21.06.2021 / MIGRACIONES
Casi 300 personas van a ser denunciadas penalmente por no cumplir con el aislamiento tras regresar al país
Así lo informó la Dirección Nacional de Migraciones que tras un operativo en el que se detectó que el 38% de los ingresantes a la Argentina no cumplieron con la normativa. “Se trata de un delito federal y los que vuelven del exterior deben entender la responsabilidad y el riesgo que implica para el resto no cumplir con los protocolos", remarcó Florencia Carignano, titular del organismo que depende del Ministerio del Interior.
La Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, denunciará penalmente en las próximas horas a 274 personas que incumplieron la cuarentena obligatoria que debían realizar tras ingresar al país, tras el operativo en el que se detectó que el 38% de los ingresantes a la Argentina no cumplieron con la normativa.
Así lo confirmó la titular del organismo, Florencia Carignano, quien además adelantó que "se van a reforzar los controles de las fuerzas provinciales, federales y los inspectores de Migraciones para detectar posibles incumplimientos. Se trata de un delito federal y los que vuelven del exterior deben entender la responsabilidad y el riesgo que implica para el resto no cumplir con los protocolos".
La DNM realizó la semana pasada una serie de operativos de control del aislamiento centrados en la Ciudad de Buenos y 8 provincias, donde se comprobó que 4 de cada 10 personas que ingresaron al país no cumplieron con la normativa. Los operativos se llevaron a cabo en Jujuy, La Rioja, Mendoza, Chubut, Corrientes, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Salta y Ciudad de Buenos Aires.
"Familiares, amigos y compañeros de trabajo debemos colaborar en marcarles a los que no cumplan la cuarentena que ponerme en juego la vida, la salud y la apertura de actividades conseguidas con esfuerzo", subrayó Carignano.
En ese marco, y a la luz de los resultados del operativo, Migraciones formalizará denuncias hacia 274 personas que incumplieron los artículos 205 y 239 del Código Penal, bajo la figura de violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública.
21.06.2021 / NACIÓN
¿Qué dice la proclama para terminar con la concesión de la Hidrovía del Paraná?
En el marco de la conmemoración por el Día de la Bandera más de 3 mil referentes políticos suscribieron para reclamar el fin de la actual concesión que administra la circulación del Río Paraná.
Más de tres mil referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas suscribieron la Proclama 20 de junio a los efectos de reclamar por el fin de la actual concesión con Hidrovía S.A.
Los dirigentes pidieron recuperar "para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas el imprescindible control y administración de la ruta fluvial” por donde se transportan el 80% de las exportaciones nacionales y el 95% de las importaciones. Entre las personas que firmaron dicho documento se destacan la diputada Fernanda Vallejos, el senador Jorge Taiana, el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el titular de la CTA y también diputado nacional, Hugo Yasky y el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni.
También adhirieron dirigentes como el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti; Juan Carlos Schmid, secretario general de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), el dirigente social y sindical Pablo Micheli y los dirigentes sociales Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y actual diputado nacional, Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el director del banco Nación, Claudio Lozano, la ex embajadora Alicia Castro y el ex vicepresidente Amado Boudou.
El texto completo:
El próximo 30 de julio se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país. Ese día, vence la prórroga de 90 días otorgada por el gobierno nacional, ante el final, el pasado 30 de abril, de la concesión de las tareas de dragado y balizamiento del Río Paraná que se encuentra, desde 1995, en manos del consorcio privado Hidrovía S.A.
Esa concesión, otorgada en plena ola privatizadora, en el marco de la imposición del Consenso de Washington en nuestro país, constituyó un “caso piloto ejemplar” de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial. Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el “modelo argentino” de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores.
Hasta 1.992, con la sanción de la Ley Nacional de Puertos, era la Administración General de Puertos (AGP), una empresa del Estado, la encargada, en forma centralizada, de todo lo relativo a la administración de los puertos marítimos y fluviales del país, así como del mantenimiento, dragado y balizamiento, de los canales, la red troncal y todos sus accesos. Tres años más tarde se concesionó la tarea de mantenimiento de la red troncal.
Entendemos que estamos ante un asunto de relevancia estratégica que se vincula con el modelo de desarrollo nacional a mediano y largo plazo, donde las decisiones del presente tendrán incidencia sobre cuestiones centrales de nuestro sistema económico y social a futuro: la disponibilidad de divisas, la administración del frente cambiario y la restricción externa, y la sustentabilidad de un proceso de crecimiento económico y de desarrollo social sostenible en el tiempo.
Por ello, el Estado Nacional debe ejercer una eficiente supervisión sobre dónde se draga y el volumen de lo dragado, así como planificar la estrategia de desarrollo a impulsar en los distintos puertos de la vía Troncal, considerando que en la actualidad hay puertos privados y provinciales. Lo que está en juego es la capacidad soberana, el control y el cuidado de aguas territoriales argentinas. En ese sentido, resulta imprescindible repensar estratégicamente, también, aspectos que tienen que ver con la navegación, la operatoria en los puertos privados, las actividades de control aduanero, el Canal de Magdalena, la interconexión de los puertos argentinos y la unidad de la Argentina marítima y fluvial, teniendo a la inversión pública y el rol del Estado como columna vertebral de la mejora y optimización del sistema.
Afirmamos la necesidad esencial e impostergable de avanzar en un camino que permita la recomposición de la soberanía nacional en el Río Paraná, el que debe contemplar:
• Atento a la brevedad de los plazos, diseñar una estrategia por etapas, que contemple acciones, por un lado, para el corto plazo, y, por el otro, para el mediano y largo.
• Retomar el control y administración estatal de la red troncal, a la que podría asistir la AGP, con intervención del recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral para el seguimiento, monitoreo, auditoria y contralor del proceso de concesión y funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.
• Optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial, para combatir prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito.
• Crear un organismo de control y una base federal de información centralizada que provea todos los elementos necesarios para un efectivo monitoreo y control de las tareas de dragado y balizamiento y del tráfico fluvial, con la concurrencia de todos los organismos con incumbencia en la materia.
• Ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, a partir de lo cual el Estado podrá invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.
• Concretar la puesta en marcha del canal Magdalena, indispensable para estructurar el desarrollo de una perspectiva marítima estratégica integrada con el sistema fluvial de la Cuenca del Plata.
• Revisar integralmente la Ley Nacional de Puertos, sancionada en 1992, con el objetivo de fortalecer la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación.
• Revisar integralmente las Leyes de Promoción de la Industria Naval Argentina y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e Integración Fluvial Regional, sancionadas en 2017, en pos de apuntalar la recuperación y el desarrollo de la industria naval argentina y de una flota mercante nacional.
• Alertar, en lo inmediato, sobre las negociaciones confidenciales para el acuerdo Mercosur- Unión Europea, que, en el texto provisional, incluye a la “navegación interna”, lo cual inhibiría la soberanía y el desarrollo nacional y regional ante las enormes asimetrías de desarrollos y capacidades locales frente a grandes empresas europeas.
Como en 1812, cuando el general Manuel Belgrano por primera vez izó la bandera nacional a orillas del río, hoy el Paraná sigue siendo ámbito de debate y acción imprescindible para afirmar, con la fuerza y la dignidad histórica del pueblo argentino, la soberanía nacional.
Fuente:Politica Argentina
Las ventas por el Día del Padre crecieron un 35,8%
Las ventas por el Día del Padre crecieron 35,8% respecto del año pasado y el ticket promedio fue de $ 2.470, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las ventas por el Día del Padre crecieron 35,8% respecto del año pasado y el ticket promedio fue de $ 2.470, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
"La fecha generó mucho más movimiento de la mano de la mayor movilidad, las familias pudieron tener reuniones, hubo más actividad comercial, también se aprovecharon algunas promociones de créditos con tarjetas y promociones provinciales", dijo a Télam Radio el secretario de Prensa de la entidad, Pedro Cascales.
Señaló que "el clima frío también ayudó a generar más ventas en los principales rubros”, y remarcó que “indumentaria, que aumentó 50,3%, y calzado y marroquinería, que lo hizo en 62,9%, fueron los rubros de mayor crecimiento".
Asimismo, dijo que "si se lo mide contra 2019 hay una caída del 21,5%”, y subrayó que ése año “había sido malo por la crisis y además por el apagón eléctrico generalizado –en todo el país y zona limítrofes- que impidió el domingo la operación de posnet y otras operaciones comerciales".
De todos modos, destacó que el ticket promedio "se ubicó en $ 2.470 lo cual está 76,6% por encima del ticket promedio de dos años atrás", y valoró que este año "de alguna manera es un resultado positivo frente a la situación de ventas alicaídas que venía experimentando todo el sector comercial".
Kulfas: "El consumo va a crecer por más empleo y mejores salarios"
En la comparación anual, los diez rubros relevados tuvieron subas importantes: calzado y marroquinería creció 62,9%; indumentaria, 50,3%; perfumería, 41,9%; celulares, electrónicos y audios, 39,6%; artículos para el hogar y uso personal, 34,9%; librerías, 28,8%; vinos y licores, 26,1%; herramientas y artículos de ferretería, 22,6%; artículos deportivos, 21,1%; y desayunos personalizados, 1,9%.
El 70% de los comercios consultados declaró que, en mayor o menor medida, la fecha ayudó a reactivar el consumo, y el 62% de los empresarios señaló que las ventas estuvieron dentro de los niveles esperados o los superaron.
"Un factor que incidió en el fuerte incremento del ticket promedio fueron los precios de la indumentaria y ropa deportiva, que es lo que más se regala y la cual subió 71% en un año", indicó CAME.
Los datos surgen del relevamiento realizado por la entidad gremial empresaria entre el sábado por la tarde y el domingo último entre 300 negocios del país y las cámaras de comercio regionales asociadas.
¿Dónde está Guadalupe? Una semana de búsquedas sin éxitos
Rastrillajes, interrogatorios, hipótesis. La nena de 5 años sigue desaparecida y San Luis está conmovida, en alerta total.
Según publica Telam, durante este lunes de feriado nacional se prevén rastrillar 15 sectores, principalmente en la Ruta 3 hacia el sureste al cerro El Lince, en la zona oeste de San Luis y en Potrero de los Funes. Y se trata de una apuesta más dentro de los operativos impulsados para dar con el paradero de esta niña por la cual hace unos días se lanzó alerta Sofía, el llamado para que todos los medios de comunicación y difusión colaboren en la visibilización del caso.
En ese contexto, Lucas Chacón, en su rol de jefe de relaciones Policiales de la provincia de San Luis, informó que se suma la provincia de Santa Fe con tres binomios idóneos para la búsqueda de personas. Desde las últimas horas del lunes de la semana pasada, se fueron desplegando diversos operativos policiales y la provincia recibió la colaboración de profesionales y efectivos del país y zonas aledañas para encontrar a la niña. Sin embargo, pese a los esfuerzos, ninguna pista firme apareció hasta hoy que pueda abonar una hipótesis firme sobre su desaparición.
La inteligencia policial volvió sobre sus pasos en la investigación y se desplegaron nuevos operativos en la zona donde desapareció y, sobre la tarde del domingo, los rastreos se extendieron a la localidad de Potrero de los Funes, ubicada a 20 kilómetros de esta capital, un centro turístico que posee un lago en cuyas inmediaciones se realizaron rastrillajes.
Se trata de nuevas medidas para dar con el paradero de Guadalupe, quien fue vista por última vez el lunes pasado cerca de las 19.30, cuando jugaba con otros niños y niñas durante el cumpleaños de su tía. Emma, una prima de la Guadalupe, dijo que se había ido con una mujer de características físicas similares a las de una de sus tías, que tiene 20 años. Esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda.
El sábado, la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, concurrió al Poder Judicial porque el juez de Instrucción Penal N°2, Ariel Parrillis, quien tiene a su cargo la causa, dispuso realizar Cámara Gesell a los niños y niñas que jugaban con Guadalupe el día de su desaparición. Por su parte, el padre de la niña, Erik Lucero, solicitó ampliar su declaración testimonial para aportar un nuevo dato que le había llegado telefónicamente durante la mañana y que creó expectativas de un giro en la investigación.
Junto a su abogado, Héctor Zabala, afirmaron a Télam que se trataba de "un dato, como otros que se habían aportado a la causa" pero que querían que constará en "el expediente" porque durante la investigación "algunos aportes que habían realizado no habían sido chequeados por la policía".
El letrado dijo a Télam que se trataba "de un dato recibido en las primeras horas de la mañana que luego se intentó corroborar con la persona que llamó y, al no encontrarla en su domicilio, se decidió que conste en la causa como otros, que se han aportado a la investigación". Por eso ayer, el operativo policial volvió al lugar donde desapareció la niña y llevó adelante un nuevo rastrillaje sin lograr dar con datos que indicaran que la pequeña pudo haber sido retenida en alguna vivienda cercana al lugar donde desapareció.
El miércoles último arribó a San Luis personal del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, para trabajar en forma coordinada con la fuerza de seguridad provincial en la búsqueda de la niña. Además, en el marco de la búsqueda de Guadalupe fue puesta en vigencia la denominada "Alerta Sofia", renovada cada 24 horas, y se fijó una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte datos certeros sobre el posible paradero de la niña .
Por otro lado, se introdujo la hipótesis de la trata de personas en la búsqueda, pero nada dio resultado hasta le fecha en ese sentido. A medida que pasaron los días, profesionales bomberos de cuarteles de San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan y La Pampa se unieron a la búsqueda, en forma coordinada con la Policía de San Luis, con su canes y un sistema de drones para "peinar" los territorios de búsqueda.
El Ejército Argentino, a través del Gada San Luis, también se sumó a la tarea. Los operativos involucran a más de 400 policías en la calle, se han producido allanamientos en varios barrios de la capital puntana, y se controlaron además los pasos fronterizos, medida que los abogados de la madre y padre de Guadalupe consideraron "tardía" ya que la pequeña despareció en un barrio aledaño a la Autopista de la Serranías Puntanas que vincula a la provincia con sus pares limítrofes.
La búsqueda de Guadalupe cambió la fisonomía de la ciudad de San Luis, signada ahora con presencia policial permanente en las calles y allanamientos, tanto en el centro como en los barrios periféricos.
Guadalupe es tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. Cualquier dato, comunicarse al 0800-333-5500.
Fuente:Infonews
El Gobierno
confía en tener "para agosto o septiembre un 70% de la población adulta
vacunada"
El
funcionario se mostró expectante de que "se está saliendo de la segunda
ola" y confiado en que se llegará a la inmunidad de rebaño.
21 DE JUNIO, 2021
En el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus y ante la llegada de nuevas dosis, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, confió en que para septiembre esté el 70% de la población adulta vacunada y que para fin de año se pueda retomar "la normalidad".
En diálogo con FM Futurock, el funcionario aseguró: "Con más del 66% de la población vacunada vamos a estar muy cerca de la inmunidad de rebaño" y enfatizó: "No es descabellado pensar que para agosto o septiembre podamos tener un 70% de la población adulta vacunada".
Frente al avance de la inmunización y el anuncio de nuevas dosis para este año, el ministro se animó a afirmar: "Para fin de año podríamos vivir una vida casi normal".
En tanto, sobre la detección de la cepa Delta en Argentina, el ministro explicó que "la variante Delta es de las más contagiosas, pero no tiene más letalidad". Asimismo, arremetió contra las personas que ingresan al país desde el exterior y no cumplen con la cuarentena, a lo cual, reconfirmó que el Gobierno nacional iniciará demandas judiciales: "Se le va a hacer una denuncia penal a aquellos viajeros que no cumplan con la cuarentena al regresar al país. "No se puede ser tan irresponsable en un momento donde las nuevas variantes preocupan tanto", disparó.
"Estamos saliendo de la segunda ola. Para fin de año podríamos vivir una vida casi normal", manifestó Salvarezza, mientras que se refirió a las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri, quien minimizó los efectos de la pandemia de coronavirus. Al respecto, sentenció: "Macri y su gobierno nunca se ocuparon de cuidar al otro, así se manejaron durante toda la pandemia".
Se esperan más de 4.000.000 de dosis
El Plan de Vacunación suma este lunes casi dos millones más de vacunas: llegaron 1.139.000 dosis de Astrazeneca y por la tarde arriban 768.000 de Sinopharm
La Argentina recibió este lunes un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio Astrazeneca y la Universidad de Oxford. Sumando otras 768.000 dosis de Sinopharm que arribarán esta tarde, el país contará con 22.584.145 vacunas con el fin de dar continuidad al fuerte avance del Plan Estratégico que despliega el Gobierno nacional en todo el país para combatir el COVID-19.
“Es la campaña de vacunación más grande de nuestra historia que entre todos y todas venimos llevando adelante”, destacó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al presenciar el arribo del vuelo junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
Fuente:ElDestape
La CGT se muestra dispuesta a la reforma si dan lugar a sus reclamos
Sectores diversos acompañan la idea de un esquema si sirve para optimizar recursos pero piden más fondos y exigen sostener la autonomía del sistema sindical.
19/06/2021
Esta vez no hubo comunicado oficial. El Consejo Directivo de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) decidió mantener un cauto silencio luego de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la necesidad de avanzar en una reforma del sistema salud que integre las tres patas que lo componen.
El silencio institucional de la CGT contrastó con la declaración que la mesa de conducción publicó en enero, días después de que la misma Cristina Fernández hiciera, por primera vez, alusión a su intención de avanzar en un sistema “integrado” de salud.
En aquel momento la conducción de la CGT reivindicó el sistema de obras sociales sindicales que, interpretaba, se vería amenazado en caso de que se decidiera una centralización del sistema. El Instituto Patria había esbozado una propuesta que, para los jefes de la CGT, podría implicar el riesgo de que el Estado se hiciera de los fondos de las obras sociales para financiar el sistema público o, incluso, subsidiar al sistema privado.
Además, aprovecharon esa oportunidad para reivindicar “la solidez y nivel cobertura de uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo” a la vez que pusieron en la mesa “la necesidad de dotarlo de fondos suficientes para garantizar la salud de todos”.
El fantasma de aquel proyecto también estuvo presente en las negociaciones que, cara a cara, mantuvieron en Olivos con el presidente Alberto Fernández horas antes de que se definiera el nombre del nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Daniel López. La cita fue la oportunidad para que los dirigentes de la CGT presentaran lo que actualmente son sus dos reclamos centrales. Por un lado, avanzar en una norma que garantice la permanencia de los trabajadores durante al menos un año en la obra social de su actividad y, luego, que el Estado gire los fondos para la cobertura de prestaciones por transporte y educación. Una deuda que, estiman, llega a los $ 11 mil millones y cuyo reconocimiento comprometió el gobierno a través de la nueva conducción de la SSS.
Fue en ese contexto y con esas garantías que se dieron las declaraciones de la vicepresidenta que, además, resultaron más moderadas que en su primera presentación. Es por eso que los dirigentes cegetistas intentaron delimitar los alcances de las declaraciones de la expresidenta con relación a los lineamientos esbozados por el proyecto inicial que le atribuyen al entorno del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y que, temen, promueve un sistema de salud único y estatal que avance sobre los casi $ 400 mil millones anuales que perciben las obras sociales sindicales bajo la forma de aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales.
Andrés Rodríguez, secretario adjunto de las CGT y titular de Unión Personal Civil de la Nación, que gestiona una de las tres obras sociales sindicales más poderosas, señaló a Tiempo: “No nos vamos a negar a conversar o debatir cualquier temática. Nadie se va a oponer a un ordenamiento que optimice el sistema de salud, pero todavía no hay precisiones ni medidas anunciadas. Hay un documento conceptual con generalidades”.
Uno de los referentes del FreSiMoNa, espacio sindical opositor a la actual conducción, Omar Plaini, destacó que “el propio Moyano habló sobre el tema. Todo lo que sea centralizar para abaratar costos está muy bien. Si va en esa dirección… ¿cómo no vamos a querer?”. Es que para Plaini, “la ciencia avanza y todo se encarece cada vez más. Cuando perdemos poder adquisitivo de los salarios también perdemos los que tenemos que administrar las obras sociales. Se puede unificar para lograr prestaciones de alta complejidad, por ejemplo”.
A la hora de definir el límite de un posible acuerdo, Rodríguez señaló que, el sistema actual “puede sobrevivir y se pueden coordinar los tres sistemas con otro tipo de ordenamiento. Para cualquier medida que se tome en materia de salud debe intervenir el gobierno nacional y no nos han convocado para debatir”.
Para Plaini, “hay una direccionalidad para mejorar la prestación de los tres subsistemas, pero hacemos centro en que cada uno mantenga su independencia y su criterio”.
En esa línea, Rodríguez insistió en que “Daniel López (titular de la SSS) tampoco nos ha dado convocatoria ni precisión. Coincidimos en optimizar el sistema de salud pero queremos discutir con qué normativas y con qué elementos”. El punto de partida, para el titular de UPCN, debería ser “lo que venimos proponiendo al gobierno para optimizar el sistema de obras sociales con esta pandemia. Queremos que los trabajadores estén en la obra social como mínimo un año, que las discapacidades en materia de transporte y educación las asuma el Estado, que se financie el Fondo de redistribución y la creación de una agencia donde se puedan evaluar los amparos judiciales. Las venimos proponiendo ya hace tiempo”. «
Una caja de $ 400 mil millones
Las obras sociales sindicales se nutren de contribuciones patronales y aportes de los trabajadores equivalentes al 6% y el 3% del salario, respectivamente. En 2020, el sistema nacional de obras sociales percibió poco más de $ 375 mil millones distribuidos de manera heterogénea entre las más de 300 entidades existentes.
Es que, solo las cinco más importantes recaudan un 29,4% del total, entre las que se encuentran: OSDE, que atiende a los empleados fuera de convenio y recibe un gran número que hace uso de la desregulación y percibió casi $ 40 mil millones; Osecac, del poderoso gremio de Comercio de Armando Cavallieri ($ 30 mil millones); y UP de la Unión Personal Civil de la Nación, de Andrés Rodríguez, que recibió casi $ 15 mil millones.
Entre las obras sociales de los principales dirigentes de la CGT, se destaca en el séptimo lugar la de la Uatre, con casi $ 9 mil millones; la Uocra, octava con $ 7,5 mil. La de Sanidad de Héctor Daer, se ubica en décimo segundo lugar; metalúrgicos, en lugar 19 y Camioneros en el 21 con cerca de $ 4 mil millones. La de estacioneros de Carlos Acuña ocupa el puesto 112 con cerca de $ 500 millones en 2020.
Fuente:TiempoArgentino
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