La Economía Popular marcha por Tierra, Techo, Trabajo y el Salario Universal
Hace 5 años los movimientos populares en los que nos organizamos los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular sellamos una unidad histórica que se vio reflejada en la masiva marcha desde San Cayetano a Plaza de Mayo con las banderas de Tierra, Techo y Trabajo.
Hoy esa unidad está cristalizada en nuestro sindicato, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La UTEP es una herramienta de nuevo tipo que concentra la lucha histórica de los descartados y las descartadas que creamos nuestro propio trabajo para mantener a nuestras familias y lo queremos dotar de derechos.
Este año nos encontramos en un contexto particular, saliendo de una pandemia que profundizó los problemas sociales que venimos denunciando hace tiempo. No bajamos los brazos y estuvimos presentes en nuestros barrios, cuidando, alimentando, informando, construyendo, reciclando, costurando elementos sanitarios, produciendo alimentos sanos y por sobre todo, visibilizando que somos esenciales.
Quedó claro en este tiempo de mucho sufrimiento que nadie se salva solo, ni sola, que la organización comunitaria que venimos pregonando, porque es lo que somos, es la respuesta necesaria frente a la especulación y la concentración económica. Enfrentamos esta concentración que pone el foco en la ganancia, poniendo el cuerpo en lo fundamental: cuidar la vida y nuestra casa común.
Este año volvemos a marchar desde San Cayetano y en todo el país con propuestas concretas como el Salario Básico Universal y el fortalecimiento de la economía popular para salir mejores de la pandemia y levantar la Argentina desde abajo hacia un país con Tierra, Techo y Trabajo para todos/as.
#TierraTechoTrabajo
#UTEP
#SanCayetano
Mendoza: esenciales para el pueblo, invisibles para Suarez
Las trabajadoras de la salud de la provincia de Mendoza continúan las medidas de lucha en reclamo por aumento salarial al gobierno de Rodolfo Suárez. En los últimos días, se movilizaron masivamente el jueves 29, y desde el sector de residentes realizaron un paro por 48hs a partir del viernes 30 que incluye acampe y olla popular, redoblando la apuesta luego de las marchas y asambleas de los últimos días. Por Corresponsal popular para ANRed.
Lo que llama a la calle ampliamente a los y las trabajadoras es la pelea por sueldos dignos, pase de prestadores y trabajadores con contrato, reconocimiento de licenciaturas en enfermería, y también en reclamo de los derechos de les residentes. Quienes han estado en la primera línea frente a la pandemia del COVID19 son desdeñados por el gobierno provincial, ya que se desconocen los reclamos e incluso se amenaza con sanciones a quienes protestan.
La propuesta del gobierno de llevar a un 29% el aumento del 20% decretado en diciembre pasado (junto con el pago de bonos no remunerativos) es rechazada ampliamente. La razón principal es que a lo largo del 2020 no hubo aumentos, el gobierno provincial dio de baja la cláusula gatillo que indexó salarios entre 2016 y 2019, y el atraso salarial ante la inflación es muy marcado.
El conflicto se encuentra en un momento clave. El Gobierno intentó dividir a les trabajadores firmando un acuerdo también con las direcciones provinciales de ATE y UPCN, y también amedrentar a les residentes con amenazas de sanciones disciplinarias y descuentos Sin embargo, las movilizaciones y paros continúan, endureciéndose las actividades en pos de lograr ganar los puntos reclamados.
Les trabajadores estatales cuentan con un frente gremial que no fue desbaratado al firmar ATE la paupérrima paritaria. Las respuestas combativas se sostienen desde un conglomerado de gremios donde se cuentan el numeroso SUTE (docentes), Judiciales, APOC (organismos de control), SITEA (estatales autoconvocades), SIPES (salud-CTA-A), FADIUNC (docentes universitaries), APROCEM (profesionales de ciencia económica) y AMPROS (salud). Esta articulación es una de las principales diferencias con el conflicto de les trabajadores de la salud de Neuquén, donde fueron asambleas autoconvocadas las que pusieron en jaque la producción de Vaca Muerta y el abastecimiento de combustibles en el Alto Valle luego del cierre inconsulto de una paritaria del 12% tras un año y medio de congelamiento salarial. En la provincia de Vaca Muerta, les trabajadores lograron traspasar el techo salarial que había firmado el Gobierno, UPCN y ATE.
Entre los sindicatos mendocinos, destaca AMPROS que canaliza gran parte de la rebeldía de les profesionales de la salud, dándole cobertura a quienes se encuentran en situación de precariedad laboral bajo la figura de las residencias. Sin embargo, es la propia actividad desde abajo de les trabajadores de la salud la que instala con sus medidas de lucha la necesidad de condiciones dignas de trabajo. La respuesta que hasta ahora dio el gobierno no pasa de una mínima recepción de los reclamos, tal como informo la Secretaria Adjunta de AMPROS, Claudia Iturbe, luego de una reunión con funcionarios el viernes 30.
Rodolfo Suarez encara una apuesta política arriesgada al oponerse a un reclamo tan legítimo ante la opinión pública como el de les trabajadores de la salud, en plena campaña electoral. Para esta pelea cuenta por un lado con el apoyo de los dirigentes sindicales Cristian Galdeano de UPCN y Roberto Macho de ATE, y un notorio blindaje mediático del conflicto a nivel nacional.
Del otro lado, enfrenta la fortaleza y el enojo de la organización de las bases del sector salud. Desde las asambleas, se preanuncian medidas por tiempo indeterminado que le darán un marco de lucha y conflicto a la actual campaña.
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Rosario: Culturazo de Trabajadores del arte y la cultura por reconocimiento de derechos laborales
El sábado 24 de julio la Multisectorial de Trabajadores del Arte y la Cultura, de la ciudad de Rosario, realizó una jornada cultural en las escalinatas del parque España, para reclamar por la emergencia cultural y reconocimientos de derechos como trabajadores. Denunciaron la falta de respuestas por parte del gobierno municipal de Pablo Javkin y el provincial de Omar Perotti , frente a la crisis que está viviendo el sector, agudizada por la pandemia mundial de Covid-19 y la prohibición de uso de espacios públicos y privados con protocolo. Por Edith L. Gauna para ANRed.
El sábado 24 de julio, la Multisectorial de Trabajadores del Arte y la Cultura realizó una actividad cultural, en las escalinatas del parque España, para visibilizar su pedido por la emergencia en el sector y el reconocimiento de derechos como trabajadores. Desde los comienzos de la pandemia, vienen reclamando subsidio universal igual a la canasta básica, caja de alimentos a los más afectados, habilitación de espacios públicos y privados con protocolos y el cese de la precarización y la represión. Hasta el momento, las mesas de diálogo con el gobierno municipal y provincial no han concluido en compromisos concretos.
El culturazo se decidió luego de que el pasado 5 de julio, nuevamente el Secretario de Cultura, Dante Taparelli, faltó a la reunión pactada y Federico Valentini, Subsecretario de Industrias Culturales, admitió no tener políticas para el sector.
Esta corresponsal, estuvo presente en la actividad y dialogó con los y las trabajadoras.
Samanta es feriante de Italia y el río, diseñadora e integrante de la Multisectorial y contó: «Realmente es vergonzoso que después de un año y medio tengamos que seguir reclamando asistencia económica. Las restricciones han ido bajando, podemos retomar las ferias. Pero es una realidad que ahora muchas personas, no tenemos con qué salir a producir, porque la crisis económica se comió todo. Por ejemplo un centro cultural, puede abrir las puertas pero no sabe cómo funcionar, porque hace un año y medio no abren y sólo tienen gastos» Y agregó : «Los compañeros están en una situación de emergencia, no contamos con ningún tipo de asistencia por parte del Estado que se ha comprometido a darnos subsidios pero no cumple. Sin una perspectiva a largo plazo, al no estar reconocidos como trabajadores, no contamos con una jubilación, una obra social. No tenemos una estabilidad para nuestra economía familiar. La situacion ha empujado a una cantidad de compañeros a reinventarse y abandonar lo que más aman, que es hacer su arte, aportando a la cultura. Hoy acá, realizando esta jornada, sufrimos nuevamente un hostigamiento por parte de la Guardia Urbana Municipal y sólo estamos exigiendo derechos, compartiendo nuestro arte”
Por su parte, Casica Zulema Maldonado de la Comunidad Taloi Mocoit , Presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas del Abya Yala de la Sede Rosario expresó: «Los Mocoit somos comunidades ancestrales matriarcales, trabajamos para que las próximas generaciones no pasen necesidades. En las ferias no nos dejan trabajar, no nos dejan exponer nuestras mercaderías, cultura, ceremonias y nuestra alimentación que es la base. Vivimos en villas de emergencias. Nos prohíben el trabajo y en los barrios llega la policía, reprime y encarcela a nuestros jóvenes.»
La jornada cultural contó también con el acompañamiento de los Artesanos por la Verdad, integrantes del Colectivo 11 de Octubre, constituido por artistas de la Nación Qom. Ruperta Perez, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas del Abya Yala, destacó la importancia del trabajo cultural de las comunidades: “Nosotros no somos historia, somos el presente, estamos acá. Nuestra cultura está viva, no está en un museo para la exhibición. Fuimos expulsados de la Provincia de Chaco y tuvimos que emigrar a otras provincias. No valoran nuestra cultura, pero nosotros sólo podemos vivir sanamente con trabajo y libertad.”
«Hablamos de emergencia cultural. Algunos expresando profunda tristeza de no poder trabajar lo que se preparó y ensayó para salir a las pistas, otras desde el reclamo al Estado por no responder a las necesidades del sector, otros desde la necesidad de aportar con herramientas artísticas. Esta crisis afecta emocional y psíquicamente a la sociedad. Decir que la cultura y el arte no son esenciales es negar el suelo que se está pisando”, leyeron en un comunicado, Payasos y Payasadas Autoconvocades.
Por último, Mar de la Agrupación de Mujeres Muralistas Argentinas (AMMURA, sede Rosario) manifestó: «Nosotras estamos acá para pedir apoyo y reconocimiento de nuestro trabajo como muralistas. La idea es que el muralismo empiece a formar parte de los programas municipales y que se reconozca en la transformación socioespacial que tiene en los barrios, en el espacio público. A modo de crítica queremos dejar que se invierta en el centro de la ciudad y en murales de artistas que ya murieron, que son del siglo pasado y se están reproduciendo a gran escala, para darle lugar, a los artistas locales permitiendo desarrollarse en su carrera teniendo la posibilidad de trabajar de lo que hacemos avalados por la Municipalidad.»
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Florencia Peña: “Los actores y actrices somos laburantes”
Una ONG publicó las visitas de políticos y dirigentes a la Quinta de Olivos en 2020 y la presencia de Florencia Peña en ese listado generó un escándalo y una catarata de tuits sexistas y misóginos, a diferencia de lo que sucedió con otros artistas varones que también se reunieron con el Presidente.
Por Melissa Zenobi | La actriz y conductora Forencia Peña respondió a las acusaciones en su programa Flor de equipo, al aire de Telefé. Fue tras los ataques que recibió cuando se conoció su nombre entre quienes visitaron la Quinta de Olivos durante la “fase 1” del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), cuando regían estrictas restricciones a la circulación ante la pandemia de COVID-19 y por las cuales el presidente Alberto Fernández fue denunciado penalmente. El listado había sido difundido la semana pasada por la ONG Poder Ciudadano.
El nombre de Florencia Peña, al igual que el de otros actores y actrices, productores, sindicalistas, funcionarios, aparece en el registro de ingresos y egresos. Sin embargo, no todos esos nombres generaron la misma polémica. Durante casi una semana, con el hashtag #LaPeteraDelPresidente, la protagonista de Casados con hijos recibió acusaciones en redes sociales de todo tipo y color.
Peña comenzó su programa de hoy denunciando una “operación en contra de su persona”, por eso le dedicó unos minutos a aclarar que la visita fue para plantear las necesidades que atravesaba la industria cultural, cuando todavía era incierto cómo iba a evolucionar la pandemia: “Fue en mayo del año pasado, cuando acababa de perder a mi papá hacía 20 días y no lo pude despedir como tanta otra gente, y tenía permiso por cuidado de mi madre, además de permiso por trabajar en medios”, informó en torno a la posibilidad de circular, razón por la que también fue atacada.
“En mayo nuestra actividad -teatro, actuación, TV- estaba muerta, como tantas otras actividades que no tenían permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros actores y productores comenzamos a pensar qué podíamos hacer, y algunos le pusimos el cuerpo. A mi se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por twitter para poder encontrar una manera de resolver”, explicó Peña y aclaró que “muchos productores importantes ya habían estado con él, como así también muchos dirigentes gremiales de muchos sectores. Los actores somos laburantes, y necesitamos trabajar para llevar el pan a la casa. En ese momento se nos ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.
La ecuación es simple porque no hubo ataques ni insinuaciones similares con sus pares varones, entre quienes se encuentran Marcelo Tinelli, AdrianSuar, Osvaldo Santoro, Carlos Rotemberg, que asistieron a Olivos con los mismos objetivos que ella:
“Me pregunto por qué con los hombres no se la agarran, por qué las mujeres son gatos. Por qué esa misoginia que nos tenemos que bancar las mujeres que fuimos a Olivos, porqué con los hombres no. Porqué conmigo. Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa”.
Además de las críticas vía redes sociales, al aire del programa de Todo Noticias, “Solo una vuelta más”, el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, se refirió livianamente a este tema como “escándalos sexuales en la residencia presidencial”, acusando a Florencia Peña de haber estado allí “de 9 a 1 de la mañana”. Algo completamente falso ya que el registro muestra que el ingreso fue el 15 de mayo de 2020 de 10:50 AM a la 1:30 PM.
Al respecto, la periodista y panelista de Flor de Equipo, Nancy Pazos, pidió -tanto al aire del programa como en su cuenta de twitter- que “las mujeres que integran la lista de precandidatos junto a Fernando Iglesias que reclamen su renuncia porque pese a ser un diputado de la Nación afirmó públicamente que Florencia Peña vio a Alberto Fernández por una “actividad sexual””.
En su descargo, la actriz explicó que lo que viene ocurriendo en twitter desde hace seis días se trata de una operación impulsada por los trolls que trabajan en los call centers: “No tengo que aclarar nada a nadie, pero trato de entender qué hice para que me manden un call center durante 6 días”, dijo y aclaró: “Un call center es gente paga para instalar un tema. Por eso salieron 1500 twits al mismo tiempo con el hashtag #LaPeteradelPresidente”.
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Datos oficiales de mayo: Los salarios siguen perdiendo contra la inflación
Según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el mes de mayo los salarios aumentaron un 2,8% contra una evolución de 3,3% de la inflación en el mismo período, acumulando así dos retrocesos consecutivos que confirman una pérdida de poder adquisitivo de los salarios respecto de la evolución de los precios.
El registro mensual de aumento de los salarios se compone por un incremento de 3,5% en los haberes del sector privado registrado combinado con un 2,9 % de alza en los de la administración pública y de un 0,9% en los trabajadores no registrados.
Durante los primeros cinco meses del año, el índice de salarios acumuló un aumento del 20,1%, ubicándose por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que sumó 21,5%. Entre enero y mayo, los ingresos del sector privado registrado lideraron el alza, con un aumento de 23,3%, seguidos por el sector público con 19,5 % y el privado no registrado con apenas el 12,5%.
En el acumulado anual, el índice salarial total creció 40,7% mientras que el Índice de Precios al Consumidor mostró un aumento de 48,8% (con un incremento del 43,3% en los privados registrados, del 36,2% en los empleados públicos y del 40,4% del sector privado no registrado), marcando un importante deterioro de los salarios frente a la inflación, más allá de la promesa del Gobierno de Alberto Fernández de que éstos no iban a perder contra los precios.
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Fesprosa confirmó jornada nacional de protesta para el 12 de agosto
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) decidió convocar a una jornada de lucha para el próximo 12 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país, para exigir una recomposición salarial para el sector, el fin del trabajo precario y la convocatoria a una paritaria nacional de salud.
La medida se acordó en el Encuentro Nacional de Salud que se realizó el pasado viernes y contó con la presencia de delegados de 19 provincias. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa, manifestó su satisfacción por el resultado del encuentro y señaló que el llamado a converger en una jornada unitaria había encontrado eco en numerosas organizaciones. “Esto nos asegura que la Jornada del 12 será masiva y abarcará la mayor parte del territorio argentino”, planteó.
Luego agregó: “En un reciente informe, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero expuso que Salud es el sector con los salarios medios más bajos de la administración pública con $70.000 en bruto, unos$ 50.000 de bolsillo, muy por debajo de la línea de pobreza que marca el INDEC”. Y remarcó: “Estas cifras duras desmienten los aplausos y homenajes de manera contundente. Somos esenciales a la hora de trabajar y no a la hora de cobrar nuestros salarios”.
La dirigenta también señaló: “Con respecto a la precarización laboral, pretendemos que el Ministerio de Salud de la Nación y el COFESA se pongan al frente de un proceso de regularización del trabajo en negro. Más del 30% de los trabajadores tiene contratos precarios. El Ministerio de Salud de la Nación debería dar el ejemplo ya que de los 3.700 profesionales que revistan en sus establecimientos el 84% está precarizado y solo el 16% está en planta”.
Boriotti también reclamó por el cumplimiento de la Ley Silvio: “Hace tres meses que el COE no se reúne y cuatro que no se publican datos sobre el impacto del Covid-19 en los trabajadores de salud. Reclamamos la derogación de la Resolución 04/2021 de los ministerios de Salud y Trabajo que permite convocar a los trabajadores de salud con comorbilidades que están con licencias”.
“La Jornada del 12 será un alerta para todos los gobiernos y también para la oposición. Es hora de pasar de las palabras bonitas a los hechos, comenzando por la urgente convocatoria a una paritaria nacional de salud”, finalizó Boriotti.
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Según UCA, sin la Tarjeta Alimentar la indigencia habría subido casi 20 puntos más
El estudio se realizó en el marco del convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad Católica Argentina (UCA), y tuvo como resultado un documento de investigación en el que se evalúa el impacto del Programa Tarjeta Alimentar y los efectos directos e indirectos en la inseguridad alimentaria, consumos alimentarios y no alimentarios.
La presentación de este documento se dio en el marco del Seminario Académico Infancia, Alimentación y Políticas Públicas realizado el jueves 29 de julio, donde para la UCA, la asistencia social “evitó un aumento mayor de la indigencia”.
El trabajo muestra la eficacia que tuvo el Programa Alimentar a la hora de reducir la indigencia y la pobreza. Así, se ve que los hogares por debajo de la línea de indigencia en el país son 9,2%, mientras que si se quita el Programa Alimentar (Tarjeta Alimentar más AUH) esa cifra asciende a 27,5%. En el caso de niños esos porcentajes son 10,6% y 33,3%, respectivamente.
La investigación demostró que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar tuvieron un 19,4% menos de posibilidades de sufrir inseguridad alimentaria. El Programa Alimentar “ejerció en el marco de la crisis sanitaria y socioeconómica Aspo-Covid19 un impacto protector ante la inseguridad alimentaria de los hogares y sus miembros, y especialmente ante la situación más grave que afecta a niñas, niños y adolescentes”, explicó Ianina Tuñón, coordinadora e investigadora responsable del Barómetro de la Infancia (ODSA)
Según los datos, un destinatario de este beneficio tuvo una incidencia de la inseguridad alimentaria de 34,8%, mientras que en el grupo de comparación (de idénticas características socioeconómicas, pero sin el beneficio) esa cifra fue de 54,2%.
En el caso de la población infantil, la diferencia fue incluso mayor. En los destinatarios hubo una incidencia de la inseguridad alimentaria de 41,7%, mientras que en los que no tuvieron el beneficio esa incidencia ascendió a 70,8%, con lo que los niños y niñas que recibieron la tarjeta tuvieron 29% menos de posibilidades de sufrir inseguridad alimentaria.
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Anses ya ofrece turnos para tramitar el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado
Anses habilitó la turnera para el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. El beneficio está destinado a mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse, no cuenten con los años de aportes necesarios y tengan hijas y/o hijos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permitirá jubilarse a 155.000 mujeres este año, y otras 30.000 el año que viene, que estando en edad de hacerlo no tienen los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación.
El beneficio está destinado a mujeres con hijas y/o hijos, que estén en edad de jubilarse (60 años o más) y que no cuenten con los años de aportes necesarios. También para aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.
El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará: 1 año de aportes por hija/o y 2 años de aportes por hija/o adoptada/o.
Asimismo, Anses reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses.
Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.
Para acceder al beneficio es importante cumplir una serie de pasos previos que se pueden consultar acá: https://www.anses.gob.ar/reconocimiento-de-aportes-por-tareas-de-cuidado
La atención será únicamente con turno previo y DNI, las partidas de nacimiento de las hijas y/o hijos, Certificado de Discapacidad (si tenés hijas y/o hijos con discapacidad) y sentencia de adopción (si tus hijas y/o hijos son adoptados).
La directora ejecutiva de Anses compartió en sus redes el spot que promociona el beneficio y en el que se visibiliza el trabajo y el tiempo dedicado al cuidado y la crianza de los hijos e hijas como argumento para que sean reconocidos como años de aportes.
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A 3 años de la muerte de Sandra y Rubén, Suteba realiza actos en reclamo de justicia por la explosión en la escuela 49 de Moreno
A tres años de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, tras una explosión en la Escuela 49 de la localidad bonaerense de Moreno, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), realizaba esta mañana distintas actividades con movilización, en reclamo de «justicia» por los docentes fallecidos.
«A tres años de la muerte de nuestros compañeros Sandra y Rubén nos movilizamos en reclamo de justicia», anunció Suteba en su convocatoria, a través de un comunicado de prensa.
En ese sentido, explicaron: «A 3 años de las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, (vicedirectora y auxiliar de la Escuela 49, de Moreno), Suteba realiza hoy un acto en homenaje y movilización, en reclamo de justicia».
«Nos estamos movilizando con memoria por la tragedia ocurrida por la desidia, el abandono y de las políticas de ajuste del por entonces Gobierno de (la ex gobernadora) María Eugenia Vidal”, acusaron los docentes bonaerenses.
Desde las 8, los docentes nucleados en Suteba iniciaron la jornada en recuerdo de los docentes fallecidos en la explosión, realizaron un acto y colocaron ofrendas florales en la sede de la escuela 49, ubicada en Davaine y Azara, de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense.
Según se anunció, los docentes tienen previsto además realizar un acto en la sede del Consejo Escolar local y una marcha hasta la Fiscalía, ubicada en Zeballos 350 de esa localidad.
«Desde el Suteba rendiremos homenaje a Sandra y Rubén, dos trabajadorxs comprometidxs con la educación pública y su comunidad educativa, quienes perdieron sus vidas en sus puestos de trabajo, debido a una explosión generada por una pérdida de gas, mientras estaban preparando el desayuno a lxs chicxs».
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Detectan 43 trabajadores sin registrar en la bodega del Fin del Mundo: les pagaban menos de la mitad de lo que estipula la ley
Una inspección del Ministerio de Trabajo, Uatre, AFIP y otros organismos detectaron 43 trabajadores sin registrar en la bodega del Fin del Mundo de El Chañar. Se trata de un grupo de trabajadores provenientes de Mendoza que eran tercerizados a través de una cooperativa.
En una inspección laboral realizada en las bodegas de Fin del Mundo de San Patricio del Chañar se detectó un conjunto de trabajadores sin registrar provenientes de Mendoza.
Tres inspectoras del Ministerio de Trabajo, del Programa Nacional de Registración Laboral, acompañadas por dirigentes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la AFIP y efectivos de la Policía Federal descubrieron una situación irregular en las condiciones laborales de un grupo de trabajadores oriundos de Mendoza que realizan la poda de la viña.
“Se constataron 43 trabajadores sin registrar–vulgarmente decimos en negro-, pero se dice sin registrar su contrato de trabajo”, afirmó Asunción Mirás Trabalón, delegada regional del Ministerio de Trabajo de la Nación a los medios locales.
Mirás Trabalón aseguró que el encargado de Recursos Humanos de la empresa manifestó que pertenecían a una empresa tercerizada, “pero tampoco tenían registración de ninguna otra empresa”.
Miguel Coliñir, que es miembro de la delegación regional de Uatre de Río Negro y Neuquén, señaló que «esta bodega contrata trabajadores de Mendoza a través de una cooperativa de trabajo».
Coliñir indicó que el gremio realizó la denuncia ante el organismo nacional por no respetar los jornales básicos y el convenio establecido para la poda.
“Que paguen 1.797 pesos, más el presentismo, más sumas no remunerativas y el 8 por ciento de zona desfavorable”, reclamó. Se trata de una suma que alcanza los 2140 pesos por día. El dirigente gremial aseguró que los trabajadores manifestaron que solo pagaban 1.000 pesos el jornal, cifra que no fue reconocida por el responsable de Recursos Humanos de la empresa.
La representante del organismo nacional agregó: “Son trabajadores que están sin recibo de haberes, sin aportes jubilatorios, sin obra social y sin ART”.
“La empresa les decía que les iba a mandar el recibo de haberes cuando volvieran a Mendoza”, mencionó Mirás Trabalón. La empresa fue intimada a registrar a sus trabajadores y si no lo hacen se les aplica una multa pecuniaria (una sanción administrativa).
Coliñir agregó que la bodega del Fin del Mundo es el «responsable» de la maniobra para los trabajadores, “ocultando la explotación laboral”, dijo.
Mirás Trabalón detalló que se trata trabajadores temporarios de una relación laboral continúa con prestaciones en temporada. ”Se suspende cuando no es temporada -en este caso los trabajadores regresarán en la cosecha-. En el resto de los meses no hay obligaciones recíprocas”, indicó. Argumentó que son trabajadores “que deben ser registrados como un contrato por tiempo indeterminado con prestaciones de temporada, como establece la ley de Contrato de Trabajo desde hace 40 años”.
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Convocan a una jornada nacional de lucha de salud pública para el 12 de agosto
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Con la presencia de delegados de 19 provincias el Encuentro Nacional de Salud convocado por FeSProSa-CTAA, decidió el pasado viernes 30 convocar a una Jornada de Lucha el 12 de agosto con paros y movilizaciones en todo el país.
La misma se llevará a cabo en reclamo de una recomposición salarial, fin del trabajo precario, protección de los trabajadorxs y convocatoria a una Paritaria Nacional de Salud. María Fernanda Boriotti, Presidenta de FeSProSa-CTAA, manifestó su satisfacción por el resultado del encuentro y señaló que el llamado a converger en una jornada unitaria había encontrado eco en numerosas organizaciones. “Esto nos asegura que la Jornada del 12 será masiva y abarcará la mayor parte del territorio argentino”, dijo.
“En un reciente informe, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero expuso que Salud es el sector con los salarios medios más bajos de la administración pública con $70.000 en bruto, unos$ 50.000 de bolsillo, muy por debajo de la línea de pobreza que marca el INDEC.”, agregó Boriotti.
“Estas cifras duras desmienten los aplausos y homenajes de manera contundente. Somos esenciales a la hora de trabajar y no a la hora de cobrar nuestros salarios.”, agregó la titular de la Federación.
Al mismo tiempo, señaló: “Con respecto a la precarización laboral, pretendemos que el Ministerio de Salud de la Nación y el COFESA (Comité Federal de Salud) se pongan al frente de un proceso de regularización del trabajo en negro. Más del 30% de los trabajadores y de las trabajadoras tienen contratos precarios. El Ministerio de Salud de la Nación debería dar el ejemplo ya que de los 3.700 profesionales que revistan en sus establecimientos el 84% está precarizado y solo el 16% está en planta”.
Boriotti también reclamó por el cumplimiento de la Ley Silvio. “Hace tres meses que el COE (Comité Operativo de Emergencia) no se reúne y cuatro que no se publican datos sobre el impacto del Covid 19 en los trabajadores de salud. Reclamamos la derogación de la Resolución 04/2021 de los ministerios de Salud y Trabajo que permite convocar a los trabajadores de salud con comorbilidades que están con licencias”.
“La Jornada del 12 será un alerta para todos los gobiernos y también para la oposición. Es hora de pasar de las palabras bonitas a los hechos, comenzando por la urgente convocatoria a una paritaria nacional de salud”, finalizó Boriotti.
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La CTA Autónoma realizó una olla popular para los sectores más vulnerables
La agrupación “6 de abril”, que integra la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) de Río Negro llevó adelante una olla popular en el playón del barrio José María Guido de la ciudad de Viedma, con el fin de tratar de contener la demanda y la necesidad de la gente del barrio y sus alrededores.Share on facebookFacebook Share on twitterTwitter Share on whatsappWhatsApp Share on telegramTelegram Share on emailEmail
Este fin de semana también realizó un ropero a cielo abierto donde los más de 100 vecinos que pasaron por el corazón del barrio pudieron llevarse ropa, calzados y algunas frazadas.
Así, desde temprano las familias se acercaron y recibieron con agrado la presencia de la organización que al calor de la olla preparaban un rico guiso que rendiría un poco más de 100 porciones familiares.
“Desde la Agrupación 6 de Abril creemos que en estos momentos de crisis agravada por la situación de pandemia, es sumamente necesario generar lazos de solidaridad con los vecinos y en ese sentido las organizaciones sociales tienen un rol fundamental. Pero también sabemos que el Estado debe estar más presente y llegar a todos los sectores vulnerables, no debemos acostumbrarnos a la desigualdad”, señaló Marcelo Núñez, referente de la agrupación 6 de Abril.
“Desde nuestra CTAA siempre hemos levantado las banderas de los derechos de los trabajadores ocupados, pero también de los compañeros desocupados. Seguiremos en este camino de solidaridad y empatía, pero sin dejar de exigir un Estado presente y al servicio del pueblo”, completó Rodrigo Vicente, Secretario Gremial de la CTA Autónoma Río Negro
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Provincia de Buenos Aires
Protocolo y capacitación a funcionarios de Trabajo contra la Trata de Personas
Se presentó en el ámbito bonaerense un protocolo ante casos de trata y explotación laboral que Incluye una capacitación para inspectores e inspectoras en el marco de un plan de acción anual.
Foto: Télam
En el marco del Día Mundial de la lucha contra la Trata de Personas, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires presentó un protocolo y un curso sobre Indicios de Trata y Explotación laboral, dirigido a inspectores e inspectoras de la cartera laboral.
La iniciativa busca mejorar la detección temprana del delito, uniformar el accionar de todos las áreas vinculadas a las acciones de inspección y lograr una mejora sustancial en términos de eficacia y eficiencia de las actuaciones
«Esto es una prioridad para este ministerio. Sabemos que no es algo que se hace a voluntad, que requiere de recursos económicos pero también recursos de capacitación y de interacción. Desde nuestro rol de funcionarios vamos a poner todas las herramientas a disposición”, explicó la ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec.
La funconaria destacó que este plan de trabajo “es para todo el año. Lo que estamos presentando es para que todo este tiempo trabajemos para la detección, la sanción del delito y para la restitución de derechos a bonaerenses, y muchas veces a ciudadanos y ciudadanos de otras provincias y de otros países, que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, apuntó.
Por su parte, el subsecretario de Inspección del Trabajo, Emiliano Ré, recordó que con anterioridad no existían “acciones de oficio” para fortalecer la detección temprana de este delito. “Cuando arribamos al ministerio encontramos una ausencia total sobre cómo abordar esta temática. La actividad se limitaba a acompañar los allanamientos cuando la Justicia lo solicitaba”, manifestó.
La Organización de las Naciones Unidas estableció el 30 julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas para concientizar sobre la situación de las víctimas de tráfico humano, y para promocionar y proteger sus derechos.
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Techint baja sueldos en pandemia
La UOM se moviliza a Plaza de Mayo contra una rebaja salarial dispuesta por Techint
Trabajadores metalúrgicos de Tenaris SIAT de Techint se movilizarán a Plaza de Mayo luego que la empresa de Paolo Rocca decidiera eliminar el premio a la producción.
Foto: FM Sur
La movilización a Plaza de Mayo será a las 14hs y le entregarán una carta dirigida al Presidente Alberto Fernández y a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mostrando la preocupación ante el avance de la empresa sobre sus derechos laborales.
La carta al presidente además de mostrar la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de Tenaris SIAT Techint, destaca que la empresa de Paolo Rocca busca la flexibilización y la sumisión de los trabajadores.
Desde la UOM denuncian además que quieren sacarle el transporte por Covid, a pesar que durante la pandemia tuvieron que sufrir la perdida de dos de la planta que fallecieron por Covid y con el peligro de una nueva ola a causa de la variante Delta.
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Docentes denuncian que Larreta eliminó las burbujas y el distanciamiento entre estudiantes
El gremio Ademys acusó al Jefe de Gobierno de “juntar en un aula a 30 o 40 estudiantes durante al menos cuatro horas diarias, eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula”.
El sindicato docente Ademys realiza hoy un paro de actividades en las escuelas porteñas en rechazo al regreso a clases tras el receso de invierno «sin burbujas» ni «el distanciamiento de 1,5 metros entre los estudiantes» para evitar contagios de coronavirus.
«Sin presentar ninguna evidencia ni datos científicos que lo avalen, sin ningún argumento médico o sanitario que lo fundamente y a contramano de todas las políticas de cuidado que se desarrollan en el resto de las jurisdicciones del país –excepto Mendoza- y los demás países del mundo, el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Soledad) Acuña y (Fernán) Quirós ha definido la vuelta a las aulas del total de estudiantes», dijo el gremio en un comunicado.
En ese sentido, advirtió esa decisión del Gobierno porteño «significa romper totalmente con los protocolos y pautas vigentes de cuidado a nivel mundial».
«Significa juntar en un aula a 30 o 40 estudiantes durante al menos cuatro horas diarias, eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula», completó.
En el marco del paro, la conducción de Ademys realizará una conferencia de prensa a las 12 frente a la sede del Gobierno local, en la calle Uspallata 3160 del barrio de Parque Patricios.
En diálogo con La Patriada, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, dijo que «ven con mucha preocupación que no haya distanciamiento» y que «en la decisión de una mayor apertura se ve una negación de la pandemia».
«Hacia adelante vemos que esto va a traer consecuencias en contagios no solo en las escuelas sino también a nivel comunitario», agregó Scayola.
La secretaria señaló que «es de una irresponsabilidad absoluta» que «en medio de una pandemia y con una cepa más contagiosa» se «diga que no hace falta distanciamiento».
A su vez, consideró que «debería haber una política más unificada a nivel nacional en relación a estas cuestiones» y que «no alcanza con que (el ministro de Educación nacional Nicolás) Trotta se manifieste en contra» ya que «la Ciudad toma las determinaciones que le parece y eso traerá repercusiones a nivel nacional».
Por otro lado, Scayola indicó que «las escuelas están en peores condiciones que antes de la pandemia» y que «el año pasado no se hizo nada y este año tampoco se invirtió ni un solo peso en garantizar condiciones para la presencialidad».
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EL DERECHO AL INGRESO BÁSICO
Una estrategia para romper con las asimetrías sociales
La Argentina ha entrado de lleno en la campaña electoral, en la que se eligen la mitad de los diputados y un tercio de los senadores, y donde la mayoría de las provincias y los municipios renuevan parte de sus cuerpos colegiados. Es un momento oportuno para analizar propuestas y proponer programas que permitan, por un lado, generar una mejora social concreta y por otro, motivar a la población a imaginar que es posible vivir en una sociedad que recree el sentido de solidaridad social. Por ello me permito reiterar mi propuesta sobre el Ingreso Básico Universal (IBU), en el convencimiento de que puede aportar al debate de ideas que tanto necesita nuestro país.
Existen distintos significados del “derecho de la seguridad social” que no responden a discrepancias doctrinarias, sino al lugar desde donde cada uno se sitúe al momento de definirlo. Generalmente, se asume como concepto objetivo del derecho al conjunto de normas que regulan la cobertura de las necesidades producidas por las distintas contingencias a las que se ven sometidas las personas, producto de vivir en sociedad.
Por otro lado, los tratados de derechos humanos y los convenios internacionales en la materia optan por el concepto de derecho subjetivo. Es decir, que las personas somos titulares de derechos y el Estado se encuentra obligado a garantizarlos. En ese sentido, nuestro país ha suscripto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En todos los casos se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, sobre la base de que sus exigencias deben atenderse no sólo con el incremento producido por el desarrollo económico, sino también con una más justa distribución de la renta nacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos identificó el eje rector universal donde se materializa la defensa de los valores y principios que deberían marcar el rumbo de la comunidad internacional respecto de la ética, la dignidad y la igualdad de los seres humanos. Así, el primer párrafo del preámbulo de la declaración llama la atención al considerar “que la libertad, la Justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Sin embargo, tan magníficas palabras han sido burladas sistemáticamente por los mismos Estados que las suscribieron 73 años atrás.
La pandemia de Covid-19 puso de manifiesto que los países más pobres sufrieron serios daños sociales, pero también mostró con toda crudeza y contundencia la cantidad de pobres que viven en los países ricos. A tal punto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que “en la mayoría de los países en desarrollo, los sistemas de protección social son débiles y tienden a beneficiar principalmente a los trabajadores formales, dejando a las personas pobres y vulnerables y sus familias sin protección parcial o total. Mientras el mundo fue testigo de una expansión de las medidas de protección y asistencia social en respuesta a la pandemia, la mayor parte del gasto ha sido explicada por las economías de altos ingresos”.
En consecuencia, la pobreza es un drama que atraviesa transversalmente a todos los países del mundo y que no es patrimonio de los países pobres. Algunos países desarrollados, que el imaginario popular tiene como modelos a imitar, exhiben datos que demuestran que aun ellos conviven con la pobreza, como Suecia con un 14,5% de personas “que viven en hogares cuya renta es inferior al 60% de la mediana de la renta de su país o territorio, es decir, cuyos ingresos están por debajo del llamado “umbral de pobreza”; Alemania con un 20%, Estados Unidos con un 12,3% y Suiza con un 15,6%. Claro que al comparar estos índices con lo que ocurre en los países del centro africano, parecen irrelevantes. Pero la pobreza, para quien la padece, es desgarradora.
Por ello, emerge como una obligación universal la erradicación del planeta de este flagelo, y así lo ordena la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En particular, lo establecido en el artículo 22 donde se lee: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. Y el artículo 25, primera parte, donde establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Para cumplir estos principios, el mundo debe romper con la hipocresía, abandonar los discursos cínicos y destinar una parte de los excedentes financieros a reparar el daño causado por la financiarización de la economía. Un pobre, en cualquier parte del mundo, debería dolernos y despertar la conciencia universal. Es increíble que con el desarrollo económico alcanzado haya pobreza en el mundo. Qué sentido tienen las grandes declaraciones sobre derechos humanos si siempre prevalecen los intereses mezquinos de aquellos dueños del poder económico mundial.
El Ingreso Básico Universal es, ante todo, una prestación de la seguridad social que viene a cumplir con todos los principios definidos en las declaraciones internacionales en la materia que, por imperio de la misma Constitución Nacional, forman parte del derecho positivo argentino.
El Ingreso Básico Universal es un derecho de ciudadanía. El derecho a su acceso nace por la condición de ciudadano que tiene toda aquella persona que habita en un territorio determinado y que, por lo tanto, asume los derechos y obligaciones vigentes en el mismo. Todas las personas gozan de los mismos derechos y están obligadas a cumplir con las cargas que implica pertenecer a ese territorio. El Preámbulo de la Constitución Nacional lo reconoce cuando explicita que los derechos y obligaciones deben ser cumplidos por lo nacionales, pero también por “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.
El Ingreso Básico Universal es también un derecho universal. Esto significa que todas las personas, por su condición de tal, tienen acceso a la prestación contemplada. De esta forma se pretende asegurar la cobertura de los individuos frente a la pobreza, con independencia de su condición laboral, social o contributiva. Es un derecho incondicionado, indelegable e imprescriptible, dejando en claro que tiene como función la protección del ser humano. Este principio tiene plena vigencia en los sistemas de seguridad social con base en las pautas de William Beveridge, y ha quedado plasmado en varios documentos internacionales de extrema importancia histórica. En primer lugar, en la Carta del Atlántico suscrita por el ministro inglés Winston Churchill y por el Presidente norteamericano Franklin Roosevelt el 14 de agosto de 1941, donde indican claramente que sus países “5. Desean realizar entre todas las naciones la colaboración más completa, en el dominio de la economía, con el fin de asegurar a todas las mejoras de las condiciones de trabajo, el progreso económico y la seguridad social (…) 6. (…) esperan ver establecer una paz que permita a todas las naciones vivir con seguridad en el interior de sus propias fronteras y que garantice a todos los hombres de todos los países una existencia libre sin miedo ni pobreza”. Asimismo, en este documento se deja constancia del compromiso de crear una organización internacional más amplia que garantice la paz después de la guerra, objetivo que finalmente se concretó el 24 de octubre de 1945 en la Conferencia de San Francisco, en la que se adopta la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, actos que representan formalmente el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
Posteriormente, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, emitida el 10 de diciembre de 1948, quedó establecido que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. La entiende como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales. De no existir tales medidas, provocarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos. Si bien estas pautas son consideradas por los países de América para el diseño y la formulación de sus sistemas de seguridad social, en la práctica sólo muy pocos esquemas contemplan una cobertura universal.
La universalidad de la seguridad social, donde se inserta el Ingreso Básico Universal, es la única forma de romper las asimetrías sociales. La aplicación de políticas de esta naturaleza debe ser también una estrategia del Estado para convertirse en un redistribuidor natural del ingreso, porque una persona en estado de pobreza e indigencia, más que una carga pública, es una afrenta a la dignidad de todos los seres humanos.
En principio, en la Argentina, el Ingreso Básico Universal podría aplicarse para todas aquellas personas mayores de 18 años y hasta los 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en los hombres. Los menores de 18 años ya son beneficiarios del sistema de seguridad social a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que las mujeres de más de 60 años, como los hombres de más de 65, quedarían cubiertos automáticamente por el sistema previsional.
La primera posibilidad de aplicación de una prestación de las características del Ingreso Básico Universal es que el universo protegido sea toda la sociedad, con la única condición de ser parte de ella. Esta posibilidad es, desde el punto de vista filosófico, la mejor alternativa, ya que al cubrir a toda la población no hay exclusiones ni diferenciación por ningún motivo, pudiendo contemplarse una posibilidad de renuncia voluntaria si ese fuera el deseo de alguna persona. Aquellos con mayor capacidad económica, de alguna manera reintegrarán la prestación con el pago de impuestos, mientras que aquellos que la requieran para cubrir sus necesidades, la tendrían disponible sin ningún tipo de condicionamientos.
La segunda alternativa posible sería la de definir pequeños universos del conjunto de la población. En primer término, se elegiría al más vulnerable para, una vez cubierto, avanzar con el siguiente, y así sucesivamente. El eterno riesgo de fragmentar universos es que se requiere, siempre, definir un límite, y eso atenta contra la idea de universalización que prevalece en este esquema. Además, también se corre el riesgo de que algunos reciban lo que no les corresponde y que otros no reciban nada. No obstante ello, fijando parámetros objetivos, es posible que se pueda minimizar dicho riesgo. Algunos universos posibles podrían ser las personas que viven debajo de la línea de indigencia, luego se podría avanzar con las mujeres debajo de la línea de pobreza, para luego ir por los hombres debajo de la línea de pobreza. Una vez alcanzado este umbral, será el momento de hacer un análisis profundo sobre si vale la pena o no seguir avanzando en la implementación incorporando nuevos universos.
El IBU es un una obligación jurídica y un compromiso ético de toda la sociedad, que nace de la conciencia humana. En tal sentido, Karl Marx enseñaba que “no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social lo que determina su conciencia”.
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La funcionaria campesina y feminista que busca empoderar a las mujeres de la tierra
Deolinda Carrizo: «El futuro está en la agricultura familiar»
La directora de Género de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, militante del Mocase, promueve políticas públicas para favorecer el arraigo y la producción local.
El trabajo por la igualdad de género reviste características particulares cuando se aborda desde la ruralidad. A eso se dedica Deolinda Carrizo desde chica, mucho antes de asumir como directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) del Ministerio de Agricultura de la Nación. Incluso antes de que las mujeres de la agricultura familiar fueran consideradas sujetos activos para las políticas públicas en Argentina.
“Muchas acciones diarias de las mujeres campesinas se vinculan a la defensa de sus tierras, al acceso al agua, y a los recursos naturales para su subsistencia”, define, desde esos campos donde el agua es escasa y la tenencia de la tierra es precaria. Los pueblos quedan lejos y la vida humana trata de armonizar con el ambiente. En eso trabaja Deolinda del Valle Carrizo, desde el área que se oficializó como dirección nacional en pandemia. “Solo dos veces fui al ministerio como funcionaria”, destaca en la entrevista con Página/12, desde la localidad de Quimili, en Santiago del Estero, a 200 kilómetros de Santiago capital. Allí vive. Otras veces, recuerda Deolinda, había estado en el antiguo edificio de estilo donde funciona Agricultura, “por reclamos”. “Soy del Mocase”, se presenta.
Se escucha a un niño en la conversación telefónica. “Es Héctor, ha cumplido dos años”, cuenta Deolinda. La llaman “Deo”. El comentario evidencia el trabajo diverso de las mujeres en los lugares donde lo productivo –y sus carencias– se combina con la maternidad, las tareas del hogar, y hoy la nula conectividad para tramitar documentos o el seguimiento escolar de los hijos.
«Lo productivo» se resuelve de formas tan diversas como variada es la geografía de este país: son crianceras, horticultoras, pescadoras artesanales, tejedoras, elaboran dulces y quesos, harinas o conservas. La dimensión económica y sociocultural las unifica. Allí emerge la mujer campesina, criolla, de ascendencia inmigrante o indígena, sostén de las producciones familiares.
Según la FAO –aporta Deolinda–, la agricultura familiar “enfría el planeta y genera alimentos en el 24 por ciento de las tierras cultivables”. «Acá está el futuro», concluye. Destaca que “el 70 por ciento de los alimentos del planeta, provienen de estos sistemas de agricultura, indígena y pastoril”. No usan productos químicos. “Y su traslado manual hace que los alimentos no pierdan propiedades”, añade.
En el trabajo de Deolinda lo productivo es básico. “En mi región del semiárido, un problema es el acceso al agua para el consumo humano y animal. Sin agua todo se complica –describe–. Si no se construye una represa o un aljibe para acopiar lluvia, no se puede producir.Con la represa tienes agua para caballos, vacas, chivas, gallinas”. Claro, hay que tener la tierra.
En la Argentina hay más de 70 conflictos de tierras en la actualidad, y hay muchas mujeres involucradas. Para Deolinda, esto es producto de un sistema judicial que no solo promueve el desarraigo, ya que avala desalojos sistemáticamente, sino que “tiene todo reglado desde el patriarcado: la herencia, las tenencias”. A esto le suma “los créditos, los subsidios, la asistencia. Todo para los varones”.
–¿En qué ejes se enfoca la nueva Dirección de Género?
–Buscamos incorporar transversalmente la perspectiva en las políticas de producción. Y avanzar en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la 27.118, que fue impulsada por las organizaciones y sancionada en 2014. También en promover a grupos de mujeres a través del plan «En nuestras manos», para visibilizar el rol de la mujer, y su estar en su territorio.
–¿La ley promueve acciones es ese sentido?
–No solo eso, también el arraigo de los jóvenes y los pueblos indígenas, y es importante para el sistema alimentario de nuestro país. Algo que nos atraviesa a las mujeres cuando hablamos de arraigo es que se garantice el acceso a la tierra, porque si es individual, o una parcela familiar, normalmente está a nombre del varón. Pero hay otras formas de vivir que se basan en lo comunitario, y se tiene que reconocer esa práctica.
–Parece un proyecto ambicioso…
–Es ambicioso, no imposible. Trabajamos la ley en forma integral desde la producción y el fortalecimiento de las organizaciones, pero también pensando en regular el acceso a los bienes para la producción y el arraigo, para la vuelta al campo. Que quienes quieran volver a trabajar la tierra tengan la oportunidad. Fomentar la producción local y la agroecología.
–¿Qué políticas han comenzado a implementar?
–Logramos créditos con tasa diferenciada para la mujer, con el Banco Nación. Un requisito es estar inscriptas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). Hay 189.672 mujeres registradas, son el 45 por ciento del sector, de los que han accedido al registro, que fue cerrado durante el macrismo.
«En nuestras manos»
El plan «En nuestras manos» tiene financiación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola–, y como madrina a la primera dama, Fabiola Yáñez. Ya recibió 700 proyectos sobre acceso de las mujeres a nuevas tecnologías. “Tenían que ser proyectos asociativos, o de mujeres organizadas”, cuenta Deolinda.
«Como acción de gobierno es un proyecto bandera, destinado a achicar la brecha de género”, define. “Estamos aprobando los proyectos del NOA, serían 13», estima. “Ya evaluamos Patagonia, Cuyo, Centro y NEA: hay más de 60 proyectos en curso” explica. “Y buscamos recursos para concretar los 700 que se han presentado”, se entusiasma.
Las propuestas, integradas mujeres jóvenes que viven en zonas alejadas de centros urbanos, incluyen cría de animales, equipamiento para salas de ordeñe y de procesamiento de lácteos, manufacturas con frutas y verduras, equipamientos de galpón o microtúneles –para la producción hortícola en invierno–, insumos. “Las pescadoras necesitan salas de procesamiento y comprar algunas barcazas”, apunta Deolinda. Es nuevo que las pescadoras sean consideradas para promover la producción y la comercialización. Deolinda sonríe.
Junto a lo productivo, el plan también procura acompañar y dar refugio a mujeres en situaciones de violencia. “Hay lugares que llamamos ‘del buen vivir’ –explica Deolinda– que ya vienen acompañando a estas mujeres, y los estamos potenciando”. Se van a acondicionar seis lugares en una primera etapa. “Son refugios agroecológicos, donde hay una formación en la perspectiva de género que incluye lo productivo” subraya.
Trabajan con el Ministerio de Mujeres y Diversidad. La SAFCI aporta maquinarias y equipamiento para transformar la materia prima en dulce, conservas, quesos. “Es la salida laboral que provee autonomía económica. Esto abre más posibilidades para quienes deben tomar la protección de un refugio”, señala Deolinda.
Las pérdidas del invierno
Junio fue especialmente doloroso para las mujeres que trabajan en la ruralidad. En la madrugada del viernes 18 falleció en Córdoba Ramona Bustamante. La anciana luchaba contra un desalojo impuesto con documentación fraudulenta por empresarios sojeros. “Y por falta de protección en el sistema de herencias. Pero no bajó los brazos”, recuerda Deolinda. Ramona dejó un mandato: “¡Máteme mierda, pero de acá no me saca!”, así desafió al hombre que le apuntaba para hacerla cumplir el desalojo. La escena se convirtió en un símbolo.
Ramona durmió a la intemperie cuando derribaron su casa, pero no dejó sus tierras. León Gieco y Raly Barrionuevo adhirieron a su causa. León la invitó al escenario de Cosquín. Raly la visitaba. Muchos jóvenes asumieron a partir de entonces una vigilia en el campo para que no fuera “apropiado para el agronegocio”.
“Estábamos en Patagonia cuando se produjo el último intento de desalojo a Ramona” recuerda Deolinda. Eso motivó darle su nombre al refugio de esa zona. “Por la lucha que estaba dando ella, había mucha presión pública, y una decisión judicial tomada sin considerar sus condiciones de vida, ni cuestiones de herencia. La ley no tiene perspectiva de género”, afirma Deolinda.
En la misma semana falleció Valeria Araya, pobladora del paraje Bajo Hondo, en Santiago del Estero. Ese día, en diálogo con este diario Deolinda explicaría, cuando el sol ya dejaba paso al anochecer: “hace un rato he llegado de la comunidad del Bajo Hondo, de sepultar el cuerpo de Valeria, la ‘compa’ de esa comunidad que falleció por un cáncer relacionado a los agroquímicos de las fumigaciones sojeras sobre sus casas”.
–¿Por qué fumigan sobre la comunidad?
–Porque la comunidad Yaku Cachi, del pueblo Guaycurú, vive ahí. Son once familias. Valeria y sus ocho hijos eran una de esas familias, han resistido al desalojo, y desde 2016 padecen la fumigación de los aviones con agroquímicos que sobrevuelan la zona poblada. Son provocaciones, los empresarios quieren expulsarlos y utilizar esa tierra para monocultivo de soja.
–¿Qué se produce en Bajo Hondo?
–Vacas, chivas, chanchos, gallinas, huerta. Al ser una comunidad originaria están protegidos por la Ley de Relevamiento Territorial, pueden mantenerse en su predio. El intento de desalojo la desconoce y también viola la Ley de Agricultura Familiar. Por ser una reserva hay monte nativo, y las familias hacen pastoreo natural, recogen su leña, su medicina. Lo demás es desierto de soja y de maíz transgénico, pero en el Bajo Hondo la agricultura familiar puede producir, y la comunidad resiste. El que sabe lo que es dormir a la intemperie, resiste.
Pelear por la tierra
Muchos conflictos donde Deolinda interviene como integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar, “son casos de tierras donde hay mujeres afectadas”. «Hay más de 70 sentencias de desalojo ‘latentes’. En Salta, la secretaría interviene en un juicio donde se ha denunciado a una mujer por impedir el paso de los tractores de un empresario sobre las viviendas de una comunidad. En Chaco se ha evitado el desalojo de cinco familias. En Tucumán nos presentamos en un conflicto que perjudica a mujeres productoras», repasa Deolinda. “El trabajo territorial es intenso. Y estos conflictos han reflotado en la pandemia”.
–¿Su participación es como veedora ante los desalojos?
–No solo estamos como veedoras, sino como garantes de los derechos de las personas afectadas. Como representantes del Estado somos responsables por los compromisos jurídicos internacionales tomados por el Estado, como el derecho al agua o a la tierra, porque ante los desalojos, directo a la calle iban las familias, luchamos contra eso. Estos son empresarios nacionales. En el sur, en Patagonia, son extranjeros.
–¿Cuál cree que es hoy el mayor desafío?
–Proteger la forma de vida campesina y la posesión comunitaria. Ese derecho no está reconocido y muchas mujeres se encuentran peleando con la justicia desde la individualidad, y atraviesan situaciones de violencia de género y económica. Son mujeres que quieren quedarse en su tierra. Queremos acompañar esto, asistir con maquinaria, con elementos que puedan garantizarles el buen vivir, eso sería lo mejor. Trabajamos para eso, día a día.
La funcionaria campesina
“He nacido en la comunidad Pampa Pozo, del pueblo originario Vilela, cerca de Quimili, y me ha atendido mi bisabuela, Nemesia Gallardo. Mis bisabuelos ya luchaban por la defensa del territorio», se presenta Deolinda Carrizo. «Hasta el 2008 prácticamente nos han querido desalojar. Ellos junto a otras comunidades han conformado el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero). Y con el grupo de jóvenes hicimos campamentos y fuimos organizando de a poco muchas cosas lindas, como la red de radios, seis FM que todavía funcionan en la provincia. Así conocí el Ministerio de Agricultura, cuando nos movilizábamos. Y la delegación era de varón, varón, y ‘la Deo’. En esos años empezábamos a hablar de volver al campo, ahora hay programas para esto”.
Mira Díaz, la precursora
Desde comienzos del milenio hay un área dedicada a las mujeres rurales en el Ministerio de Agricultura. Estaba a cargo de ‘Mira’ Díaz, histórica militante feminista que hoy vive en Tucumán; pionera en el reconocimiento de las “mujeres campesinas”, cuando el Estado todavía no hablaba de campesinado. El enfoque de “género e igualdad” se impuso en 2020. Cuando la Secretaría de Agricultura Familiar, que conduce Miguel Gómez, creó el área y Deolinda Carrizo asumió como directora nacional. Pandemia mediante, su trabajo la mantiene en el campo. Cerca de los problemas sobre los que tiene que “enfocarse”. Trabajando por las mujeres “nunca desde la lástima, siempre desde la dignidad”, rememora Deolinda. Son las palabras de ‘Mira’ Díaz.
El emblema del algarrobo
El algarrobo, en el Gran Chaco americano es un emblema del monte nativo. “Además de madera y sombra, da fruta; una vaina; la algarroba, que se utiliza como alimento, o en bebidas como la aloja que podés tomar en el momento sin fermentar, y fermentada se mezcla con el mistol y es un alimento de invierno. La vaina también la comen los animales, es forraje. Y se ha estado produciendo. Queremos retomar esa producción para hacer harina, es apta para celíacos”, detalla Deolinda Carrizo.
“También se hace café, bombones, cerveza. Tiene propiedades nutritivas” describe. Se busca es producirla a escala. “Años anteriores ha disminuido la producción silvestre, por los venenos –fumigaciones ilegales–, y porque hacia un frío de muerte, en plena floración salía una lluvia o viento fuerte, y se caían las flores, se malograba, pero este año vino con linda producción y he llevado a mi hijo, y le ha encantado. Se colgaba del algarrobo, jugaba”.
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En Crónica TV se lucha
Las trabajadoras y trabajadores de prensa de Crónica TV, junto a su Comisión Interna y la UTPBA desarrollaron de manera contundente dos paros de 24 horas en una semana como respuesta a la insuficiente propuesta paritaria presentada por la empresa.
“Ambas medidas, la del 22 y 27 de julio, en defensa del poder adquisitivo de los salarios tuvieron alto acatamiento, ya que el personal de prensa de la empresa está cansado de las dilaciones y de propuestas que nada tienen que ver con los cálculos – oficiales y privados- de inflación”, informa el comunicado de las y los trabajadores del canal.
Tras las medidas, una próxima asamblea analizará los pasos a seguir. En Crónica TV la lucha continúa.
Envio:RL
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