Argentina está dando la batalla por Malvinas en la ONU
Massa acordó que el Congreso Judío Latinoamericano se hará en el
parlamento nacional
Resumen Latinoamericano /La Izquierda Diario /23 de junio de 2021.
foto<. Sergio Massa con el magnate estadounidense Jack Rosen, presidente del Congreso Judío de EE.UU.
En su gira por Estados Unidos se reunió con el Comité Judío Americano (AJC por sus siglas en inglés) y con congresistas norteamericanos judíos y latinos, sectores que son parte del lobby pro israelí estadounidense.
La gira del presidente de la Cámara de Diputados tiene el principal objetivo de conseguir apoyos para renegociar la deuda externa.
Como parte del lobby de Sergio Massa con ese objetivo, también mantuvo una reunión con esos sectores pro israelíes y acordaron que el Congreso Nacional argentino será la sede del próximo encuentro del Congreso Judío Latinoamericano, que tiene su sede en Buenos Aires.
Estos sectores reunidos con Massa son parte del Comité de Asunto Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), el mayor lobista de política exterior de EEUU, con millonarios recursos financieros, que se define a sí mismo como bipartidista e impulsor del apoyo a Israel. Judíos y evangélicos sionistas integran esta organización.
El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) a partir de este acuerdo se realizará el próximo julio en el parlamento argentino, previo al aniversario del atentado a la AMIA -18 de julio de 1994-. Su presidente, a partir del año pasado, es el brasileño Jack Terpins que a su vez es el vicepresidente del Congreso Judío Mundial. Ariel Eichbaun de la AMIA es uno de sus vicepresidentes.
Estas organizaciones sostienen un apoyo cerrado a las políticas del Estado de Israel, lo que incluye los ataques constantes al pueblo palestino, con represión, bombardeos a la Franja de Gaza incluidos. Más históricamente siempre defendió la usurpación de ese territorio de Medio Oriente por parte de Israel.
También son impulsoras, a través del mismo Estados Unidos, de la Alianza Internacional para el recuerdo del Holocausto que viene haciendo una campaña para que los parlamentos de diversos países adhieran a una definición donde se intenta confundir el rechazo legítimo y necesario a cualquier forma de antisemitismo con críticas al Estado de Israel, es decir con el antisionismo. Tal como pasó en Argentina.
Incluso estas organizaciones fueron parte del ataque a diputados del Frente de Izquierda (junto con la oposición de Juntos por el Cambio y las grandes empresas mediáticas) por alzar la voz en el Congreso Nacional contra los ataques de Israel al pueblo palestino, poniéndose incondicionalmente del lado de ese pueblo oprimido. Ese ataque al Frente de Izquierda fue repudiado por muchísimas personalidades.
Mientras el Gobierno del Frente de Todos ponía un signo igual entre los ataques de ese Estado, con uno de los ejércitos mejores equipados de esa región y la legítima defensa que puedan ejercer organizaciones palestinas (lo cual no implica un apoyo político a dichas organizaciones).
Pero como Israel no acepta la menor crítica, también inició una campaña contra los gobiernos que hace poco votaron en la ONU la posibilidad de investigar los crímenes en los que incurrió Israel en los bombardeos a Gaza.
De esta manera el Gobierno de Alberto Fernández, en la figura de su presidente de la Cámara de Diputados, en pos de conseguir apoyos para las negociaciones con el FMI, quedar bien con organismos imperialistas como al OEA, además de intentar dejar atrás esos roces con Israel –que incluyeron una amenaza de su embajadora de dejar de comprarle carne a Argentina-, pone al parlamento nacional como sede de encuentro de esta organización pro israelí.
La Corte Suprema deberá abordar
la contaminación con agrotóxicos y
la Hidrovía Paraná-Paraguay
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021.
La procuradora Laura Mercedes Monti dictaminó la competencia del máximo tribunal para que éste aborde el derecho al agua potable, frente a la contaminación del modelo agroindustrial, y también intervenga respecto a la concesión de la Hidrovía desde una perspectiva del río como ámbito natural y no solo como un canal comercial. En un hecho inédito, también habilitó a que se revaliden las autorizaciones de todos los agrotóxicos que se utilizan en el país.
La procuradora del Área de Derecho Público no Penal, Laura Mercedes Monti, dio el visto bueno para que la Corte Suprema se avoque a un amparo ambiental contra el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires que busca preservar “el derecho al agua potable” frente a la contaminación que representa el modelo agroindustrial (con aplicación de agrotóxicos y fertilizantes) para los habitantes de la Cuenca del Río Paraná. Se solicita el tratamiento de una serie de medidas de preservación de la salud y el ambiente. El amparo presentado por el abogado de la organización Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro, junto a la Asamblea Unidos por el Río, solicita la presentación de un Plan de Gestión Ambiental, que reduzca el uso de agrotóxicos, y también convoca a la creación de un Comité de Cuenca del Río Paraná, que cumpla con esos objetivos, a la vez que exige que se suspenda la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La presentación de la organización Naturaleza de Derechos y la Asamblea Unidos por el Río plantea el avasallamiento del Estado nacional y provincial de varias normas y tratados vigentes respecto del cuidado del ambiente, entre ellos el Acuerdo de Escazú, pero hace eje principal en el incumplimiento del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley 25.688) y la Ley General de Ambiente (25.675) y plantea una serie de medidas precautelares para que “se detenga el proceso de daño ambiental que viene sufriendo la Cuenca del Río Paraná, por la omisión manifiesta de los demandados ante la afectación grave de su biodiversidad como consecuencia de los agrotóxicos que se utilizan en la agricultura industrial y que terminan como residuos peligrosos en sus sedimentos, aguas y peces”.
El amparo aporta prueba documental y científica generada que evidencia el impacto que los agrotóxicos están teniendo a lo largo de la Cuenca del Río Paraná. Entre ellos, el reciente trabajo de la Universidad Nacional del Litoral que surgió como material probatorio en la causa abierta por la Justicia de Santa Fe a partir de la mortandad masiva de peces ocurrida en el Río Salado en diciembre del 2020 y que reveló la presencia de agroquímicos en peces y sedimentos.
Glifosato, AMPA, clorpirifos, cipermetrina, atrazina y endosulfan son algunos de los agrotóxicos presentes en el Río Paraná y sus afluentes en los estudios citados por los demandantes –que advierten que su presencia indica la violación a otro normativa: la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos– por lo que denuncian la vulneración del acceso al agua potable para la población de toda la cuenca.
Otro de los puntos centrales de la denuncia respecto del “derecho al agua potable” es la “inconstitucionalidad por omisión manifiesta por no haber dictado una ley de Presupuestos Mínimos sobre el uso de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos”, a los que relacionan con otro problemática urgente en la cuenca del Paraná: la proliferación de cianobacterias. En paralelo, se denuncia el incumplimiento del artículo 7 de la Ley 25.688 ante la no determinación de los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas, cuando el sistema agroindustrial utiliza 600 millones de litros de agrotóxicos y más de cinco mil millones de litros de fertilizantes sintéticos, según los denunciantes.
Frente a este contexto, el amparo aceptado por la procuradora Monti dentro de la competencia federal de la Corte Suprema solicita que se haga cumplir el artículo 7 de la Ley 25.688 y en calidad de medida precautelar pide:
- Revalidar todos los agrotóxicos autorizados para su comercialización y uso en el país, conforme el capítulo 18 de la resolución 350/1999, garantizando la participación ciudadana inclusiva.
- Realizar a través del Inta-Balcarce o el EMISA de la Universidad de la Plata, un monitoreo urgente en toda la Cuenca del Río Paraná que comprenda estudios sobre la presencia en sedimentos, aguas superficiales, materia suspendida y peces de más de 40 principios activos, presentes entre los paquetes tecnológicos más utilizados por la agroindustria.
- Disponer una tutela anticipatoria con el fin de establecer una zona de resguardo uniforme en toda la cuenca, en la cual no podrán aplicarse ningún tipo de agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, ni de forma aérea ni terrestre, para lo cual deberá tomarse en cuenta el mapa de la Cuenca del Río Paraná conformado por el Instituto Geográfico Nacional.
La Hidrovía, el modelo agroindustrial y la soberanía alimentaria
Fernando Cabaleiro explicó que el amparo cuenta con el acompañamiento de la Red Salud Popular del Chaco (Chaco), Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos y la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe). Y remarcó que la petición solicita a la Corte Suprema que comprenda al amparo dentro un marco amplio de protección del ambiente, la biodiversidad y la salud humana, incorporando también el concepto de derecho a la naturaleza del Río Paraná. Por eso, el primer punto de la demanda solicita “implementar un plan de gestión ambiental e integral sobre la Cuenca del Río Paraná, en un plazo no superior a los 120 días hábiles” que contemple “una evaluación exhaustiva de impacto ambiental acumulativa y estratégica sobre toda la cuenca con participación social inclusiva que atienda todas las problemáticas ambientales de modo integral y no como compartimentos estancos”.
Dentro de ese marco integral, aunque la demanda fue presentada ante el Estado nacional y bonaerense sostiene la “indivisibilidad” de la Cuenca del Río Paraná, que comprende a las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, por lo que solicita a las demandas convocar a una concertación federal para la conformación de un Comité o Autoridad de Cuenca del Río Paraná con participación ciudadana inclusiva en términos del artículo tres de la Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas.
En ese sentido, el pedido de amparo pide que «se cite al Consejo Hídrico Federal por ser una persona jurídica de derecho público creada como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los Recursos Hídricos». El presidente Alberto Fernández, por decreto 949/2020, creó el Consejo Federal Hidrovia para avanzar en la renovación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pero los demandantes advierten que ese ámbito es insuficiente para el análisis global de la hidrovía, proponiendo una perspectiva que respete al río como ámbito natural y no como un canal comercial.
La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un reclamo similar ante el Consejo Hídrico Federal en la apertura del debate para la concesión realizada en febrero pasado, cuando el horizonte de la renovación de la concesión estaba puesta en el 30 de abril. Límite prorrogado, al menos, hasta el 30 de julio, tras la muerte del ministro de Transporte, Mario Meoni.
“Exhortar a las demandadas a realizar, para abordar de modo integral y participativo todas las problemáticas ambientales que la atraviesan, estableciendo un procedimiento de precaución, autorización, prevención, protección, evaluación, vigilancia y control permanente, mitigación, remediación y reconversión respecto de todas las actividades antrópicas que impactan sobre la misma”, exige la medida de amparo ambiental y solicita como medida precautelar que el Estado nacional se “abstenga de emitir actos administrativos conducentes” a cumplir con la licitación de la hidrovía.
La integralidad planteada por las organizaciones socioambientales une el derecho al agua potable con el modelo agroindustrial y la Hidrovía Paraná-Paraguay como símbolo de la salida del 80 por ciento de las exportaciones de esa complejo, al solicitar analizar la concesión desde otra perspectiva: “La necesidad de implementar un programa de reducción de uso de agrotóxicos y de reconversión en la producción agroalimentaria hacia la agroecología”
“Frazadazo” frente al Ministerio de
Educación porteño: “Se torna muy
complicado sostener la presencialidad
con frío”
Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021.
Desde los gremios denuncian que en muchos casos no se puede garantizar la calefacción porque el Gobierno de la Ciudad no paga las facturas de Metrogas. “Hay un malestar generalizado de docentes y estudiantes”, advierten.
Alrededor de un centenar de docentes, envueltos en frazadas, se concentraron este mediodía frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que “con frío no se puede estudiar”. El “Frazadazo” se sumó a las protestas contra la presencialidad en el marco de la pandemia de coronavirus, luego de que las bajas temperaturas y la falta de calefacción se sumaran a las denuncias de maestros y familias, mientras las ventanas deben mantenerse abiertas para respetar los protocolos sanitarios.
“Estamos denunciando la falta de garantías para asegurar la calefacción en las escuelas. Se están viviendo épocas de mucho frío dentro de las escuelas, más incluso del que hace fuera. Y estamos registrando una gran cantidad de escuelas que no pueden garantizar calefacción, en muchos casos por falta de pago de facturas de Metrogas por parte del Gobierno de la Ciudad. En otros, por falta de mantenimiento”, denunció Pablo Francisco, de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que impulso el Frazadazo junto con la Multisectorial por la Escuela Pública.
La medida se hizo frente a la sede del Ministerio en la Villa 31 de Retiro, por lo que gran cantidad de docentes de esa comunidad participaron de la protesta. En una de las escuelas del barrio ya se venía organizando un “Ropero comunitario” para juntar abrigos para nenes y nenas con frío en el aula. “Esto empeora las situaciones que venimos denunciando de falta de condiciones para cumplir protocolos en escuelas y está bajando más las presencialidad: los días de más frío las familias no mandan a los pibes”, remarcó Francisco en diálogo con Tiempo.
“Hay un malestar generalizado de docentes y estudiantes los días de más frío. Se torna muy complicado sostener la presencialidad en estas condiciones”, enfatizó. Tanto desde los sindicatos docentes como desde los colectivos de familias se venía advirtiendo que las bajas temperaturas dificultarían aún más las clases presenciales durante la pandemia, cuando los protocolos obligan a mantener ventanas abiertas para garantizar la circulación. En las aulas, chicos y chicas cursan con capuchas, guantes, bufandas y hasta frazadas.
Fuente: Tiempo argentino
Un proyecto presentado en Diputados
pide prohibir el uso del lenguaje
inclusivo en las escuelas y en actos
de gobierno
Por Verónica Benaim, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021.
La iniciativa está firmada por las abogadas Patricia Alejandra Paternesi y Cynthia Roxana Ginni. Un proyecto similar había sido presentado por Juntos por el Cambio.
Un proyecto de ley de particulares ingresó este martes en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados proponiendo que se prohíba el uso en documentos y actos oficiales y en establecimientos educativos del comunmente denominado “lenguaje inclusivo”, en cualquiera de sus formas. El texto giró a la Comisión de Legislación General que preside la diputada Cecilia Moreau.
La iniciativa, lleva la firma de dos abogadas Patricia Alejandra Paternesi y Cynthia Roxana Ginni cuenta con la adhesión de Félix Lonigro, quien figura en internet como asesor del diputado del Pro Pablo Tonelli. Entre sus articulados establece que no se utilice “x”, “e”, “@”, etc, empleado a para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina.
Asimismo, propone que la presente norma es aplicable a todos los documentos y/o actos oficiales emitidos por cualquiera de los tres poderes del Estado en todos sus niveles, así como a las escuelas de todos los niveles y demás establecimientos educativos de la República Argentina. Deróguense todas las disposiciones que se opongan o limiten la presente ley.
En el artículo 4 reza que las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia inmediatamente después de su publicación en el Boletín Oficial e invita en el siguiente artículo a las provincias a adherir a la presente ley.
Los proyectos presentados por la sociedad civil, suelen ser tomados por algún diputado. La reforma constitucional de 1994 incorporó el derecho de iniciativa de los ciudadanos para presentar proyectos de ley, con algunas limitaciones. El artículo 39 de la Constitución Nacional determina que “los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses”. Además, determina que “no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal”.
Una iniciativa similar fue presentada por los legisladores de Juntos por el Cambio, específicamente por Alberto Aseff, cuyo proyecto propone erradicar la marca morfológica del lenguaje español, que implica una alteración de la gramática lingüística, así como cualquier otro tipo de incorporación de enfoque de género en la educación formal y textos oficiales públicos y privados, que no esté reconocido por la Real Academia de la Lengua Española.
El texto lleva las firmas, como coautores, de Jorge Enríquez, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, David Schlereth, Laura Carolina Castets, Alfredo Schiavoni, Gustavo Hein, Pablo Torello y Gerardo Cipolini.
En los fundamentos, indica que “la “inclusión” no tiene relación alguna con la marca morfológica del lenguaje español erróneamente conocida como “lenguaje inclusivo” que simplemente lleva a colocar la letra “e” en reemplazo de la letra “o” “a”. La inclusión forma parte de un todo como nación. “2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” El género gramatical se manifiesta en los sustantivos, adjetivos, artículos y algunos pronombres. En los sustantivos y adjetivos existe únicamente el morfema de género masculino y el de género femenino.
El género neutro se ha conservado en unas pocas palabras, como aquello, eso, esto, ello, alguien, algo y lo. Es importante no confundir el género gramatical (categoría que se aplica a las palabras), el género como constructo sociocultural (roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo) y el sexo biológico (rasgo biológico propio de los seres vivos).
Fuente: Tiempo Argentino
Se inauguró la Escuela Popular de
Formación en Género y Diversidad
“Irú, libres e iguales”
Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021
En Goya, al sur de la provincia de Corrientes, se inauguró la Escuela Popular de Formación en Género y Diversidad “Irú, libres e Iguales”, un proyecto de la Asociación Civil Mate Ñee con certificación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
En declaraciones, Eladia Fernández, integrante del equipo de coordinación y tallerista, destacó que “la escuela de género viene a generar un espacio de debate, aprendizaje, de conocer también nuestras historias y realidad”.
También contó que el primer encuentro “significó deconstruir esta idea de género binario, esa construcción sociocultural que pesa arriba nuestro, y que a partir de acá nos vamos a ir con unos lentes que nos hagan ver las cosa desde otro lugar”.
Irú, significa amiga, amigue, amigo en guaraní y su elección tiene que ver con la intención de desafiar lo establecido. Así como las mujeres y diversidades de la zona rural de Goya que se acercaron a la escuela a transformar realidades.
“Me gustaría cambiar un poco el pensamiento de lo que hay en la zona rural respecto a género porque en la zona están muy a la antigua, te cuestionan por cómo te vestís, cortas el pelo, y eso me gustaría cambiar”, anheló Agostina, del paraje El Sauce.
Irú inició su ciclo lectivo con ocho encuentros en distintas zonas de la región periurbana y rural de Goya, San Isidro y Lavalle. La escuela cuenta con un espacio de cuidado para infancias libres, donde les niñes juegan y aprenden las temáticas de género y diversidad.
“Que las niñas pueden usar las cosas de varones, auto o ropa, que los varones pueden jugar con las muñecas o pueden usar cosas de nena porque nadie le puede criticar lo que usan o juegan”, manifestó Valentina, de 8 años, que participa del espacio.
Fuente: FARCO
La Cámara Federal de Bahía Blanca
rechazó la legitimidad del demandante
contra la ley IVE
Por Mariana Carabajal, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021.
Otro fallo confirma la legitimidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta vez se trata de una sentencia de la Cámara Federal de Bahía Blanca que confirma el rechazo “in limine” dictado en primera instancia de la acción promovida por el representante del partido NOS de La Pampa –liderado a nivel nacional por el oficial retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión–, que pretendía se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.610. Es el primer tribunal de esa jerarquía que se pronuncia sobre el tema. Aunque no se expide sobre el fondo de la cuestión, deja en claro que ningún partido político ni ningún ciudadano sin la invocación de un perjuicio concreto tienen legitimación para cuestionar la validez de la Ley sancionada por el Congreso.
“Celebramos que el Poder Judicial se haga eco de la legitimidad democrática del derecho a decidir que se expresa en la Ley 27.610 y no se preste a aventuras conservadoras que denigran los estrados judiciales. Sería importante también que la Justicia les cargue las costas y que paguen los honorarios como ocurre siempre con las partes que pierden los juicios”, destacó la abogada de Mujeres x Mujeres, Soledad Deza. Desde sectores conservadores y antiderechos han presentado, desde que se promulgó la Ley de IVE, una treintena de recursos similares en diferentes juzgados del país. La mayoría ya han sido rechazados o están en trámite.
El caso de Bahía Blanca es relevante no solo porque es el primero de una Cámara Federal en una causa abierta para cuestionar la Ley de IVE sino además, porque presentaron dictamen en rechazo de la acción la Fiscalía General -representada por Horacio Azzolin- y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta. En ese dictamen, además, respaldan la constitucionalidad de la Ley de IVE.
La resolución de la Cámara Federal lleva las firmas de los jueces de la Sala I, Roberto Daniel Amabile y Pablo Candisano Mera, y se fundamenta en la manifiesta falta de legitimación activa del partido político y la inexistencia de un caso concreto para cuestionar la validez de la Ley de IVE.
“En consonancia con lo destacado en el dictamen fiscal, considero que el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley 27.610 no puede ser analizado en abstracto, dado que ello implicaría la intromisión del Poder Judicial, a pedido de un partido político en formación que carece de representantes en el Congreso de la Nación, en una discusión que ya fue suficientemente efectuada y resuelta en el seno de los poderes democráticos”, escribió el camarista Amabile en su voto, al que adhirió Candino Mera. La sentencia tiene siete páginas.
La causa se inició a partir de un recurso de amparo presentado por el presidente del Partido NOS de La Pampa en el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de IVE al arrogarse la representación colectiva de las personas por nacer que se verían afectadas en su “derecho a la vida” con la aplicación de la norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo. La agrupación política todavía no tiene personería jurídica en La Pampa y se encuentra en formación.
El planteo fue rechazado en primera instancia por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric. El magistrado sentenció que esa agrupación política carece de legitimación para intentar la acción, ya que no tiene un interés particular, directo y concreto en el tema. En ese fallo Baric recordó la Ley 23.298 de partidos políticos y el fallo “Abarca” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son claros al establecer que los partidos políticos solo pueden accionar judicialmente en cuestiones relacionadas con la materia electoral. Así, “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”, señaló el juez Baric.
En el fallo de la Cámara, se advierte que el carácter de partido político no es suficiente para acreditar la representación colectiva del derecho a la vida de los niños y niñas por nacer que el Partido NOS pretende arrogarse. Además, el tribunal federal destacó que “la mera invocación formal de la jerarquía constitucional del derecho a la vida que el accionante señala querer resguardar, resulta insuficiente para tener por demostrado un interés jurídico preciso que justifique su legitimación activa”.
En Salta se practicaron 383 abortos
voluntarios hasta fines de febrero
Por Maira López, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2021.
La provincia se posiciona segunda a nivel país en cuanto al pedido de IVE. La primera es la provincia de Buenos Aires con 1070 y la tercera, Mendoza con 267.
En el último informe que presentó la Jefatura de Gabinete ante el Senado de la Nación, se precisó que hasta el 28 de febrero de este año en la provincia de Salta se llevaron adelante 383 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE). El reconocimiento de este nuevo derecho lleva a que también se pida por la garantía de los otros dos lemas que reivindica la Campaña Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito: educación sexual integral (ESI) y anticonceptivos.
La referente regional de la Campaña en Salta, Mónica Rodríguez, aseguró que es preciso entender el espíritu de la ley, que es la conquista del derecho a decidir. «Hemos conquistado un nuevo derecho, donde sabemos que el aborto no es obligatorio, sino que es una opción», explicó. Por eso, señaló que es vital el compromiso por parte del Poder Ejecutivo Provincial y de la Justicia para garantizar su implementación.PUBLICIDAD
Rodríguez contó que en general en los centros de salud se cumple con la ley. Y recordó que el único caso contra la ley fue cuando el juez Tomás Méndez Curutchet dictó una medida cautelar que impedía a una mujer acceder al derecho a la IVE. Sin embargo, la medida quedó en la nada cuando el supuesto padre, que había pedido la cautelar, desistió del proceso en contra de la mujer.
De acuerdo al informe que presentó el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, de las 383 IVE que se practicaron en Salta hasta el 28 de febrero de este año en el sector público, 88 se hicieron entre el 24 y el 31 de enero. Mientras que desde el 1 al 28 de febrero,se realizaron 295 interrupciones. Con estos números, la provincia se posiciona segunda a nivel país en cuanto al pedido de IVE. La primera es Buenos Aires, con 1070 prácticas, y la tercera Mendoza, con 267.
La referente regional de la Campaña dijo que desde el trabajo que vienen realizando a través de las consejerías comunitarias, se pudo constatar que la demanda por indagar y/o acceder a la IVE creció hasta tres veces más. Relató que antes de la sanción de la Ley Nº 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aquel 30 de diciembre de 2020, realizaban entre 3 o 4 acompañamientos semanales.
Asimismo, destacó que una de las consultas claves que recibieron estos últimos meses, vino de parte de los profesionales de las localidades fuera de la Capital, quienes pedían asesoramiento para saber cómo era el proceso burocrático para dar cumplimiento a este derecho.
Por eso, señaló la importancia de la línea 0800 222 3444, de Salud Sexual, que para el Ministerio de Salud de la Nación es una estrategia clave para el acceso a la práctica de la IVE, teniendo en cuenta que es confidencial, gratuita y que contiene, informa y orienta en el marco de derechos sexuales y reproductivos desde 2010 a toda la población.
Desde allí se hacen las derivaciones a las provincias, y una vez solicitado el pedido, se tiene un plazo máximo de 10 días corridos para cumplir con el requerimiento.
Desde la sanción de la ley, Rodríguez dijo que existe mucho más información al respecto, y reconoció que un gran porcentaje se debe a las redes sociales. «Se sabe cómo son los procedimientos», que en este caso, son ambulatorios, señaló. Sin embargo, afirmó que aún existe un mecanismo distinto que se aplica en el sector privado, que somete a las personas que piden por una IVE a procedimientos distintos a los señalados en la ley.
La referenta regional supo que en algunos casos se aplican inyecciones, o se dan distintas cantidades de la medicación requerida, sin respetar el protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que se incorporó al programa nacional de garantía de calidad de la atención médica.
No obstante, Rodríguez aclaró que por más que exista este derecho gratuito y legal, se trata de un hecho privado que no es fácil de denunciar cuando las personas son sometidas a abusos de poder por parte de los profesionales. «Es una violencia que se da en un marco particular, donde el poder del médico es un agravante mayor», dijo.
Por eso, subrayó que uno de los mayores desafíos es responder a las demandas en el sector público que surgen del interior de la provincia. «Más allá de que se abrieron puntos que hablan de la salud sexual y reproductiva, aún falta un montón porque es un trabajo minucioso«, explicó. Es por ello que apuntó al gobierno de la provincia, dijo que la aplicación de este derecho al parecer «no le interesa», y que sucede lo mismo con la ESI y los métodos anticonceptivos.
Rodríguez sostuvo que «no hay una decisión política de cada intedentende de darlo a conocer» a este derecho, ya que son los profesionales quienes piden por su cumplimiento. Tradujo esta falta de interés en la difusión que hacen del derecho a la IVE en el contexto de pandemia. Aseguró que se debe invertir en la salud sexual, y una de las formas es a través de los medios de comunicación, debido a que las personas circulan menos por los dispositivos de salud.
Pero también señaló que se dieron momentos en que no se dejaba colocar cartelería sobre la interrupción legal del embarazo (ILE). En el caso de la IVE, Rodríguez dijo que «no hay folletería en los centros de salud», lo que pudo ver en un recorrido que realizó ella misma en los distintos espacios de la capital de Salta.
Afirmó que no está a la vista la folletería que manda el Ministerio de Salud de la Nación. «Parece que en el camino a los centros de salud, se pierden», ironizó. Contó que la Campaña ha solicitado y recibido material de difusión por parte del programa nacional, que es repartido muchas veces en las marchas que se realizan en Salta. «Tienen los recursos y el deber de cumplir» con la difusión y la garantía del derecho, precisó.
Anticonceptivos para no abortar
La referenta regional señaló que en la provincia faltan anticonceptivos, tanto en cantidad como en calidad. Indicó que esta falencia se vio mucho más cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, que no sólo eliminó el Ministerio de Salud, sino que redujo los recursos económicos a los distintos programas, en este caso al de Salud Sexual y Reproductiva.
«En momentos en que había inestabilidad económica, aún había preservativos» en el país, resaltó la referente regional, quien pidió la puesta en marcha de manera efectiva del programa. En la actualidad, quienes piden anticonceptivos se topan con respuestas del tipo «no hay métodos porque el aborto es legal». «Pensé que era broma, pero lo escuché de varias personas que dicen que no llegan o mandan a comprar», sostuvo Rodríguez.
La situación varía de acuerdo a los distintos métodos anticonceptivos, como, por ejemplo, el dispositivo intrauterino de cobre, el DIU, que se enfrenta al contexto de pandemia. El proceso para poder adquirirlo pasa por conseguir un turno abierto en los centros de salud porque su colocación se realiza en el momento en que la persona está menstruando. «El problema es que nadie puede ir al centro de salud sin turno», precisó Rodríguez.
En cambio, con la implementación de los implantes subdérmicos, dirigidos a adolescentes de entre 15 a 27 años y sin necesidad de un evento obstétrico previo, aún persisten los prejuicios por parte de los efectores de la salud. «Se los niegan» aún sabiendo que «son las personas que más solicitan los métodos anticonceptivos, pero son las peores tratadas porque existe un juzgamiento a su vida sexual», señaló.
Envio:RL
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