29 de junio de 2021

TROPEL 1 del 29.06.2021.

 

Trabajadores tercerizados de Edesur: «esperamos una respuesta, la reincorporación de todos»

El jueves trabajadores de le empresa EMA Servicios que brinda tareas para Edesur, realizaron una movilización el jueves pasado desde el Obelisco, hasta la Secretaría de Energía nacional, donde fueron recibidos por funcionarios que se comprometieron a dar una respuesta. Sin embargo hasta ahora no recibieron una fecha de audiencia y es por eso que los trabajadores exigen una reunión para mañana.  «La respuesta que esperamos es la reincorporación de todos los compañeros despedidos por haber reclamado el pase a planta permanente y el correcto encuadramiento convencional y gremial» expresaron los trabajadores. Por ANRed


El jueves trabajadores de le empresa EMA Servicios que brinda tareas para Edesur, realizaron una movilización el jueves pasado desde el Obelisco pasando por el consulado de Italia donde fueron recibidos por el cónsul quien se comprometió a interceder frente al reclamo ante los responsables de Edesur (propiedad de la multinacional Italiana ENEL), y de ahí a la Secretaría de Energía nacional.

«Los funcionarios de Energía que nos recibieron se comprometieron a darnos una «respuesta» esta semana, este lunes o martes, aunque sin habernos convocado a una audiencia. Reclamamos una audiencia presencial para este martes 29/06″ explicaron los trabajadores mediante un comunicado.

Agregaron «la respuesta que esperamos es la reincorporación de todos los compañeros despedidos por haber reclamado el pase a planta permanente y el correcto encuadramiento convencional y gremial. El secretario de energía Darío Martínez y el subsecretario de energía eléctrica Federico Basualdo, que a cargo de la secretaría que dispone multimillonarios subsidios que recibe Edesur de parte del Estado, tienen las herramientas para llevar adelante una solución a este reclamo».

Según explicaron los trabajadores las empresas EMA y Argencobra «han montado un verdadero fraude laboral junto a Edesur», ya que han manteniendo gran parte de su personal, encuadrados en un convenio que no corresponde a la actividad. Bajo el convenio de la UOCRA (Construcción) Edesur se ahorra mas del 50% de los salarios que les corresponde e incumple con las condiciones de trabajo establecidas en el Convenio de Luz y Fuerza, en una actividad considerada de riesgo y declarada esencial en medio de la pandemia.

«Queremos la reincorporación de todos nuestros compañeros a sus puestos de trabajo. De no mediar una respuesta favorable nos veremos obligados a continuar con el plan de lucha, por medio de movilizaciones, acampes y las medidas que sean necesarias para lograr recuperar nuestros puestos de trabajo» finalizaron

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Mientras preocupa la diseminación de la variante Delta, trabajadores de Sanidad protestan en las calles porque las empresas de salud niegan aumento de salario

Ante el fracaso de la negociación paritaria, la Federación de Sanidad Fatsa resolvió llevar adelante un plan de lucha que abarca todos los días de esta semana. La filial de Buenos Aires de ATSA que encabeza Héctor Daer comunicó que hoy empezaron exitosamente con asambleas, acciones de propaganda y de difusión pública en distintos centros de salud de la Ciudad.

Nuevamente el sector empresario se rehúsa a recomponer los salarios de quienes trabajan en el gremio de sanidad por lo que esta semana empezó la Federación inició un plan de lucha nacional diagramado el viernes pasado por el Consejo Directivo Nacional de la Fatsa.

«Con gran convocatoria y participación de todos los cuerpos orgánicos de nuestra organización sindical», expresaron desde ATSA, empezaron las primeras asambleas en sanatorios, clínicas y hospitales de comunidad de Capital Federal desde la primera hora del día.

A esto se sumaron acciones de visibilización: «Con un alto acatamiento y participación de los compañeros, se realizaron acciones de propaganda y difusión en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar nuestro reclamo en la vía pública.»

Esto ocurrió en las intersecciones porteñas de Belgrano y Entre Ríos, Pueyrredón y Córdoba; Coronel Díaz y Santa Fe; Azcuénaga y Córdoba; Rivadavia y Jujuy; Callao y Rivadavia; Juan B Justo y Santa Fe; Santa Fé y Pueyrredón, Córdoba y Belgrano y Virrey Liniers, Gascón y Perón, Caseros y Entre Ríos, Rivadavia y Pueyrredón, Rivadavia y Callao, Pueyrredón y Beruti, Pueyrredón y Santa Fé, Cabildo y Lacroze.

«En el día de mañana, continuaremos con las Asambleas en los diferentes lugares de trabajo y con acciones de propaganda en los puntos mencionados para que todos los ciudadanos puedan conocer y acompañar nuestra lucha.», agregaron.

Si no hay novedades previas, para los días jueves 1 y viernes 2 de julio tendrá lugar un paro de 4 horas por turno en cada lugar de trabajo.

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El Gobierno descartó el proyecto empresario para eliminar indemnizaciones: «No vemos evidencia empírica que muestre que tenemos que cambiar el sistema de indemnizaciones»

Lo aseguró el Ministro de Trabajo Claudio Moroni. «La reforma laboral no está en nuestra agenda. No vemos evidencia empírica que muestre que tenemos que cambiar el sistema de indemnizaciones», sentenció.

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, descartó de plano el proyecto que promueven los empresarios y que apunta a eliminar las indemnizaciones.

«La reforma laboral no está en nuestra agenda. No vemos evidencia empírica que muestre que tenemos que cambiar el sistema de indemnizaciones», aseguró el funcionario en declaraciones a FM Futurock.

La negativa llega luego de que trascendiera el proyecto que promociona Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, titulado “Mochila Argentina”, y que fue difundido a políticos, sindicatos y empresarios.

El nombre del borrador hace referencia a “mochila austríaca”, en base a la legislación de Austria.

Consiste en la implementación de un seguro de garantía de indemnización, es decir, un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa.

Por el contrario, el Estado pagaría esa indemnización de manera mensual, mediante el pago del salario que tenía, hasta que consiga un nuevo empleo, durante la cantidad de meses que hubiera tenido antigüedad en la compañía.

La iniciativa ya había sido descartada por la Asociación de Abogados Laboralistas que habían advertido que «favorece el despido y profundiza el desequilibrio existente en favor del empleador»

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CABA: el Frente de Artistas Ambulantes Organizados rechaza nueva resolución que obligaría a tramitar permisos al arte callejero

Dibujo en recuerdo del fallecido Alejandro Cabrera Britos, músico Independiente, artista callejero y ex presidente del FAAO, además de delegado de ATE Senasa.

El Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) repudió una nueva resolución elaborada por el Poder Ejecutivo y publicada el 18 de junio en el Boletín oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que descentraliza el control del espacio público otorgándole el poder de decisión a las comunas. «Tira por tierra los últimos cinco años de diálogo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Descentralizarán el control del espacio público, otorgándole todo el poder de decisión a las comunas. Esto quiere decir que en el futuro próximo tendremos que tramitar un permiso – en las sedes comunales – para realizar actividades artísticas. Una decisión inconsulta y unilateral, absurda e ineficiente, que va en contra de uno de los pilares fundamentales del arte callejero, la itinerancia», remarcan desde la organización. Por ANRed.


Así lo expresó la organización en un comunicado publicado en su perfil de Facebook: «desde el FAAO queremos informarles que el viernes 18 de junio, publicaron en el Boletín oficial (CABA) una resolución elaborada por el Poder Ejecutivo (CABA) que básicamente tira por tierra los últimos cinco años de diálogo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Descentralizarán el control del espacio público, otorgándole todo el poder de decisión a las comunas. Esto quiere decir que en el futuro próximo tendremos que tramitar un permiso – en las sedes comunales – para realizar actividades artísticas«, alertaron.

Además, rechazaron la medida por ser «una decisión inconsulta y unilateral, absurda e ineficiente, que va en contra de uno de los pilares fundamentales del arte callejero, la itinerancia».

Además, señalaron que «falta atravesar el proceso de reglamentación que correrá por parte de las comunas. Estas últimas, no tienen idea de cuándo -ni como- llevarán adelante este proceso. El Ministerio de Cultura de la Ciudad tampoco. Esto nos deja posicionados una vez más en un ‘gris legal’ por tiempo incierto«, remarcan.

Por todo lo señalado, desde la organización rechazan «enfáticamente esta resolución» e invitan «a todos los colectivos a difundir esta información y a pensar en forma conjunta futuras acciones», además de declararse «en estado de alerta«, al considerar que «el arte callejero no es delito».

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Casi el 90% del personal de terapia intensiva tiene signos de agotamiento: trastornos de sueño, irritabilidad y ausentismo

El último informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva generó preocupación y detalla que el personal de salud sufre trastornos de sueño e irritabilidad. Más del 50% de las instituciones no cuenta con un “comité de bioética” para aplicar el “protocolo de última cama”. Si bien está en descenso, las plazas en UTI están ocupadas en un porcentaje cercano al 70 % y hay un 20% de pacientes con respirador mecánico en camas comunes por falta de plazas de alta complejidad, un dato que dista de los números oficiales que suelen mostrarse en los informes.

Son médicos intensivistas, enfermeros especializados, traumatólogos, anestesistas, entre otros especialistas que todos los días asisten a los pacientes internados en cuidados intensivos. De ese personal, el 88% del personal de salud “tienen signos de agotamiento”.

El 61,46% del personal se siente irritable y el 57,81% sufre trastornos del sueño, como consecuencia del estrés que viven, entre otras cosas, por tener que informar los fallecimientos diarios de enfermos a sus seres queridos.

Estos no son los únicos signos que afectan al personal de salud: el 36,46% de los trabajadores sanitarios que se desempeñan en terapia intensiva -según el relevamiento fechado el 11 de junio pasado- en algún momento se mostró “agresivo”; más del 36% también tuvo muestras de “impaciencia”, y el “ausentismo” del personal por esta combinación de factores llega al 30%.

La segunda ola de COVID-19, las características de contagiosidad de las nuevas cepas y la aplanada curva de casos, pero aún con números muy altos, de contagios , en un promedio de 20 mil y de fallecidos que todavía rondan un promedio de 500 diarios, son un combo muy peligroso que hace que el sistema sanitario continúe sumamente estresado.

También, según sus testimonios,  los afecta la incertidumbre de no conseguir una cama de cuidados de alta complejidad para el 23% de los pacientes graves conectados a un respirador mecánico, que están alojados en salas comunes. El 75% de los internados en terapia en todo el país necesita ventilación mecánica, según el documento de la SATI.

Este combo es producto de un año y medio de pandemia, tiempo en que no se logró incorporar el personal necesario para posibilitar el descanso de quienes están agotados; en el medio genera incertidumbre la alta ocupación de camas y el faltante (por alta demanda) de medicamentos de sedación para los pacientes intubados.

A pesar de esta situación «extrema» que se vive dentro de las unidades de cuidados intensivos, “solo un 38% cuenta con un programa de soporte emocional para el equipo de salud dentro de la institución”, refleja el informe de la SATI.

La situación es similar en el sistema público y en el privado, donde actualmente se discute el aumento de sus salarios magros para la batalla mesiánica que enfrentan. Al sector privado se le adiciona el componente económico: hay clínicas y sanatorios que pusieron en duda el pago del medio aguinaldo; ya existen retrasos en el depósito de sueldos y honorarios, por el “desfinanciamiento” que existe, según denuncia  la Cámara de Prestadores del Conurbano por el aumento de costos de insumos como medicamentos y oxígeno medicinal, y la no actualización de las prestaciones por parte de las obras sociales, entre ellas el PAMI y IOMA.

Las prepagas también denuncian que las largas terapias intensivas de los pacientes Covid los están fundiendo. Este hecho también impacta en la psiquis de quienes día tras día luchan en las terapias intensivas contra la cara más dramática del COVID-19. Situación que da cuentas de la situación por la que atraviesa todo el personal de salud, que escucha atentamente la posibilidad de la llegada de nuevas cepas, tercera ola, todas cuestiones sobre las que no están seguros de estar en condiciones óptimas para enfrentar

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Pararon las rotativas, las web y las radios: periodistas, esenciales pero pobres

Asamblea de segundo turno de los trabajadores de la prensa y la comunicación. Por la mañana realizaron otra.

El dilatamiento del acuerdo salarial para los trabajadores de prensa marcó un punto de inflexión para ir a la medida de fuerza que resultó «contundente». Sin aumento salarial con una inflación que ya se «comió» la mitad del posible acuerdo, los periodistas dijeron «basta». Por El Megáfono (Córdoba).


El paro fue “contundente”, según sostuvieron los más de 60 trabajadores de la prensa y la comunicación que participaron de la asamblea de segundo turno que se realizó el pasado 24 de junio, en todo el territorio provincial. La medida de fuerza “sin asistencia a los lugares de trabajo y con desconexión para los que hacen teletrabajo por la pandemia” en reclamo de mejoras salariales fue convocado por el CISPREN (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba).

Asamblea de segundo turno de los trabajadores de la prensa y la comunicación. Por la mañana realizaron otra.

La paritaria 2020 venció en marzo pasado y los aumentos salariales que regirán hasta marzo del 2022 llevan cuatros meses sin definirse, mientras en este mismo periodo la inflación sigue en aumento: marzo 4,8%, abril 4,1%, mayo 3,3% y junio se estima que también superará el 3 %. Solo en cuatro meses la inflación alcanzará la mitad de lo que propone la patronal para sus trabajadores. Eso no es todo: lo que ofrecen, plantean hacerlo en negro.

“Llevamos varios meses de negociación paritaria y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo no es otra cosa que por la intransigencia de las empresas patronales. No aceptamos el magro incremento que ofrecen, menos que buena parte del aumento se lo haga de manera no remunerativa, es decir en negro”, declaró Maria Ana Mandakovic, secretaria general del sindicato provincial, en la asamblea matutina con los trabajadores.

Los portales de los medios se vieron resentidos y se evidenció la demora en las actualizaciones de las notas, en las radios faltaron movileros y los diarios se completaron con notas extraídas de agencias de noticias nacionales e internacionales.

Asamblea de trabajadores de los SRT, en Córdoba capital.

En La Voz, el principal diario cordobés, el 85 % de sus trabajadores se plegaron a la medida, pero también en medios de importancia como Canal 8, los SRT, Canal 12. En el interior provincial también se hizo sentir el paro con medidas de fuerza en La Voz de San Justo, de San Francisco; Puntal Villa María; o en Río Cuarto en los medios LV 16 y el Grupo Puntal, donde el magazine matutino que se emite por Cablevisión, Puntal AM, no salió al aire. En tanto, en el diario del grupo, los jefes tuvieron que escribir las notas periodísticas ante la medida de fuerza. En la ciudad del sur, los trabajadores se reunieron con todos los bloques que componen el Concejo Deliberante y se manifestaron frente al recinto para visibilizar el reclamo.

Los empresarios habían solicitado al Ministerio de Trabajo de la Nación la conciliación obligatoria y estaban esperanzados en que el paro no se realice, pero no sucedió.

Asamblea de trabajadores de Canal Quatro, en Río Cuarto

Los trabajadores de la prensa, se reunieron con todos los bloques de concejales de Río Cuarto, manifestándole la situación que atraviesan y su preocupación.

Salarios bajo la pobreza

El básico de un trabajador de la prensa con labor en Córdoba capital es de $ 46.452,33, mientras que para Río Cuarto es de $ 37.744,26 más $ 4.701,60 no remunerativos.

En tanto, para la escala “Interior A” (radios AM y diarios del interior provincial) e “Interior B” (semanarios, canales cooperativos, y radios de baja potencia) es de 36.638,09 más $ 3.950 no remunerativos.

De esta manera, los salarios de un trabajador de la prensa y la comunicación de Córdoba quedan entre $ 15 mil y $ 20 mil pesos por debajo de la línea de la pobreza, según el Indec, que estimó la canasta básica total en $ 64.445 para una familia tipo de cuatro integrantes.

“Los trabajadores de prensa también formamos parte 50 % de trabajadores sub empleados, flexibilizados y precarizados, como el resto de las actividades. En los últimos años, nos hemos empobrecido y nuestros salarios son de pobreza. Eso ha llevado a los compañeros y compañeras trabajadores a hartarse porque no llegamos a fin de mes. No ganamos la canasta básica que plantea el INDEC, que nosotros mismos informamos y que los propios medios publican”, dijo Rosana Calneggia, trabajadora de Villa María Ya y dirigente del Cispren. Sobre las discusiones salariales, consideró que “estamos discutiendo una paritaria para los trabajadores de prensa registrados” pero que también “le pone valor a los compañeros no registrados, por eso es importante discutir la mejor paritaria, el mejor aumento y que más beneficie al sector. Para que un periodista o comunicador esté en blanco o en negro, sepa cuánto vale una nota, cuánto tiene que cobrar por tantas horas de trabajo, cuánto vale el mes, cuánto vale una colaboración similar. La paritaria es ponerle el valor justo al trabajo de los periodistas”.

La oferta empresarial: en negro y en cuotas

La propuesta de los empresarios de los medios de comunicación para sus trabajadores se divide en tres escalas. Para Córdoba Capital de 36 % de aumento salarial en cuatro trimestres, que finalizarían en marzo del 2021. Además, solo el 16 % pasaría al básico.

En tanto, para Río Cuarto y el “interior A y B” la cifra es menor, de 32 %, también a completar en cuotas trimestrales hasta marzo del 2021. En un primer momento, los empresarios ofrecieron todo no remunerativo, es decir, “en negro”. Luego, propusieron blanquear solo un 15 % entre enero y abril del 2022.

La propuesta fue rechazada por los trabajadores porque “es una propuesta totalmente insuficiente sobre nuestros salarios, que nos deja a 20 mil pesos de la canasta básica total que es de 64 mil pesos”, sostuvo, Marta Maezo, secretaria general del CISPREN Río Cuarto.

Guillermo Davies, periodista de LV 16 Radio Río Cuarto, consideró “inconcebible que la patronal quiera conceder aumentos de 32 % todo en negro, una cosa insólita e increíble” y reconoció que “permanentemente venimos corriendo de atrás a la inflación. Es una doble pérdida salarial para el trabajador”. En este sentido, Antonio Muratore, periodista de La Voz de San Justo, el matutino de San Francisco, explicó que “la propuesta de aumento salarial en negro no lleva aportes de Ley, desfinancia la obra social, no impacta en nuestra jubilación, en aguinaldo ni en vacaciones. Es lisa y llanamente una canallada de estas empresas que reciben mucha pauta de los distintos Municipal, Provincia y la Nación”.

En tiempos de Covid, donde los periodistas fueron considerados esenciales, Davies remarcó que “la patronal definitivamente no valora el esfuerzo, el profesionalismo. En medio de la pandemia, sobre todo un sector netamente importante, necesario y esencial de la comunicación, que implica la necesidad de estar informando la posibilidad de acceder a las vacunas, cumplimos una función esencial y están subestimando nuestro trabajo”. Al mismo tiempo, señaló que “muchas veces hemos caído en el error de que nos paguen con fama y nos damos cuenta que no es así, la dignidad pasa por el hecho de ganar bien y tener una remuneración acorde al trabajo que uno realiza porque uno se esfuerza mucho como comunicador”.

Beneficios para las empresas, salarios de pobreza para los trabajadores

El gremio reclamó que todas las empresas durante el 2020 y lo que va del 2021 fueron beneficiados con programas de ayuda del Estado para enfrentar el Covid y millonarios aportes en pauta publicitaria pero poco de ello fue a los trabajadores.

“Los medios periodísticos reciben pautas publicitarias de los Estados Municipal, Provincial y Nacional muy importantes y lo han mantenido durante toda la pandemia, cuando los trabajadores no hemos tenido ninguna mejora y estamos haciendo teletrabajo, poniendo nuestros recursos para que ellos sigan facturando”, sostuvo Marta Maezo.

Además, agregó Muratore, durante el 2020 “las empresas periodísticas se ahorraron el 50 % de los salarios de sus trabajadores porque el otro resto lo abonó el Estado nacional a través de los ATP” y “a su vez, se beneficiaron con los planes de asistencia de REPRO II, y no tienen que hacer los aportes patronales hasta diciembre de este año”.

“Realmente tienen ayuda y podrían repartir parte de lo que reciben de beneficios del Estado con sus trabajadores”, exigió Maezo. Caso contrario, objetó Calneggia, “si están en crisis que muestren los balances”.

El Grupo Puntal de Río Cuarto

Los trabajadores acusaron al Grupo Puntal como principal obstaculizador del acuerdo paritario. El conglomerado de medios comenzó con el diario Puntal, pero se extendió a multiplataforma con Puntal Web, Radio Digital SRL, Canal Quatro y, en otras ciudades, con Puntal Villa María y recientemente es gerenciadora del canal de Cablevisión de la misma ciudad. No solo recibe pauta oficial por la firma, sino que también a través de periodistas y empresas vinculadas a directivos de la empresa. Por el Municipio de Río Cuarto recibirá este año 10.400.702 millones de pesos en concepto de publicidad oficial. Es el medio mejor pago por la gestión de Juan Manuel Llamosas. También lo es del gobierno provincial: durante el 2020 recibió más de 25 millones de pesos. En tanto, de la Nación, se benefició con 4.753.230 de pesos para sus medios de Río Cuarto. También fueron beneficiados con los ATP y actualmente con los Repro II.

“En Río Cuarto y el interior están estancadas (las paritarias) sobre todo porque el Grupo Puntal está empecinado junto a su edición local de Villa María y La Voz de San Justo de San Francisco en otorgar aumentos no remunerativos”, afirmó Antonio Muratore.

“El Grupo Puntal es el grupo periodístico más importante de la provincia de Córdoba y en pandemia se ha extendido. En Villa María es socio del grupo Clarín”, aseveró Calneggia y añadió: “es un grupo que se ha expandido, que armó un ecosistema de medios por todo el interior, ha recibido todos los beneficios y subsidios del Estado, además de buena pauta publicitaria tanto provincial como municipal y es el que obstaculiza la paritaria ofreciendo aumentos incluso por debajo de lo que han cerrado el resto de los gremios”, describió la dirigente del Cispren. A todo esto, sumó Maezo: “cada vez imprimen menos papel, pero facturan por la web y otros medios que han ido diversificando gracias al mismo personal que comparten en Canal Quatro, Web, Radio Digital, notas que escribe un periodista para Puntal Río Cuarto y se reproduce también en Villa María, o suplementos que imprimen pero que se venden y facturan por separado”.

En Río Cuarto, habría otros medios que quebrarían la voluntad de Puntal. Es el caso de Canal 13 Río Cuarto que estaría dispuesta a mejorar la propuesta con remuneraciones “en blanco”, pero no lo manifiesta ante el Ministerio de Trabajo, donde se negocia los aumentos salariales entre los trabajadores y las empresas periodísticas.

“El negociador es uno solo, diario Puntal. Pero los demás, Radio Río Cuarto y Canal 13 no participan de la paritaria, no discuten”, sostuvo Marta Maezo. Un mal acuerdo para los trabajadores beneficia a estas empresas que se ahorrarían en el plus que cobran locutores o presentadores de noticias frente a cámara.

El intendente Juan Manuel Llamosas junto al principal accionista de diario Puntal, Alicio Dagatti, en inauguraciones de carnicerías y barrios privados también del propietario del matutino riocuartense y otros medios. Puntal es el principal beneficiario de la pauta oficial Municipal.

El intendente Juan Manuel Llamosas junto al principal accionista de diario Puntal, Alicio Dagatti, en inauguraciones de carnicerías y barrios privados también del propietario del matutino riocuartense y otros medios. Puntal es el principal beneficiario de la pauta oficial Municipal.

El poder de la organización

“Somos una sola paritaria, un solo expediente, y la estrategia de dividirnos desplegada por las patronales fracasó porque les demostramos que tenemos respuestas para afrontarla”, afirmó María Ana Mandakovic mientras transcurría el paro y ya se visibilizaba la contundencia del mismo.

“Es un paso fundamental tener participación – dice el trabajador de Radio Río Cuarto, Guillermo Davies-, tener compañeros que visibilicen esta circunstancia, más allá de que algunos se plieguen a la medida de fuerza, y aquellos que no pudimos plegarnos en un 100 % a la medida de fuerza atendiendo que indudablemente está flotando el tema de las represalias de las empresas, pero cada uno a su manera es positivo, participó y demostró su disconformidad y hemos podido confluir en una medida de fuerza que afortunadamente y desde hace mucho tiempo no se ve y tiene este impacto. Se ha recuperado el aspecto esencial de este gremio a nivel provincial”.

El próximo martes habrá una nueva reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo de Córdoba capital para destrabar esta dilatada paritaria que ya alcanza los cuatro meses.

Antonio Muratore aclaró que “los compañeros y compañeras no están dispuestos a resignar salarios”, y distinguió que las discusiones se realizan “horizontalmente y las sucesivas asambleas provinciales que hubo nos permite poner en discusión todas nuestras políticas para llevar adelante”. Resaltó a los trabajadores de la Voz de San Justo, realmente han tenido una actitud demostrativa de toda su capacidad, que han resignado su día de trabajo para que en conjunto podamos crecer con el aumento salarial, estoy orgulloso con los trabajadores de La Voz de San Justo y con todos los trabajadores de la provincia”.

En esta línea de acción, el dirigente de Cispren San Francisco consideró que “es importante la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras, es lo único que nos va a garantizar conquistar más derechos, y bienvenido sea si nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas con trabajadores del resto de las actividades, hay que aunar los esfuerzos, sería fundamental para esta etapa”.

Respaldo de las Juventud del CISPREN y trabajadores autogestionados 

La Comisión de Juventudes Trabajadoras del CISPREN, emitió un comunicado respaldando a los trabajadores en relación de dependencia que luchan por mejores condiciones salariales, y también lo hicieron en las asambleas y protestas que se llevaron a cabo.

En el comunicado, sostienen que “los y las periodistas y comunicadores de la provincia de Córdoba no estamos ajenos a esto. Somos trabajadores. Nuestras condiciones de vida se han visto profundamente perjudicadas, sometidos a la precarización laboral, sobreexplotación y atomización productiva (surgiendo experiencias llamadas ‘freelancer’, comunity manager, entre otros)”. Ante ello, “es importante reconocer al trabajo autogestionado, cooperativo, alternativo e independiente que realizan miles de jóvenes en su vocación de informar y comunicar de una manera horizontal, abierta y transparente a su comunidad. Para ello es necesario que desde el Estado también se destinen los recursos necesarios para el surgimiento, sostenimiento y crecimiento de este tipo de experiencias comunicacionales”. Frente a este panorama que perjudica tanto a trabajadores en relación de dependencia como autogestionados, “manifestamos en estos días de lucha nuestro acompañamiento y nos comprometemos firmemente como jóvenes con lxs compañerxs trabajadorxs que están llevando a cabo tan importante lucha en este momento que son, ni más ni menos, mejoras por un trabajo digno y mejoras en las condiciones de vida de cada uno y de nuestras familias”.

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Panorama político-sindical: el plan es el ajuste del gasto

Graffiti en la Ciudad de Buenos Aires contra el pago de la deuda externa | Foto: Reuters

Un nuevo informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación muestra que en mayo se registró otra baja del déficit primario, y los gastos primarios mostraron una contracción real de 17,2 % año contra año por las variaciones negativas de la mayoría de sus componentes. No hay IFE, pero sí plata para la deuda. Solamente en mayo el Gobierno pagó intereses de deuda por USD 943 millones. En lo que va del año ya son USD 2.659 millones. Por Mario Hernández.


“Por su importancia relativa se destacan las reducciones en las jubilaciones y pensiones (10,0 % a/a) y en salarios (7,9 % a/a) que se explican porque las actualizaciones resultaron inferiores a la inflación, y en las transferencias a provincias (64,7 % a/a) y los otros programas sociales (41,5 % a/a)”, explica el documento. Esto significa, que sigue el ajuste a las jubilaciones, pensiones y salarios de los trabajadores públicos. El recorte a los programas sociales se explica por la decisión oficial de eliminar el IFE y el ATP bajo el irreal supuesto en el Presupuesto 2021 que la pandemia no golpearía este año en el país. Hay que recordar que a pesar de los conflictos internos dentro del Frente de Todos, el Presupuesto fue aprobado por todos.

No hay IFE, pero sí plata para la deuda. Solamente en mayo el Gobierno pagó intereses de deuda por USD 943 millones. En lo que va del año ya son USD 2.659 millones. Alberto Fernández, desde que asumió hasta fines de abril, pagó más de U$S 6.000 millones (según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso), sin realizar ninguna investigación, a organismos multilaterales de crédito y otros Estados. Mientras tanto el 42% de la población es pobre y solo en la Conurbano bonaerense roza el 73% (72,7%) de las niñas y niños.

Además en los 6 meses que quedan del 2021, el Frente de Todos seguirá desembolsando, solo en concepto de intereses de la deuda USD 3.000 millones. Esto se desprende de los cálculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó el martes pasado que el país se comprometió a pagar unos U$S 430 millones antes del 31 de julio al Club de París. El pago equivale a un mes de un IFE de $ 10.000 para cuatro millones de personas. De esa manera, consiguió un plazo de ocho meses para completar la negociación por el pago total de los U$S 2.400 millones que vencieron a fines de mayo. Con este pago, la Argentina garantiza que brindará el mismo tratamiento que a China, país al que le viene pagando su deuda en tiempo y forma. La semana pasada de hecho canceló intereses por unos U$S 30 millones.

En abril de este año la deuda pública tanto en pesos como en moneda extranjera había ascendido a USD 338.501 millones, esto por la colocación de bonos en moneda nacional que viene realizando el ministerio de Economía como por la suba de las obligaciones con el FMI.

El Gobierno entre los más necesitados y pagar a organismos internacionales de crédito, elige esto último.

En mayo, por la mayor recaudación y la expansión moderada del gasto social, el sector público nacional registró un superávit fiscal de $ 25.724 millones, pese a la ampliación de la Tarjeta Alimentar, el subsidio Repro a las empresas y un segundo bono a los jubilados de $ 1.500.

Por el lado de los ingresos, la recaudación del mes pasado sumó $ 711.304 millones (+115% interanual) impulsada por los ingresos no tributarios, en particular los $ 80.234 millones del aporte extraordinario y las retenciones a las exportaciones.

De esta forma, el déficit primario acumuló $ 54.881 millones en los primeros cinco meses (0,14% del PBI).

“Entre enero y mayo, la situación fue mejor de lo que se esperaba. Por un lado, buena recaudación por aporte solidario, retenciones y otros impuestos. Y por otro, fueron controlando el gasto porque licuaron jubilaciones en buena medida”, afirmó Andrés Borenstein, economista director de Econviews.

El pago de intereses de deuda en mayo alcanzó los $ 90.332 millones, casi el doble que en abril.

Consumos mínimos

En un informe emitido el jueves pasado, la Junta Interna de ATE-INDEC calculó en $99.929 la Canasta de “Consumos Mínimos” que debe cubrir una familia tipo de dos mayores (35 años) y dos hijos. Este valor se compone de $ 33.754,18 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 66.175,68 para acceder a otros bienes y servicios básicos”, detallan.

La Junta Interna aclara que “las canastas utilizadas para este ejercicio no son las utilizadas por el organismo para la medición de la pobreza, que en abril 2021 llegó a $ 62.958 para una familia tipo, sino que son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos”y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales. Estas canastas indican un piso para que cada asalariado esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar y, de esa manera, no ser susceptible de caer en la pobreza y en la vulneración de sus derechos básicos”.

Por último, el informe completa asegurando que “las “Canastas de Consumos Mínimos” no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable (que no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a los que se aspira). Éstos son valores de mínima. Por eso mismo, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”.

Además, “a la hora de calcular cuál es la pérdida global acumulada del salario estatal, tomando como referencia y línea de base el poder adquisitivo en noviembre de 2015 de una categoría D0 operativa de planta transitoria, los números son sorprendentes pero perfectamente lógicos si tenemos en cuenta que en 66 meses el salario de referencia de diciembre 2015, actualizado a pesos de mayo 2021, debería de ser $69.170 y no los magros $38.918, según la grilla salarial del SINEP de mayo de este año”, afirman los trabajadores del Indec.

El ajuste del Frente de Todos consolida salarios de pobreza

En un artículo de Pablo Anino y Lucía Ortega para La Izquierda Diario señalan que:

El poder de compra del salario en el convenio SINEP, el mayoritario entre los empleados públicos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, exhibe un retroceso que lleva más de una década. De casi 200.000 estatales nacionales, unos 70.000 están regidos por el SINEP. [1]

El retroceso en el poder de compra se hizo más notorio desde el año 2018 en adelante. Cuando finalice 2021, el mismo podría ubicarse alrededor de un 40 % por debajo del nivel de 2015: la trabajadora o trabajador que llenaba un changuito en el supermercado en 2015 con el sueldo que tendrá a fin de año apenas podrá comprar un 60 % del mismo changuito.

Este año el oficialismo del Frente de Todos había prometido una recuperación salarial. Pero el acuerdo paritario para la administración pública del 35 % (más un 4 % en el SINEP) pactado con las conducciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) condenará a los empleados estatales a otro año de pérdida de poder de compra. La cifra de aumento quedó muy detrás del 49 % de inflación interanual que registró el INDEC para el mes de mayo.

Derrumbe del poder de compra

Los acuerdos paritarios firmados este año por la conducción de UPCN y ATE Nacional implicarán hacia fin de año un nuevo ataque al poder de compra del salario que se agrega al sufrido en el 2020. De esta forma, se consuma una acelerada pérdida del salario real en los últimos 7 años que alcanzará al 41,2% en diciembre de 2021 para un salario testigo (categoría D0) en comparación con diciembre de 2015, de acuerdo a un informe elaborado por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec.

Eso sucedería suponiendo un escenario de desaceleración de la inflación al 2,5% mensual en lo que queda del año. Recordemos que en abril los precios subieron en promedio un 4,1% y en mayo un 3,3%, por lo cual de no efectivizarse esa disminución en el ritmo inflacionario, la pérdida salarial, con los aumentos paritarios acordados, sería aún mayor.

En otras palabras, en diciembre de 2021 un trabajador en planta transitoria de la categoría D0 debería estar cobrando $ 81.571 (brutos) para poder tener el mismo nivel adquisitivo que en diciembre de 2015, pero sólo percibirá $ 49.010.

Este análisis del deterioro salarial “punta a punta” significa una pérdida de consumo enorme para las trabajadoras y trabajadores estatales, que es inversamente proporcional al “ahorro” fiscal que llevaron adelante los Gobiernos de Macri y Fernández en este rubro. El informe muestra que si se suma la pérdida del salario mes a mes, esta alcanza a $1.353.971. [2] Es decir, en estos últimos 7 años (incluyendo el aguinaldo) en 92 sueldos la pérdida de consumo fue de 27 salarios y medio. Considerando solamente la pérdida salarial desde agosto de 2019 a diciembre 2021, la misma fue de $ 534.546, es decir, de 11 sueldos (para la categoría D0).

E incluso, cabe señalar que para las escalas salariales más altas el deterioro del poder de compra es superior, por cuanto en ellas el impacto proporcional del monto fijo de $ 4.000 otorgado a inicios de 2020 es menor, y para los salarios superiores a $60.000 brutos directamente no se otorgó ese aumento. De esta forma, la Junta Interna de ATE Indec calcula que en promedio las categorías E, D, C y B tendrían una pérdida de 43,2% en diciembre de 2021 respecto a noviembre 2015.

Este deterioro salarial se suma al que ya se venía arrastrando de años anteriores y puede remontarse hasta enero de 2009. [3Sistemáticamente los acuerdos salariales se firmaron por debajo de la inflación, salvo escasas y acotadas excepciones en donde apenas logró empatarse a fin de año, con un fuerte retraso en 2018 y 2019.

De esta forma, si se compara el poder de compra del salario que se alcanzará en diciembre de 2021 con el que se tenía 12 años antes, se llega a la lamentable conclusión de que sólo representa el 53% de la canasta de bienes que podía comprar en enero de 2009. Es decir, la mitad.

Estatales pobres

No sorprende entonces encontrar a muchas compañeros y compañeros estatales que ante semejante deterioro salarial comenzaron en los últimos años a intentar completar sus ingresos con todo tipo de mecanismos para llegar a fin de mes: pluriempleo, changas, reducción de consumos familiares, ayudas sociales, deudas, entre otros. Es que la gran mayoría no alcanza a cubrir el valor de la canasta de consumos mínimos de $ 99.930 que requiere una familia al mes de mayo según las estimaciones de la Junta Interna de ATE- Indec. Pero más grave aún es que muchos no alcanzan siquiera a cubrir la Canasta de pobreza, valuada en $ 64.445 (Canasta Básica Total, Indec) para el mismo mes.

Por tomar un ejemplo, a junio de 2021 con cero grados de antigüedad sólo la categoría A (primera del escalafón) supera ese límite de pobreza, mientras el salario de bolsillo que percibe una gran parte de la planta estatal (categoría D0 SINEP) se encuentra en $ 34.146,2 netos (incluyendo la suma fija de $ 4.000), es decir que alcanza a cubrir sólo los costos de 10 días del mes que requiere como mínimo una familia y representa apenas la mitad de la Canasta de Pobreza.

Otro tanto hay que decir de las más diversas formas de precarización laboral de contratación que realiza el propio Estado nacional, estados provinciales y municipales, que continuaron ejerciéndose sin distinción de gobierno. Empezando por la utilización de una “excepción” como si fuese la regla, tal como lo es la contratación de personal bajo el artículo 9 de la Ley Marco del Empleo Público, debido a la escasez (no casual) de llamados a concursos para el personal de planta. Esto implica contratos anuales o trimestrales, es decir, no se garantiza la estabilidad laboral, al mismo tiempo que se limita la carrera en la función pública, se abonan menores sueldos y se quitan derechos.

Otra de las formas más frecuentes de precarización en el Estado es mediante el monotributo, una figura originalmente establecida para el pago de tributos por cuentapropistas y profesionales independientes que el propio Estado utiliza para encubrir relaciones de dependencia laboral. Como resultado, se excluye al trabajador de derechos básicos como estabilidad en el empleo, antigüedad, vacaciones pagas, licencias, aguinaldo, cobertura de riesgos del trabajo, entre otros.

Y por último, pero no menos importante, existe en el ámbito público las más diversas formas de tercerización laboral, mediante contratos con empresas privadas para la realización de servicios, el más frecuente es el personal de maestranza, que desde hace años viene exigiendo su pase a planta y el reconocimiento de su labor dentro del Estado.

Recaudar para honrar al FMI

En 2020 el Gobierno de Alberto Fernández tuvo como excusa el Covid para suspender las revisión paritaria establecida para marzo y luego directamente postergar las paritarias por varios meses. De este modo, la baja en la recaudación tributaria la pagaron los salarios públicos y las jubilaciones a la baja. Pero la tendencia en la recaudación se revirtió totalmente en el año en curso: experimenta aumentos extraordinarios en términos nominales y reales (es decir, después de quitar el efecto de la inflación). En el acumulado del año hasta mayo, los ingresos tributarios aumentaron 68 % interanual en términos nominales. Es decir, muy por encima de la inflación, por lo cual se recuperan en términos reales. También muy por encima del aumento salarial concedido en el ámbito público.

Tampoco sería válido que el Gobierno argumente que el aumento de la recaudación se explica por la vara baja de comparar contra los primeros meses de 2020 cuando más impactó el Covid. Durante los primeros cinco meses de 2021, en comparación con el mismo período de 2019, la recaudación también se recupera en términos reales: aumentó 116 % contra una inflación acumulada promedio de 112 %. Pero en el bienio 2019-2021 el aumento de 116 % de la recaudación contrasta mucho más con el escaso aumento de los salarios estatales, que es del 52 % (considerando la Unidad Retributiva utilizada para establecer la grilla salarial del convenio SINEP).

Los primeros cinco meses de 2021 muestran un incremento extraordinario de la recaudación tributaria en prácticamente todos los ítems, pero se destaca el aumento de los derechos de exportación cobrados (+204 % interanual en el acumulado hasta mayo) debido al aumento en la cotización internacional de la soja.

Estos datos contrastan también con el recorte en el Gasto en Personal que ya estaba definido en el Presupuesto de 2021, votado en el Congreso por el Frente de Todos. Este rubro, que incluye sueldos, transferencias, aportes personales, entre otros, pasa de $ 545.898 millones (presupuesto ejecutado 2020) a $ 623.362 millones (presupuesto vigente para 2021). Es decir, el gasto en personal aumenta apenas un 14,2 % en términos nominales, lo que implica un recorte real fenomenal. De esta forma, el Gobierno se “ahorra” en salarios alrededor de $ 180.000 millones comparado con el gasto de haberse incrementado al igual que la inflación.

El ajuste sobre los salarios públicos se enmarca en una estrategia general de comprimir el gasto público. Mientras la recaudación aumenta a paso firme, en mayo el gasto primario retrocedió 17 % en términos reales respecto del año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta disminución se asienta, entre otros ítems, en bajas de los montos destinados a las jubilaciones (-10% interanual), a los salarios públicos (-8%) y a los programas sociales (-42%). El ajuste de las cuentas públicas, en sintonía con lo que exige un futuro acuerdo con el FMI, lo están pagando los sectores de la población más expuestos a los efectos de la crisis en un país con alrededor de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza.

Esta situación expone la voluntad de ajuste del Gobierno del Frente de Todos. En los primeros meses del año, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aproxima a hacer realidad el sueño eterno de Domingo Cavallo, el ex ministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, de lograr el “déficit cero”. El desenvolvimiento futuro dirá si el resultado fiscal de los primeros meses se sostiene o las necesidades electorales del oficialismo imponen un mayor volumen de gasto público. Por el momento Guzmán se ganó el elogio de Cavallo. El ex ministro aseguró que Guzmán “puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado”.

Teletrabajo, reforma laboral en los hechos

Un gran número de estatales ingresaron a la modalidad del teletrabajo sin ningún tipo de derechos. Si la pandemia puede ser un motivo lógico para no asistir a organismos públicos que en tiempos normales aglomeran grandes masas de personas, no hay ningún motivo lógico para que el estado empleador haya incorporado a la fuerza al teletrabajo a miles de estatales sin proveer las herramientas necesarias como ser computadoras, escritorio, sillas, entre los más importantes. En abril-mayo de 2020 una encuesta de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) exhibía que “el 79% de las y los encuestados puso a disposición equipos propios mientras que sólo el 21% dan cuenta del uso de equipos pertenecientes a su respectiva jurisdicción”. Es probable que transcurrido más de un año esa situación no hay cambiado sustancialmente.

Tampoco el estado empleador se hizo responsable de los gastos que conlleva desarrollar las tareas en el hogar, como ser el pago de la conectividad a través de internet. Pero también hay otros gastos como el alquiler, la electricidad y el gas que el estado empleador debería pagar en las proporciones que corresponden al consumo en el horario laboral.

Además, los empleados estatales ingresaron masivamente al teletrabajo sin capacitación para el uso de herramientas informáticas adecuadas a las nuevas condiciones laborales. Si bien existieron algunas ofertas de capacitación, estas fueron limitadas y no necesariamente adecuadas a las necesidades del trabajo en el hogar. No hay mundo feliz en el teletrabajo donde se mezclan los tiempos laborales y las tareas domésticas, que recaen mayormente sobre las mujeres. Esto se agrava en los casos que las autoridades de los ministerios no respetan los horarios laborales, el derecho a la desconexión o la interrupción del trabajo para tareas de cuidados.

La administración pública nacional es un ejemplo de precarización laboral. Según un informe de la extinguida Secretaría de Modernización [4], entre el personal civil, en diciembre de 2018, existía un 37 % de planta temporaria y contratada. El teletrabajo allana el camino a una mayor precarización, en tanto resulta más sencillo establecer contratos temporales cuando se trabaja desde la casa que cuando se está organizado en el lugar de trabajo. De hecho, antes de la pandemia existían en varios organismos públicos áreas con días de teletrabajo. En esos casos, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen contratos temporales.

La reglamentación de la Ley de Teletrabajo resultó incluso más favorable a la expansión de la precariedad. Según analiza el Observatorio del Derecho Social de la CTA “si la ley ya era bastante laxa en cuanto a las posibilidades que brindaba para que los empleadores utilizaran esta modalidad, la reglamentación avanza un paso más y pone en riesgo el ejercicio en la práctica de algunos de los derechos que ella había reconocido. Este es el caso, en particular, de la habilitación para que los trabajadores desarrollen tareas en sus domicilios sin contar con la cobertura de la ley (artículo 1 de la reglamentación) y del debilitamiento del derecho a la reversibilidad (artículo 8)”. Pero la reglamentación también debilita el derecho a la desconexión digital y a la interrupción del trabajo para desarrollar tareas de cuidado. No solo eso. La reglamentación estableció el carácter no remunerativo de las compensaciones por gastos y de la entrega de elementos de trabajo, por lo cual no entran en consideración para el cálculo de indemnizaciones.

Luego de dos rondas paritarias, el teletrabajo no fue discutido entre el estado empleador, los gremios y mucho menos, obviamente, el colectivo de trabajadores y trabajadoras estatales. Es decir que, así como el estado es uno de los empleadores que más recurre a la precarización laboral, también mantiene a miles de empleados en el teletrabajo sin que exista resguardo de derechos a través del convenio colectivo de trabajo.

[1] Los números corresponden al personal civil. Secretaría de Modernización, Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP), diciembre de 2018. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/modernizacion-inap-itep-informe-trimestral-empleo-publco-2018-01.pdf.

[2] El informe de la Junta Interna de ATE – Indec aclara que este cálculo se realiza tomando como referencia y línea de base el poder adquisitivo en diciembre de 2015 de una categoría D0 operativa de planta transitoria.

[3] De acuerdo a los datos disponibles, la serie SINEP comienza en enero 2009.

[4] Secretaría de Modernización, Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP), diciembre de 2018. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/modernizacion-inap-itep-informe-trimestral-empleo-publco-2018-01.pdf.

Entrevista a Giselle Santana, ATE-INTI

Reclamamos la reapertura de la paritaria estatal

M.H.: El jueves 17 el espacio de Interjuntas de ATE realizó un acto frente al INDEC para exigir la reapertura de la paritaria estatal. Según información que he recopilado el poder de compra de los estatales ha perdido un 40% desde 2015, este año la paritaria del 35% se ubica por debajo de la inflación interanual del 41%, estimado de mayo a mayo. Que en los últimos 7 años la pérdida salarial alcanzará a diciembre un 41.2%. Todas cifras abrumadoras. Y ustedes están planteando una reapertura de la paritaria.

G.S.: Sí. Y no importa que esto haya sucedida el jueves pasado porque la idea es continuar uniendo fuerzas desde Interjuntas para reclamar la reapertura. Ayer justamente salió en los medios la noticia de que “Cachorro” Godoy que es nuestro secretario general de ATE nacional, el mismo que firmó esa paritaria del 35%, ahora está planteando la reapertura. Y sí, no debería haberla firmado a esa paritaria que desde el comienzo muchos afiliados de ATE y delegados que fuimos construyendo este espacio Interjuntas rechazamos. Justamente porque no venía a cubrir ninguno de estos números tan tremendos que perdimos que mencionabas.

Si perdimos un 40% no podemos discutir una paritaria por debajo de esa pérdida y menos en 6 cuotas que es el otro dato fundamental de este acuerdo del 35%. Lo terminamos de cobrar en febrero del año próximo. Con una pérdida del 40% nuestro reclamo era el 40% en una sola vez y a partir de ahí una cláusula de activación automática que equipare la inflación porque los precios están desbocados. Y además porque los y las estatales estamos partiendo de muy atrás, hay compañeros y compañeras que tienen sueldos por debajo del salario mínimo, que es de 26.000 pesos. Y la inmensa mayoría de los y las estatales de organismos nacionales, ni hablar de los provinciales y municipales, están por debajo de la canasta de consumos básicos que son 66.000 pesos según el INDEC en los últimos informes.

Justamente por eso hicimos el acto en el INDEC, que habla de la línea de pobreza y la inmensa mayoría de nuestros compañeros y  compañeras están por debajo de eso. Por eso el reclamo de reapertura de esta paritaria que fue firmada sin ninguna consulta por nuestro sindicato, por ATE, por supuesto por UPCN pero ellos históricamente han firmado paritarias a la baja. Por eso el reclamo.

M.H.: Otro de los temas que llamaron mi atención es la situación de precarización del empleado estatal, contratos trimestrales, monotributistas, tercerización como el caso del personal de maestranza ¿qué nos podes comentar?

G.S.: Ese ha sido otro reclamo porque es una promesa incumplida de la paritaria pasada, que también fue firmada por nuestro sindicato y que en este espacio también rechazamos. Porque se planteó que iban a avanzar con el pase a planta permanente, una especie de extorsión, del tipo ‘no hay salario pero vamos a trabajar sobre el tema de la precarización’ y la verdad es que hasta acá no pasó nada tampoco en ese aspecto. A un año de esa paritaria.

Esa es una situación gravísima y que genera mucho temor hoy entre los y las compañeras porque venimos de una experiencia que fueron los 4 años de macrismo, con despidos masivos en el Estado. Despidos que fueron posibles porque nos encontrábamos en esta situación de precarización que este gobierno se niega a resolver a pesar de haberlo prometido incluso en campaña.

En el INTI donde yo trabajo un altísimo porcentaje de los y las trabajadoras estamos contratados, me incluyo. Está en extinción la planta permanente. Y justamente la planta permanente está contemplada en la Ley de empleo público como una manera de garantizar la estabilidad de trabajadores y trabajadoras cuyas patronales van cambiando de acuerdo a las elecciones, cambian los vientos políticos, justamente para tener una protección de un empleo que de por sí es muy inestable porque depende justamente de los cambios en los gobiernos y las políticas.

También sería la única manera no solo de conservar nuestros puestos de trabajo, que ya de por sí es absolutamente relevante, sino de mantener determinadas políticas públicas. Es imposible mantener a largo plazo proyectos estratégicos en el Estado con personal precarizado en condiciones de fraude laboral como es el monotributo. Cómo van a ir los y las compañeras del ministerio de Trabajo a auditar una empresa privada cuando en el propio ministerio de Trabajo tienen trabajadores y trabajadoras monotributistas. Que es un fraude, porque es facturarle a tu empleador como si fueras una persona que pasó por la puerta y entró a arreglar una canilla.

La verdad es que la situación es tremenda y es uno de los reclamos más sentidos, terminar con esta precarización laboral que nos afecta como trabajadores pero también afecta nuestro trabajo, y nuestro trabajo como estatales son los derechos de la población, fundamentalmente la población trabajadora del pueblo pobre. Es fundamental que no exista este nivel de precarización en el Estado.

Paro en el Garrahan contra el acuerdo salarial del gobierno nacional, UPCN y ATE

Las y los trabajadores del Hospital Garrahan este jueves realizaron un paro contra la paritaria acordada y firmada entre el gobierno nacional, y las direcciones de ATE y UPCN de un 35% en cuotas, cuando la inflación acumulada es del 48.8%.

Sostienen: “Nosotros con nuestro sueldo no llegamos a fin de mes. Es claro que la situación de ajuste no da para más. Esto sin contar con el cansancio que llevamos acumulado por hacerle frente a esta pandemia con ritmos agotadores y con falta de personal.

El paro se fue gestando desde abajo. Las compañeras del sector de Instrumentación quirúrgica tomaron el guante, se organizaron en su sector y decidieron que la mejor manera de enfrentar esta realidad era planteando un paro, dijeron ‘si Neuquén pudo nosotros también’. Así, lograron contagiar al resto de los sectores que se fueron sumando: enfermeras y enfermeros de diferentes sectores, laboratorio, los sectores covid, administrativos, farmacia, rayos, sala de yeso, hemoterapia, camilleros.

Así es que esta semana en asamblea se votó un paro de todo el día, con el apoyo de la Junta Interna, y el jueves desde las 7:00 nos fuimos reuniendo en la entrada del Hospital para que todos sepan que nos estamos poniendo de pie, porque no queremos que nos pasen por encima.

¿Qué camino debemos tomar?

Mientras el gobierno sabe cuál es su plan, acuerdan recortes en el presupuesto de salud sin invertir lo necesario para hacerle frente a la pandemia, están llevando adelante un ajuste hacia el conjunto de las y los trabajadores por la vía de acuerdos de salarios de miseria, mientras el costo de vida es altísimo, con un pacto sellado con las direcciones de las burocracias sindicales, para poder hacerle honor al FMI y pagarle al Club de París.

Por otro lado las familias de nuestros pacientes cada día están en peores condiciones, con trabajos precarios, o familias que perdieron el trabajo, sin IFE y además interrumpiendo los tratamientos de sus hijos por falta de plata, o porque las obras sociales ponen trabas para cubrir los tratamientos porque de acuerdo a ellos la salud es un gasto.

Hay que continuar construyendo la unidad por abajo, desde cada sector del hospital, sin importar si están afiliados o no. Desde la Junta interna y desde la Asociación de Profesionales no podemos seguir en la sintonía de no poner por delante la unidad, hay que dejar las discusiones estériles de si se llama asamblea conjunta o no. (…) Hay que ponerse por delante de la situación que está atravesando al conjunto de las y los trabajadores y coordinar convocando desde los enfermeros, técnicos, médicos, administrativos, camilleros, etc. Tomando además las demandas de nuestros compañeros tercerizados. Neuquén marco un ejemplo de lucha muy importante, decidiendo en asambleas y votando el camino a seguir, coordinando con el resto de los hospitales de la provincia. Así lograron cortar Vaca Muerta, buscaron el apoyo de la comunidad que los acompañó en las movilizaciones y así lograron pasar por arriba a la burocracia sindical y al gobierno provincial. Este es el camino que debemos tomar”.

El salario mínimo sigue sin cubrir las necesidades para no ser pobre

Esta semana Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los principales indicadores inflacionarios con respecto al mes de mayo. La Canasta Básica Total (CBT) se incrementó un 2,4 % y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de la indigencia, un 2,8 %, ambas detrás de la inflación mensual que marcó un 3,3 %. Sin embargo, una familia integrada por dos adultos y dos menores, con salarios mínimos, no alcanza a superar la línea de pobreza.

A partir de mayo dicha familia necesita 64.445 pesos para superar dicha condición. La inflación mensual se vio afectada en especial por la suba en transporte y salud, 6 y 4,8 %, respectivamente. Los alimentos estuvieron en línea con la CBA, compuesta por una selección de aquellos bienes alimentarios capaces de garantizar calorías nutricionales necesarias para el hogar del tipo de familia mencionado.

A nivel interanual, el Índice de Precios de Precios al Consumidor (IPC) mostró una evolución del 48,8 %, mientras que la línea de indigencia (CBA) y pobreza (CBT) estuvieron por encima: 53,4 % en el primer caso y 49,6 % en el segundo. De esta manera, el hogar tipo señalado no logra superar la línea de pobreza. El salario mínimo vital y móvil alcanzó los 24.408 pesos en mayo, tras el incremento pautado del 35 % desde abril de este año a febrero de 2022. Representa un 38 % del valor de la CBT y un 89 % de la CBA.

Uno de cada tres trabajadores es pobre

Un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) afirmó que un 38 % de los asalariados del país tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Además, un 5 % está por debajo de la línea de indigencia.

Desde octubre del año pasado, el aumento de la inflación disparó el IPC en todo el país, en especial en alimentos, lo que impacta de forma directa en la cantidad de personas que están afectados por la pobreza. Es que el crecimiento de precios es el “impuesto de los pobres”, como suelen analizar los economistas, e impacta de forma directa en los sectores con ingresos más bajos.

Pero la tendencia alcista se mantiene al punto que comenzó a afectar a otros sectores, incluyendo a los asalariados, y lo que hace que hoy cada vez más trabajadores son pobres. Este fenómeno, que afecta a informales y cuentapropistas, también alcanza a empleados bajo convenio.

En este punto, un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) alerta que con los datos actuales, uno de cada tres asalariados argentinos están en esa condición de precariedad. Los números marcan que las mujeres son las más afectadas por este fenómeno, que además tiene en algunos sectores una incidencia mayor, como los estatales municipales, que vienen bregando para que los salarios en las comunas no puedan ser inferiores del mínimo, vital y móvil.

En el Gobierno confían que el ritmo inflacionario se frenará, pero las paritarias, herramienta para proteger los sueldos, siguen cerrando acuerdos por debajo de la expectativa del crecimiento de precios.

El informe del IPyPP, que lidera el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, analizó el impacto de la actual situación económica en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Según los datos del trabajo, “el 38 % de los trabajadores percibe salarios por debajo de la canasta familiar”, es decir, uno de cada tres empleados, mientras que “el 44,7 % se encuentra precarizado”. Además, “si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente, surge que el 32,4 % de los asalariados están por debajo de la línea de la pobreza y el 5 % en la indigencia”.

“Uno de los datos más alarmantes que arroja el estudio es el hecho de que uno de cada tres trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, vital y móvil (23.544 pesos”, agregó el informe. “Esto es una radiografía de la crisis en el mercado laboral y hace imprescindible la necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal”, destacó el Instituto, que viene trabajando en este “salario universal”, una propuesta que apoyan diversos sectores gremiales y sociales, como la CTA Autónoma.

El detalle, por ramas y género

En el detalle, el informe dirigido por Lozano bajo la coordinación de Ana Rameri, indicó que al cuarto trimestre del 2020, “hay cuatro ramas de actividad que concentran la mitad de las ocupaciones: comercio (17 %), industria manufacturera (13,2 %), servicios financieros, de alquiler y empresariales (11,1 %) y construcción (10,1 %).

La actividad mercantil es la que más empleados bajo convenio tiene en el país, y no escapa a la realidad de tener muchos empleados bajo la línea de pobreza. “En el sector tenemos este problema, en especial entre los empleados que realizan tareas ‘part time’ o de medio tiempo”, explicó Mario Amado, líder de la agrupación La Voz de Comercio.

El dirigente recalcó que “cuando se negocian las paritarias los sueldos quedan por encima de la línea de pobreza, pero en este contexto de inflación y deterioro salarial a los dos, tres meses te supera, volvés a quedar abajo”. “Esto afecta a los trabajadores de jornada completa también, porque a los ‘part time’ siempre los tenés bajo esos niveles”, dijo Amado.

Además, el informe del IPyPP alertó que existe un fuerte componente de género en este fenómeno, ya que “mientras el 26,7 % de los varones gana menos que el mínimo, el porcentaje asciende al 43 % en el caso de las mujeres”.

En parte, analizó el estudio, esto responde a que las trabajadoras “son también las más afectadas por la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la consecuente necesidad de desplegar estrategias de conciliación entre el trabajo productivo y reproductivo”. Sin embargo, “los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial.

De hecho, aun ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, resulta que una cuarta parte de las/os trabajadores ganan menos del salario mínimo por hora”. “Este porcentaje asciende a casi el 40 % para las/os cuentapropistas y para la población asalariada informal”, recalcó el informe.

Además, se subrayó que el nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina “se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza”.

Salario Mínimo

Para el trabajo de Lozano, en este contexto “obtener un empleo no garantiza acceder al salario mínimo, vital y móvil”. Esto es algo que vienen alertando varios sectores, en especial los municipales de todo el país. Con salarios deteriorados, son un sector que históricamente denuncia la presencia de “trabajadores pobres”.

En este sentido, desde la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM) vienen trabajando en un Proyecto de ley para que ningún empleado comunal cobre por debajo del ingreso mínimo. La propuesta está en el Congreso, presentado por el diputado nacional Walter Correa, y además fue llevado a la discusión en la última reunión del Consejo del Salario. En este sentido, la dirigencia sindical viene pidiendo este paso desde el año 2000, pero hasta ahora no lograron el consenso para aprobar la iniciativa.

“Hoy hay provincias donde se cobran salarios conformados más bajos, como en el NEA, donde no hay un valor de referencia y el poder político paga lo que quiere. La nueva ley haría que nadie cobre por debajo del salario mínimo”, dijo el titular de la Federación de Trabajadores Municipales, Rubén “Cholo” García, a mediados de abril en la previa de la reunión del Consejo del salario.

En ese encuentro, los municipales no lograron avanzar sobre su pedido, pero pudieron plantear sus necesidades. Como ejemplo, contó García, “en Jujuy un municipal cobra un sueldo de 15.000 pesos, cuando el mínimo, sin la actualización de abril, está en 21.600 pesos”.

En coincidencia con esto, el informe del Instituto que lidera Claudio Lozano reafirmó en este contexto “resulta aún más grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor (el salario mínimo) de referencia en los últimos años”. “

“Lo expuesto sumado al mayor crecimiento de la indigencia (el hambre) en el marco del empobrecimiento general de la población, ratifica la imprescindible necesidad de garantizar un Ingreso Básico Universal para toda la población en situación de informalidad y desempleo que fije un piso alimentario para toda la sociedad argentina”, concluyó el trabajo.

Desempleo: 10,2% en el primer trimestre del año

La tasa de desocupación alcanzó al 10,2% al término del primer trimestre del año, por debajo del 10,4% de igual período del año, y del 11% con que cerró el 2020, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La población ocupada que realizó el trabajo desde su vivienda creció de 6,1% a 17,1% entre los 1° trimestres de 2020 y 2021.

La tasa de desocupación fue de 12,3% para las mujeres, en tanto que, entre los varones, se ubicó en 8,5%. Asimismo, la tasa fue menor en los aglomerados de menor población. En los aglomerados con menos de 500.000 habitantes, alcanzó 6,8% de la población económicamente activa en el primer trimestre, contra 10,8% en aquellos con 500.000 y más habitantes.

Entre las regiones, Gran Buenos Aires presentó el mayor porcentaje de desempleo (11,0%), mientras que Noreste fue la de menor nivel (6,1%).

Miles de manifestantes de la Unidad Piquetera marcharon otra vez a Desarrollo Social

Organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera se manifestaron el viernes 18 de junio frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, frente a la Avenida 9 de Julio, donde volvieron a reclamar por una mayor asistencia en medio de la pandemia y piden ser recibidos por el titular de la cartera, Daniel Arroyo. Además, las mismas agrupaciones, junto a trabajadores de la salud, se movilizaron en el Puente Pueyrredón.

Los manifestantes se concentraron en tres columnas desde las 11:00 en las zonas norte, sur y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde allí, caminaron al centro porteño para rodear la sede del ministerio.

Marcharon reivindicando estas consignas:

AGUINALDO O BONO COMPENSATORIO PARA LXS TRABAJDORXS DEL POTENCIAR TRABAJO.

APERTURA DEL PROGRAMA PARA ASISTIR A LXS DESOCUPADXS.

ATENCIÓN INTEGRAL A LOS COMEDORES Y MERENDEROS POPULARES.

AUMENTO DE LOS POTENCIAR TRABAJO, ¡NINGUN TRABAJADORX POR DEBAJO DE LINEA DE POBREZA!

VACUNAS PARA LXS COMPAÑERXS QUE ATIENDEN MERENDEROS Y COMEDORES DE TODO EL PAÍS.

Varias arterias centrales de la CABA fueron bloqueadas por miles de integrantes de unas 40 organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha, en reclamo de ayudas para los trabajadores informales y los desempleados.

Los manifestantes amenazaron con montar carpas en el lugar si no son atendidas sus demandas.

Esas organizaciones también se movilizaron en distintas provincias del país en un marco del creciente endurecimiento de sus demandas luego de tres años de deterioro de la situación económica y social.

El ministerio de Desarrollo Social anunció que pagará un bono extraordinario de 6.000 pesos a cerca de un millón de titulares de un programa que busca potenciar el trabajo.

Representantes de las organizaciones dijeron que ese bono no es suficiente y el gobierno debe garantizar un “aguinaldo” o paga extra para la mitad del año que “compense las pérdidas frente al aumento de los precios”, así como asistencia para los comedores que alimentan a familias empobrecidas.

Según los manifestantes hay unas ocho millones de personas -de una población total de 45 millones- que no tienen asistencia y que deberían recibir además el llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que implementó el gobierno en 2020 para contrarrestar los perjuicios económicos de la pandemia.

“Lo que le estamos planteando al Gobierno es que tiene que volver a pagar el IFE. Alcanzó a nueve millones de familias el año pasado, pero hoy con suerte hay un millón que acceden al Potenciar. La cuenta es simple: quedan ocho millones de personas sin ningún tipo de asistencia”, dijo Silvia Saravia, dirigente nacional de Barrios de Pie-Libres del Sur. E insistió: “La situación de hoy es peor a la del año pasado, respecto de los contagios y los datos de indigencia, pero el Gobierno no da ninguna respuesta. Ayer confirmaron el bono, que no está mal, pero no alcanza, porque solo llega al millón de titulares del Potenciar”.

«Desde que empezó este Gobierno empezaron con las promesas no cumplidas. Pero no a nosotros, a nadie le cumplieron. A los jubilados les dijeron que les iban a aumentar con los intereses de las Leliq. La verdad que el Gobierno tiene suerte de que la gente no esté prendiendo fuego todo«, esgrimió el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Por otra parte, Belliboni sostuvo que actualmente hay menos personas con planes que en el 2001, debido a que en esa época «había 2, 2 millones de personas» con beneficios del Estado «y ahora hay 800.000».

La crisis sanitaria aceleró la recesión y la pobreza se disparó a más del 40%. El gobierno de Fernández, quien asumió en diciembre de 2019, afirma que hay una incipiente reactivación, sin embargo, por ahora resulta insuficiente en este contexto de deterioro.

“Gran unidad piquetera contra el ajuste” fue el lema de la movilización, que incluyó cortes de rutasybloqueos de puentes y accesosa la ciudad de Buenos Aires. La marcha tuvo réplicas en distintos puntos del país.

Participaron las siguientes organizaciones sociales:

POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.

BARRIOS DE PIE – MST TERESA VIVE.FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR

Paritarias en prensa

Las empresas periodísticas de prensa escrita y un sindicato sin representación real en la Ciudad de Buenos Aires (UTPBA) cerraron la negociación paritaria 2021-2022. El “acuerdo”, que repudiaron desde el SiPreBA por ilegítimo e insuficiente, consiste en la mayoría de los casos en un “incremento” del 30% fraccionado en tres cuotas de 10%, a cobrarse con los sueldos de septiembre, noviembre y enero de 2022.

– La negociación consolida la pérdida acumulada en los sueldos del sector, que desde enero de 2017 han sufrido el recorte de un 42% en la capacidad de compra. Lejos de recomponer ese retroceso, tampoco se acerca a empatar la proyección inflacionaria de 2021.

– Las cuotas, que serán en su inicio no remunerativas, se irán incorporando al salario a costa del sueldo neto. Por lo tanto, el incremento porcentual será menor.

– La recomposición fraccionada implica la inevitable pérdida de poder adquisitivo contra la inflación, que se acumula con el correr de los meses en paralelo a las cuotas. Como agravante, lo firmado le confiere a las empresas el derecho de declararse en crisis y diferir los pagos.

– A pesar de que la ley 27.555 que regula el Teletrabajo está vigente desde el 1 de abril, las empresas siguen sin asumir costo alguno. Lo firmado en paritaria pauta una comisión para tratar el tema recién en julio, casi un año y medio después de que la mayoría de les compañeres de prensa escrita tuvieron que adoptar esa modalidad.

La recomposición, fechada el 11 de junio, fue pactada por las cámaras AEDBA (que nuclea al diario Clarín, El Cronista, La Nación, Perfil y Página/12, entre otros), AFERA, el sector de AAER y APTA, que reúnen a las revistas, y representantes de Infobae, Publirevistas S.A y las agencias internacionales ANSA y EFE. Empresas de medios con redacciones que tienen asambleas y Comisiones internas organizadas en el SiPreBA.

Sin embargo, periodistas y trabajadores de prensa escrita no fueron parte de la negociación. Sin una representación real y legítima del sector gremial, la paritaria resulta una competencia entre las empresas por ver quién rebaja más los salarios.

Marcan la diferencia las negociaciones llevadas adelante por la FATPREN con los medios de distintas provincias, con instancias que cuentan con la participación tanto de las asambleas como de los plenarios de delegades y dirigentes. Incluso, a través de la Federación, la asamblea de Agencia Télam está en vías de cerrar su nueva pauta salarial. Mientras que en los canales de televisión, los acuerdos por empresa con las Comisiones internas y asambleas del SiPreBA obtuvieron mejores resultados porcentuales frente a lo “negociado” en prensa escrita, por quienes formalmente tienen el sello para la paritaria, pero sólo representan los intereses de las empresas.

El panorama es dramático para quienes trabajan en diarios, revistas, agencias de noticias y portales web. Desde el SiPreBA constatan que el 80% de les compañeres en la categoría testigo de “redactor” cobra menos de $62.958, el umbral que define lo mínimo para cubrir una canasta básica total (CBT).

Ejercer un periodismo de calidad con libertad de expresión requiere de salarios dignos. La tarea de informar no puede transformarse en una “vocación” mal remunerada, como sueña algún empresario que precariza nuestro trabajo. Desde el SiPreBA repudiamos esta nueva paritaria a la baja y exigimos una recomposición salarial con representación directa de les trabajadores.

Comisión Directiva – Sindicato de Prensa de Buenos Aires

Miércoles 16 de junio de 2021Acuerdos paritarios en Telefe y América

En el área de noticias de Telefe la recomposición, previo a su firma legal a cargo de los dirigentes Agustín Lecchi y Diego Pietrafesa, fue aprobada en una masiva asamblea del sector conducida por la Comisión Interna (Laura Kalerguiz, Rodolfo Luccioni y Miguel Aranda), que contó con la participación del 80% de les afiliades al SiPreBA en el canal.

Por su parte, para el área de prensa de los canales América y A24, el acuerdo también fue rubricado por la Comisión Interna, con les compañeres Darío Martínez, Luisa Barbosa y Leo Godoy. Con el apoyo de la asamblea por votación unánime, el mismo tendrá vigencia hasta marzo 2022.

Entrevista a Agustín Lecchi, delegado del SiPreBA y la TVP

M.H.: Un Día del periodista que nos encuentra parados ¿dónde?

A.L.: Después de cuatro años de macrismo en donde perdimos 4.500 puestos de trabajo, un 40% de nuestro poder adquisitivo, el 7 de junio hicimos pública una encuesta del SiPreBA que hacemos todos los años para esta fecha, con mil casos de compañeros y compañeras de los que más de 55% cobra salarios por debajo de la canasta básica, por debajo de los 62.000 pesos. Y la pandemia y la situación actual también, lejos de revertir la situación que heredamos del macrismo, tendió a consolidarse.

Lo que hay que decir es que en los lugares donde estamos organizados, donde hay organización gremial estamos mejor que donde no la hay, podemos defender nuestros derechos, en algunos casos ampliarlos, pero en la generalidad de los casos la situación es muy crítica y va de la mano con una erosión general de la actividad y las condiciones obviamente laborales pero también en las que se produce la información y en la que se construye la comunicación en nuestro país, que es algo que afecta al debate público  y a toda la sociedad, no solo a nosotros como sector.

M.H.: Otro de los reclamos es el plan de vacunas.

A.L.: Nosotros en muchas provincias logramos a través de los sindicatos de base de la Federación, que los trabajadores de prensa fueran integrados como estratégicos en los planes de vacunación.

M.H.: Neuquén, Córdoba y Misiones.

A.L.: Chaco y Santa Cruz también. No lo logramos en CABA y es una situación grave porque se han muerto y se siguen muriendo compañeros, la semana pasada falleció Miguel Fernández  de América, más de 50 trabajadores de prensa fallecieron a causa del Coronavirus y muchos estamos trabajando de manera presencial.

M.H.: 3.300 contagios.

A.L.: De esa encuesta que te mencionaba, un 15% se contagió y muchos con secuelas importantes y algunos fallecieron. Por eso lo de la vacunación es importante, no pedimos ningún privilegio, sino que como realizamos una tarea esencial en la calle durante toda la pandemia, merecemos ser vacunados.

M.H.: Hoy apagón de noticias.

A.L.: Sí, hoy vamos a hacer cese de tareas de dos horas por turnos en todas las redacciones de diarios, revistas, agencias y portales de CABA exigiendo el pleno reconocimiento del SiPreBA que es nuestro sindicato, estar en paritarias, que es lo que debería suceder porque son paritarias rengas sin la pata trabajadora y esa es una de las principales causas por las que nuestro salario se devalúa año a año. Hoy en ClarínPágina 12OléÁmbito FinancieroInfobae, en las redacciones más importantes, va a haber paro de 2 horas por turno.

M.H.: ¿Querés agregar algo más?

A.L.: Agradecer el espacio, porque si bien hice hincapié en los medios privados y los medios públicos, también es muy importante el acompañamiento de los medios autogestivos, independientes y populares y la unidad que logramos conseguir, así que muy feliz día para ustedes también.

Con una carta ante la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Medios de la Nación, desde el SiPreBA en conjunto con la FATPREN reiteraron el pedido para que se incluya a les trabajadores de prensa, que realizan tareas en coberturas en exteriores y de manera presencial, entre las prioridades del plan vacunación contra el COVID como parte de los sectores estratégicos. La presentación fue acompañada por el apoyo de más de 1.000 firmas de periodistas de diversos medios de alcance nacional, como Telefe, Clarín, Télam, Página 12, La Nación, Tiempo Argentino, Radio Nacional, AM 750, América, Perfil, Televisión Pública, Diario Popular, El Diario Ar, El Trece, TN, El Cronista, Futurock, Del Plata, Ámbito Financiero, entre muchos otros.

Este pedido ya había sido realizado, en conjunto con la Federación y ARGRA, en distintas oportunidades. Frente al Ministerio de Salud de la Nación, se solicitó, en primera instancia, el 12 de febrero, y luego se insistió el pasado 11 de mayo. Asimismo, han hecho planteos similares a la Jefatura de Gobierno y al ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, incluso junto a otras organizaciones sindicales, sin ningún tipo de respuesta.

En la presentación, informan al Gobierno que en el sector, entre un 14% y un 18% del total de les trabajadores se enfermó de coronavirus. Porcentaje que está por encima de la media de contagio de la población nacional y que aumenta marcadamente en el reducido grupo que cumple funciones en coberturas y exteriores.

Reiteran la urgencia de esta solicitud y lamentan el fallecimiento de más de 50 compañeres de prensa desde el inicio de la pandemia.

Volvió a fracasar la paritaria de Alimentación

Las empresas no mejoraron la oferta salarial en el marco de las paritarias de Alimentación por lo que los representantes de la Federación de Trabajadores de Industrias de Alimentación (FTIA) volvieron a rechazar el 32% de recomposición.

Desde el gremio acusaron de intransigentes a los empresarios y recordaron que el 29 de este mes vence la conciliación obligatoria, por lo que en ese momento se retomaría el plan de lucha.

“El día de hoy, martes 22 de junio, la Cámara empresaria se presentó a la audiencia por las paritarias del CCT 244/94, sin modificar la propuesta realizada con anterioridad” señala el comunicado de la filial Buenos Aires del Sindicato de Alimentación que conduce Rodolfo Daer.

Además, destaca que: “Los paritarios de la Federación de Trabajadores de Industrias de Alimentación consideran inaceptable la actitud mezquina del sector empresario”.

“Desde el STIA Buenos Ares, ratificamos, una vez más, la necesidad de preservar el poder de compra de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de Alimentación, y en tal sentido, instamos al sector empresario a que presente una propuesta acorde a las circunstancias económicas que atravesamos los asalariados de Alimentación”, remarcaron desde el STIA.

También dejaron trascender que, según su opinión, el boicot paritario de las alimenticias es parte de un plan sistemático.

Desde el gremio consideran que las firmas están en una cruzada contra el Gobierno que se profundizó tras la asunción de Daniel Funes de Rioja como presidente de la UIA.

Las patronales alimenticias aumentaron sus ingresos un 83 % en un año

El sector de los productos alimenticios registró en abril un crecimiento interanual del 83,3 %, en tanto la producción reflejó un incremento del 7,2% y las cantidades enviadas un avance del 32,3% interanual de acuerdo con un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). La diferencia entre los ingresos obtenidos y las cantidades se explica por una suba del 38,6 % promedio de los precios internacionales de los commodities.

Los precios internacionales que vienen en alza en el último tiempo permiten a las patronales agroexportadoras aumentar más sus ganancias. En mayo de este año el precio de la soja tuvo su récord llegando a 600 dólares por tonelada, el valor más alto en los últimos 12 años. Desde ahí en adelante el precio sufrió altibajos y hoy en día ronda los 500 dólares por tonelada, lo cual sigue estando muy por encima de precio que tenía en la primera parte de 2020, cuando cotizaba en torno de los 350 dólares por tonelada.

El gran aumento de los ingresos de los grandes grupos agroexportadores contrastan con el deterioro en las condiciones y poder de compra de la mayoría de la población del país.

A pesar del incremento de las ganancias de las patronales agrarias en el último tiempo y luego de algunos “amagues” el gobierno no incrementó el valor de las retenciones y en 2020 el sector fue premiado con la reducción temporal de las retenciones a la soja y la aprobación del trigo transgénico, además de la persistente depreciación del peso.

La patronal da marcha atrás con un despido en Acindar

El 14 de abril la patronal de Acindar despidió a Walter Valiente, operario del sector de alambre de la planta de Villa Constitución, ex delegado y referente del sector, que venía denunciando condiciones inseguras en su lugar de trabajo. Los trabajadores del sector, junto a la Comisión Interna y la directiva de UOM Villa, llevaron adelante un paro total de actividades que llevó a una conciliación voluntaria. Vencida la conciliación, ante la determinación de la patronal de ratificar el despido, los trabajadores volvieron a parar la planta, logrando un nuevo llamado a diálogo por parte de la patronal y llegando al acuerdo de retrotraer el despido, aunque la patronal sostiene la voluntad de trasladar al compañero a otra planta en otra localidad.

Mientras se desarrollaban las negociaciones, en la planta falleció Brian Albornoz, en un accidente laboral completamente evitable que demuestra que los reclamos por seguridad son más que justos, y los trabajadores de Acindar también respondieron parando la planta.

Fuentes: www.atecordoba.orgwww.infogremiales.com.ar, Gestión Sindical, Resumen Latinoamericano, Anred, APU, argentina.indymedia, Red Eco Alternativo, Clarín, Tiempo Argentino, Página12, “Fe de erratas” y Plan B(aires)” (FM La Boca -90.1), La Izquierda Diario.

Envio:RL

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