, como tantas veces se ha dicho, es el que le da dignidad a quien vive de su cuerpo y de su intelecto, según sus habilidades. Pero la vida moderna impone otros desafíos que están modificando sustancialmente el trabajo como lo entendimos hasta ahora.
Producto de la pandemia, se ha instalado una nueva modalidad laboral a la que le han dado el correspondiente nombre en inglés: home office. Esto significa llevar la oficina a casa, es decir, que el trabajo que antes se hacía en el edificio del empleador ahora se hace en el hogar. No hay problema de control de horario, ya que la tecnología permite monitorear al trabajador tanto respecto del cumplimiento de la tarea como de su productividad. También es muy probable que gran parte de ese trabajo se realice en el marco de una relación laboral informal, ya que sería absurdo que alguien controlara casa por casa para verificar si una persona trabaja informalmente o formalmente. Lo que creo que es lo más terrible, y que inexorablemente ocurrirá, será la ruptura de los vínculos de solidaridad entre los trabajadores, ya que el compañero o compañera que compartía junto a él o ella la jornada ya no estará y los contactos se harán sólo mediante medios virtuales. Hoy es probable que ese efecto no se note, porque los que han pasado a esta metodología son los mismos que antes compartían el espacio de trabajo, pero poco a poco los nuevos empleados ya no habrán sido compañeros de nadie. Serán sólo individuos que hacen su tarea y reciben un salario en su cuenta bancaria. En pocas palabras, un individualismo “al palo”. No pasará mucho tiempo en que todos los empleados administrativos pasen a esta modalidad. Esto implica que la relación con sus representantes gremiales será cada día más lejana, hasta terminar definitivamente rota. Ello ya ocurre en las empresas tecnológicas. Es decir, el vínculo entre los trabajadores y quienes los representan gremialmente se volverá paulatinamente más distante y, por ende, movilizar a personas dispersas será cada día más complejo.
¿Quién defenderá el salario y las condiciones de trabajo de aquellos que trabajan en su domicilio? Podrá hacerse el mejor de los convenios colectivos, pero su cumplimiento real será incontrolable y dependerá de la buena o mala predisposición del empleador. Eso ya está sucediendo con las miles de motos y bicicletas que recorren Buenos Aires entregando pedidos de toda naturaleza. Allí van jóvenes, adultos y hasta mujeres embarazadas tratando de conseguir algún peso. No es una cuestión de ciencia ficción, es un escenario que está instalado frente a nosotros y sólo tenemos que enfocar para verlo.
Por otro lado, la tecnología viene haciendo estragos con el trabajo formal. Cada día que pasa, el mercado expulsa a trabajadores para reemplazarlos por máquinas o robots. Podrá decirse, con razón, que el crecimiento económico generará nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en una sociedad con el 42% de pobreza, ¿cuántos puestos de trabajo se necesitan para cubrir tanta necesidad? ¿Cuánto tiempo llevaría cambiar pobreza por trabajo digno? En otras palabras, se podrán generar nuevas empresas que incorporen nuevos trabajadores, mientras por otro lado la tecnología expulsará a otros. Pero, ¿quién se hará cargo del crecimiento demográfico? Es un cuento de nunca acabar, donde los que siempre quedan fuera son los más frágiles, los más jóvenes, los más vulnerables.
Y así podríamos dar otros ejemplos, igual o más dolorosos todavía. Creo que se requiere implementar una unión inquebrantable entre los trabajadores formales con sus representantes a la cabeza, los trabajadores informales y precarios con sus representantes de movimientos sociales y los representantes genuinos de los beneficiarios de la seguridad social. Con relación a estos últimos, no me refiero a conformar un gremio o mucho menos un partido político de jubilados. Lo que creo, sinceramente, es que hay que rescatar a todos aquellos representantes genuinos para ponerlos a acordar o competir en una elección nacional para que sean, simplemente, la voz de los beneficiarios y el vínculo de transmisión con todos los jubilados. Sólo eso, que sean representantes de un sector que abarca a casi nueve millones de personas. Lo mismo creo respecto de los movimientos sociales que representan a grandes sectores de personas vulnerables. La propuesta es que entre todos estos sectores armen un bloque con representatividad social que puje por el bien del conjunto.
No se trata de imaginar una revolución del proletariado al estilo marxista ni nada parecido. De lo que se trata es de crear una fuerza popular con capacidad de pujar por la distribución del ingreso en forma equilibrada. Encontrar en el diálogo con los sectores del capital un modo que frene la descontrolada concentración. Este conjunto de trabajadores de distintas vertientes podría generar propuestas de conjunto, analizar la realidad, valorarla. En definitiva, tener una actitud propositiva que ayude a la construcción de una nueva relación entre el capital y el trabajo.
Es necesario rediscutir algunas herramientas que en su tiempo fueron revolucionarias y que hoy han perdido toda utilidad. El mejor ejemplo es lo que pasa con el salario mínimo, vital y móvil, que esta semana fue aumentado un 35% en siete cuotas para llegar a alcanzar $29.169 en febrero de 2022, por lo que seguramente ni siquiera se equipará en algún momento a la jubilación mínima. Mientras esto pasa, los empleadores siguen abonando las cargas patronales con una disminución sustancial respecto de lo que la ley indica, poniendo en jaque las cuentas públicas con las que se pagan los beneficios de la seguridad social. El sector patronal se queda con alrededor del 3% del PBI, es decir, con un tercio de lo que cuestan todos los beneficios de la seguridad social. Lo mismo ocurre con las llamadas promociones industriales y con los privilegios de aquellos que pagan el impuesto a las ganancias. Quienes pueden descuentan de allí los gastos médicos y paramédicos, el personal doméstico, a los hijos, al cónyuge, los seguros, compra de paquetes turísticos, compra de pasajes en efectivo, planes de seguro de retiro privados. La pregunta sería ¿algún trabajador goza de estos privilegios? La respuesta es simple: no. ¿Es justo? Claro que no. ¿Y entonces por qué ocurre? La razón es muy sencilla: porque el capital tiene un gran poder, mientras los otros sectores se encuentran atomizados y sin capacidad de presión. ¿Y cuánto se llevan en estos privilegios? Más del 2,5% del PBI, alrededor de un cuarto de todo el gasto social. Por ello es tan importante compartir capacidades para generar una fuerza que equilibre la discusión y, por ende, la distribución.
Hace mucho ya que lucho por empezar una discusión que considero la llave para lograr una justa distribución del ingreso nacional: el Ingreso Básico Universal. Se trata de poner un piso de justicia entre los que más necesitan. Esta herramienta reemplazaría al salario mínimo, de hecho, sería un piso salarial, mejoraría la demanda interna –que es el principal motor de la economía en nuestro país– y sería un enorme salto de soberanía económica, ya que nos desprenderíamos de los planes de ajuste que tratan de imponernos los organismos internacionales.
Finalmente, quiero solicitarles encarecidamente que analicen esta propuesta por el bien de los que menos tienen. Soy consciente de que a cada dirigente sindical, en cada rincón de la patria, lo motiva el amor al prójimo. Que se pongan a la cabeza de las demandas sociales bajo aquella premisa de Agustín Tosco: “Lo fundamental es que todos los que tenemos un concepto de justicia y equidad, debemos luchar para construir una nueva sociedad que permita al hombre salir de la enajenación a que lo conduce este sistema que afecta hasta el derecho de vivir”.
Sólo el pueblo salvará al pueblo.
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Día mundial del Reciclaje
Por Juan Grabois
No hay reciclado sin recicladores y ellas, ellos son los principales. Por eso es su día. Los cartoneros, carreros, recicladores, que nos enseñaron tanto, que nos abrieron la cabeza a tantos pibes de la juventud burguesa a los principios de justicia social a partir del encuentro con quienes padecen las formas más tremendas de injusticia social, que nos abrieron las compuertas del sótano de una patria desconocida, doliente, de chapa y cartón, para que bajemos a compartir un mate y comprender la realidad de los rellenos sanitarios donde el sistema aloja a los que le sobran, un basural existencial andante, trashumante, que puede estar en Fiorito, Caraza, José León Suarez, en Las Heras y Callao, Córdoba y Gallo, Tucumán y Bulnes, Plaza Houssay, el Bajo Flores, Barrancas de Belgrano, el basural de la Talita en Salta o el Alto de Bariloche, para que se nos adhiera a la piel y se nos grabe en el corazón la conciencia de nuestra responsabilidad social y política pero sobre todo, de nuestra responsabilidad humana. Para que aprendamos que el pueblo padece en silencio, como padecían los cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires a la mafia policial que los coimeaba y verdegueaba, hasta que despacito se empiezan a organizar y un día, de repente, como un torbellino se levantan, toman su bandera y marchan contra los opresores, los excluyentes, los descartadores… entonces sí, cuando eso pasa, los opresores aflojan la soga, se alarman los excluyentes, los satisfechos, los descartadores y abren un poco, aunque sea un poco, la mano que concentra el bienestar que debería ser para todos.Qué paradoja tan grande que los descartados por la sociedad de consumo se inventaron su propio trabajo, su propio sistema de vida, recuperando el descarte de los que tienen mucho más de lo que necesitan. Qué paradoja que brinden un servicio tan importante reduciendo la huella ambiental de clases que usan y tiran irresponsablemente mirando de arriba a los recuperan y reciclan. Qué gran lección que lo hicieran a mano, sin permiso, sin pedir limosna, empujando la carreta del cartón, de la organización y de la lucha. Qué ejemplo saber que cada conquista que obtuvieron en los últimos 20 años no fue regalo de nadie sino producto de su lucha por trabajo y dignidad. Qué orgullo haber compartido la mitad de mi vida con ellos y con ellas. Qué arrogancia de los que en vez de escucharlos, aprender de ellos, potenciarlos en sus propios talentos y capacidades, crean que saben mejor que ellos lo que anhelan y necesitan. Qué vergüenza que a 20 años del 2001 no hayamos logrado que todos y cada uno de los cartoneros y los trabajadores de la economía popular tengan un reconocimiento salarial, cobertura de salud, aportes jubilatorios, equipamiento para realizar su tarea en condiciones adecuadas. Qué certeza de que tarde o temprano vamos a lograrlo, luchando, luchando, siempre luchando, consiguiendo algunas mejoras, algunos camiones, algunas enfardadoras, algunas cintas, algunos complementos salariales, alguna cobertura de salud, algún uniforme… y se van dando pasos, como que hoy una cartonera haya lanzado el programa Argentina Recicla que le va a mejorar la vida a otros cientos, tal vez miles de trabajadores cartoneros… pero sin dejar de luchar, sin conformarse, hasta que todo cambie y ya no haya más excluidos, no haya dos sistemas, no haya una ciudad que ensucia devorando y otra que se lleva la mugre reciclando, no haya más countries al lado de villas, lagos artificiales al lado de gente sin agua… pero siempre luchando, porque a ellos, a ellas, nunca nadie les regaló la dignidad y nunca quisieron que nadie lo haga.#DíaMundialDelReciclaje
Envio:RL
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