Feriazo
Hoy la Red de Comedores por una Alimentación Soberana, un espacio transversal que nuclea a organizaciones de #ElCampoQueAlimenta con organizaciones populares de la ciudad, en conjunto con @lagargantapoderosa realizamos un #Feriazo en la Villa 21 de Barracas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Allí ofrecimos 850 bolsones agroecológicos a precio popular con combos de 4 kg. de frutas a $260 
, 4 kg. pesadas a $150 
y 4 kg. de hortalizas a $240 
que se vendieron en solo 4 horas. Participamos compañerxs de distintas organizaciones para garantizar alimenos sanos, seguros y soberanos para quienes más lo necesitan.Desde la Red de Comedores por una Alimentación Soberana seguiremos promoviendo este tipo de acciones en otros barrios populares para que el alimento sano sea un derecho y no un privilegio. ¡Somos #ElCampoQueAlimenta! 
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Privatización de la salud pública en Lomas de Zamora y precarización de sus trabajadores
El cierre del Dispensario de Temperley y el Centro de Odontología Municipal (Unidad Sanitaria «Gregorio Aráoz Alfaro») bajo la promesa de construir un Hospital Odontológico, uno Oftalmológico y un Centro de Diagnósticos de “última generación” esconde el avance de la privatización de la salud pública en Lomas de Zamora bajo la forma de arancelamientos de servicios médicos y la precarización laboral de sus trabajadores, denunció recientemente la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Por Patricia Rodriguez para ANRed
Para la CICOP, los anuncios de la Secretaría de Salud que carecen de difusión pública, esconden la traslación del modelo Malvinas (en referencia al que se aplica desde hace años en el municipio de Malvinas Argentinas”) a Lomas de Zamora. El Modelo Malvinas, que como mancha de aceite venenoso fue extendiéndose a municipios vecinos, primero, para pasar luego a Tigre y, ahora a Lomas de Zamora tiene varias notas distintivas:
1. Es un modelo que apuesta al recupero de prácticas de alta complejidad y alto costo mediante la facturación a Obras Sociales y Prepagas, desplazando el foco de las políticas de Atención Primaria de la Salud y, a la larga, a la población sin cobertura y sus necesidades.
2. Es un modelo que arancela prestaciones, a la población de municipios vecinos, pero también -mediante la engañosa forma de bonos “voluntarios”- a la población del lugar que terminan pagando dos veces por su salud una, con los impuestos y otra con estas “contribuciones”. Algunos establecimientos de Lomas de Zamora ya los estarían implementando.
3. Es un modelo privatista, pues estos nuevos servicios se tercerizan a empresas privadas, el municipio abandona su rol de prestador.
4. Es un modelo precarizador: estas empresas a cargo de los servicios contratan a su personal bajo la forma del MONOTRIBUTO. El Municipio de Malvinas fue noticia en estos días en la prensa cuando se anunció que en plena pandemia, abonaba a sus Residentes sumas que no llegaban a la mitad de lo que cobra un residente de la Provincia.
Además, la CICOP manifestó que el Municipio de Lomas de Zamora habría informado que a partir de ahora toda nueva contratación en el área de salud del municipio será bajo la modalidad del MONOTRIBUTO. Lo que ya estaría sucediendo a pesar de que la nueva Ley de empleo municipal, la Ley 14656, no admite el monotributo como forma de contratación, y establece: “Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en las Secciones I y II de esta Ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. La norma también contempla: “Dos plantas de Personal: permanente y temporaria. En ningún caso el total de los contratados podrá superar el 20% de la planta permanente. Su cumplimiento se implementará progresivamente en un plazo máximo de cinco años a partir de la vigencia de la presente ley a partir de una disminución proporcional anual.” ARTS. 70 y 71.
Durante la gestión neoliberal de María Eugenia Vidal en la Provincia, ésta impulsó un programa para “fortalecer” el primer nivel de atención en los municipios del AMBA. Los llamados Convenios AMBA, que Lomas de Zamora firmó, a pesar de la clara oposición de la CICOP, por varias cuestiones, entre ellas, que estos convenios, que demostraron no cumplir el objetivo proclamado, introducían el “Monotributo” como forma de contratación en Salud, en una clara violación a la 14656 y afectando los derechos de los cerca de 90 trabajadores (entre profesionales y no profesionales) que se incorporaron al área con esta modalidad. Estos trabajadores, desde su ingreso en 2018, no han recibido ninguna actualización salarial, como muestra de lo que implica esta modalidad sumamente precaria.
Por otra parte, y ligado a lo anterior, expresaron que si alguien cree que precarizar las formas de contratación (o sea barrer con los derechos laborales y deteriorar al máximo los salarios) de los trabajadores de la salud es compatible con ofrecer una Salud Pública de calidad a la población, está muy equivocado. Estas políticas son incompatibles con un proyecto de país que pretende ser para todos y contradicen el sentido de las reformas que el gobierno nacional y provincial anuncian para el Sistema de Salud en la Argentina.
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Exigen la libertad de Raúl González: denuncian que está preso desde hace nueve meses por una causa armada
El trabajador ferroviario Raúl González, de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, se encuentra preso desde hace casi nueve meses en la Comisaría 2° de Lanús, al sur del conurbano bonaerense, acusado de «robo y portación ilegal de arma de guerra». Fue detenido el 1 de octubre de 2020 por efectivos de la Policía Federal (División Unidad de Intervención Territorial N°4 de Lanús), cuando estaba yendo al trabajo con un compañero. Llevado por averiguación de antecedentes, terminó preso hasta el día de hoy, después de que la agente de la Policía de la Ciudad Silvina Verónica Gallo lo señalara como autor del robo de su celular. La familia de Raúl sostiene sostiene que es inocente, que no tiene antecedentes, que posee la tenencia de arma de uso civil, que no cometió el robo y denuncia que es víctima de una causa armada por la policía. «Nada coincide. Está más que demostrado que Raúl es inocente. Señor juez, ¿qué falto presentar para que se dé cuenta que Raúl es inocente y le devuelva la libertad?», expresó Juana González, hermana de Raúl. Este miércoles 23 desde las 10 se manifestarán en las puertas del Juzgado de Garantías de Lanús para exigir su libertad. Por ANRed.
«El Jueves 1 de octubre de 2020 a las 9:50, agentes de la Policía Federal Argentina y personal de la División Unidad de Intervención Territorial (DUIT) N°4 de Lanús, en el marco de un operativo de control dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el cruce de las calles 29 de Septiembre y Murature (Lanús Oeste), detienen el auto de Raúl González, que estaba yendo al trabajo con su compañero. Los oficiales los sacan esposado como delincuente de su auto. Disponen del arma y sugieren a Raúl que les deje. Raúl se niega dejarles el arma ya que es de su propiedad y está en regla. Entonces él y su compañero de trabajo son llevados esposados a la Comisaría N°2 de Lanús para averiguación de antecedentes«, relata en un comunicado difundido por su familia.
Luego, la familia informa que, mientras que a Raúl le abren una actuación con la carátula de «Portación de arma de fuego atenuada», al compañero solo le toman la testimonial. Sobre esta denuncia que pesa sobre él, su familia señala: «Raúl González cuenta con tenencia de arma de uso civil de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y es de su propiedad. No tiene antecedentes policiales. Y el auto cuenta con todas las documentaciones pertinentes». Además, remarcan que según consta en el acta policial «el arma quedaría incautada a pericia al 9 octubre 2020 en Policía Científica Departamental de Lanús», y que «una vez terminado diligencia pudiendo retirarse de la dependencia policial según consta en acta policial». Cosa que no se cumplió, porque Raúl se encuentra preso hasta el día de hoy, casi nueve meses después de lo sucedido.
Luego, la familia remarca lo armado de la causa en contra de Raúl, a partir de la acusación en su contra por el supuesto robo de un celular: «12:15 se presenta en la Comisaría 2° de Lanús Silvina Verónica Gallo, agente de la Policía de la Ciudad, denunciando haber sido víctima de un robo a las 6.20 am en la parada de colectivos de la Línea 100, en Donovan esquina Coronel Brueras, en Gerli (Lanús Oeste), por un masculino de contextura delgada a normal, tez trigueña, rostro descubierto, cabello castaño oscuro, quien le habría pegado en la nuca con un arma de fuego color plateado y cae al suelo, y agarro un machete o símil para cortarle su campera tipo inflable color oscuro unos cincuenta centímetros y ahí pudo sacarle su teléfono celular», según informa la familia que se detalla en el acta policial.
En ese contexto, la familia de Raúl denuncia que en la comisaría, al verlo, la agente Gallo «señala al ‘morocho’ (por Raúl) como autor del robo, por lo que la carátula de la actuación pasa a ser, hasta el día de hoy, la de «robo y portación ilegal de arma de guerra». La familia denuncia, además, como una incongruencia que la agente de la Policía de la Ciudad recién se apersonó a denunciar el robo del celular más de cuatro después del hecho. Además, sostienen que las pruebas fílmicas, testimoniales y de geolocalización del celular ubican a Rául en su casa a la hora del hecho denunciado por la policía Gallo.
En declaraciones a DiarioConurbano.com, Carlos, hermano de Raúl, remarcó: «ella dice que lo reconoce a mi hermano por el pelo y la fisonomía. Mi hermano entró en la comisaría con el barbijo y, ¿cómo hizo para reconocerlo por el pelo?. En el video se ve que el delincuente tiene una gorra y la campera no coincide. No se ve que tenga un revolver ni un machete. Para nosotros es una causa armada porque él se negó a entregarles el revólver en el operativo. Él está por la versión de ella, después, no hay más nada«, señaló.
Po su parte, en su cuenta de Facebook, Juana González, hermana de Raúl señaló: «en estos ocho meses se presentaron pruebas que demuestran su inocencia. Se presentaron las cámaras de la casa de Raúl, las cámaras del supermercado chino donde paro a comprar, la antena telefónica que demuestra que el estuvo toda la noche en su casa, su declaración, el testimonio de la familia y una vecina, la comparación de vestimenta con el delincuente que aparece en el video del robo que se lo acusa y nada coincide. Está más que demostrado que Raúl es inocente. Ahora yo le pregunto a usted señor juez, ¿qué falto presentar para que se dé cuenta que Raúl es inocente y le devuelva la libertad? Libertad que una fuerza policial corrupta e impune le robó. Yo quiero creer en la justicia de mi país y quiero creer que no va a dejar esperando un juicio dos años a una persona que es inocente. La familia amigos y gente que lo quiere, espera un fallo justo de su parte. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando», expresó
En este marco, la familia anunció que se manifestará este miércoles 23 desde las 10 en las puertas del Juzgado de Garantías de Lanús (Hipólito Yrigoyen 3940, frente a la municipalidad), exigiendo su libertad.
También, vienen denunciando su situación en varias cuentas de Facebook de familiares y amigos del joven, bajo la consigna hashtag #LibertadParaRaúlGonzález.
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Asesinato laboral en Papelera Berazategui: «Norberto ‘Chochi’ Stauffer presente»
El 31 de mayo, a causa de las condiciones inseguras de su trabajo, el joven operario de 27 años Norberto «Chochi» Stauffer murió atrapado en una máquina de la Papelera Berazategui, en el sur del conurbano bonaerense. Según indican familiares, se conjugaron la falta de protecciones, la nula capacitación del empleado para la tarea que se le pedía y la presión de su supervisor al grito de «dale, cagón», para que destrabe materiales trabados. Por corresponsal popular, para ANRed.
Este hecho se suma al del también joven «Mechi» Cantero, que murió en condiciones deplorables de trabajo en la también papelera Seín y Cía de Varela, donde incluso trabajó el mismo supervisor, Ramiro Cowual, en 2018.
Fue común a ambas situaciones la falta de capacitación, de protecciones, y las sobre exigencias de supervisores y responsables de planta. No se trata, por ende, de accidentes laborales por cuestiones del azar, sino que se configuran como asesinatos laborales, dado que hay responsabilidades claras del empresario en materia de inversiones y de establecer formas de trabajo seguras.
En respuesta a la situación, el pasado sábado 19 de junio se movilizaron familiares y amigos de Norberto Stauffer, así como de «Mechi» Cantero junto a organizaciones hasta el ingreso de la Papelera Berazategui, en su establecimiento de Avenida 14, donde trabajaba Norberto.
Además del dolor por los fallecimientos y recuerdos de los jóvenes, se destacaron los siguientes reclamos:
– Justicia por «Chochi» Stauffer y «Mechi» Cantero: condena a los culpables (yendo desde encargados de planta hasta empresarios).
– ¡Basta de asesinatos laborales! ¡Ni un obrero menos por la codicia de los empresarios!
– Acompañamiento del Sindicato Obrero de la Industria del Papel y Cartón
– Mayor control del Estado para que las empresas cumplan con las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Falleció por coronavirus un chofer de la Línea 60 que había sido convocado a trabajar tras recibir la primera dosis de la vacuna
El cuerpo de delegados y los trabajadores de la empresa Monsa Línea 60 de colectivos lamentaron «la muerte del tercer chofer» de la compañía Alvaro Pío Santillán por coronavirus. Explicaron que ese empleado había sido licenciado por integrar el grupo de riesgo y que se había reintegrado a sus tareas luego de recibir la primera dosis de una vacuna contra el coronavirus.
Un documento de los representantes de base gremiales explicó que «se contagió de coronavius y contrajo neumonía, por lo que falleció poco después en el sanatorio Güemes», y que fue el tercer trabajador de la línea muerto en pandemia.
También sostuvieron que en «la primera semana de abril último y por presión de las cámaras empresarias se emitió la resolución conjunta 4/21 de las carteras de Salud y Trabajo, por la que los trabajadores mayores de 60 años y los grupos de riesgo debieron retomar las tareas luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el virus».
«Los delegados y los trabajadores de Monsa línea 60 rechazan esa medida, pero hasta ahora no obtuvieron respuestas. Desde el inicio de la pandemia el personal aplicó protocolos propios, presentó denuncias, exigió que se reforzaran las medidas sanitarias y cortó puentes de forma coordinada con otras líneas para demandar su inclusión en el plan de inmunización. Pero no hubo hasta hoy respuestas satisfactorias», enfatizaron.
Para los delegados de base el fallecimiento de Santillán, el tercero en la empresa, «no fue una desgracia sino el resultado de una política sanitaria deficiente que arriesga la salud».
Por último, exigieron la aplicación de protocolos estrictos, que se dispense al personal de riesgo y que se incluya a los trabajadores de la actividad en el plan de vacunación.
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Rappi, Pedidos Ya y Glovo recibirán multas de entre 14 y 16 millones de pesos por cada trabajador no registrado detectado
23 junio, 2021
Las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya serán multadas por más de 170 fraudes laborales y todas las infracciones que eso conlleva. Pagarán entre 14 y 16 millones de pesos por cada trabajador que no se encuentre regularizado.
Como ya te adelantamos en InfoGremiales, a las través de inspecciones de oficio, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires encabezado por Mara Ruiz Malec relevó a más de 170 personas, en su mayoría hombres, que tienen una relación laboral con alguna de las empresas de reparto a través de aplicaciones. Sólo dos casos contaban con recibo de sueldo.
La mayoría tenían dependencia económica, no podían determinar cuánto ni cuándo cobran, tienen que usar la ropa con los logos de la empresa, tienen que seguir las indicaciones corporativas, no tienen libre elección de horarios, en parte, porque necesitan trabajar muchas horas para alcanzar un ingreso que les permita subsistir: «El 90% trabaja más de 7 horas por día, la mitad trabaja más de 9 horas por día y 7 de cada 10 trabaja los 7 días de la semana.», detalló Ruiz Malec a Fm La Patriada.
La ministra también mencionó que hay trabajadores que temen a la regulación pero «no tanto por poder disfrutar de su horario, como a veces se plantea desde una perspectiva que también es válida, que es que los trabajadores avancen hacia una jornada en la que tengan un poco más de libertad y elección, sino que más bien es la libertad de auto explotarse. Poder trabajar muchas, muchas horas para poder llegar a alcanzar un ingreso que se parezca a algo que les permita vivir.»
Ruiz Malec explicó que además no tienen la tan mencionada libertad para tomar o no los pedidos porque reciben sanciones si no los pueden tomar y que pueden ser bloqueados de la aplicación como «una manera de despedirte».
Las personas relevadas en su inmensa mayoría no tienen cobertura de ART, algunos se pagan su propio seguro de accidentes personales. «La precariedad absoluta», calificó la ministra.
Tras la presentación del informe de las inspecciones realizadas de oficio por la cartera laboral y la intimación a cada empresa para que explique su situación, tienen tres días para responder. Si no lo hacen, el ministerio tendrá que ir a cobrarse las millonarias sanciones que correspondan.
«Uno puede tener un contrato firmado pero lo que vale es cómo es esa relación de trabajo en realidad, nuestra legislación prevé este tipo de intentos de fraude laboral.», aclaró Ruiz Malec.
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Fesprosa confirma más medidas de lucha de los trabajadores de la salud en todo el país
Por Redacción EDA
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) denunciaron que “ante la indiferencia de los Gobiernos” (de nivel nacional, provincial o municipal) los trabajadores del sector se ven obligados a llevar adelante nuevas medidas de lucha regionales en provincias como Chaco, Chubut y La Rioja.
En Chaco, APTASCH Fesprosa este miércoles inició un paro por 48 horas, con una concentración realizada en el Hospital Pediátrico y en diferentes establecimientos de la provincia, siendo ésta la cuarta jornada de reclamo de la entidad gremial, donde plantean como principales demandas que la cuestión salarial y las condiciones de trabajo.
Ricardo Matzkin, titular de APTASCH y vicepresidente de Fesprosa, señaló al respecto: “Todas las reivindicaciones principales del sector de salud pública están hoy en un freezer, no están en la agenda del gobierno en un momento donde los trabajadores somos los que sostenemos la atención sanitaria de la población en toda la provincia. Eso es lo que estamos reclamando y vamos a seguir y profundizar la lucha en la medida que el gobierno no ponga en agenda a los trabajadores de la salud pública y no abra los canales de diálogo para solucionar este conflicto”.
En tanto, APROSLAR Fesprosa realizará una jornada de protesta este jueves en el Hospital Luis Pasteur de La Rioja. La misma tendrá lugar a las 10.30 y se manifestarán reclamando un reconocimiento a los trabajadores de la salud, mejoras salariales, y el pase a planta del personal precarizado. “Exigimos mejores condiciones sanitarias, mejor aumento salarial, pase a planta del personal precarizado de salud de la provincia. El maltrato del gobierno a los trabajadores de la salud es muy evidente, y no entendemos el por qué”, indicaron.
Finalmente, en Chubut, el SISAP Fesprosa viene de una semana de paro de 120 horas, ratificando su estado de asamblea y movilización permanente al gobierno de Arcioni. Entre las principales demandas, destacaron el pago de la totalidad de la deuda salarial con el sector, el desarrollo de un programa de desprecarización laboral, ser convocados a una paritaria salarial, la formalización del pago de aguinaldos, la reapertura de COPICS y paritaria convencional y el cese de descuentos por días de paro al ser una medida de lucha legal y legítima.
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Mujeres y sindicatos: el movimiento obrero alambrado
Las organizaciones gremiales están en el escalón más bajo en términos de paridad en la conducción. Las trabajadoras son muchas en la base y pocas en la cima.
“Reunión con sindicalistas sub 55 de diferentes sectores. Charlamos sobre la importancia de hacerles frente a las demandas actuales de los trabajadores en base a 3 objetivos: Futuro del trabajo, democracia sindical, perspectiva de género en los sindicatos”, tuiteó el 15 de junio Facundo Moyano, diputado y exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), y acompañó con una foto de una larga mesa con 17 comensales, todos varones. La respuesta vino de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. “No se puede discutir futuro del trabajo, ni democratización sindical, ni perspectiva de género en los sindicatos, sin nosotras. Las mujeres somos parte de la fuerza laboral, de la creación de riqueza y de la producción”, advirtió y cerró con el hashtag #EsConNosotras. Moyano Jr. le respondió en tono paternalista y sin ningún interés en reconocer el error. Este intercambio no se reduce a un cruce sobre una foto, sino que pone de manifiesto la cuestión, más profunda, de la naturalización, para algunos dirigentes, de que las mujeres estén excluidas de la discusión política. En este caso, además, se agrega la inquietud sobre cuál habrá sido la conversación sobre perspectiva de género entre 17 varones. Que fuera una reunión de sindicalistas tampoco pasa desapercibido.
No es la primera vez que la plana mayor de la conducción sindical protagoniza una foto sin mujeres. En mayo de 2020, el presidente Alberto Fernández se reunió con representantes sindicales y empresarios, 100 por ciento hombres, y la foto fue criticada por feministas dentro y fuera del Gobierno.
A partir de esa conversación pública, se decidió que no habría más fotos sin mujeres. Un año después, la CGT volvió a Olivos: esta vez se incorporaron mujeres, sí, pero sólo del Ejecutivo: la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la subsecretaria de Políticas de Inclusión Laboral en el Mundo del Trabajo, Pamela Ares.https://d-24977341141795594044.ampproject.net/2106120107000/frame.htmlY de cupo cómo andamos
Los avances en términos de acciones afirmativas para mujeres y diversidad se ven en el Congreso, en algunos espacios del Poder Ejecutivo y, aun con la incipiente discusión sobre las necesarias reformas, en el Poder Judicial están bastante lejos de la omisión de la dirigencia sindical.
En 2010, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) elaboró, en el informe Sexo y Poder, ¿Quién manda en la Argentina?, un índice de participación de mujeres (IPM) que pudiera ser replicado en el tiempo. Para su construcción, se computaron exclusivamente los puestos de la más alta jerarquía para cuatro áreas: política, economía, sindicatos y sociedad civil. Diez años después, la actualización de ese informe muestra que la presencia de mujeres en el sector sindical aumentó en la última década, pero no en los puestos de alta jerarquía, en los que la participación es del 3,2%, casi dos puntos menos que en 2010.
“Hoy, sólo el 18% de las conducciones nacionales está ocupado por mujeres y, de ese 18%, casi el 80% ocupa secretarías feminizadas, como secretaría de la mujer o cuestiones relacionadas con los cuidados (áreas de igualdad, género o servicios sociales)”, sostiene la diputada del Frente de Todos Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y secretaria adjunta de la seccional Santa Fe del mismo sindicato.
El cosecretario general de la CGT Héctor Daer habló sobre la falta de mujeres en la conducción esta semana en Radio Nacional: «Es una asignatura pendiente que tiene el movimiento obrero a nivel CGT. Esta nueva conducción tiene que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a la de los hombres en el seno del consejo directivo».
Mounier le responde a Daer en Letra P: “Si la participación de las mujeres en los sindicatos y en las centrales obreras depende de modificaciones estatutarias que decidirán los varones es poco probable que la participación en la toma de decisiones gremiales por parte de las mujeres sea realmente efectiva”. Y agrega: “Los varones siguen decidiendo por nosotras. Ellos deciden cuándo ingresamos a un gremio, qué cargo ocupamos, cuándo ascendemos, hasta dónde llegamos. No ha habido una exigencia real para el cumplimiento del cupo, por lo tanto. Si no hay sanciones ni imposición de la obligación del cumplimiento, siguen ellos monopolizando las conducciones”.
La secretaria adjunta de SADOP se refiere a la ley 25.674, sancionada en noviembre de 2002, que establece la representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30 por ciento cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores, una normativa que nunca se cumplió. De hecho, en la historia argentina y latinoamericana, sólo una mujer llegó a la cúpula de la CGT: Susana Rueda, cuando compartió triunvirato con Hugo Moyano y José Luis Lingieri, entre 2004 y 2005. Rueda –hoy Susana Stochero, sin su apellido de casada- terminó su mandato en la CGT como parte de una renuncia colectiva, aunque la señalaban a ella como responsable de romper la unidad. La experiencia en la gestión de la central obrera resultó tan apabullante que resolvió volver a su territorio, a su sindicato y a la militancia provincial en Santa Fe.
Como muchas otras dirigentes sindicales, Mounier cree que el cupo ya no alcanza y va por la paridad, que es, asegura, “la verdadera equidad y la verdadera inclusión”. Hay diversos proyectos en este sentido en las dos cámaras del Congreso, aunque ninguna tiene tratamiento en el recinto. “También somos protagonistas de la historia y trabajadoras activas de los sindicatos. Sabemos que la lucha de fondo está lejos de ser alcanzada y necesitamos visibilizar esas desigualdades, hacer un llamado de atención a quienes siguen reproduciendo lógicas y estructuras patriarcales para poder ir hacia una real transformación dentro de nuestros sindicatos”, dice. En plena pandemia de coronavirus, con las mujeres trabajadoras en la primera línea de batalla, el reclamo por estar en las fotos es el reclamo por la visibilidad de la fuerza productiva que hoy es responsable de mover el mundo.
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En relación al proyecto de modificación del régimen indemnizatorio por despido denominado «Mochila» argentina
Comunicado de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas a raíz de la difusión de un proyecto presuntamente avalado por la Unión Industrial Argentina.
En los medios de comunicación se difundió la presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de un proyecto de ley elaborado por el sector empresarial, que contaría con el aval de la UIA, que busca modificar el actual régimen indemnizatorio por despido.
El proyecto se denomina “Mochila Argentina” y estaría inspirado en el régimen vigente en Austria, consistente en un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) administrado por el ANSES, Superintendencia de Seguros, y una entidad de control a designar, financiado con aportes de los empleadores calculados sobre la masa de salarios que abonan. En lugar de la indemnización por despido vigente, el/la trabajador/a despedidos, seguiría cobrando mensualmente su salario hasta conseguir un nuevo empleo o agotar el tiempo máximo de duración del beneficio, en proporción a la antigüedad acumulada en el empleo.
Toda vez que el proyecto “Mochila Argentina” estaría basada en el régimen austríaco y en los resultados positivos que el mismo supuestamente tuvo en ese país, no resulta ocioso aclarar que las realidades sociales, económicas, fiscales y de recursos estatales entre Argentina y Austria distan mucho de ser similares. Los índices de desempleo y subempleo entre ambos paises son muy diferentes, por lo que imposibilitan trasladar a nuestra realidad un régimen legal creado para una sociedad, una cultura y un Estado muy dispar al nuestro.
El empresariado afirma que de esta forma se generaría empleo, al reducir las consecuencias económicas de los despidos y aseguraría el cobro de las indemnizaciones.
En primer lugar, el derecho al trabajo constituye un derecho humano fundamental para quienes viven de su trabajo y del salario como única fuente de subsistencia. Por ello, la estabilidad y la protección contra el despido arbitrario, constituyen un amparo contra los efectos nocivos del despido y de la pérdida del empleo. De ello se deriva la necesidad de desalentar el despido , debiendo ser éste un eje central de cualquier legislación laboral.
Así, el actual régimen indemnizatorio por despido tiene un doble carácter: disuadir a los empleadores y reparar al trabajador/a, en parte, las consecuencias del despido
El proyecto denominado “Mochila Argentina” no cumple con ninguna de estas funciones, siendo su única finalidad reducir los costos empresariales.
La falta de pago de indemnización favorece el despido y profundiza el desequilibrio existente en favor del empleador.
Al mismo tiempo, la sustitución de un régimen indemnizatorio por despido de pago único por otro de pago mensual como pretende el proyecto, limita los alcances resarcitorios que debe tener una indemnización. En ese sentido, la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Milone” (Fallos 327:4607), ha cuestionado la constitucionalidad del pago de indemnizaciones mediante rentas periódicas para el caso de los accidentes y enfermedades profesionales, con argumentos que pueden hacerse extensivos para el caso de las indemnizaciones por despido.
El proyecto mencionado busca sustituir el actual régimen indemnizatorio por despido por un régimen de seguridad social de seguro por desempleo a cargo del Estado. Se trata de regímenes que deben, en todo caso, complementarse y no sustituirse uno por el otro como pretende el proyecto.
El reiterado argumento empresarial de que es necesario reducir el llamado “costo laboral” para generar empleo ha quedado deslegitimado por los hechos ocurridos en nuestro país en el que los denominado “contratos basura” creados por la ley 24.013 con el objetivo de crear puestos de trabajo mediante la flexibilización de las condiciones laborales no sólo no cumplió su objetivo sino que se registraron los índices de desempleo más altos de nuestra historia, lo que llevó a su derogación. Como ejemplo inverso, el crecimiento del empleo registrado en los años posteriores a la crisis del 2001 no fue producto de la flexibilización de las condiciones laborales, sino de otras variables macroeconómicas , habiéndose llegado incluso a la derogación de la llamada “Ley Banelco” que había sido la última reforma laboral flexibilizadora de entonces.
En efecto, en el marco de una economía de mercado, la creación de empleos depende de la iniciativa de los empresarios, y no resulta imputable a la legislación laboral el aumento de los niveles de desocupación o la falta de creación de nuevos puestos de trabajo
Por ello, en este grave contexto atravesado por la pandemia, con normas que no limitan adecuadamente el poder empresario y que en muchos casos ni siquiera se cumplen, con una justicia del trabajo casi paralizada que no brinda el adecuado servicio de justicia, por estructuras sindicales debilitadas en su poder de presión y negociación, y un Estado incapaz de ejercer el poder de policía del trabajo y de exigir el cumplimiento de la profusa normativa de emergencia, es claro que las modificaciones pretendidas solo pretenden reducir aun más los escasos niveles de protección legal , en desmedro de las personas trabajadoras.
Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas
Envio:RL
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