15 de junio de 2021

ROSARIO - SANTA FE.

 

Sukerman negó en Diputados la existencia de vacunatorios vip

“No ocultamos nada, ni protegemos a nadie" 

El ministro se refirió a la renuncia de Alberto Joaquín, que se adelantó en la vacunación. “Funcionario que no hace lo que corresponde se va del gobierno".

Por Juan Carlos Tizziani

Sukerman respondió todas las preguntas de los legisladores.

Desde Santa Fe

El ministro Roberto Sukerman descartó ayer cualquier responsabilidad política del gobierno de Omar Perotti ante supuestas vacunaciones anticipadas contra el covid en la provincia, como la última que se denunció en el hospital de Granadero Baigorria y le costó el cargo al vicepresidente de la EPE, Alberto Joaquín. “Puede haber conductas repudiables, pero en Santa Fe no hay ningún vacunatorio vip. No hay ningún lugar donde el gobierno mande gente a vacunar”, retrucó. “Nosotros no ocultamos nada, ni vamos a proteger a nadie. Y ante cada caso que se detecta, actuamos con todo el rigor de la ley”. “No hubo, no hay, ni habrá vacunatorios vip”.

Sukerman pasó por una interpelación de más de cuatro horas en el recinto de la Cámara de Diputados, en un hecho que no tiene antecedentes en casi diez años en la Legislatura. La última fue en noviembre de 2012, cuando el entonces ministro de Seguridad Raúl Lamberto tuvo que explicar la conducta del ex jefe de Policía de la provincia Hugo Tognoli, condenado tres años después –en 2015- por “encubrimiento” a un narco y “coacciones” a su denunciante.

Ante la ofensiva opositora, Sukerman respondió las inquietudes de todos los legisladores porque no hubo interpelantes designados sino que todos pudieron preguntar. Incluso, en el cierre, puso en contexto el episodio que lo convocó a la Cámara ante la magnitud del plan de vacunación que “es el más importante en la historia de la provincia”. “En más de un millón 200 mil vacunas aplicadas, no nos sorprendería que pueda haber otros hechos. Por supuesto, que trataremos de dilucidarlos”.

A pesar de la insistencia, Sukerman aclaró que no podía brindar precisiones sobre el caso de Granadero Baigorria porque está en plena “investigación” y tampoco señalar nombres por una imposibilidad jurídica. “Hay un impedimento legal para publicar los nombres”. La denuncia se presentó el 21 de mayo. El 8 de junio –dijo- la ministra de Salud Sonia Martorano firmó la resolución 1052 que dispuso un “sumario administrativo” para “investigar los hechos y deslindar responsabilidades”. Es el expediente número 00501-3248/2 que ya pasó a la Fiscalía de Estado. Según el pronóstico del presidente del PJ Ricardo Olivera en la sesión de la Cámara que convocó a Sukerman “ese sumario va a terminar en la justicia”.

Lo del ex vice de la EPE Alberto Joaquín es singular. “Funcionario que no hace lo que corresponde se va del gobierno. Esa la orden del gobernador”, dijo Sukerman. Y acerca de otras personas que se habrían salteado el turno –como dirigentes y empleados del Sindicato de Luz y Fuerza- explicó que “cada organización tiene los mecanismos para juzgar y evaluar la conducta de sus integrantes”. Lo mismo en el caso del intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, “es el Concejo Municipal el que debe pedirle explicaciones”.

“Nosotros no vamos a naturalizar supuestos vacunatorios vip o estrategias vip para vacunar porque eso es falso”, dijo Sukerman. Y plantó una duda sobre la denuncia que originó la interpelación. “Uno de los empresario que apareció en una supuesta lista y fue mencionado por los medios tuvo que aclarar que él no se había vacunado. Que lo hizo el viernes último cuando le tocó el turno”.

A manera de espejo de lo que podría suceder en Granadero Baigorria, Sukerman repasó el caso del hospital de Reconquista, “donde se vacunó gente que no correspondía”. “Por decisión del gobernador se separó al responsable del hospital. Cuando se descubrió que personas de Consejo de Administración también se habían salteado el turno, se los separó. Se designó un interventor. Las actuaciones se tramitan en la Fiscalía de Estado y si quieren les paso el número del expediente”. “Doy el ejemplo de Reconquista para demostrar lo qué hacemos. Esta denuncia de Granadero Baigorria recién empieza, la investigación la lleva adelante la Fiscalía de Estado” y “el funcionario que se salteó el turno ya no está más en el gobierno”, dijo en obvia referencia a Joaquín.

Otra de las pruebas que ofreció Sukerman es que Perotti y su gabinete respetaron el turno de vacunación. El gobernador, el ex ministro Marcelo Sain y sus colegas Walter Agosto, Marcos Corach, Jorge Lagna, Silvina Frana, Adriana Cantero, Celia Arena y la propia Martorano “se contagiaron de covid y la pasaron mal, ellos y varios de sus familiares. Esto marca nuestra forma de pensar: no adelantarse a ningún turno. Ningún funcionario político tiene privilegios. Nosotros predicamos con el ejemplo”.

“La única excepción –siguió- fue Martorano, que es médica y lleva adelante una campaña histórica. Ella fue la única que se vacunó antes. El gobernador y el resto del gabinete lo hicieron cuando les tocó el turno”. Incluso, Perotti “fue víctima de la difamación” y “tuvo que ir a la justicia a denunciar que ningún miembro de su familia ni él se habían vacunado antes. No solo pusieron en duda la honorabilidad del gobernador sino también la de su familia, con las consecuencias que esto tuvo en la angustia y en someterse a un análisis para demostrar que no se había vacunado. El ejemplo es el gobernador”.

Dos legisladores le preguntaron por las denuncias que recibió el gobierno desde diciembre y cuántas formalizó ante el Ministerio Público de la Acusación. “Los casos de Reconquista, Suardi, San Vicente y Granadero Baigorria. No tenemos otras”, le contestó Sukerman al diputado Carlos del Frade. Y acerca de las presentadas ante el MPA, el ministro aclaró que primero debe realizarse el sumario administrativo. “Primero tenemos que dilucidar las responsabilidades administrativas y después hacer una denuncia penal al respecto. En el robo de vacunas en Rosario claramente correspondía una denuncia penal como lo hizo el intendente Pablo Javkin. En vacunaciones anticipadas, primero debe hacerse el sumario”, explicó.

La audiencia cerró con un cruce entre el socialista Joaquín Blanco y su colega del PJ Leandro Busatto. Blanco dijo que Sukerman “no aportó ningún hecho para desmentir el vacunatorio vip” de Granadero Baigorria y tampoco dijo quién fue el “responsable político” de la vacunación de Joaquín. “Quién lo habilitó”. Busatto interpretó que “la desesperación y la prepotencia de Blanco” era de la prueba de que Sukerman había pasado la prueba en la Cámara. Y acusó al socialismo y a la UCR de “apostar al fracaso del plan de vacunación para sacar algún rédito electoral”. “El problema que tienen es que el gobierno está haciendo bien las cosas”.


En la provincia volvió la idea de dar clases los sábados y los feriados

Los gremios se hicieron escuchar bien fuerte


La ministra Cantero quiere "robustecer" la escolaridad.

La ministra de Educación provincial Adriana Cantero dijo ayer que para "robustecer" la escolaridad durante el segundo semestre, una de las alternativas que analiza la cartera es la de sumar más horas de clases en todos los niveles y modalidades. Rápidamente, los gremios docentes públicos y privados cuestionaron en duros términos la posibilidad de una ampliación horaria. "Rechazamos cualquier intento de modificar condiciones de trabajo de las y los docentes", señalaron desde Amsafé provincial. Sadop Rosario calificó las declaraciones de la funcionaria provincial como "una aberración jurídica, pedagógica y social", y que trabajar días inhábiles "atrasa dos siglos".

Al tiempo que regresaban las clases presenciales en los niveles inicial y primario en las 146 localidades de la provincia donde se registraron menos de 10 casos de coronavirus en los últimos 14 días, la ministra Cantero planteó en declaraciones periodísticas que si los indicadores sanitarios mejoran en el segundo semestre del año, y el plan masivo de vacunación ofrece un mejor contexto, "podría pensarse en fortalecer un poco más la jornada escolar y tener otro sistema de cursado para cada nivel". 

La funcionaria agregó que si bien aún no tienen definiciones concretas, están analizando varias alternativas, entre otras, ampliar la carga horaria, incluso sábados y feriados. "Habría que ver cuáles serían los sistemas y las posibilidades y también tener un mayor acompañamiento de las trayectorias escolares, las más frágiles", aclaró Cantero en declaraciones a Radio 2. Además, la ministra dijo que "hasta el momento" no se adelantan las vacaciones de invierno.

"Como lo señalamos muchas veces #SeguimosEducando, nunca dejamos de hacerlo. Las y los docentes trabajamos durante toda la pandemia con gran esfuerzo. En un contexto donde el gobierno debe garantizar las condiciones de trabajo y la conectividad, fuimos las y los docentes quienes aportamos materiales, netbook, conectividad y celulares.", comunicó Amsafé provincial tras los dichos de Cantero.

"Pedimos responsabilidad de parte de las autoridades y reconocimiento de la inmensa tarea realizada por las y los educadores en contexto de pandemia. Repartimos los módulos alimentarios, materiales, realizamos tareas virtuales y presenciales. Las Escuelas están abiertas, las y los docentes estamos trabajando", agregaron desde el gremio que nuclea a los docentes públicos provinciales.

Desde Sadop Rosario señalaron: "En primer lugar, las palabras de la máxima autoridad educativa santafesina niega la tarea de la docencia y el alumnado al desconocer el trabajo virtual realizado por los y las docentes. Y que según la encuesta realizada por Sadop, los mismos educadores (8 de cada 10) evalúan como positiva y con una alta respuesta del alumnado (9 de cada 10 se unieron a las clases virtuales)". 

Por otro lado, indicaron que el ministerio "también retrocede en las propias decisiones educativas y descalifica incluso las formas, el cronograma y los parámetros por ellos establecidos por ejemplo, para calificar a los alumnos y que fueron fehacientemente notificados a padres y madres. En el mismo sentido se podría decir que si existe la necesidad de `robustecer´, lo que se admite de manera implícita es el fracaso de las medidas instrumentadas por la propia cartera provincial".

Finalmente, afirmaron que Cantero "desconoce la normativa jurídica que rige la actividad docente en la cual la jornada laboral de trabajo tiene varias décadas establecida como un derecho. Proponer que se trabaje días inhábiles es algo que atrasa dos siglos. Llamamos a ser cautelosos en las declaraciones que hacen los funcionarios públicos para evitar caer en mensajes contradictorios que tienden a crispar los ánimos de la comunidad educativa. Estos desatinos dejan como mensaje que lo hecho hasta ahora es inútil".


Investigación

Las 100 vacunas que faltan en Rosario

Desde Santa Fe

La causa judicial que investiga la falta de 100 vacunas en Rosario atravesó ayer varias veces la interpelación a Roberto Sukerman. “Nosotros también queremos saber qué pasó con las 100 vacunas que se robaron en Rosario”, reveló el ministro de Gobierno.

El asunto lo planteó el diputado y presidente del PJ Ricardo Olivera. “El robo se produjo el 27 de abril. Con buen criterio, el día 7 de mayo el intendente Pablo Javkin presentó una denuncia en la justicia. Hay que valorarlo. Pero en los últimos días, trascendió que el fiscal que investiga la causa mandó una serie de requerimientos, que a 45 días del robo, la Municipalidad de Rosario aún no respondió”. Según Olivera, se trata de interrogantes sobre el apagón, las cámaras de seguridad, el libro de ingresos, el responsable del freezer. “Son preguntas simples y me extraña que no las hubieran contestado”.

Olivera le preguntó entonces a Sukerman si Javkin había anoticiado del hecho al gobierno de la provincia. “Averigué en el MPA sobre los requerimientos que se le hicieron a la Municipalidad de Rosario, que son más de 15 y hasta el viernes no habían contestado”, dijo el ministro. “Sabemos que la Municipalidad identificó a algún personal para hacer un sumario, pero el MPA está esperando que la Municipalidad informe. Es lo que tengo entendido”.

“El hecho no se denunció ante el Ministerio de Salud de la provincia", aclaró. "Aspiramos que se pueda aclarar cuanto antes porque hablamos de 100 vacunas” que desaparecieron.

El diputado Ariel Bermúdez –que responde a Javkin- explicó que “la policía ya había realizado diligencias. El fiscal ordenó una inspección ocular en el lugar, relevamiento de objetos y datos personales” de los trabajadores. Y dijo que “el oficio al fiscal ya había sido contestado por las áreas de Salud del municipio, con copia de las investigaciones administrativas y diez testimoniales que se tomaron. El proceso está avanzando y seguramente vamos a trabajar en conjunto”.

Bermúdez agradeció a Sukerman “las palabras que tuvo hacia el intendente de Rosario. Usted sabe muy bien por qué (Javkin) se vacunó”, en enero. “Fue en ese momento muy particular cuando había que darle el apoyo a esa vacuna y sobre todo al personal de salud. Así que nobleza obliga y como ya le contesté al diputado Olivera de reconocer sus palabras hacia el intendente, muchas gracias”, cerró.


El Organismo de Investigaciones colaborará con la Justicia federal

Baclini revisó su negativa

El fiscal general autorizó al OI a participar en la búsqueda de seis ex policías prófugos en causas por delitos de lesa humanidad.

Por Jose Maggi

El pedido de colaboración lo impulsó el fiscal federal Adolfo Villate.. Imagen: Andres Macera

El fiscal general Jorge Baclini autorizó finalmente al Organismo de Investigaciones que dirige Marcelo Sain a participar en la búsqueda y captura de seis ex policías prófugos, que deben ser juzgados por terrorismo de Estado. La petición había partido de los fiscales federales Adolfo Villate y Juan Patricio Murray, pero en un primer momento el jefe de los fiscales de toda la provincia, no había valorado los argumentos presentados, con lo cual se ganó la crítica de propios y extraños. Por eso se esforzó ahora en destacar en su respuesta que "tengo un compromiso pleno e inquebrantable por la memoria, la verdad y la justicia en relación a los hechos criminales acontecidos durante la última dictadura cívico-militar y, asimismo, una profunda convicción respecto de la necesidad de culminar las investigaciones concernientes a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos efectuadas por el propio Estado durante dicho período oscuro y nefasto de la historia de nuestro país". "Es una excelente noticia la revisión de la decisión, dijo Villate, porque las personas para cuya aprehensión se requirió colaboración fueron funcionarios públicos pertenecientes a la policía de la provincia de Santa Fe y los delitos cuya presunta comisión se les enrostra, fueron cometidos en ocasión de sus funciones, en la comisión de dichos delitos hubo aquiescencia del Estado provincial de facto".

La respuesta que demoró unos días fue acompañada de una apelación de los fiscales federales que argumentaron que pedían el auxilio habida cuenta de la necesidad de terminar con esta media de docena de ex policías santafesinos que seguían esquivando a la justicia, ya que varios de los "inhallables" cobraban jubilación del Estado santafesino, con lo cual figuran en los registros provinciales, entre otros puntos. Antes de eso, Baclini le había indicado declinar su competencia a Sain con un argumento duro: "Particularmente en Rosario existe una gran demanda de parte de fiscales de este Ministerio Público respecto de la intervención del OI, de manera que deberán concentrarse y priorizarse los esfuerzos y el personal del Organismo en dichas actividades". 

Baclini ahora dice que se lo explicaron mejor, que en la primer presentación de Sain. "Conforme fueron presentados e informados los hechos en los que radicaba la petición, los mismos, en principio, ameritaban mayores datos a los fines de evaluar la viabilidad del pedido y su compatibilidad con la norma habilitante de la competencia", dijo ahora el jefe de fiscales.

Y en línea con lo que escribió el fiscal Villate al apelar, Baclini consiente que "los delitos cometidos por un grupo delictivo organizado al que usted hace referencia, o los delitos que importen repercusión social o gravedad institucional o complejidad en la investigación apuntados, deben ser en principio de competencia provincial, por ser el OI un órgano de apoyo al Ministerio Público de la Acusación que sólo puede intervenir en la persecución de hechos criminales de jurisdicción provincial, puesto que tal es su ámbito de actuación".

Por eso el titular del Ministerio Público de la Acusación reconoce que "a partir de que se me informan debida y acabadamente los fundamentos del pedido de colaboración efectuada por el doctor Adolfo Villate, se puede advertir que los eventos por los cuales se solicita la intervención del OI encuadran dentro de los presupuestos legales. En esta dirección, no esta demás reiterar que toda la situación que ahora ampliamente se describe, no se encontraba explicada ni especificada en la aceptación genérica que oportunamente me había comunicado, resultando que en función a esa falta de precisión sobre los antecedentes del caso y fundamentación de la colaboración, es que el suscripto le peticionó las puntualizaciones que ahora disipan todas las dudas".


Pedido de la Red de Mujeres al gobernador Perotti

Exigen paridad en la Justicia

La Red Mujeres para la Justicia solicitó al gobernador Omar Perotti que "se apliquen efectivamente los criterios de paridad vigente y se designen mujeres para los cargos aún no cubiertos en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe". Se apunta a cargos vacantes, que se cubren por concurso, muchos de los cuales están en marcha actualmente en la provincia, donde ya está reglamentada la ley de paridad de género. El pedido apunta a la cobertura de puestos de diferente cargos, en todos los fueros, tanto para la salas de apelaciones como juzgados, fiscalías, defensorías y otros. 

En una nota enviada al mandatario provincial, la Red manifestó "el beneplácito por la iniciativa del Poder Ejecutivo en la modificación de la ley de ministerios, incorporándose ahora, tras la aprobación en la Legislatura provincial, el Ministerio de Mujeres al gobierno", plantearon sobre la sanción --semanas atrás-- que jerarquiza a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género y le asigna rango de Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.

En tanto, se le planteó la solicitud por la aplicación de criterios de paridad, "en vistas de la vocación paritaria de su gobierno". En ese sentido, la presidenta de la Red y ministra de la Corte Suprema santafesina, María Angélica Gastaldi (foto), señaló: “Es nuestro convencimiento que las disposiciones legales de paridad consagran un criterio igualitario y de acción positiva que aspira a la más amplia efectividad posible a partir de su sola vigencia". Y agregó: "Aspiramos, en definitiva, a la efectividad requerida por las disposiciones legales vigentes”, señala el documento entregado al gobernador Perotti, sobre un tema que se impulsa también en otras provincias.

La Ley de Paridad de Género fue aprobada por la Legislatura el año pasado y, tras una proposición del Poder Ejecutivo, consagra la paridad de género para los cargos electivos y no electivos en los tres poderes del Estado santafesino, incluyendo la fórmula de gobernador/a-vice. La norma también se hace extensiva a partidos políticos, asociaciones, consejos y colegios profesionales.

Para dar un ejemplo, el mapa de género de la justicia argentina (de la Oficina de la Mujer de la Corte nacional), muestra que en Santa Fe (última actualización de 2020) son 270 magistrados varones y 195 mujeres; el rubro funcionarios/as indica 535 mujeres y 373 varones; y en personal administrativo, 1081 mujeres y 669 varones, entre otros datos.

La Red Mujeres para la Justicia es un colectivo que nuclea a mujeres judiciales de todo el país, "comprometidas con el desarrollo humano y con la defensa de los derechos humanos", expresa la red en su presentación. 


En vigencia

Cambios en ganancias


La Afip reglamentó las modificaciones del Impuesto a las Ganancias para que las trabajadoras y los trabajadores con salarios mensuales de hasta $150.000 brutos dejen de pagar el tributo. La medida permite que más de 1.200.000 de personas accedan a los beneficios de la ley 27.617 con los salarios de junio. También permite excluir del cálculo del impuesto al medio aguinaldo que los empleadores comenzarán a abonar en las próximas semanas. “Los cambios en el Impuesto a las Ganancias ofrecerán un importante estímulo al mercado interno. La medida permite recomponer ingresos y apuntalar el consumo. Alrededor del 90% de las trabajadoras y los trabajadores no pagarán el impuesto”, indicó la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont (foto). La resolución dispone que los montos retenidos entre enero y mayo en concepto de anticipos del Impuesto a las Ganancias serán reintegrados en cinco cuotas mensuales, consecutivas e idénticas a partir de julio. Al mismo tiempo instrumenta las modificaciones introducidas por la ley 27.617 con relación al incremento de la deducción especial correspondiente a los hijos y las hijas con discapacidad; la deducción por pareja conviviente, antes reconocida sólo para cónyuges; y exime al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre.



Ecommerce

Capacitan para exportar

La provincia realizará mañana a las 17.30 la presentación del Programa de capacitación y aceleración Ecommerce Crossborder de Servicios Profesionales y Bienes, herramienta destinada a promover exportaciones a través del Comercio Electrónico Transfronterizo de las MiPyMES y los profesionales, mediante sus propias tiendas en línea y/o los marketplaces con foco en el mercado local, de Latam, regional y global. Los interesados en participar deben inscribirse ingresando al siguiente enlace: https://ecapacitacion.org/webinar-programa-crossborder-ecommerce/



Fiscalía y Concejo Municipal intervienen por denuncia de violencia institucional

Abren investigación a policías


Fiscal Gonzalo Fernández Bussy.

La unidad fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación inició una investigación de oficio ante relatos e imágenes que tomó un grupo de vecinos de la zona de Casiano Casas, que denunció abuso policial contra una familia. Según dijo uno de los denunciantes, todo empezó cuando le reprochó a los agentes que "estaban al pedo" en la zona. La comisión de Derechos Humanos del Concejo Municial recibió a la familia y adelantó que presentarán un pedido de informes.

El fiscal Gonzalo Fernández Bussy, de la unidad de Violencia Institucional, dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos para que lleve adelante medidas en el marco de la investigación de oficio que abrió ante las imágenes y relatos que dieron las personas implicadas, en medios televisivos, sobre un hecho del domingo pasado. 

Se trata de una familia del barrio Casiano Casas que denunció lo ocurrido en un procedimiento llevado a cabo en Cavia al 1700, donde fueron detenidas varias personas adentro de una casa después de un intercambio de palabras entre agentes y un hombre de 70 años. Todo comenzó cuando, según indicó el dueño de la casa en Canal 3, le dijo a los uniformados que "estaban al pedo" en la zona.

Lo que relató fue que baldeaba la vereda de su casa y cuando fue a tirar las hojas al contenedor vio pasar un patrullero y les dijo que "andaban al pedo". En ese momento, según indicó, una agente le respondió y el hombre le dijo que la iba a denunciar. Agregó que entró a su casa para buscar un barbijo, y la agente "entró atrás". "Le dije qué hacía adentro de mi casa. En un momento había 20 policías adentro. Me golpearon por todos lados, piernas, rodillas", expresó el denunciante. Una mujer de 60 años dijo que un oficial la "tiró abajo de un auto y se me vino encima. Tengo golpes en la espalda, en la cintura, moretones". Incluso hablaron de disparos al aire. Otra mujer relató: "No les importó nada, la tiraron a un costado. A mi hijo también lo esposaron y lo tiraron a la chata".

La versión policial que publicó Rosario3 indica que agentes del Comando Radioeléctrico fueron al lugar por "dos sospechosos" que al tratar de identificarlos un grupo de personas entorpeció el procedimiento con "golpes de puño y patadas". En ese mismo texto se indica que una mujer policía fue llevada al Sanatorio Laprida por golpes.

En tanto, tras la viralización de imágenes en redes sociales y medios de comunicación, la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal recibió a los vecinos y manifestaron acompañamiento y solidaridad. Además, decidieron presentar un pedido de informes y una declaración de repudio al accionar de los integrantes de la fuerza policial. “Lo que sucedió es de una gravedad extrema y queremos que desde el Ministerio de Seguridad se informe acerca de quiénes intervinieron y bajo qué circunstancias desplegaron un operativo con tanta virulencia”, expresó la concejala Susana Rueda, presidenta de la Comisión de DDHH. “No podemos permitir, ni avalar estas formas de abuso policial. Queremos que se investigue y sancione a quienes se excedieron en el uso de la fuerza pública”. 

Fuente:Rosario12



Legislatura santafesina

Proyectos locales con el río como eje, declarados de interés provincial

 


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