17 de julio de 2021

TROPEL 1 del 17.07.2021.

 

Afianzar la Agroecología en comunidad: 

los Sistemas de Garantía Participativa


Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021. 

Los Sistemas de Garantía Participativa (SGP) se están imponiendo en todo el mundo como una alternativa comunitaria a los requerimientos de certificación de producciones agroecológicas. La asociación civil Be.Pe. organizó dos encuentros para compartir saberes y experiencias reales en Argentina.

En la última década, y cada vez con más fuerza, se registró en Argentina y la región, un incremento en la producción y comercialización de productos agroecológicos, lo que constituye una oportunidad tanto para el desarrollo del sector de la agricultura familiar y la dinamización de las economías regionales, como para el acceso a productos saludables y el fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria.

Pero para velar porque los alimentos vendidos sean lo que dicen que son, en varios países se estableció una restricción del uso del término oficial “orgánico” o “agroecológico”, sólo para productos que estén certificados por un organismo de certificación de tercera parte. Es decir, la necesidad de que un tercero -principalmente privado- asegure por escrito que un proceso ha sido claramente identificado y comprobado como un sistema agroalimentario de bajo impacto ambiental.


Una alternativa comunitaria a estos requerimientos, son los Sistemas de Garantía Participativa (SGP), que se están imponiendo en todo el mundo como una medida para tratar de certificar sistemas productivos agroecológicos, pero afianzados en la confianza y articulación entre consumidorxs, productorxs, organizaciones, Universidades y Estado.


Los SGP en Argentina están integrados, en general, por miembros de las asociaciones de productorxs y consumidorxs, ONGs, el Estado a través del INTA, las Universidades, el INTI y en algunos casos partidos políticos. Lo que se busca es que sea un sistema diverso de entidades, multidisciplinario, con diferentes enfoques acerca del protocolo necesario para monitorear los sistemas productivos y diferenciar la calidad ecológica de los productos. 

“En muchos casos, productores aislados, pero también productores agrupados buscan hacer transiciones y consolidarse en agroecología y tratar de alguna manera vender, comercializar, intercambiar sus productos como agroecológicos. Estos sistemas de certificación por garantía, lo que buscan es monitorear de tal manera, a veces otorgando sellos, a veces otorgando certificados de que estos sistemas productivos son agroecológicos. Dije sistemas y no productos porque lo que se busca monitorear y certificar son sistemas productivos”, explica el ingeniero Javier Souza Casadinho, integrante de la Asociación Civil BePe y asesor del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones de la economía social en las provincias de Catamarca y Santiago del Estero para la construcción del desarrollo sostenible en la región”.

Los Sistemas de Garantía Participativa buscan fundamentalmente ver que esos sistemas productivos sean biodiversos, haya una adecuada nutrición del suelo, se desmuestre equidad de géneros en el desarrollo de la tarea y en la toma de decisiones, que no utilicen trabajo infantil, y que ese agroecosistema se integre a la naturaleza, al entorno ambiental.

feria-agroecológica-unc-AM-5
(Imagen: La tinta)

Encuentro sobre Sistemas de Garantía Participativa para la producción agroecológica

Con la intención de capacitar, intercambiar y contribuir al conocimiento y la visibilidad de los SGP que se desarrollan en la Argentina, es que la organización Be.Pe. junto al Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado (Idep-ATE) y la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Catamarca (Athoca), y cofinanciado por la Unión Europea, organizó el pasado 1 y 2 de julio, dos encuentros virtuales con presentaciones y paneles de experiencias sobre Sistemas de Garantía Participativa.

El día 1 de julio, se realizó la charla Hacia la construcción de Sistemas de Garantía Participativa para la producción agroecológica”, con la exposición de Javier Souza Casadinho y Maria Mercedes Pereda, quienes aportaron enfoques y definiciones acerca de los SGP.


“La idea de los Sistemas Participativos de Garantía es recuperar la confianza en la palabra, que realmente lo que decimos se exprese en el intercambio de producto. Y para que haya confianza, tiene que haber responsabilidad (…) Encontrar las distintas formas para generar soluciones colectivas a los problemas (…) Y tratar de encontrar la forma para tener un bajo costo de producción, manteniendo una buena calidad. Y en este sentido, los sistemas son flexibles, y se tienen que adaptar a la realidad de cada lugar y los momentos”, expresó Maria Mercedes Pereda durante su exposición. 


Por su parte, entre los saberes que manifestó Javier Souza Casadinho, destacó: “La mayoría de los sistemas busca monitorear las condiciones socio-productivas; el vínculo establecido con los bienes comunes naturales; las relaciones establecidas al interior de la familia y entre productores; avalar la calidad real de los productos; y dar confianza y credibilidad”.

Y agregó: “Es necesario diferenciar entre orgánico y agroecológico, no solamente como una palabra. Detrás de eso hay concepciones diferentes, no solamente respecto a la producción, sino de la vida misma, las relaciones humanas y la vinculación con el ambiente. Es un concepto nuevo, para prácticas antiguas”.

El 2 de julio, se compartieron aprendizajes y saberes en dos Mesas de Experiencias: en la primera, con referentxs del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el Caribe (MAELA) y de la Feria Agroecológica Las Tres Colonias- Bella Vista- Corrientes; mientras que en la segunda, participaron tres organizaciones de las provincias de Buenos Aires, Misiones y Córdoba. 


Desalojaron a un poblador de Villa 

Nahueve para avanzar con la obra 

ilegal de represas


Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021.

Antes de que llegue el frío y la nieve. La empresa constructora Rovella Carranza necesita apurar los trabajos para lo que sería una futura represa sobre el río Nahueve, en el norte de Neuquén. El apuro lo impone la estacionalidad y también el Gobierno provincial de Omar Gutiérrez, que no quiere perder las inversiones llegadas desde los Emiratos Árabes Unidos.

Eso sí, el propósito de instalar una megaobra sobre una fuente de agua vital para las comunidades avanza sin licencia social y a cualquier precio. Esta mañana, en un nuevo episodio con ribetes mafiosos, un grupo de matones al mando del comisionado de fomento de Villa Nahueve, Carlos Burgos, desalojó de su propia casa a Juan Antonio Sepúlveda. Lo sacaron a los empujones, “tiraron sus muebles y pertenencias afuera de la casa y rompieron el alambrado del campo donde habita la familia Sepúlveda desde 1940”, según informan las Asambleas del Agua del Norte Neuquino.

Sepúlveda les molesta porque es una de las personas conscientes que ha decidido resistir al accionar inconsulto de autoridades políticas y grupos empresarios: imponer la represa por las buenas… o como sucedió el 14 de octubre del año pasado, cuando otra vez Burgos estuvo al frente de una cacería policial con represión y detenciones arbitrarias. ¿El motivo? Familias con niñxs hacían un acampe pacífico para visibilizar la defensa del agua frente al poder del dinero.
“La casita de Antonio está justo al lado del puente donde se está realizando la obra ilegal”, cuenta Natalia Álvarez, vecina de Chos Malal. “Como conocen los movimientos de la zona, aprovecharon un momento en que Antonio estaba solo para desalojarlo”. Héctor Sepúlveda, su hermano, había salido a hacer unos trámites y buscar provisiones.


Natalia: “Son dos personas mayores y están muy solos, desde las Asambleas por el Agua nos preocupa que están solos y abandonados por el Estado, a lo que se suma el aislamiento por la pandemia. Las políticas de manipulación y violencia que ejerce la Comisión de fomento, a cargo de Burgos, son habituales: no les entregan leña ni comida para los animales, que son necesarios para la vida campesina y es una tarea que les toca a las Comisiones de fomento”.
En la zona no hay buena señal ni cobertura de comunicaciones. Héctor mandó un mensaje de audio muy angustiado ni bien pudo contactarse con las Asambleas. “La falta de comunicación beneficia a las empresas, porque hasta que la familia nos puede avisar a quienes estamos en Chos Malal… La feria judicial avanzó y no podemos ir al juzgado a ejercer presión. La abogada solicitó un turno para que atiendan nuestras denuncias, no están atendiendo los recursos de amparo presentados. Tenemos mucho temor por la vida de los campesinos y las campesinas”.

El paisaje rural patagónico que conocieron los Sepúlveda y otras familias vecinas mutó en poco tiempo a un obrador con máquinas que emiten sonidos molestos permanentemente. Y no es todo: también les quitan los alambrados y, cuando aparece la oportunidad, ejercen la violencia directa.

La palabra que aparece en boca de unxs y otrxs es la misma: preocupación. La zona se ha ido llenando de controles en la ruta nuevamente, con presencia de fuerzas de seguridad que están para cuidar los intereses económicos por encima del bienestar de la población.

Natalia: “Acá hay una sincronización y una complicidad entre las fuerzas represivas y los Estados y los Gobiernos que no hacen nada a favor del pueblo, mucho menos de los campesinos. Frente a ese ojo abusivo muchas veces no podemos anticiparnos porque no tenemos esa maldad en la mente, entonces organizan controles, los vehículos de las Asambleas están identificados por la Policía y el Grupo GEOP que reprimió, por lo que se nos hace difícil trasladarnos para apoyar a la familia. Además del miedo infundido en cada persona que estuvo en la represión”.

Las Asambleas expresan: “El negocio inmobiliario está matando al río Nahueve y desalojando familias campesinas. Solicitamos acompañamiento político, territorial, máxima difusión y la inmediata restitución del lote y hogar a la familia Sepúlveda”.






Ofensiva megaminera y resistencias de 

los pueblos: del Mendozazo a las luchas 

en Chubut, Andalgalá y San Juan

Por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz

En 2003, la movilización de la comunidad de Esquel consiguió frenar el proyecto megaminero promovido por Meridian Gold y, tras el plebiscito, obtuvo la sanción de la Ley 5.001 que prohibió la minería a cielo abierto con el uso de cianuro en la provincia. La experiencia de Esquel ciertamente sirvió de ejemplo, en ese tiempo, para otras resistencias a los avances megamineros que se desplegaron por la región cordillerana del país y que en los años siguientes conquistaron similares legislaciones que prohibieron la minería contaminante en otros distritos.

Hoy, frente a una nueva ofensiva megaminera estimulada por el incremento del precio de los metales en el mercado mundial, los vecinos y organizaciones populares de Esquel y de toda la provincia de Chubut llevan adelante un largo proceso de movilización y conflicto contra los intentos de sancionar una legislación de zonificación minera que, violando el espíritu de la ley 5.001, habilite la explotación minera en ciertas regiones de la provincia. Una reflexión sobre el largo proceso de articulación y movilización provincial que, desde la experiencia de Esquel, se extiende a toda la provincia, nos propone la entrevista a Julián Raso, integrante de la Asamblea No a la mina, que forma parte de este cuaderno. Además, en dicha entrevista se examinan la situación actual y los desafíos que se plantean para estos movimientos; cuestiones que aborda asimismo la contribución de Carlos Sepúlveda, secretario general del sindicato provincial de la salud SISAP, que también puede consultarse a continuación. En este caso, el autor indaga particularmente sobre las resistencias a estos proyectos extractivos en el contexto de crisis económica e institucional en el que se encuentra sumida la provincia y sobre el papel de los trabajadores de la salud y de otros sindicatos en este proceso. Ello desmiente, una vez más por si fuera necesario, la falaz escisión entre las demandas sociales y sindicales, por una parte, y las ambientales, por la otra.

A continuación, integrantes de la Asamblea El Algarrobo de la localidad catamarqueña de Andalgalá y la abogada de dicha asamblea presentan un análisis de la historia de lucha de dicha comunidad contra la megaminería, sobre las características y consecuencias que traería aparejados el proyecto minero Agua Rica y sobre el conflicto desplegado recientemente contra la reactivación de este proyecto y que concluyó tristemente con la detención de varios de los asambleístas. Finalmente, el cuaderno concluye con una contribución preparada por los integrantes de la Asamblea Agüita para San Juan que señalan la magnitud de la crisis hídrica que vive la provincia y la gravedad y contradicción que plantea, en este contexto, la promoción del nuevo proyecto megaminero José María, para concluir en los desafíos que afrontan las comunidades y movimientos socioambientales.

Pero, la serie de estas contribuciones comienza por el indispensable artículo de la investigadora Patricia Collado que examina, recolectando una serie de importantes testimonios de los mismos protagonistas, los antecedentes y características de la gran movilización popular acontecida a fines de 2019 en Mendoza contra los intentos de derogar y reemplazar la Ley provincial N° 7.722 que, sancionada dos décadas atrás, prohibió el uso de sustancia tóxicas en la minería. La gesta del “mendozazo”, o nuevo mendozazo como precisa la autora, acontecido en los comienzos de la presidencia de Alberto Fernández, consiguió detener dicha tentativa y, como lo reseñan el resto de las contribuciones de este cuaderno, influenció sobre el ciclo de las luchas anti-megamineras que le siguieron, de manera similar como las de Esquel de inicios del 2000 sobre el ciclo de luchas de esa década.

En este sentido, en su diversidad de experiencias y perspectivas, las contribuciones reunidas en esta publicación abordan tanto las particularidades que asume la actual ofensiva megaminera –con nuevos o la reactivación de viejos proyectos- así como las características de los procesos de acción colectiva y los desafíos planteados a los movimientos sociales. Como lo fue bajo la ofensiva megaminera y el ciclo de luchas de la década de los 2000 –en otro periodo de altos precios de estos bienes-, la situación actual aparece signada por la cooptación corporativa de ciertos poderes estatales y la restricción de las libertades y derechos democráticos –tanto con el uso de la represión como con la manipulación de las instituciones legislativas y judiciales. Por otra parte, esta ofensiva se distingue también por los intentos de derogar o reformular las conquistas legislativas que fueron resultado del ciclo de luchas anterior. Y, ciertamente, como aparece reflejado en las contribuciones seleccionadas, por nuevas experiencias de organización de los sujetos y poblaciones afectadas; aunque la defensa del agua se renueva como bandera de estos movimientos en territorios con escasas fuentes o crisis hídrica y frente a la sobreutilización y cotaminación de ese recurso que plantea la megaminería.

Estos efectos socioambientales, propios de este tipo de explotación minera, pueden constatarse, por ejemplo, en el informe presentado a principios de febrero de este año por la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET-CENPAT. En este sentido, frente a la propuesta de habilitar la megaminería en los departamentos donde se encuentran las principales reservas comprobadas de agua subterránea de la provincia del Chubut (los acuíferos de Gastre y Sacanana), el informe alerta que dicha actividad introduce un nuevo factor de riesgo sobre ese recurso en un contexto ya signado por la desertificación y el cambio climático, así como precisa una serie de preocupaciones de índole cientíco-técnica que motivan plantear el retiro del proyecto de su tratamiento en la Legislatura Provincial.

El rechazo social a estos proyectos megamineros interroga también sobre la viabilidad de otras opciones productivas y sobre las alternativas a estos modelos presentados usualmente bajo la narrativa del desarrollo. Sobre ello Patricia Collado nos recuerda que estas luchas trascienden “el ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe…la forma de vivir que los caracteriza”. En esa misma dirección apuntan otras contribuciones. Sobre ello, ciertamente, la profundidad de la crisis económica e institucional en Chubut que acarreándose desde hace varios años afecta al conjunto de la población y, en particular, a los trabajadores del sector público, enfatiza este debate sobre los modelos de desarrollo. Como examinan los textos, dicha crisis es argumentada por el gobierno provincial para avanzar rápidamente con el proyecto minero, pero, como también refieren, esta pretendida “diversificación” de la economía provincial solo viene a profundizar el mismo modelo que es responsable de la crisis, que no se trata de intercambiar salarios por megaminería sino de vivir con dignidad y defender la vida. Notas al debate sobre las alternativas al extractivismo y a este “mal desarrollo” que retomaremos en próximos cuadernos.

En esta ocasión, esperando que las contribuciones reunidas aporten al debate sobre todas estas cuestiones, desde el Colectivo “Crisis socioambiental y despojo” del Instituto Tricontinental de Investigación Social no queremos dejar de agradecer especialmente a todos los que han colaborado en la preparación de los artículos y a los que hicieron posible su publicación.



La izquierda trotskista eligió candidatos 

y marchan por separado para los comicios 

de octubre


Por Adriana Meyer, Resumen Latinoamericano, 16 de julio de 2021.

Vencido el plazo para la inscripción de alianzas electorales, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) fue con sus candidatos, y el Nuevo MAS, Política Obrera y AyL irán por separado. La utópica unidad fracasó y las organizaciones se acusan mutuamente de «sectarismo».

Finalmente no hubo acuerdo en el trotskismo, y la unidad de todos los sectores que se autodenominan anticapitalistas quedó para otra oportunidad. Desde el PTS habían lanzado una propuesta para que ese momento fueran las PASO con sus socios del FIT y las demás agrupaciones confluyendo en una lista única. Sin embargo, a la hora de inscribir las alianzas cada uno fue por las suyas. El Frente de Izquierda-Unidad –que conforman los cuatro partidos (PTS, PO, IS y MST) que suman el 80 por ciento de los votos de la oposición de izquierda– participará en las elecciones con su alianza en 23 de los 24 distritos de todo el país. El FIT-U se postula con el objetivo de erigirse en una “potente tercera fuerza a nivel nacional para conquistar nuevas bancas parlamentarias, y una referencia para millones que no se resignan a seguir siendo saqueados mientras que un puñado de capitalistas y acreedores de la fraudulenta deuda siguen acumulando fortunas”, declararon sus dirigentes.

Nicolás del Caño (PTS) y Romina del Plá (PO), quienes encabezarán la lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, se presentan como «un instrumento de lucha contra la pretensión de Juntos por el Cambio de canalizar el descontento y la decepción con el Frente de Todos por derecha”. Los dirigentes del FIT-U se refirieron a “otras agrupaciones menores de la izquierda” que decidieron “en forma sectaria” no ser parte de la unidad de la izquierda “clasista y socialista”. En la Ciudad de Buenos Aires liderarán la nómina a diputados y legisladores respectivamente, Myriam Bregman y Gabriel Solano.

Luego de la ruptura del PO en 2019 –en un proceso doloroso al interior de la militancia y la dirigencia– Jorge Altamira y Marcelo Ramal conformaron la Tendencia del Partido Obrero, y fueron gestionando su personería electoral con el nombre de Política Obrera. Luego de seis años, Altamira aspira a competir en provincia de Buenos Aires, y Ramal en la Ciudad. «Que la población juzgue la estrategia que cada corriente expone y que haya un debate de carácter público», expresó Ramal al explicar su propuesta de «una PASO de toda la izquierda, que no fue escuchada». 

Política Obrera, el Nuevo MAS y Autodeterminación y Libertad (AyL) no tuvieron que presentar alianzas porque irán como partido. AyL también presentará su boleta, que estará liderada por Luis Zamora, la docente Virginia Peyras y el exlegislador porteño Fernando Vilardo, quienes jugarán como candidatos a la cámara baja. También la legisladora Marta Martínez y el abogado y militante de derechos humanos Sebastián Blanchard competirán para la Legislatura de la Ciudad. «En un marco de profunda crisis social, económica y sanitaria, en la campaña denunciaremos al conjunto de la dirigencia política y plantear la necesidad de luchar desde abajo como camino necesario para lograr los cambios de fondo indispensables para construir una alternativa al ajuste, los acuerdos con el FMI y la profunda desigualdad generada por el capitalismo que quedaron expuestos más que nunca durante la pandemia», expresó Zamora.

Por su parte, Manuela Castañeira, del Nuevo Más, anunció que será precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y presentó a los precandidatos que recorrerán 13 provincias y más de 50 municipios bonaerenses. «Queremos darle voz a las y los trabajadores que reclaman por aumento salarial, contra la precarización laboral y contra los despidos; a la juventud que pelea por un futuro y al movimiento de mujeres y personas LGBTT», dijo Castañeira, rodeada de los precandidatos a diputados nacionales Federico Winokur por CABA, César Rojas por Santa Fe y a concejal por Rosario, y los precandidatos a las legislaturas provinciales Héctor «Chino» Heberling (provincia de Buenos Aires) y Julia Di Santi (Córdoba), entre otros.

Decenas de intelectuales y referentes de derechos humanos –entre ellos Eduardo Grüner, Roberto Gargarella, Patricia Walsh y Pablo Alabarces– se habían pronunciado a favor de ampliar la unidad de la izquierda clasista y socialista, convocando a sumarse a Zamora, Castañeira y a Política Obrera. Y aunque estas agrupaciones comparten la intervención y el apoyo en innumerables luchas, la unidad electoral no pudo ser.

Envio:RL



SUTEPA sostiene su reclamo por la reincorporación de trabajadoras “perseguidas y despedidas por el macrismo”

No hay comentarios: