ESPECIAL COLOMBIA.

 

El cantante y líder social Junior Jein 

fue asesinado en Cali por paramilitares 

(video de su canción «¿Quién los 

mató?»

Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.

En la madrugada del 14 de junio de 2021, en la ciudad de Cali, murió Junior Jein, uno de los precursores de la salsa chocke y una de las voces insignes del Pacífico colombiano.

Según publicaciones de algunos usuarios en Twitter, aún sin verificar, por lo menos dos hombres armados se acercaron a las afueras de una discoteca en la Avenida Roosvelt de Cali y dispararon al cantante y a otras personas.

En Colombia, la policía dispara contra los manifestantes y líderes sociales. Además el Estado colombiano también utiliza a su herramienta paramilitar para reprimir, asesinar y amedrentar a la población. En el accionar paramilitar y parapolicial del Estado colombiano, ejércitos privados de la clase explotadora colombiana y de las transnacionales, patrullan, disparan y asesinan a la población en total coordinación, amparo, logística y protección de las fuerzas represivas oficiales. La burguesía narcotraficante de Cali, articulando sus ejércitos privados con la propia policía, ha asesinado a decenas de personas durante estas últimas semanas.

El cantante Junior Jein, “El Cabaio», precisamente en días pasados cantaba acerca de los asesinatos cometidos en los cañadulzales de Cali: masacres y desapariciones forzadas a manos de las fuerzas represivas del Estado para intentar sofocar la reivindicación social. Junior Jein cantaba que: «¡Ahora soy yo, el que va a escandalizarse, con la fuerza de los gritos de Rubi Cortés en los cañadulzales, le exijo a la justicia que este caso se aclare, y que no quede impune como casi siempre hacen! ¡Nada! ¡La vida de los negros no importa nada; lo primero que dicen es ‘andaban en cosas raras’!».

Este crimen nos parte, todavía más, el corazón: este artista también fue asesinado por el Estado colombiano a través de su herramienta paramilitar, con lo que su familia probablemente nunca obtenga justicia, ya que los que ordenaron el crimen se van a parapetar detrás del accionar sicarial de la policía y militares. Si alguien llega a ser designado como responsable del crimen, serán los sicarios ejecutores, pero jamás el Estado planificador de un Exterminio contra la población y su protesta social, jamás los policías que organizaron la logística. El Estado asesina y se lava las manos. Los asesinatos ejecutados por la herramienta paramilitar o parapolicial también son crímenes de ESTADO. Basta ya de tapar el genocidio con una cortina de humo que ya no se sostiene, ya que son miles los registros fílmicos y fotográficos del accionar policial y parapolicial conjunto.

Además de asesinar a manifestantes, a líderes sociales, a ambientalistas, a sindicalistas, a estudiantes, a artistas del pueblo, la policía también secuestra y desaparece: hay centenares de personas detenidas-desaparecidas por la policía colombiana en unas semanas.

🔴EL ESTADO COLOMBIANO ESTÁ ASESINANDO A LA POBLACIÓN COLOMBIANA.

Pero como cantaba Junior Jein, y como claman ciudades y campos de Colombia: “¡El pueblo no se rinde, carajo!”

S.O.S. S.O.S. S.O.S

 Aportes para el análisis de la 

movilización

Por Federico Montes, Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.

Es necesario hacer un pequeño alto en el camino para detallar este concepto de apuesta política, que en nada se refiere a las aspiraciones de x o y partido o persona. Más bien, a una nueva etapa del movimiento social, que incluso está en la práctica asaltado por esta reconfiguración.

Luego de 37 días de movilización en los cuales se han desbordado lo límites políticos, económicos, sociales, militares y en materia de seguridad, se hace necesario realizar algunas reflexiones sobre el modelo de sociedad con el cual contamos y, de paso, los serios desafíos que tenemos para lograr reorientarla.

El estallido social evidenciado en la jornada nacional de movilización, que en un comienzo, se trazó como objetivo el abordaje de al menos siete puntos que, si bien es cierto, son elementos claves en la vida del país, no eran por sí mismos el detonante que promovería ya más de 37 días de movilización en diferentes regiones.

La crisis social que hemos venido experimentando, agudizada por la no implementación activa del Acuerdo de Paz, dada la falta de voluntad política del actual gobierno, sirvió de caldera para que se agitaran aún más las picadas aguas de la conflictividad social.

Ahora sumemos a lo anterior la desacertada política de militarización de la protesta social como única herramienta que desde el actual gobierno se ha empleado para la atención de los múltiples llamados al abordaje de estas problemáticas desde distintos sectores de la sociedad colombiana.

Viendo así el panorama, tenemos un país caótico, económica, social, ambiental, cultural y políticamente hablando, y, lo que es peor aún, nuestras fuerzas de policía y militares han demostrado con creces el anacronismo de su doctrina, que no hace otra cosa distinta que servir de catalizador al ya bastante y generalizado fenómeno de indignación general.

Contamos con varios antecedentes recientes como las movilizaciones del N21 en 2019, donde cientos de miles de personas se movilizaron en las diferentes capitales del país, en una clara manifestación de inconformidad social y, al mismo tiempo, reclamando casi que en una sola voz la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz e, incluso, la posibilidad de potenciarlo para que realmente pueda jugar su papel activo en la superación efectiva de las causas que durante décadas han alimentado el conflicto en Colombia.

Como era de esperar, las acciones desbordadas por parte del Estado se hicieron evidentes y en una estrategia de guerra sicológica, propia de la doctrina militar de la Teoría de Seguridad Nacional, en una combinación de elementos encubiertos, acciones de guerra sicológica y acciones abiertas con efectivos y helicópteros de las fuerzas del Estado, se pretendió desconocer la verdadera naturaleza de la jornada, sus justas reclamaciones y, más allá aún, en una acción desesperada por mantener el orden, sabotearon, estigmatizaron, criminalizaron, judicializaron, torturaron, secuestraron y hasta asesinaron a varias personas como un castigo que pretendía generar terror y de esta forma desmontar la acción decidida del movimiento social.

El N21 del 2019 dejó profundas reflexiones desde las cuales, sin lugar a dudas, se evidenció una nueva configuración de la lucha por la paz en Colombia, un mensaje contundente que el actual gobierno no supo leer de la forma correcta y, por el contrario, emprendió acciones preventivas cada vez más fuertes.

En este mismo sentido podemos hablar de las movilizaciones realizadas entre el 9 al 22 de septiembre del año 2020 donde, motivados por la indignación generada frente al asesinato del abogado Javier Ordóñez en un claro caso de brutalidad policial, miles de jóvenes se lanzaron a la calles y en pocos días en Bogotá y otras capitales del país se reportaban trece personas más asesinadas y 120 personas heridas por armas de fuego que fueron empleadas y accionadas por la Policía; cuatro casos de abuso y violación sexual por parte de agentes de la Fuerza Pública, 45 CAI destruidos solo en Bogotá y una larga lista de abusos que varios medios lograron documentar lo suficiente como para hacerlos noticias de primera página.

Esta jornada de movilización nos dejó varias reflexiones. Primero, un creciente malestar, rechazo y repudio pronto a estallar ante cualquier nuevo abuso por la Fuerza Pública; y segundo, la necesidad inaplazable de una reestructuración de la doctrina de seguridad que se imparte tanto a la Policía como a las Fuerzas Militares. Tercero, era evidente que las movilizaciones no solo eran fruto de la indignación, sino que traían consigo una serie de reivindicaciones que poco a poco se fueron tejiendo en una apuesta política pronta a estallar.

Es necesario hacer un pequeño alto en el camino para detallar este concepto de apuesta política, que en nada se refiere a las aspiraciones de x o y partido o persona. Más bien, a una nueva etapa del movimiento social, que incluso está en la práctica asaltado por esta reconfiguración. Ya las movilizaciones no se planteaban solo reivindicaciones. No, las movilizaciones también empezaron cada vez más juiciosas a cuestionar la forma en la cual se viene gobernando y la necesidad de establecer algunos reformas que fueran más allá de lo particular de las reivindicaciones evidenciado en las múltiples luchas y movilizaciones que con valentía han venido moviendo los diferentes sectores.

Las tres gotas que rebosaron el vaso

Gota 1, la no implementación integral del Acuerdo de Paz

Con lo cual se siguieron incubando las mismas causas evidenciadas durante el conflicto armado, hasta el punto de que, sin las cortinas de humo propias del conflicto armado, terminan por entrar en un estado premetástasis, por señalar algún ejemplo, y que, de no ser abordadas de forma urgente con los avances que el Acuerdo Final ya nos ofrece, seguirán acumulando presiones sociales frágiles e inestables.

Gota 2. Las nuevas medidas contra el pueblo colombiano

La reforma tributaria, asociada a otras reformas de carácter regresivo que en el Congreso hacen curso, fue la chispa que llegó al menos a parte del polvorín social en que se ha convertido Colombia y que evidenció una vez más la forma en que se fueron tejiendo múltiples reivindicaciones para adquirir la forma aun tenue, pero muy diciente, de apuesta política, donde hay banderas más comunes y un mayor compromiso de los actores que a ella se van vinculando.

Gota 3. El militarismo y su Teoría de Seguridad Nacional

El primer factor tiene que ver con la no implementación de escenarios de dialogo, y lo que es peor aún, si intención por deslegitimar la movilización, estigmatizándola y tratando de manipular la opinión nacional e internacional presentándola como vándalos, criminales, terroristas, etc., con el objetivo de justificar el empleo de la fuerza.

El segundo factor está ligado al trato militar y el uso desbordado de la Fuerza Pública como su principal herramienta de respuesta. Agravado por el modus operandi que las caracteriza, ahora combinado con las acciones abiertas donde la Policía realiza operaciones conjuntas con grupos de paramilitares de cuello blanco y propician sendas masacres.

Tercer factor, el desconocimiento de la Constitución frente a los derechos que tienen los ciudadanos a la participación política y la protesta social, así como el desconocimiento de los protocolos que regulan las acciones de la Fuerza Pública. Nos encontramos frente al rompimiento de la institucionalidad, el desbordamiento de la constitucionalidad y en un estado de claro incumplimiento de los compromisos y tratados internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Un último apunte

El Gobierno ha perdido su norte, claro está, desde el momento mismo en que empezó a incumplir las promesas de su campaña, lo cual no es grato para quienes pretendieron que el ratón era el amigo del queso; no satisfecho con ello, ahora incumplen la Constitución, y colocan por encima de los intereses nacionales sus propios criterios e ideales, generando decretos que desconocen en actitud desafiante. Pero si hay algo que llama también la atención, es su desacato frente a los acuerdos internacionales, hasta el punto de pretender cuestionar el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Vendrán años complejos, vendrán largas jornadas, no solo de lucha y resistencia, sino de compromisos y nuevas apuestas, pero si hay algo seguro hasta ahora, es que la Colombia que brote de entre las llamas, las barricadas, las lágrimas, la sangre, no será igual a la cual nos prendían limitar a vivir.

*Integrante de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) – Componente FARC

fuente:Agencia de Prensa Rural

Las consecuencias del ‘Plan Colombia’ 

de EE.UU. apoyado por el rey español 

Juan Carlos I

Por Luis Gonzalo Segura*, Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.

Según ha informado un medio español este lunes 7 de junio, España apoyó de forma decidida y singular el ‘Plan Colombia’, ejecutado por Estados Unidos entre los años 2000 y 2016 bajo la disculpa de impulsar económicamente el país, combatir el narcotráfico y encontrar solución al conflicto armado. En los comienzos del plan, como sucede en la mayoría de las intervenciones norteamericanas en el mundo, los Estados Unidos trabajaron en la internacionalización del mismo, de tal manera que, aunque su mano ejecutora fuera más que evidente para los analistas, su implicación pública quedó diluida. Para ello, claro está, se mantuvieron numerosas reuniones, la mayoría de ellas absolutamente opacas a la ciudadanía pública y no pocas rozando la traición y hasta lo grotesco –recuerden cómo José María Aznar llevaba a representantes de la OTAN ante bailarinas flamencas para conseguir su apoyo–.
Finalmente, el plan fue ampliamente ejecutado por George W. Bush, (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) por parte norteamericana y Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018) por parte colombiana, aunque en sus orígenes los impulsores fueron Bill Clinton y Andrés Pastrana. Señalar, antes de comenzar, que el plan realmente constituye una parte de acción desempeñada por los norteamericanos en el país colombiano desde los años cincuenta del siglo pasado.
Éxito norteamericano
En la mencionada reunión, Bill Clinton aseveró a Juan Carlos I que «el futuro de América Latina depende de la preservación de la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia». Pero ¿qué es lo que entienden Estados Unidos por estabilidad y democracia? Ahí va un esbozo de la democracia y la estabilidad yanqui:
Colombia gastó en armas, sólo en los años 2019 y 2020, un total de 19.385 millones de dólares, lo que convirtió al país gobernado actualmente por Iván Duque en el segundo país en gasto militar de América Latina tras Brasil. Y no con poca diferencia: Colombia gastó un 50% más que México, más del doble que Chile y casi cinco veces más que Argentina. Una tendencia que comenzó, precisamente, con el ‘Plan Colombia’, ya que en el año 2000 el mayor productor de cocaína del mundo invertía dos tercios menos en armas de lo que invierte en la actualidad, ya que ha pasado de gastar algo más 3.000 millones a más de 10.000 millones de dólares. Una barbaridad que palidece ante el total gastado desde que comenzó el bondadoso plan norteamericano para dinamizar Colombia: unos 155.706 millones de dólares –127.692,7 millones de euros–.
Más de 155.000 millones de dólares gastados en estabilidad y democracia made in USA que, obviamente, no han mejorado en casi nada al país, pero sí han tenido un claro beneficiario, ya que los Estados Unidos, según el SIPRI, han vendido más del 50% de las armas importadas por Colombia desde el año 2.000 a la actualidad. No es de extrañar, por tanto, que el senador colombiano Iván Cepeda se haya quejado recientemente de la incomprensible compra de 24 aviones de guerra en plena crisis económica y sanitaria.

Sin embargo, no solo de armas vive Estados Unidos y no solo beneficio económico pensaba obtener de los más de 10.000 millones de dólares entregados en el ‘Plan Colombia’, sino que estos han servido, además, para convertir al país en una ‘cabeza de puente’ norteamericana y mantener la explotación de los importantes recursos colombianos como petróleo, carbón, oro o minerales. No obstante, Estados Unidos cuenta en la actualidad con siete bases militares en Colombia, unos espacios que valdrían su peso en oro, en el caso de que realmente Colombia pretendiera mercadear su integridad territorial y entregar su soberanía.
Por tanto, el ‘Plan Colombia’ ha generado:

que los colombianos hayan gastado más de 150.000 millones de dólares en gasto militar;

que más de la mitad de las importaciones de armas se hayan convertido en encargos para fábricas norteamericanas;

que Estados Unidos mantenga siete bases militares en el país, convirtiéndose en una ‘cabeza de puente’ en Latinoamérica;

que Colombia se convierta en el socio más importante de la organización transatlántica en Latinoamérica;

que Estados Unidos haya continuado explotando los recursos más valiosos del país.
Fracaso colombiano
«Será interesante ver lo que ocurre en Colombia» le dijo entonces, en el año 2000, Bill Clinton a Juan Carlos I. Más allá de los beneficios señalados para Colombia, lo que ha acontecido en el país ha sido una catástrofe de dimensiones todavía por dilucidar. Niveles de pobreza, desigualdad y violencia absolutamente insoportables. De hecho, las calles colombianas se inundaron de sangre como consecuencia del plan norteamericano: fueron asesinados más de 6.400 civiles colombianos solo entre 2002 y 2008 –según Jurisdicción Especial para la Paz–, en lo que se conoce como ‘falsos positivos’; más de 1.400 sindicalistas o defensores de los derechos humanos fueron ejecutados –Colombia lideró en 2019 el ranking de ecologistas asesinados con un mínimo de 64–; y un incontable número de mujeres fueron violadas –especialmente por grupos paramilitares estatales–, lo que, según la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, supone «una base razonable» para creer que en Colombia se cometieron actos de violencia sexual que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Peor todavía, la herida social provocada por el ‘Plan Colombia’ desangra al mayor aliado de la OTAN en América Latina y al productor del 70% de la cocaína mundial, pues el país padece las enésimas protestas de consideración –como en 2019 y 2020– tras el intento de imposición de un tributo a la raquítica y exhausta clase media. La situación ha llegado a tal extremo que Cali ha sido militarizada en los últimos días y las imágenes y los testimonios del país parecen más propios de una situación bélica o prebélica. Además, Colombia se encuentra aquejado por un evidente componente racista.
Insignificancia española
En la ya mencionada reunión, el rey Juan Carlos se ofreció a apoyar la implementación del ‘Plan Colombia’: «En América Latina podemos ser útiles, incluso entre bastidores. Conocemos bien a la gente, tenemos los mismos antecedentes. Podemos limpiar asperezas». Un favor que, más allá de los millones que le pudieran haber reportado personalmente, pues parece que a Juan Carlos no le bastó en muchas ocasiones con los emolumentos que obtenía del Estado español, tuvo una contraprestación clara para España: el apoyo de Estados Unidos a la violación de Derechos Humanos en territorio patrio. ‘Yo te apoyo a ti a expoliar Colombia y tú me apoyas a mí a vulnerar los derechos humanos en España’, les faltó aclarar.
Un trato que provocó que España aportase 100 de los 250 millones de dólares iniciales y realizara numerosas gestiones para que otros países hicieran aportaciones generosas –»Estamos presionando a los escandinavos, a Alemania y a Francia para que aceleren la financiación»– a cambio de la instrucción norteamericana de fuerzas policiales en la lucha antiterrorista y el apoyo internacional a la política española conocida como ‘Todo es ETA’. Una política que, con el paso del tiempo, ha demostrado ser inmisericorde con los derechos humanos, tal y como han reconocido en múltiples ocasiones los tribunales europeos.
Sin embargo, uno de los aspectos más escandaloso de las conversaciones reveladas no se encuentra en el intercambio de atrocidades entre unos y otros, demasiado habitual, por desgracia, en relaciones internacionales, sino en las ridículas súplicas de Juan Carlos I para que España deje de ser insignificante a nivel internacional: «[a España] no se nos tiene en cuenta» ni «se nos toma en serio» a pesar «de nuestras contribuciones», «de nuestra lealtad como buen amigo de los Estados Unidos» y del apoyo español a Israel. Traducido al castellano burdo: ‘Somos vuestros lacayos y no nos respetáis’.
Por tanto, las conclusiones de las conversaciones reveladas demuestran que Estados Unidos militarizó Colombia para mantener y aumentar el nivel de expolio, añadiendo la extracción armamentista a la ya existente sobre los recursos, primando el conflicto armado y la solución bélica sobre el conflicto social y la solución humanitaria; Colombia aumentó los niveles de desigualdad, pobreza y violencia como forma y consecuencia del vasallaje a Estados Unidos mientras sus élites se enriquecieron; y España colaboró con el plan a cambio de apoyo internacional a las violaciones de derechos humanos que pensaba perpetrar. Además, y esta es una de las grandes novedades, el otrora Imperio español quedó ridículamente caricaturizado como un país insignificante y humillado.

*exteniente del Ejército de Tierra de España.

Porque el paro no para, esta semana 

habra más movilizaciones

Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.

El Comité del Paro dice que Duque va a engañar a colombianos con conversaciones y diálogos sin resultados.

Las masivas protestas antigubernamentales en Colombia, las cuales transitan por su segundo mes continuarán durante esta semana, en medio de la pausa en la cual se encuentran los diálogos entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno del presidente Iván Duque.

El integrante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocero del Comité de Paro, Diógenes Orjuela, afirmó que la propuesta del Gobierno Nacional de realizar diálogos regionales con los voceros del Comité del Paro en cada uno de los departamentos bajo la orientación de la Consejería de Regiones junto con los gobernadores y alcaldes para buscar soluciones a las necesidades de los colombianos, son «acciones para engañarlos».

Ello sucede mientras en uno de los epicentros de las protestas, Cali, un monumento a la Resistencia fue develado este domingo en Cali, una de las ciudades con más muertos, heridos y desparecidos por la violencia policial contra los manifestantes pacíficos.

La inauguración  del monumento tuvo lugar con conciertos y diversos actos culturales y ante miles de personas en el llamado Puerto Resistencia, uno de los sitios de las protestas masivas en la ciudad.

El pasado 28 de abril comenzó en Colombia un paro contra una propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque y rechazada por buena parte de la población. Aunque fue retirada la medida para estudiarla y cambiar su texto, las movilizaciones siguen en el país.

De acuerdo con el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social Feliciano Valencia, en 47 días el paro nacional logró frenar la reforma tributaria, la reforma de Salud, la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, de la canciller Claudia Blum y del comandante de la Policía de Cali, Juan Carlos Rodríguez.

En adición, representantes del Comité del Paro reclaman que lo que se hará en las conversaciones son simulacros de diálogos y negociaciones para engañar a los colombianos: «eso es hacer simulaciones de negociaciones y eso es muy irrespetuoso con el país, muy irrespetuoso con todos los millones de colombianos que se movilizaron en más de 800 municipios», dijo Orejuela.

Destacó que después el gobierno no se puede quejar diciendo que por culpa de las movilizaciones y los paros es que el país y los colombianos están perjudicados: «el país está terriblemente perjudicado por este presidente Iván Duque y ahora con este nuevo actor que el doctor Emilio Archila, que lo único que hace es echarle gasolina al fuego», puntualizó.

Cali: en el Puente de las Mil Luchas se 

vive en comunidad y se sigue cumpliendo 

con el paro

Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.

A prueba de fuego son los territorios de la Cali que resiste, gente empoderada que se ha mantenido firme a pesar de las fuertes represiones, movida por el propósito colectivo de cambiar este país. Ayer #12J en el Puente de las Mil Luchas llegaron las sahumadores para acompañar la sanación de quienes resisten, la universidad salió a las calles, hubo poesía, trabajo en la huerta urbana, conversa sobre el territorio y la resistencia, música en vivo, fotografía, baile, radio, tatuatón y olla comunitaria.

Si algo nos ha dejado este #ParoNacionalColombia es la vida en comunidad, la recuperación de los territorios desde la juntanza, la apropiación de los espacios públicos por todas y todos, en unidad.#CaliResiste#ColombiaResiste#ElParoNoPara#LaVidaSeRespeta#1MesDeLucha#ParoNacional13J

Envio:RL