La importancia del movimiento LGTBIQ+:
del orgullo a la acción política
Resumen Latinoamericano /Colombia Informa, 2 de julio de 2021
Hablar de democracia no siempre es fácil en aquellos contextos en los que muchas comunidades siguen estando excluidas de sus derechos fundamentales. Tampoco lo es cuando la configuración social ha estado marcada por una historia de conflictos, asimetrías y crisis. Mucho menos cuando reducimos el concepto a la acción electoral, casi siempre manida, desinformada y sin mucha consciencia, tal y como sucede en nuestro país.
*Por Heterotopías. Sin embargo, si hemos de admitir que la democracia, más allá de ser un sistema político, es también un encuentro de sentidos comunes, de exigencias y derechos humanos. Hemos de reconocerla entonces como un punto fundamental en la construcción de sociedades justas, cuyo progreso se mide en términos de inclusión social. Lo cual implica un reconocimiento real de los otros en sus diferencias, diversidades, sexualidades y expresiones de vida.
Es tal vez ahí, en la inclusión social, donde vemos lo fundamental para definir si estamos hablando o no de democracia. Porque si las minorías no hacen parte constitutiva de un Estado social de derecho, ¿cómo podríamos hablar entonces de sociedades democráticas? Cabe resaltar que la Constitución de 1991 hizo un gran avance respecto a los principios de inclusión al dictar en su artículo 13 que todos nacemos libres e iguales ante la ley, por tanto, tenemos derecho a recibir “la misma protección y trato de las autoridades”, además de gozar “de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
Y si bien la categoría de “otros” acoge a muchos, es importante dar a cada uno la identidad y la voz que por derecho les corresponde. En este sentido, detenernos en el movimiento LGTBIQ+ no solo es importante por el protagonismo que ha cobrado en los últimos años en el ámbito nacional, también porque es un actor colectivo que agrupa a múltiples organizaciones y expresiones que se apoyan en una causa común: el respeto a la vida y el reconocimiento de los derechos humanos, y cuya participación ha sido relevante en la movilización social de este 2021.
Breve historia de las luchas LGTBIQ+ en Colombia
Desde la fundación del primer “movimiento de liberación homosexual” en 1976 (liderado por León Zuleta) hasta nuestros días, se tienen registros de movilizaciones y luchas por la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, las cuales han sido encabezadas por personas sexo diversas. El mismo León Zuleta, por ejemplo, creó a finales de 1977 el periódico El Otro, una publicación con una marcada influencia de León Trotsky y Sigmund Freud que se transformó en uno de los primeros escenarios políticos de pensamiento crítico y militante por los derechos homosexuales en Colombia.
Asimismo, Manuel Antonio Velandia junto a Guillermo Cortés y Alejandro Barón fundaron a finales de 1980 la revista Ventana Gay como otro espacio de discusión sobre la diversidad sexual que se amplió incluso a congresos, foros y eventos académicos.
León Zuleta, Manuel Velandia, Ernesto Rodríguez y Guillermo Cortés se reunieron el 9 de abril de 1977 para crear el Grupo de Encuentro por la Liberación de los Guéis -GELG- al que se fueron uniendo diferentes activistas, en especial del ámbito de las artes. Aquí es importante resaltar que el grupo usaba la palabra “Guéis” no el anglicismo Gays, con la intención de hacer explícito su rechazo al imperialismo norteamericano. En este orden de ideas, también surgió en 1978 el Grupo de Estudios de la Cuestión Homosexual -Greco-, liderado por León Zuleta, Fernando Alvear y diversos estudiantes de la Universidad Nacional. El Greco fue el primer colectivo que le permitió el ingreso a las mujeres y fue pionero en crear lazos con grupos feministas.
Pero fue solo hasta 1994 (cuando la International Gay and Lesbian Human Rights Commission -Comisión Internacional Gay y Lesbiana de Derechos Humanos, IGLHRC por sus siglas en inglés- le otorgó el premio Felipa de Souza al activista colombiano Juan Pablo Ordóñez por su investigación sobre los homicidios de homosexuales en Bogotá) que surgió concretamente el Movimiento LGBT en Colombia.
Fue Juan Pablo Ordóñez quien convocó, a propósito de los 25 años de Stonewall, la primera reunión ampliada de activistas y personas LGTB del país, con la firme intención de articular vocerías, crear agendas comunes y tramitar la personería jurídica. Pero, aunque la propuesta fue bien recibida y contó con una notable participación, el proyecto de una asociación nacional LGTB no pudo llevarse a cabo por muchas razones.
Es importante mencionar que en la actualidad la ONG Colombia Diversa, fundada en 2004 como una respuesta a los continuos fracasos de los proyectos de ley impulsados por la población LGTBIQ+, abandera las acciones del movimiento, en alianza con otras organizaciones feministas, étnicas y de DD.HH.
Una resistencia política que requiere afianzar otros vínculos
Aunque contamos con una historia de iniciativas y movimientos, en Colombia no hay todavía antecedentes conocidos y nombrados (como en otros países) en los que la población LGBTIQ+ haya tomado parte en manifestaciones sociales que no defienden precisamente derechos relacionados con su identidad sexual o de género. Ejemplo de esto fue la alianza entre personas sexo diversas y mineros contra el Gobierno de Margaret Thatcher, en Reino Unido, durante las huelgas de 1984. Esto no indica, por supuesto, que no existan personas LGBTIQ+ dentro de las movilizaciones nacionales, sino que, hasta hace poco, no había existido una representación visible y fuerte en articulación con una movilización social ampliada.
En la última década solo hay un caso documentado en el que la población LGBTIQ+ se ha integrado y visibilizado dentro de un movimiento social diferente al propio: la construcción del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, dado que ha sido una de las poblaciones más afectada dentro del conflicto armado. Asimismo, la población LGBTIQ+ se ha unido a las exigencias de los movimientos feministas a los gobiernos locales y nacional, con el fin de crear políticas públicas que garanticen el reconocimiento de los derechos de las diferentes poblaciones.
Del Paro Nacional al Día del Orgullo
Colombia ha encendido el fuego de la protesta desde hace más de dos meses, el combustible es la indignación de un pueblo que todos los días lucha por sobrevivir a una realidad injusta, que continuamente absorbe la libertad de expresión de aquellos que guardan la esperanza de encontrar un futuro mejor para el país. Los colombianos han unido sus voces en una sola y en ella las personas LGBTIQ+ han ganado un notorio protagonismo porque, a través de diferentes actividades artísticas, jurídicas y performáticas, han visibilizado su movimiento y han evidenciado la violencia sistemática que reciben del Estado.
Colombia es un país de democracias rotas en el que muchas voces son silenciadas por una marcada desigualdad social. Pero desde hace dos meses la movilización suma fuerzas individuales y colectivas en todo el territorio nacional para construir acuerdos sobre lo fundamental: la vida digna.
Y en esa construcción el Comité del Paro, que no representa a la totalidad de los manifestantes pero que es una instancia de participación importante, entabló una mesa de diálogo con el Gobierno en la cual la población LGBTIQ+ tuvo una importante participación. Un logro que tiene sus antecedentes en junio del 2020, en la creación del Pliego de Emergencia. Además, según Andrés Garay, representante LGBTIQ+ en el Comité, la coordinación del diálogo comprendió que la población LGBTIQ+ es un sector organizado con demandas propias y por eso se le permitió su participación, mediante el planteamiento de peticiones individuales y colectivas para el fortalecimiento de su papel político como movimiento.
De acuerdo con Garay, aunque la población LGBTIQ+ ha participado abiertamente de la movilización social, ha sido complejo posicionar sus demandas específicas dentro del diálogo nacional. Sin embargo, en el Pliego de Emergencia logró incluir la solicitud de implementación de mecanismos para eliminar la discriminación y toda violencia basada en género.
Y aunque el diálogo entre el Gobierno y el Comité de Paro quedó suspendido, la población LGBTIQ+ es enfática en continuar exigiendo la implementación de una política pública contra la violencia y la discriminación, “que el Ministerio del Interior no la tenga más allí engavetada como hasta ahora”, comentó Garay. Asimismo, las personas LGBTIQ+ demandan al Estado la renta básica universal, garantías al acceso a la salud y el tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH- como política de salud pública; la implementación del Acuerdo de Paz; el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y una reforma a la Policía, “pues hemos sido vulneradas por esta institución desde diferentes espacios propios y colectivos”.
Para escuchar a la comunidad que se encuentra en las calles, el movimiento LGBTIQ+ ha realizado reuniones desde la Plataforma LGBTI por la PAZ (organización vocera en el Comité) ya que cuentan con la participación de más de 250 organizaciones sociales, de base comunitaria y activistas independientes pertenecientes a estos sectores; lo cual evidencia un viraje del movimiento, de lo particular a lo general, sin olvidar las reivindicaciones propias que, por democracia, les pertenecen.
*Heterotopías es el semillero de investigación de género, memoria y paz; del Grupo de Investigación en Filosofía, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sede Medellín.
Escuadrón móvil de vándalos para
continuar la guerra
Por Alfonso Castillo Garzón / Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
| De esta manera y a falta de una guerrilla que enfrentar, es muy conveniente tener un potente enemigo, que justifiquen mantener el gasto militar y el discurso de seguridad, necesaria para enfrentar el miedo qué significan “los vándalos acabando con todo en su paso”. Lo cual constituye el mismo discurso usado en el país durante más de 50 años contra las guerrillas, sólo que ahora se trata de los grandes centros urbanos. |
Tras completar 60 días de movilizaciones en Colombia en rechazo a las políticas económicas y sociales que golpean duramente la condición socio-económica de la mayoría de habitantes del país, que día tras día se ve en arrastrados a mayores condiciones de pobreza y miseria, que, de acuerdo las cifras del propio Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, el año pasado 42,5% de la población estuvo en condición de pobreza, se trata de cerca de 22 millones de colombianas y colombianos que tiene que sobrevivir con menos de $ 330.000 pesos mensuales, a esto se suma la grave situación del desempleo, para el mes de abril de 2021, la tasa de desempleo fue 15,1%, según la misma entidad, a esta realidad es necesario sumar la creciente inconformidad de la población colombiana por las altas sumas de dinero que se pierden por cuenta de la corrupción/impunidad y las graves cifras de violación a los derecho humanos, que se traducen en asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, mientras el gobierno de Iván Duque no logra dar explicación a los nexos de su campaña y algunos de los miembros de su gabinete con narcotraficantes.
De esta manera a partir del 28 de abril/21, tras la convocatoria al paro nacional por parte de un amplio número de organizaciones sociales, populares, sindicales y políticas, millones de personas especialmente jóvenes, han salido a las calles de manera sistemática en distintas ciudades de Colombia y del mundo, así como, en muchos territorios rurales de Colombia durante más de 60 días, mostrando que el “miedo no es eterno” y que la dignidad de un pueblo está por encima del autoritarismo de un gobierno desprestigiado e ilegitimo. Este levantamiento ciudadano, auténtico escenario de la revuelta popular, ha estado “liderado” por miles de jóvenes que ante su cruda realidad de falta de oportunidades de educación, empleo y recreación, salieron con determinación a enfrentar al gobierno y la ausencia de políticas que favorezcan a las mayorías del país, a las que se sumaron miles de voces de mujeres, artistas, LGBTI, trabajadores, campesinos, transportadores indígenas, comunidades afrodescendientes, entre muchas otras que exigían un cambio de rumbo para el país.
A esta histórica manifestación, sin duda, el mayor ejercicio de resistencia y dignidad del pueblo colombiano en más de 200 años de vida republicana disfrazada de democracia, el gobierno de Iván Duque, ha respondido con una descomunal y sofisticada acción militar en cabeza de la Policía Nacional, que ha dado muestras de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza, incluyendo un escenario de brutalidad policial que ha configurado un cuadro criminal, qué ha pretendido mostrarse en los medios de comunicación como la defensa a las instituciones, el orden público, las leyes, la Constitución y la democracia.
Para esta labor de la fuerza pública y el objetivo de “recuperar el orden ciudadano”, cueste lo que cueste, a través de las redes sociales hemos visto el desarrollo de varias estrategias usadas por la fuerza pública, que sin duda, son la más evidente demostración que la guerra que por años ha padecido el pueblo colombiano en el campo y ahora se ha trasladado a las grandes ciudades, la diferencia ahora, es que aquella guerra se dio en muchas ocasiones de manera silenciosa, sin embargo, ahora ella pudo ser vista en vivo y en directo, así, miles de personas a través de las redes sociales y de la prensa internacional fueron testigos, de cómo las calles de las ciudades, en las barriadas populares, se convirtieron en auténticos campos de batalla donde se usaron todo tipo de armas y se disparaba indiscriminadamente contra ciudadanos de civil, que sólo ejercían su derecho constitucional a la protesta.
Entre esas prácticas, muchas de las cuales traspasan los límites y mandato para la fuerza pública convirtiéndose en prácticas criminales se encuentran las siguientes:
Abuso de autoridad y uso desproporcionado de las armas no letales y letales, que finalmente costaron la vida de decenas de personas, a través de las noticias, incluso de los medios masivos de comunicación y especialmente de las redes sociales, se ha evidenciado como la fuerza pública respondió de manera desmedida contra manifestantes utilizando armas de fuego y artefactos (Vennom) qué usados inadecuadamente, causaron graves daños a la integridad y eventualmente la muerte de manifestantes e incluso de habitantes de los sectores donde estas armas fueron usadas, afectando a niños y población adulta, en la contención de la protesta se han usado motos y tanquetas para agredir a los manifestantes, así, la alcaldesa de Bogotá Claudia López traté de decir que se trataron de accidentes de tránsito, claramente esto es brutalidad policial y punto.
Pero la estrategia más sofisticada puede ser los “denominados vándalos” con esa denominación las elites corruptas colombianas, actualizaron la terminología para satanizar la lucha popular. En el pasado se valieron de expresiones cómo bandoleros, guerrilleros, comunistas, y más recientemente terrorista, amenaza castrochavista, entre otras, esta terminología ampliamente divulgada en los medios masivos de desinformación, las élites buscan descalificar la lucha, llenándolas de contenido negativo y perjudiciales a los intereses populares. Sin embargo, estas expresiones, contrario a lo que pretenden las elites, en muchos casos representan la dignidad de la lucha popular y provocan temor en las élites gobernantes y corruptas, que, mediante tales manifestaciones de lucha, ven amenazados o en riesgo de perder sus históricos privilegios.
Con esta estrategia los gobernantes buscan que la ciudadanía asocie los eventuales daños a la infraestructura o afectaciones a la movilidad que en algún momento y de manera minoritaria, pueden generar las gigantescas movilizaciones de la ciudadanía exigiendo derechos, con los hechos aislados y marginales que, algunas personas realizar casi siempre al finalizar las movilizaciones, que son ampliamente difundidas por la gran prensa de acuerdo a los intereses de los gobernantes. En lo fundamental el uso sistemático de estas expresiones, tiene como propósito, fortalecer la sensación de miedo de los habitantes y se hace para justificar el uso de la violencia y el gigantesco gasto militar requerido para enfrentar y sofocar esta “amenaza” que los mismos gobernantes corruptos han edificado.
De esta manera y a falta de una guerrilla que enfrentar, es muy conveniente tener un potente enemigo, que justifiquen mantener el gasto militar y el discurso de seguridad, necesaria para enfrentar el miedo qué significan “los vándalos acabando con todo en su paso”. Lo cual constituye el mismo discurso usado en el país durante más de 50 años contra las guerrillas, sólo que ahora se trata de los grandes centros urbanos. Incluso, voceros del gobierno nacional e incluso la alcaldesa de Bogotá Claudia López, se ubican como “víctimas”, cómo lo ha hecho recientemente y a la hora de presentar un informe sobre violaciones a los Derechos humanos, se refirió ampliamente a los daños a la infraestructura a la movilidad, al transporte, al comercio y a las instituciones financieras e incluso, algunas instituciones gubernamentales, así como afectaciones a elementos asociados directamente con la fuerza pública. Todo esto sin tener en cuenta las afectaciones a la vida, a la integridad y el derecho constitucional y humano a la protesta.
Detrás de este discurso también se puede establecer, que está el interés de quienes promueven este tipo de estigmatizaciones, señalamientos y exageraciones sobre el impacto de las movilizaciones sobre la ciudadanía, para luego aparecer como “salvadores y protectores” del bien ciudadano, de los cuales no se puede prescindir, de alguna manera, con esta práctica pretenden limpiar la imagen que la ciudadanía tiene de la fuerza pública y especialmente de la policía en los centros urbanos, a los cuales la ciudadanía los asocia con prácticas delincuenciales, abuso de autoridad y en todo caso ineficacia a la hora de proteger los derechos de la ciudadanía.
Dicho esto, se hace necesario establecer un escenario de análisis de lo que significa y hay detrás de todas estas manifestaciones de indignación, resistencia y enfrentamiento directo a la fuerza pública en distintos lugares del país en el que los jóvenes son los principales protagonistas.
Llama un poco la atención cómo los medios masivos de desinformación han manejado y registrado todos los hechos que se dan detrás de las manifestaciones a las que posteriormente irrumpen los “mal denominados vándalos”, pareciera que los vándalos son parte de una estrategia de guerra urbana detrás de la cual se puede ocultar cualquier cosa: Desde jóvenes indignados que sin perspectiva social y económica viable salen enfrentar decididamente a las autoridades, incluso jóvenes que solo les interesa, “romperse con la Tomba”, barras bravas, pero también personas vinculadas a toda tipo de acción delincuencial que tiene desde el enfrentamiento y la barricada la posibilidad seguramente de distraer la acción policial, o configurar un nuevo realinderamiento de fronteras criminales, pero también desde el cual, seguramente están haciendo ejercicios de visibilización, igualmente pueden estar presentes oficinas de cobro, redes de microtráfico, bandas de ladrones y sin duda grupos paramilitares urbanos que desde hace mucho tiempo están instalados en el territorio de Bogotá, así como, grupos identificados con guerrillas o disidencias de ellas, y también ciudadanos extranjeros.
En fin de cuentas, un escenario complejo, Que requiere un escenario y análisis más detallado y riguroso. En todo caso señalar qué los puntos de resistencia en las ciudades donde ellos se han establecido muestran claramente restablecimiento de una estrategia de guerra urbana en donde también pareciera tienen un accionar grupos “especializados” tal vez pertenecientes a alguna institución que actúan como escuadrón móvil para armar disturbios, que claramente encajan en una estrategia de deslegitimar la protesta social con métodos y prácticas claramente orientados a sembrar terror en acciones casi siempre en horas de la noche o en condiciones de clandestinidad, para luego justificar el accionar de las fuerza pública que con toda brutalidad proceden a detener a las personas que de manera organizada participan de la protesta o que durante el día han ejercido acciones de liderazgo y organización de esos puntos de resistencia
En todo caso este tema de los “vándalos” genera muchas inquietudes, máxime si se considera las denuncias a través de redes sociales, que algunas de estas personas actúan al amparo de la policía, transportados en camiones sin placas o cómo se ha demostrado saliendo de instalaciones policiales, e incluso cambiándose las ropas cerca de donde se encuentran dispositivos policiales.
A todas estas, esta estrategia de guerra urbana que pasa por el desprestigio y estigmatización del derecho constitucional a la protesta, debe ser parte de las reflexiones del movimiento popular y alternativo, por cuanto en la perspectiva política del país van a aumentar las causas que motivan la protesta y rechazo, a lo que de seguro será el aumento a la violencia socio-económica por parte de este gobierno que está estrechamente ligado con imponer su paquete neoliberal, la prolongación de la guerra y el fortalecimiento de los privilegio a las elites económicas y políticas del país. Mientras que desde el pueblo hay que fortalecer la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de paz, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de las reformas sociales y económicas que alivien en algo la grave situación de pobreza, desempleo, incluidas la reforma participativa a la salud y la educación y vivienda.
Denuncian récord de ataques policiales
a la prensa durante la protesta social
Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
En los meses de Paro Nacional se han producido cerca de 300 ataques, heridas, amenazas y detenciones contra periodistas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de Colombia, denunció que 299 periodistas fueron víctimas de agresiones durante los dos meses de intensas protestas sociales en el país en el marco del Paro Nacional, de las cuales se han podido documentar unas 260 hasta el momento.
En un reporte difundido esta semana, la FLIP denuncia que los ataques contra la prensa «lejos de encontrar un freno institucional, ha sido normalizado por las principales autoridades», lo cual es «un grave síntoma de un Estado que descuida los pilares de la democracia», valoran.
Durante estos dos meses, las casi 300 víctimas de agresiones contra la prensa se concentran en los lugares donde han estado los principales puntos de resistencia de la protesta, como Bogotá (73), Valle del Cauca (45), Antioquia (36) y Cauca (18).
De acuerdo con la organización gremial, casi tres de cada cinco agresores serían integrantes de la fuerza pública, con lo cual vendrían a «incumplir de esta manera su deber de protección y de garantes con el trabajo a periodistas y convirtiéndose en una fuerza censora», dice la denuncia.
La FLIP reclama que los cuerpos de seguridad que actúan en el contexto de manifestaciones y protestas «deben tener especialmente presente que los periodistas […] cumplen la función de recabar y difundir información de lo que sucede en las manifestaciones y protestas, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad».
La organización observa, de igual manera, «indicios claros de impunidad por la falta de diligencia investigativa» y ejemplifica que «las investigaciones penales de dos casos de agresiones de fuerza pública a la prensa, plenamente documentadas y de conocimiento público, fueron archivadas».
En este sentido, la entidad piden a los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, donde se han presentado el mayor número de ataques, «que revisen el diseño de los operativos policiales para que se adopten medidas idóneas y efectivas de prevención de violencia contra la prensa».
Los ataques a la prensa no han sido los únicos denunciados en Colombia en los últimos meses, pues las organizaciones Indepaz y Temblores reportan casi 3.500 agresiones, de ellas 44 asesinatos.
Desde los puntos de resistencia de Cali, el canto de Camilo Corredor: «No hay paso»
Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
La violencia policial y el terrorismo de estado se han enfocado en Cali con especial brutalidad. En medio de la peor crisis de violación a los #DerechosHumanos en el país en contextos de protesta popular, surge la música y el arte para entender, sanar y continuar en este momento crucial.Abran paso a la, toda poderosa música.
Desde las barricadas, las periferias, desde las calles y los barrios, se entonan ritmos libres y rebeldes. 
Música Camilo Corredor
Cali: Velatón en Puerto Resistencia
por quienes dieron su vida y su libertad
durante el paro nacional
El viejo topo saca su hocico
Por Alberto Pinzón Sánchez | Resumen Latinoamericano, 2 de julio de 2021.
foto: William Burns, director de la CIA
Después de dos meses del estallido social que empieza a entrar en reposo, es evidente que su magnitud y masividad han sido la mejor encuesta que pueda tener cualquier sociedad. Dicho en términos médicos; la convulsión ha cedido pero la enfermedad epiléptica sigue ahí, y lo peor, con tendencia al agravamiento. Así lo muestran los innumerables y perturbadores hechos sociales ocurridos en los últimos meses: Colombia ha entrado en un nuevo ciclo histórico, determinado por la nueva-vieja táctica de violencia política y demagogia esperanzadora, usada históricamente por las clases dominantes (actualmente caracterizado como bloque de poder contrainsurgente BPCi) con la que ha resuelto espasmos sociales y convulsiones periódicas similares, que por la disgregación y división (también histórica) de las clases subalternas, les ha permitido sortear eficientemente y con total impunidad .
Sin embargo, esta convulsión ha sacado a flote algo que las otras no lo habían logrado hacer: El agotamiento del proyecto histórico oligárquico-imperial que en el periodo histórico actual de crisis civilizatoria general y pérdida gradual de la hegemonía estadounidense ha entrado en una fase definitiva y de resolución. Quizás no inmediata, sino en un proceso un poco más largo y complejo, que un miembro ponderado de la “intelligentzia” oficial, el exrector de la Universidad Nacional y vocero del empresariado israelita en el país que se expresa regularmente en el periódico semi oficial El Tiempo, Moisés Wasserman, ha dibujado en su última columna 24 junio 2021 con esta impactante frase: “nos acercamos al límite de la viabilidad como nación”. (ver https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/moises-wasserman/columna-de-moises-wasserman-sobre-la-situacion-en-el-pais-598573)
Pero dicha estrategia violenta y demagógica no se da en el vacío. Debe ser aquí y ahora, es decir específica y adecuada a la realidad y al momento actual, y para ello ha echado mano de tres gruesas tácticas:
1– Convencer a la sociedad colombiana movilizada que la legitimidad y legalidad del poder perdidas en el estallido social se volverán a recuperar mediante el remedo de unas “elecciones seguras y creíbles” en el próximo año en las que nadie cree, aunque sea con algún personaje “de oposición”. (¡Ay! de los ejemplos electorales aún recientes del Ecuador, Perú y Bolivia, con sus correspondientes quintacolumnas implementadas por la OEA y Agencia Central de Inteligencia para dinamitarlas por dentro). De aquí la proliferación ante la población totalmente descreída, de uniones electorales y coaliciones “esperanzadoras, decentes y humanas” entre varios personajes desacreditados totalmente por su corrupción, clientelismo, perfidia, o por su “camaleonismo”, hábilmente presentados como salvadores de Colombia por la falsimedia adicta al régimen. Y las riñas electoreras del señor Alcalde de Bogotá con los extremos-idénticos-del descrédito: con el sensible y tierno exguerrillero Lozada y con el magnánimo matarife Uribe Vélez para posicionar su “creíble centro”.
2– Convencer a la sociedad colombiana movilizada de que no hay problemas estructurales en la sociedad por resolver (de que no hay una complicada enfermedad epiléptica de fondo que produjo la convulsión) sino que como lo dice el jerarca jurisconsulto del falangismo en Colombia, el héroe de invercolsa, eminentísimo señor Fernando Londoño Hoyos (vulgarmente Londoyos), en su trinchera escrita de Las dos orillas, 28 de junio 21, “estamos nadando en coca”.
Leamos la simpleza de su pensamiento unicausal: …” Para que no se desgaste tanto el aparato investigativo del Estado, que nunca dirá lo que pasó, le economizamos el trabajo y las recompensas. Al Presidente lo quiso matar el narcotráfico. ¿Estamos?
También fue el narcotráfico el que puso la bomba en la Escuela de cadetes General Santander y las tres que estallaron en la Brigada de Cúcuta; el que ha humillado al Ejército cuantas veces ha querido, obligándolo a salir, como perro regañado, de los centros de producción de cocaína del Cauca y del Caquetá; el que mantuvo cerrada la Carretera Panamericana durante meses; el que hace poco atacó una base militar de la que salieron en fuga vergonzosa los que cuidaban las instalaciones petroleras adyacentes; el que quema camiones, cuando le da la gana, en la carretera que lleva de Medellín al mar; el que paralizó, semanas enteras, el Puerto de Buenaventura y las exportaciones colombianas y las importaciones esenciales para el país; el que montó las barricadas que dejaron sin comida millares de personas en Cali, Popayán y Pasto; el que ha duplicado este año las cifras dramáticas de desplazamientos campesinos; el que ha vuelto pedazos a Bogotá y ha reducido al fuego los medios de transporte masivo de la capital y de Cali; el que ha montado retenes en todas las carreteras, sin que pueda hacerse nada para eludirlos sin el pago repugnante de la cuota fijada para esa extorsión; el que desde las llamadas ollas del micro tráfico produce los más altos niveles de inseguridad ciudadana que nunca se conocieron.
No es fácil entender, conociéndose como se conoce el enemigo, por qué no se lo ataca. Por qué se mantienen maniatada la Policía y maniatado el Ejército para que cumplan de verdad y a fondo su tarea. Por qué no despegan los aviones con el glifosato para erradicar sus cultivos. Por qué no se extraditan esos bandidos. Por qué se insiste en la parodia de mantener en el Congreso a los criminales a los que Santos entregó el país. En suma, por qué no se hace nada contra el enemigo que por muy poco no asesinó al Presidente y a sus Ministros.
La noticia del atentado llegó de la mano de otra, que el Gobierno ha querido en vano opacar. Los cultivos ilícitos están disparados. El área sembrada de coca voló a la cifra astronómica de doscientas cuarenta mil hectáreas, de las que producen tres veces más cocaína que hace quince o veinte años. Hablando literalmente, sin aspavientos retóricos, estamos nadando en coca. Poner en entredicho esa cifra escandalosa porque contrasta con la de las Naciones Unidas en la llamada SIMCI, es una simple tontería. El dato de la Secretaría de Estado es producto de mediciones tomadas con satélites y no tiene contradicción posible. Este paro, de más de año y medio, no ha servido más que para multiplicar las siembras de coca y la producción de la mil veces maldita cocaína” …. https://www.las2orillas.co/matar-al-presidente/
3– Y precisamente, relacionado con los hechos complejos que relata el señor Londoyos que él atribuye a una causa única, es por lo que se pone en marcha una vez más o se reactivan, las maniobras militares conjuntas colombo gringas, en el “avispero” (como lo llaman varios analistas) en que se ha convertido la frontera colombo-venezolana, donde se ha condensado la contradicción regional geopolítica.
Y es por esto que se pasa desapercibida por la falsimedia adicta al régimen colombiano la extraña visita del jefe militar del Comando Sur del US Army, Almirante Craig Faller, día 21 de Junio/ 21 a Puerto Carreño, lugar estratégico donde confluye el río Arauca en el Orinoco y que marca la “disputada” frontera entre Colombia y Venezuela; ocurrida cinco días después del autoatentado-bomba en una base militar colombiana en Cúcuta donde se reveló que había dentro otra mini base del US Army operando para toda la frontera. (https://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/15342-fanb-denuncia-presencia-de-jefe-del-comando-sur-de-eeuu-en-puerto-carreno
También es por esto, que hoy se evita profundizar en el objetivo de la visita a Colombia (este 1 de julio/ 21) del “más alto funcionario de la inteligencia de Estados Unidos” (CIA), William Burns, para participar en una misión “delicada” en materia de seguridad y contrainsurgencia. (Ver https://twitter.com/i/status/1409708032146120709, según lo somera información dada por el (todavía) renunciado embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, quien evitó dar mayores detalles. (Ver https://ecuadortoday.media/2021/06/30/director-de-la-cia-llega-a-colombia-para-dirigir-mision-delicada-de-seguridad/
Finalmente el viejo topo de la historia ha sacado su pequeño hocico en Colombia, mostrándonos que la lucha de clases sigue existiendo a pesar de todas las neblinas y ocultamientos mediáticos se hagan para desvirtuarla. Que la necesidad histórica tarde o temprano encuentra su camino. Esta vez mediante la férrea voluntad humana aflorada en gran movilización social y popular que hemos presenciado durante estos dos meses en Colombia; la que se puso en marcha y se hizo posible ¡ojo! una vez más esta misma necesidad histórica puso en la dirección del secretariado de las antiguas Farc EP a quienes habrían de liquidarla, liberando a las masas populares y al potencial popular acumulado por tantos años de lucha, del resabio de su traición y abandono a los supremos ideales de la transformación social verdadera, a cambio de inmensas sumas de dinero, menores de edad en tanga y unas cuantas curules de parlamentarios en el establo de Augías.
fuente: Rebelión
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario