Porque tenemos memoria
y sabemos la verdad
luchamos por la justicia
26 de junio de 2021
TROPEL 1 del 26.06.2021.
Desempleo: 10,2% en el primer
trimestre del año
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021.
Según datos del INDEC, el índice de desempleo en el país fue de 10,2 % en el primer trimestre del año. La tasa de desocupación fue superior en mujeres (12,3%) que en varones (8,5%) y afectó más a las y los jóvenes (24,9% y 17%, respectivamente).
La tasa de desocupación alcanzó al 10,2% al término del primer trimestre del año, por debajo del 10,4.% de igual período del año, y del 11% con que cerró el 2020, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En el primer trimestre de 2021, la tasa de actividad que mide la población económicamente activa sobre el total de la población alcanzó el 46,3%; mientras que la tasa de empleo que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total se ubicó en 41,6%.
La población ocupada que realizó el trabajo desde su vivienda creció de 6,1% a 17,1% entre los 1° trimestres de 2020 y 2021.
La tasa de desocupación fue de 12,3% para las mujeres, en tanto que, entre los varones, se ubicó en 8,5%. Asimismo, la tasa fue menor en los aglomerados de menor población: En los aglomerados con menos de 500.000 habitantes, alcanzó 6,8% de la población económicamente activa en el primer trimestre, contra 10,8% en aquellos con 500.000 y más habitantes.
Entre las regiones, además, Gran Buenos Aires presentó el mayor porcentaje de desempleo (11,0%), mientras que Noreste fue la de menor nivel (6,1%).
En cuanto al tiempo de búsqueda del empleo, más de la mitad de la población desocupada (56,5%) hacía 6 meses o más que estaba desempleada; mientras que aproximadamente un tercio (30,9%) llevaba menos de 3 meses en el proceso de búsqueda de empleo.
Reconquista: la policía desaloja cuatro
tomas de tierras, como única respuesta
ante la emergencia habitacional
Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021.
Las organizaciones sociales, gremios, movimientos políticos, colectivos de profesionales, feministas y por los DD.HH. que integran la Asamblea Social por la Emergencia Habitacional de Reconquista Santa Fe repudiaron la represión policial contra las familias que tomaban terrenos en los barrios Guadalupe Sur, Belén, Luján y La Cortada. «Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de la sociedad civil qué construimos experiencias territoriales en estos sectores a exigir la conformación de un Comité por la Emergencia Habitacional y Crisis Social qué nos incluya para acompañar los procesos de mediación de este conflicto y ser veedores para que no se violen más los derechos humanos de las personas afectadas a las tomas. Proponemos que medie el diálogo, la participación representativas ante la necesidad estructural de un pueblo, que medien las políticas publicas y no más la violencia como respuestas», remarcan.
En diálogo con ANRed, una de las vecinas del Barrio Belén, una de las tomas desalojadas el jueves pasado, nos contó: «Vos vieras la cantidad de policía, policías de todos lados. Un chico de ahí perdió el ojo, que estuvo acompañando la toma. Se armó una batalla campal. Vino el gobernador y ni siquiera se juntó a hablar con la gente, o solucionar el tema de los terrenos. La cantidad de policías me hizo acordar a cuando nos vinieron a desalojar a nosotros en el Parque Industrial, en la algodonera», relató la vecina, que prefirió resguardar su identidad.
«Nos queremos pronunciar y denunciar las respuestas qué viene dando el gobierno local y provincial frente al emergente habitacional y social qué provocó la toma de terrenos en cuatro barrios de nuestra ciudad. Repudiamos la represión policial ocurrida el día de ayer en Barrio Guadalupe, asentamiento Sur. Y del pasado jueves en Loteo Belén«, remarcaron desde la Asamblea Social por le Emergencia Habitacional de Reconquista Santa Fe, conformada por organizaciones sociales, gremios, movimientos políticos, colectivos de profesionales, feministas y por los DD.HH.
En la misma línea, agregan: «hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de la sociedad civil qué construimos experiencias territoriales en estos sectores a exigir la conformación de un Comité por la Emergencia Habitacional y Crisis Social qué nos incluya para acompañar los procesos de mediación de este conflicto y ser veedores para que no se violen más los derechos humanos de las personas afectadas a las tomas. Proponemos que medie el dialogo y la participación representativas ante la necesidad estructural de un pueblo, qué medien las políticas publicas, y no más la violencia como respuestas. Queremos respuestas claras, concretas, sin burocracias y clientelismos para el centenar de familias, niños, mujeres, jóvenes que vienen padeciendo la falta de un proyecto de hábitat y vivienda», destacan.
Así mismo, agregan: «no legitimamos prácticas que atenten contra la propiedad privada, pero entendemos se puede regular desde el Estado el acceso a la tierra de manera justa y distributiva. Tierras hay, terrenos hay, lo qué no hay es una justa distribución y voluntad política para que esto suceda. A ello se contrapone la fuerza de los negocios inmobiliarios, la concentración de tierras en pocas manos, especulación en la venta de terrenos, y el poder adquisitivo para tener acceso a las mismas. Ello atento al Art. 14 de la Constitución Nacional, que vela por el acceso a una Vivienda Digna como derecho básico y humano».
Finalmente, hacen un llamado a la solidaridad y la acción para solucionar esta problemática: «al sentido ético de los y las funcionarias públicas, en la intermediación urgente y oportuna. Sin anteponer los tiempos electorales frente a la urgencia de nuestros pueblos. Apelamos a la responsabilidad de los y las concejales de la Ciudad en la búsqueda de una solución pacífica y alternativa al uso de la fuerza y las medidas punitivas. Apelamos a la solidaridad y empatía de la sociedad a no reproducir lógicas estigmatizantes, discriminatorias y violentas. Instamos a los medios que acompañen el proceso, registrando desde su rol de comunicación social para evitar se sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos afectados por esta problemática social», reza el comunicado firmado por quienes integran la asamblea, que son Igualdad Reconquista, el Movimiento Libres del Sur, Regional Norte, el Movimiento MTL (Movimiento Territorial Liberación), el Partido socialista de Reconquista, TraSo APS ( Trabajadores sociales de APS Reconquista), Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) Reconquista y Avellaneda, la Comunidad Religiosa del Sagrado corazón del Barrio La Cortada. ( Yenny Candia, Eugenia Valdés y Ma. Asun Fernández), Lá Teatral, Compañía de Teatro, la Federación de Vecinales de Reconquista, la Colectiva Feminista, SAVIA, Norte Amplio por los Derechos Humanos, MEB (Mesa de Encuentro Barrial), la CTA Gral Obligado, el Foro Reconquista Red Infancia Robada, el Merendero «Nuevo Sol» Barrio Guadalupe, el Merendero Comedor «Pequeños Gigantes» Guadalupe Sur, el Grupo Social «Los Peques del barrio» Barrio Guadalupe Sur y el Centro barrial «Les Cortadeñes».
Fuente: ANRed
Sin medidas ambientales para residuos
peligrosos provenientes del fracking
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 25 de junio de 2021.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales iniciaron una acción judicial contra el gobierno de la provincia de Neuquén para acceder a información pública ambiental sobre la generación y tratamiento de residuos peligrosos provenientes de la extracción de hidrocarburos, mediante la técnica del fracking, en Vaca Muerta.
Compartimos comunicado: Vaca Muerta es una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más importantes a nivel mundial y actualmente se presenta como la salvación de la economía argentina. Pero ¿a qué costo se explota? La extracción de hidrocarburos se lleva a cabo a través del fracking, una técnica que utiliza enormes cantidades de agua cargada con decenas de químicos altamente contaminantes que regresan a la superficie, tras cada fractura realizada en los distintos pozos. En este aspecto, es clave aclarar que, al ejecutarse varias etapas de fractura en cada pozo, se multiplica el agua de retorno que se debe gestionar.
De esta forma, se generan miles de toneladas de residuos peligrosos que no tienen el tratamiento adecuado. Esta problemática, ha dado lugar a muchos inconvenientes e incluso denuncias penales contra la principal empresa de tratamiento y la autoridades ambientales de Neuquén, una de las provincias en las se encuentra Vaca Muerta.
En este marco, en 2020, desde FARN, le solicitamos a la Subsecretaría de Hidrocarburos información para conocer los criterios de prevención ambiental aplicados en relación a los residuos peligrosos ocasionados por el fracking. No solamente no recibimos ningún tipo de respuesta ante este pedido, sino que, mientras esto sucedía, las autoridades neuquinas continuaron autorizando a que se produjeran más residuos.
Ante este contexto, decidimos iniciar un reclamo judicial contra el gobierno de la provincia de Neuquén, que se encuentra en trámite ante el Juzgado de Familia N° 2 bajo la carátula “FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN) C/PROVINCIA DE NEUQUEN S/ACCION DE AMPARO” Expte. Nº 100571/2021.
La respuesta que obtuvimos fue que la información solicitada es solo competencia de la autoridad ambiental. De esta manera, el gobierno de Neuquén desconoce y niega el hecho de que el organismo que autoriza, controla y regula la actividad hidrocarburífera, también tiene la obligación de cuidar el ambiente. En este sentido, la contestación de la demanda permite suponer que las autoridades se desvinculan de su responsabilidad.
Asimismo, también se puede afirmar que las autoridades públicas violaron las leyes de acceso a la información ya que esta normativa determina que si el organismo requerido no tiene la información que se le solicita, éste debe consultar con el área pertinente. En este caso, las autoridades se limitaron a mantener en silencio, en pos de un secretismo sobre la actividad que provoca más riesgo y daño al ambiente en Neuquén.
Acceder a la información que solicitamos desde FARN permitirá analizar cuáles son las medidas de prevención necesarias para que los residuos del fracking no supriman el derecho a habitar un ambiente sano.
Una vez obtenida la sentencia definitiva con respecto a la denuncia, estaremos compartiendo más información sobre el desarrollo de la causa.
Córdoba. Marcha por la absolución
de lxs 27 estudiantes de la UNC
Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2021.
El martes 22 de junio, desde las 16 horas marcharon desde Colón y General Paz estudiantes, jóvenes y organizaciones políticas y sociales exigiendo al Honorable Consejo Superior (HCS) de la UNC que se pronuncie por la absolución de lxs 27 estudiantxs enjuiciadxs por la toma del Pabellón Argentina en 2018.
Durante la sesión se debatieron dos propuestas para el pronunciamiento del HCS. Una, presentada por los consiliarios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y apoyada por las autoridades de la Facultad de Psicología, entre ellas el vicedecano y referente del MST Raúl Gómez, en la que se denunciaba la criminalización de la protesta y la violación a la autonomía universitaria al judicializar la lucha estudiantil. Sin embargo, las fuerzas mayoritarias del HCS impulsaron el tratamiento de otro proyecto.
El documento que se discutió es uno presentado en acuerdo de Franja Morada (radicalismo) y las fuerzas docentes y estudiantiles de Vamos/La Bisagra (kirchnerismo) que es limitado, ya que evita pronunciarse en defensa del derecho a la protesta, únicamente critica la criminalización de las “formas de acción colectiva sustentadas en la participación ciudadana y en la deliberación argumentativa”. Este punto es importante, ya que en el 2018 trabajadores universitarios y estudiantes no solo deliberaron sobre la situación, sino que tomaron medidas de lucha muy concretas. El proyecto en cuestión solo propuso que el Consejo se pronuncie, en abstracto, contra el juicio a lxs estudiantes y, lo que es peor, no dice nada sobre la absolución.
En su intervención en el debate, Raúl Gomez expresó: «El derecho a la protesta es la base de las conquistas de todos los sujetos políticos de nuestra universidad. Judicializar el derecho a la protesta en el ámbito universitario pone en riesgo la autonomía universitaria de cualquiera de sus claustros. Se trata de judicializar una acción de lucha legítima. Por esto este Consejo debe expedirse pidiendo la absolución de lxs 27 estudiantes, impugnando cualquier amenaza a la autonomía universitaria y rechazando cualquier intento de criminalización de la protesta«.
En este sentido, se presentó una carta con 19 firmas de estudiantes enjuiciadxs para la sesión de este martes, pidiendo que el pronunciamiento sea claro sobre la absolución. Por esto sorprendió que las fuerzas llamadas «progresistas» hayan priorizado su acuerdo con Franja Morada para aprobar sin tapujos cualquier proyecto del oficialismo y no un pronunciamiento contundente contra el juicio.
De esta forma, sin confianza en las fuerzas políticas que no se pronunciaron hasta hoy, lxs estudiantes y organizaciones políticas, sociales y estudiantiles movilizaron hasta el Patio Olmos donde cerraron la jornada con la lectura de un documento que denunció a la Justicia que avanza en criminalizar la protesta y a las autoridades de la UNC que dejaron correr.
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