El gobierno usará los derechos de giro del FMI para respaldar la emisión en la pandemia
“¿Por qué estamos tratando un proyecto de declaración cuando el ministro está afuera con el presidente? Es más fácil: llaman por teléfono al ministro que es de su propio espacio político, deben tener el número de teléfono”, chicaneaba el senador Martín Lousteau el jueves cuando veía que desde el Senado se lograba la mayoría para solicitar al Ministerio de Economía que los derechos especiales de giro se queden en las arcas argentinas en contexto de pandemia. Lousteau no leía que la llamada no era para el ministro Martín Guzmán sino para Kristalina Georgieva, a quien se le recordó que a partir de este año todo acuerdo con el Fondo tiene que pasar por el Congreso.
Alberto Fernández y Martín Guzmán regresan de Europa con la decisión tomada y comunicada de usar esos 4400 millones de dólares que le corresponden al país por ser miembro del FMI para constituir reservas que respalden los mayores niveles de emisión monetaria que provocan las medidas paliativas al parate económico de la pandemia. Esta política fue criticada por los fondos de inversión, que presionaron a través de economistas y medios afines para que Argentina destine esos derechos al pago de intereses de la deuda.
En tanto, en Buenos Aires, los ministros del Gabinete mostraron una semana activa de gestión ya en modo campaña. Santiago Cafiero y Wado de Pedro salieron a criticar a la oposición, pero también a mostrar que es una decisión de todo el gobierno usar esos derechos (una canasta de monedas fuertes como el euro, el dólar, la libra esterlina, el yen y el yuan) para ampliar la base monetaria de divisas en el Banco Central y así poder emitir más en contexto de pandemia. Fue una estrategia conjunta que se llevó adelante en el plano nacional e internacional.
No es la primera vez que el gobierno usa esta tradicional jugada del policía bueno y el policía malo. También, siempre lo recuerda el senador Oscar Parrilli, el año pasado le mandaron una carta al Fondo cuestionando la débil institucionalidad del acuerdo de Mauricio Macri con Christine Lagarde en 2018, como herramienta de presión.
Con la experiencia de ese acuerdo ruinoso que hizo que Argentina tomara la deuda más grande de la historia del FMI, el oficialismo logró la sanción en febrero de este año de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública, por amplia mayoría, que establece que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación y que los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberán también ser aprobados por el Parlamento.
La declaración del Senado de este jueves que solicita al Ministerio de Economía de la Nación que “los fondos que le corresponden a la Argentina” en los derechos de giro que distribuirá el FMI, estimados en 4350 millones de dólares, se apliquen para financiar políticas públicas para resolver los problemas derivados del Covid-19”, es el llamado de atención directo a Georgieva, un recordatorio de la posición política que sostiene el bloque mayoritario en la Cámara Alta, por donde tendrá que pasar cualquier acuerdo con el organismo.
Según contaron fuentes oficiales a Tiempo, el gobierno de Alberto Fernández caracteriza a la deuda como un “cepo al desarrollo” del país. Y en ese contexto, no le viene nada mal fortalecer sus reservas, como herramienta de autonomía financiera en medio de la crisis mundial. Por eso, tener un Banco Central fuerte permite tranquilizar a Guzmán, siempre pendiente de la emisión. Sin embargo, es el propio Estados Unidos el que está emitiendo para financiar empresas y familias, posición que destacó la vicepresidenta Cristina Fernández la semana pasada. Si fue el Estados Unidos de Donald Trump el que apretó el botón para financiar a Macri, la posición de Joe Biden, que es muy otra en términos económicos y sanitarios, podría repercutir dentro del FMI, debido a su posición dominante.
Desde el gobierno también destacaban el acuerdo que se gestó con el Parlamento chino, por el cual también se logró el apoyo al país por parte del gigante asiático. Según su cuota miembro, Estados Unidos tiene un 16% de peso en las votaciones mientras que China tiene un 6 por ciento.
Quizá no haya un anuncio estridente para dar cuenta de los resultados concretos de la gira y solo se destaque el trabajo de hormiga de convencer país por país. Y quizá no haya apuro en cerrar esta negociación clave para el futuro del país. Portugal estiró su negociación durante dos años en 2011, y además no les hizo caso a las recomendaciones de los técnicos. Ese es un eje clave de la administración Fernández: se comenzó la negociación con la advertencia de que el organismo no tendría acceso a delinear políticas económicas internas. Y en esta gira europea, se les recordó.
La inflación de abril preocupó al gobierno
El 4,1% de alza en el costo de vida volvió a inquietar a la Casa Rosada.
Fuentes oficiales destacaron que para frenar la inflación utilizarán los derechos de exportación como amortiguadores de la suba de los precios internacionales de la soja y otros granos que presionan sobre los precios de la canasta local. “En el medio también hay vivos”, destacaron.
Estas fuentes oficiales ponderaron que gracias al acuerdo de la carne bajó el precio del kilo de asado. Además, destacaron las sanciones implementadas a las empresas que trataron de hacer fraude en el empaquetamiento de los alimentos al modificarles el peso y así escapar de la regulación acordada en el programa de Precios Cuidados.
Por último, apostaron al lanzamiento de una nueva canasta de alimentos que tendrá valores fijos hasta fines de octubre próximo y que, en un principio, se sumará a Precios Cuidados y Precios Máximos, en la que se ofrecerá a los consumidores una lista de alimentos acotada de entre 100 y 150 productos de primera necesidad como aceites, yerba, fideos, harina, entre otros, y que ya son los más baratos de cada categoría.
270 personas murieron y 16.350 fueron reportadas con coronavirus este domingo
Las personas en terapia intensiva son 5.538, lo que representa una ocupación de camas del 75,4% en el AMBA y del 69,3% en todo el país.
Otras 270 personas murieron y 16.350 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 70.522 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.307.285 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 5.538 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 69,3%% en el país y del 75,4%% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Según el Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados es de 9.989.760, de los cuales 8.042.739 recibieron una dosis y 1.947.021 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 11.487.272.
Un 44,44% (7.266 personas) de los infectados de hoy (16.350) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 3.307.285 contagiados, el 89,27% (2.952.599) recibió el alta y 284.164 son casos confirmados activos.
El reporte consignó que fallecieron 141 hombres y 126 mujeres, mientras que tres personas de la provincia de Buenos Aires que fueron reportadas sin dato de sexo. El parte precisó que murieron 76 hombres en la provincia de Buenos Aires; 11 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 3 en Córdoba; 1 en Jujuy; 1 en La Pampa; 17 en Mendoza; 5 en Neuquén; 4 en Río Negro; 1 en San Juan; 2 en San Luis; 9 en Santa Fe; 8 en Santiago del Estero; y en Tucumán. También fallecieron 71 mujeres en Buenos Aires; 13 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 1 en Chubut; 2 en Jujuy; 12 en Mendoza; 1 en Misiones; 9 en Neuquén; 3 en Río Negro; 1 en San Luis; 6 en Santa Fe; 3 en Santiago del Estero; y 2 en Tucumán.
Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.415 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.851; en Catamarca, 422; en Chaco, 234; en Chubut, 145; en Corrientes, 241; en Córdoba, 1.865; en Entre Ríos, 401; en Formosa, 1.221; en Jujuy, 64; en La Pampa, 221; en La Rioja, 195; en Mendoza, 360; en Misiones, 120; en Neuquén, 416; en Río Negro, 153; en Salta, 94; en San Juan, 269; en San Luis, 244; en Santa Cruz, 217; en Santa Fe, 1.364; en Santiago del Estero, 401; Tierra del Fuego, 69; y en Tucumán, 368.
El Ministerio indicó además que se realizaron en las últimas 24 horas 67.507 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 12.399.366 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.
Fuente:TiempoArgentino
16.05.2021 / Frente de Todos
"Si mantenemos el tema precios, podemos ver el proceso electoral con optimismo"
Andrés Larroque analizó el panorama político actual y como viene el Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas de este año. Centró el desafío principal en la campaña de vacunación, en llevar previsibilidad en el precio de los alimentos y profundizar el espacio de unidad conformado en 2019.
“Estamos en un contexto muy difícil, en el que el poder real de la Argentina siempre va a operar con el objetivo de tener un mayor control y siempre van a tratar de maximizar cualquier diferencia o debate interno que pueda haber en nuestra fuerza", expresó en declaraciones a Radio 10.
En diálogo con Iván Schargrodsky en el Fin de la Metáfora, Larroque destacó su análisis positivo del Gobierno nacional y bonaerense "en un contexto en el que claramente no iba a ser sencillo". Así señaló que "los tres pilares para este año son la vacunación, el tema precios y la unidad. Si mantenemos el tema precios, podemos ver el proceso electoral con optimismo".
"El centro de nuestra agenda tiene que ser cumplir con nuestro contrato electoral. Veníamos de una política que le había dado la espalda a la sociedad. Ahora, si cada propuesta, cada política que tomemos se va a mirar desde el encuadre de una posible diferencia interna, no me parece un buen análisis. Me parece que nosotros podemos sostener la unidad del Frente, más allá de las diferencias que pueda haber por ser este un gobierno de coalición", continuó.
Larroque consideró que el Frente de Todos es una fuera heterógenes que tiene sus debates y que "a medida que vayamos encontrando algún tipo de normalidad, siempre que prime la cordura y la sensatez, vamos a ir en un buen camino".
"Cuando se anunciaron las nuevas restricciones el gobernador anunció un plan de ayudas sociales en base a un plan que nosotros le habíamos llegado. A nosotros siempre nos toca pedir más, pero incluso en esos casos no se puede desconocer la situación macroeconómica", continuó sobre las ayudas destinadas en Pandemia.
"El tema precios es uno de los elementos centrales para el día a día de la gente y eso después tiene un impacto electoral, por eso nuestra intención es prestar suma atención a eso. La Argentina es un país muy particular porque en muchos casos los sectores del poder real están relacionados con la producción de alimentos, por lo que se produce una contradicción entre lo que interesa a las mayorías y lo que interesa a esos sectores", aseveró.
Larroque profundizó esto detallando que todavía existe "un debate no saldado que requiere de una correlación de fuerzas y que todos aportemos en ese sentido. Los sectores de poder tienen que tener mucha responsabilidad en eso".
"Cada sector de poder tiende a maximizar su poder y a enfocarse en los que lo beneficia, pero le corresponde a la política ordenar eso y asumir los costos de eso para que las mayorías la pasen menos mal, porque estamos hablando de una situación que es desesperante".
Por último recordó que "nosotros recompusimos la unidad para volver a ser gobierno porque en las rupturas que hubo durante el gobierno de Cristina se fue perdiendo mucho. Ahora nosotros no podemos perder de vista que tenemos que cumplir el contrato electoral que asumió el FdT".
Lanzan el programa Pymes en Góndolas
La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo busca acompañar a las cooperativas y pequeñas empresas en el proceso que implica llegar a la comercialización en cadenas de supermercados.
El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzará este lunes el Programa Pymes en Góndolas, para acompañar a las cooperativas, a integrantes de la agricultura familiar y a las micro, pequeñas y medianas empresas en el proceso que implica llegar a la comercialización en cadenas de supermercados
El anuncio se realizará a las 11.30 en la pyme Helados Arti de Quilmes y estará encabezado por el secretario Pyme, Guillermo Merediz; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; y el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman.
También participarán del evento la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Alex Roig.
En un comunicado, la cartera productiva señaló que "el paquete de medidas incluye líneas de crédito y asistencia a través de Aportes No Reembolsables por un monto de más de $ 3.300 millones".
Pymes en Góndolas es un programa específico de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que tiene entre sus objetivos capacitar a cooperativas y mipymes para mejorar su productividad y dar asistencia técnica, tanto en la adaptación al marco normativo de la Ley de Góndolas, como en facilitar su incorporación al registro de proveedores de los supermercados, y en lograr certificaciones de sus productos y procesos.
El programa incluye la vinculación de estas empresas con expertos en temas pyme, profesionales con conocimiento del sector, como ingenieros industriales o licenciados en alimentos, y prevé destinar $ 1.500 millones en Aportes No Reembolsables que las pymes podrán utilizar para desarrollar una marca desde cero, para certificar sus productos, o mejorar el diseño de su producción.
Además, se destinarán otros $ 1.700 millones para tres líneas de financiamiento con tasas subsidiadas de hasta el 21% anual.
La Ley de Góndolas, impulsada desde la Secretaría de Comercio Interior, apunta a que todas las empresas tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas y establece, entre otras cosas, que haya como mínimo cinco. proveedores diferentes por cada producto que el 25% de la góndola esté ocupada por productos de empresas pymes, cooperativas o mutuales, y que el 5% pertenezca a empresas de la agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.
El Gobierno reglamentó la Ley de Góndolas
Con este nuevo programa de la Sepyme, el Ministerio de Desarrollo Productivo le ofrece una asistencia integral a las pequeñas empresas, con financiamiento y capacitación no solo destinado a que puedan ingresar con sus productos a las góndolas de los supermercados, sino también para que puedan sostener el nivel técnico y de producción necesario que les permita consolidarse en el tiempo como proveedores de las grandes cadenas.
Fuente:Infonews
Juntos por el
Cambio pactó blindar a Casal
El
martes el oficialismo buscará dictaminar para llevar al recinto la ley de la
reforma del Ministerio Público Fiscal.
17 DE MAYO, 2021
Por CARLA PELLIZA
La reunión de urgencia fue solicitada por los jefes de los bloques que integran Cambiemos, el radical Mario Negri, el PRO Cristian Ritondo y Juan López de la Coalición Cívica. El encuentro previsto para el martes se adelantó al domingo a la noche ante el avance del oficialismo para tratar un proyecto que, en caso de prosperar, se convertirá en una victoria importante para el Gobierno. El zoom contó con la presencia de los titulares de bloque del Senado, los presidentes de los partidos Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro; también estuvieron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y el ex senador peronista, Miguel Ángel Pichetto.
En un comunicado escueto, Juntos por el Cambio manifestó "su total rechazo al intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal" porque "su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo". Además, lo rechazaron "porque es un intento más de quedarse con la Justicia. Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto" y "porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar".
Tras el encuentro, Negri aseguró que van a "hacer lo imposible para evitar que esta ley salga" y llamó a la sociedad civil a expresarse. "Estamos hablando con todos los bloques opositores. Los medios deben preguntar a todos quién va a acompañar esta ley, quiénes serán cómplices dando incluso el quórum", señaló contra quienes decidieron acordar. Luego, en redes sociales lanzó una dura advertencia: "Si esta ley para quedarse con el control de los fiscales avanza, estará absolutamente quebrado el mínimo diálogo institucional que debe primar en un país que está en la más profunda de las crisis".
Del encuentro virtual también participaron Rodolfo Suárez, Gerardo Morales; los senadores Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau; también estuvieron Omar De Marchi y Maricel Etchecoin. Los opositores debatieron estrategias para impulsar el tratamiento del pliego de Daniel Rafecas, el candidato del Ejecutivo, para evitar el nombramiento de un interino que no les guste. Con esta postura, la oposición ya dio por perdida la batalla por la ley.
El martes a las 19 habrá una nueva reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, esta vez de forma presencial, para dictaminar la modificación de la ley bajo la cual se elegirá al nuevo jefe de los fiscales. El texto que tiene media sanción del Senado volverá a la Cámara Alta, en caso de aprobarse en la Baja, porque saldrá con modificaciones. De este modo, el de Procurador dejará de ser un cargo vitalicio y sólo necesitará la mayoría absoluta de 37 senadores para su designación.
El viernes, el oficialismo definió acelerar el tratamiento del proyecto enviado en 2020 al Congreso por Alberto Fernández y la semana que viene ya estaría en condiciones de tratarse en el recinto. Según los datos del Frente de Todos, estarían asegurados los votos para su aprobación y negocian para lograr el quórum necesario para habilitar el debate y la votación.
Cual un partido de ajedrez, Juntos por el Cambio perdió en la estrategia. El viernes decidieron levantarse y no participar de la reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, perdiendo toda posibilidad de dilatar el debate con la invitación de nuevos especialistas. Al ver que el Frente de Todos iba a avanzar, se declararon en estado de alerta y anunciaron una posible convocatoria a audiencia pública pero el oficialismo fue más rápido y convocó a un plenario para firmar el dictamen.
"¿Qué quiere hacer el oficialismo? Busca que el acuerdo del Senado para el Procurador General sea prestado por la mayoría simple de sus miembros, en lugar de los dos tercios que exige la ley", dijo Bullrich en redes sociales antes de la reunión convocada de urgencia y se plegó al discurso opositor: "¿Cuál es el objetivo? El oficialismo quiere reformar el Ministerio Público Fiscal con un sólo fin: otorgarle impunidad a Cristina Fernández de Kirchner y a todos sus funcionarios en sus causas judiciales".
El viernes, el interbloque de Juntos por el Cambio denunció que "esta reforma al Ministerio Público Fiscal pretende debilitar la figura del Procurador General y nombrar a una persona dependiente del poder kirchnerista al frente de la persecución penal en todo el país". En un comunicado, dijeron que "de avanzar esta ley no habrá fiscales independientes que puedan investigar en la Argentina".
El Poder Judicial es uno de los tópicos que aglutina a toda la alianza opositora. Con diferencias internas en torno al manejo de la pandemia y enojos por los acuerdos con el Gobierno por parte de los dirigentes cambiemitas con responsabilidad de gestión, la reforma de la Justicia, las clases presenciales y la lucha por la autonomía de las provincias fueron los ejes bajo los cuales todos coincidieron.
La lucha de Larreta
Sin expectativas, Horacio Rodríguez Larreta se verá cara a cara con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y el de Economía, Martín Guzmán, para intentar llegar a un punto de acuerdo por el traspaso de la policía al territorio porteño. Básicamente, debatirán la coparticipación y la devolución de puntos extra por parte de la Ciudad. El conflicto se desató en septiembre del año pasado, cuando Alberto Fernández anunció la quita de poco más de un punto en la repartición de recursos federales que le llegan a la Capital Federal para trasladarlos a la provincia y el jefe de Gobierno recurrió a una Corte Suprema que, por ahora, no pareciera querer meter las manos en el barro. Por eso, el martes se encontrarán los funcionarios a las 11 de la mañana.
Tanto Nación como Ciudad se mantendrán en la misma postura. Los primeros defenderán el incremento recibido discrecionalmente durante el Gobierno de Mauricio Macri y, si hay voluntad de diálogo, llevarán a la mesa de negociación sus argumentos para mantener los fondos extra. Por su parte, el Gobierno nacional insistirá en que se cumpla con la ley sancionada por el Congreso para que la Ciudad devuelva el excedente recibido durante la gestión anterior porque la coparticipación secundaria les garantiza todo lo necesario para su funcionamiento.
Desde Casa Rosada remarcaron que antes de la pandemia Horacio Rodríguez Larreta le había pedido a De Pedro un tiempo para efectivizar la quita de los puntos extra. Ese tiempo tenía como límite abril del 2020, fecha solicitada por la Ciudad porque sabía que no iba a poder hacer nada. Los plazos se dilataron y el anuncio llegó en septiembre del año pasado. En ese momento, el jefe de Gobierno acusó que si bien hubo un diálogo, éste se cortó por el coronavirus, no volvieron a tocar el tema y jamás lo consultaron a la hora de avanzar.
Fue el primer cruce fuerte que Larreta tuvo con un Gobierno nacional con el que venía trabajando en conjunto. Para Juntos por el Cambio, ese hito marcó un antes y un después en la relación interna con el jefe de Gobierno. Concentrados en mantener al núcleo duro, no encontraban en el porteño un pliegue discursivo y tras ese episodio pudieron alinearse.
Con un comunicado, la mesa nacional de la alianza opositora dijo en septiembre del año pasado: “La grave crisis policial en la Provincia de Buenos Aires, es el resultado de la imprevisión y desatención por parte del actual gobierno provincial y no puede pretender ser resuelta echando culpas infundadas a la gestión anterior sin asumir las propias y, mucho menos, aprovecharse de ella para despojar arbitrariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recursos coparticipables que oportunamente le fueron asignados por la Nación resignando parte de recursos que le correspondían y transfiriendo parte importante de la PFA, sin afectar a ninguna otra jurisdicción federal, aprobada por una ley del Congreso Nacional y refrendada por los gobernadores de todas las provincias” .
El debate por la coparticipación.
A fines del año pasado, el Congreso sancionó el Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en ese distrito, celebrado entre el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de enero de 2016.
La norma fija unos 24.500 millones de pesos para financiar los gastos de la Policía Federal traspasada a la Capital y establece una fórmula compuesta en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos correspondientes al año anterior. De esta manera, el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos, se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad con actualización trimestral.
Desde el oficialismo, la senadora María de los Ángeles Sacnun explicó que con el macrismo “se ha banalizado la palabra federalismo y su concepto, porque ni bien asumió Macri, tomó la determinación mediante un decreto, de avanzar en ese acuerdo entre la CABA y el Gobierno Nacional ampliándole la participación en los recursos del 1,40 al 3,75 por ciento, sin tener en cuenta el principio de razonabilidad que debe fundar a todos los actos de gobierno y en detrimento de las provincias argentinas”.
Por supuesto, la oposición rechazó la iniciativa. El diputado Gustavo Menna, de la UCR, ratificó que el texto “tiene una concepción de patoterismo unitario, arbitrario, es manifiestamente inconstitucional y es un precedente gravísimo para el resto de las provincias”. Pablo Tonelli, del PRO, afirmó que la norma tiene “un objetivo perverso para perjudicar, dañar y discriminar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que casualmente está gobernada por un dirigente opositor”. En el Senado, Martín Lousteau agregó que el Gobierno "modificó la ley de coparticipación sacándole recursos a un distrito para dárselos a otro".
Fuente:ElDestape
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