«No hay un conflicto tan grande hoy en la Argentina como para que no se haga visible»
Carlos Rosales, empresario dueño de la empresa Garbarino, es quien tiene la responsabilidad principal de que más de 4 mil familias no queden en la calle. Trabajadores y trabadoras autoconvocades estuvieron este martes en Plaza de Mayo para reclamar por sus sueldos y aguinaldos adeudados hace tres meses. No hay respuestas de ninguna parte, ni patronal ni sindical. El sindicato de Camioneros y de Comercio, de Moyano y Cavallieri respectivamente, no respaldan este reclamo, piden paciencia y aducen no poder hacer nada. Por ANCAP.
En diálogo con un trabajador de Garbarino quien optó por no dar su nombre, con 20 años en la empresa, y con la bronca de no poder saber como será su futuro, señaló: “El nuevo dueño vino de la mano de Cavallieri porque no quería que compre Covelia (propiedad vinculada a Hugo Moyano) para que Camioneros no les quite representatividad de los trabajadores”. Sobre la situación que vive en la empresa explicó “Hay 4000 familias que están en el medio y no les dan bola, la olla hay que llenarla todos los días, es un desgaste psicológico terrible, no hay un conflicto tan grande hoy en la Argentina como para que no se haga visible, hace 15 días que Garbarino no vende ni por la Web” y sentenció “La semana pasada Rosales rechazó una oferta donde le querían comprar la empresa”. La oferta fue del empresario Facundo Prado, dueño de telecomunicaciones Supercanal Arlink.
Ayer en Plaza de Mayo la movilización fue masiva y muchos medios levantaron la noticia, desde los medios comerciales tiene esta empresa un cerco mediático que comenzó a caer. Carlos Rosales no sólo es el dueño de Garbarino, entre sus bienes figura un hotel en Misiones y el restaurante Schiaffino Bistró, en la Recoleta; además de presidir el Grupo Prof; también compró Radio Continental y forma parte de la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro la cual es presidida por Matías Lammens, Ministro de Turismo de la Nación, quien debería estar enterado de lo que ocurre y poder ser un mediador para la salida de este conflicto laboral.
Un empresario que según el medio que lo aborda puede leerse la historia de un joven repartidor de pizzas que se convirtió en un exitoso dueño de una de las cadenas de electrodomésticos mas importante de la Argentina, que incluye además a Compumundo, Digital Fueguina, Tecnosur, Garbarino Viajes y Fiden. En una entrevista al diario Perfil, Rosales destacó “En Argentina, ese escenario que puede parecer desalentador, se puede convertir en una oportunidad única en la medida que logremos adoptar las tecnologías necesarias y aprovechar el capital humano con el que contamos”. Está claro que Rosales dice mucho y hace nada.
La deuda con les trabajadores acumula el bono firmado de navidad, y tres meses de sueldo más los aguinaldos. Esta última semana les trabajadores de la sucursal de Lanús decidieron tomar el lugar en reclamo de la ausencia de respuestas ante la falta de pagos. Las sucursales de zona oeste hoy están sin operar al público. La empresa al día de hoy no realiza los aportes jubilatorios ni los de la obra social. Las sucursales que figuran cerradas a causa de este conflicto son las cuatro de Rosario, Mar del Plata, Merlo, Río Cuarto, Río Gallegos y las provincias de Chubut y Salta.
Las respuestas aún no son claras, la plata no aparece y el responsable se esconde, mientras tanto hay 4 mil familias en vilo que no pueden dormir tranquilas porque no saben que puede ocurrir con sus puestos de trabajo.
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Aumento del Salario Mínimo: “Se están cumpliendo los acuerdos que hicimos en mayo»
Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE y Adjunto de la CTA Autónoma, destacó el anuncio del Gobierno sobre el adelantamiento de los aumentos del SMVM. Además, se refirió a la importancia de fortalecer el Frente de Todos: “La unidad popular es un bien estratégico para salir de este momento crítico”.
Canal Abierto Radio | El Gobierno Nacional formalizó el adelanto del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, así como las revisiones que serán a partir del 18 de agosto, por lo que el haber será de $27.216 a partir del 1 de julio; de $28.080 desde el 1 de agosto y $29.160 a partir del 1 de septiembre. Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de ATE Nacional y Adjunto de la CTA Autónoma expresó que tanto a estatales como a trabajadores del sector público y privado “les va a permitir recuperar capacidad adquisitiva”.
La CTA-A fue convocada a participar del Consejo del SMVM, en donde remarcaron la necesidad de achicar la cantidad de cuotas en las que estaban previstos los aumentos. Por lo tanto, sostuvo Godoy, “esto es muy importante porque se cumple el acuerdo principal del mes de mayo cuando establecimos como piso el 35%, y el compromiso de que este año el salario supere a la inflación”. También significa una mejora en los programas Potenciar Trabajo y en las jubilaciones que dependen de ese índice.
“Lo que va aumentar de ahora en más va a ser el piso de la discusión que tengamos en el mes de agosto, por lo tanto estamos satisfechos de que esta paritaria esté permanentemente abierta para garantizar los compromisos de la discusión que tuvimos en mayo”, añadió.
La Central con Alberto Fernández
El martes pasado el Presidente recibió a dirigentes de Unidad Popular y de la CTA Autónoma en la Casa Rosada. Para Godoy “fue una reunión muy rica, de análisis de la situación y de la necesidad de que el Frente de Todos se fortalezca internamente, se institucionalice y se democratice, y que fortalezcamos la unidad para garantizar el triunfo en las próximas elecciones”.
“Es importante porque además de la pandemia de las políticas del macrismo que han multiplicado el hambre, la pobreza, y la desindustrialización del país, después tuvimos la pandemia sanitaria del COVID-19, limitando mucho las capacidades del gobierno. Y sin embargo se están dando respuestas. Las nuevas medidas de carácter económico y social se están materializando con anuncios concretos”, destacó.
Panorama regional
Godoy y Ricardo Peidro, secretario General de la CTA-A, dialogaron con el embajador cubano Pedro Pablo Prada Quintero. Allí concluyeron que el triunfo del FDT en 2019 “ayudó a poder respaldar lo que inmediatamente después fue el triunfo del pueblo boliviano frente al golpe de Estado; la solidaridad de las organizaciones populares respaldando la lucha del pueblo chileno, del pueblo colombiano, y lo que fue la primera visita del presidente Alberto Fernández a Lula en Brasil”.
“Es que la unidad del FDT para fortalecer la capacidad del gobierno no solamente importa en función del pueblo argentino sino en función de la realidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños”, sintetizó el dirigente estatal.
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“Vienen por el derecho a huelga y los Convenios Colectivos”
Las declaraciones de Facundo Moyano sobre cambios en las políticas de indemnizaciones despertaron alarmas. Ricardo Peidro, titular de la CTA Autónoma, comentó que preocupa que los anuncios vengan desde un representante sindical “porque eso amplía las voces de las patronales”.
Canal Abierto Radio | Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma manifestó su rechazo frente a los anuncios sobre un cambio en los convenios colectivos laborales, aunque todavía no haya un proyecto formal y solo se haya enterado por lo que se dice en los medios de comunicación. “No estamos de acuerdo porque se habla de que tiene que haber un aporte de los trabajadores y las trabajadoras para este fondo de indemnización”, remarcó.
Además, dijo: “Son los mismos que promueven estos discursos. Si hay una crisis y dicen que no hay trabajo formal, los trabajadores tenemos que ceder derechos para flexibilizar las condiciones de trabajo, y renunciar a los derechos históricos. Si hay inflación o hiperinflación, nos dicen que tenemos que congelar el salario”.
También sostuvo que quienes instalan estos discursos son los mismos que presionan para que se termine el decreto de prohibición de despidos implementado durante la pandemia, y que protestan cuando deben pagar indemnizaciones dobles si lo hacen. Peidro aseguró que pretenden siempre que el Estado o los y las trabajadoras aporten, y se preguntó: “¿Cuándo van a aportar estos muchachos? ¿Cuándo van a hacer que aporten? Porque no se les puede cobrar impuesto, se niegan a los derechos laborales, se niegan a aumentar los salarios”.
Desde la Central apoyan a todas las medidas que promocionen al sector productivo, ya sea créditos, ayudas económicas, siempre y cuando se apunte a la mejora de las condiciones de trabajo, los salarios y las indemnizaciones. Sin embargo, la experiencia en el país muestra en muchos casos empresas que quiebran, cierran y se van, y dejan a sus trabajadores sin trabajo y sin la indemnización.
“Si quieren hacer un fondo que lo hagan, pero con el fondo de los propios empresarios. Que vayan acumulando para que en caso de que quiebren haya un concurso. Primero plantear que hay una indemnización que se va a pagar por mes donde la mayor carga está en los trabajadores y por la carga del Estado. Esto es una cosa insólita. Es como decirle a un trabajador que haga un fondo para comprar la guillotina con la cual lo van a ejecutar y enviarlo a la muerte social”, expresó.
Asimismo, sostuvo: “Tenemos que ponernos firmes, porque las patronales vienen por el derecho a huelga y los convenios colectivos. En las últimas reuniones de la OIT, las patronales a nivel internacional ya vienen planteando arremeter contra estos derechos, y dicen que el trabajador tiene la libertad de elegir si quiere un convenio colectivo, si quiere ser trabajador independiente, si quiere ser monotributista, y causa gracia como si un trabajador pudiera tener libertad de elegir frente a las Patronales en esa desigual relación. Por eso preocupa que los anuncios vengan de un representante sindical, porque eso amplía las voces de las patronales”.
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Una protesta de la UOCRA paraliza las terminales portuarias que generan el mayor ingreso de divisas en el país
El gremio de la construcción UOCRA realiza una protesta desde ayer en la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe, en reclamo del pago de un bono que duplica el salario diario. Ya paraliza las terminales desde las cuales se produce el mayor flujo de divisas del país.
El gremio de la construcción, UOCRA, paraliza desde ayer los puertos de San Lorenzo, en Santa Fe. Es el principal foco de exportaciones del país y el que genera mayor ingreso de divisas.
En esa zona se concentran las terminales agroportuarias desde donde la Argentina exporta el 80% de sus granos y derivados industriales.
El reclamo del gremio es que las empresas contratistas reconozcan el pago del denominado “premio de parada” para sus afiliados, con lo que aspiran a cobrar el doble del valor normal por cada día trabajado en servicios de mantenimiento de plantas exportadoras.
De ese modo, exigen que las compañías que brindan servicios a los puertos paguen el 100% de aumento por día trabajado, sumado al 35% ya otorgado a comienzos de año más el 20% adicional. Es por eso que el sector privado pidió que el conflicto sea solucionado entre los contratistas y la UOCRA de Santa Fe.
Desde las empresas agroexportadoras afirmaron que “el reclamo de la UOCRA San Lorenzo consiste en pretender cobrar el doble del valor normal por cada día trabajado en servicios de mantenimiento de plantas exportadoras. Son reclamos exorbitantes y ajenos a la agroindustria de exportación”.
El sector agroexportador ya solicitó a los gobiernos provincial y nacional, en plena conclusión de la cosecha gruesa, intervenir de forma urgente para desbloquear el trabajo en los puertos, ya que además pondrá en riesgo la seguridad en las terminales.
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Limitan por decreto los traspasos entre obras sociales a pedido de la CGT
Un decreto firmado por el Presidente, Cafiero y Vizzotti, estableció la permanencia por un año en la obra social de origen de los trabajadores y habilitó sólo un cambio cada 12 meses.
Por Mariano Martín
El Gobierno resolvió que los trabajadores deberán permanecer un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociado su empleador, tal como reclamaba hace años la CGT. Lo hizo a través del decreto 438 que firmaron anoche Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al que tuvo acceso Ámbito. La norma establece además un límite de una opción de cambio por año calendario de prestadora de salud.
El decreto cumplió con un compromiso que había asumido el jefe de Estado ante la cúpula de la CGT en un almuerzo en la quinta de Olivos. Se trata de una medida que busca proteger a las obras sociales tradicionales de la competencia que la desregulación de los años ‘90s inauguró con las empresas de medicina privada en alianza con gremios más chicos. Ese tipo de entendimientos convirtió a algunos sindicatos en virtuales gestores comerciales de las prepagas para la captación de sus afiliados más jóvenes y con mejores salarios en desmedro de las prestadoras gremiales más tradicionales.
El traspaso de afiliados de las obras sociales a las prepagas mediante acuerdos con gremios forma parte de un proceso que en el rubro se denomina “descreme”. Y fue la puerta de acceso de las empresas de medicina privada al cobro de los reembolsos que el sistema de salud argentino contempla para los tratamientos y remedios más costosos y para las coberturas de las llamadas “enfermedades catastróficas” por el jaque financiero que un caso individual puede representar para una prestadora.
En el almuerzo que compartió con la CGT en Olivos a principios de mayo el Presidente prometió dos medidas: el decreto que firmó anoche y un aporte extraordinario del Tesoro nacional por 11.400 millones de pesos a las obras sociales sindicales para compensarles los gastos extras que realizaron durante la pandemia para la atención de sus pacientes discapacitados. Esta última medida permanece demorada en el área de Economía y es una de las razones por las cuales la CGT comenzó a esmerilar al ministro Martín Guzmán.
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Alberto Fernández promulgó la Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas trans
Este miércoles, durante el acto de firma del decreto de promulgación de la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins” que se llevó adelante en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández afirmó que “cada vez que en la Argentina ampliamos derechos somos una mejor sociedad, somos una mejor comunidad”.
La norma contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de su personal con personas de ese colectivo.
Según reafirmó Fernández, esto responde a “la necesidad de una democracia donde la diversidad exista inexorablemente”, dentro la cual “tiene que haber puntos de encuentro que nos unan. Uno de esos puntos de encuentro es dejar de marginar al otro; uno de esos puntos de encuentro es terminar con la cultura del descarte; uno de esos puntos de encuentro es entender que las minorías tienen derechos y que las mayorías deben reconocerles esos derechos”.
“Estamos decididos a que se termine cualquier tipo de discriminación en la Argentina”, insistió el mandatario, quien estuvo acompañado durante el acto por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y la subsecretaria de Políticas de Diversidad Alba Rueda, además de autoridades y miembros de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación e integrantes de organizaciones de derechos de la diversidad.
El Presidente también invitó a los empresarios a que también se sumen a la iniciativa y aseveró que “desde el Estado vamos a promover que lo hagan, que sumen personas trans a sus cuerpos de trabajo, a su fuerza laboral”.
Gómez Alcorta, por su parte, explicó que “esta ley viene a reparar dolores, a pagar una deuda que teníamos como sociedad, y viene a reconocer y ampliar derechos”, ya que “era imprescindible una agenda prioritaria que incorporara la perspectiva de diversidad a las políticas públicas”. Y agregó que la norma “expresa altos niveles de consenso social”, lo que “lleva a la Argentina a estar a la vanguardia mundial, y es un motivo de orgullo de todos, todas y todes los que integramos esta sociedad”.
La normativa votada hace algunos días en el Congreso, convirtió en ley una política pública implementada por el presidente Alberto Fernández, quien a través del decreto 721/20 ya había establecido el Cupo Laboral Travesti-Trans en el Sector Público Nacional. La iniciativa lleva el nombre de “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en recuerdo de dos de sus principales impulsoras, junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos.
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Empleados públicos nacionales adelantaron a agosto la revisión paritaria y pedirán llevar la suba hasta el 45%
El acuerdo vigente es por un 35% en siete cuotas con una cláusula de nueva negociación en noviembre.
El titular de la Unión Personal Civil de la Nación y secretario adjunto de la CGT Andrés Rodríguez anunció un acuerdo alcanzado con el ministro de Trabajo Claudio Moroni y la Secretaria de Gestión Pública Ana Castellani para revisar el acuerdo suscripto en mayo de este año.
Tal como adelantó este diario en su edición del domingo los empleados públicos nacionales estarían dentro del pelotón de sindicatos que reclamarían adelantar su cláusula de revisión contemplada en las paritarias luego que así lo hicieran los trabajadores bancarios y los encargados de edificio.
Efectivamente, en una reunión realizada hoy en la sede de Alem de la cartera laboral se formalizó el reclamo y, a la vez, se acordó adelantar esa instancia para el 19 de agosto.
Según adelantó el mismo Andrés Rodríguez a este diario, la intención del sindicato es garantizar un incremento del 45% para todos los empleados públicos que, con algunas excepciones, obtuvieron una suba del 35% en siete cuotas.
Según el relevamiento que realizan los técnicos del INDEC organizados en la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, sin embargo, la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos acumula más del 40% desde noviembre de 2015. Al mismo tiempo, los pronósticos de inflación que surjen del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, estiman una suba de precios del 48,3% durante todo 2021.
El acuerdo original tiene una estructura similar, en monto y cantidad de cuotas, a la del aumento del salario mínimo que el lunes el gobierno modificó mediante un decreto. Sin embargo, por el momento, esa suba se mantuvo en el 35% original aunque se adelantaron las cuotas y se ratificó la revisión pautada para el mes de septiembre en lo que podría ser un antecedente para la discusión con los empleados públicos.
Por Alfonso de Villalobos
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Las dos fracciones de la CTA endurecen posturas contra los cambios en las indemnizaciones
La dirigencia de ambas centrales obreras expresaron sus diferencias con el proyecto de la UIA, que busca crear un sistema de seguros en lugar de la actual ley. Se busca vulnerar «los derechos laborales», advirtieron.
En los últimos días, la propuesta de los empresarios de cambiar la legislación en materia de indemnización generó fuertes repercusiones en el mundo laboral. La idea de cambiar la forma de pagar las liquidaciones puso en alerta a los gremios, una propuesta de la nueva conducción de la UIA, y que en otros países se denomina “flexiseguridad”.
Bajo el argumento de ser una “mochila argentina”; los empresarios quieren cambiar la legislación, adaptándola a ese concepto. Esta semana, las dos fracciones de la CTA se expresaron de manera contundente contra la propuesta, y argumentaron en contra de los cambios. La Corriente Federal, el grupo de gremios cegetistas que lidera el bancario Sergio Palazzo, ya se había manifestado en la misma línea.
Desde la CTA de los Trabajadores, espacio que lidera Hugo Yasky, afirmaron que la “flexiseguridad”, promovida por los gobiernos de Países Bajos y Dinamarca y extendida a gran parte de Europa, “consiste en combinar la flexibilización laboral con una supuesta ‘seguridad’ laboral basada en subsidios al desempleo y a la formación de los desempleados que han perdido su trabajo. Es decir: manos libres para los empresarios y los costos sociales a cargo de los Estados”.
Llega a la Argentina, remarcaron, “bajo el nombre de ‘mochila Argentina’, de la mano de la nueva conducción de la UIA y el apoyo del aparato empresarial, mediático, judicial y político que quiere la vuelta al neoliberalismo, e incluso de algún parlamentario de extracción sindical que parece haber perdido el rumbo y olvidado sus orígenes”.
“Se propone liquidar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, como la indemnización por despido, y su reemplazo por un seguro de desempleo, así como una mayor flexibilización de las relaciones laborales”, agregaron.
“No estamos dispuestos a resignar nuestros derechos sin dar pelea, condenamos públicamente esta pretensión del gran capital y, como CTA de los Trabajadores, nos sumamos a todas las corrientes del movimiento obrero que tampoco han dudado en repudiar este nuevo intento de flexibilización, precarización laboral, desempleo y pobreza de nuestra clase trabajadora”, concluyó mediante un comunicado la central obrera.
Derechos laborales en peligro
Por su parte, Ricardo Peidro, secretario general de la CTA Autónoma, manifestó su rechazo frente a los anuncios sobre un cambio en los convenios colectivos laborales, «aunque todavía no haya un proyecto formal y solo nos hayamos enterado por lo que se dice en los medios de comunicación».
«No estamos de acuerdo porque se habla de que tiene que haber un aporte de los trabajadores y las trabajadoras para este fondo de indemnización», remarcó. Además, dijo: «Son los mismos que promueven estos discursos. Si hay una crisis y dicen que no hay trabajo formal, los trabajadores tenemos que ceder derechos para flexibilizar las condiciones de trabajo, y renunciar a los derechos históricos. Si hay inflación o hiperinflación, nos dicen que tenemos que congelar el salario».
También sostuvo que quienes instalan estos discursos son los mismos que presionan para que se termine el decreto de prohibición de despidos implementado durante la pandemia y que protestan cuando deben pagar indemnizaciones dobles si lo hacen.
Peidro aseguró que siempre pretenden que el Estado o los y las trabajadoras aporten, y se preguntó: “¿Cuándo van a aportar estos muchachos? ¿Cuándo van a hacer que aporten? Porque no se les puede cobrar impuesto, se niegan a los derechos laborales, se niegan a aumentar los salarios”.
Desde la CTA Autónoma “apoyan todas las medidas que promocionen al sector productivo, ya sean créditos, ayudas económicas, siempre y cuando se apunte a la mejora de las condiciones de trabajo, los salarios y las indemnizaciones. Sin embargo, la experiencia en el país muestra en muchos casos empresas que quiebran, cierran y se van, y dejan a sus trabajadores sin trabajo y sin la indemnización”.
“Si quieren hacer un fondo que lo hagan, pero con el fondo de los propios empresarios. Que vayan acumulando para que en caso de que quiebren haya un concurso. Primero plantear que hay una indemnización que se va a pagar por mes donde la mayor carga está en los trabajadores y por la carga del Estado. Esto es una cosa insólita. Es como decirle a un trabajador que haga un fondo para comprar la guillotina con la cual lo van a ejecutar y enviarlo a la muerte social”, expresó.
Lo que quieren las empresas
“Mochila Argentina», la iniciativa empresarial que busca cambiar las indemnizaciones por un seguro de desempleo, gana adeptos en el ámbito privado. Pese a ser cuestionada por las centrales sindicales, sectores allegados al Gobierno analizan alternativas similares para la post pandemia.
También conocida como “Flexiseguridad”, la propuesta impulsada por Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, propone que las empresas paguen un seguro a un fondo manejado por Anses, que permitiría que si el trabajador renuncia o es despedido, pueda cobrar su sueldo durante todos los meses que hubiera tenido antigüedad.
Por ejemplo, si tenía cinco años de antigüedad y tras quedar sin trabajo, consigue nuevo empleo en un mes, le quedan en su mochila cuatro años más para su próximo empleo. La idea es que el trabajador que cambia de empleo se lleve “su mochila” al próximo, es decir que podría cobrar su indemnización completa en el siguiente trabajo. De acuerdo a su autor, esto permitiría crear más y mejor trabajo.
Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, apoya la iniciativa, pero también algunos sectores afines al Gobierno como el Consejo Productivo o IPA, y Facundo Moyano, hijo del líder de Camioneros, y diputado del interbloque del Frente de Todos. Lo que pretende el legislador es modificar el sistema vigente para llegar a la mitad de los trabajadores que están en la informalidad.
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Cartoneros presentaron la Ley de Envases y tienen el aval de Máximo Kirchner
Organizaciones sociales, ambientales y cooperativas presentaron una ley para la gestión de envases con inclusión social, que establece una tasa a empresas para financiar políticas de gestión de residuos. Máximo Kirchner respaldó el proyecto.
La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), junto con organizaciones ambientales, sociales y políticas, presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social, con el objetivo de mejorar el trabajo de los cartoneros, reducir el impacto de los envases sobre el ambiente, y fomentar su reutilización y reciclaje.
El proyecto implica la implementación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado, con incentivos a quienes los realicen con materiales reciclables, y la totalidad del dinero recaudado se utilizará para implementar Sistemas de Reciclado con Inclusión Social.
La Ley se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), por lo que se apunta a la responsabilidad del productor de los envases e integrar a los trabajadores recicladores a la cadena de gestión.
Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, recibió el proyecto de manos de referentas de la federación de cartoneros, acompañados por el diputado nacional Federico Fagioli y organizaciones ambientales como Jóvenes por el Clima. Según informaron, Kirchner manifestó el apoyo del bloque a la iniciativa y se comprometió a presentar y tratar la ley durante el mes de agosto.
La secretaria general de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, Jackie Flores, explica que “hace muchos años que quienes generan envases en la Argentina no se hacen cargo de su responsabilidad ambiental, y los cartoneros y cartoneras nos fuimos organizando para presentar una ley propia”.
“Estamos felices porque con esto generamos derechos”, dice Flores en diálogo con El Destape. “Queremos que las grandes empresas paguen la tasa de sus ganancias y que lo recaudado se destine al reciclado con inclusión social. El lobby es muy fuerte, pero nos paramos desde una conciencia ambiental y colectiva, y no somos pocos”, agrega.
Según los números presentados para respaldar el proyecto, en la Argentina se producen 50 mil toneladas de residuos por día. La mitad termina en alguno de los 5000 basurales a cielo abierto o en un relleno sanitario, y apenas se recupera un 10% de los residuos generados.
Solo alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo. “Necesitamos recursos para llevar adelante sistemas de reciclado, no podemos perder más tiempo. Por eso necesitamos una mayor responsabilidad del productor”, advierte la dirigente social.
Sobre la gestión actual de residuos, las organizaciones advierten que en Argentina, cada persona genera 1.15 kg de residuos por día. “El 35% se dispone en basurales a Cielo abierto o en otros sitios de disposición final irregular, liberando gases de efecto invernadero que provocan el Cambio Climático”, informaron.
Jackie Flores advirtió también que “los compañeros no se entregan pero la pandemia pegó muy fuerte en el sector, hay hambre y la realidad es dramática”, y estima que el proyecto presentado podría generar hasta 80 mil nuevos puestos de trabajo. Según cálculos de la organización, desde que comenzó la crisis sanitaria “hay 50 mil nuevos cartoneros de personas que llegaron a la economía popular luego de perder trabajos formales”.
La FACyR es una de las organizaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y nuclea a más de 70 cooperativas de todo el país, en las que trabajan cada día unos 200.000 cartoneros y cartoneras. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales y trabajan en pésimas condiciones, sin ningún tipo de seguridad.
“Hay que entender el contexto, no estamos dispuestos a pagar el costo ambiental de nadie. No puede ser que muchos sigan trabajando gratis cuando las multinacionales ganaron con la pandemia”, agrega la secretaria general de la federación, que funciona como sindicato del sector.
Desde la UTEP señalaron la Ley de Envases con inclusión social “plantea la necesidad de que las empresas se hagan cargo económicamente de lo que cuesta el reciclado de los envases que ponen en el mercado, y que lo recaudado sirva para potenciar el trabajo de los y las cartoneras”.
Las organizaciones realizaron durante todo el día una actividad de reciclado y clasificación en la plaza del Congreso Nacional, con la participación de referentes del sector cartonero, agrupaciones, y militantes socioambientales. Al mismo tiempo, la presentación del proyecto era respaldada en plazas de todo el país, con reciclaje simultáneo en 16 provincias.
POR MATÍAS COLOMBATTI
Envio:RL
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