17 de julio de 2021

TROPEL 2 del 17.07.2021.

 

Crónica de una infamia

Las claves detrás de la presentación de Cristina Kirchner

Las diferencias entre los funcionarios kirchneristas y los macristas. La red judicial para perseguir opositores armada por Cambiemos y la trama de complicidades que garantiza la impunidad de los que realizaron el atentado a la AMIA.

Por Luis Bruschtein

“Esto pasó en la Argentina durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri mientras hablaban de la independencia del Poder Judicial.” En poco más de una hora Cristina Kirchner expuso el sistema de persecución judicial montado por los operadores del expresidente, un fenómeno que también se aplicó en Brasil, Bolivia y Ecuador para desestabilizar gobiernos populares y perseguir a sus dirigentes. El blanco principal de esa emboscada judicial fue la expresidenta que más de una vez mencionó en su exposición a los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio, a los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky –visitantes asiduos de Macri– y a Carlos Stornelli, un fiscal que sigue en funciones pese a estar implicado en presuntos delitos cometidos como fiscal.

Entre los doce jueces que conforman el fuero federal, casi todas las causas contra la expresidenta cayeron en los juzgados Ercolini y el fallecido Bonadio, sobre todo este último quien había asumido esas causas con el ensañamiento de un cruzado. Es famoso que Cristina Kirchner fue citada para ocho indagatorias el mismo día.

El esquema, respaldado por la corporación hegemónica de medios, buscaba desprestigiar, humillar y demoler a los perseguidos y en la exposición de la expresidenta quedó claro que el titiritero principal eran los fondos buitre que no habían conseguido doblegar la resistencia de su gobierno a pagar la cifra usuraria que ellos reclamaban.

Otros nombres fueron pronunciados en su alegato. El principal de ellos fue el de su canciller, Héctor Timerman, que murió luego de que le impidieran viajar a Estados Unidos para someterse al tratamiento de un cáncer de hígado. Timerman murió con el dolor de no haber podido limpiar su nombre, injustamente mancillado por la manipulación de una causa inventada e inflada por los medios, como la del memorándum con Irán por la causa AMIA.

Pero también fue mencionado el juez Martín Irurzun por su famosa doctrina que permitía la prisión de un ciudadano mientras era investigado y sin que hubiera condena. El adefesio legal de Irurzun fue derogado después de la derrota electoral de Macri y antes que asumiera Alberto Fernández. El macrismo se aseguraba así garantías procesales que gracias a Irurzun no tuvieron los perseguidos del kirchnerismo.

Otros jueces de la Cámara Federal que integra Irurzun fueron mencionados en la lista del lawfare, como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron designados a dedo, de manera irregular para completar un tribunal adicto.

Todas estas situaciones están corroboradas por los hechos y por la existencia pública de una mesa judicial que operaba desde la Casa Rosada, dirigida por el prófugo Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín. Sin excepción, todos los exfuncionarios kirchneristas asumieron su defensa ante la Justicia, ninguno eligió el camino de la fuga. Es la diferencia con el macrismo. Y lo hicieron aún sabiendo que eran víctimas de falsas acusaciones. Fue una manera de ganar autoridad moral para juzgar a los funcionarios judiciales que se prestaron a la persecución organizada desde el gobierno de Macri.

Además del daño sobre las víctimas de esa persecución hay un daño institucional que se genera con la manipulación de la justicia para convertirla en una herramienta de persecución política. Desde el radicalismo han explicado la persecución contra Milagro Sala, porque, según ellos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no hubiera podido gobernar con ella en libertad a la cabeza de la Túpac Amaru. Es una lógica que trata de ser de sentido común, pero está hablando de corromper la justicia.

Es la misma lógica que utilizó el macrismo desde la Casa Rosada y que lo llevó a convertirse en el único gobierno argentino desde la salida de la dictadura que fue amonestado por el relator de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, Diego García Sayán. El reconocido jurista hizo una lista de las irregularidades cometidas por el macrismo, muchas de las cuales fueron señaladas por Cristina Kirchner.

Es un punto de quiebre. La mayoría denuncia la corrupción de una parte del Poder Judicial, y la primera minoría dice que esa denuncia busca la impunidad de los corruptos. No existe mayor figura de corrupción que cuando el jefe del Estado es también jefe de una corporación que realiza negocios con el Estado. Y sin embargo (o quizás para tapar eso) es el gran denunciador de otras corrupciones.

La causa que motivó el alegato de la expresidenta, a raíz del memorándum de acuerdo con Irán, es un correlato de la causa que investigó el atentado terrorista contra la sede de la mutual judía en 1994.

En el comienzo de su exposición, Cristina Kirchner hizo referencia a esta causa y recordó que, como senadora formó parte de la comisión investigadora que había esclarecido la trama de encubrimiento que se había tejido alrededor del atentado.

El fallecido expresidente Carlos Menem, cuyo viceministro del Interior, el exfiscal Germán Moldes, otorgó la nacionalidad en tiempo récord a Monzer Al Kassar, el mayor traficante de armas del planeta, expulsado de España y reclamado por varios países europeos, seguramente se llevó a la tumba muchas respuestas.

El exfiscal Moldes fue después uno de los mayores operadores de la causa por el memorándum y de la manipulación mediático-judicial del suicidio de Alberto Nisman. Junto con el excapitán de navío Za-Za Martínez había sido responsabilizado durante el menemismo por el otorgamiento inusitado de la nacionalidad al traficante de armas sirio.

El encubrimiento del atentado obstaculizó las primeras pistas de investigación que son las más importantes. En un gobierno como el menemista, que se destacó por el tráfico de armas a Ecuador y a la exYugoeslavia, asesorado por Israel; en un gobierno que acogió al principal conocedor de operaciones de este tipo, resultó siempre llamativo el interés en desviar la investigación del atentado. Ni antes ni después de la década menemista se produjeron atentados en Argentina ni en otros países latinoamericanos, relacionados con el conflicto en Medio Oriente. A lo que se suma la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero.

En la causa por encubrimiento quedó involucrado el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja afin al menemismo, quien había facilitado parte del dinero con el que se compró el testimonio falso que desvió toda la investigación, pero finalmente fue sobreseído.

Colaboradores de Beraja como Claudio Avruj y la pareja de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, así como el diputado Waldo Wolff, se enrolaron en el PRO. La conducción de la DAIA durante el macrismo tenía esta misma orientación y se sumó a la campaña de distracción con el suicidio de Nisman y la causa del memorándum que oscurecían aún más la investigación sobre el atentado a la AMIA.

Cristina Kirchner indicó que cuando tuvo conocimiento de la causa por el atentado se dio cuenta que la habían convertido en instrumento de intereses de geopolítica internacional y de política local. La intervención pública, no oculta, de los servicios de inteligencia de Israel y Estados Unidos, más la intervención del fiscal Nisman, cercano a Jaime Stiuso, el mandamás de los espías locales, dejaron a un lado el esclarecimiento del atentado y lo usaron como ariete de la política nacional e internacional. La causa AMIA es un ejemplo de cómo afecta la manipulación de la justicia. Por esta modalidad perversa de manipular causas con fines políticos, como denunció Cristina Kirchner, hay 86 víctimas de la explosión en la AMIA a las que después de 27 años todavía se les debe justicia.


La vicepresidenta habló ante los jueces del TOF 8 y pidió la nulidad de la causa

Memorándum con Irán: Cristina Kirchner y un alegato que desnudó la persecución 

Cristina Kirchner recorrió las irregularidades de la causa y la definió como "un disparate judicial, institucional y político". Apuntó contra Mauricio Macri y sus medidas destinadas "a tomar el control del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos". Señaló la relación personal del expresidente con los camaristas, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y destacó el rol de los fondos buitre.

Por Irina Hauser

Cristina Kirchner habló en la audiencia  virtual convocada por el Tribunal Oral Federal 8.

Fue en un instante inesperado, cuando Cristina Fernández de Kirchner llevaba un buen rato hablando ante el Tribunal Oral Federal 8: de pronto asoció la causa del Memorándum con Irán con una campaña internacional de los fondos buitre contra su gobierno y quedó al borde del llanto, sin perder la vehemencia. "Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué", enfatizó. Su explicación arrancó lágrimas y otros gestos de conmoción entre el puñado de abogados/as e imputados que estaban en el Zoom judicial. Describía cómo la causa en la que había sido acusada de encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA no sólo podía vincularse con una ofensiva política instrumentada a través de sectores del Poder Judicial sino con una rama expandida por medios europeos motorizada por los acreedores que no ingresaron al canje de deuda. En ese momento mostró una publicación en inglés con su foto y la del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. En letras rojas sobre un fondo negro se leía: "Argentina e Irán, alianza vergonzosa ¿Un pacto con el diablo?". Acababa, además, de evocar por los logros sobre reestructuración de la deuda externa a Héctor Timerman, el canciller que falleció imputado en medio de este proceso y a quien el juez Claudio Bonadio impidió viajar a Estados Unidos para tratarse contra el cáncer. A esa altura, había cerca de 23.800 personas mirando por Youtube la audiencia oral y pública prevista para que tanto CFK como el resto de las personas acusadas expliquen por qué piden la nulidad del caso y sus sobreseimientos, algo que el TOF 8 evidentemente está dispuesto a evaluar. 

CFK hizo un relato simple y emocional. Retrató la causa del Memorándum de entendimiento con Irán "desde la más simple lógica" como un "disparate judicial, institucional y político", generado a partir de la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero de 2015, que apareció muerto cuatro días después de concretarla, donde les adjudicaba a ella, a Timerman y a Larroque entre otros, el delito de encubrimiento. "Estamos acusados de encubrir el atentado --apuntó-- gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional ni conexión de tiempo y espacio con este delito, aún impune. La impunidad del atentado también fue por este manejo político que se dio a la causa". Las querellas de la DAIA y dos familiares de víctimas  --Luis Czyzewski y Mario Abervuch-- no estaban presentes en el Zoom, tal como lo habían anunciado, en desacuerdo con la realización de una audiencia que estuviera a la vista de toda la ciudadanía, a lo que agregaron el reproche de que estaba agendada poco después del acto central de conmemoración por el aniversario del atentado. 

La vicepresidenta habló desde su escritorio, rodeada de papeles escritos con letra grande en marcador negro y resaltadores de varios colores. Detrás, una imagen suya junto a Néstor Kirchner. En un recorrido ordenado puso en contexto la evolución del expediente y su relación con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia y su política judicial. "Desde los primeros días de su gestión comienzan a producirse hechos institucionales de gravedad inusitada destinados a tomar el control del Poder Judicial para usarlo como instrumento de persecución a sus opositores políticos", señaló. En una enumeración categórica pasó por el intento de nombramiento de jueces supremos por decreto, la persecución a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó hasta lograr su renuncia, la creación de un cargo a medida de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción (OA), la puesta a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) de personas ligadas al FMI y al banco HSBC, denunciado en el país por generar cuentas para lavar dinero, el papel de esos dos organismos en el fogoneo de las causas contra el kirchnerismo, la doctrina Irurzun de prisiones preventivas, el uso de la Agencia Federal de Inteligencia, el nombramiento de jueces a dedo por traslado y hasta el intento de armar el Tribunal Oral Federal 9 con ese ardid para que recibiera, entre otras, la causa del Memorándum. Le dedicó un párrafo al operador Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y a la mesa judicial. 

"Jueces de atracción"

En su caso en particular aludió a cómo se articuló el hostigamiento a través de un conjunto de causas que, mostró, siempre recaían en los mismos jueces de primera instancia, que eran Bonadio y Julián Ercolini pero que, además, cuando llegaban al tribunal penal más alto, la Cámara de Casación, intervenían automáticamente los mismos dos jueces, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (pese a que son 13 camaristas). En ese punto del discurso, CFK despertó risas cuando comentó que iba a inventar una "nueva figura" para describir lo que pasaba: en lugar de "fuero de atracción", que es una denominación jurídica usual, dijo que para ella había "jueces de atracción".  

Se detuvo en Borinsky y Hornos porque fueron quienes reabrieron el 29 de diciembre de 2016 el expediente el Memorándum que el juez federal Daniel Rafecas había cerrado por inexistencia de delito el 26 de febrero de 2015. Y lo hicieron en días en que visitaban con asiduidad a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. "Resucitaron una causa que estaba acabada", cuestionó, y recomendó escuchar la entrevista a Macri el día después en una radio de Mendoza "donde los felicita con nombre y apellido" por "sacar un fallo a medida del gobierno". La actuación de ambos camaristas es parte del planteo de nulidad y de lo que el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, pidió investigar como medida previa a evaluar si corresponde hacer o no el juicio oral, algo que el TOF 8 aceptó. Es y será clave lo que opine Colombo, ya que cuando el acusador pone en duda el proceso, como viene ocurriendo, todo se debilita. Su turno de hablar será, posiblemente en una nueva audiencia el 4 de agosto o alguna adicional. Ayer también expusieron Juan Martín Mena, quien también aludió a la cuestión de los casadores; Graciana Peñafort, que trajo, entre lágrimas, la palabra de Timerman y sumó críticas a la Corte Suprema; Andrés Larroque, que fue breve, y también su defensora, la jurista Lucila Larrandart. 

El argumento de CFK y el resto de los imputados es el llamado "temor de parcialidad". Enumeró una por una, con sus respectivas fechas, las visitas de Borinsky y Hornos a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada: 18 del primero y 8 del segundo, contemporáneas las más de las veces con decisiones . Mencionó las causas Dólar Futuro, Hotesur y Los Sauces, Vialidad, y también los intentos por involucrarla en la llamada "ruta del dinero K" (donde no hay exfuncionarios "K" implicados) y le inventaron una reunión con el juez Sebastián Casanello por la que hubo condenas por falso testimonio. "Está claro que quienes hacían esto estaban considerando que una reunión de un presidente con un juez en una causa donde pueda tener interés, es un ilícito", ironizó. Aplicó una cita del jurista alemán Claus Roxin: "el temor de parcialidad se configura cuando el juez va a jugar al tenis con el imputado y después se van a comer juntos". Recordó que el gobierno de Cambiemos incluso ocultó ciertas visitas cuando la organización Poder Ciudadano le pidió acceso a las planillas generales: de la lista de gente que iba a ver al expresidente, fueron eliminados precisamente los jueces. Las planillas completas se conocieron este año.  

También repasó que mientras reinaba el suspenso sobre la posible reapertura de la causa, la DAIA y los familiares querellantes lograron abrir una "causa melliza". "Cuando no te gusta el resultado de un juicio, armás otro. Eso es lo que sucedió", señaló. Refrescó también que se publicó una solicitada que pedía la remoción de Rafecas y que la firmaron, entre otros, Elisa Carrió, "la misma que ahora impulsa al doctor Rafecas" para la Procuración. En Casación, Borinsky y Hornos también avalaron a Bonadio y la causa duplicada que al final se unió con la original. La vicepresidenta mostró cómo ocupaban lugares en dos salas de la cámara (la I y la IV) "pero no es lo más terrible de todo" advirtió: "Se habían declarado incompetentes en todas las causas de la AMIA" con anterioridad y eso había sido aceptado por sus colegas, y de golpe cambiaron de idea. "Bonadio tenía la mesa servida: confirmado en Casación, empezó otra vez la cacería, me pide el desafuero (sin éxito), encarcela a (Carlos) Zannini, a Luis D'Elía", entre otros. 

Hace 27 años

La vicepresidenta repasó en qué estaba cada acusado al momento del atentado, el 18 de julio de 1994. Larroque tenía 17 años. Mena, viceministro de Justicia, tenía 15 e iba al colegio en Mar del Plata. Oscar Parrilli, bromeó, "por ahí tenía pelo hace 27 años" y tenía un estudio en Neuquén. Zannini era ministro de gobierno en Santa Cruz, pasó por varios nombres, rememoró a Timerman como periodista. "Yo era legisladora provincial", contó.  Los "encubridores", explicó, suelen ser quienes "tienen intereses o conexiones con los autores materiales, o los autores ideológicos o que tienen responsabilidades institucionales en materia de seguridad tratan de borrar la responsabilidad". Ella, contó, tomó contacto con el tema como senadora, a partir de 1996, en una comisión bicameral de seguimiento de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, que funcionó hasta 2001. Hizo un informe final en disidencia: "Me daba daba cuenta que la AMIA se había convertido en un teatro de operaciones de la política interna y de la política internacional (...) que la investigación no iba a conducir a conocer la verdad". Como paradoja, en el primer juicio por el atentado ella declaró como testigo. La sentencia en 2004 anuló la causa por ser un armado para impedir acceder a la verdad. "Lo que todos seguimos queriendo saber", acotó. 

Fondos buitre

Fue notable que esta vez --a diferencia de la audiencia de Casación por Dólar Futuro-- CFK no fue crítica hacia el tribunal. Sonaba extraño incluso cada vez que ella decía "presidenta" a la jueza María Gabriela López Iñíguez, que encabezaba la audiencia, cuya publicidad habían apoyado los otros dos jueces también, Daniel Obligado y Juan Michilini. Cerca del final, pasados por lejos los 45 minutos sugeridos, CFK dijo que se había preguntado si todo lo ocurrido había sido solo por persecución política. Ahí recordó que "en aquellos años nos habían declarado la guerra los buitres, que querían cobrar de la Argentina". Contó que Timerman había logrado en la ONU "una legislación global que donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países". "Mientras, los fondos buitre hacían campaña con el Memorándum y con la AMIA" y la financiaba un grupo de choque de sus lobistas. Después de mostrar las publicaciones en su contra, exhibió un gráfico de la deuda: "En 2004 debíamos 116 por ciento del PBI. En 2015, cuando termina nuestro gobierno 37,4 del PBI". Cerca de la actualidad, comenzó otra vez la curva ascendente al 72,6 por ciento, mostró. El cierre volvió a generar conmoción, cuando dijo que no puede creer que "a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para ganar elecciones, y para echarle la culpa a los que, mal o bien, podemos decir que cuando nos toco gobernar la Argentina la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor"


Permitirían vacunar a la franja de 11 a 17 años

Llegaron 3.500.000 vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos

Por Raul Kollmann

Santiago Cafiero recibió la donación en Ezeiza junto a MaryKay Carlson.. Imagen: Télam

De una manera sencilla, la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, MaryKay Carlson, anunció la donación de 3.500.000 dosis de la vacuna norteamericana producida por el laboratorio Moderna. En paralelo, el presidente Alberto Fernández le agradeció a Joe Biden el gesto y se comprometió a seguir trabajando en conjunto. La cesión a la Argentina es una de las mayores donaciones de Washington hasta ahora y las vacunas llegaron en sendos vuelos, el AR1097 y el AR1099 desde Memphis. Ambos vuelos aterrizaron este viernes a la noche y en Ezeiza los esperaban el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la propia Carlson.

"Ser depositarios de esta donación, a nosotros nos representa haber llegado a los 36 millones y medio de vacunas en territorio argentino y esto es producto de la determinación del Presidente de avanzar en la cooperación, con el cuidado de los bienes soberanos, con el cuidado de la Argentina y también de los argentinos y argentinas y así poder conseguir estas vacunas y muchas más que estarán llegando", señaló Cafiero.

El por qué de la donación

Las donaciones norteamericanas tienen un triple objetivo. En primer lugar, recuperar terreno ante la falta de liderazgo mundial que ejercieron Washington y Donald Trump durante la pandemia y, en segundo lugar, impulsar la vacunación mundial para evitar que la covid se siga expandiendo y, sobre todo, que aparezcan nuevas variantes. Por último, existe un interés económico: además de la donación, la Argentina le compró a Moderna 20 millones de dosis.

“La pandemia es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para avanzar hacia sociedades más equitativas, más inclusivas y más justas. Esta donación de Estados Unidos es una contribución muy importante en el camino de la cooperación”, señaló el presidente argentino en el texto de agradecimiento a Biden.

Del lado norteamericano, Carlson sostuvo que “Estados Unidos y Argentina están trabajando juntos como socios para luchar contra esta pandemia global. Estamos orgullosos de entregar estas vacunas de reconocida seguridad y efectividad, al pueblo argentino. Este es un momento único en la historia y requiere liderazgo y trabajo en conjunto. Estados Unidos continuará liderando los esfuerzos para construir un mundo más seguro y protegido contra las enfermedades infecciosas y nos complace trabajar en colaboración con la Argentina”.

Qué se hará en Argentina con las vacunas de Moderna

Una vez que las vacunas lleguen al país serán almacenadas a la espera de la autorización de la Anmat, ya que Moderna todavía no tiene el visto bueno ni para mayores ni para menores. Es posible que se espere la palabra de la FDA norteamericana que autorizaría la aplicación a adolescentes durante la semana que viene. A partir de ese paso, se daría uno similar acá y ello abriría la puerta a vacunar a chicos de 11 a 17 años en la Argentina, empezando con los que tienen antecedentes de enfermedades.

La trabajosa gestión en Estados Unidos fue realizada por la ministra Carla Vizzotti, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini y el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. Hubo largas sesiones de Zoom con tres laboratorios norteamericanos -Moderna, Pfizer y Johnson&Johnson- y al mismo tiempo con el Departamento de Estado. Finalmente, la donación es una de las mayores a nivel continental, comparada con la de Brasil, que recibió de Estados Unidos tres millones de dosis (Johnson&Johnson que es monodosis); Colombia 2.500.000; Perú, dos millones; Ecuador también dos millones. Según dicen en Washington habrá más donaciones a corto plazo.

El aporte norteamericano se hizo posible a raíz del DNU que firmó Alberto Fernández y que fijó las pautas para demandas judiciales y estableció un fondo de garantías ante los posibles juicios por daños a la salud o muerte. Según la Casa Rosada, el trasfondo de las dificultades con los laboratorios norteamericanos era que no tenían vacunas para entregar porque privilegiaron la aplicación a los ciudadanos del país del norte y por eso hubo tantos obstáculos para la firma de los contratos. El primer laboratorio que llegó al acuerdo fue Moderna y se dice que en los próximos diez días se terminará de firmar con Pfizer y Johnson&Johnson. El Gobierno está especialmente interesado en acordar con Pfizer por la provisión de dosis pediátricas y también Johnson&Johnson porque se combinaría con otras vacunas.

Las vacunas contra la covid que llegaron a la Argentina y las que vendrán

En realidad, la Argentina accedió a una cantidad fabulosa de vacunas, incluyendo 24 millones de dosis de la china Sinopharm, que también espera autorización para aplicarse a menores de edad, porque en China ya se usa como vacuna pediátrica. Además, hay un contrato con AstraZeneca en el que el laboratorio inglés todavía debe entregar 12 millones de dosis y con Sputnik V que adeuda 10 millones. Debe sumarse lo firmado con otro laboratorio chino Cansino para la adquisición de 5.400.000 dosis y lo acordado con Moderna, nada menos que 20 millones a entregar en el primer trimestre de 2022. Pero, además, en el país ya se está avanzando en la producción, tanto de AstraZeneca, como de Sputnik como de Sinopharm. Las cantidades serán tan grandes que el proyecto esencial consiste en exportarlas a toda la región. Hoy en día, la Argentina ya produce la vacuna de la gripe que se aplica en toda América Latina.

Con la llegada de las 3.500.000 dosis, la Argentina superó los 35.000.000 de vacunas y está en condiciones de mantener el ritmo vertiginoso de vacunación. Todo indica que se concreta el objetivo de que estén inmunizados, con al menos una dosis, la totalidad de los argentinos adultos que se inscribieron para vacunarse. 


El apoyo del macrismo al golpe contra Evo Morales

Mauricio Macri fue imputado por contrabando agravado por el envío de armas a Bolivia

El fiscal Claudio Navas Rial dio curso a la investigación impulsada por el Gobierno. Solicitó diversas medidas de prueba y realizó pedidos de informes a las autoriades argentinas y bolivianas.

Por Luciana Bertoia y Felipe Yapur
Patricia Bullrich, Mauricio Macri y el gendarme Gerardo Otero fueron imputados por contrabando agravado.. Imagen: Archivo presidencia

Una semana después de que estallara el escándalo por el envío de material bélico a Bolivia para apoyar el golpe contra Evo Morales, Mauricio Macri terminó imputado por contrabando agravado. El fiscal Claudio Navas Rial decidió impulsar una investigación penal en base a la denuncia que presentó el gobierno nacional y también se focalizó en el rol que desempeñaron la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador en La Paz Normando Álvarez García y el excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero.

“Entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar deberá haber contado con algún aval de concierto de quien ejercía entonces el cargo del Presidente de la Nación y, de suyo, el de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri”, escribió Navas Rial. De esa forma, el fiscal dejó en claro que entiende que la Gendarmería no pudo haber sacado 70.000 balas antitumulto en pleno golpe de Estado en un país vecino sin que existiera un visto bueno de Macri.

A Bullrich la imputó por haber autorizado la partida del primer contingente de gendarmes que llevó las municiones, que, en parte, aparecieron en un depósito de la Policía de Bolivia y otra parte estaba en manos de la Fuerza Aérea Boliviana, según la carta de agradecimiento que se halló en la embajada. Por haber recibido esa carta, Navas Rial quiere que Álvarez García dé las explicaciones del caso. Lo mismo con Aguad, que puso a disposición de la Gendarmería un Hércules C-130 para llevar a los efectivos, las armas y los pertrechos.

Un capítulo especial de la investigación está centrado en el rol de la Gendarmería, por eso terminó imputado tanto Otero junto con el exdirector de Logística Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde. La documentación hallada en esa fuerza sirvió para diferenciar el rol de ambos gendarmes, que fueron puestos en disponibilidad por la ministra de Seguridad Sabina Frederic mientras se sustancia un sumario administrativo:

  • Yavorski estuvo a cargo de presentar las solicitudes ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacar las armas y las municiones del país. Inicialmente, el 11 de noviembre de 2019, pidió autorización para llevar 3600 cartuchos antitumulto 12/70. Al día siguiente, cuando ya estaba en el poder la dictadora Jeanine Añez, pidió ampliar el permiso para llevar 70.000 cartuchos. No podía tratarse de un error de cálculos.

  • Recalde informó el 15 de julio de 2020 que los 70.000 cartuchos se habían usado en entrenamientos. Lo curioso es que los tres contingentes de gendarmes que estuvieron entre noviembre de 2019 y junio de 2020 en Bolivia pertenecían al grupo “Alacrán”, que no utiliza armas antidisturbios, sino que sólo emplean armamento letal. Sería bastante que se hayan ejercitado con armas que no usan. Según le dijo Frederic a este diario, en el ministerio de Seguridad, manejan la información de que los gendarmes jamás efectuaron disparos en Bolivia.


Navas Rial circunscribió los hechos, por el momento, a la figura de contrabando agravado por la cantidad de personas que habrían participado de la maniobra, por su calidad de funcionarios públicos y porque se trata de material bélico el que salió hacia Bolivia. Ni Macri ni sus funcionarios quedaron imputados por malversación de caudales públicos, ni abuso de autoridad ni delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, como habían reclamado en su denuncia Frederic, el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont.

Por el momento también quedó fuera de la investigación el excanciller Jorge Faurie, que --como reveló este diario y tal como surge del teléfono de Darío Nieto-- estuvo reunido con Macri el día en que partieron los gendarmes y las armas hacia Bolivia. El fiscal tampoco imputó al exjefe de la ANMaC Eugenio Cozzi, que autorizó la salida de las municiones y unos días antes flexibilizó las condiciones para hacerlo posible. Sin embargo, Navas Rial, en su dictamen, dejó en claro que la pesquisa podía ampliarse hacia otras personas.

Navas Rial le pidió al juez Javier López Biscayart, que entiende en la causa, que habilite la feria para continuar con la pesquisa durante las dos próximas semanas. El magistrado deberá tomar una decisión a partir del lunes, aunque López Biscayart ya les anunció a sus colaboradores que no se tomará vacaciones en julio. Navas Rial también seguirá en la oficina la próxima semana.

El fiscal, además, le solicitó al juez que unifique la denuncia del gobierno nacional con la que presentó el excamarista Eduardo Freiler, a partir de la información revelada por este diario. Ese expediente está en manos del juez Alejandro Catania. Navas Rial también reclamó información a la administración de Alberto Fernández y pidió recabar información desde Bolivia. La embajada argentina en La Paz, a cargo de Ariel Basteiro, pasó todo el viernes contestando requerimientos judiciales.

En Bolivia

La fiscalía de La Paz abrió una investigación por la adquisición ilegal de material antidisturbios y agentes químicos desde la Argentina contra el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara, que ya está detenido. La carta que Terceros Lara le envió el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador Álvarez García, agradeciéndole la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto, fue lo que desató el escándalo de impacto regional.

Esta semana, se encontraron 29.600 balas de goma argentinas en un depósito de la Policía de Bolivia cerca de La Paz. El comandante de esa fuerza, Jhonny Aguilera, le confirmó a Página/12 que se trataba de cartuchos argentinos, Por el momento, no se dieron mayores detalles del descubrimiento y se espera que el lunes se hagan los anuncios en una conferencia de prensa. La hipótesis más firme es que las 70.000 balas que salieron el 12 de noviembre de Argentina se hayan repartido entre la FAB y la Policía. En su denuncia, el gobierno asoció la llegada de las armas y las municiones con dos masacres que sucedieron en la semana siguiente, la de Senkata y Sacaba. 


Por inexistencia de delito

Se cayó la causa armada por el Plan Qunita: sobreseyeron a todos los imputados

La decisión llega luego de que un peritaje determinara que no hubo perjuicio a la administración pública ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación para proveer los kits para recién nacidos.

Por Raul Kollmann

No se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública.. Imagen: Télam

Después de tapas y tapas de los grandes diarios, tras una denuncia grotesca de la diputada Graciela Ocaña y transcurridos seis años de procesamientos y embargos dictados por el ya fallecido juez Claudio Bonadio, el Tribunal Oral Federal 1 dispuso el sobreseimiento de todos los imputados por el llamado Plan Qunita, la compra de un kit destinado a evitar muertes de bebés. La clave fue el dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, quien en un extenso análisis, en base a dos peritajes que debieron hacerse al principio del expediente, estableció que no hubo sobreprecios ni se direccionó la licitación, por lo que no hubo perjuicio para el Estado ni se cometió delito alguno. Los magistrados consideraron, por unanimidad, que no habiendo acusación fiscal en base a un dictamen sólido y fundamentado, no hay condena posible. Entre los sobreseídos están Aníbal Fernández, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su viceministro, Nicolás Kreplak.

La causa Qunita ejemplifica lo que fue la persecución mediática-política-judicial antes y durante el gobierno de Mauricio Macri. Los pasos fueron casi siempre los mismos:

* Denuncia de una dirigente del PRO o afines, en este caso, Graciela Ocaña.

* Inmediato apoyo mediático, con tapas de diarios, repercusión en radio y televisión.

* Extraños sorteos en Comodoro Py en los que resultaban adjudicadas las causas a Bonadio o Julián Ercolini.

* Omisión de los peritajes más elementales o, aún peor, armado de peritajes truchos, como en el caso Qunita. Bonadio ordenó un estudio, pero como veía que se demostraba que no había irregularidad, lo anuló. Y, en cambio, basó el expediente en un kit aportado por Ocaña en el que faltaban buena parte de los elementos y hasta se incluyó una cuna peligrosa para la vida de los bebés.

* Sin peritaje o con uno trucho, en todas las causas Bonadio dictaba el procesamiento de los imputados y el embargo de sus bienes (ver más adelante).

* El expediente luego se cajoneaba e iba y venía de apelaciones en que jugaban las cámaras Federal y de Casación, alineadas con el macrismo y en sintonía con los grandes medios.

El TOF 1 integrado por Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Michilini y a pedido de Baigún ordenó lo que se debió hacer desde el principio: la realización de dos peritajes. Uno técnico, orientado a la calidad del kit y sus materiales (moisés, ropita, chupetes, pomadas, talcos, libros instructivos y hasta preservativos). El otro peritaje fue contable, centrado en costos, precios y ganancias.

La abogada María Valeria Onetto, en representación de los seis empresarios que ganaron la licitación, hizo un demoledor análisis de los dos peritajes demostrando que no hubo sobreprecios y detallando que en el kit aportado por Ocaña en lugar de un moisés se presentó una cuna entre cuyos barrotes se podía caer el bebé y, además faltaban bolsas, cajas, logística, bolsillos claves, gorro, saco de dormir, babero, escarpines, transportes, pallets de acopio, almacenamiento, armado de los kits, planchado y empaquetado. Tampoco se tomaba en cuenta el pago de impuestos y la logística. 

Por su parte, la fiscal Baigún destinó 70 páginas a analizar cada punto de la acusación, además de los materiales, los precios, cuestiones como los impuestos y las ganancias de las empresas. En su dictamen desmenuzó todos los elementos de acusación formulados por el fiscal de instrucción Eduardo Taiano --otra pieza del macrismo en Comodoro Py-- y el juez Bonadio. Como conclusión, Baigún consideró que ambos estudios constituían nueva prueba y por lo tanto utilizó los peritajes técnico y contable para dictaminar la inexistencia de delito.

* No hubo sobreprecios porque la base aportada por Ocaña no tenía sustento alguno.

* El precio al que se hicieron las adjudicaciones no fue muy distinto al sugerido por la Sindicatura General de la Nación.

* La ganancia de los que se quedaron con la licitación fue del 15 o 18 por ciento.

* No hubo direccionamiento, porque compitieron nueve empresas y la convocatoria fue abierta.

* No se puede hablar de direccionamiento cuando el propio Bonadio sobreseyó a Juan Manzur, exministro de Salud y responsable de la licitación.

* Baigún en su momento sostuvo que la mayor pérdida para el Estado fueron las demoras en distribuir los kits retenidos por Bonadio y los gastos de almacenamiento.

El primer voto y el que lideró el fallo del TOF 1 fue el de Grünberg, que sostuvo que pedir el sobreseimiento era adecuado ante la aparición de los peritajes. “Se trata de nueva prueba no valorada en instancias anteriores. Y eso habilita al tribunal para poner fin a la persecución penal”. Pero el punto en el que los tres magistrados estuvieron de acuerdo fue resumido así por Grünberg: “No puede haber proceso sin acusación. Y ésta debe ser formulada por una persona ajena al tribunal sentenciador. De modo que, si el fiscal no acusa, los jueces no pueden promover el proceso por iniciativa propia y menos aún dictar sentencia condenatoria sin afectar las garantías de la defensa en juicio y la imparcialidad”. La única excepción podría ser que el dictamen fiscal carezca de fundamento, pero los tres jueces le reconocieron a Baigún “la solidez de sus fundamentos basados en derecho y elementos probatorios”.

El objetivo del Plan Qunita era evitar la mortalidad en hogares sin recursos, donde el recién nacido suele dormir con los padres y correr el riesgo de ahogarse. La persecución política frenó esa iniciativa --diseñada por el joven, ya fallecido, Tiago Ares-- y la convirtió en una causa penal. Seguramente tuvo su costo en vidas de bebés.

El peso del embargo 

El fallo del TOF 1 puede pasar como un intrascendente gesto burocrático, pero basta tomar el ejemplo de lo que vivió Nicolás Kreplak para tomar dimensión de lo que significó la falsa denuncia de Ocaña.

A Kreplak, como a todos los demás imputados, Claudio Bonadio le dictó un embargo por 440 millones de pesos, una cifra descabellada que por supuesto el ahora viceministro no tenía ni remotamente.

Eso llevó no sólo a que le embargaron su departamento de 50 metros cuadrados y su auto de 2014, sino incluso lo que cobró por sus clases en la UBA o lo que le pagaron por atender pacientes de una obra social. La orden de Bonadio era que debía embargarse todo lo que no fueran sueldos, y en la retribución por las clases o la atención a pacientes no decía la palabra "sueldo". Pero, además, al momento del embargo, él tenía ahorrado un dinero proveniente de sus ingresos y como estaban en una cuenta se los bloquearon también.

En los seis años que lleva la causa, la familia Kreplak se agrandó con dos bebés y además hoy el viceministro trabaja en La Plata. El embargo traba cualquier movimiento o garantía para un alquiler.

Y, por supuesto, el mayor peso es el moral. Seis años en que familiares, amigos, vecinos y conocidos escucharon o leyeron las acusaciones en radio, TV y diarios, seguramente produciendo días de impotencia y a veces de lágrimas.

Fuente:Pagina12



17/07/2021  - AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Parte un nuevo vuelo a China para traer más dosis de Sinopharm

Se trata de la séptima de diez operaciones previstas por Aerolíneas Argentinas para transportar 8 millones de vacunas durante el mes de julio. El regreso está programado para las 19.10 del lunes.

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas (AR) partirá este sábado hacia China para traer más dosis de la vacuna Sinoparhm contra el coronavirus, en el marco del operativo de diez vuelos desplegados durante el mes de julio para transportar 8 millones de dosis.

"Esta semana tuvimos al menos un avión de @Aerolineas_AR despegando o aterrizando por día para traer vacunas. Hoy también, 12.50 parte la séptima operación a China de las 10 que programamos para traer más dosis de Sinopharm. Un esfuerzo logístico para la campaña de vacunación", anunció el titular de AR, Pablo Ceriani en su cuenta de Twitter.

El Airbus 330-200, bajo el número de vuelo AR1086 tiene previsto partir este sábado a las 12.50 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, realizará una escala intermedia en Madrid tanto en la ida como en la vuelta y su regreso se encuentra programado para las 19.10 del lunes, bajo el número AR1087.


Este viernes llegaron tres vuelos: uno desde Beijing y dos desde Memphis, siendo el mayor arribo de vacunas en un solo día con más de 4.2 millones de dosis.

Además de las vacunas llegadas el viernes desde China, arribaron por la noche 3,5 millones de dosis de Moderna donadas por los Estados Unidos, en lo que representa la entrega más numerosa a una sola nación latinoamericana por parte de la administración de Joe Biden.

Con este envío, el país superó las 36 millones de unidades recibidas desde diciembre, fecha de inicio del plan de vacunación.


Según los datos actualizados del monitor público de vacunación, hasta la mañana del sábado fueron distribuidas en todo el país 30.295.044 de dosis y aplicadas 26.934.235.

"Durante toda esta semana hubo al menos un avión de Aerolíneas saliendo o llegando con vacunas. Es un esfuerzo logístico que da como resultado millones de personas que van a recibir su dosis en los próximos días", destacó Ceriani.

La empresa completó 13 vuelos a Beijing en los que se trasladaron 9.803.000 dosis de Sinopharm, 22 vuelos a Moscú que suman 11.813.375 dosis de Sputnik V y 2 vuelos desde Memphis con 3.500.000 dosis de Moderna.

En total, Aerolíneas Argentinas trajo al país 25.116.375 en 37 vuelos realizados.


16/07/2021  - ANSES

El 2 de agosto comienza el pago del bono de $5.000 para jubilados y pensionados

El beneficio anunciado esta semana por el presidente Alberto Fernández, alcanzará a más de 6 millones de personas, un 83% de los beneficiarios previsionales.

El beneficio alcanzará a más de 6 millones de personas, es decir, al 83% de los beneficiarios previsionales.

El bono de $ 5.000 para jubilados y pensionados comenzará a pagarse el lunes 2 de agosto según terminación de DNI y con los cronogramas de pago habituales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), informó el organismo previsional.

El bono anunciado esta semana por el presidente Alberto Fernández, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, alcanzará a más de 6 millones de personas, es decir, al 83% de los beneficiarios previsionales.

Están incluidos en el beneficio jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con hasta dos haberes mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez e Invalidez y Madres de 7 hijos.

La Anses, mediante un comunicado, destacó que "este bono, financiado con recursos del Tesoro Nacional, no sufrirá ningún descuento ni será computable para ningún otro concepto".

Para aquellas personas que tengan ingresos hasta dos haberes mínimos ($46.129,40 ), la suma será de $5000; para las que perciben entre $46.129,41 y $51.129,39, el monto será el equivalente hasta alcanzar este último monto.

"Es un bono que les permitirá tener la certeza de una jubilación digna", afirmó la titular de la Anses tras el anuncio de esta semana, quien destacó el trabajo y el compromiso del Gobierno de "recuperar el valor de compra de las jubilaciones que en dos años del gobierno anterior perdieron 20 puntos".

Este bono de $5.000 será el tercero que se otorga en 2021 a las jubilaciones mínimas -los anteriores fueron de $1.500 en abril y mayo- aunque el primero que incluirá también a los haberes que duplican el haber más bajo.
Fuente:Telam




Machista, racista, negacionista, transfóbico y ñoqui: el candidato modelo del macrismo

Franco Rinaldi es un personaje que se destaca en las redes sociales por sus expresiones de intolerancia. Su pasado oscuro en la AGN.

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