Santa María se metió con un tema Tabú: «Todavía hay convenios colectivos de trabajo que son del año 75, y eso atrasa»
El titular del gremio de encargados de edificios, Víctor Santa María, habló de los convenios colectivos de trabajo, un tema tabú entre los gremialistas y pidió actualizarlos: «Todavía hay convenios colectivos de trabajo que son del año 75, y eso atrasa». Y agregó: «Debemos volver nuevamente a ser vanguardia y no retrasar».
El jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (Suterh), Víctor Santa María, se metió en un tema que se convirtió en tabú para los sindicalistas y avaló la idea de actualizar los convenios colectivos de trabajo.
Según Santa María, «el sindicalismo siempre estuvo a la vanguardia del trabajo, especialmente del 50 hasta mediados de los 80, principios de los 90. Fue un sindicalismo que sabía de los temas, se adelantaba y podía proponer cosas. A partir de los 90, el sindicalismo se quedó atrás de los problemas. Fue un camión de bomberos que fue apagando los incendios que la realidad le impuso al mundo del trabajo».
Y agregó: «Todavía hay convenios colectivos de trabajo que son del año 75, y eso atrasa. Hay que discutir esos temas, lo digo como sindicalista». La frase es polémica y genera gran controversia en el mundo sindical.
En declaraciones a Perfil, el también titular del Grupo de Medio Octubre, sostuvo: «Debemos volver nuevamente a ser vanguardia y no retrasar».
Además, Santa María habló de lo que a su criterio es la falta de Norte del movimiento obrero: «El último gran documento del sindicalismo fue el de Saúl Ubaldini con los 26 puntos para la Unión Nacional de la CGT. El sindicalismo no volvió a discutir el Estado que quería, los problemas que veía, la solución posible. Era un movimiento obrero preocupado por el pago de la deuda, que también dificultaba el desarrollo de los trabajadores».
Para el «portero» el movimiento obrero se desideologizó y «eso demuestra la gran división».
«Gran división que aumentaron las desigualdades. No es la misma desigualdad de los años 70/80 que la de principios del siglo XXI. Eso también afectó al sindicalismo. El movimiento obrero es lo que representan sus dirigentes. No creo que haya dirigentes sindicales que no tengan conciencia de su base social. Pero la base social de un trabajador metalúrgico hoy no es la misma que en los 70″, concluyó.
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Arturo Bonín: “Muchos teatros están pensando más en la subsistencia que en lo artístico”
El actor celebró el regreso de los teatros anunciado por el gobierno bonaerense. También se refirió a las desigualdades que existen en el sector. “Meter 25 personas en una sala pequeña, por más propicio que sea, no rinde económicamente”, aseguró.
Canal Abierto Radio | El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de salas de teatro al 50% de la capacidad; y las de cine del 30%, con los protocolos sanitarios vigentes.
En diálogo con Canal Abierto Radio, el actor Arturo Bonín afirmó: “Siempre es auspicioso la apertura de algo, estamos en una situación compleja, por suerte hay cantidad de vacunas, se espera una mayor llegada y esto alienta un poco. Lo que sí me preocupa es que no todos los teatros pueden abrir, son los que tienen más espalda. Hay salas alternativas, pequeñas, que no van a poder sostenerse”.
Las salas para actividades culturales podrán abrir en municipios en fases 2, 3, 4, y 5. También se habilitó la producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de medios digitales por streaming; el rodaje y grabación de ficciones para cine, televisión y contenidos para plataformas audiovisuales; talleres en espacios culturales; y museos.
“El problema son las consecuencias, los daños colaterales ya que al tener actividades, los gastos en servicios, alquileres, o el pago a los trabajadores también incrementan, mientras la capacidad se reduce considerablemente. Quienes más lo sufren son las salas pequeñas, y esos pequeños grupos que son los semilleros de los futuros teatros profesionales, tienden a desaparecer o a pasar la vida con zozobra”, explicó Bonín
Si bien algunas salas y espacios culturales también ofrecen capacitaciones, talleres y ensayos, “creo que es mínimo el recurso que pueden tratar de producir, y el hecho cultural queda un poco de lado porque hay que atender una necesidad primaria y elemental”, agregó el actor.
Bonín también se refirió a su relación con el radioteatro: “De chico podía dejar volar la imaginación con libros pero el radioteatro le aportaba sonidos, yo hasta le sentía olores”. Hoy, Bonín protagoniza “La Compañía”, una producción de El Descubridor y Radio Gráfica, junto a actores de todo el país, que se transmite a través de la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El primer episodio pudieron grabarlo en estudio, pero inmediatamente comenzaron las restricciones de circulación y el aislamiento.
“Gracias a la tecnología y a la posibilidad de grabar en mi teléfono personal, transmitirlo a Radio Gráfica, que lo agarre Julián Pelliza y lo transforme en eso, yo lo bauticé el mago, porque es magia lo que hace. Por lo menos existe la posibilidad de escuchar a las nuevas generaciones, trato de nutrirme con cosas que para mí son extrañas. Y ellos también toman cosas nuestras y acá se produce el traspaso generacional, y este lazo comunicante que se genera en el arte, en todo el arte en general”, señaló el actor.
“La Compañía es un radioteatro federal. Hemos grabado con actores santiagueños, mendocinos, misioneros, del sur, y cada uno con su acento, su forma y su esencia. Para mí, el streaming y las grabaciones llegaron para quedarse y dan la posibilidad de traspasar las fronteras. Hoy mi sueño es hacer un radioteatro latinoamericano”, finalizó.
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Las ART desconocen contagios laborales: bajaron la cobertura de casos de Covid-19 en un 37 %
Aunque el dato da cuenta de un gran aumento de contagios en el lugar de trabajo, en un año las aseguradoras bajaron la cobertura en casos de Covid-19, negando el tratamiento y las prestaciones médicas a los trabajadores contagiados y deben millones a las familias de las víctimas fatales. El trabajo informal queda excluido de los registros.
Según el informe «Evolución de los casos denunciados Covid-19 Sistema de Riesgos del Trabajo», el 11 de junio, solo 382.016 casos fueron elevados como enfermedad profesional Covid-19 y cubiertos por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Se trata de solo el 9.4 % de un total de 4.056.046 casos denunciados a nivel nacional desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha del informe.
Además, la proporción de casos cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo sobre el total de los declarados bajó desde el comienzo de la pandemia: pasó del 15 % al 9,4% en casi un año.
Si bien el porcentaje de casos cubierto por las ART bajó en relación al total de contagios a nivel nacional, el crecimiento exponencial de casos repercutió en un aumento del 50 % de los pacientes de Covid cubiertos por las ART, con respecto a la cobertura de un año atrás.
Recordemos que el 13 de abril, el gobierno nacional había determinado por decreto a la enfermedad COVID-19 como enfermedad de carácter profesional no listada, obligando a las aseguradoras a dar tratamiento y prestaciones médicas a los trabajadores que contraigan el COVID-19. Tengamos en cuenta que este dato solo tiene en cuenta el trabajo formal, por lo que lo que no hay registro de contagiados en el trabajo informal.
Del total de 382.016 casos. el 17 % corresponde a trabajadores de la salud, el 14 % a fuerzas represivas, bomberos y Fuerzas Armadas, el 9 % a vendedores minoristas de bienes y servicios, el 6 % a trabajadores del transporte, el 5 % a trabajadores de limpieza y mantenimiento.
Los trabajadores más afectados fueron los de entre 30 y 34 años para ambos sexos, seguidos por los de entre 35 y 39 años. La mayoría de los denunciantes fueron varones.
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ya había registrado en mayo un aumento del 433 % en las muertes registradas por las ART, es decir, en las muertes obreras, llegando 16 muertes por día. Como si fuera poco, las ART se niegan a reconocer un gran porcentaje de estas muertes. Al 7 de junio solo había reconocido a 1700, y debía $ 17 mil millones a las familias de las víctimas.
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Crimen social.Ledesma SAAI inició la zafra con trabajador azucarero fallecido por covid – 19
En el día de ayer se dió a conocer que Hugo Copa del sector Trapiche falleció por Coronavirus. La empresa de los Blaquier no informa la situación epidemiológica en el complejo agroindustrial e incumple los protocolos sanitarios. A este crimen social avalado por Morales, Rivarola y la vista gorda del gobierno nacional, hay que oponerle la fuerza de los trabajadores junto a la izquierda.
Hace menos de un mes inició la zafra en Ledesma SAAI, siendo la etapa del año que implica mayor personal temporario en el complejo agroindustrial, y ya hay un trabajador azucarero fallecido.
En la misa inaugural se encontraba el poder político del bipartidismo jujeño Gerardo Morales y Rubén Rivarola que felicitaron al «Ingenio ejemplar de la República Argentina». Ejemplo en tener el mayor número de fallecidos por covid – 19 del país, con el «siga siga» del Gobierno Nacional, a pesar de contar con más de 20 trabajadores fallecidos.
La empresa desde hace meses ha dejado de comunicar oficialmente la situación epidemiológica, a la misma vez los protocolos sanitarios vienen siendo prácticamente nulos. Lo que demuestra un absoluto desprecio por la vida de los trabajadores/as y de sus familias.
Actualmente no se realizan desinfecciones en los lugares de trabajo, ni de los trailer que transportan a los trabajadores, viajando uno al lado del otro. Ante la notificación de trabajadores/as contagiados, que son numerosos, la empresa no comunica y por consiguiente tampoco se realizan los aislamientos por contacto estrecho, para no otorgar las correspondientes licencias.
Tampoco se respeta el tiempo entre el ingreso de los turnos para que no se produzcan amontonamientos de personas y siquiera otorgan alcohol para la desinfección personal de los trabajadores/as que es producido en la misma empresa.
La medida principal que vienen implementando son sanciones ridículas a trabajadores por supuestos incumplimientos a los protocolos que tienen una doble función: hacer recaer la responsabilidad en los contagios y muertes a los propios trabajadores y por otro lado disciplinar ante el malestar general por la crítica situación económica, social y sanitaria.
El «relajamiento» en las medidas sanitarias es de la patronal, que desde el año pasado viene siendo denunciada por incumplimientos en los protocolos sanitarios, con el afán de mantener la producción con normalidad y seguir amasando ganancias. De mayo 2020 a febrero 2021 las ganancias distribuidas entre la familia Blaquier aumentaron 640 % mientras los salarios de los trabajadores son comidos por la inflación.
El sindicato azucarero SOEAIL en cabeza de Rafael Vargas denunció judicialmente a la empresa por el incumplimiento de los protocolos sanitarios y la justicia que responde a Blaquier le garantizó la impunidad. Amparada en los decretos del Gobierno nacional, en su fallo sostiene que “la autoridad sanitaria nacional ha determinado la autorización expresa para operar que es aplicable a la aquí demandada (Ledesma), quien, por lo tanto, tiene derecho a continuar con la actividad productiva que le es propia”.
La izquierda viene denunciando que el gobierno nacional, el bipartidismo jujeño y la justicia responden a los intereses de Blaquier, por ello es necesario tomar medidas a la altura, empezando porque el sindicato azucarero convoque a asambleas y sean propuestas Comisiones de Seguridad e Higiene de los propios trabajadores para garantizar su salud y la de sus familias.
Así también los diputados y concejales del Frente de Izquierda fueron los únicos que levantaron la voz contra esta empresa genocida y permitieron que se haga público nacionalmente el crimen social que viene llevando adelante.
Solo la lucha en las calles y tomando medidas concretas votadas por los propios trabajadores va poder torcerle el brazo a esta patronal genocida. En las elecciones de este domingo votar a la izquierda permitirá que esa pelea esté más fortalecida.
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Se filtran conversaciones por whatsapp de dueños de bares de Córdoba
Trabajadorxs de gastronomía denuncian la existencia de «listas negras» que circulan en grupos que los jefes tienen para identificar a quienes se organizan o reclaman por cualquier motivo.
Se tomaron su tiempo: Lista negra «actualizada» de seis páginas en orden alfabético, en la que no faltan datos personales como Dni y comentarios xenofóbicos. El «Le gusta hacer juicio al muchacho» le da el toque final.
También se filtraron audios y mensajes en los que patrones se aconsejan las mejores formas de precarizar a sus empleados y hasta las ventajas de tener a todos en negro así «van ahorrando la plata de la indemnización» para cuando echen a alguien. «Dejalo en negro», dice uno de los mensajes, de aportes, ART o cualquier rastro de derechos laborales, ni hablemos…
Esta noticia cayó como un balde de agua fría entre las y los trabajadores, cansados de pagar los platos rotos en esta pandemia. Como ellos mismos cuentan, las condiciones de trabajo y de vida en general desde que empezó la cuarentena sólo empeoran, sin derecho si quiera a enfermarse.
Pero esta impunidad no se consigue tan fácil, son años de pasar por encima del derecho de estar en blanco y tener un sueldo digno, instalando la idea de que con trabajadores en blanco «no cierran los números» (como si no fuéramos quienes cerramos noche tras noche sus «cajas» que siguen siendo millonarias aún en pandemia)
Los patrones se organizan, nosotrxs también
Ante nuestra realidad, ante la circulación de estas listas y del grado de organización que tienen nuestros patrones es que tenemos que responder con una organización desde abajo entre las y los compañeros de trabajo, que sea mucho más fuerte. Y a esto apostamos quienes escribimos esta nota, queremos poder organizarnos, no sólo gastronómicos sino junto con todas y todos los que la están pasando mal y que todavía no encuentran la forma de hacer visibles sus reclamos.
Para eso tenemos que empezar por unir nuestra lucha, tener un lugar de organización en la que, sin jefes ni encargados, podamos intercambiar nuestras experiencias y pensar la mejor forma de enfrentar la precarización y los atropellos que las patronales organizan con total impunidad como vemos más arriba: te invitamos a la Asamblea de Trabajadores.
Estamos buscando la mejor fecha para poder juntarnos en una gran asamblea de trabajadores en las que se puedan expresar todas las voces que levantamos en forma de denuncia en este diario.
Además, por este medio nos proponemos ser la voz de todos los y las trabajadores precarizados de gastronomía y unir nuestras fuerzas a la de quienes trabajan en apps, call centers, limpieza, docentes, a la de quienes están desocupados y a la de quienes las políticas del gobierno aliado de nuestros jefes han hecho empobrecer cada vez más.
Queremos que nos cuentes, como las y los pibes en la entrevista, cómo es la situación en tu lugar de trabajo para visibilizar en qué condiciones nos encontramos.
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Molinos Río de la Plata se niega a dar aumento y los trabajadores de La Salteña harán paro por 24 horas
Los trabajadores de la fábrica de pastas y tapas de empanada y tarta La Salteña, votaron en asamblea en forma unánime, el paro y cese de actividades por 24 horas. La decisión se tomó tras un pedido de aumento de salario sin respuesta.
Trabajadores de La Salteña decidieron hacer la medida de fuerza «tras múltiples reuniones, mediaciones y la negativa definitiva de Molinos Río de la Plata de sentarse a hablar sobre el reclamo sostenido de un aumento salarial», explicaron.
El pedido es de 10 puntos porcentuales «para recomponer el salario caído de los últimos años», argumentaron.
Ante la negativa total de la empresa, la comisión interna acompañada por la totalidad de los trabajadores decidieron en asamblea el estado de alerta, movilización y paro por 24 horas.
«Nosotros somos parte de un movimiento obrero que se siente cómodo en la cultura del dialogo, pero cuando el diálogo se cierra y se rompen los acuerdos nos vemos obligados a tomar medidas para ser escuchados.», expresaron.
En el comunicado que circularon afirmaron también que de los balances que la empresa presentó a fines del año pasado se desprende que cerró el 2020 con ganancias.
«Los Pérez Companc, principales accionistas del grupo Molinos Río de La Plata están entre las 10 familias más ricas del país según la revista Forbes Argentina, por lo tanto no se justifica de ninguna manera esta postura que toma el grupo de no querer cumplir con los acuerdos salariales pautados por ambas partes.», dispararon.
Los trabajadores no pararon durante toda la pandemia y la empresa siguió funcionando produciendo alimentos para todo el país: «Lo hicimos con orgullo porque así cumplimos con nuestra parte para la sociedad toda, ahora es la empresa la que debe cumplir con su parte.«, concluyeron.
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Los empresarios vuelven a la carga para eliminar la indemnización, esquivan la etiqueta flexibilidad y dicen que les permitirá generar empleo
Los empresarios buscan reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo. Quieren evitar la etiqueta «flexibilidad». Proponen que lo pague el Estado con lo que recauda entre los empleos registrados.
Los grandes empresarios y entidades pymes ya militan propuestas para cambiar la legislación laboral y modificar el régimen de las indemnizaciones.
La propuesta que promociona Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, titulada “Mochila Argentina”, fue difundida a políticos, sindicatos y empresarios. El nombre hace referencia a “mochila austríaca”, en base a la legislación de Austria.
El borrador que reveló Ámbito Financiero consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización, es decir, un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa. Por el contrario, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía.
“No es un fondo de desempleo, es un seguro”, aclaró Karagozian en diálogo con Ámbito.
El pago que realizaría el Estado estaría financiado por las mismas empresas, que todos los meses pagarían un seguro. “Tengo un montón de clientes que están con trabajo y no toman gente”, contó Karagozian.
La semana pasada, Karagozian contó el proyecto en un encuentro de Adimra, cámara que nuclea a los metalúrgicos. Tomás Karagozian, de la Unión Industrial Argentina Joven, lo definió como “flexiseguridad, más flexibilidad pero con mayor seguridad, como se lo denomina en Dinamarca y Austria”.
El primer apoyo del proyecto surge del lado empresario. “Esto elimina la litigiosidad y nos permitiría tomar personal”, afirmó Karagozian.
Entre quienes se muestran a favor está el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. “Con horas extras se compensa la falta de dotación, porque no te animás a contratar. Hay infinidad de casos, los países nórdicos lo resolvieron hace mucho tiempo, lo llaman flexiseguridad”, afirmó Funes de Rioja en una entrevista con el diario Perfil.
Pero, además, sorprende en el empresariado el apoyo que tiene en el Frente de Todos. Un diputado de alto perfil afirmó tener un “proyecto muy similar”. La propuesta llegó inclusive al Ministerio de Trabajo y tiene el visto bueno de funcionarios que promueven la industria. Según pudo saber este diario, el Gobierno, en caso de avanzar, lo haría para nuevos contratos y para el segmento pyme. “Antes falta que pase la pandemia y por supuesto que tenga acuerdo sindical”, afirmó un dirigente de la UIA.
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Hugo Yasky sobre la presentación del Proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería: «Avanzamos en derechos»
19 junio, 2021
El Diputado Nacional y Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, valoró la presentación que hizo el presidente de la Nación Alberto Fernández junto a Carla Vizotti, Nicolás Trotta y Héctor Daer. También recordó que “aún queda pendiente la ratificación del CONVENIO 149 de la OIT sobre la profesionalización del personal de Enfermería.»
Alberto Fernández presentó este viernes en el Museo del Bicentenario un proyecto para jerarquizar la enfermería. El mandatario subrayó que «los enfermeros y enfermeras no son empleados administrativos» sino «mucho más que eso», en clara alusión a la lucha del personal de enfermería en la Ciudad de Buenos Aires por el reconocimiento de su profesionalidad.
Por su parte, Hugo Yasky valoró el evento: “Las políticas sanitarias llegan al pueblo a través de los trabajadores de la salud. Por esto es justo reconocer que el Programa de Promoción de la Formación y del Desarrollo, con acceso al conocimiento y herramientas, jerarquiza la tarea fundamental de los trabajadores de enfermería y auxiliares antes, durante y, seguramente, después de la Pandemia.»
El también Diputado aprovechó para recordar otro proyecto que lo tuvo como cofirmante en septiembre de 2020: “Aún queda pendiente la ratificación del CONVENIO 149 de la OIT sobre la profesionalización del personal de Enfermería.»
«Nuestro país adhirió a este Convenio, pero debe ser ratificado por el Congreso Nacional para que sea Ley y se regule la organización y el tiempo de trabajo junto a las mejoras de salario para todo el colectivo de enfermería.«, explicó.
“Nuevamente se avanza en derechos: el colectivo de enfermería tendrá acceso a la promoción y formación continua con equidad e igualdad.”, celebró.
El proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería propone:
Promover el desarrollo de la enfermería en la Argentina, el reconocimiento del personal de enfermería como profesionales de la salud, la creación de nuevas carreras universitarias y superiores técnicas de Enfermería y fortalecimiento de las existentes, el acceso igualitario desde el nivel técnico superior al universitario, homologación de títulos y acreditación de carreras, la creación de una comisión intersectorial nacional para asesoramiento técnico, recomendaciones en todo lo relativo a Enfermería, el desarrollo y fomento de las especializaciones de enfermería, la capacitación y formación continua e investigación en enfermería, la profesionalización de los auxiliares y el desarrollo de becas para formación, especialización, etc.
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Bimbo: «Sabemos que van a cobrar un seguro de millones de dólares que sería suficiente para reactivar la planta»
19 junio, 2021
Este viernes tuvo lugar el acto que organizaron los trabajadores de la planta incendiada de Bimbo ubicada en San Fernando. Expresaron que están dispuestos a pelear por sus puestos de trabajo y plantearon opciones para que la empresa no los deje sin empleo.
«En la audiencia expresamos que queremos los puestos de trabajo. Podemos ser redistribuidos entre las tres plantas que tiene Bimbo en Pilar, Villa Tessei y General Rodríguez tranquilamente y no quedarnos en la calle.», planteó Damián, delegado de la comisión interna de Bimbo San Fernando a Periódico El Roble.
El delegado explicó que no se trata de una cuestión de crisis: «Un mes antes del incendio la producción venía a pleno, incluso los compañeros estaban haciendo horas extras. Había aumentado mucho la producción al conseguir un contrato nuevo con la cadena de comidas rápidas Mc Donald’s»
Damián aseguró al mismo medio que el incendio sólo destruyó el 60% de la planta, que el otro 40 «quedó intacto» y que lo que no hay es voluntad de la empresa de redistribuir a los 300 trabajadores mientras reconstruye lo que se perdió.
«Sabemos que van a cobrar un seguro importante de millones de dólares y creemos que es suficiente, por lo menos para iniciar la producción con lo que quedó de la planta. En 20 días podría estar operativa pero no hay voluntad de la patronal de conservar los puestos de trabajo.», argumentó.
Recordó también que a una semana de iniciada la pandemia pararon porque consideraron que producir medialunas no era esencial «pero el Gobierno le dijo a la patronal que somos esenciales. Entonces, si somos esenciales, ¿por qué hoy somos descartables?», se preguntó.
Bimbo, por su parte, se comprometió a gestionar ante su casa matriz de México la “reubicación” del personal mayormente encuadrado en el convenio de los pasteleros y aseguró que va a «analizar los montos abonados en concepto de indemnizaciones.»
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El SiPreBA repudia otra paritaria a espaldas de las asambleas que deprecia el salario en prensa escrita
Tras un nuevo «acuerdo» a la baja e ilegítimo entre las cámaras y un sindicato sin representación, reiteramos: no hay periodismo esencial si el sueldo no alcanza y genera prensa precarizada. Necesitamos al SiPreBA en Paritarias
Las empresas periodísticas de prensa escrita y un sindicato sin representación real en la Ciudad de Buenos Aires cerraron la negociación paritaria 2021-2022. El “acuerdo”, que repudiamos desde el SiPreBA por ilegítimo e insuficiente, consiste en la mayoría de los casos en un “incremento” del 30% fraccionado en tres cuotas de 10%, a cobrarse con los sueldos de septiembre, noviembre y enero de 2022.
Insuficiente, regresivo y fuera de contexto
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– La negociación consolida la pérdida acumulada en los sueldos del sector, que desde enero de 2017 han sufrido el recorte de un 42% en la capacidad de compra. Lejos de recomponer ese retroceso, tampoco se acerca a empatar la proyección inflacionaria de 2021.
– Las cuotas, que serán en su inicio no remunerativas, se irán incorporando al salario a costas del sueldo neto. Por lo tanto, el incremento porcentual será menor.
– La recomposición fraccionada implica la inevitable pérdida de poder adquisitivo contra la inflación, que se acumula con el correr de los meses en paralelo a las cuotas. Como agravante, lo firmado le confiere a las empresas el derecho de declararse en crisis y diferir los pagos.
– A pesar de que la ley 27.555 que regula el Teletrabajo está vigente desde el 1 de abril, las empresas siguen sin asumir costo alguno. Lo firmado en paritaria pauta una comisión para tratar el tema recién en julio, casi un año y medio después de que la mayoría de les compañeres de prensa escrita tuvieron que adoptar esa modalidad.
Ilegítima, a espaldas de les trabajadores
La recomposición, fechada el 11 de junio, fue pactada por las cámaras AEDBA (que nuclea al diario Clarín, El Cronista La Nación, Perfil y Página/12, entre otros), AFERA, el sector de AAER y APTA, que reúnen a las revistas, y representantes de Infobae, Publirevistas S.A y las agencias internacionales ANSA y EFE. Empresas de medios con redacciones que tienen asambleas y comisiones internas organizadas en el SiPreBA.
Sin embargo, periodistas y trabajadores de prensa escrita no fuimos parte de la negociación. Sin una representación real y legítima del sector gremial, la paritaria resulta una competencia entre las empresas por ver quién rebaja más los salarios.
Marcan la diferencia las negociaciones llevadas adelante por la FATPREN con los medios de distintas provincias, con instancias que cuentan con la participación tanto de las asambleas como de los plenarios de delegades y dirigentes. Incluso, a través de la Federación, la asamblea de Agencia Télam está en vías de cerrar su nueva pauta salarial. Mientras que en los canales de televisión, los acuerdos por empresa con las comisiones internas y asambleas del SiPreBA obtuvieron mejores resultados porcentuales frente a lo “negociado” en prensa escrita, por quienes formalmente tienen el sello para la paritaria, pero sólo representan los intereses de las empresas.
Repudiamos y reclamamos salarios dignos
El panorama es dramático para quienes trabajan en diarios, revistas, agencias de noticias y portales web. Desde el SiPreBA constatamos que el 80% de les compañeres en la categoría testigo de “redactor” cobra menos de $62.958, el umbral que define lo mínimo para cubrir una canasta básica total (CBT).
Ejercer un periodismo de calidad con libertad de expresión requiere de salarios dignos. La tarea de informar no puede transformarse en una “vocación” mal remunerada, como sueña algún empresario que precariza nuestro trabajo. Desde el SiPreBA repudiamos esta nueva paritaria a la baja y exigimos una recomposición salarial con representación directa de les trabajadores.
Comisión Directiva – Sindicato de Prensa de Buenos Aires –
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Fallo modelo contra el sexismo y la cosificación
Mendoza: una estación de servicio deberá indemnizar a una empleada por obligarla a trabajar en calzas
La denunciante recibirá la suma de 150 mil pesos por daño moral. Los magistrados consideraron que sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer.
15 de junio de 2021
La Corte de la provincia de Mendoza ordenó que una estación de servicio de Guaymallén debe indemnizar por daño moral y pagar la suma de 150 mil pesos a una empleada a la que obligó a usar, a modo de uniforme, una calza de un talle menor al suyo.
En su fallo, uno de los tres jueces determinó que la denunciante sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer, y que al ser obligada a usar calzas se afectó su pudor y dignidad. Además, señalaron que se vulneraron las leyes de protección de la mujer y los tratados internacionales referidos a la violencia de género
Según la decisión del máximo tribunal, la empresa impuso “un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento”, ya que “la imposición de vestimenta claramente sexista importa una cosificación y degradación del cuerpo”.
«Existió un conflicto entre la actora y su empleadora en torno al uso del uniforme reglamentario de la empresa. El motivo de disputa pasa por el hecho de que a la accionante se la obligaba a usar unas calzas en contra de su sentido del pudor y debía soportar frases inapropiadas de los transeúntes varones», destacó uno de los jueces.
Los hechos ocurrieron en septiembre 2012, cuando F.V. comenzó a trabajar en una estación de servicio de la calle Bandera de los Andes al 2700 en la localidad de Guaymallén, donde era la única mujer que cargaba nafta y GNC, además de limpiar vidrios y promocionar un sistema de puntos y premios.
Como parte del uniforme de trabajo, se le entregó a la mujer una calza talle small, una medida más chica de la que le correspondía, una remera y una gorra. Si bien la mujer solicitó usar pantalón para sentirse incómoda, sus empleadores jamás atendieron sus pedidos.
En 2013 consiguió usar el pantalón de un colega, pero desde la estación de servicio se la apercibió «por haber sido advertida en reiteradas oportunidades del uso del uniforme completo obligatorio», situación que se repitió en reiteradas oportunidades. Ese mismo año los empleadores le dieron una calza nueva y al negarse a utilizarla fue suspendida nuevamente por no ir a trabajar con el uniforme reglamentario.
F.V. explicó que el lugar era «transitado por muchos hombres que iban a la feria y habitualmente debía enfrentarse a situaciones en que le dirigían frases de tenor inapropiado relativas a su contextura física». Asimismo, indicó que la calza dificultaba su trabajo, dado que realizaba distintas transacciones en las que requería bolsillos.
Después de muchas cartas documentos de por medio, en las que la empleada explicaba los motivos por los cuales no estaba dispuesta a utilizar las calzas otorgadas por sus empleadores, la mujer llevó el caso hasta la Corte provincial.
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VACUNAS PARA ALIMENTAR
Las mujeres que se cargaron al hombro comedores populares y merenderos siguen esperando las vacunas
POR LAURA GUARINONIJUN 20, 2021
Ramona nos está mirando. La frase se repite como máxima en las charlas de los vecinos del barrio 31 cada vez que el ánimo decae tras convivir más de un año con la pandemia. Ramona es Ramona Medina, trabajadora de comedores comunitarios del barrio y referenta del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de organización La Poderosa. Fue la primera en denunciar la falta de agua en esa zona postergada de la Ciudad de Buenos Aires en plena emergencia sanitaria durante la primera ola. Era insulinodependiente, contrajo coronavirus tras vivir doce días sin agua y murió en el hospital Muñiz con 42 años, el 17 de mayo de 2020. Su partida conmocionó al barrio y a una parte de la sociedad que comenzó a señalar la imposibilidad de “quedarse en casa” cuando las condiciones de vida son el hacinamiento y la falta de recursos básicos tales como el agua, fundamental para no transmitir ni contraer el virus.
A un año de la muerte de Ramona, el barrio 31 lamenta el fallecimiento por covid de otra vecina: Teodora Olloa. Tenía 59 años y era cocinera del merendero “Juana Azurduy” e integrante de la agrupación Somos Barrios de Pie. Oriunda de Perú, había emigrado a la Argentina con sus dos hijas y se había establecido en una de las viviendas del “sector YPF”, a dos cuadras de la nueva sede del ministerio de Educación porteño. Sus compañeras cuentan que hasta el último día estuvo preocupada por “quién iba alimentar a los niños del barrio”. Desde el Hospital Fernández mandaba whatsapps distribuyendo tareas para que la comida llegara a todos. El mismo día que murió Olloa también falleció por el virus Lourdes Huarachi, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en la villa 20 de Lugano y trabajadora de un merendero del barrio. Ambas muertes revivieron el dolor y la injusticia de la partida de Ramona pero, a diferencia del momento en que ocurrió aquella muerte, el país ya tenía una vacuna. “Somos esenciales y no descartables. Vacunas ya para alimentar al pueblo”, comenzó a ser la consigna elegida por las cocineras de los barrios más marginados de CABA y la provincia de Buenos para pedir que se las incluya en el plan de vacunación.
En el país hay más de 10.000 comedores que alimentan a cerca de 10 millones de personas y son sostenidos por más de 70.000 cocineras, según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM). Más del 80% de los comedores y merenderos están dirigidos por mujeres, cuidadoras comunitarias cuyo trabajo la mayoría de las veces no es remunerado. Desde el inicio de la cuarentena, estas fueron consideradas como esenciales. Los comedores cambiaron de modalidad –ahora entregan la comida en lugar de servirla en el lugar– pero nunca cerraron. Las mujeres son las que ponen el cuerpo a diario en los barrios, exponiéndose al virus. Son las que abren sus hogares, sus cocinas, entregan su tiempo y preparan ollas para alimentar a los vecinos. “Nosotras no podemos parar. Si un día no das la merienda enseguida se acerca alguna madre o un nene preguntando con hambre. Sabemos que para ellos es fundamental y nunca dejamos de hacer comida, ni en los momentos de más restricciones”, cuenta Cristina Farías, cocinera del comedor “Arco iris” en el barrio Independencia de José León Suárez. Otras cinco mujeres la acompañan en la tarea. “Son compañeras del barrio y vecinas que se fueron acercando para colaborar. Rotamos porque el lugar es chico y no puede haber tantas personas juntas por los contagios”, explica.
Para Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, “son las mujeres quienes históricamente en los momentos de crisis se ponen al hombro a la familia, los hijos, al barrio y a la comunidad entera.” La Tupac tiene 150 comedores en la provincia de Buenos Aires, casi todos comandados por mujeres. Gloria, miembro de la organización y quien desde hace once años dirige el comedor “Gasparini” en Almirante Brown, cuenta que el trabajo de las cocineras se inicia todos los días a las ocho de la mañana con el amasado del pan –que se entregará con el almuerzo, la merienda y la cena– y concluye después de que baja el sol. “Acá siempre hay cosas para hacer. Cuando terminamos de amasar enseguida llega otro grupo de cocineras que prepara el almuerzo. Luego de servirlo limpiamos todo y empezamos con la merienda y más tarde la cena. La necesidad de los nenes y de los vecinos nos obliga a mantenernos activas”.
Emparchando el tejido social
Cuando se dio cuenta de que el aislamiento duraría mucho más que quince días, Vanesa Delucca le propuso a su compañero usar el local vacío de adelante de su casa, en el barrio Las Heras de Mar del Plata, para cocinar y entregar viandas a sus vecinos. Un mes más tarde la despidieron de la fábrica en donde trabajaba hace quince años sin indemnizarla y pese a la prohibición del gobierno. Se le cruzó entonces cerrar el comedor y alquilar el local para tener una entrada de dinero, pero pronto se dio cuenta de que no podía dejar de cocinar porque su situación no era la excepción en el barrio sino la regla. “Arrancamos y con el avance de la pandemia nos encontramos que sólo nosotros dos no podíamos mantener el comedor, entonces de a poco se sumaron algunas vecinas”, cuenta. Hoy entregan cerca de 710 viandas por semana aunque la demanda cambia según la época del año. “Durante el invierno, los meses más crudos, no damos abasto. En verano bajó bastante (la demanda) porque la gente hizo algunas changas cuando se abrió la circulación y eso le permitió poder juntar algunos pesos y dejar de venir a buscar las viandas”.
En el contexto de la pandemia global, donde la Argentina ronda el 42% de pobreza y el 10,5% de indigencia –de acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)– los comedores comunitarios y merenderos se forjaron entonces como la primera respuesta a esta situación alarmante.
Cristina cuenta que en José León Suarez funciona desde hace seis años el merendero todas las tardes y que a partir del año pasado empezaron a servir comida dos o tres veces por semana. “Abrimos el comedor porque había mucha gente en el barrio que no tenía para comer. Empezamos con las ollas y ahora entregamos 30 tapper por día, con hasta siete porciones cada uno, según la cantidad de personas que hay en cada familia”, explica.
En tanto, Garfagnini subraya que la situación de las personas en los barrios populares se agravó en los últimos años. “Cuando dejó el gobierno Cristina (Fernández de Kirchner) los comedores funcionaban básicamente para hacer un diagnóstico social. La gente comía en su casa y eran muy pocos los comedores que trabajaban como tales en nuestra organización. El macrismo nos puso en otra lógica, empezaron a funcionar todos a pleno y la pandemia quintuplicó la cantidad de gente que se acerca a recibir comida”, relató.
En la misma línea, Gloria cuenta que por la pandemia pasaron de dar merienda a 170 niños a dar de comer a 170 familias. “A la copa de leche siempre vinieron los chicos pero con la cuarentena se empezaron a acercar las madres y padres que estaban sin trabajo y también los abuelos, entonces decidimos cocinar también para ellos e incluimos almuerzo y a veces la cena”, asegura.
Los comedores se sostienen de diferentes formas. Varios son parte del programa Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social Potenciar Trabajo, y además reciben del Estado alimentos secos mensualmente. Sin embargo, su subsistencia difiere mucho según la provincia o el municipio en que se encuentre. Las cocineras aseguran que en ocasiones la entrega de comida es descontinuada o no alcanza entonces deben “rebuscarse” para llenar la olla.
“Dependemos mucho de la solidaridad de la comunidad. Tenemos un conocido que tiene una verdulería y nos dona todas las semanas cebolla, zanahoria o lo que tenga en el momento y además los lunes vendemos pan casero, rosquitas, tortilla. Con esa plata compramos comida para la olla”, explica Cristina.
El coordinador de La Tupac Amaru coincide: “Hay un circuito solidario en los barrios que funciona. El pan que no vende la panadería lo entrega a los comedores. El carnicero colabora con algo de mercadería y así varios vecinos. Con la asistencia sola no podríamos sostenernos”.
Esperando la vacuna
Las manos de Cristina están resquebrajadas de tanto usar alcohol y lavandina. Durante el tiempo que pasa en el comedor higieniza constantemente la zona donde trabaja, los utensilios, las ollas y las bolsas en que llegan los alimentos. Está convencida de que ni ella ni sus compañeras contrajeron el virus porque son muy meticulosas con las medidas sanitarias. “Nunca nos sacamos el barbijo y nos cuidamos mucho. De nosotras depende además no transmitir la enfermedad y además, si nos contagiamos, ¿quién le va a dar de comer a toda esta gente?”, se pregunta. “En el barrio Independencia –cuenta– ya hubo muchas muertes. Dos de mis vecinos fallecieron por el virus y tenemos miedo”.
La cocinera tiene 52 años y dice que está expectante a que le avisen que le van a dar la vacuna. “Me anoté el año pasado en provincia, cuando recién empezaron las inscripciones. Todos los días reviso el correo para ver si tengo turno. Ya estoy cerca”, dice con optimismo.
Desde el inicio de la vacunación, los movimientos sociales reclaman que las cocineras y promotoras territoriales sean incluidas como prioritarias. Hace pocos días la ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para ese personal y la provincia solicitó que cada comedor envíe un listado de diez personas para incluirlas también entre el personal estratégico. Muy pocas provincias avanzaron en la vacunación de las cocineras, entre estas están Chubut, Mendoza y Corrientes.
“El reconocimiento de las trabajadoras de los comedores como esenciales no se acompañó con una inclusión prioritaria en el plan de vacunación del país”, opina Garfagnini, y añade que hay muchas que ya tienen la vacuna porque están dentro de la edad para recibirla. “Las compañeras son felices cuando se vacunan. Es impresionante, parece que se hubieran ganado la lotería porque hay miedo pero hay una situación social tan alarmante y tan brutal que se prioriza la alimentación de los compañeros del barrio. Creemos que la vacuna podría ser una forma de valorización del trabajo que hacen”, afirma.
El piso de los contagios de covid en la segunda ola se elevó, son más los casos en los barrios populares y más las muertes de militantes, cuidadoras y promotoras. La vacuna entonces resulta fundamental. Las cocineras fueron y son tan esenciales como el personal médico, las fuerzas de seguridad o los trabajadores de la industria del alimento. La pandemia dejó a la vista que su tarea es fundamental para mantener unido el tejido social. Su trabajo nunca se detuvo, ni se detendrá, porque en los barrios las ollas populares son, y han sido siempre, una vacuna contra el hambre.
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TRES MANCHAS MÁS AL TIGRE
Fallos regresivos de la Corte Suprema sobre derechos de trabajadorxs
POR HÉCTOR RECALDE Y PAULA NIEVAS IBAÑEZJUN 20, 2021
El pasado 22 de abril de 2021 el sector empleador y el de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo estuvieron de buena racha. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó tres fallos dejando sin efecto sentencias en materia de derechos laborales por considerarlas arbitrarias. En los tres casos, claro está, lo hizo en perjuicio del trabajador o trabajadora que reclamaba por un derecho vulnerado.
La Corte tiene una especial inclinación desde hace varios años por abrir la vía del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia para entender en cuestiones de derecho común, hecho y prueba en temas relacionados a accidentes laborales y a casos en los que se invoca una relación de dependencia regida por la Ley de Contrato de Trabajo sin registrar. Para ello, se basa en precedentes tales como “Espósito” y “Rica”.
En el primer tema, las condenadas suelen ser las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entidades con fines de lucro que deben velar por la prevención de los riesgos en el trabajo y reparar económicamente y mediante las prestaciones médicas necesarias las incapacidades que originen en trabajadores/as los accidentes o enfermedades profesionales. La paradoja está dada justamente en que las responsables de velar por la prevención de los riesgos y reparar los daños a los/as trabajadores sean entidades privadas con fines de lucro, y los funcionarios médicos/as encargados de fijar los porcentajes de incapacidad sean trabajadores/as que no cuentan con la estabilidad y garantías suficientes en su empleo como para desempeñarse con independencia en tal tarea. Nada de todo esto parece compatible con el fin de preservar la integridad psicofísica de los/as trabajadores/as, obligación que se fundamenta en el principio de indemnidad en el contrato de trabajo.
La Corte Suprema se decanta normalmente –con alguna disidencia– por proteger las arcas de estas sociedades anónimas, sobre las cuales se estima que en pandemia han tenido ganancias exorbitantes, debido al aislamiento –que reduce la siniestralidad–, al cierre deliberado de las comisiones médicas jurisdiccionales durante meses, y a la dificultad y obstáculos permanentes para encausar los reclamos por accidentes y enfermedades profesionales.
En el segundo tema –la relación de dependencia–, se pretende evadir la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyas disposiciones son de orden público, logrando el fin de subordinar el Derecho del Trabajo a la economía. Que sea moneda corriente que cierto sector empresarial como el de las clínicas privadas y prepagas pretenda hacer fraude a la Ley Laboral es un cantar, pero que el Máximo Tribunal del país lo convalide permanentemente es grave y preocupante. Ello resulta regresivo y viola estándares internacionales y constitucionales como los contenidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La doctrina de la Corte nos acerca a una peligrosa conclusión, y es que en la actualidad, existirían hospitales sin médicos, así como empresas de transporte de pasajeros, sin choferes, o empresas de reparto sin repartidores. Sin embargo, es dable destacar que los magistrados inferiores, conocedores de los principios del derecho del trabajo y de las normas laborales, fallan normalmente brindando la protección adecuada.
En el caso “Halarp, Ana María c/ OSDE” el tribunal actuante había hecho lugar al reclamo por despido en virtud de la relación laboral no registrada por la que reclamó la trabajadora –una médica psiquiatra– contra OSDE. En esa oportunidad sentenció que “en los últimos cincuenta años ningún civilista ha aceptado la existencia de este contrato y todos han dado cuenta de su abrogación”; y que “el contrato de locación de servicios no existe más en ningún ámbito del derecho: si alguien intentara utilizarlo estaría desarrollando una conducta inconstitucional ya que el trabajo no es una mercancía y goza de la protección de las leyes entrando ya ahora en el artículo 14 bis”. Es conocido que quienes quieren mantener una relación laboral con su dependiente en la clandestinidad, lo/la obligan comúnmente a extender facturas en concepto de locación de servicios. La famosa modalidad del “monotributista”. Sin embargo dicha voluntad no suple en modo alguno las disposiciones de orden público de la Ley de Contrato de Trabajo en virtud de la cual se presume la existencia de la relación de dependencia y del contrato de trabajo ante la prestación subordinada de servicios.
La Corte Suprema parece entender que en el caso de los/as profesionales universitarios/as ello no afecta el orden público laboral porque considera que tienen la libre elección de las alternativas contractuales, lo cual resulta un absurdo. Olvida la posición de inferioridad negocial en la que se encuentra un/a trabajador/a subordinado, que además es sometido al poder de dirección y disciplinario del empleador. En efecto, en toda su saga de fallos, la Corte reconoce que estos profesionales a los que llama “autónomos” estén sometidos a un mínimo control por parte de las empresas para las que prestan un servicio.
Fue así que el pasado 22 de abril de 2021 basándose en su precedente “Rica c. Hospital Alemán” del año 2018, la Corte dejó sin efecto la sentencia que hacía lugar al reclamo de la trabajadora. En aquél precedente consideró que la relación que unía a las partes era un contrato de locación de servicios, y que algunas circunstancias que se verificaron en la causa no eran por sí mismas decisivas para la existencia de una relación laboral; como ser el hecho de que el actor concurriera todos los días a trabajar, que trabajara en el establecimiento de propiedad del Hospital Alemán y que sus honorarios hayan sido la única fuente de ingresos. Principios fundamentales básicos del Derecho del Trabajo son nuevamente dejados de lado.
Por otro lado, en su afán de proteger a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en los autos “Piedrabuena, Aníbal c/ Federación Patronal Seguros S.A.” del 22 de abril de 2021 la Corte Suprema dejó sin efecto una sentencia que determinó que un trabajador que sufrió una amputación de un dedo en un accidente laboral había adquirido un 67,28% de incapacidad laborativa. La preocupación más grande del máximo tribunal parecía ser que por haber adquirido ese trabajador una incapacidad laborativa que era mayor al 66% tuviera derecho a retirarse del mundo activo y a iniciar los trámites jubilatorios por invalidez, y con esas palabras lo dijo. Fue así que adentrándose nuevamente en cuestiones de hecho y prueba, y basándose en el famoso baremo de incapacidades del Decreto 659/96, consideró arbitraria la sentencia, mandando a dictar una nueva.
En similar sentido, en los autos “Valotta, María c/ Galeno A.R.T. S.A” del 22 de abril de 2021 la Corte dejó sin efecto una sentencia que había otorgado a la trabajadora –una enfermera que trabajó 23 años en la terapia intensiva del Hospital Garrahan– un 50,73% de incapacidad laborativa vinculado a las tareas que desempeñaba, por lo cual la ART había sido condenada y declarada responsable civilmente por su actuar omisivo y culposo frente a la prevención de riesgos laborales que debió haber llevado a cabo y no hizo. El fallo contradijo el leading case “Torrillo” dejando desamparada a la trabajadora, que luego de una vida de trabajo no encontró ninguna reparación a su incapacidad laborativa.
Lo llamativo del caso es que la Corte Suprema, en su voto de mayoría, suple de oficio las falencias que existían en el recurso extraordinario que había interpuesto la ART demandada, que parece ser había hecho un copy-paste toda vez que se refirió a pruebas de testigos que no habían sido producidas en la causa; objetó una supuesta condena solidaria que no había tenido lugar en el caso porque sólo se demandó a la ART; equivocó el nombre de la trabajadora al efectuar el recurso, y omitió toda referencia a las dolencias que ella padecía. También soslayó toda referencia sobre el contenido de la prueba pericial técnica, que había determinado que “no puede afirmarse un total cumplimiento de higiene y seguridad en el trabajo” por parte de la ART, pues la empleadora continuaba categorizada en el nivel 2 de cumplimiento. A su vez silenció que en el peritaje quedó asentado que la ART no presentó documentación respaldatoria de su denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo relacionada con la falta de autorización del empleador para que el personal concurriera a la realización de los exámenes de salud periódicos.
Este fallo es de gravedad institucional, ya que la Corte asume en la realidad el rol de un amicus curiae de la demandada, actitud que merecería la iniciación de un juicio político.
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