La campaña de vacunación en medio de la campaña electoral
Sputnik V: Del reclamo oficial por las demoras al uso político de Juntos por el Cambio
Mientras Argentina superó las 40 millones de vacunas adquiridas y logró inocular a más del 50 por ciento de la población, la oposición bucó usar una carta que la asesora presidencial Cecilia Nicolini envió al Fondo Ruso de Inversión Directa, en reclamo de más dosis 2 de la Sputnik V, para atacar la campaña de vacunación. Desde el Gobierno mostraron preocupación por la filtración de un documento con información confidencial.
El día en que Argentina superó las 40 millones de vacunas adquiridas y con más del 50 por ciento de la población inoculada con al menos una dosis, la oposición buscó utilizar una carta que la asesora presidencial Cecilia Nicolini envió al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), la institución que financia la producción de la Sputnik V, para reclamar la provisión de nuevas dosis. Mientras las fuerzas políticas confirman sus alianzas electorales, el debate en torno a la performance doméstica para conseguir vacunas constituirá un eje medular de la campaña. Lo cierto es que el plan de vacunación de la Argentina es uno de los mejores de la región: de hecho, en las últimas semanas, se alcanzó un promedio de 2.3 millones de inoculaciones semanales. Hoy, uno de cada dos argentinos recibió al menos una dosis y, según las proyecciones, en algunas semanas --previa autorización de Anmat de las fórmulas para menores-- podría iniciarse la inoculación infantojuvenil. “Buscan un rédito político de 24 horas en desmedro de la relación con un laboratorio al cual se le compran nada menos que vacunas en una pandemia”, aseguró a Página/12 una fuente del gobierno.
En el texto firmado por Nicolini, fechado el 7 de julio pero publicado ayer por La Nación, el Gobierno reclamaba a Anatoly Braverman --mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del RDIF-- por el retraso en el envío de dosis del componente 2 de la vacuna. "Podemos pensar en algún momento recibir más componente 1 que 2 o pensar en nuevas estrategias, pero necesitamos urgentemente algo del segundo componente. En este punto, todo el contrato corre el riesgo de ser cancelado públicamente", escribió Nicolini. La oposición utilizó la carta para argumentar en favor del supuesto “fracaso de la campaña de vacunación”. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lanzó: “La carta del Gobierno a los rusos es prueba contundente de la decisión política que nos dejó sin millones de vacunas, con miles de muertos, sin economía y sin educación”.
Según explicó Nicolini, la carta es “una comunicación más entre las tantas notas, llamados, Whatsapp y reuniones que tenemos con todos los fabricantes y productores para que puedan llegar vacunas a la Argentina lo antes posible”. En este sentido, relativizó la importancia de esa nota, en la medida en que forma parte de las negociaciones con diferentes Estados y empresas farmacéuticas para la adquisición de un recurso tan estratégico como escaso. Asimismo señaló que cuando hay retrasos en los envíos “nos ponemos serios y exigimos lo que tiene que llegar” porque “sabemos que hay muchas personas que están esperando su segunda dosis y nuestra responsabilidad como funcionarios es hacer todo lo posible” para cubrir esa necesidad, puntualizó. “Más allá de las dificultades, la relación con Rusia es muy buena, el compromiso es cumplir el contrato”, agregó.
Desde el Gobierno mostraron preocupación por la filtración de la carta. Por el artículo 11º de la Ley de Vacunas, ante cada enmienda de un contrato con cualquier laboratorio, el Ejecutivo está obligado a enviar el expediente a las comisiones de Salud del Congreso. Argentina anunció que hacía uso de la opción del contrato para acceder a 10 millones más de dosis de Sputnik V (se extendía de 25 a 35 millones) y dentro del expediente también adjuntó los diferentes intercambios con las autoridades de las compañías. “Entre tantas notas, fue la de Nicolini que armó tanto revuelo, aunque era una entre muchas. El tema es que la información allí consignada era de orden confidencial, así que algún legislador filtró la información, un acto gravísimo. Buscan un rédito político de 24 horas en desmedro de la relación con un laboratorio al cual se le compran nada menos que vacunas en una pandemia”, aseguró a PáginaI12 una fuente del gobierno nacional.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que la nota de Nicolini era “algo habitual en esta situación mundial, en el marco de las negociaciones, pedidos o presiones, entre comillas, para conseguir las vacunas”.
Tras el envío de la nota, a principios de mes, Argentina recibió más de 1,5 millón del componente 2 y el Laboratorio Richmond, a cargo de la fase final de la elaboración de ambas dosis en territorio nacional, recibió insumos para elaborar más componente 2 en el país. En los próximos días y para compensar el retraso, llegarían mil litros de la sustancia activa para fraccionar y envasar 1.700.000 de dosis 2.
El diagnóstico que Nicolini traza en su carta es preciso. Si bien las vacunas no vencen ni los anticuerpos se debilitan, ante la propagación de variantes más transmisibles, es central que la mayor cantidad de argentinos pueda recibir dos dosis. En la misma línea, vale la pena destacar que de acuerdo a un estudio reciente del Ministerio de Salud bonaerense, una sola dosis de la vacuna rusa alcanza una efectividad del 78,6 por ciento para evitar contagios, del 84,7 para evitar muertes y del 87,6 para reducir hospitalizaciones en personas de 60 a 79 años.
Del total de 11.868.830 de vacunas Sputnik V que aterrizaron en Ezeiza, 9.375.670 corresponden al componente 1 y 2.493.160 al componente 2. La diferencia es palpable: hasta el momento, están recibiendo la segunda dosis los que se inocularon la primera antes del 3 de abril. Lo que le reclama Nicolini en su texto al RDIF es una diferencia que se aproxima a un millón de dosis, pues, corresponde a las personas que ya hace más de 90 días que se dieron su primera inyección. De esta forma, ya transcurrió el tiempo estipulado inicialmente por el Ministerio de Salud.
Salvo China, que envió las dosis comprometidas de Sinopharm en tiempo y forma, el resto de los laboratorios exhibieron demoras en cumplir con los contratos firmados con todos los países. De hecho, recién en el último tiempo regularizó sus entregas AstraZeneca, pese que la sustancia activa para la vacuna distribuida en Latinoamérica había sido desarrollada en el laboratorio mAbxience, en Garín. El Ministerio de Salud de Chile acaba de aprobar la vacuna Sputnik y reconoció que Pfizer está enviando menos dosis de las previstas “debido al sotck limitado de producción de vacunas a nivel mundial”.
La estrategia argentina se orientó a conformar una cartera diversificada de vacunas, fórmulas que provinieran desde diferentes países con diversas tradiciones empresariales, ritmos, capacidades y estilos de producción.
Un acierto que salvó vidas
Pese a que la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya fue la primera aprobada y registrada en el mundo contra el coronavirus (agosto de 2020) y aunque la institución contaba con muy buenos antecedentes, fue la tecnología más denostada, a nivel internacional y nacional. En Argentina, Elisa Carrió llegó a decir que “la vacuna rusa no tenía garantías”, que era “una estafa" y "un peligro para los mayores de 60 años”. Con esas frases, la referente de Juntos por el Cambio hasta presentó una denuncia por envenenamiento y defraudación a la administración pública contra el Presidente.
El tiempo operó como testigo y el acuerdo temprano de Argentina sirvió para iniciar la inmunización del personal de salud antes que culminara 2020. De hecho, desestimando las acusaciones, Argentina se constituyó en el segundo país --tras Bielorrusia-- que apostó por la tecnología del Centro Gamaleya de Moscú. A la fecha, la Sputnik V fue aprobada en 69 países con una población total que supera los 3700 millones de personas. Constituye una de las fórmulas vacunales que ha demostrado excelente efectividad, junto a otras como Pfizer/BioNTech y Moderna.
Desde el inicio de la campaña ya llegaron al país 40,6 millones de vacunas, de Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca y Moderna. Pese a los discursos del odio, la realidad indica que Argentina dispone de vacunas suficientes y que, con los casos de covid-19 en plena baja desde hace siete semanas consecutivas, la primavera traerá un alivio.
"Se produjo un retraso"
Dosis 2 de Sputnik V: Rusia dijo que cumplirá con los envíos de vacunas acordados con Argentina
"En lo que se refiere a la obligaciones con los mercados del exterior, incluida Argentina, éstas indudablemente serán cumplidas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en conferencia de prensa.
Luego de que trascendiera la carta enviada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini en la que reclamaba las dosis en falta, Rusia aseguró este viernes que cumplirá sus obligaciones de suministros de vacunas anticovid que asumió con la Argentina aunque admitió retrasos en los envíos al país. Desde el Kremlin sostuvieron, de todos modos, que la prioridad está puesta en la vacunación de sus ciudadanos.
"En lo que se refiere a la obligaciones con los mercados del exterior, incluida Argentina, éstas indudablemente serán cumplidas", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. En el caso de los envíos a Argentina, Peskov indicó que "se produjo un retraso".
Agregó que el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR), que comercializa la vacuna bidosis Sputik V en el exterior, "se encuentra en contacto con su contraparte para solucionar los problemas que inevitablemente surgen".
Las declaraciones del portavoz del Kremlin se producen después de que trascendiera la carta de Nicolini dirigida al FIDR, en la que exigía el envío de más segundas dosis de la Sputnik V y deslizaba la posibilidad de romper el contrato con las autoridades rusas.
“Luego de esa nota, Argentina recibió la semana pasada más de medio millón de dosis del componente dos de Sputnik V. Richmond ha recibido casi más de medio millón para fabricar acá. Se activan mecanismos para encontrar las soluciones”, planteó Nicolini este jueves luego de que se conociera el contenido de la carta.
Las dosis que llegan y las que faltan
Según pudo saber Página/12, en los próximos días llegarán al país 1.000 litros de la sustancia activa para terminar 1.700.000 dosis 2 de la vacuna Sputnik V en el Laboratorio Richmond.
La primera partida de producción local sería autorizada alrededor del 1° de agosto, lo que permitirá avanzar con la fabricación del segundo componente.
A la Argentina llegaron 9.400.000 dosis 1 y 2.500.000 dosis 2.
El retraso comprende por ahora el millón de dosis 2, que se utilizarían para completar el esquema de quienes recibieron el primer componente hace casi 90 días, el plazo previsto entre ambas dosis.
La vacunación de los rusos
Tras señalar que se trabaja intensamente para mantener el flujo de vacunas acordado con la Argentina, Peskov subrayó que la prioridad es satisfacer las necesidades de vacunación de los rusos.
"Saben que la campaña de vacunación (en Rusia) cobra fuerza y aumenta la toma de conciencia de los ciudadanos. Los ritmos de vacunación se incrementan cada vez más. Y es, sin duda, la prioridad", dijo.
Detalles de la ampliación de la denuncia por el contrabando de armamento para los golpistas bolivianos
Documentos y testimonios que complican a ministros de Macri
El gobierno nacional amplió la denuncia que realizó por el contrabando agravado de armamentos enviados por el expresidente Mauricio Macri, junto a algunos de sus exministros como Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa), y que fueron entregados a los golpistas bolivianos. En esa ampliación, que ya se encuentra en el despacho del juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, hay algunos elementos que bien pueden considerarse clave a la hora de probar el contrabando. Tal como anticipó Página/12, allí figura --entre otros-- uno de los elementos más contundentes y que no es otro que el manifiesto de vuelo del Hércules C-130 donde se transportó a los gendarmes y el material bélico. Ese documento no incluye las 70 mil balas de goma y mucho menos los 100 spray de Gas lacrimógeno y casi 600 granadas de gas que se distribuyó --según informó la justicia de Bolivia-- entre la policía y la Fuerza Aérea de ese país. Incluso allí se encuentra identificado el oficial de Gendarmería que coordinó la entrega del armamento con los golpistas bolivianos. Elementos que complican, por ahora, a los responsables de esas fuerzas y también a la conducción política de los ministerios que autorizaron todas las maniobras.
Tanto el juez López Biscayart como el fiscal Claudio Navas Rial recibieron de manera presencial la ampliación de la denuncia, un escrito de 23 fojas que incluye quince documentos oficiales que, para los ministros denunciantes, comprueban el delito de contrabando. En ese mismo acto, el juez incorporó como querellante a la Dirección General de Aduanas.
Para el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el hallazgo de parte del armamento argentino en depósitos de la policía boliviana "confirma que las autoridades argentinas falsearon los permisos y las declaraciones juradas aduaneras y administrativas" porque resultó falaz la finalidad de la misión encomendada a los efectivos del grupo Alacrán, que era brindarle "seguridad y protección" al embajador argentino y la embajada.
En ese sentido señalan que la máxima autoridad estatal de entonces, Mauricio Macri junto a sus ministros, configuraron "una maniobra engañosa y premeditada" para ocultar el envío de armamentos que tenían como verdadero objetivo "enviar parte de ese material a las Fuerzas Armadas bolivianas, en el marco de un golpe de estado llevado a cabo por esas mismas fuerzas".
Por supuesto que, como afirmó la titular de Dirección General de Aduanas, Silvia Traverso, es necesario confirmar de manera fehaciente que las municiones exhibidas por el gobierno de Bolivia son efectivamente los que se transportaron en el avión de la Fuerza Aérea Argentina en la noche del 12 de noviembre de 2019. Esto es: que lo encontrado en Bolivia coincida con la documentación aportada en la ampliación de la denuncia que realizó el gobierno de Alberto Fernández.
Según el escrito en poder de López Biscayart, el lote de cartuchos antitumulto Nº 08-2018 que aparecen en las imágenes emitidas por el gobierno de Bolivia "fue adquirido" por la entonces ministra Patricia Bullricha en noviembre de 2018 a la sede Fray Luis Beltrán de Fabricaciones Militares.
El manifiesto
Quizá el punto más importante de la documentación presentada es el manifiesto del vuelo que realizó el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Ese documento "incluye, dentro de un cuantioso listado de armamentos y municiones, únicamente 3.600 cartuchos de calibre 12/70, con remitente y destino GNA, y ninguna granada".
El manifiesto es del 12 de noviembre de 2019, el día que partieron los integrantes del grupo Alacrán. Ese mismo día, comandante mayor Fabián Manuel Salas, jefe de dicha agrupación, envió un fax a la Fuerza Aérea donde afirma que sus subordinados trasladarán, además de lo ya declarado, 70 mil cartuchos, los spray de gas lacrimógeno más 61 granadas de mano gas de hostigamiento; 160 granadas de mano; y 360 granadas de mano.
El dato paródijo y que resaltan los denunciantes es que Salas afirma que esta cantidad de material extra que llevan "son los utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración al orden público”. Pese al aviso de Salas, en el manifiesto de vuelo no aparece mencionado ese armamento. Entonces es posible pensar que hubo intención de ocultarlo y si la justicia argentina prueba que el material bélico es el que se halló en Bolivia, el delito de contrabando estaría básicamente probado.
Por otra parte, la demanda incorporó un documento que muestra que el vuelo “fue ordenado por el entonces Ministro de Defensa ‘de forma verbal’ al por entonces Jefe de Estado Mayor General de la FAA”. Para los denunciantes esto representa la prueba de la participación del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.
El rol de Caliba
Tal como anticipó este diario, en la ampliación de la denuncia aparece la figura del comandante de Gendarmería, Adolfo Caliba, quien según consta en la demanda fue el responsable del retiro de la carga del Hércules. Cuatro días después, el 17 de noviembre Caliba le informa al entonces jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, que había participado de una reunión convocada "por la nueva conducción de la Policía Boliviana", esto es, la fuerza de seguridad que respondía a la golpista Jeanine Áñez.
En ese informe, Caliba afirma que el tema a tratar fue "la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición". En esa nota, Caliba sostiene que "conforme orientación de la superioridad Institucional, esta instancia, dio a conocer que Gendarmería se encuentra en una etapa de gestión de adquisición de dichos elementos; asimismo se orientó que dicho pedido se plantee al Ministerio de Seguridad con intervención de la Embajada Argentina en Bolivia”.
Para los denunciantes esto representa "la primera documentación oficial" de la intención de la policía de Bolivia de obtener material represivo pero, sobre todo, "el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas".
Entre los uniformados de Gendarmería hay preocupación por el avance de la investigación judicial y, por supuesto, la posibilidad de quedar acusados. Según trascendió, hubo contactos con quienes fueron sus autoridades civiles de entonces pero hasta ahora no obtuvieron respuesta.
Fuente:Pagina12
23.07.2021 / Golpe a Evo
Más documentos y testimonios desnudan la participación de Bullrich y Aguad en contrabando de armas a Bolivia
Un manifiesto del vuelo del Hércules que transportó armamento y gendarmes a Bolivia puso al descubierto el conocimiento político de las altas esferas del Gobierno de Macri. Allí se individualiza a miembros de la fuerza involucrados, señalan hacia arriba, mientras que Aduana presentó nota donde se ve cómo introdujeron material no declarado.
La ampliación de la denuncia por contrabando agravado de armamento bélico a Bolivia por parte del Gobierno de Mauricio Macri suma más elementos en la causa que tramita el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart. Ahora se sumó un manifiesto de vuelo de Hércules C-130 en el que viajaron los gendarmes junto al material de guerra.
Según consignó Página 12, ese documento no incluye las 70 mil balas de goma y mucho menos los 100 spray de Gas lacrimógeno y casi 600 granadas de gas que se distribuyó --según informó la justicia de Bolivia-- entre la policía y la Fuerza Aérea de ese país. Tal como había denunciado el gobierno boliviano allí se ve el rol del oficial de Gendarmería identificado a la hora de coordinar la entrega del armamento a los golpistas.
Tanto el juez López Biscayart como el fiscal Claudio Navas Rial recibieron de manera presencial la ampliación de la denuncia, un escrito de 23 fojas que incluye quince documentos oficiales que, para los ministros denunciantes, comprueban el delito de contrabando. En ese mismo acto, el juez incorporó como querellante a la Dirección General de Aduanas.
Para el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el hallazgo de parte del armamento argentino en depósitos de la policía boliviana "confirma que las autoridades argentinas falsearon los permisos y las declaraciones juradas aduaneras y administrativas" porque resultó falaz la finalidad de la misión encomendada a los efectivos del grupo Alacrán, que era brindarle "seguridad y protección" al embajador argentino y la embajada.
En ese sentido señalan que la máxima autoridad estatal de entonces, Mauricio Macri junto a sus ministros, configuraron "una maniobra engañosa y premeditada" para ocultar el envío de armamentos que tenían como verdadero objetivo "enviar parte de ese material a las Fuerzas Armadas bolivianas, en el marco de un golpe de estado llevado a cabo por esas mismas fuerzas".
El manifiesto es del 12 de noviembre de 2019, el día que partieron los integrantes del grupo Alacrán. Ese mismo día, comandante mayor Fabián Manuel Salas, jefe de dicha agrupación, envió un fax a la Fuerza Aérea donde afirma que sus subordinados trasladarán, además de lo ya declarado, 70 mil cartuchos, los spray de gas lacrimógeno más 61 granadas de mano gas de hostigamiento; 160 granadas de mano; y 360 granadas de mano.
El dato paródijo y que resaltan los denunciantes es que Salas afirma que esta cantidad de material extra que llevan "son los utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración al orden público”. Pese al aviso de Salas, en el manifiesto de vuelo no aparece mencionado ese armamento. Entonces es posible pensar que hubo intención de ocultarlo y si la justicia argentina prueba que el material bélico es el que se halló en Bolivia, el delito de contrabando estaría básicamente probado.
Allí es donde entra el rol de Aduanas, que a través de su titular Silvia Traverso, se constituyó como querellante en la causa. Según informaron se constató que cargaron un arsenal de municiones “extra” que no tenían como destino la protección de la Embajada argentina, sino que terminaron en manos de la Fuerza Aérea y de la Policía boliviana. Con la revisión aduanera del material que se subía al avión y donde se detalla “a mano” que 61 granadas de Gas CN, 160 granadas de Gas CS y 360 granadas de Gas HC figuran con una “X” con la referencia “No embarcado”.
Esta factura documental firmada por el verificador Cesar Martínez resulta clave por dos motivos: el primero es que todo lo que figura como no embarcado, efectivamente fue trasladado en el vuelo que partió el 12 de noviembre de 2019 a las 23.20 ya que apareció entre los pertrechos hallados en un depósito de la policía boliviana; y el segundo es que lo que figura “salvado” a mano era todo lo que la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMAC) no había autorizado para su salida del país.
Por otra parte, la demanda incorporó un documento que muestra que el vuelo “fue ordenado por el entonces Ministro de Defensa ‘de forma verbal’ al por entonces Jefe de Estado Mayor General de la FAA”. Para los denunciantes esto representa la prueba de la participación del entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad.
También en la ampliación de la denuncia aparece la figura del comandante de Gendarmería, Adolfo Caliba, quien según consta en la demanda fue el responsable del retiro de la carga del Hércules. Cuatro días después, el 17 de noviembre Caliba le informa al entonces jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, que había participado de una reunión convocada "por la nueva conducción de la Policía Boliviana", esto es, la fuerza de seguridad que respondía a la golpista Jeanine Áñez.
En esa nota, Caliba sostiene que "conforme orientación de la superioridad Institucional, esta instancia, dio a conocer que Gendarmería se encuentra en una etapa de gestión de adquisición de dichos elementos; asimismo se orientó que dicho pedido se plantee al Ministerio de Seguridad con intervención de la Embajada Argentina en Bolivia”.
Para los denunciantes esto representa "la primera documentación oficial" de la intención de la policía de Bolivia de obtener material represivo pero, sobre todo, "el primer documento que evidencia la voluntad de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Seguridad Argentino de dar soporte armamentístico a las fuerzas sediciosas".
Fuente:PoliticaArgentina
Caso Ciccone: concedieron la libertad condicional a Amado Boudou
La justicia determinó que el exvicepresidente ya cumplió las dos terceras partes de su condena y no volverá a prisión.
22/07/2021
Foto: Twitter @AmadoBoudouArg
Tal como anticipó el miércoles pasado Tiempo Argentino, el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 Ricardo Basílico concedió la libertad condicional al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, tras considerar que ya cumplió las dos terceras partes de la condena a 5 años y 10 meses de prisión que le había sido impuesta en el marco de la causa Ciccone.
El ex vicepresidente fue detenido en tres oportunidades. La primera vez, en el marco de otra causa, entre el 3 de noviembre de 2017 y el 12 de enero de 2018, es decir dos meses y nueve días; la segunda, tras la condena del tribunal oral por la Causa Ciccone, entre el 7 de agosto y el 12 de diciembre de 2018, es decir cuatro meses y cinco días.
Finalmente, Boudou volvió a ser detenido el 18 de febrero de 2019 y permaneció en esa condición hasta este jueves. Ahora, recuperó su libertad.
La inflación de los más pobres continúa por encima de la general
El Indec emitió el informe mensual sobre la evolución de la Canasta Básica Total y Alimentaria.
22/07/2021
Foto: Eduardo Sarapura
El costo de la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de la indigencia, marcó en junio un incremento de 3,6% para una pareja con dos hijos, que necesitó percibir ingresos por un monto estimado en $ 28.413,82, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el costo de la canasta básica total (CBT), que marca la línea de situación de pobreza, fue en junio de $ 66.488,33, con un aumento del 3,2% mensual. En tanto, la inflación general de junio fue del 3,2%.
En los primeros seis meses del año, el valor de la CBA se incrementó el 25,3%, mientras que el de la CBT avanzó 22,7%. Esta diferencia obedece a que los precios de las tarifas del transporte y los servicios públicos tuvieron incrementos por debajo de los alimentos. En tanto, la inflación general del período fue del 25,3%.
En doce meses, el precio de la CBA se incrementó a 57,6% y el de la CBT a 51,8%. Ambos porcentajes están por encima de la inflación general, que se ubica en 50,2%.
Fuente:TiempoArgentino
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