Salario Básico Universal
CGT y Organizaciones Sociales realizarán marcha en apoyo al Gobierno Nacional
El día 7 de agosto, Organizaciones Sociales realizarán una movilización a Plaza de Mayo en respaldo al gobierno nacional, acompañadas por gremios de la CGT y entidades de pequeños empresarios, la fecha coincide con el día de San Cayetano.
Las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) volverán a las calles para movilizarse por primera vez desde que se desató la crisis pandémica. Será con reclamos y en apoyo al gobierno nacional, en una fecha emblemática para los movimientos populares: el 7 de agosto, día de San Cayetano, y además contarán la participación de gremios de la CGT.
Desde la organización anticiparon que apuntan a movilizar más de 150 mil personas desde el santuario de San Cayetano, ubicado en Liniers, hasta Plaza de Mayo. Habrá, además, actividades en plazas y barrios de todo el país. También se sumarán entidades de pequeños y medianos empresarios, cooperativas y productores agrarios.
Entre las consignas incluirán la necesidad de avanzar hacia “una política que integre desde un salario básico universal” y un fuerte respaldo al gobierno nacional frente a la negociación con el Fondo Monetario Internacional.
Este año, como cada 7 de agosto, se mantendrá la vigencia del lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo“, fijado desde aquella marcha histórica del 2016, que selló la unidad de las organizaciones que hoy integran la UTEP, y que permitió avanzar hacia la Ley de Emergencia Social, la creación de un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular (Renatep), y de barrios populares (Renabap) que deben ser urbanizados en todo el país.
CGTOrganizaciones SocialesUTEPRenatepPlaza de MayoSan Cayetano
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El laboratorio estadounidense Lilly se va del país
El sindicato de visitadores médicos exige el sostenimiento de las fuentes de trabajo.
La Asociación Agentes de Propaganda Médica de la Rep. Argentina (AAPM-CTA Autónoma) denunció que el laboratorio Eli Lilly, de capitales estadounidenses, planea retirarse del país. El gremio indicó que primero recibieron versiones no oficializadas, pero este viernes la empresa lo ratificó en una reunión personal en el sindicato.
“La AAPM respondió a este anuncio exigiendo el sostenimiento del 100% de las fuentes de trabajo, más aun teniendo en cuenta el crítico marco que estamos atravesando por causa de la pandemia” indicó Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma y Secretario General Adjunto del Sindicato nacional de los visitadores médicos.
Según la Agencia de noticias Europa Press la empresa a nivel mundial registró ganancias por más de 355 millones de dólares en el primer trimestre de 2021. Lejos de responder a una situación económica adversa para el laboratorio, su salida del país se basa en la decisión de su casa matriz de reenfocar su producción retirando sus filiales de varios puntos del planeta.
En Argentina, a partir del mes de Agosto, las líneas de medicamentos de Eli Lilly pasarán a la firma nacional Raffo. “El reclamo de nuestro gremio es que ningún acuerdo comercial puede hacerse desentendiéndose de la situación de la gente, por eso exigimos responsabilidad tanto a Lilly como a Raffo” remarcó Peidro.
En la actualidad, Eli Lilly es uno de los principales proveedores de medicamentos para la diabetes en el mercado local y emplea a más de 100 trabajadores en sus oficinas locales.
AAPM-CTA Autónoma se encuentra evaluando las acciones a seguir. En principio, una vez culminada la reunión envió documentos legales tanto a Raffo como a Lilly para que clarifiquen el alcance del acuerdo comercial, a la vez que solicitó a la cartera de Trabajo que intervenga para llevar adelante una reunión entre las partes.
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El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, rechazó el bono a jubilados: «la limosna ratifica la pobreza, no la soluciona»
El martes 13 el presidente Alberto Fernández anunció que se otorgará un bono de $5000 para los y las jubiladas argentinas en el mes de agosto para compensar lo perdido ante la inflación. La medida es para quienes cobren jubilaciones que no superen los $46130. El Defensor de la Tercera Edad y Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG) rechazó el anuncio, por considerarlo pobre: «la imagen se corresponde más con la de un rey arrojando monedas a un pueblo desahuciado que a un anuncio digno de un mandatario de un país moderno. Tanto con el gobierno actual como con el anterior los jubilados vienen perdiendo ante la inflación de manera constante. En 2018 y 2019 perdieron 19,5% y en 2020 8,5%. Pero incluso antes de empezar a perder contra la inflación, los haberes jubilatorios estaban en niveles paupérrimos. Hoy son míseros subsidios que no se condicen con los aportes realizados a lo largo de una vida», remarcó. Por ANRed.
Así lo expresó el Defensor de la Tercera Edad y Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), Eugenio Semino, en un pronunciamiento público: «pretender que un bono semejante es una noticia digna de ser anunciada por la más alta autoridad nacional implica un desconocimiento muy grave de la situación actual de las jubilaciones en Argentina. La imagen se corresponde más con la de un rey arrojando monedas a un pueblo desahuciado que a un anuncio digno de un mandatario de un país moderno«, remarcó, en referencia al anuncio que realizó este martes 13 el presidente Alberto Fernández de un bono de $5000 a cobrar en agosto para jubiliados y jubiladas que cobren hasta $46130.
«Tanto con el gobierno actual como con el anterior los jubilados vienen perdiendo ante la inflación de manera constante – sostuvo Semino – En 2018 y 2019 perdieron 19,5% y en 2020 8,5%. Pero incluso antes de empezar a perder contra la inflación los haberes jubilatorios estaban en niveles paupérrimos. Hoy son míseros subsidios que no se condicen con los aportes realizados a lo largo de una vida«, destacó.
En la misma línea, agregó: «el estado catastrófico en el que se encuentran las jubilaciones hunde en la pobreza a millones de argentinos y argentinas, agravando la crisis económica que agobia al país». Además, consideró que «el sistema previsional necesita ser repensado a nivel estructural», y que «los jubilados y jubiladas merecen que la clase política se comprometa de manera seria a dar una respuesta real y sostenida en el largo plazo a la crisis del sistema».
«Cuantos más anuncios de este tipo se realicen más se va a poner en evidencia la incapacidad del sistema político para encontrar soluciones reales a los problemas de la ciudadanía. La limosna ratifica la pobreza, no la soluciona», culminó el Defensor de la Tercera Edad.
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Cajeras, esenciales invisibilizadas en pandemia
El coronavirus paralizó al mundo e impuso el #QuedateEnCasa para priorizar lo esencial. Pero para poder hacerlo, hubo trabajadores y trabajadoras que siguieron cuando todo se paró. ¿Cómo pasaron a ser olvidados por las medidas del Gobierno y su propio sindicato? Sus historias, en este informe.
Redacción Canal Abierto | En 2020 el coronavirus paralizó al mundo, obligó a todos a quedarse en casa, a priorizar lo esencial y a emplear el cuidado colectivo. Pero para poder hacerlo, hubo otros, trabajadores y trabajadoras, que siguieron cuando todo se paró. La incertidumbre ante un virus desconocido, las nuevas medidas de protección y la responsabilidad de sostener su trabajo a pesar del peligro generó en ellos angustia, pero el compromiso fue más fuerte.
Cuidadoras, repartidores, personal de limpieza, camioneros, recolectores de basura y cajeras de supermercados se convirtieron en esenciales, apenas detrás de esa primera línea que constituye el personal de salud, para mantener las casas equipadas, para asegurar los alimentos y hacer frente al confinamiento obligatorio.
Pero, ¿qué pasó con el reconocimiento a la hora de vacunar, o cuando había que aumentar los sueldos? Al igual que los aplausos de las nueve de la noche, todo se diluyó y en la fila de vacunación se convirtieron en ciudadanos comunes que debían esperar un turno por edad.
Canal Abierto dialogó con Gladys Auce y Cintia Cabrera, cajeras de la usina láctea El Puente y Carrefour respectivamente. En medio de su jornada, pararon para contar sus historias, su vida y trabajo en pandemia, y los principales problemas laborales que enfrentan día a día.
Gladys trabaja en El Puente hace cinco años, tiene dos hijas y es soporte de su hogar. Lo primero que comenta es lo que tarda en llegar a su trabajo. “Tenemos la limitación del transporte público, porque tardamos mucho en llegar a nuestro trabajo, y si llegamos tarde se nos saca el premio”.
Cintia vive en Claypole y combina tren, colectivo y subte para llegar al local de Colegiales en un rango de tres horas de ida y tres de vuelta. “No nos reconocen como esenciales, sino tendríamos la vacuna. Las paritarias fueron un desastre. Somos un número, no somos reconocidos como personas que trabajamos en esto desde el día uno. Es una falta de respeto lo que nos están haciendo”.
A la avalancha en los supermercados los días previos a la cuarentena estricta, le siguieron meses de un trato al que no estaban acostumbradas. Hoy, lamentan que ese cambio de actitud hacia ellas duró poco, tanto en el trato de algunos clientes como de sus empresas, sindicatos y los gobiernos.
Para cumplir horarios y condiciones siguen siendo esenciales. Para las vacunas no, a pesar de su permanente exposición al contagio. En El Puente, toda la línea de caja se contagió. “Cuatro compañeras y compañeros al principio, y después no se quería aislar a otra porque los jefes consideraban que no era contacto estrecho siendo que compartió la jornada de ocho horas con los infectados”, comentó Gladys, quien además es delegada general en CABA del Sindicato Joven CIS (Comercio, Industria y Servicios) de la CTA Autónoma.
Ante esa situación, ella decidió dar aviso a los clientes de lo que pasaba en el local. La respuesta de la empresa fue enviar a Recursos Humanos a negociar con ella, y recién ahí mandaron a hisopar a su compañera, quien resultó positiva y se contabilizaron siete casos al mismo tiempo.
“Nuestra primera demanda es la vacuna contra el covid ya que estamos en primera línea, todo el tiempo expuestos”.
El rol del sindicato
A pesar de trabajar para distintas cadenas de ventas de comestibles y productos de uso doméstico en general y no tener contacto entre ellas, Gladys y Cintia coincidieron en muchas cosas. Una es el accionar del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC Capital) afiliado a la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio) y conducido por Armando Cavallieri.
“El Sindicato de Comercio quedó totalmente fuera de toda discusión, no le importa lo que le pase a los trabajadores y trabajadoras. Como representante del Sindicato Joven tuve que tomar medidas para que nos den respuestas”, comentó Gladys.
“El SEC no estuvo presente. Cerraron las puertas directamente, los directivos tienen sus vacunas pero a nosotros nos dejaron a la deriva”, sostiene Cintia que, a pesar del rol de la dirigencia que conduce el gremio, está afiliada y participa sindicalmente en la agrupación Nueva Generación – Lista Granate del SEC Capital.
Llegar a fin de mes
En Argentina, el sueldo promedio de cajeros y cajeras es de $38.000 por mes, un 35% más bajo que el sueldo establecido en la escala salarial de los empleados de comercio. Aunque éste se ubica en $62.000, sigue estando muy por debajo de lo necesario para cubrir la Canasta Básica.
“Con el sueldo que tenemos no llegamos ni a mitad de mes. Buscamos precios para poder llegar y vivir, porque ni siquiera podemos darnos gustos. Estamos muy mal”, cuenta Gladys.
Mientras, Cintia comenta: “Estamos reclamando que se reabran las paritarias. También los bonos, por ser personal de riesgo. Los pagaron los primeros meses y después dejaron de darlo. También que reconozcan al personal que es tomado por consultoras y no los efectivizan cumplidos los tres meses”.
Las violencias con las que conviven
Tanto Cintia como Gladys vivieron episodios de violencia laboral y acoso en sus trabajos. En ningún caso la empresa o el sindicato formal actuaron como debían, y ellas quedaron expuestas a más malos tratos.
“Yo lo padecí, lo denunciamos, pero no llegó a nada más que una denuncia telefónica. Judicialmente tampoco se llegó a algo y lo echaron por otros motivos. Era mi ex jefe. Escuché de varios casos con este mismo hombre”, relata Cintia.
En el caso de Gladys, que fue acosada, ignorada, despedida y reincorporada por la Justicia a su puesto, hoy debe convivir con malos tratos por parte de sus superiores, y lidiar con las trabas que le ponen cuando debe cumplir sus tareas de madre, avaladas por un DNU presidencial. “Viví muchas situaciones y todas las denuncié, pero la empresa nunca hace nada con estos temas”, dice.
Finalmente, Cintia expresa: “No tengan miedo, no se callen. Esto lo puede padecer tanto un hombre como una mujer. Involucrarme en esto me sirvió para que no vuelva a pasar. Nadie tiene por qué sufrir o padecer violencia o acoso”.
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ATSA retoma medidas de fuerza para reclamar por la reapertura de paritarias
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) confirmó que ante el próximo vencimiento del período de Conciliación Obligatoria dictado por el Ministerio de Trabajo para las medidas de fuerza anunciadas por el gremio, el jueves 22 de julio los trabajadores de la salud retomarán el plan de lucha, con una serie de acciones sindicales durante la semana.
Este lunes, ante la continua negativa de las cámaras empresarias para recomponer el salario del sector, el conjunto de delegados, congresales y militantes de ATSA se reunirán a partir de las 14 frente a la sede principal del Ministerio de Trabajo para luego nos trasladarse a Plaza Congreso, con el objetivo de “visibilizar” el conflicto paritario en curso.
Este martes se continuará con acciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en las clínicas, sanatorios y hospitales de comunidades para seguir exteriorizando la situación, informaron desde el gremio encabezado por Carlos West Ocampo.
Desde el gremio, añadieron: “Seguiremos avanzando en unidad y organizados, defendiendo nuestros derechos y sosteniendo nuestro reclamo, hasta lograr nuestros objetivos. No claudicaremos. Nuestro reclamo es legítimo y es urgente. Somos el sector que más ha trabajado durante la pandemia y los empresarios se niegan a actualizar nuestros salarios. Tomaremos las medidas que sean necesarias hasta alcanzar una recomposición salarial acorde a nuestros esfuerzos, sin resignar el poder de compra. Al grito de “Acá nadie afloja”, seguiremos peleando hasta vencer la resistencia de los empresarios”.
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El Gobierno ya no prorrogará mandatos por pandemia y se retoman las elecciones sindicales
Por Laura Beheran
En abril de 2020, producto de la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución que suspendía los actos sindicales institucionales, lo que incluía elecciones para renovar autoridades.
En febrero de este año, a través de la resolución 133/21, el titular del área, Claudio Moroni extendió la norma hasta el 31 de agosto, pero según se informó desde esa cartera ya no habrá más prórrogas y comenzarán a llevarse a cabo las elecciones pendientes, que incluyen a la Confederación General del Trabajo, donde el camino hacia esa nueva conducción, despierta suspicacias.
Es decir, que a partir del 1 de septiembre empieza a correr un plazo para que se realicen ciento de elecciones que tienen como límite mayo de 2022. Y en Azopardo la fecha está establecida tentativamente para el 20 de octubre del año en curso, mes también del calendario electoral de las legislativas. Si bien la autorización sindical es nacional, en ciertos casos deberán recibir la autorización de jurisdicciones provinciales para la presencialidad, de acuerdo a cada situación sanitaria.
La pregunta es si se viene la renovación en la CGT, si existe la posibilidad de una nueva conducción tripartita, o si habrá continuidad . Para ello falta saber si Hugo y Pablo Moyano pueden volver a formar parte de mesa chica, si hay lugar para la Corriente Federal y que pasará con actores de relevancia de la CATT como los ferroviarios, Maturano, de la Fraternidad, o Sassia, de la Unión Ferroviaria, tienen su propio armado, y éste último es uno de los nombres que suena con fuerza de cara a nuevas incorporaciones.
Lo cierto es que desde los distintos vértices, pregonan la unidad, pero a la hora de concretar esos dichos, aún no está claro si Camioneros intentará llegar con una lista opositora, si habrá varias listas, o si acordarán los cargos en una sola CGT para dar solidez al movimiento obrero organizado.
Es un momento difícil para el mercado laboral y para el salario. Si bien los movimientos sindicales siempre fueron afines al peronismo y ésta no es la excepción, la relación es buena pero su influencia no es tanta como quisieran, y los gestos de Alberto Fernández, si bien son permanentes, no son de la magnitud que el movimiento obrero quisiera, ni el que los trabajadores reclaman.
Con salarios devaluados y escasa o nula generación de empleo, la batería de herramientas de contención disponibles: prohibición de despidos y suspensiones, doble indemnización y Repros, no parecen suficientes para contener la enorme cantidad de demandas existentes, desde sus deterioradas obras sociales sindicales hasta los altos índices de inflación, inalcanzables por más que se adelanten y se renegocien las paritarias. Con lo cual los interrogantes respecto a los resultados del acto electoral son muchos y las respuestas, pocas.
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Yasky señaló que una reducción de la jornada “requeriría acuerdos regionales» para evitar la amenaza empresaria «de radicarse en otros países»
El diputado de extracción sindical Hugo Yasky se refirió al debate candente del momento en materia laboral, la reducción de la jornada. Habló del proyecto que presentó el año pasado, surgido de las entrañas de la CTA, de los beneficios que traería y las cuestiones a tener en cuenta para que sea viable.
La Argentina tiene uno de los regímenes laborales más extensos, no sólo de la región sino del mundo y algunas voces, como la ministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec expresan que es el momento para abrir el debate. Hugo Yasky, como secretario general y diputado nacional del bloque Frente de Todos, presentó en septiembre de 2020 un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 semanales.
“Es un debate que se empieza a instalar porque la realidad de la pandemia nos plantea la necesidad de pensar en alternativas que signifiquen menos horas de trabajo”, afirmó Yasky en diálogo con El Destape.
A partir de la crisis económica mundial que desató la pandemia y el aumento del desempleo y la informalidad, el debate sobre la reducción de la jornada laboral se extendió por el globo. Varios países comenzaron a estudiar e implementar modificaciones en la cantidad de horas legales que ocupa la jornada laboral.
Dentro de nuestra región, la semana pasada, Colombia confirmó que su jornada laboral pasa de 48 a 42 horas semanales sin afectar el salario de los trabajadores ni los derechos adquiridos.
Yasky explicó que una jornada semanal de cuatro días o menos horas por mes “requeriría acuerdos regionales, porque sino empezaríamos con la presión de los sectores que plantean la movilidad del capital y la búsqueda de las empresas de radicarse en otros países. En un momento era parte de la agenda pero después llegaron los cambios políticos hacia la derecha”.
El diputado consideró que es posible “llevar la jornada laboral al promedio que existe en la mayoría de los países de Europa y algunos de América Latina», como punto de partida para pensar en «una semana laboral de cuatro días, que sería el punto ideal”.
Según el secretario general de la CTA, se trata de arrojar transparencia sobre una realidad: “Nuestra propuesta está sustentada en hechos, no en interpretaciones. Hoy en la Argentina, a pesar de que la ley establece 48 horas, la jornada laboral efectiva es de 38. El Estado, los empresarios y las organizaciones sindicales no podemos mirar para el costado”, dijo Yasky.
En la CTA consideran que la medida permitiría formalizar miles de empleos, y Yasky agregó que, según estudios científicos como el de Islandia, hay “reducción de conflictos intralaborales, armonía en el marco del colectivo de trabajo, y también la reducción del nivel de estrés de los empleados”.
“Son países que tienen un nivel de alta tecnología y una utilización de la mano de obra mucho menos intensiva que la de nuestro país, donde la construcción sigue siendo un tipo de actividad que se sustenta en la explotación intensiva de la mano de obra”, reconoce el diputado.
“Los grupos empresarios prefieren explotar la mano de obra que ya tienen en planta y no incrementar los puestos de empleo”, acusó.
“Hay que discutir también la cantidad de horas extras. La dificultad ahí es que algunos sectores entraron en una lógica de autoexplotación, y muchas veces se choca con la necesidad que tiene el trabajador de incrementar sus ingresos trabajando más horas”, afirmó, y concluyó que la reducción de la jornada es un debate que se va a imponer por la urgencia de las demandas sociales.
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Choferes de micros escolares protestan en el Congreso para pedir ampliación del aforo de pasajeros
19 julio, 2021
Conductores de micros escolares del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana una protesta frente al Congreso nacional, en reclamo de una «ampliación del aforo» para poder transportar una mayor cantidad de estudiantes a los establecimientos educativos, informaron voceros del sector.
«Pedimos solucionar nuestros problemas que tienen que ver con los gastos en impuestos que tenemos y una ampliación del aforo para poder trabajar en el transporte de los chicos. No vamos a cortar el tránsito porque nuestra intención no es molestar a otros trabajadores», dijo a la prensa Álvaro Sánchez, vocero de la protesta.
Unos 20 colectivos escolares se ubicaron esta mañana temprano en los alrededores de la Plaza de los Dos Congresos, sobre la avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, en una protesta que además contempla la instalación de una carpa durante los 15 días de vacaciones de invierno para los estudiantes.
«Estamos llegando desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal porque queremos visibilizar nuestro problema que arrastramos desde el mes de mayo del año pasado; porque estamos defendiendo nuestro trabajo y el sustento para nuestras familias», agregó el chofer.
Sánchez insistió en que el reclamo «se basa en poder discutir con los gobiernos de CABA y de la provincia la situación de nuestros gastos y los impuestos y una ampliación del aforo para poder trasladar a los chicos y poder trabajar. La realidad es que estamos fundidos sin poder trabajar».
Los transportistas de micros escolares llegaron desde Berazategui, Tigre, La Matanza, Quilmes y Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, y de La Boca, Liniers, San Cristóbal, y Lugano, entre otros puntos de CABA.
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«Tenemos una CGT totalmente sumisa a las disposiciones del gobierno»
El líder de Aceiteros, Daniel Yofra, responsabilizó a la CGT por el 50% de los trabajadores que están en la pobreza y sentenció: «Tenemos una CGT totalmente sumisa a las disposiciones del gobierno».
Daniel Yofra, el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, popularmente conocidos como Aceiteros, cuestionó el rol de la CGT y la responsabilizó por la situación general de los trabajadores.
«Tenemos una CGT totalmente sumisa a las disposiciones del gobierno», sostuvo Yofra a FM Meridiano.
«Nosotros como dirigente gremiales tenemos una responsabilidad con los trabajadores, hoy hay el 50% de los trabajadores pobres», agregó el sindicalista.
Además cuestionó al gobierno santafecino por la falta de respuestas hacia el movimiento obrero: «En Santa Fe se apoya más al sector empresario que a los trabajadores».
Por otra parte habló de las paritarias de la actividad que se avecinan: «Nosotros cerramos una cláusula de revisión para el mes de agosto, pero estamos en tratativas para adelantar ese ajuste».
Y confirmó: «Siempre pedimos el cálculo del salario mínimo, vital y móvil, de cuanto es el salario digno para que se pueda vivir. ¿Veremos cómo es la negociación?».
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En la Ciudad de Buenos Aires, 6 de cada 10 desocupados son mujeres
La Ciudad de Buenos Aires «experimenta una crisis sin precedentes» en materia laboral en comparación con la situación previa a la irrupción de la pandemia, con una profundización de las desigualdades en cuanto a género, región y nivel educativo.
La drástica definición corresponde a la Dirección General de Estadística y Censos porteña, en su análisis de la situación del mercado de trabajo en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período del año pasado, que en su mayor parte estuvo fuera del alcance del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que comenzó en 20 de marzo de 2020.
El informe precisa que del total de los 165.500 desocupados que hubo en la Ciudad entre enero y marzo, el 59,7% fueron mujeres y el 40,3% varones, mientras que la tasa de desempleo fue del 6,3% en la zona norte del distrito y del 15% en el sur.
La tasa de empleo solamente tuvo una mejora entre los que cuentan con estudios terciarios o universitarios, franja en la que la mejora interanual fue del 6,5%, pero cayó 6,8% para los que solamente completaron sus estudios secundarios y 11% para quienes cuentan con primaria completa o secundaria incompleta.
La DGEyC puntualizó el momento crítico marcado por el segundo y tercer trimestres de 2020, cuando «la drástica caída en el volumen de empleo implicó tránsitos hacia el desempleo».
En ese período se registró «mayoritariamente una fuerte expulsión de la fuerza de trabajo, marcada especialmente por el aumento de personas que se encuentran fuera del mercado laboral pero que se declaran disponibles para trabajar».
«Asimismo, la significativa contracción de las horas de trabajo y, en consecuencia, la disminución de los ingresos laborales da cuenta de los efectos que la reducción del nivel de actividad económica imprime a la dinámica laboral», añadió. .
El organismo estadístico porteño subrayó que el escenario «se vuelve más preocupante al considerar que los efectos de la crisis sanitaria son heterogéneos y amplifican las desigualdades estructurales de acceso al mercado de trabajo y la incorporación al ‘trabajo decente’», con un incremento de «las brechas laborales y de ingresos entre los distintos segmentos poblacionales.
Al respecto, indicó que si bien el desempleo del 10% mostró una leve mejora, eso se debió a una baja del 1,7% en la tasa de actividad, de lo que se desprende que la caída en el porcentaje de desocupación obedeció a una menor cantidad de desocupados que buscan un trabajo, fenómeno conocido como «efecto desaliento».
Si bien la PEA (Población Económicamente Activa) se redujo 2,6% en relación con el mismo período del año anterior, el decrecimiento fue del 3,5% entre las mujeres y del 1,6% entre los varones.
En cuanto a la población ocupada, con una caída general del 1,3%, mostró una mejora en el segmento masculino del 1,5% contra una caída del 4,2% en el femenino.
«En el año 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, en buena medida no retomaron la búsqueda de empleo para atender al trabajo reproductivo no remunerado en un contexto de mayores demandas al interior de sus hogares», remarcó la Dirección, que explicó que «en casi todo el año lectivo, los niños, niñas y adolescentes no asistieron a clases presenciales».
Por otra parte, la DGEyC señaló que «la emergencia sanitaria afectó hacia la baja las tasas de actividad y empleo para todas las categorías de nivel educativo, excepto de la población con estudios superiores incompletos», que al pasar del 58,4% a 62,2%, tuvo una mejora del 6,5%.
Por el contrario, «los que tienen incompleto el nivel medio o solo tienen estudios primarios conforman el grupo que más reduce su participación en el mercado de trabajo y el empleo (en casi 11%) con respecto al mismo trimestre del año anterior», en tanto «los que certifican nivel secundario completo participan en el mercado laboral 7,3% menos y entre ellos cae el empleo 6,8%», informó.
Con 165.500 desempleados en la ciudad, «la composición por sexo de la población desocupada en el trimestre muestra la feminización de la tasa: 6 de cada diez personas económicamente activas sin ocupación son mujeres (solo representan el 49% en la PEA)», agregó el reporte oficial.
Sin embargo, la DGEyC advirtió que «el desempleo abierto no es el único indicador de la contracción del mercado», en referencia a la subocupación horaria.
En ese sentido, destacó que en el primer trimestre del año, la tasa de subocupación horaria (quienes involuntariamente trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más horas) es de 10,5%, levemente por encima del valor de un año atrás, afectando a cerca de 173.500 personas.
De esta forma, la cantidad de desocupados y subocupados alcanza a 339.000 personas, el 20,5% de la población de la ciudad.
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Precarización.Trabajadores de EMA vuelven al centro de Quilmes contra los despidos y los cortes de luz
Son 60 familias las que quedaron en la calle por los despidos de EMA, tercerizada de Edesur. Su pelea por la reincorporación fue antecedida por la lucha contra la precarización laboral y han logrado mucha simpatía – entre los usuarios – en las actividades que han llevado a cabo con el Comité Contra la Precarización y en Apoyo a las Luchas de Quilmes, Varela y Berazategui donde la consigna es: reincorporación de los trabajadores, y basta de tarifazos y cortes de luz.
El comité junto a los trabajadores han juntado más de 1000 firmas en su petitorio; en el cuál exigen la reincorporación a sus puestos de trabajo y el fin de los cortes y tarifazos. Entre las personalidades más destacadas se encuentra Nora Cortiñas, madre de plaza de mayo línea fundadora.
Mientras los trabajadores de Ema se sacaban una foto de la jornada las familias trabajadoras que transitaban por la peatonal de Quilmes no paraban de firmar el petitorio; vienen llevando a cabo jornadas de difusión donde se puede oír en voz alta la importancia del apoyo de los usuarios a esta pelea.
Cada firmante le pone firma y voz al reclamo contra los tarifazos, los cortes de luz, y la falta de inversión en infraestructura del tendido eléctrico que afecta gravemente a los vecinos de la zona. Edesur no sólo obtuvo cuantiosas ganancias en estos años, sino que ha recibido subsidios de todos los gobiernos, y ha precarizado trabajadores, también en todos ellos, con total libertad. Los 60 trabajadores de EMA fueron despedidos por luchar por el pase a convenio y a planta, por eso levantan esta campaña contra los cortes y los tarifazos porque entienden que las empresas como Edesur precarizan la vida de los trabajadores por múltiples vías. Son millones de personas en todo el país que durante los veranos sufren los cortes de luz como así también las tarifas altísimas.
Los trabajadores vienen de realizar movilizaciones y diferentes acciones en coordinación con otros sectores en lucha, como los trabajadores ferroviarios de MCM, sumado a los bloqueos de los portones de Edesur.
Foto. Enfoque Rojo
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Sin Guardaparques NO hay conservación
Trabajadores estatales luchan contra el vaciamiento paulatino que las distintas gestiones gubernamentales vienen aplicando en el sector encargado de resguardar las áreas naturales de la provincia de Mendoza.Share on facebookFacebook Share on twitterTwitter Share on whatsappWhatsApp Share on telegramTelegram Share on emailEmail
Con dignidad y esfuerzo, compañeros y compañeras marchan durante días desde el Parque Aconcagua hasta Casa de Gobierno para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Este viernes 16 de julio nos concentramos en el Parque Benegas de Godoy Cruz para abrazar la Caminata por la Conservación y fortalecer los reclamos inmediatos que ésta conlleva.
“Estamos en Uspallata con los compañeros Guardaparques de toda la provincia junto con sus familias, estudiantes de las tecnicaturas en conservación, autoconvocados por el agua y miembros del Consejo Directivo Provincial de ATE y CTA Autónoma Mendoza, caminando hacia Mendoza por la conservación de las áreas protegidas. Vamos por el NO cierre de nuestras seccionales y reservas; pase a planta de compañeros precarizados; nuevo ingreso a nuestro sistema de conservación, que se cae a pedazos desde 2015 gracias a la constante reducción de personal, recursos y presupuesto. Esperamos que la sociedad nos acompañe, sobre todo en la última etapa que va ser el día viernes, marchando desde Cacheuta a la Ciudad de Mendoza en defensa de las áreas protegidas”, enfatizó Lucas Aros, Delegado del Cuerpo de Guardaparques en ATE Mendoza.
Dichos trabajadores estatales necesitan respuestas concretas e integrales a los reclamos que vienen manifestando desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, decidieron endurecer el plan de lucha que llevan adelante y lo matizaron con el espíritu protector y ambientalista de las áreas naturales que tanto disfruta la población durante sus escapadas recreativas. Un dato que se vislumbra a través de las reiteradas muestras de apoyo que la gente manifiesta en cada tramo recorrido en la alta montaña y rutas nacionales.
“Marchamos desde el martes 13 de julio en la base de Horcones al pie del Parque provincial Aconcagua con destino a Casa de Gobierno. Con nuestra lucha intentamos hacer conocer a la sociedad el vaciamiento que están sufriendo en estos últimos años las áreas naturales protegidas de Mendoza, tanto en las reservas como en las distintas seccionales. Actualmente tenemos cerrada la reserva de Caverna de las Brujas en Malargüe, la Quebrada de Matienzo en Aconcagua y Quebrada de Vaca con sus seccionales. Marchamos también para visibilizar la realidad que estamos sufriendo los Guardaparques, peleamos por pases a planta, ya que tenemos compañeros contratados por temporadas, que van desde noviembre hasta el mes de marzo, como los de manera anual. Somos varios los Guardaparques que le pedimos al Gobierno que tenga consideración por nuestra labor. Sepan que defendemos y amamos nuestras reservas que son bienes de lxs mendocinxs como de todas aquellas personas que quieren venir a visitarlas. Protegemos los bienes naturales de la provincia de Mendoza con los escasos recursos que tenemos. Les solicitamos a quienes tienen poder de decisión que por favor mejoren nuestra calidad laboral y pongan énfasis en la conservación de las áreas naturales de la provincia, que son varias y todas están sufriendo un vaciamiento sistematizado en los últimos años. Apelamos a la buena voluntad de todas las personas que tienen que tomar esta decisión en beneficio y en pos de las futuras y actuales generaciones. Además, le recordamos al Gobierno que gracias a las áreas naturales protegidas y a todo el entorno natural es que en Mendoza podemos subsistir.”, advirtió Nancy Roldán, trabajadora Guardaparque.
Conciencia colectiva
Y si de subsistir hablamos, hacemos un paréntesis y nos permitimos destacar la grandeza que reviste a esta compañera en particular, quien sin abandonar el reclamo colectivo que envuelve al sector donde trabaja, también mantiene fuerzas para alzar la voz por una reivindicación que nuestro gremio sostiene en todo el territorio nacional.
“Trato de generar conciencia a nivel provincial y nacional, acompañando a mis compañeros que llevan más de 10 años contratados por el Estado. Hago un pedido a través de la Ley Nacional de Discapacidad, ya que cumplo funciones como Guardaparque y me desempeño como tal. No quiero hacer uso y abuso de mi condición, pero hay una ley provincial y nacional que le pide a todos los Estados, tanto públicos como privados, que se cumpla el cupo mínimo del 4% de personas idóneas, trabajando con distintos puntos con discapacidad. Solicito que se revea esa situación, para que mi condición particular pueda ser resuelta a la brevedad. No quiero agregar más nada que esto, dejando un mensaje final: sin Guardaparques no hay conservación, ¡las áreas naturales protegidas de la provincia de Mendoza no se tocan ni se negocian!”, concluyó.
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Por Juan Grabois
La UTEP publicó una posición unificada sobre las políticas sociales y el Salario Básico Universal. La Argentina pospandemia necesita medidas, planificación de largo plazo para el desarrollo humano integral y un gobierno dispuesto a darle protagonismo político a los últimos para la construcción de un destino común que incluya a todos. Les comparto mi artículo en El Diario AR: «Los últimos», ¿aplaudidores o protagonistas?El 15 de julio las distintas fuerzas que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) consensuaron una posición común en torno a las políticas sociales y el salario básico universal. No es un hecho menor: se trata de la organización que -por masividad, capacidad de movilización, diversidad ideológica, presencia federal y protagonismo en el debate público- puede considerarse la más grande de la Argentina. Al día siguiente, su secretario general Esteban «Gringo» Castro, las secretarias adjunta Dina Sánchez y Norma Morales y otros dirigentes como Gildo Onorato y Fredy Mariño se desconectaron a modo de protesta del Foro de la Economía Social y Popular dónde expondrían Martín Guzmán y Matías Kulfas. Tampoco es un hecho menor ¿Qué está pasando entonces?La UTEP logró condensar, en una estructura de carácter sindical, las distintas expresiones sociales de los excluidos, los cabecitas de hoy, los descamisados del presente, esos que emergieran a fines de los noventa con la consolidación del orden neoliberal: el movimiento piquetero, fábricas recuperadas, agricultores familiares, cartoneros y recicladores, polos textiles, emprendimientos productivos de distintas manufacturas, cooperativas de vivienda y urbanización de barrios populares y una masiva red de espacios socio-comunitarios que brindan alimentos, educación, salud, deportes, inclusión para personas con adicciones o que pasaron contextos de encierro allí dónde no llegan ni el estado ni el mercado.La UTEP no es oficialista ni opositora: es un sindicato independiente de las estructuras partidarias. Es cierto que la mayoría de sus integrantes simpatiza o es parte del Frente de Todos, pero esta Unión nació como herramienta de lucha por tierra, techo y trabajo. Su misión es luchar, persuadir, negociar, presionar, proponer, criticar, peticionar. En definitiva, realizar todas las acciones que sean necesarias para avanzar en este objetivo y defender su agenda en cualquier contexto político. Esto aplica al resto de los procesos que surgen del pueblo -sea el movimiento de mujeres, ambiente, juventud, pueblos originarios, sindicatos, etcétera- porque expresan demandas que no pueden encorsetarse en una facción política determinada y buscan interpelar al conjunto del sistema más allá de las legítimas opciones partidarias de sus miembros y dirigentes.El 16 de julio los y las dirigentes de la UTEP habían asistido al Foro para poder exponer a los funcionarios sus ideas, debatir el salario básico universal, el Potenciar Trabajo, las políticas de producción y trabajo, en fin, nuestra estrategia para la pospandemia. Se encontraron con un evento en el que, a la inversa, los que exponían eran una decena de funcionarios – todos varones, por cierto-. Una verdadera metáfora de cómo ve la política los procesos sociales, no sólo en el campo de la economía popular: convidados de piedra, actores y actrices de reparto, escenografía, condimentos, las papitas de la hamburguesa, el cabeza que tranquiliza la conciencia del burgués, la piba que pinta de joven al jovato, la traba que lo hace diverso, el indio que lo muestra plurinacional, el gaucho que lo hace menos porteño, el obrero que le da peronismo.La superestructura política tradicional de la Argentina no logra comprender que, para salir de su mediocridad crónica, tienen que hablar menos y escuchar más. Prometer menos y hacer más. Decir menos y realizar más. Chamuyar menos y pensar más. Improvisar menos y planificar más… Tienen que prestarle más atención a la realidad y menos a los diarios, las radios, las redes, la televisión y las encuestas. Siel gobierno argentino quiere convertir en una política de estado esa maravillosa consigna enunciada por el presidente Alberto Fernández, «Primero los últimos», no hay otro camino que promover su participación protagónica en el diseño de las soluciones para los problemas que padece la Argentina y que los tienen a ellos y ellas -los últimos- como principales víctimas. Como dijo alguna vez Perón: “Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie”.En una Argentina con media sociedad bajo la línea de la pobreza es particularmente urgente que se escuche a los pobres, a los laburantes, a quienes sufren y luchan cotidianamente en las barriadas, las cooperativas y los demás espacios de resistencia de los excluidos. Aunque no guste lo que tengan para decir. No puede seguir esperándose de ellos que sean aplaudidores de personas que nunca pisaron un barrio humilde fuera de campaña o agradecidos receptores de las sobras del sistema. Es llamativo que aún no se comprenda que así como no puede hablarse de igualdad de género excluyendo a las mujeres no se puede hablar de equidad social excluyendo a los pobres.Que nadie se confunda: este no es un problema de Daniel Arroyo. Más allá de mis críticas, debo confesar que es uno de los mejores ministros del Gabinete nacional. Se mueve, defiende la gestión, enuncia ideas y ejecuta. Se equivoca porque hace. Es un funcionario que funciona. El problema está en una dirigencia que sigue viendo la política como patrimonio exclusivo de la clase media profesional, la economía como un problema de variables macro y la producción como un problema de las grandes empresas. En ese esquema mental, el resto -los excluidos, las PyMEs, los sindicatos, la juventud- son adornos discursivos o escenográficos; algunos ya no están dispuestos a cumplir ese rol.La Argentina pos pandemia necesita medidas urgentes como el salario universal básico, planificación de largo plazo para el desarrollo humano integral y un gobierno dispuesto a darle protagonismo político a los últimos para la construcción de un destino común que incluya a todos.
JG
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Impuestos, pobreza y desigualdad
¡Que paguen los ricos!
Por
Las asimetrías económicas y las desigualdades sociales se han profundizado globalmente y han encontrado en la pandemia un modo aún más veloz de manifestarse. No es una novedad que las formas que fue adoptando el capitalismo en las últimas décadas no ha hecho más que advertirnos de su incapacidad para construir sociedades más justas.
Un informe reciente del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM) indica que 2.153 multimillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el mundo, y unas 735 millones siguen viviendo en la pobreza extrema. En el mismo informe se indica que tan solo 4 centavos de cada dólar recaudado por el Estado se obtienen a través de algún tipo de gravamen a la riqueza, mientras un peso fiscal desproporcionado recae sobre la gran mayoría de las y los trabajadores. Esta minoría que constituye un 1% de la población mundial elude hasta el 30% de sus obligaciones fiscales. Es un hecho hartamente documentado que casi la mitad de la población mundial vive con menos de 5,50 dólares al día, y que los 22 hombres más ricos poseen más riqueza que todas las mujeres del África.
En el mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que en 2020 la tasa de pobreza en la región alcanzó el 33, 7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones más que el año anterior. De esa cifra unas 78 millones de personas se encontraban en situación de extrema pobreza.
En Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), durante el segundo trimestre de 2020 el 10 por ciento de la población más rica pasó a percibir 19 veces más ingresos que el 10 por ciento más pobre. La brecha es tres veces mayor que la de 2019, cuando la diferencia era de 16. El instituto también afirma que el 31.6% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza lo que constituye un 42% de la población, y que de ese porcentaje unas 3.007.177 personas se encuentran en la indigencia.
Esta situación alarmante puede ir encontrando límites con políticas públicas sostenidas dirigidas a los sectores más vulnerables, y una fuerte intervención estatal que empuje, con el protagonismo de los distintos actores sindicales, una serie de medidas para gravar a las grandes riquezas. No hay posibilidad de una recuperación económica integral si el costo de la crisis sigue cayendo sobre las espaldas de las y los trabajadores.
Una serie de impuestos que graven las fortunas de ese grupo minúsculo y que imponga nuevas reglas fiscales a los sectores más concentrados de la economía, para una distribución social más equilibrada de la riqueza, deberían ser pasos obligados en la construcción de una agenda moderna para nuestra clase trabajadora.
El debate sobre la aplicación de este tipo de tributos ha atravesado diversos momentos en las últimas décadas. En nuestra opinión la crisis mundial ha generado sobradas condiciones para retomar alguno de esos planteos, tanto por su vigencia histórica como por la urgencia en su aplicación, y que podrían facilitar caminos alternativos para reducir las profundas diferencias económicas que abundan en nuestro país, a saber:
- Un Impuesto sobre las transacciones financieras.
- La instalación en el debate social del Impuesto global a las multinacionales
- La aplicación de un Impuesto permanente a las grandes fortunas
1) A mediados de los 90´ impulsado por los movimientos antiglobalización, el impuesto a las grandes transacciones financieras fue popularizado bajo el nombre de tasa Tobin, en reconocimiento al economista que lo creó. Sin embargo, desde que tomó estado público, la idea inicial fue modificándose para convertirse en un impuesto al sector financiero sobre la totalidad de las transacciones de acciones, bonos y divisas.
Con esa pretensión en julio del año pasado el Senado español aprobó con 134 votos a favor el nuevo gravamen a las transacciones financieras. Con la tasa Tobin, el Gobierno tiene previsto recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar sólo con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. La ley tiene vigencia desde el 16 de enero de 2021 y contempla que no se gravará la compra de acciones de PyMES y empresas no cotizadas.
La reciente medida que tomó el Congreso español está inspirada en la de otros países que venían aplicando impuestos similares. Francia, por ejemplo, introdujo en 2012 esta tasa que hoy en día grava con un 0,3% la compraventa de acciones cotizadas de cerca de 150 empresas en el país, a lo que sumó un 0,01% a los derivados sobre bonos de países de la Unión Europea y sobre las operaciones de alta frecuencia. Con esta iniciativa el Estado francés, recaudó 245 millones de euros el primer año y 1.450 millones de euros en 2017 cuando se aumentó su gravamen al 0,3% actual.
También Italia introdujo su tasa Tobin en 2013 con un gravamen del 0,2% sobre la compraventa de acciones y del 0,2% para determinado tipo de operaciones con derivados. La recaudación se ha mantenido siempre relativamente estable por encima de los 400 millones de euros. Cabe mencionar que este impuesto con algunas variaciones se aplica en Reino Unido desde 1808.
2) En la misma sintonía van las declaraciones del ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz quien el sábado pasado (10.07.2021) anunció en Venecia en el encuentro anual del G20 que «los países del G20 se han puesto aquí de acuerdo en que quieren abordar un nuevo orden tributario internacional». Este sistema se basa en dos principios: el modo de asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física, y en la aplicación de un impuesto de al menos el 15% a las empresas con una facturación de un piso de 750 millones de euros. La declaración fue aprobada y firmada por 131 países, de los 139 que integran la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), y afectaría a solo unas 10.000 empresas. De aplicarse este gravamen -que tiene fecha de ejecución en 2023- se generaría según las estimaciones un incremento de 150.000 millones de dólares en la recaudación.
Nuestro país, que se encuentra entre los 131 que aprobaron la declaración, manifestó con buen criterio a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, que “la tasa mínima corporativa global del 15% es demasiado baja. Hay un riesgo sustancial de que termine siendo de hecho la tasa máxima. Desde Argentina consideramos que una tasa del 21% sería mejor, y una del 25%, aún mejor”. La opinión del Gobierno estuvo atravesada por la exitosa aplicación del impuesto solidario a las grandes fortunas que se sancionó en diciembre de 2020, y que ya alcanzó a más del 80% de los contribuyentes en condiciones de realizar dicho tributo.
3) Con antecedentes en Alemania y Francia, en el primero establecido luego de la caída del Muro de Berlín para la reconstrucción de Alemania del Este, y en el segundo implantado en 1981, eliminado en 1986, y reimplantado con modificaciones hasta la actualidad, el impuesto solidario lleva décadas en funcionamiento con resultados beneficiosos, no solo a nivel de la recaudación sino como un mecanismo para limitar el aumento de las desigualdades.
Existen además ejemplos a escala regional. El año pasado en Brasil se presentó una propuesta de impuestos a los patrimonios a partir de los 10 millones de dólares, con una alícuota inicial de 2,5%. En Ecuador, un sector de la oposición planteó un gravamen a los patrimonios a partir del millón de dólares, con una alícuota única de 0,9%, al igual que en Chile, donde, también la oposición presentó un proyecto para cobrar un impuesto especial denominado “a los súper ricos”, que consiste en un aporte excepcional del 2,5% para los patrimonios iguales o superiores a los 22 millones de dólares. Finalmente la Asamblea boliviana aprobó con éxito el 28 de diciembre del año pasado, un impuesto que grava los patrimonios mayores a los 4,3 millones de dólares con una alícuota de entre el 1.4%, al 2.4%, según corresponda.
El ya mencionado Impuesto solidario de la Argentina, que entró en vigencia el 29 de enero de este año, y con el que se recaudaron 223.000 millones de pesos como resultado de que 10.000 individuos declararon patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, es un buen ejemplo de lo que debemos hacer en materia tributaria y un mejor ejemplo aún de lo que podemos hacer cuando hay decisión política y acompañamiento social. Este aspecto sigue abierto, y sería auspicioso que el gobierno promueva la aplicación permanente de este impuesto que solo recae sobre un muy reducido número de individuos para poder afrontar la crisis y restablecer la situación económica, tomando las enseñanzas de Alemania y de Francia.
En Argentina, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) solo 440 personas poseen entre el 6.5% y 9% del patrimonio, y el 83% de los bienes los tienen afuera del país. ¿Por qué entonces desde el movimiento obrero no planteamos que es urgente que esos sectores deben hacer un esfuerzo permanente como tantas veces se les ha pedido a las y los trabajadores? ¿Por qué no somos nosotras y nosotros los más preocupados en promover la aplicación inmediata de un impuesto específico para todas las transacciones financieras como lo está haciendo España ahora? ¿Por qué no intentar acelerar los tiempos para la ejecución de un impuesto local a los grandes grupos económicos aprovechando el acuerdo motorizado por el G20?
Un programa para el Movimiento Obrero del futuro debe incorporar nuevas demandas, no solo las reivindicativas sino las que brotan de la situación política concreta y fundamentalmente las que tienen que ver con el modo en que se distribuye la riqueza y que nos enfrenta cara a cara con el Capital. Por eso, a días de haberse cumplido 28 años de la desaparición física de Germán Abdala, vale recordar algunas de sus palabras: “Los trabajadores no necesitamos estar siempre en mameluco y pidiendo por un salario. Los trabajadores pensamos también en el país que tenemos; los sectores populares también tenemos un planteo, una propuesta que hacer. No está solo el discurso de un sector dominante”.
Vivimos en un “tiempo suspendido”, nos dice Álvaro García Lineras (militante popular y ex vicepresidente de Bolivia), donde lo viejo no muere ni lo nuevo termina de alumbrar. Ni los sectores de poder concentrado pueden diseñar un plan que les garantice cierto horizonte de continuidad, ni nosotros, los sectores populares, las y los trabajadores, logramos consolidar proyectos progresistas que inicien un proceso de cambio prolongado. Hay que aprovechar cada momento de este empate hegemónico para que cuando la ola cae de nuestro lado podamos convertirla en un pequeño océano capaz de barrer con esta realidad.
Envio:RL
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