A 100 años de la gran huelga docente de 1921
Fue la lucha más importante de la docencia en toda la primera mitad del siglo pasado. La derrota fue dura pero sembró futuro y dejó enseñanzas. Las huelgas docentes que atraviesan la geografía nacional (y también de otros países) son un fenómeno de las últimas décadas. Sin embargo, podemos encontrar importantes antecedentes ya desde los orígenes de nuestro sistema educativo. En este recorrido la docencia santafesina tiene ganado un lugar principal por su accionar en 1921. Por Juan Pablo Casiello, docente y Secretario Gremial de Amsafe Rosario.
La primera huelga del sector de la que se tiene registro la protagonizaron las docentes de la Escuela Normal de San Luis allá por 1881, antes aún de la sanción de la Ley 1420. Encabezado por la directora de la institución, Enriqueta Lucero, todo el plantel de siete docentes inició un paro por tiempo indeterminado. Reclamaban por el atraso de casi un año en el pago de sus salarios; el gobierno provincial recibía los fondos que llegaban de Nación y le daba otros destinos. La huelga terminó en una dura derrota con todo el personal despedido.
Luchas semejantes se fueron dando por distintas provincias en el marco de la conformación de las primeras organizaciones gremiales docentes o de “ayuda mutua”. Se trató de un proceso bien desde abajo, desde las ciudades y hasta de pequeñas localidades. Sus objetivos eran diversos: desde el cobro de los salarios atrasados hasta la necesidad de elevar el nivel cultural de toda la población pasando por la estabilidad laboral y el derecho a la jubilación.
En los primeros ’20 Santa Fe era una provincia próspera y en crecimiento. Pero atravesada por conflictos y profundas desigualdades. La organización, las luchas y los reclamos obreros estaban a la orden del día. En enero del ’21 la gran huelga de los trabajadores de La Forestal en el norte provincial se cerró con una feroz represión que costó centenares de muertos y miles de desocupados.
Gobernaba Santa Fe el radical Enrique Mosca, poco amigo del diálogo y de dar respuesta a los reclamos de la clase trabajadora. El sistema educativo crecía con escuelas provinciales y nacionales que iban cubriendo todo el mapa provincial. Los salarios eran muy bajos: un maestro rural ganaba $67.5 y en las ciudades llegaba a $100; para valorar estos montos valen las palabras de un diputado opositor cuando denuncia en la legislatura provincial que “un maestro gana menos que un jornalero”. No existía estabilidad laboral y la jubilación era un derecho prácticamente inalcanzable. Pero todo estalla a comienzos del año ’21: por problemas en las cuentas fiscales debido a una crisis financiera iniciada en 1918 la provincia llevaba más de un año de atraso en los salarios. Vale agregar un detalle que muestra la perversidad del poder: los atrasos salariales eran algo común, y el Banco de la Provincia (estatal) iba otorgando “adelantos”; cuando el Estado depositaba finalmente los sueldos el Banco descontaba todo lo adelantado… más los intereses correspondientes.
Para marzo del año 21 la situación era insostenible. Organizados en la Federación Provincial de Maestros se hacen asambleas en Rosario, Santa Fe y otras ciudades. Aunque prácticamente no había experiencias de lucha la huelga aparece como el único camino posible y el 1° de mayo se anuncia para el 15 de ese mes el inicio del paro en todo el territorio provincial.
La respuesta del gobierno al conflicto fue doble. Por un lado envió al Parlamento dos leyes con la que buscó responder a los reclamos: en una proponía un impuesto especial al alcohol y al tabaco para lograr fondos que le permitieran saldar la deuda y en la otra establecía un marco para la carrera docente con estabilidad laboral y derecho al ascenso. Pero también apostó a la solución represiva disponiendo el cierre de todas las escuelas el día 14 y declarando “en comisión” a todo el personal.
La pelea se fue a las calles, la legislatura, la prensa. Sin mayoría propia y con dificultades para lograr consensos el gobierno demoraba en imponer sus proyectos de ley. La prensa, alineada con los distintos sectores, pasaba de demonizar el reclamo a cantar loas a la heroica lucha. Las maestras y los maestros ocuparon la calle. Manifestaciones y “mitines” se sucedían en distintos lugares. Repartían volantes explicando la justicia de su reclamo. Lograron la adhesión del movimiento estudiantil secundario y universitario que venía de la experiencia de la Reforma Universitaria; los estudiantes de las instituciones de nivel medio y superior que pertenecían al ámbito nacional resuelven sumarse a la huelga por una semana y luego extienden la medida; también declaran una huelga solidaria los estudiantes de la Federación Universitaria de Córdoba.
El gobierno y sectores de la prensa expresan un categórico rechazo a que empleados públicos que además son formadores de las nuevas generaciones ejerzan el derecho de huelga. Pero la lucha no hace más que fortalecerse en el propio magisterio con asambleas masivas y otras formas de participación. Además, cada día suma más adhesiones; 16 meses sin pago de salarios es una razón más que contundente. Docentes, estudiantes y representantes de distintos gremios conforman el Comité popular de agitación pro huelga del magisterio. Llegan adhesiones y apoyos de estudiantes, docentes y sindicatos de distintas provincias. Desde Rosario y Santa Fe salen delegaciones hacia las localidades más pequeñas para fortalecer el movimiento.
El gobierno continúa con su apuesta de disciplinar a la docencia y en varios lugares la policía detiene a huelguistas pero son rápidamente liberados. La sanción de la ley de impuestos a alcoholes y tabaco y la media sanción a la que debía garantizar la estabilidad y la carrera docente parecen allanar el camino de la solución a comienzos de junio. Pero las autoridades insisten en su voluntad de establecer sanciones y la huelga sigue su marcha.
La excesiva prolongación del conflicto termina conspirando contra los huelguistas. La organización sindical era débil e inexperta, el movimiento acusa el cansancio y carece de fondos para sostener las actividades que fortalecían la medida. Frente a nuevas amenazas del gobierno, parte de la docencia solicita la “readmisión” y se reintegra a las escuelas.
Aunque muy desgastado políticamente el gobierno de Enrique Mosca terminó imponiéndose. El cobro de los salarios adeudados demoró más de un año. La ley de estabilidad y carrera docente finalmente se sancionó el año siguiente pero sumamente recortada en los avances que proponía inicialmente. Una cantidad significativa de docentes fueron cesanteados, principalmente las y los que llevaron las tareas de conducción del conflicto.
Se trató de una primera experiencia de masiva lucha docente producto de la combinación de dos factores centrales: un atraso salarial inadmisible y un movimiento obrero y estudiantil en alza.
Fue la lucha más importante de la docencia en toda la primera mitad del siglo pasado. La derrota fue dura pero sembró futuro y dejó enseñanzas. Ya nadie podía negar a los docentes el derecho a organizarse y a luchar como cualquier otro sector de la clase trabajadora. Sin dudas las formas de organización y los derechos que hoy defendemos tuvieron allí sus primeras heroicas expresiones.
Publicado el 23 De Mayo en el diario La Capital
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Perfil: periodismo precarizado
La Comisión Gremial Interna de los y las trabajadoras de prensa de la Editorial Perfil denuncian que desde más de un año la empresa sufre un vaciamiento sostenido en sus publicaciones y áreas. En este marco detallan hasta qué punto empeoraron sus condiciones laborales: “necesitamos dos, tres y hasta cuatro trabajos para cubrir los gastos diarios. Y eso indudablemente se paga con salud y calidad de trabajo”. Por Red Eco Alternativo.
“Lejos de lo que escribe el dueño sobre el futuro del oficio, la empresa diseñó un sinuoso plan de ajuste: los incumplimientos y el atraso salarial generaron un éxodo masivo de compañeros y compañeras. Muchos y muchas se fueron a otros medios, rubros o directamente se fueron sin otro empleo a la vista”, expresaron desde la Comisión Gremial.
“En perfil.com, ‘el futuro de la empresa’, como aseguraron varios directores y gerentes en los últimos años, la situación es evidente: todos los meses se van compañeros y compañeras. O por las presiones que reciben, el incremento de tareas o por el bajo sueldo que paga Perfil. Más que ‘periodismo puro’, Perfil es «periodismo precarizado».
No es un chiste, sino una triste realidad: el 70% de la nómina gana por debajo de la canasta básica. Incluso hay quienes están por debajo de la línea de indigencia. Vivir de nuestro sueldo se convirtió en una quimera”, agregaron
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Dánica San Luis: la patronal se resigna a respetar el Convenio aceitero y reabre la planta
Tras 32 días de huelga, se anunció hoy la reapertura de la planta de Dánica en Villa Mercedes, provincia de San Luis. El Grupo Beltrán, actual propietario de la firma, la había cerrado tras la negativa sindical a aceptar una rebaja salarial y cambios conveniales. Después, intentó avanzar con despidos, argumentando atravesar una situación de crisis que tampoco pudo demostrar. Finalmente los trabajadores ganaron la pulseada. Por Indymedia Trabajadoras/es.
Los trabajadores de la planta de Dánica en la ciudad de Villa Mercedes, a 100 kilómetros de la capital de San Luis, volverán a sus lugares de trabajo el próximo lunes encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 de los aceiteros, tras 32 días de huelga.
Así lo afirmó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de San Luis, Juan Domínguez, en declaraciones a la Agencia Télam.
Domínguez agradeció al Gobierno provincial por “no haber mirado para otro lado y haber acompañado a los trabajadores del sector a lo largo de toda su lucha para preservar la fuente de trabajo”.
El conflicto, que se extendió por 32 días de huelga, involucra a 130 familias que ahora “vuelven a contar con su fuente de trabajo” y y están “aliviados que Dánica se queda en San Luis en las condiciones legales, que reclamaban los trabajadores, es decir bajo el marco del Convenio Colectivo que los encuadra”, afirmó el dirigente.
“En nuestro gremio deciden los trabajadores, no los sindicalistas y lo hacen en asambleas donde votan las decisiones y se impone el interés de la mayoría” destacó Domínguez y agregó que “el próximo lunes se retomarán las actividades normales en la planta”.
El pasado 18 de abril la empresa Avex, actualmente parte del Grupo Beltrán y propietaria de las marcas Dánica, D’ Fiesta y Mayodan, informó a través de un comunicado el cierre de su planta en Villa Mercedes, debido a “la imposibilidad de reconducir el dilatado conflicto sostenido por el gremio local de Aceiteros (Soead)”.
Según la empresa, la causa del cierre era “la homologación de la paritaria con Aceiteros, que establece un incremento salarial de 70%”.
Planteaba el Grupo Beltrán que en Dánica existía un “erróneo encuadre sindical de la actividad y una representación sindical violenta e irascible que ha radicalizado desmedidamente las relaciones laborales, incluso perpetrando sabotajes en las líneas de producción”.
En ese contexto, Domínguez aclaró que Dánica, que tiene 80 años en el país, está inscripta desde su fundación en aceiteros “porque su actividad así lo amerita” y aseguró que “el encuadramiento no es caprichoso”.
Con respecto al reclamo de ajuste salarial dijo: “No conozco ninguna paritaria nacional firmada por Aceiteros que diga 70%. En el 2020 acordamos una por el 25% y en noviembre una revisión por el 10% más, después hay otro desde el 1° de enero del 2021, con otro 25% más, no es 70% junto. Nunca se dio esa pauta”.
Esta mañana, notificados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, los trabajadores se reunieron frente a la planta, donde les fue comunicada la superación del conflicto y el regreso a la dinámica laboral en Villa Mercedes.
Tal como en Llavallol
En marzo pasado, el Sindicato Aceitero de Capital (SOEIA) había obtenido un logro similar, al informar que tras largos meses de conflicto se arribó a un acuerdo en el que el Grupo Beltrán se había comprometido a desistir de su intento de modificar el encuadramiento de los trabajadores de la planta de Dánica en Llavallol, Provincia de Buenos Aires.
“Este logro se obtuvo gracias a la inmensa lucha obrera en Dánica Llavallol contra la prepotencia patronal”, sostuvieron desde el SOEIA. “Lo logramos con nuestras propias fuerzas, con unidad y solidaridad, como cada conquista que conseguimos los trabajadores”.
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Moreno: trabajadores del UPA 12 realizaron una manifestación para exigir el pago de salarios
Este mediodía trabajadores y trabajadoras de la salud del UPA 12 de Cuartel Quinto Moreno, realizaron una manifestación y corte de la Ruta provincial 24. Exigen el pago de salarios atrasados desde hace 5 meses. «Nos declaramos en estado de emergencia económica. Esta situación se produce en el marco de la crisis sanitaria debido a la pandemia. Pero también es consecuencia de la precarización laboral sostenida por el propio sistema de salud desde hace más de 30 años. Estas circunstancias nos han obligado a aceptar una beca de contingencia que no contempla los derechos y beneficios que están plasmados en la ley de los y las trabajadoras. Estar en situación de becario significa perder derechos elementales como trabajadores,no generar aportes jubilatorios, tampoco tener vacaciones ni aguinaldos». Por ANRed
Este mediodía trabajadores y trabajadoras de la salud del UPA 12 de Cuartel Quinto Moreno, realizaron una manifestación y corte de la Ruta provincial 24. Exigen el pago de salarios atrasados desde hace 5 meses.
«Somos enfermeras, trabajadores de higiene, kinesiólogas, médicas, administrativos, trabajadores de mantenimiento, radiólogos, farmacéuticos, camilleros. Y todos nos preguntamos: ¿Cuál es nuestro reconocimiento ante tanta negligencia del Estado? Si nosotros somos parte de los trabajadores esenciales. Somos 120 trabajadores que representan 120 familias. No estamos todos vacunados, no tenemos sustento económico, no contamos con un boleto de personal esencial. Y pagar el alquiler, mantener a nuestros hijos o familiares a cargo, pagar las expensas, la comida, la ropa, se ha vuelto insostenible. Tenemos compañerxs que han sido desalojados de sus hogares y hoy en día se encuentran en la calle con sus hijos. Nos encontramos ante una situación de desamparo del gobierno de la provincia. La olla y el pan para llevar a la mesa ya no pueden esperar los tiempos del Estado» explicaron los y las trabajadoras del UPA 12 mediante un comunicado.
Agregaron «desde el 01 de Enero del corriente año, quienesestamos trabajando en el área de salud, y más específicamente en el área de covid19,no hemos sido reconocidos por nuestra ardua labor de manera remunerativa. Nadie de los y las trabajadoras ha bajado la guardia. Y se nos ha exigido a cada uno de nosotros el cumplimiento de nuestro trabajo día a día, como si llegásemos a nuestras casas con el sueldo en nuestros bolsillos. Por lo que en cada jornada cada uno de nosotros se ha entregado en un 100% a su labor correspondiente a su sector desde hace ya cuatro meses y medio, sabiendo que al otro día debíamos volver al trabajo sin certezas de planta permanente, fecha de cobro ni valor de salario».
«Nos declaramos en estado de emergencia económica. Esta situación se produce en el marco de la crisis sanitaria debido a la pandemia. Pero también es consecuencia de la precarización laboral sostenida por el propio sistema de salud desde hace más de 30 años. Estas circunstancias nos han obligado a aceptar una beca de contingenciaque no contempla los derechos y beneficios que están plasmados en la ley de los y las trabajadorxs. Estar en situación de becario significa perder derechos elementales como trabajadores,no generar aportes jubilatorios, tampoco tener vacaciones ni aguinaldos» finalizaron.
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Córdoba: Fesprosa denuncia persecución del Gobierno provincial contra dirigentes del sector
Desde la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud (Fesprosa) denunciaron que el gobierno cordobés del gobernador Juan Schiaretti “ha tomado la decisión de impulsar el desafuero y la exoneración” de la licenciada Estela Giménez, Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS)-Fesprosa.
Voceros de la Federación afirmaron que Schiaretti y su partido Unión por Córdoba “tienen una larga historia de represión contra los trabajadores de la salud pública provincial”. Y añadieron: “El objeto es mantener como interlocutor a la burocracia del SEP-CGT encabezadas por José Pihen, negando todos los derechos a los auténticos representantes de los trabajadores”.
En ese sentido también recordaron la persecución y las sanciones contra los doctores Marcelo Lamon y Carlos Altamirano, que finalmente fueron revertidas por la Justicia, así como los ataques y el pedido de desafuero de Valentina Noroña, principal dirigente de UTS en Rio Cuarto.
Y añadieron: “A comienzos de año y en medio de una lucha salarial creciente por encima de las dirigencias burocráticas Schiaretti suspendió a tres delegados de UTS del Hospital Funes, trasladó compulsivamente a dos enfermeros y un médico, y cesanteó a otros tres enfermeros para quebrar la organización sindical. Entre los sancionados de encuentran Fernando Araya, médico obstetra delegado de UTS y Ariel Gómez secretario de finanzas de UTS, secretario adjunto de CTA-A de Córdoba y miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa”.
En este contexto de persecución del gobierno provincial, Fesprosa exigió la anulación inmediata de las causas contra Estela Giménez, la anulación de las sanciones a Ariel Gómez y Fernando Araya, el cese de la persecución a la UTS y el respeto al derecho de agremiación y negociación de todos los trabajadores de la salud.
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La Justicia falló a favor de ATE y limitó la convocatoria de Larreta para que los trabajadores de la salud con una sola dosis retomen tareas
El fallo limita al Gobierno de la Ciudad para que retomen tareas los trabajadores de la salud que hayan sido vacunados con una sola dosis de la vacuna contra el Covid-19. No puede haber una convocatoria masiva sin tener en cuenta el nivel de inmunización.
La justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el Consejo Directivo Nacional de ATE y limitó la facultad del Gobierno de la Ciudad de convocar a que retomen tareas los trabajadores y trabajadoras de la salud que hayan sido vacunados con una sola dosis de la vacuna contra el COVID.
La orden judicial dispone que la convocatoria general efectuada por el Ministerio de Salud local a volver a los centros de salud no es válida, y que debe efectuarse de manera individual, evaluando en cada caso la situación de cada persona convocada.
En efecto, el titular del Juzgado CAYT Nº 23, Dr. Francisco Ferrer, resolvió cautelarmente en fecha 21/5/21 que el Gobierno de la Ciudad ajuste su actuar a lo dispuesto por el art. 2 del Decreto 120/AJG/2021, estableciendo que el retorno a la actividad presencial de las personas trabajadoras del SUBSISTEMA PÚBLICO DE SALUD PÚBLICA de la CABA dispensadas que contaran con una dosis, deben ser convocadas mediante acto administrativo individual adecuadamente motivado, con especial referencia a los parámetros que emergen de los criterios científicos actualmente disponibles.
Si bien ATE había solicitado la prohibición de la convocatoria con una sola dosis, esta medida resuelve en parte la situación de angustia del personal de salud que estaba siendo convocado sin tener en cuenta los niveles de inmunidad alcanzados con una dosis de la vacuna, ni la real necesidad de cada centro de salud.
Ahora habrá que esperar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las convocatorias individuales, en caso de ser adecuadamente motivadas.
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En el Canal de la Ciudad
Murió sonidista por Covid y Satsaid denunció que no se cumplen los protocolos
Un trabajador del Canal de la Ciudad murió luego de contagiarse coronavirus y de que su cuadro se complicará en la última semana y el Sindicato de los Trabajadores de la Televisión (Satsaid) denunció que su deceso «se podría haber evitado» si el Gobierno porteño y las autoridades de ese medio «hubieran aplicado los protocolos vigentes».
Foto: Télam
Un trabajador del Canal de la Ciudad murió luego de contagiarse coronavirus y de que su cuadro se complicará en la última semana y el Sindicato de los Trabajadores de la Televisión (Satsaid) denunció que su deceso «se podría haber evitado» si el Gobierno porteño y las autoridades de ese medio «hubieran aplicado los protocolos vigentes».
«Desde el sindicato lamentamos profundamente el fallecimiento de un trabajador del Canal (el sonidista Luis Verón) tras haberse complicado su cuadro por el contagio de Covid-19. Nos duele saber que esta pérdida se podría haber evitado si el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, o las autoridades del canal, Eduardo Cura y Patricia Rey, hubieran aplicado los protocolos vigentes», indicaron en un comunicado.
En ese sentido, explicaron que «en abril pedimos la inmediata aplicación del protocolo, como la reducción del personal presencial al mínimo indispensable, transporte y rotación en burbujas. Pero hoy, en plena segunda ola de la pandemia, los responsables siguen sin tomar cartas en el asunto y las consecuencias están a la vista».
«El canal sigue concentrando trabajadores en los estudios, y es el único del país que no cumple el protocolo de cuidados sanitarios. Esta lamentable situación se agrava por el hecho de que desde el 14 de marzo se ha dejado de informar sobre los contagios de lxs trabajadorxs de televisión que prestan servicios en dicha institución pública. Mientras tanto, las autoridades del canal desarrollan sus tareas desde la seguridad de sus hogares», añadió el comunicado.
Satsaid consideró que «es una vergüenza que un canal financiado por el pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viole todos los cuidados sanitarios, y funcione al servicio de la gestión del jefe de Gobierno porteño, a costa de poner en riego de vida, la salud de lxs trabajadorxs de la televisión».
«Sumado a esto las autoridades han mostrado una gran iniciativa para castigar a quienes por enfermedad preexistente no vinieron a trabajar o hicieron home office, dándoles la mitad de las paritarias, o removiéndoles francos compensatorios por feriados trabajados durante el ASPO del 2020», expresó el texto.
Asimismo, manifestaron que la «desidia» es constante en cuestiones referidas al cuidado del personal, «ya sea tanto en la implementación de protocolos sanitarios, como también a la hora de aplicar el convenio colectivo de televisión para que lxs trabajadorxs gocen de los derechos laborales que les corresponden al igual que el resto de los trabajadores de la actividad televisiva del país».
«Señor Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta: ¿Cuántas muertes más habrá qué lamentar para que usted reaccione y haga lo que corresponde? Desde el Satsaid solicitamos una reunión urgente con las autoridades de la Secretaría de Medios de la Ciudad de Buenos Aires», concluyó el comunicado del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos.
Fuente: Télam
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Argentina lidera ranking de los países que más apoyo otorgaron a trabajadores en pandemia
Los primeros cinco países del ranking fueron Argentina, Austria, Suecia, Francia y España, de acuerdo a un análisis de la UNI Global Union y la CSI que clasificó a 181 naciones y cuyo resultado fue resaltado por el cotitular de la CGT, Héctor Daer.
El cotitular de la CGT, Héctor Daer, aseguró que la Argentina encabeza el ranking de países que más apoyo otorgaron a los trabajadores durante la grave pandemia de coronavirus, y afirmó que esa realidad «no fue casual sino que representa un logro a partir del trabajo conjunto entre la central obrera y el Gobierno» de Alberto Fernández.
El titular de la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA) se refirió de esa forma en su cuenta de Twitter al informe difundido este viernes por la UNI Global Union y la CSI respecto del análisis global de apoyo legal de los Estados a los trabajadores, que clasificó a 181 naciones sobre los efectos de la Covid-19 y cuyo ranking encabeza Argentina.
Daer sostuvo en su cuenta de Twitter que la mirada argentina de protección a los trabajadores «es única en el mundo», y agregó que el país fue «el que más medidas adoptó para preservar el empleo y cuidar a la población ante el impacto de la Covid-19».
El informe
Los primeros cinco países del ranking fueron Argentina, Austria, Suecia, Francia y España.
El primer análisis global de apoyo legal para los trabajadores clasificó 181 respuestas gubernamentales a la grave pandemia y, según ese estudio de las entidades, la Argentina encabeza el ranking en relación con el apoyo otorgado a los trabajadores en la crisis.
El estudio «Covid-19: Una enfermedad ocupacional» de la UNI Global Union y la Confederación Sindical Internacional (CSI) sostuvo que el 98 por ciento de los trabajadores del mundo no reciben el subsidio por la enfermedad, el reemplazo de salario y los beneficios sociales para soportar la grave pandemia de coronavirus.
El primer análisis global de apoyo legal para los trabajadores clasificó 181 respuestas gubernamentales a la grave pandemia
El informe clasificó niveles de compensación laboral, programas de seguridad social y sistemas de salud pública en 181 jurisdicciones nacionales y regionales, incluyendo 124 países, 37 estados de Estados Unidos, 13 provincias y territorios canadienses y 7 estados australianos, en tanto las 10 jurisdicciones mejor calificadas -que incluyó a Argentina, Massachusetts, New Hampshire y Nueva Jersey- ofrecen el mejor apoyo para los trabajadores afectados por el virus, aunque son el 2 por ciento de la población activa.
«Ello deja a la gran mayoría de trabajadores con provisiones y beneficios limitados si se contagian. A su vez, 98 jurisdicciones reconocen a la Covid-19 como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal que permite a los contagiados en el lugar de tareas acceder a protecciones y derechos sociales, como subsidio de enfermedad, atención médica y reemplazo de salario, que de otra forma no tendrían», sostuvo el documento.
«Aun reconociendo el coronavirus como enfermedad ocupacional, los Gobiernos a menudo niegan los beneficios porque los trabajadores no pueden demostrar que lo contrajeron en el empleo. Para resolver el problema, el 6 por ciento de las jurisdicciones estudiadas adoptaron presuntas leyes o políticas que significan suponer que la enfermedad se contrajo en el trabajo», afirmó Christy Hoffman, secretaria general de la UNI Global Union.
También sostuvo que «los Gobiernos le fallan a los trabajadores de primera línea al obligarlos a asumir cargas físicas, psicológicas y financieras de la Covid-19 por su cuenta, y son a menudo mujeres, migrantes y personas de color que no deberían tener que elegir entre su salud personal y financiera», por lo que aseguró que el reconocimiento de la enfermedad como ocupacional garantizará esos beneficios y las compensaciones.
Sharan Burrow, secretaria general de la CSI, puntualizó a su vez que los trabajadores de primera línea en la pandemia deben tener protección social; aseveró que «una recuperación resiliente necesita un nuevo contrato social que ofrezca beneficios y compensaciones», y se pronunció por un Fondo Mundial de Protección Social como primer paso hacia «la instrumentación de los derechos universales», por lo que exhortó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a reconocer el mal como «ocupacional».
Solo diez jurisdicciones (5,5%) recibieron las calificaciones más elevadas, en tanto el subsidio de enfermedad está disponible en 104, lo que significa que casi el 43 por ciento de los trabajadores no tiene acceso a la licencia por enfermedad remunerada.
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ATE fue a la Justicia y Larreta no podrá obligar al personal de Salud a retornar a la actividad sin antes evaluar cada caso
ATE presentó un amparo para que Ciudad se abstenga de exigirle al personal de Salud retorne a la actividad. La Justicia le dio la razón
La Ciudad de Buenos Aires había exigido a los trabajadores de la Salud que habían sido vacunados con una sola dosis contra el Covid retornen a los puestos sanitarios. ATE presentó un recurso para que se revise la medida y finalmente la Justicia aceptó el pedido del gremio estatal.
Es que la justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires “limitó la facultad del Gobierno de la Ciudad” para la convocatoria del personal de la Salud porteño y que cada caso de debe ser analizado en particular teniendo en cuenta varios factores como ser:
Nivel de inmunidad tras la primera dosis en consideración a la vacuna asignada
El tiempo transcurrido desde su inoculación
Tipo de riesgo que afecta a cada paciente
Las diferencias entre efectores de la salud respecto de la necesidad concreta de cada uno de ellos de requerir la presencialidad de los agentes beneficiados por la dispensa
Posibilidad concreta de contar en tales efectores con áreas en las que no exista alta circulación viral de COVID- 19 para que los agentes comprendidos puedan prestar tareas.
Tener en cuenta la distancia entre la vivienda del personal y el referido destino físico (lo que interesa a los efectos de saber si requerirá acudir al transporte público o no entre otras cuestiones).
Esto se desprende según el fallo del titular del Juzgado CAYT Nº 23, el Dr. Francisco Ferrer, quien emitió una cautelar el 21 de mayo, y que le ordena al Gobierno de la Ciudad ajuste su actuar al art. 2 del Decreto 120/AJG/2021, y que convoque a los trabajadores “mediante acto administrativo individual adecuadamente motivado”.
Datos de las y los trabajadores de la salud en CABA
Comunicado de ATE Nacional. El Gobierno de Larreta informó que “el total de personas activas al 28 de abril de 2021, según el sistema de liquidación del Gobierno de la Ciudad SIAL es de 48.466 (cuarenta y ocho mil cuatrocientas sesenta y seis) personas” y que “el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad cuenta con la prestación de servicios de 402 personas, afectadas específicamente a estrategias sanitarias Covid, y cuyas contrataciones loys [locación de obras y servicios] por prestación de servicios se encuentran a la fecha en proceso de renovación.
Además se informó que “se registran mil quinientas diecinueve (1519) dispensas del deber de asistencia al lugar de trabajo a trabajadores/as del Subsistema Público de Salud, por encontrarse incluidos dentro de alguno de los grupos de riesgo definidos por la Resolución N˚ 622-GCABA-SSGRH/20 y modificatorias” del SUBSISTEMA PÚBLICO DE SALUD PÚBLICA de la CABA que se encuentra dispensado de la presencialidad por encontrarse incluido en un grupo de riesgo representa un 3,10% del total. Si se tiene en cuenta que dicho porcentaje incluye a las y los trabajadores que integran los grupos de riesgo excluidos del retorno a la presencialidad, esto es, los y las trabajadores/as comprendidos/as dentro de los términos de los incisos c) y g) del artículo 1° del Anexo I a la resolución 2600/GCABA/SSGRH/21, es posible afirmar que el porcentaje es aún menor.
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20 años de “El Matanzazo”, un hito en el camino hacia la rebelión del 2001
Luis D´Elía, desde su prisión domiciliaria, y Hugo “Cachorro” Godoy encabezaron un acto para recordar el corte de ruta del 2001 en Isidro Casanova. Participaron además el diputado Juan Carlos Alderete, los dirigentes Víctor De Gennaro, Miguel Federico y Ricardo Peidro, y la ex embajadora Alicia Castro.
Redacción Canal Abierto | El 23 de mayo del 2001 concluía una de las tantas puebladas que durante la década del 90 se extendieron como respuesta al proceso de privatizaciones y desempleo, de recortes sociales, represión y hambre que esparcieron como metástasis las políticas del gobierno de Menen primero y La Alianza luego.
Tras 19 días de corte en la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova, en La Matanza, la Corriente Clasista Combativa, la Federación Tierra y Vivienda y la CTA lograron arrancarle al Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires un compromiso de atención de las demandas de salud, educación y trabajo.
El hecho fue uno de los más representativos de la recta final de las movilizaciones y piquetes que desembocaría en estallido social de diciembre de 2001 y la renuncia de Fernando de la Rua y Domingo Cavallo.https://www.youtube.com/embed/5al1OWpFMss?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=es-ES&autohide=2&wmode=transparent
Los métodos piqueteros
Luego de las respuestas populares contra el desguace del Estado y la profundización de la crisis económica de diciembre de 1993 en Santiago del Estero, que trascendió a la historia como “El Santiagueñazo” y que culminó con la destitución del gobernador Fernando Lobo que había asumido tras la renuncia de Carlos Mujica, se sucedieron los levantamientos y cortes en distintos puntos del país.
En 1996 y 1997 las protestas en Plaza Huincul y Cutral Co, Neuquén, encabezadas por sindicatos docentes y movimientos de base convulsionaron al país tras el asesinato de Teresa Rodríguez durante la represión de la policía y la gendarmería.
Más tarde Tartagal y General Mosconi, en Salta, en el 97, ocuparon la atención nacional con sus bloqueos de rutas que se repitieron hasta que en noviembre de 2000 fue asesinado Aníbal Verón.
En el puente interprovincial General Belgrano que une Corrientes con el Chaco, en 1999, también murieron dos manifestantes por balas recibidas de la represión.
En Florencio Varela y La Matanza, en Buenos Aires, se dieron algunas de las protestas más fuertes y representativas del conurbano.
Los reclamos, que se replicaban por todos los puntos del país, tuvieron entre sus efectos directos los surgimientos de los Movimientos de Trabajadores Desocupados y, más adelante, la alianza de los sectores excluidos y los trabajadores con la clase media durante los “cacerolazos” que signaron los estertores finales de la etapa neoliberal.
Sin embargo, la represión tendría nuevos capítulos, entre los cuales se destaca de manera sonante la Masacre del Puente Avellaneda, en la que fueron fusilados Darío Santillán y Maximiliano Kostecky
Uno de esos momentos destacados de la historia política reciente del país, fue recordado hoy con un acto virtual en el que participaron dirigentes de la CTA Autónoma, de la CCC, de la FTV, entre otros.
Matanzazo virtual
El acto comenzó con la palabra de Hugo “Cachorro” Godoy, adjunto de la CTA Autónoma y titular de ATE Nacional, quien puso en valor aquella gesta: “Las organizaciones pudieron obtener un triunfo y palear los problemas de la pobreza y el hambre, sino también abstuvieron grandes triunfos en materia de salud y educación y pudieron adelantar la gran gesta popular de diciembre del 2021”.
“Queremos recordar el ‘Matanzazo’ como un triunfo de la clase trabajadora, un hito en la historia del movimiento obrero y alumbrar un tiempo de esperanza para un tiempo de transformaciones profundas por soberanía, trabajo, producción y justicia”, dijo Godoy y remarcó: “Estamos aquí como un modo de respaldar el legítimo reclamo de libertad para Luis Delia y todos los presos políticos”.
Por su parte, Luis D’Elía sostuvo: “Este fue un hito muy importante en la historia reciente en Argentina. Porque hasta allí todo era derrota, y represión contra el pueblo”, y afirmó que: “El ‘Matanzazo’ no nació de un repollo, nació del diálogo con la CCC, con los Curas de Opción por los Pobres, con grandes dirigentes, y quiero destacar a Juan Carlos Alderete, a quien quiero y aprecio mucho”.
“Después del ‘Matanzazo’ pateamos un hormiguero que se transformó en lucha a lo largo y ancho del país, y seis meses después el pueblo en las calles terminaba con en el duhaldismo y el cavallismo, otra versión del neoliberalismo conservador”, dijo D’elía.
Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC, y actual diputado nacional, recordó lo aprendido durante ese proceso: “siempre buscando la unidad del campo popular hemos aprendido y seguiremos aprendiendo”, dijo el dirigente y recordó a “Nuestros compañeros y compañeras han resistido y aguantado el frio, la lluvia, y esa convicción de que nadie va a poder con nosotros”.
“Creo que de ese día hasta ahora todavía no se ha logrado otro triunfazo como ese convenio que logramos con la ruta cortada”, destacó Alderete.
Miguel Federico, histórico dirigente y titular de ATE La Matanza durante el 2001, dijo: “Marcamos un camino para todo el país, con muchas organizaciones que se animaron a hacer algo parecido”, dijo y enumeró lo conseguido: 100 mil kilos de animales, 4 hospitales móviles, medicamentos y el ensanchamiento de la ruta.
Alicia Castro, quien en ese momento era dirigente del Movimiento de los Trabajadores Argentinos-MTA, denunció el poder del sistema financiero en la actual, que es capaz de vivir sin trabajadores y sin producir: “Argentina no puede soportar que se sigan muriendo los trabajadores y las trabajadoras por la pandemia”. Sobre el ‘Matanzazo’, Alicia Castro afirmó: “El piquete mostró como actor social a ese trabajador excluido que no tenía representación gremial, ni política, y no tenía voz y ahí se manifestó como ciudadano, como un deseo de manifestar un lugar. Creo que tenemos aún mucho que aprender de aquella gesta”.
Víctor De Gennaro, fundador de la CTA, resalto: “¿Por qué fue tan importante ese corte? Porque se ganó. No hay nada más importante para animarse a avanzar, que un triunfo. Pelear siempre peleamos. Hicimos grandes luchas, todas de resistencia. Pero hubo un hecho transcendente en esos 19 días, y es que se ganó”, dijo Víctor y afirmó que ese corte animó lo que fue el Frente Nacional Contra La Pobreza, y todas las Plazas de Mayo que se llenaron ese año hasta alcanzar el 19 y 20 de diciembre: “donde dijimos que la salida era la distribución del ingreso”.
“Quiero agradecer a esa experiencia, y ahora más que nunca necesitamos la calle, la ruta, porque el verdadero protagonista del poder es el pueblo organizado. Estamos masticando, debatiendo y sabiendo que estamos ante un tiempo nuevo”, dijo el dirigente.
Fredy Mariño, integrante de la CCC, hizo uso de la palabra, reivindicando esta gesta de lucha y la construcción de alianzas profundas: “Al margen de los logros materiales, que fueron tan importantes, el ‘Matanzazo’ fue sede de las primeras asambleas nacionales piqueteras”, recordó.
Cerró el acto Ricardo Peidro, secretario General de la CTA Autónoma, quien afirmó: “Cuando se escriba la historia de la victoria de nuestro pueblo, sin dudas el ‘Matanzazo’ tendrá un capítulo muy importante. Fundamentalmente por el concepto de clase trabajadora que defendemos cuando el poder y el sistema nos quiere atomizar dividiéndonos como desocupados, ocupados, monotributistas, precarios”.
“Indudablemente la coyuntura y la pelea cotidiana -que seguimos llevando adelante cada día- hace que no valoremos como se merece cada hecho. El ‘Matanzazo’ dio cobijo y más legitimidad a otras luchas, y lo llevamos siempre en nuestros corazones, nosotros y las generaciones que vengan”, concluyó el dirigente.
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Mercado Libre de derechos laborales
La pandemia ha sido devastadora para muchas empresas pero no para Mercado Libre (ML), una de las pocas firmas que se benefició en estos meses gracias al crecimiento exponencial del consumo online. Según el último informe de Mercado Ads en 2020, solo en Argentina se sumaron más de dos millones de nuevos compradores en la plataforma. El informe que presentó la compañía a fines del año pasado, destaca que aumentó la cantidad de usuarios activos en América Latina un 45,2% (alcanzando los 51,5 millones) y sus ingresos netos fueron de 878,4 millones de dólares. Las ventas totales registraron un incremento de 205,7 millones en diversos artículos para llegar a los 5.902,4 millones de dólares. Aun así, su negocio más floreciente durante el trimestre fue Mercadopago: la plataforma registró 559,7 millones de transacciones, lo que representa un aumento interanual del 146,6%.
En 2021 la tendencia continúa: el balance presentado a principios de mayo, correspondiente al primer trimestre de este año, registró ventas por 1.400 millones de dólares y 70 millones de usuarios activos con un crecimiento del 111,4% interanual. De las ventas totales, el 65% correspondió al negocio de comercio electrónico mientras que el 35% restante fue recaudado por el servicio vinculado al negocio Fintech, nombre que se le da a las empresas tecnológicas financieras.
¿De qué se trata este negocio? Las Fintech se distinguen de los bancos y de las instituciones financieras tradicionales por ser empresas enfocadas en hacer un uso de la tecnología para lograr la innovación en las herramientas y transacciones. Este servicio se realiza a través de una red integrada de prestamistas particulares o empresas que invierten su capital privado a cambio de un interés. Para eso utiliza la plataforma Mercado Crédito, la cual le ofrece préstamos de capital a pequeñas y medianas empresas que venden a través de Mercado libre o que procesan sus cobros con Mercado Pago. El registro es online y no requiere ninguna documentación. Para el vendedor esta operación tiene muchos beneficios ya que las condiciones son flexibles y es él quien decide el monto a pagar y sus respectivas cuotas. Mercadopago es la plataforma de pagos de origen latinoamericano más grande de la región, con más 182 millones de usuarios, 370.000 comercios adheridos y ofrece más de setenta opciones de medios de pago.
ML anunció a principios de abril que sumará más de 16.000 trabajadores en toda la región en 2021, lo que implica un crecimiento superior al 100% en tan solo un año. Entre otros objetivos, está el de ampliar la red logística en la región y para ello necesita reforzar las áreas de IT (Tecnología de la Información). En una entrevista, Marcos Galperín explicó: “Nuestro objetivo es optimizar los tiempos y formas de entrega en cada país. Un 70% de los nuevos empleos serán en los Centros de Almacenamiento y un 25% en los equipos de tecnologías de cada país, que desarrollan mejoras continuas en el servicio y la experiencia de pymes, comercios y consumidores”.
Gran lugar para trabajar
El sitio “Great Place to Work” (GPTW) reconoció por tercer año consecutivo a ML como una de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica. Cada año, GPTW evalúa el ambiente de trabajo en las diferentes compañías mundiales teniendo en cuenta las experiencias de confianza en sus líderes, las condiciones laborales, salarios entre otros atributos pero ¿qué tan cierto es?
ML cuenta con diversas áreas desde Marketing, Customer Experience, Logística, Prevención de Fraudes, etc; pero las condiciones laborales parecen no ser las mismas. Sebastián Manzoni, joven despedido a principios de mayo, publicó una serie de tuits en los que relataba las duras condiciones de trabajo en la empresa, con metas que los obligaban a correr casi las diez horas que dura un turno. Como todos son contratados como personal temporario, la expectativa es rendir lo suficiente como para quedar como empleado permanente. La serie de tuits produjo cierto revuelo en la red.
En diálogo con ANCCOM, Manzoni contó cómo es trabajar en la firma de Galperín: “En muchos sitios y medios se dijo que critiqué todo de la empresa, pero no es así. Por supuesto que tiene algunos elementos positivos como el buen sueldo que no baja de la inflación, las comidas son económicas y existe un sistema de traslado de combis que te lleva, pero no todos son beneficios”. Sebastián trabajó en el Área de Depósito desde febrero de 2021 y fue contratado junto con doce jóvenes más. Sus días laborales comenzaban los viernes por la noche y terminaban los lunes por la mañana. Respecto a esta situación, el joven expone que existen ciertas irregularidades que violan las leyes laborales: “Por ejemplo, se exceden en la cantidad de horas nocturnas y la cantidad de breaks [cortes] es menor ya que solo teníamos entre veinte minutos y media hora de descanso, lo cual era muy poco por la demanda física que implica estar en depósito”.
Otra de las cuestiones que denuncia es el fraude laboral que existe con la eventualidad: “Es entendible que se contrate personal eventualmente en fechas como el Hot Sale pero si el setenta por ciento es eventual y realiza trabajos habitualmente, la situación es otra. A la empresa le conviene no efectivizarte porque se ahorran vacaciones, gastos, indemnizaciones, etc”.
El entrevistado cuenta que su tarea laboral se desarrollaba en el depósito que tiene cuatro niveles. Allí debía recolectar entre noventa y cien productos por hora para quedar entre los primeros puestos de productividad al final de la jornada: “Lo que sucedía es que como la mayoría es eventual, la mayor aspiración y preocupación es que te efectivicen. ¿Cuál es la lógica? ‘Doy todo, trato de quedar primero a toda costa, para que me contraten’. Entonces ves como todos los chicos corren como si fuera una maratón, compitiendo entre ellos. De hecho, a mí me echaron con una tanda de chicos que habían quedado en el primer puesto muchas veces.”
Tal como parece, uno de los motores de este sistema de productividad es el incentivo y las aspiraciones de los trabajadores eventuales. Esta situación habilita la pregunta de si ML aplica la tecnología para aumentar la productividad o si en todo caso, lo consigue por medio de la explotación y abusos laborales. En la actualidad, son muchos los jóvenes que consideran a la empresa como uno de los mejores espacios de trabajo pero ¿es así? En este sentido, Manzoni recomienda a quienes decidan trabajar en la empresa ahorrar momentáneamente y no firmar ninguna renuncia: “Van a ganar momentáneamente un buen sueldo pero esto no dura para siempre ya que nunca te terminan de contratar y vos por ahí exigiste tu cuerpo en estas condiciones deplorables. Otra irregularidad que tiene la empresa es que te seducen para que firmes la renuncia a cambio de brindarte trabajo en el futuro: Al final trabajas nueve meses de manera eventual y te vas con las manos vacías”.
Desde ML no hubo respuesta a las consultas de ANCCOM sobre este tema.
Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor de APP (Asociación de Personal de Plataformas), expresó que frente a estas promesas, “deberíamos preguntarnos en qué medida implican una mayor autonomía y qué beneficios tiene el trabajador: por ejemplo, en el Área de Depósito prevalece la jornada por horas que no es un sistema de flexibilidad para los trabajadores sino que es un sistema de flexibilidad horaria para que la empresa pueda organizar su productividad, lo cual implica menor libertad para el trabajador pero sí para la empresa”.
¿Por qué el trabajo en ML resulta atractivo para los jóvenes? Según Ottaviano, estás compañía trabajan fundamentalmente en el marketing del reclutamiento de trabajadores y se esfuerza por presentarla como una buena oportunidad laboral: “La realidad acá es que no en todos los casos pagan muy mal y no en todos pagan muy bien, porque hay labores que requieren más calificación. Por eso hay que tratar de hacer indagaciones más precisas sobre cuáles son los perfiles que estas empresas buscan ya que la tecnología agranda esta brecha”.
León Dario Piasek, también abogado laboralista, coincide con esta postura agregando que “este marketing especializado intenta dar la sensación de que uno es un emprendedor libre y no un empleado: Seducen con la idea de la libertad horaria, el trabajar desde la ‘comodidad’ de tu casa, el no tener que viajar, etc.”
Al parecer,el problema central no solo está en las contrataciones eventuales a trabajadores autónomos en vez de asalariados sino que es mucho más serio. Esto tiene que ver con especificar la clasificación de las actividades económicas que desarrollan empresas como ML, Uber, Rappi: “MercadoLibre se dedica al comercio online pero también presta servicios financieros a través de una billetera electrónica. Por tanto debería haber regulaciones en esas actividades, teniendo en cuenta también los distintos puestos de trabajos”, explica Piasek y agrega: “Hay una falta de fiscalización del Estado que debería ser más rígida sobre todo cuando se trata de derechos. Una falencia es lo que se conoce como policía de trabajo de fiscalización y de sanciones: casi no vas a encontrar empresas sancionadas por no respetar las políticas fiscales o laborales. Hoy, el 40% de los argentinos trabaja de manera informal y casi siempre el Estado juega a favor de los empleadores”.
Las plataformas son una nueva forma de hacer negocios que han acelerado su crecimiento gracias a la pandemia. El desarrollo tecnológico que promueve este tipo de compañías es clave para su crecimiento económico, pero sería necesario analizar cuánto queda si se someten a las regulaciones impositivas y laborales de acuerdo a la legislación vigente y con un Estado presente.
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MONOPOLIOS Y CONTROL SOCIAL
Mecanismos del poder para obturar un descontento colectivo que decanta en estallidos de violencia
La pandemia continúa expandiéndose y sus cimbronazos exponen el salvajismo de la estructura de poder mundial. Un capitalismo que maximiza ganancias en todos los órdenes de la vida social, devora todo lo que encuentra y destroza el andamiaje democrático que durante mucho tiempo ha ocultado su angurria insaciable. En la penumbra de este derrumbe se vislumbra a la bestia que agoniza mientras mata a sangre y fuego. También se escuchan voces que, desde muy lejos, ensayan una nueva melodía que canta una verdad ancestral: sin el otro no hay vida humana posible. El miedo a una muerte que acecha a la vuelta de la esquina y el deseo de consumir sin límite alguno multiplican las telarañas que nos impiden ver la enormidad de lo que está ocurriendo. Sin embargo, algunos acontecimientos desnudan por un fugaz instante la trama profunda del drama actual.
La pandemia ha tenido un enorme impacto sobre la economía global: la concentración de la riqueza ha aumentado y la pobreza se ha multiplicado por doquier. Esto ha elevado la temperatura del descontento social dando lugar a estallidos de violencia en distintas partes del mundo. Las elecciones en Bolivia, el enfrentamiento de la juventud chilena con las instituciones y la dirigencia tradicional hasta arrancarles una reforma constitucional y cambios políticos inéditos, las protestas callejeras en Colombia y en otras partes del mundo, expresan una furia que jaquea las entrañas del status quo. En estos procesos, diversos sectores sociales rompen su aislamiento y dispersión y encuentran una voz colectiva que unifica sus reclamos. Empiezan así a transitar un camino nuevo que lleva a la desnaturalización de la miseria y el ostracismo y a preguntarse por las causas de estos problemas. Las máscaras del orden imperante son desgarradas y se busca la participación, desde abajo hacia arriba, en las decisiones que se toman, construyendo al mismo tiempo lazos de empatía, solidaridad y cooperación. Este empoderamiento del “chiquitaje” anuncia la ruptura del chaleco de fuerza que por tanto tiempo ha agarrotado la imaginación popular atando de pies y manos a la enorme mayoría de los ciudadanos.
Las placas tectónicas del cambio social empiezan a moverse y las elites en el poder se apuran a obstruir estos avances. Coordinando esfuerzos a escala mundial, tratan de impedir el huracán que se avecina articulando un autoritarismo brutal. La censura para controlar a los “enemigos de la democracia”, el vaciamiento de los conceptos y de los valores, el incitamiento del miedo y del odio fanatizando a las muchedumbres contra un enemigo que acecha, constituyen elementos esenciales de una estrategia que busca confundir a la población, ocultar lo que ocurre y matar el huevo de la protesta social. Esto ocurre tanto en la guerra como en los medios de comunicación y en los claustros diplomáticos, políticos, académicos y culturales.
Esta impunidad criminal aparece en la convocatoria de la Alianza por la Democracia a una “urgente cooperación” entre los monopolios tecnológicos y los gobiernos democráticos para purgar de Internet y de las redes sociales las fake news y las opiniones que “tanto mal le hacen a la democracia”. Esta organización, fundada en 2017 con la participación del ahora Presidente estadounidense Joe Biden y financiada por los gobiernos y los monopolios tecnológicos, aglutina a dirigentes políticos, empresarios, militares, científicos y ex funcionarios del gobierno norteamericano y de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En su reciente cónclave anual ha definido a China y a Rusia como los principales enemigos de la democracia. Paradójicamente, una encuesta que esta misma organización acaba de realizar en un universo de más de 53.000 ciudadanos esparcidos en el 75% de los países del mundo, muestra que menos de la mitad de los norteamericanos y sólo el 53% del total de encuestados creen que viven en democracia. Esto contrasta con la confianza hacia la democracia expresada por más del 75% de la población china, proporción solo superada en Noruega, Suiza y Dinamarca. Peor aún, la mayoría de los encuestados cree que Estados Unidos es más peligroso que China, y una enorme proporción cree que la desigualdad económica y el poder e influencia de los ricos constituyen el principal peligro para la vida democrática en el mundo.
En este contexto de creciente desconfianza ciudadana, los gobiernos de los países centrales acuden a los monopolios tecnológicos para asegurar el control del disenso social y político. Esto no es casual: replican lo que ocurre en los Estados Unidos.
Estado en las sombras y monopolios tecnológicos
El complejo industrial-militar que en 1961 fuera denunciado por el general Dwight Eisenhower como el principal peligro para la democracia norteamericana se ha transformado, a lo largo del tiempo, en un Estado de Seguridad Nacional con 16 agencias específicamente dedicadas a la inteligencia y a la defensa del país. Estas agencias han penetrado tanto a los tres poderes del Estado como a la burocracia administrativa de los gobiernos federal y estatales, a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Hoy impregnan a las instituciones, organizaciones y asociaciones que expresan las actividades de los ciudadanos: partidos políticos, sindicatos, fundaciones, ONGs, universidades, think tanks, entre otras. Así se ha engendrado un monstruo que integra a lo privado con lo público: un Estado en las sombras que, operando desde estructuras formales e informales, adopta distintos ropajes para naturalizar el control social de la población y del mundo. Dentro de este monstruo existen contradicciones y disputas entre facciones, pero su núcleo central concentra cada vez más poder y capacidad de incidencia sobre las estrategias y las políticas del país, mas allá de los partidos políticos que se suceden en el gobierno.
La pandemia ha acelerado la digitalización de la vida social desnudando el carácter híbrido de las instituciones y el rol creciente de los monopolios tecnológicos en la persecución de objetivos tan variados como investigación de enfermedades, elaboración de remedios y vacunas, recolección y acopio de todo tipo de datos clínicos, biológicos y psicológicos, monitoreo del comportamiento colectivo e investigación y tecnología médica asociadas a la guerra y a la defensa nacional.
Estos monopolios tecnológicos son el resultado de la actividad de DARPA (Defense Advanced Research Proyects Agency), una agencia del gobierno responsable de la Investigación científica y tecnológica con fines militares y de defensa del país. Creada en 1958, DARPA ha sido el semillero de productos de avanzada (por ejemplo, Internet y robótica) y de empresas privadas que, operando como contratistas del Estado, han desbordado hacia la actividad comercial más amplia, constituyendo eventualmente a los actuales mega monopolios tecnológicos. Estos controlan Internet, las redes sociales, la recolección, acopio y monetización de datos y operan desde los dos lados del mostrador: controlan sus mercados y son funcionales al aparato militar y de inteligencia norteamericano (web.archive.org, 20/05/2003; history.com, 04/02//2004; qz.com, 08/12/2017; 0vice.com, 21/05/2018; vox.com, 31/10/2019).
Recientemente, el gobierno de Biden ha propuesto al Congreso la creación de una agencia dedicada a la salud: ARPA-H, explícitamente modelada según los lineamientos de DARPA, para acelerar la investigación sobre las causas del cáncer y otras enfermedades y para desarrollar “tecnologías innovadoras”. La fundación (HARPA) y los organismos y personas involucradas en este proyecto, así como el asesor científico de Biden, han formado parte de iniciativas semejantes que, tanto dentro como fuera de DARPA, han tenido por objetivo principal utilizar tecnologías de avanzada para monitorear comportamientos colectivos con el objetivo de detectar “comportamientos pre-criminales” (axios.com, 19/10/2017; washingtonpost.com, 22/08/2019).
La preocupación oficial por la vigilancia de la población ha adquirido fuerza a partir de la intensificación de la competencia con China. En 2018 una comisión gubernamental, la NSCAI (National Security Commission on Artifical Intelligence) –con participación de funcionarios del gobierno y de ex directivos de los monopolios tecnológicos– se dedicó al estudio de los métodos y medios necesarios para acelerar la utilización de inteligencia artificial en la defensa del país. Así, llegó a la conclusión de que los desarrollos extraordinarios de China en este campo erosionan la ventaja comparativa de los Estados Unidos y se deben a una serie de factores, entre los que se encuentra la estrecha asociación del gobierno chino con los monopolios tecnológicos privados en cuestiones relativas al espionaje de la población y a las transacciones financieras y comerciales. En consecuencia, la Comisión sugirió, entre otras cuestiones, disminuir las regulaciones que en los Estados Unidos protegen a la privacidad individual y estrechar la relación entre el gobierno y estos monopolios tecnológicos (breakingdefense.com, 13/04/2018; epic.org, mayo de 2019).
Así, tanto en China como en Estados Unidos, estos monopolios concentran cada vez más poder. La utilización reciente, a escala global, del yuan digital y el inminente lanzamiento del dólar digital anunciado por el gobierno norteamericano constituyen un paso de mayor envergadura en la elaboración de un sistema de control social basado en tecnologías de punta controladas por los monopolios tecnológicos. En este contexto, medidas recientes del gobierno chino buscan reafirmar el control del Partido Comunista sobre estos últimos, recortando el espectro de actividades financieras en las que pueden actuar e imponiéndoles sanciones y prohibiciones, entre las que se destaca la de utilizar criptomonedas. En los Estados Unidos el descontrol creciente de la política monetaria parece llevar hacia una reforma de la arquitectura financiera, lo cual tendrá un enorme impacto sobre la economía mundial y sobre el control de la población.
Impunidad en la Argentina
Por estos días, el gobierno parece haber tomado nota de los peligros inherentes a la impunidad criminal que reina en el país y ha empezado a tomar medidas para ponerle límites. Frente al desborde del precio de los alimentos, el gobierno cerró las exportaciones de carne por un mes buscando negociar con el sector exportador medidas que permitan desacoplar los precios internacionales de los locales, para “cuidar la mesa de los argentinos”. La respuesta del “campo” fue inmediata y furibunda: lock-out de la comercialización de la carne por ocho días, posible extensión de la medida a otros rubros alimenticios, y advertencia sobre un “paquete de medidas” a tomar si no se levantan las restricciones. Esto ocurre en el momento álgido de la pandemia, con la mayor cantidad de infectados y muertes diarias desde que se iniciara este drama y con el sistema sanitario nacional al borde del colapso. El gobierno también ha tomado medidas más restrictivas respecto a la circulación que durarán nueve días. Su éxito, sin embargo, dependerá de un control riguroso que hasta ahora ha sido escamoteado por el intendente de la Capital.
El gobierno ha acompañado las nuevas restricciones a la circulación con medidas destinadas a ampliar los destinatarios y los recursos de la Tarjeta Alimentar. También ha adjudicado más recursos al programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, diez millones de trabajadores informales que el año pasado recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hoy carecen de toda ayuda. Mientras tanto, continúa el ajuste fiscal silencioso del ministro Martín Guzmán, coherente con las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI): el déficit primario del primer cuatrimestre es equivalente al 0.2% del Producto Bruto Interno (PBI), un nivel más bajo que el de los primeros tres años del gobierno de Mauricio Macri. Este es el problema más peligroso que hoy enfrenta el gobierno: la pérdida de credibilidad de una palabra empeñada en la defensa de los más vulnerables. A esto se suma el brutal y constante deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y un enorme padecimiento nunca mencionado en el discurso oficial: el del endeudamiento leonino de los sectores populares. Desde los más vulnerables a tasas “informales” cercanas al 200%, hasta una clase media cada vez más empobrecida y dependiente de una deuda que crece ilimitadamente y a tasas siderales en las tarjetas de crédito.
En este contexto, dirigentes de los principales movimientos sociales han criticado el “asistencialismo” de los planes del gobierno, que terminan “derivando por la canaleta de la inflación” hacia los bolsillos de los formadores de precios. Reclaman al unísono la sustitución de planes por trabajo digno, que incluya a los trabajadores informales, y el impulso al mercado interno. Esta crítica es válida y relevante, pero la magnitud del drama es tal que difícilmente el gobierno podrá sustituir un plan por el otro. Debería, en cambio, mantener al mismo tiempo las dos políticas, emitiendo lo que sea necesario para ello y reciclando en créditos productivos a los 80.000 millones de pesos que mensualmente desembolsa el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a los bancos en concepto de intereses de la bomba acumulada de las LELIQs. Esta acumulación de riqueza por parte de los bancos (sin considerar sus negocios cambiarios), suma brillo a la iridiscencia de la impunidad criminal que amenaza no sólo la estabilidad del gobierno, sino el futuro del país.
La desarticulación de las cadenas de valor global como consecuencia de la pandemia y la guerra comercial con China han creado condiciones únicas que “obligan a adecuar la producción interna a la elaboración de productos de vital importancia para el consumo interno, entre los que se destacan la producción de alimentos (…) algo que los líderes deben de tener en cuenta antes que la crisis tome mayor proporción” (hoosiersagtoday.com, 16/03/2021; Rabobank, zerohedge.com, 18/05/2021). Si esto recomiendan destacados financistas internacionales a un primer mundo que no duda en imprimir todo el dinero que sea necesario para capear la actual crisis, ¿por qué no hacemos lo mismo y damos un extraordinario impulso al mercado interno? Lo contrario es aceptar el disciplinamiento de los monopolios y del FMI, asegurándoles así rentas y recursos extraordinarios por tiempo ilimitado con un país exhausto que hambrea a su población a cambio de un extractivismo agropecuario.
Envio:RL
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