Reportan el asesinato de firmante
de la paz en Nariño
Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021.
Con José Harleyo Popayán serían 34 los firmantes de acuerdo de paz asesinados en 2021.
El Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia reportó en la noche del miércoles el asesinato del firmante del Acuerdo de Paz, José Harleyo Popayán en el municipio Leiva, departamento de Nariño.
De acuerdo a lo informado por Indepaz, el excombatiente de 50 años de edad fue asesinado el pasado 10 de agosto en la vereda El Cucho, ubicado en el municipio de Nariño.
Según testigos, José Harleyo Popayán fue asesinado de dos tiros cuando se disponía a regresar a su casa tras compartir con un grupo de amigos y conocidos.
Con José Harleyo Popayán serían 34 los firmantes de acuerdo asesinados en 2021 y 283 desde la firma del acuerdo de paz de 2016.
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió dos alertas advirtiendo la presencia de grupos armados desde el sur del departamento del Cauca hasta la costa del pacífico nariñense por acciones de economías ilegales.
Fuente: TeleSUR
Alberto Tejada, de Canal 2 Cali
sigue siendo víctima de amenazas
e intimidaciones
Resumen Latinoamericano, Contagio Radio, 12 de agosto de 2021.
Nuevos incidentes que ponen en riesgo la seguridad de Alberto Tejada, han sido denunciados este 11 de agosto por parte de organizaciones de Derechos Humanos en las que se evidencian seguimientos amenazas e intimidaciones en contra del periodista y director del Canal 2 de Cali.
En un comunicado firmado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Equipo Jurídico y Humanitario 21N, dan cuenta de actos de vigilancia e intimidación con armas de fuego en inmediaciones de la residencia de Alberto Tejada en los que han tenido que actuar las personas que hacen parte de su grupo de protección.
Uno de los incidentes más preocupantes enunciados por las organizaciones se presentó el pasado 7 de agosto en horas de la madrugada. Según la denuncia hacia la 1:30 en inmediaciones de la residencia familiar de Alberto Tejada una persona en una motocicleta desenfundó un arma huyó cuándo fue identificado por el personal de seguridad.
En esa misma semana el mismo equipo de seguridad identificó a un hombre que vigilaba la residencia de Tejada y que al ser identificado junio hacia un establecimiento comercial en el que se encontraban varios agentes de policía quienes tras la llegada del hombre en motocicleta salieron del lugar.
Se pretende coartar la libertad de expresión de periodistas como Alberto Tejada
Para las organizaciones de Derechos Humanos, este tipo de actos de intimidaciones y amenazas son producto de las denuncias que Alberto Tejada ha hecho desde Canal 2, en las que se ha podido evidenciar la actuación ilegal y desmedida de las fuerzas de seguridad que han violentado de las manifestaciones del paro nacional.
Además, estos hechos se configuran en una violación del derecho a la libertad de expresión por parte de los periodistas y el derecho a la información por parte de la ciudadanía, pues estarían encaminados a evitar que se siga desarrollando una labor periodística que muestra el punto de vista de la ciudadanía y de las organizaciones sociales frente a diversas situaciones en esa ciudad y en el país.
Adicionalmente, las organizaciones han denunciado que a pesar de que estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y de los gobiernos local y nacional, así como de los entes de control, no se han implementado medidas eficaces para proteger la vida de Tejada y su familia.
Cada tres días es asesinado un líder
indígena desde la firma del acuerdo
de Paz
Resumen Latinoamericano, 12 de agosto de 2021.
Fotografía ZonaCero.
Desde 1995, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo a Naciones Unidas, la fecha busca dar reconocimiento a las comunidades, su cultura, lenguaje y saberes. La organización, también estima que son 476 millones de Pueblos Indígenas existentes, y se ubican en 90 países al rededor del mundo. 102 de estos Pueblos Indígenas se localizan en nuestro país y más del 50% de ellos se encuentra en riesgo de desaparecer en la actualidad.
Contagio Radio entrevistó a Leonor Zalabata, comisionada de derechos humanos del Pueblo Arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta; Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Secretaria Técnica Indígena (STI) y de la
Comisión Nacional de Territorios indígenas (CNTI) y a Jairo Guerrero, delegado del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) por la Pachamama, en Pasto.
Los tres entrevistados manifestaron que este 9 de agosto, más que ser una fecha de celebración es para lanzar un llamado desde los Pueblos Indígenas al Gobierno Nacional, para que escuche las problemáticas que enfrentan las comunidades con el abandono estatal, la pandemia por Covid 19 y la presencia de empresas extractivas y grupos armados legales e ilegales.
«El 9 de agosto nace con exigencias de Pueblos Indígenas. Es un día para resaltar, evidenciar, visibilizar que aún en pleno siglo XXI, la discriminación contra los Pueblos Indígenas no ha desaparecido y el no cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Es un día para reconocer los conocimientos que tenemos y las soluciones que tenemos para resolver problemas a los que nos enfrentamos mundialmente».
Camilo Niño, secretario técnico indígena de la STI y la CNTI.
Pueblos indígenas se resisten a desaparecer
Para Leonor Zabaleta, la situación actual de los Pueblos Indígenas en Colombia y el mundo es «consecuencia de las formas como se decide desde un ente político o administrativo las cuestiones de los Pueblos Indígenas, lo que no ha permitido que los pueblos no tengan trascendencia». Además afirmo que no hay garantías para la existencia de los Pueblos con identidad de cultura.
La comisionada de derechos humanos, también manifestó que históricamente los Pueblos Indígenas han sido estigmatizados en Colombia, como pueblos «salvajes» o «semisalvajes». «Lo vital lo fundamental tiene que ver con nuestras culturas, y nace de esa visón del universo, de la tierra y eso todavía no lo ha podido incluir el sistema global en los temas políticos y económicos de los países (…) Hay esperanzas en figuras como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero el cambio que debería darse no se ha dado», agregó Leonor Zabaleta.
Los entrevistados también afirmaron que en la actualidad siguen trabajando por mantener la cultura e identidad indígena en Colombia, a pesar del racismo al que han sido sometidos desde el mismo Estado. «En la medida que nos integrábamos para no ser señalados como semisalvajes, perdíamos cultura, lengua, tácticas agrícolas y asuntos propios de la comunidad (…) Ese enfoque tiene que ver con la discriminación racial que existe todavía y que no se supera, no se supera simplemente con leyes, decretos o normas, tiene que haber un cambio en la mentalidad, reconocimiento y conocimiento que se debe trasmitir desde los colegios.
El paso del Covid 19 y su daño a los Pueblos Indígenas
Jaime Guerrero, afirmó que sumado al racismo que enfrentan las comunidades y al abandono de los gobiernos nacional, departamental y municipal, la pandemia del Covid 19, ha afectado y afecta actualmente a los Pueblos Indígenas con la muerte de los lideres, lideresas y ancianos de los Pueblos Indígenas que tenían consigo las memorias y el conocimiento de sus culturas.
Para el delegado indígena, a pesar de que no estaban preparados para enfrentar la pandemia, han logrado rescatar vidas a través de la medicina ancestral, sin embargo el Gobierno demostró que no supo dar manejo de la epidemia y fueron notables las fallas del sistema de salud en Colombia, especialmente en los territorios ocupados por comunidades campesinas, indígenas y afros.
Recientemente la comunidad indígena, lamentó la muerte por Covid 19 del líder indígena, Martín Tenganá Narváez, quien se desempeñaba como presidente de AICO. El sociólogo y antropólogo de 52 años murió falleció este lunes 9 de agosto en Hospital San Pedro de Pasto, Nariño.
Cada tres días es asesinado un líder indígena
Los entrevistados manifestaron que cuando se firmo el Acuerdo de Paz pensaban que social y medioambientalmente iban a tener soluciones en su territorios, pero el Gobierno Nacional en la actualidad no ha dado un cumplimiento integral de lo pactado en la Habana y no ha afrontado las más de 360 muertes de líderes y lideresas indígenas desde 2016.
«Después del Acuerdo de Paz, el Gobierno no fue capaz de ocupar las áreas que tenían las FARC y ahora aparecen 5, 6 grupos armados, con objetivos diferentes y que nos les importa la población. A menos de 5km se ubican bases de Ejército, pero eso no evita la presencia de grupos ilegales».
Jairo Guerrero, delgado AICO.
Leonor Zabaleta, también manifestó que la solución de los territorios no es la presencia militar, pues esta ha sido detonante de agresiones y confinamientos de los Pueblos Indígenas en varias regiones del país. Para la comisionada es fundamental el diálogo entre el Gobierno Nacional, las instituciones y los Pueblos Indígenas para respetar su propia autonomía.
De acuerdo al testimonio de Leonor, en la Sierra Nevada de Santa Marta se han presentado conflictos con el actual gobernador del Pueblo Arhuaco, quien ha sido denunciado por tres mujeres de la comunidad por abuso sexual. Leonor manifestó que el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso de los reclamos y ha demostrado que quiere eliminar a los Pueblos Indígenas con la división.
«El Gobierno respalda a los indígenas que los apoyan. El Gobierno quiere dividir a los Pueblos, para eliminar la autonomía indígena»
Leonor Zabaleta, comisionada de derechos humanos del Pueblo Arhuaco.
Jairo Guerrero, también denunció que las solicitudes normativas que hacen pensando en el bienestar de la comunidad, la protección jurídica y territorial no ha sido tenida en cuenta «De 180 solicitudes, nos dicen que este años puede tener dos. Es decir que necesitaríamos 100 años».
Según los entrevistados en los territorios indígenas también hay una afectación ambiental grave, por la presencia de empresas mineras y petroleras y el manejo dado a los cultivos de coca, planta que es usada por sus beneficios nutritivos por parte de los indígenas.
Dentro del los llamados que hacen los Pueblos Indígenas al Gobierno Nacional esta que se cumpla el Acuerdo de Paz, en el que se planteó también el tema de cultivos ilícitos para evitar la expansión y los daños ambientales. La comunidad pidió también que se respeten finalmente los derechos que han sido consagrados en la Constitución del 91 y que se les reconozca como actores políticos.
fuente: Contagio Radio
Guardias populares: autoprotección
y autonomía de los pueblos
Resumen Latinoamericano/Colombia Informa, 13 de agosto de 2021.
La Asamblea Nacional Popular -ANP- que se realizó en Cali durante el mes de julio fue un lugar de encuentro para las guardias populares de todo el país. Conversamos con líderes y una lideresa de las guardias campesinas, cimarronas e indígenas acerca de sus procesos que han acompañado las movilizaciones del Paro Nacional.
Para las guardias populares, la justicia propia va más allá de ejercer autoridad; es también reconocer su propio territorio y cosmogonía para proteger la vida de quienes lo habitan. La Asamblea Nacional Popular -ANP- que se llevó a cabo durante el 17, 18 y 19 de julio en la Universidad del Valle, en Cali, fue sistemáticamente hostigada y saboteada por parte de la fuerza pública. Pero fue la articulación de la Guardia Cimarrona, Campesina, Indígena y las Primeras Líneas las que garantizaron un espacio seguro y tranquilo para sesionar.
Guardia Cimarrona
“El policía sabe tratar como policía, y el guerrillero como guerrillero, el paramilitar como paramilitar”, comenta Manuel Correa, “(…) cada quien tiene su ideología, pero están muy lejos de la cosmovisión del pueblo negro”. Correa es líder en el municipio de Ríosucio, Bajo Atrato (Chocó); además, hace parte de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato -Ascoba- y es también el segundo mayor de la Guardia Cimarrona de esta región.
Para Manuel, asumir el rol de guardia ha sido un ejercicio de poder popular que ayuda a mantener una estrecha relación con el rescate de los saberes ancestrales de los pueblos negros. Muchos han sido los decretos y disposiciones jurídicas para proteger la autonomía de los territorios colectivos como las que están en el Decreto 1745 de 1995, así como el Acuerdo de Paz y el Capítulo Étnico, pero la realidad de quienes viven en estos contextos de constante corrupción, despojo y violaciones de Derechos Humanos es otra.
“Ven la guardia como una piedra en el zapato porque también es un control interno y exterior. La Guardia no va solucionar todos los problemas, pero sí puede asignar tareas y afirmar cuando alguien defrauda a la comunidad”, sostiene Manuel.
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En un territorio tan complejo como el Chocó, en el cual hacen presencia distintos actores armados legales e ilegales, hacer parte de la Guardia Cimarrona es una labor de riesgo que les ha costado ataques, amenazas y asesinatos. A pesar de esto, aseguran que a diario se llenan de fortaleza para consolidar un proyecto que tiene una resistencia histórica en sus entrañas.
Estas prácticas comunitarias de poder popular se han fortalecido desde agosto del 2013 cuando, por primera vez, más de siete mil voces de diferentes territorios realizaron el Primer Congreso Nacional del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, en Quibdó (Chocó). Allí se consolidaron muchos de los mandatos con los que buscan la protección de las cuencas, la tierra, los animales, los semillas, la medicina ancestral y prácticas culturales.
Guardia Campesina
“¿¡Quiénes somos!? ¡Guardia campesina!
¿¡Qué defendemos!? ¡La vida y el territorio!”
La resistencia y organización de la Guardia Campesina nace ante las necesidades estructurales de las propias comunidades que son impactadas por distintos niveles de violencia.
“Sabemos que los gobiernos represivos nunca han tenido en cuenta las necesidades del campesinado. En nuestros territorios hay campesinos que están a doce horas de camino, no hay vías, no hay nada eso. En el departamento del Cesar solo el 1% de la población campesina puede ir a la universidad, no tenemos salud (…)”, asegura David Donado, integrante del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas -MTTC- en el César y quien es uno de los líderes de la Guardia Campesina en este departamento.
Las guardias campesinas han sido una expresión de autonomía por parte de las comunidades frente a escenarios complejos en los cuales el Estado ha sido uno más de los victimarios. Al extremo norte del país, la Guardia Campesina del Catatumbo, organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat-, surgió en el año 2014 como mecanismo de autoprotección organizada ante un contexto de violencia sistemática anclada a los proyectos mineroenergéticos y la erradicación forzada de cultivos de coca en la región
«El César, figura como uno de los departamentos con mayores reservas de carbón en Colombia y según la Agencia Nacional de Minería -ANM-, estas produjeron entre 2018 y 2019, el 64% del total de este mineral en el país«, afirma David. Estas realidades constituyen una lucha permanente para las guardias campesinas, a través de la cual hacen frente a un modelo económico extractivista que atenta contra los proyectos de vida de las comunidades.
Según las guardias, desde el Gobierno actual se han posicionado discursos que estigmatizan esta labor, lo cual agudiza aún más la represión contra sus integrantes.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, de las 310 personas asesinadas que se desenvolvían como líderes y lideresas sociales durante el 2020, 89 fueron identificadas como campesinas y 19 como personas afrodescendientes.
David Donado reconoce a la Guardia Campesina como una esperanza para los proyectos de vida de las comunidades rurales. Así, durante el Paro Nacional que inició el 28 de abril 2021, las guardias populares han tenido un rol clave que les ha dado mayor reconocimiento como protectores y defensores de la vida en la opinión pública.
Guardia Indígena
“El poder popular de la guardia es mediante la protección de mi entorno, mi compañero, mis vecinos. Saber qué es lo que pasa a mi alrededor, solucionarlo y desde ahí empezar a ver cuál es el detonante. (…) La guardia no excluye a nadie, antes los invita a defender y cuidar nuestra madre tierra”, describe Daniela León, una mujer joven que es guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-.
Al igual que Daniela, cada vez son más las mujeres las que hacen parte de la Guardia Indígena en el Cauca. “Buscamos acabar con tanta matanza sistematizada en nuestros territorios; por esos somos los guardianes del territorio, y así mismo en distinta partes vieron la necesidad de crear la guardia (cimarrona, urbana, campesina) para que los mismos comuneros lleven la tranquilidad de su espacio”, apunta Daniela.
Durante décadas la Guardia Indígena del Cauca ha cuidado y cultivado las prácticas de poder popular y ancestral que han heredado desde siglos atrás. Saberes que están representados en el bastón de mando, el cual es estregado a quienes se considere que están comprometidos con la comunidad.
«En vista de que nuestros líderes son amenazados y la madre tierra está en peligro por la llegada de las multinacionales, ha sido necesario retomar y fortalecer la Guardia Indígena kiwe the’gsa/pu’yaksa’wesx. Son grupos de personas nombrados por la comunidad, médicos tradicionales y la máxima autoridad”, así lo sostiene la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa.
Continuar legitimando el ejercicio de autoprotección y poder popular
Para las guardias indígenas, cimarronas y campesinas que se encontraron en la Asamblea Nacional Popular resultó una gran “sorpresa”, como lo expresa Manuel, integrante de la guardia cimarrona, la germinación de otras guardias como las Primeras Líneas. “(…) pero que rico fue encontrar acá la aceptación de toda la gente que está en el movimiento popular. Encontramos expresiones de guardia en otros escenarios, en las ciudades, en las posesiones de territorio, en la toma de territorios”, expresa Manuel.
Para la Primera Línea, y de acuerdo con lo construido en la ANP, sus prácticas de organización corresponden al ejercicio legítimo de la protesta social y surgen a su vez como respuesta ante la brutal represión por parte de la fuerza pública en las manifestaciones.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- presentó 42 recomendaciones para que se respeten los Derechos Humanos de las personas manifestantes. Basado en la sistematización de cifras de la organización Defender Libertad, entre 28 de abril y el 30 de junio, 84 personas fueron asesinadas, 106 personas sufrieron violencias basadas en género, 1.790 personas resultaron heridas físicamente (298 de ellas defensores y defensoras de DDHH) y 3.274 fueron detenidas.
Durante los próximos meses esperan realizar por primera vez la Asamblea Nacional de Guardias y Primeras Líneas, donde buscarán consolidar propuestas nacionales y locales de cara al actual contexto humanitario.
Subintendente de la Policía asesinó
a dos jóvenes en Ciudad Bolívar
Resumen Latinoamericano/Contagio Radio, 13 de agosto de 2021.
Este jueves 12 de agosto, el concejal de Bogotá, Diego Cancino, denunció un nuevo hecho de violencia y abuso por parte de la Fuerza Pública. Se trata del asesinato de dos jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar en la capital del país.
De acuerdo al concejal, el hecho se presentó el pasado 11 de julio en el barrio Candelaria la Nueva y el Jany Marcelo Gómez Pulgarín, según información obtenida por las familias víctimas en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy.
Gracias al testimonio de otros dos jóvenes que sobrevivieron al ataque denunciado, Diego Cancino, explicó las circunstancias del hecho y afirmó que el uniformado, que en ese momento vestía de civil, protagonizó una riña en un billar y disparó en contra de tres de los cuatro jóvenes amigos que departían en el establecimiento público.
Todo inició cuando los cuatro jóvenes acordaron con el dueño del billar un arreglo para cancelar la deuda de su consumo. El Subintendente de la Policía intervino en el acuerdo e inició una riña, en la que desenfundó su arma y atacó a tiros a Dylan de 17 años, Fernando de 28 años y a Darío de 30 años.
“Hay un cruce de palabras. Los muchachos le dicen al policía “no sea sapo”. El policía le da un puño a uno de los muchachos. Ante tal agresión, otro muchacho le pega con una botella. Inmediatamente, el policía saca una pistola y le dispara en el pecho. Los otros salen corriendo por el local, pero el policía le dispara en el cuello a otro y a un tercero le da tres tiros en un brazo. Estando en el suelo, el policía le grita “ahora sí lo voy a matar” y le dispara de nuevo”.
Diego Cancino, concejal de Bogotá.
Dylan y Fernando murieron, el primero de ellos de manera inmediata en el lugar y el segundo días después. Darío, quien ahora es víctima de amenazas logró sobrevivir después de recibir cinco disparos en la espalda, mientras Jorge de 34 años alcanzó a escapar del sitio ileso.
“Nos tiraron a la patrulla uno sobre otro, como perros”
En el relató de Darío, otros uniformados también les dieron malos tratos y se notaba cierta complicidad con Jany Marcelo Gómez. «»La policía llegó y los arrastró por las escaleras para bajarlos, sufrieron varios golpes. No verificaron sus signos vitales. “Nos tiraron a la patrulla uno sobre otro, como perros”», contó el concejal.
«»Los muchachos fueron conducidos al Hospital de Meissen. El sobreviviente dice que escuchó a un policía hablar por celular: “Uno ya está muerto, el otro va para lo mismo y otro está agonizando”. Según el sobreviviente, este policía pidió las historias clínicas. Se las negaron. Hizo otra llamada: “¿Qué hago, le caigo allá?”». Agrego Diego Cancino.
El pasado martes 13 de julio, el coronel Jairo Baquero Puentes, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá informó de la captura de Jany Marcelo Gómez Pulgarín y afirmó que se trataba de un ex uniformado que portaba un arma sin permiso.
“El pasado domingo se presentó un hecho de intolerancia al interior de un establecimiento público en Ciudad Bolívar, jurisdicción del CAI Candelaria. Allí una persona acciona un arma de fuego luego de sostener una riña con otros ciudadanos (…) El capturado empleó un revolver Ruger 38 largo, con salvoconducto vencido”.
Jairo Baquero Puentes, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Diego Cancino también relató que según investigaciones de la familia y a pesar de ser capturado, el Subintendente de la Policía, Jany Marcelo Gómez Pulgarín, salió en libertad y contario a lo que se piensa no fue inhabilitado para su cargo y permanece activo.
Envio:RL
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