Advierten que la bajante del Río
Paraná es un «holocausto ambiental»
Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021.
Ambientalistas advirtieron que la actual bajante del Río Paraná, que supera los niveles históricos, «es un auténtico holocausto ambiental», consecuencia de la acción humana asociada a la expansión del modelo agroindustrial, sumado a los efectos del cambio climático.
«Lo que está ocurriendo en el Río Paraná es un auténtico holocausto ambiental y es el resultado directo de una serie compleja de intervenciones antrópicas asociadas a la expansión del extractivismo agroindustrial, ganadero, forestal, fluvial y minero», aseguró Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
En este sentido, detalló que la bajante «está ligada al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria, el incremento de superficies de cultivo como la soja, el maíz o el trigo, que son al mismo tiempo parte de un modelo agroindustrial que trae muchísimos impactos sobre la tierra a partir del uso de millones de litros de insecticidas agrotóxicos».
Asimismo, Colombo destacó, en diálogo con Radio Urbana, que «la hidrovía Paraná-Paraguay es el cauce de salida del 80 por ciento de las exportaciones argentinas» por lo que «navegan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercadería año tras año».
«Eso genera mucha presión y mucho hostigamiento sobre el río Paraná y, por supuesto, también está ligado a la pérdida y a la conservación del suelo fruto del deterioro de bosques, de la selva y los montes nativos que han generado que los suelos hayan perdido la capacidad de absorber el agua de las lluvias para poder preservarla y posteriormente derivarla a vertientes, arroyos», detalló.
Sobre esto, explicó además que «son muchas las causas que han incidido en las últimas décadas para que tengamos una situación de estrés hídrico como la que atraviesa el Río Paraná. Entre ellas, el cambio climático y la ocurrencia de eventos climatológicos extremos».
Por esta razón, aseguró que se da cada vez más una alternancia entre sequías y lluvias concentradas y prolongadas, lo cual contribuye a la intensificación de la bajante.
En cuanto a las imágenes que circularon recientemente donde se ven bancos de arena producto de la bajante del Río Paraná, el abogado dijo que es una situación «que se está registrando en casi todo el Río Paraná que comprende varias provincias: Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires».
Y alertó: «se han registrado niveles de bajante históricos que superan las estadísticas de por lo menos los últimos 50 años».
Sobre las consecuencias de esta situación, Colombo sostuvo que «estamos yendo hacia un proceso de sabanización de nuestros ecosistemas, es decir, se vuelven sabanas, que son ecosistemas secos, áridos, típicos de zonas tropicales y subtropicales»
Falleció Carlos González Gartland,
abogado y luchador indispensable
en la defensa de los Derechos Humanos
Por Carlos Aznárez Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021.
foto: Carlos González Gartland, a la derecha de la foto junto con Rodolfo Matarollo y Marcelo Duhalde.
Con Carlos González Gartland se nos fue un enorme compañero de mil luchas, tanto en la Argentina como en el exilio. Su accionar político y en los derechos humanos siempre estuvo asociado -junto con el de Eduardo Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, Mario Hernández y otros abogados del pueblo- a defender a los hombres y mujeres que resistieron y dieron batalla al autoritarismo y a la represión.
Cuando los milicos masacraron a nuestros compañeros y compañeras en Trelew, Carlos fue junto con el resto de los bogas que no dudaban en jugarse el pellejo, los primeros que marcharon hacia el extremo sur para pelear todo lo que se pudiera a fin de que no haya impunidad y a dar su solidaridad militante.
Eso era así, porque Carlos fue, con Eduardo, Rodolfo, Mario o Vicente Zito Lema, uno de esos abogados de presas y presos políticos, que siempre teníamos a mano cuando la situación era más que dura, y nunca se apartó de ese camino. Por eso, ahora sentiremos su ausencia, pero no dudamos que seguirá arrimando fuego a la barricada, cantando la Internacional y levantando su puño contra las injusticias.
Hasta la victoria compañero revolucionario Carlos González Gartland!
La foto es de la cabeza de la marcha en el entierro de Rodolfo Ortega Peña, el 2 de agosto de 1974. El segundo de la izquierda es Carlos González Gartland, el primero es Vicente Zito Lema, a continuación de Carlos, Gustavo Manilow, Roberto Sinigaglia, Osvaldo Acosta, Gustavo Roca, Mario Hernández, Mario Diehl, Miguel Radrizzani Goñi, Juan José Fernández, Ignacio Velez y Diego Muniz Barreto.
Adiós a Carlos González Gartland, revolucionario y valeroso militante de los DD.HH.
por Marcelo Duhalde
Este 21 de julio, a las tres de la mañana, nos dejó Carlos González Gartland. Un amigo entrañable, por más de 50 años, con el que compartí triunfos y derrotas, exilio y retorno, los doce grandes años del kirchnerismo trabajando en la construcción de las Políticas Públicas en Derechos Humanos, desde la Secretaría que conducía mi hermano Eduardo Luis.
Enamorado de la Revolución dio todo siempre para lograr un mundo mejor con Justicia y Equidad.
Hombre íntegro, que formó parte de la primera fila de los Históricos abogados defensores de presos políticos de los años 60/70, que costara la vida de tantos letrados. Fue uno de los que viajó a Trelew para evitar la Masacre y no fue posible. Orgulloso de ser de los primeros amenazados por la Triple A. Cofundador de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) que denunció ante el mundo los crímenes de la dictadura genocida.
Hace apenas una semana celebró sus 90 años cantando La Internacional, con el puño en alto y la voz más aún.
Coherencia, solidez ideológica, valentía personal y compromiso hasta el final de su vida, son los rasgos que identifican a Carlos González Gartland.
Hasta la Victoria Siempre, querido amigo.
Para conocer el testimonio de Carlos González Garland sobre la masacre de Trelew, ir al link: 
http://elblogdehelios.blogspot.com/2013/02/trelew-40-anos-despues.html
Nuestras identidades se nombran
Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021.
Este miércoles Argentina sumó a sus documentos de identidad la posibilidad de elegir un tercer “sexo” marcado con el signo “X”. Esta nueva categoría pretende englobar a todas las personas que no nos identificamos dentro de la F o la M. Abrazamos en su alegría a quienes hoy recibieron su DNI y a les que van a poder recibirlo con esta medida. Sin embargo, muches de nosotres seguimos quedando afuera.
Entre quienes no somos varones ni mujeres, elegimos para nombrarnos diferentes categorías identitarias. La gran mayoría de ellas no son una X, ni lo que ésta comprende según el decreto: “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra”.
Una tercera categoría, decidida desde el Estado, borra nuestra diversidad y las múltiples vivencias de quienes nos identificamos por fuera del binario masculino o femenino. Al ubicarnos a todos, todas y todes bajo una única categoría se nos margina a la encriptación identitaria, mientras se jerarquiza a la M y la F que sí acceden al derecho a ser nombradas específicamente.
Este signo pretende sujetar nuestras vivencias individuales dentro de un conjunto impreciso. En nuestros documentos, al igual que sucede hoy, no se leerán nuestras identidades. En cada instancia de nuestra vida cotidiana se verá un signo X que no refleja quiénes somos.
Así, este decreto colabora con el borramiento sistemático y continuado que viene practicando la sociedad sobre nuestras identidades. Desde antes de la colonización existen en Abya Yala, múltiples maneras de percibir el género y muchas de ellas no son binarias. Visibilizar las identidades no binarias en nuestros territorios, requiere señalar las prácticas coloniales de borramiento identitario que desde hace más de 500 años se siguen replicando.
Esta medida, que nos impone una X como identidad, desoye nuestras demandas históricas. Travestis, lesbianas, marikas y otres luchamos contra la criminalización de nuestras identidades. Al calor de estas luchas, hace 9 años logramos la sanción de la Ley de Identidad de Género, pero con su implementación binaria muches quedamos excluides. Este decreto es una nueva forma de implementación que sigue dejando afuera a la mayoría de nosotres.
La LIG define la identidad de género como la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente”. La autopercepción no puede ser determinada por una institución. Sólo documentos con un campo abierto y optativo que cada cual pueda completar, permitirán el reconocimiento de nuestras identidades.
El principal argumento del Estado a favor del uso de la X, se trata de la norma internacional aceptada para viajar en avión con el DNI que funciona como documento de viaje dentro de países del Mercosur. Recordamos que de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos, los Estados no pueden excusarse en el contenido de una norma con el fin de negar el acceso a un derecho.
Desde hace tiempo existen en Argentina DNI que no son documentos de viaje. Por la implementación que se le da a la LIG, las personas migrantes se ven excluidas de la posibilidad de usar su DNI para viajar. Para muches de nosotres, el ejercicio del derecho a la identidad a través de un DNI, como documento de uso diario, es muchísimo más importante que viajar sin tener pasaporte, cuando muches de nosotres no tenemos la posibilidad económica de salir del país.
Debería dejarse a elección de cada persona si prefiere tener un DNI que no sirva como documento de viaje pero que sí le permita consignar su identidad de manera visible para la vida cotidiana, o si prefiere reservarse la posibilidad de viajar con el DNI aunque esto implique no poder consignar su identidad.
Desde #TodesConDNI venimos trabajando por el pleno cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y los tratados internacionales de #DDHH. Investigamos y difundimos información, asesoramos en lo legal y administrativo, y acompañamos desde lo afectivo a quienes inician trámites de rectificación registral. También a quienes han rectificado sus DNI a F o M pero ven vulnerados sus derechos por la falta de cruzamiento de datos. Además, a quienes quieren hacer valer su derecho al trato digno y el respeto a la identidad más allá de no haber rectificado el DNI (Art. 12 LIG). Estas problemáticas, así como las barreras específicas con las que se enfrentan les migrantes y les menores de edad, son algunas de las cuestiones que debería abordar el Estado para lograr una mejor implementación de la Ley de Identidad de Género.
A partir de la experiencia del trabajo territorial y conociendo las limitaciones técnicas de los DNI actuales, intentamos en reiteradas oportunidades ofrecer al Estado una perspectiva situada de las problemáticas y necesidades de nuestro colectivo, que reconozca nuestras identidades y avance en materia de derechos para nuestra comunidad.
Esperábamos otra respuesta, ya que la CIDH recomienda a los Estados consultar con organizaciones de la sociedad civil, pero nuestra propuesta no tuvo lugar y el Estado siguió trabajando de espaldas a muchas de las personas a las que afectan sus medidas. Generando políticas públicas para nosotres sin muches de nosotres se ha llegado a un decreto que no resuelve la falta de reconocimiento de la mayoría de las identidades.
Esto resulta particularmente grave en un contexto de avanzada de sectores antiderechos. Los crímenes de odio no cesan, y los esfuerzos por contenerlos, así como por buscar a las personas desaparecidas son siempre insuficientes. #DondeEstaTehuel
Al mismo tiempo, se han presentado diversos proyectos de ley contra el uso del lenguaje “inclusivo”, priorizando la supuesta defensa de la tradición lingüística por encima del reconocimiento identitario. En muchos casos se requiere de este tipo de lenguaje para nombrarnos: el pronombre “elle” es parte importante de la construcción identitaria de muches de nosotres. Buscan así borrarnos a través del lenguaje, sacarnos la posibilidad de representación y de reconocimiento de existencia social y frente al Estado.
Ante estos intentos de anulación de nuestras identidades, las políticas públicas deberían reforzar su reconocimiento en lugar de seguir invisibilizándonos. Una guía sobre DDHH y ESI publicada recientemente desde Educ.ar utiliza únicamente los géneros femenino y masculino, desestimando la existencia de quienes no nos identificamos con ellos. Incluso aclara textualmente: “La elección que hemos tomado implica que no se podrá abarcar la totalidad y diversidad de las identidades que conforman a nuestra sociedad”.
Esta misma actitud se traduce en políticas públicas como la anunciada hoy, que nos imponen desde el Estado categorías de género sin atender a los procesos comunitarios y a las categorías identitarias construidas por nosotres. El rol del Estado es importante, no porque deseemos su validación para construir nuestras identidades, sino porque las políticas públicas hacen a nuestras condiciones de posibilidad para existir en el cotidiano. El libre ejercicio de la identidad de género construye sentido en los vínculos sociales cotidianos y hace a nuestro tránsito en el mundo, en la escuela, las instituciones barriales, el sistema de salud, los ámbitos laborales, la calle.
Hasta tanto se reconozca la identidad específica de cada une de nosotres, el Estado seguirá vulnerando nuestros #derechoshumanos. Desde #TodesConDNI, junto a muches otres activistas, seguiremos trabajando por el reconocimiento de nuestras identidades y el pleno cumplimiento de la Ley de Identidad de Género.
Fuente:Todes con DNI
Informe anual de la CPM: bajó el delito,
crecieron las aprehensiones y la violencia
policial
Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su informe anual 2021 sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, niñez y salud mental de la provincia de Buenos Aires. Se trata del 15° informe anual. Lo hace en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura designado formalmente. Se trata de un año marcado por la pandemia que evidenció aún más la crisis humanitaria del sistema penal luego de cuatro años de crecimiento sostenido de la población detenida. La actual gestión de gobierno reconoció y asumió en los primeros meses la tarea de descomprimir un sistema penitenciario con elevados índices de sobrepoblación y hacinamiento. Una posición positiva que logró un leve descenso de la población en cárceles rompiendo la tendencia creciente de la última década. Estas iniciativas no tuvieron su correlato en las decisiones del Poder Judicial ni en las políticas del Ministerio de Seguridad: a pesar del descenso de los delitos, aumentaron exponencialmente las aprehensiones y la violencia policial, y las comisarías tuvieron la sobrepoblación más alta de los últimos 15 años.
Como cada año, el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta un extenso diagnóstico del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. Es un trabajo que el organismo puso siempre a disposición de los tres poderes del Estado como un aporte al diseño, modificación e implementación de una política criminal, de seguridad, penitenciaria, de niñez y salud mental que garantice y respete los derechos humanos. Este es el primero que se presenta luego de la designación formal de la CPM como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y está enmarcado en el contexto excepcional impuesto por la pandemia por COVID-19.
El gobierno de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires profundizó la tendencia de los últimos 20 años: reformas regresivas, discursos punitivistas y crecimiento sostenido de la población detenida. El nuevo gobierno asumió transitando una profunda crisis provocada por la falta de alimentos y medicamentos en el sistema penitenciario y una huelga de 16.000 personas detenidas. Reconociendo la profunda crisis del sistema de encierro provincial y con el compromiso de transformarlo, convocó a una Mesa Interinstitucional de diálogo entre los tres poderes del Estado y organizaciones de derechos humanos, entre ellas la CPM. Esta iniciativa fue un importante mensaje político que se desactivó luego de iniciada la pandemia.
Los discursos e intenciones del Ministerio de Justicia, los avances importantes en salud mental y otros índices alentadores como la leve caída interanual de personas detenidas, y el descenso de jóvenes y mujeres en el encierro, no encontraron su correlato en el poder judicial que continuó reacio a los cambios, convirtiéndose en el sostén de esta política de sobre encarcelamiento. La excepción fue el fallo del Juez de Casación Víctor Violini, que rápidamente fue revocado por la Suprema Corte. Por su parte, la gestión del ministro de seguridad Sergio Berni, consolidó las mismas políticas punitivistas de sus antecesores.
En un contexto atravesado por la pandemia, la habilitación de los teléfonos celulares fue una valiosa iniciativa: ante la suspensión de las visitas, garantizó a las personas detenidas el acceso a su derecho a la comunicación y al vínculo familiar. También se constituyó en una herramienta para visibilizar y documentar casos de torturas, malos tratos y nula atención médica.
La angustia y desesperación de las personas detenidas demandó una mayor intervención de la CPM que lanzó el programa Punto Denuncia Torturas, junto a ocho organizaciones de familiares y ex detenidos/as de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa novedosa permitió fortalecer la capacidad de recepción de denuncias y la intervención frente a las violaciones a los derechos humanos en lugares de encierro.
De este modo, durante el 2020 los equipos de la CPM y del Punto Denuncia Torturas, realizaron 21.500 entrevistas a personas detenidas o sus referentes afectivos en las que se relevaron 34.500 hechos de tortura o malos tratos; casi la mitad de estas denuncias, más de 16.000, fueron por hechos de violencia o morosidad judicial. Esto confirma la sistematicidad de la tortura como forma de gobierno de la población encarcelada.
A partir de estas comunicaciones, se presentaron 16.200 escritos judiciales, entre ellas 3.200 habeas corpus individuales y 13.000 acciones urgentes. También se presentaron 120 acciones colectivas por hacinamiento, escasez de alimentos, falta de atención médica, falta de insumos de higiene, protestas, huelgas de hambre, represión, casos sospechosos o positivos de Covid-19.
Además, durante el 2020 la CPM continuó realizando inspecciones a cárceles, comisarías, alcaidías y centros de detención de jóvenes, la mayoría de carácter urgente frente a los conflictos que se presentaron. Durante las protestas producidas los días 21 y 22 de abril en las unidades 10 de Melchor Romero y 23 de Florencio Varela y las ocurridas en nueve Unidades de toda la provincia el 31 de octubre y 1 de noviembre, los equipos de la CPM se constituyeron en todas ellas, realizando un seguimiento de las víctimas de la represión los días posteriores.
El informe sobre este último hecho habla de la magnitud de lo ocurrido: más de 1.500 personas padecieron represión extrema, torturas y traslados compulsivos. Sobre este universo, en 516 personas se constataron judicialmente un total de 634 lesiones. En 113 casos las lesiones fueron provocadas por postas de goma disparadas contra la cabeza, lo que está expresamente prohibido; 17 personas perdieron un ojo, una ambos ojos y otra parte de su oreja, lo que produjo discapacidades permanentes. Las represalias se vieron incluso en los incendios intencionales provocados por los agentes penitenciarios en los centros universitarios de las cárceles 48 de San Martín y 31 de Florencio Varela.
Antes de la represión, el Servicio Penitenciario Bonaerense ya había mostrado su accionar criminal provocando y fogoneando la protesta, incitando a los detenidos a subirse a los techos, sosteniendo las escaleras para que lo hagan o abriendo las puertas de los patios sin custodia.
También cabe recordar que durante esos hechos falleció Joel Román Carretero por una «lesión sufrida por la caída desde uno de los techos» en la UP 46 de San Martín. En la represión de abril en Florencio Varela, Federico Rey fue asesinado por penitenciarios que dispararon con bala de plomo, a pesar de estar prohibido su uso en el interior de las cárceles.
La reiteración de las recetas punitivistas en la cartera de seguridad
En las políticas de seguridad de la Provincia se intensificaron tres rasgos: retroceso en la conducción civil de las policías y unificación de las jefaturas, profundización del esquema de saturación policial como mecanismo de gestión territorial y agravamiento de la crisis humanitaria en las comisarías. A diferencia de otras áreas de la actual gestión, el Ministerio de Seguridad insistió en una receta que ya tiene 20 años y un fracaso reiterado: el punitivismo como única respuesta a los problemas de seguridad.
Como el mismo gobierno reconoció, los delitos se redujeron en promedio casi un 30 % por efecto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; sin embargo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales: de 280.000 en 2019 se pasó a 410.088 en 2020, es decir 130.000 personas más. De estas 410.088 personas aprehendidas, apenas 37.607 (9,2 %) fueron privadas de su libertad por imputación de un delito y sólo 15.249 (3,7 %) ingresaron luego al Servicio Penitenciario Bonaerense porque se les dictó prisión preventiva o fueron condenadas.
Es decir, casi 9 de cada 10 personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Esa hiperactividad y arbitrariedad de las fuerzas policiales en el despliegue territorial tuvo dos consecuencias directas: el aumento de la violencia policial y la saturación de las comisarías como lugares de detención.
Sobre el primero de los puntos, sólo la CPM registró durante el año 400 casos de violencia policial que involucran 577 hechos y 123 muertes por uso letal de la fuerza en territorio bonaerense. Si bien los 123 casos registrados en el 2020 marcan un descenso interanual, 21 menos que en 2019, es relevante incorporar al análisis la disminución de las denuncias de ilícitos; elemento que debe considerarse porque la mayoría de las muertes producidas por policías se generan en circunstancias en las que, supuestamente, son víctimas de robo. Los casos de gatillo fácil, que terminaron en la muerte de Lucas Verón, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, son una muestra de prácticas estructurales que se reiteran. A estos se suma la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, donde innumerables indicios dan cuenta de la actuación policial, no investigada por la justicia federal.
Sobre las violaciones a los derechos humanos en comisarías, el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre el record de los últimos 15 años: 5.600 personas se alojaron en 1.221 plazas. El promedio anual fue de 4.849 personas, esto implicó una sobrepoblación del 295%, casi 80 puntos más que el año anterior. En ese contexto crítico, 18 personas murieron en comisarías bonaerenses durante 2020; la misma cantidad que en 2018 aunque tres personas menos que en 2019.
Por otra parte, el Ministerio de Seguridad continuó incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares sobre 21 dependencias.
A diciembre de 2020, se informaron 304 comisarías ocupadas, de las cuales 131 se encontraban inhabilitadas para alojar personas ya sea por inhabilitación ministerial o clausura judicial. Sin embargo, en esta condición alojaban al 36% del total de personas detenidas.
Finalmente, no sólo el Ministerio continuó incumpliendo órdenes de clausura, sino que también demostró su desdén con las instancias de diálogo y se ausentó sistemáticamente de las mesas de trabajo convocadas por el gobierno en el marco de las medidas cautelares en trámite ante la CIDH.
Algunos indicios alentadores que deben consolidarse
A nivel provincial el número de personas detenidas se mantuvo estable, pasando de 51.215 en enero de 2020 a 50.520 en enero de 2021, es decir una diferencia de 695 personas (-1%). Como puede observarse, no existió ninguna liberación masiva de personas. No obstante, la variación interanual fue negativa por primera vez en 13 años. Y como se dijo, luego de cuatro años en donde el crecimiento de las personas detenidas fue exponencial, a un promedio interanual del 9%.
Sin embargo, este leve descenso también debe analizarse considerando que la cantidad de delitos disminuyó en la provincia de Buenos Aires, conforme fuera anunciado conjuntamente por el procurador general de la Provincia Julio Conte Grand y el ministro de Seguridad Sergio Berni en septiembre de 2020. Es decir, si bien el delito disminuyó de manera considerable no hubo un correlato similar en la disminución de personas detenidas.
Con todo esto, la tasa de encarcelamiento cada 100.000 habitantes (mayores de 18 años) bajó de 415 a 399, equiparando el registro de 2018. Si bien 2020 interrumpió la tendencia ascendente iniciada en 2014, la tasa de encarcelamiento actual es 55% más alta que hace diez años.
La sobrepoblación del sistema carcelario descendió de 118% en 2019 a 106 % en 2020. Esto significa que todavía la mitad de los/as detenidos/as no tuvo espacio para dormir. Sin embargo, puesto en la serie histórica, 2020 rompió una tendencia ascendente iniciada en 2008 y exacerbada desde 2014.
Por otro lado, la pandemia evidenció la crisis sanitaria en el encierro y reforzó un reclamo ya histórico de la CPM: el pase de Salud Penitenciaria a la órbita del Ministerio de Salud para integrarse a las políticas sanitarias provinciales. Durante el 2020 murieron 178 personas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires; 30 más que el año anterior. Esto es un promedio de 15 muertes por mes o una cada dos días. De las 178 muertes, 29 fueron por Covid-19; 152 fueron por cuestiones de salud no asistidas, en su mayoría cuadros que de haberse tratado a tiempo las personas hubieran vivido o al menos extendido su sobrevida.
Las políticas de encierro durante el 2020 también muestran el descenso de la cantidad de mujeres, travestis, trans y jóvenes en prisión, datos alentadores porque hablamos de poblaciones particularmente vulnerables.
Al finalizar el año, había 2.028 mujeres privadas de su libertad en el SPB, esto es un 10,5% menos que el año anterior. Particularmente notorio fue el descenso de mujeres embarazadas o detenidas junto a sus hijos/as menores de 4 años: a diciembre de 2020, eran 33, un 57% respecto del año anterior.
Por su parte, la cantidad de personas trans y travestis detenidas se redujo un 19 % pasando de 101 en 2019 a 82 en 2020.
Con respecto al fuero de responsabilidad penal juvenil, la cantidad de jóvenes detenidos en dispositivos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) se redujo de de 676 en enero a 503 en diciembre del año pasado, un dato positivo que redujo el histórico problema de hacinamiento. Sin embargo, se denuncia en este informe la muerte de dos jóvenes por falta de políticas adecuadas de prevención de los suicidios. Uno de ellos había sido víctima de torturas el día anterior.
Hay otro dato poco alentador: sólo 245 de los 753 niños, niñas y jóvenes ingresados a dispositivos del OPNyA durante el 2020 tuvo algún contacto previo con el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y jóvenes. Es decir, el Estado llega tarde y con respuestas punitivas a trayectorias marcadas por la vulneración de derechos.
El otro dato preocupante que se sostiene en el tiempo tiene que ver con los jóvenes inimputables de 15 años o menos que ingresan al sistema de encierro; durante el 2020, fueron un 12% del total.
Por último, una mención especial merecen las políticas de salud mental que presentaron notables avances en la elaboración y presentación de los planes de readecuación de los manicomios públicos para cumplir con la ley de salud mental, y también en las acciones tendientes a fortalecer los dispositivos de externación. Como consecuencia, bajaron la cantidad de personas encerradas en manicomios públicos y la cantidad de fallecimientos en estos ámbitos. A 10 años de la sanción de la ley, esa deuda comienza a saldarse.
En esa línea, urge ahora consolidar la fiscalización y control de las comunidades terapéuticas; a diferencia del sector público, las muertes se incrementaron en las instituciones privadas. También es necesario intervenir las unidades carcelarias 34 y 45 que alojan a personas con padecimiento mental, lugares que no siguen una lógica tratamental sino securitaria sin cumplirse con la ley de salud mental.
La CPM presenta este informe, el Sistema de la crueldad XV, como una herramienta para la transformación profunda de la política criminal en la provincia que promueva y consolide el paradigma de los derechos humanos como garantía fundamental de la democracia.
Fuente: ANRed
Mendoza: fue rotunda la caravana
de estatales en repudio a la paritaria
oficial
Por Máximo Paz, Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021.
Este miércoles 21 una gran manifestación sorprendió las calles de la ciudad cuyana en rechazo al decreto firmado recientemente por el gobernador Rodolfo Suárez con el objetivo de cargar un incremento salarial por debajo de la inflación más un bono a pagar en cuatro cuotas. Tanto en autos, como en bici o a pie, fueron miles los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la educación y demás empleados públicos que se sumaron al acto de protesta. Desde los portones del Parque San Martín hasta la casa de gobernación el reclamo sumó las demandas de paritarias libres, salarios dignos y mayor presupuesto para hospitales y escuelas.
«Este miércoles 21 de julio nos movilizamos en un gran caravanazo para decirle al gobierno de Suárez que no vamos a aceptar su decreto de miseria. Somos los y las trabajadoras de la educación y del estado que nos hemos puesto al frente de la pandemia en un momento de mucha crisis, así que le decimos que vamos a estar movilizados y movilizadas. Los esperamos a todos y todas», rezó el spot convocante del SUTE, gremio de la educación excluido por el oficialismo de la mesa de discusión paritaria al rechazar, desde el vamos, tanto en asambleas escolares como en el plenario provincial, la propuesta del gobernador.
Fue así que desde la media mañana, la movida salió desde Los Caballitos de Marly en el Parque General San Martín a partir de la organización conjunta de AMPROS, SITEA, el nombrado SUTE, FADIUNC, Judiciales, ATSA, Asamblea de Residentes, Asambleas Socioambientales, Empleados de Juegos y Casinos, Guardaparques y otras agrupaciones bajo la consigna «Ningún trabajador/a bajo la línea de pobreza. Más presupuesto para salud, educación y justicia.»
«Nosotros salimos a defender lo que nos corresponde. A nosotros el año pasado (Nota: en 2020 no hubo paritaria en la provincia para los sectores estatales) se nos pidió que estemos a pie de cama, a cama caliente. Y eso se hizo. Nadie decidió parar, nadie decidió quejarse. Salimos con los equipos y atendimos a la gente. Dejamos nuestra salud y nuestras familias por cumplir cargas horarias de 72 o 48 horas. Los compañeros se estaban enfermando, se estaban bloqueando y pese a todo hubo buena predisposición desde el personal de limpieza y seguridad, y ni hablar de los profesionales», sentenció Gustavo Echenique, médico pediatra e Intensivista Pediátrico para el medio Radio Nacional Mendoza.
El descontento acumulado sufrió el último detonante cuando el pasado 14 de julio se publicó en el boletín oficial el decreto salarial del gobierno que impuso un aumento del 9%. Tal porcentaje se sumó al 20% decretado en marzo. A pesar de la oposición de los gremios de salud, justicia, casinos y de que el gobierno se negara a paritar con las y los trabajadores, Rodolfo Suárez tomó la decisión de imponer un incremento que no solo no recompone lo perdido en 2020, sino que además confirma un nuevo ajuste sobre el salario de este año.
A su vez, la suma fija consiste en $28.000 que se pagará por planilla suplementaria el 10 de agosto, en setiembre, octubre y noviembre. Es adicional al aumento del 29% dividido en tres tramos (7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre) y al que hay que agregar el bono de $54.000 que se está depositando (son ocho cuotas de $4.000, dos de $5.000 y otras dos de $6.000).
El lunes hubo una conferencia de prensa en la Legislatura Provincial para anunciar las acciones que según el gremio APROS “ratifican la continuidad de la lucha en contra del decretazo impuesto por el Gobierno de Mendoza y las sumas en negro, con las que pretenden maquillar la miseria que han ofrecido a quienes han enfrentado en la primera línea de batalla al Covid durante los últimos 15 meses”.
«Yo soy docente y delegada de una escuela del departamento de Lavalle. Hoy vine con mis compañeros porque realmente es absurdo que nos quieran imponer un aumento sobre nuestros sueldos de 2019 de un 9% cuando ya la canasta alimentaria es inalcanzable y encima la inflación ha superado el 50%», expresó una manifestante ayer miércoles desde los portones.
«Estamos acá porque repudiamos absolutamente el decreto y el bono miserable que ofrece el gobierno y además para luchar y llevar adelante una disputa colectiva por nuestra dignidad y por los salarios», sentenció otra compañera docente del mismo establecimiento.
Respecto al bono de $28.000 a pagar en cuatro cuotas, Isabel Del Pópolo, secretaria general de Ampros, remarcó: “Los bonos son sumas en negro, como todos saben muy bien. Al ser fijos los diluye la inflación galopante que tenemos en nuestro país”.
Desde APOC, gremio que nuclea a las y los trabajadores de los Organismos de Control del Estado, sumaron su apoyo a Salud y Educación, a la vez que llevaron su pliego de demandas y la denuncia de que el diálogo con el Estado Provincial ha sido imposible, y que por eso, por primera vez, desde el sector irán al paro.
El sindicato de Judiciales también se hizo presente, revelando que en tanto los magistrados, con dietas altísimas, recibieron un aumento del 21% en el 2020, el resto de las y los trabajadores obtuvo un 0%.
Por su parte, los guardaparques tampoco faltaron a la cita: «Dicen que la propuesta es del 42% y no es así. El bono de $54 mil corresponde al 2020, por lo que el aumento de este año sería del 20% más el 9% que ofrecen ahora. Ese es uno de los ejes de la crítica, además del estado deplorable de los parques provinciales», explicaron.
Si bien ya se habían realizado protestas bajo esta modalidad, resultó, por el número de convocados, una marcha de tintes históricos. Ya a poco de empezar la acción, una veintena de cuadras se encontraron ocupadas por las y los manifestantes. «Mientras la caravana avanza por el centro de la ciudad, todavía siguen saliendo autos desde el Parque General San Martín», expresó el SUTE desde su cuenta de Facebook, dando cuenta el nivel de adhesión y magnitud sorprendentes de la medida de fuerza.
Fuente: ANRed – Colaboración de Marta Salas desde Mendoza (fotos y videos)
La llegada de las mineras es un nueva
etapa de la Campaña del Desierto /
Día Mundial Contra la Megaminería
a Cielo Abierto
Resumen latinoamericano, 22 de julio de 2021.
El gobierno de Río Negro otorgó permisos de cateo a una minera. Lo hizo sin la consulta previa a las comunidades originarias que es de carácter constitucional. Las comunidades mapuche tehuelches no permitirán el ingreso a sus territorios siempre en disputa.
En medio de los debates públicos entre quienes sostienen la inviabilidad de una economía y una política que no protejan al ambiente, que no tomen en cuenta el impacto de las actividades productivas y su mitigación, y de aquellos que –aún desde el progresismo– sostienen que no se puede impedir el desarrollo y la imperiosa necesidad de divisas por “pruritos ambientalistas”, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, definió como “actividad clave” a la minería en su provincia y su gobierno se propone potenciar la actividad.
La movilización social en Chubut y Mendoza que detuvo proyectos mineros, una y otra vez; el fuerte rechazo y la paralización de la iniciativa para la instalación de una central nuclear en Sierra Grande de su antecesor en el cargo Alberto Weretilneck, son antecedentes que la gobernadora no dejaba de observar señalando que “la actividad minera para la Región Sur es clave en su desarrollo, pero tiene que tener arraigo en la población local”.
La anterior cita es de enero del 2020 en un acto en Los Menucos, un pequeño pueblo de la Línea Sur. Parece que se aceleraron los tiempos y ya no es necesario observar la licencia social. A fines de abril, la Secretaría de Minería otorgó diez permisos de cateo para la exploración de sustancias minerales de primera y segunda categoría a la empresa Ivael Mining S.A., en una extensa zona que abarca 50.500 hectáreas desde Los Menucos hasta Pilcaniyeu y Ñorquinco, en el sur provincial.
“En diciembre de 2020, hicimos una movilización en Fiske Menuco (nombre mapuche de la ciudad de General Roca) a la Secretaría de Minería para presentar un planteo por la autorización de un cateo minero en territorio de la comunidad Ñancu Leufú de Catriel (al norte de la provincia en el límite con La Pampa) que ésta había rechazado”, sostiene en diálogo con Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Tuvimos una charla con el secretario de Minería e hicimos un pedido de informes sobre cuáles eran los proyectos mineros en la provincia. El funcionario se comprometió a contestar por escrito, pero no fue muy satisfactoria la respuesta”.
A partir de ese momento las comunidades comenzaron a organizarse para lo que suponían sería una avanzada sobre los territorios. Realizaron encuentros (trawn) regionales y guillipun (ceremonia espiritual) en Jacobacci, Huergo, Valcheta y Bariloche, pero sin tener idea certera de lo que se venía. Según Carriqueo “el proyecto minero del gobierno provincial es aún de mayor envergadura que el de Chubut”.
“En realidad nos enteramos cuando se publicaron los permisos de cateo en el boletín oficial y llegaron las mineras. Ellos llaman tierras fiscales a nuestras tierras, donde vive nuestra gente, y las llaman así porque nunca nos han entregado un título comunitario de posesión”, sostiene el referente comunitario, como lo establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
Cierre de tranqueras
Los permisos de cateo otorgados a Ivael Mining S.A. por el gobierno provincial se realizaron sin la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades en cuyos territorios se planea realizar estas tareas de exploración para la búsqueda de minerales, por lo que se ha incurrido en la violación de los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT.
El 7 de julio un grupo de comunidades se reunieron en Mencué, una pequeña localidad de la meseta a mitad de camino entre el Alto Valle y la Línea Sur. Los lonkos tomaron la decisión de “cerrar las tranqueras a las empresas mineras por más autorización del gobierno que tengan. Creemos que el derecho comunitario, el derecho indígena, está por sobre el código minero. Las comunidades no van a permitir ese proyecto minero. La sociedad tiene que discutir y repensar el modelo de desarrollo y crecimiento económico. Para el pueblo mapuche es inviable cualquier proyecto minero, para nosotros es inconcebible que se pueda destruir un cerro para sacar los minerales que contenga”, explica Carriqueo.
“Nosotros tuvimos una reunión con la minera en Bariloche. Les planteamos que el gobierno estaba desconociendo el derecho indígena y sostuvimos que las 150 comunidades de la provincia no avalamos la minería y que llevar un proyecto minero adelante iba a ser muy conflictivo”, narra Carriqueo que junto a Newen Loncomán, delegado comunitario en el CODECI (Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas) y Felisa Curumil (miembro del Consejo de Participación Indígena) se reunió con personal de la firma.
Buen vivir
Las que se enfrentan aquí no son sólo dos concepciones sobre el desarrollo económico sino dos cosmovisiones. “Para nosotros, en las aguadas, lagunas, cerros y montañas están pu nguen –las fuerzas– que cuidan el equilibrio, la biodiversidad, por ello la megaminería y nuestra cosmovisión ancestral son incompatibles. Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extraídos, para nosotros son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminería no es producción, es extractivismo y amenaza principalmente a los Nguen Ko” (los dioses o las fuerzas de las aguas), sostiene el pronunciamiento de los lonkos en Mencué.
“Después de la Campaña del Desierto, vinieron las estancias que se quedaron con los mejores campos y que nos fueron arrinconando en los pedreros. Después, vinieron las represas hidroeléctricas, y las comunidades corridas de esos territorios ni siquiera tienen luz eléctrica. Esas represas provocaron cambios en el clima. Ahora, para finalizar la Campaña del Desierto nos plantean la llegada de las mineras”, concluye Carriqueo. “El buen vivir necesita de un territorio sano. Hoy vemos que falta mucha agua, las lagunas y los ríos han bajado, las vertientes se han secado, plantearse un proyecto minero de estas dimensiones es devastar el territorio”.
Oro, plata, uranio y otras baratijas
Mientras las comunidades originarias, descendientes de aquellos a quienes supuestamente los conquistadores deslumbraron con bisutería y baratijas, rechazan las mieles del “desarrollo” extractivista, la política criolla se desvive por hacer negocios con las multinacionales mineras y recibir sus abalorios. Canjean futuro por unos pocos dólares contantes y sonantes.
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En Río Negro se destacan varios proyectos mineros. Calcatreu es un yacimiento de oro y plata ubicado 60 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, y concesionado a la multinacional Patagonia Gold Corp, encabezada por uno de los ex dueños de Quilmes, Carlos Miguens Bemberg. El proyecto se paralizó en su momento porque en 2005, la ley 3981 prohibió en la provincia la utilización de cianuro y mercurio para por lixiviación obtener los minerales. Esa ley fue volteada y el emprendimiento está en etapa de exploración y estudios geofísicos.
Cerca de Valcheta, la canadiense Blue Sky del empresario Joseph Grosso, comenzó las primeras perforaciones del plan de exploración de uranio y vanadio de Amarillo Grande. El área se extiende a lo largo de un corredor de 145 kilómetros de longitud con un ancho variable de 15 kilómetros.
Si bien, el método de lixiviación para obtener el uranio no utilizaría en este caso sustancias contaminantes, se emplearían carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, sí demanda enormes cantidades de agua –en una región donde el agua escasea–. El emprendimiento generaría un alto impacto en el paisaje y el ecosistema al ser una mina a cielo abierto aunque de poca profundidad y se superpone o colinda con áreas protegidas como la meseta de Somuncurá y el área natural protegida Bajo de Santa Rosa y Trapalcó. La oposición social al emprendimiento ya recolectó 48 mil firmas pero tanto el gobierno provincial como la empresa juegan a las escondidas frente a la voluntad popular.
Además de estos casos en etapa de exploración y estudio podemos citar el caso de las minas Gonzalito en la zona de Sierra Pailemán, ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de la costa Atlántica y 100 kilómetros al suroeste de San Antonio Oeste. Se trata de un yacimiento de plomo, plata y zinc que fue explotado durante 20 años hasta que, en 1982, una empresa española que lo gestionaba presentó la quiebra y desapareció dejando un enorme pasivo ambiental: contaminación, enfermedades, polución del agua y cuyos trabajadores fueron muriendo de cáncer. Estos no son pruritos ambientales son probadas muestras que el “desarrollo” promisorio de la minería no tiene buenos augurios.
Día mundial de la lucha contra la megaminería
Desde el año 2009, el 22 de julio se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra la Minería a Cielo Abierto, conocida también como megaminería o minería a gran escala. Los conflictos mineros surgen porque las poblaciones han tomado conciencia acerca de los efectos nocivos de esta actividad en el ambiente destruyendo ecosistema y la vida (humana y no humana).
Esta efeméride permite divulgar información acerca de esta práctica altamente contaminante, que afecta la biodiversidad del planeta, la calidad de vida de las personas y la vulneración de los derechos humanos. Los impactos negativos no son sólo ambientales, sino sociales y económicos.
Una solución rionegrina para los
problemas alemanes
Por Leonardo Salgado y Hernán Scandizzo*, Resumen Latinoamericano, 22 de julio de 2021.
En los últimos meses, la producción de hidrógeno verde pasó de no estar contemplada en ninguna planificación a ocupar un lugar de relevancia en la agenda de gobierno de Río Negro. En base a un informe del Instituto Fraunhofer de Alemania, la provincia elaboró un Plan Estratégico para avanzar con la producción del “combustible del futuro”. Más allá de la euforia, falta claridad sobre algunos aspectos como, por ejemplo, la competencia por el agua si el desarrollo se hiciera a gran escala.
Parque eólico Pomona / Foto: Martín Álvarez Mullally
– El Estudio sobre la Producción de Hidrógeno Verde en la Provincia de Río Negro, encargado al Instituto Fraunhofer de Alemania es la base del Plan Estratégico Hidrógeno Verde Río Negro (H2VRN). Un equipo de investigación estimó la potencialidad de cuatro lugares para la instalación de electrolizadores seleccionados por la provincia: El Chocón, Pomona, El Solito y Laguna de la Retención, esta última ubicada a unos 40 km al noreste de San Antonio Oeste. A partir de esa selección, evaluaron 78 escenarios posibles tomando en cuenta el costo de producción, destino (consumo interno o exportación), modo de transporte (camión, ducto, barco) y ubicación de la generación eléctrica, entre otros aspectos. Con los resultados en la mano, el gobierno rionegrino concluyó que la producción de hidrógeno verde presenta posibilidades de inversión e industrialización ambientalmente amigables “en base a ciencia aplicada” y con “un claro sesgo exportador a futuro”; destaca que los principales destinos serían la Comunidad Europea, Asia y Australia.
El Plan Estratégico, como suele suceder en todos los documentos de ese tipo, subraya que se generarán empleos calificados y no calificados y que el sector eólico recibiría un impulso para desarrollar parques con mayor potencia instalada, “a nivel de Gigawatt”. A las oportunidades que generalmente se enumeran en los planes estratégicos desde una perspectiva desarrollista, en el H2VRN se suman otras vinculadas al capitalismo verde: reducción de la huella de CO2 en la industria mediante el consumo local de hidrógeno verde, “que genera valor agregado a los productos de exportación de dichas industrias”, y la posibilidad de emitir bonos verdes rionegrinos y criptodivisas de H2V (H2VRN, 2021: 34 – 35).
Fuente: Plan Estratégico H2VRN, p. 26.
En síntesis, la propuesta eco friendly de la gobernadora Arabela Carreras oscila entre la generación de puestos de trabajo y desarrollo tecnológico y los mercados especulativos propios del capitalismo verde e integración como proveedora de un próximo commodity estrella, una colonialidad 3.0. Justamente, si lo que se persigue es la descarbonización, entre otros varios aspectos, habría que revisar el objetivo exportador, dado que para alcanzar esa meta el medio más efectivo es reducir las distancias entre los puntos de producción y los de consumo.
A pesar de ser el elemento más común en la naturaleza, no existe en estado libre: hay que separarlo de otras moléculas a través de la electrólisis. Una de las críticas a su producción a gran escala es que la tasa de retorno energético resultante del proceso pone en duda su rentabilidad.
Escenarios posibles
Para evaluar el mercado nacional y la demanda actual y futura de hidrógeno verde, Ramona Schröer, Jochen Bard y Marie Plaisir, del Instituto Fraunhofer, tomaron en cuenta el sector de la movilidad, las turbinas de gas, los procesos industriales y la generación de energía. Concluyeron que en Río Negro “hay muy pocas aplicaciones industriales de hidrógeno como la producción de metanol, la producción de acero, el uso de GNL y las refinerías como futuros consumidores de hidrógeno” (Fraunhofer, 2021: 33). Plantean como alternativa su implementación en el transporte automotor –aunque lo consideran inviable en el corto plazo–, el almacenamiento de energía y “la exportación doméstica a otras provincias de Argentina” –con destino al sector hidrocarburífero en Neuquén y el polo petroquímico de Bahía Blanca–. La exportación, en tanto, se estimó en base a dos destinos: Alemania y Japón, destacando las ventajas que ofrece Alemania de menores costos de transporte (Fraunhofer, 2021: 44).
Tras el análisis de las diferentes opciones fueron seleccionadas tres: una para mercado doméstico, ubicada en El Chocón, con un electrolizador de 100 MW¹, que le permite producir cantidades “demasiado pequeñas para la exportación internacional”; y dos para exportación, situados en la Laguna de la Retención, con un electrolizador de 500 MW, que es considerada la potencia mínima para producir con ese horizonte (Fraunhofer, 2021: 33).
En el caso de El Chocón, el electrolizador estaría ubicado a orillas del río Limay o del embalse, tomaría el agua de allí y recibiría energía de un parque eólico de 105 MW instalado en Cerro Policía. El informe no aclara si el parque en cuestión es el mismo que proyecta Eólica Rionegrina, empresa que integra Mesa del Hidrógeno Verde Río Negro, dentro del Área Natural Protegida Valle Cretácico (que no cuenta con su Plan de Manejo)². El destino previsto es la refinería de YPF en Plaza Huincul, a la que el hidrógeno llegaría a través de un ducto o en camiones. Sin embargo, cabe mencionar que tanto la petrolera de bandera como el gobierno de Neuquén tienen en carpeta la producción de hidrógeno verde. Incluso José Brillo, presidente de la Agencia de Inversiones del Neuquén, señaló la ventaja que posee la provincia al contar, junto con Río Negro, con una serie de lagos como el embalse de Arroyito. Si el gobierno de Neuquén decidiera instalar un electrolizador en ese embalse, la planta estaría ubicada a unos 60 km de Plaza Huincul, una distancia similar a la que separa a El Chocón de la ciudad petrolera. Ese escenario no está previsto en el Informe Fraunhofer y podría representar una competencia con impacto en las proyecciones realizadas.
Con respecto a los dos escenarios de exportación contemplados, el primero tiene costos de inversión más bajos (A) y el segundo costos de producción de hidrógeno más bajos (B). Una diferencia importante entre ambos es que, en el A, se prevé la instalación de un parque eólico de 526 MW en la misma Laguna de la Retención, mientras que en el B se prevé tomar la electricidad de una planta híbrida, también instalada en Cerro Policía, con un parque eólico de 675 MW y otro solar fotovoltaico de 350 MW. En ambos escenarios se plantea tomar el agua de la Laguna de la Retención, alimentada desde el canal Pomona – San Antonio, del que también se abastecen las ciudades de San Antonio Oeste y Las Grutas y el puerto de San Antonio Este.
Según estimaciones publicadas por el medio especializado en energía Oil Price, se requieren nueve toneladas de agua para producir una tonelada de hidrógeno verde, eso si no fuera necesaria su previa purificación. A partir de ese dato, casi inaccesible, y de la capacidad de producción de los electrolizadores, se puede estimar el consumo de agua. El proyectado en El Chocón tendría una capacidad de producción de 8843 t/año, por lo que el consumo de agua rondaría las 79 587 t/año; mientras que en Laguna de la Retención, en el escenario A, sería de 41 186 t/año y en el escenario B, 61 174 t/año, y los consumos oscilarían entre las 370 674 t/año y las 550 566 t/año. Más allá de la variación significativa en la producción entre el escenario A y el B, el Informe Fraunhofer estima que se utilizarán unos 200 m3 de agua por hora, un 11 % del caudal del canal Pomona – San Antonio. Sin detallar las fuentes de respaldo, el estudio asegura “que no habrá escasez de agua potable” en caso de abastecer la producción de hidrógeno desde ese canal (2021: 42).
Fuente: Plan Estratégico H2VRN, p. 12.
Sin embargo, la falta de referencias para sopesar esa afirmación da lugar a dudas. Durante el último verano los caudales de los ríos de la región estuvieron por debajo de su media histórica desde 2008, según indicó el director el Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curetti, quien atribuyó la merma al impacto del cambio climático (Río Negro, 27/03/2021). En el mismo sentido, en la Segunda NDC Argentina³ advierte “la reducción de caudales de ríos y la disminución de la disponibilidad de agua, que impacta negativamente en la generación de energía hidroeléctrica, en el riego, en el abastecimiento de agua y en actividades recreativas y turísticas” en la Patagonia Norte (Segunda NDC, 2020: 45). Incluso en el Plan Estratégico H2VRN, donde llamativamente no se hace ninguna mención a la posible escasez de agua, hay un mapa de Argentina de los impactos observados y potenciales generados por el aumento de la temperatura y la región del Comahue está señalada como “Potencial crisis del agua” por reducción de precipitaciones.
Al escenario climático se suma, además, el posible incremento de la población. San Antonio Oeste registró una de las tasas más altas de crecimiento demográfico de la provincia, 18,27 % respecto del Censo de Población 2001, de mantenerse la tendencia habría un incremento de la demanda de agua del canal que llega desde Pomona, sin embargo esta variable tampoco es considerada en el informe.
La merma en los caudales de los ríos del norte de la Patagonia tendría que ser motivo suficiente para pensar la producción de hidrógeno verde despojada de la euforia exportadora, sin embargo el tema no mereció ningún análisis destacado en el informe del Instituto Fraunhofer ni en el Plan Estratégico. Por el contrario, el gobierno de Río Negro se entusiasma al pensar en exportar hidrógeno verde a Alemania.
* Mesa de Transición Energética y Productiva de Río Negro
Fuente OPSUR
Envio:RL
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