Pagan con aumento y no les descuentan los tres días de paro
Gesto para que los docentes públicos acepten
Si Amsafe acepta el aumento del 17%, el gobierno pagaría el martes el 10% de octubre y no descuenta los días de paro.
El ministro Pusineri asumió el compromiso político.Desde Santa Fe
El gobierno de Omar Perotti ofreció ayer en la mesa paritaria que si los docentes de Amsafé y Amet aceptan el aumento del 17%, no descontará los tres días de paro y el martes que viene -9 de noviembre-, les pagará por planilla complementaria el 10% del incremento del mes de octubre. El compromiso político lo asumió el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, quien ratificó que el otro 5% se efectivizará en diciembre y el 2% en enero, pero en este último caso –aclaró- ese porcentaje se computará como parte de la política salarial de 2021, por lo tanto el 17% (que suma un aumento anual del 52%) será el piso para discutir la política salarial de 2022. “Es otro gesto a los docentes públicos”, dijo Pusineri, quien remarcó que la propuesta incluye otras reivindicaciones de Amsafé, algunas de ellas históricas: concursos y traslados en el nivel secundario a partir del 22 de noviembre, 2.500 horas cátedras para tutorías (en noviembre, diciembre y febrero), boleto educativo gratuito a profesores del programa Sabados Activos y de los equipos socioeducativos del Ministerio de Educación, un canal de comunicación institucional directo entre el IAPOS y los gremios y la discusión del nuevo reglamento orgánico de los institutos superiores.
La mesa paritaria se reunió ayer en el despacho del ministro de Trabajo, pero sólo con los delegados de Amsafé y Amet que no aceptaron el aumento del 17%, como sí lo hicieron sus colegas de Sadop y Uda y los otros trabajadores del sector público (los estatales de Upcn, ATE y los médicos Amra).
“El gobierno –dijo Pusineri- ratificó la propuesta anterior en todos sus términos: en las cuestiones salariales y no salariales, a las que agregamos los concursos y traslados docentes en la secundaria a partir del 22 de noviembre, 2.500 horas cátedras para tutorías, boleto educativo gratuito a profesores que no lo tenían y la modificación de reglamentos”.
“En lo salarial –explicó el ministro- si los docentes públicos aceptan el aumento (del 17%), ya el martes 9 de noviembre estaríamos en condiciones de pagar el incremento del 10% de octubre por planilla complementaria” y “trabajaríamos en la recuperación de contenidos para no descontar los (tres) días de paros”.
Pusineri insistió que ese 17% significa un aumento del 52% en once meses, entre febrero de 2021 y enero de 2022, que está por encima de la inflación, como planteó Perotti. “No encontramos un elementos objetivo para modificar la propuesta” del 17% en el último tramo del año, como sí ocurrió dos veces en el invierno. “Por ejemplo, en junio cuando se adelantó el aumento de julio y en agosto cuando se anticipó el de setiembre. Esas fueron decisiones que se tomaron porque las curvas entre el salario y la inflación ameritaban ese tipo de modificaciones. Pero hoy tenemos ese elemento”, es decir una pérdida de la capacidad adquisitiva del salario real. “Por eso, todos los gremios del sector público y los docentes privados cerraron sus paritarias con estas características”, señaló.
El ministro insistió varias veces que si los docentes públicos aceptan la propuesta, el martes tendrán depositados en sus cuentas el aumento del 10% de octubre y no se descontarán los días de paro si se trabaja en “un esquema de recuperación de contenidos” en las escuelas. El 5% se percibirá en diciembre. Y el 2% restante en enero, pero ayer Pusineri aclaró que este último porcentaje “se computará como política salarial del año 2021, es decir que no es a cuenta de la política salarial del año que viene. Ese 2% no van a ser descontado en 2022, de manera tal que la base para discutir la política salarial va a ser sobre el sueldo que perciba en el mes de enero. Estamos hablando de un 17% para el 2021”, precisó.
La propuesta incluye concurso y traslados en el nivel secundario a partir del 22 de noviembre. Unas 2.500 horas cátedras en tutorías para chicos de la secundaria que tienen trayectorias escolares con dificultades. Boleto educativo gratuito a profesores del programa Sábados Activos y todos los que integran los equipos socioeconómicos del Ministerio de Educación.
Además, el compromiso trabajar junto con los gremios la reforma del reglamento orgánico de institutos superiores. Y dos asuntos con el Iapos: mejores prestaciones y un canal de comunicación institucional directo el director del Iapos y los sindicatos docentes.
Piden condena para ex jefe como responsable de una asociación ilícita
Ocho años para el policía federal
El fiscal general Martín Suárez Faisal solicitó ayer ocho años de prisión para el ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, comisario Marcelo "Lechuga" Lepwalts , al encontrarlo responsable de una asociación ilícita que funcionó bajo su mando, entre 2018 y 2019. Ayer el ex jefe policial declaró desde el penal de Marcos Paz en lo que fue la clausura del debate que comenzó el lunes de la última semana ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Mario Gambacorta y Eugenio Martínez Ferrero.
En su descargo Lepwalts dijo negar "terminantemente los hechos que se me imputan". recordando que "estaba a punto de cumplir 30 años de servicio" cuando lo detuvieron, el 9 de mayo de 2019. "Siempre viví del sueldo de la PFA, no tengo bienes sustanciosos. No vivo en un country, no tengo autos caros, no tengo bote, nada".
El ex jefe federal ahora preso recordó que Santa Fe "fue mi primer destino como comisario", el cual lo caracterizó como "complejo" en función de que "hasta en el Congreso de la Nación lo mencionan como un narcoestado". Es decir que "tal vez la jefatura se equivocó en mandar a un comisario recién ascendido". "Y tal vez me pude haber equivocado designando al personal de la Brigada", remarcó para despegarse del resto de los miembros de la fuerza que estaban bajo su mando y que la semana pasada aceptaron un juicio abreviado.
En rigor Lepwalts fue el único de los seis policías que no aceptó el abreviado (de 3 años de prisión) y prefirió ir a juicio, desconociendo su relación con los actos delictivos cometidos por sus subalternos, miembros de la Brigada de Inteligencia que él mismo formó apenas una semana después de su desembarco en las oficinas de calle San Martín al 3300.
Ayer el fiscal Suárez Faisal resumió en 45 minutos de alegato, los puntos centrales en los que, a los ojos del Ministerio Público, Lepwalts cometió delitos. "Considero probado con grado de certeza que desde el 14 de marzo de 2018 y hasta el día de su detención -9 de mayo de 2019- fue jefe de una asociación ilícitas con sus subalternos para perpetrar delitos para recaudar dinero", dijo el funcionario.
Para enmarcar el caso, se retrotrajo al juicio anterior -marzo/abril de 2021-, por el cual también resultó condenado. "Se probó en el juicio de la causa Kernc y otros que era una organización que cometió numerosos delitos".
En la llamada Causa Kernc el Ministerio Público llamó a la “empresa criminal Delegación Santa Fe SA” y reveló que su “único fin” era “recaudar fondos” para sus partícipes. Es que el Tribunal Oral de Santa Fe condenó el 10 de abril de 2021 al propio Lepwalts , a cinco subordinados que integraban la SA y a un vendedor de sustancias ilegales, Guillermo Kernc, que aportaba la plata de las “coimas” a cambio de protección. Lepwalts fue entonces sentenciado a cuatro años de cárcel por “cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad”, “sustracción de pruebas”, “falsedad ideológica de documento público” y “tenencia simple de estupefacientes”, su segundo en el grupo, Cristian Bogetti, a la misma pena por los mismos delitos (más “encubrimiento agravado”), Kernc a cuatro años de prisión por “cohecho”, “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia de arma de guerra” y los otros cuatro policías federales a tres años de prisión por los mismos cargos que su jefe. Siete condenas.
Lepwalts comandaba la primera de las dos cúpulas de la Policía Federal de Santa Fe que cayeron en cuatro meses –en mayo y setiembre de 2019- cuando el fiscal federal que las investigó, Walter Rodríguez, mandó dos alertas a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich sobre lo que llamó un foco de “corrupción institucional alarmante”, le advirtió que la Policía de la provincia y la Federal “estaban sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales”, lo que “afectaba” las investigaciones del Ministerio Público y le pidió que adoptara “las medidas necesarias”. Pero Bullrich nunca le contestó.
Santa Fe superó las 5 millones de dosis aplicadas
"Debemos sostener este ritmo"
Lo dijo la ministra de Salud Sonia Martorano que destacó que si bien subieron los contagios los cuadros de Covid "son leves".
Martorano dio precisiones sobre la aplicación de terceras dosis.En el marco del mega operativo de vacunación contra el Coronavirus en la provincia de Santa Fe, la ministra de Salud, Sonia Martorano informó ayer que se superaron las 5 millones de dosis aplicadas a santafesinos y santafesinas. “Esto implica que el 80% de la población en general tiene al menos una dosis; mientras que el 64% cuenta con el esquema completo”, destacó. Asimismo, la titular de la cartera sanitaria santafesina afirmó que “en el grupo de 3 a 17 años ya estamos dentro de los 400 mil vacunados, lo cual nos diferencia de otros países que no vacunaron a sus adolescentes y niños y tuvieron una tercera ola”. En ese marco y sobre la aplicación de una tercera dosis, Martorano explicó que “las personas que van a recibir la citación para ser inoculados son los inmunodeprimidos y mayores de 50 años pero que hayan sido vacunados con dos dosis de Sinopharm. Estamos hablando de un total aproximado de 117 mil personas y no es necesario que vuelvan a inscribirse”, aseguró.
“Por otro lado - diferenció la ministra - el refuerzo será para toda la población que haya sido vacunada con cualquier dosis y que no tenga comorbilidades. Ese refuerzo, que no es tercera dosis, probablemente se inicie en diciembre y será con una formulación de ARN Mensajero (como Moderna, Pfizer, entre otras)”.
Posteriormente, Martorano fue enfática en recordar que “tenemos que seguir cuidándonos, no relajar medidas y sostener el ritmo de vacunación. Santa Fe sigue requiriendo el uso de barbijo en espacios públicos cerrados. Y pronto quienes no tengan segunda dosis puesta no podrán ingresar a determinados eventos”. Y subrayó que “si bien vemos un leve ascenso en la curva de contagios, las internaciones son muy pocas y los cuadros leves”.
Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto, aseguró: “Estamos a solo 250.000 personas de alcanzar el total de la población que se ha inscripto, por eso pedimos por favor que se vacunen. El avance en la vacunación nos llena de alegría y esperanzas; nos sitúa en una posición muy beneficiosa desde lo sanitario que además nos va a permitir seguir creciendo, progresando y manteniendo este nivel de aperturas. Esto sin olvidar que la pandemia no terminó y que la provincia de Santa Fe continúa sosteniendo las medidas de cuidado: uso de barbijo, distanciamiento y lavado de manos”, completó
Consultada sobre la decisión del gobierno argentino que oficializó este lunes la apertura total de sus fronteras para el turismo internacional, la funcionaria explicó que “quienes vienen del exterior a partir de noviembre, no tienen que cumplir con el aislamiento; aquellas personas que ingresen al país deberán contar con esquema completo de vacunación más una PCR realizada en las últimas 72 horas”.
Del mismo modo indicó que “en cuanto a los viajes de estudios, el protocolo dice que todos los que regresan tienen que hacer un aislamiento de 7 días (no ir a la escuela ni salir de su casa). Las empresas de turismo nos envían el listado de los estudiantes que han viajado y sobre esa lista, los vamos a ir citando entre el día 5 y el 7 para realizarles una PCR. En función de ello, les daremos el alta o no”.
Por último, Prieto manifestó que “Europa está viendo que somos un país con un algo nivel de población vacunada y todo esto nos llena de satisfacción y esperanzas. Consideramos que profundizando la vacunación y los cuidados retomaremos paulatinamente estilos de vida muy parecidos a los pre pandémicos”, concluyó.
Operativos policiales en sindicato municipal de Santa Fe
La diputada Bruera quiere saber
La diputada provincial Matilde Bruera presentó un pedido de informes donde solicita el protocolo y operativo policial que se desplegaron los días 2 de setiembre y 10 de octubre en las inmediaciones de calle Urquiza 1954 de la ciudad de Santa Fe mientras se llevaban adelante asambleas extraordinarias de la Asociación Sindical Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Santa Fe (Asoem), y por otro lado que se identifiquen al jefe policial responsable de ambos operativos, al funcionario del Gobierno provincial que coordinó y autorizó el mismo, las razones del Ministerio de Seguridad para el despliegue en cuestión y la cantidad de policías afectados a los mismos.
En los fundamentos, la legisladora hace referencia a los argumentos sostenidos en el tiempo por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) en donde se destaca que "en dichas asambleas extraordinarias se denunció una extrema presencia e irrupción de las fuerzas de seguridad provinciales, donde montaron un operativo de represión dirigido para que a puertas cerradas -y violando todas las formas estatutarias y de Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23551- se proceda a tomar una serie de decisorios dirigidos a vulnerar el derecho de sindicación de trabajadores municipales santafesinos -que quedaron fuera del recinto- y de derechos patrimoniales de Festram".
Advierte también que "es incompatible la injerencia de fuerzas de seguridad en asambleas extraordinarias y que ulteriormente como producto de dichos condicionamientos se terminen legitimando decisorios discrecionales dirigidos a cerrar las puertas de los sindicatos y a manejar arbitrariamente sus fondos".
La Federación resaltó la necesidad de que el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través de su delegación local, actúe de acuerdo a las normas ya establecidas para este tipo de procedimientos electorales en los sindicatos.
"La diputada Bruera -agrega el comunicado de Festram- expresa claramente la preocupación ya instalada en distintos ámbitos institucionales por la gravedad de esta situación y la poca celeridad de distintas áreas del Gobierno Provincial por evitar que estos hechos sigan repitiéndose, violentando derechos indiscutidos de los trabajadores y trabajadoras municipales, pero siendo los mismos un intento claro de disciplinamiento social al resto de los sindicatos estatales y privados".
Lanzaron un libro de historieta con apoyo de la UNR
La vida de Franco en cuadritos
A la espera del juicio a policías por el crimen de Casco, su padre celebró que la publicación llegue a las escuelas.
A siete años de la aparición sin vida del cuerpo de Franco Casco, víctima de violencia policial, su familia junto a Aguará Editorial y la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario presentaron la historieta que relata la vida del joven. De esa manera, la UNR maniestó su apoyo en la previa del juicio oral. “Cuenten con la Universidad para acompañarlos, para visibilizar, para contener y para promover una cultura que evite que esto vuelva a suceder”, dijo el rector Franco Bartolacci. Por su parte, el papá de Franco, Ramón Casco, que estuvo acompañado por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, agregó: "Es muy importante el libro para que llegue a los chicos en la escuela, y que sea una forma que conozcan a Franco, que sepan lo que buscamos en el juicio para que no falte otro chico, que no vuelva a pasar”, expresó.
Con 20 años, Franco fue detenido en la comisaría 7° en octubre de 2014 y su cuerpo apareció, semanas después, en las aguas del río Paraná. Todos sabíamos es el título de la publicación de Aguará Editorial, con guion de Matías Gómez y dibujos de Joaquín Álvaro Valdés, que cuenta la historia del joven, a 7 años de la desaparición forzada, a la espera del inicio del juicio oral y público, previsto para diciembre. El encuentro de ayer apuntó a "seguir pidiendo justicia y estar atentes para acompañar en esta última etapa del proceso de lucha", señalaron desde la Multisectorial.
"Franco fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte en octubre de 2014. Distintas medidas probatorias llevadas a cabo durante la investigación judicial permiten afirmar que a Franco lo sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el calabozo de la comisaría séptima de Rosario y que su cuerpo fue arrojado al río Paraná", recordaron para seguir exigiendo "justicia y condenas para los responsables".
Paula Contino, secretaria de Derechos Humanos de la UNR, destacó: "Es importante acompañar desde la Universidad estas cuestiones y sumarnos al trabajo que viene haciendo la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Las publicaciones son un elemento pedagógico, una expresión de lo que sucedió con la historia de Franco, a cargo de la editorial Aguará. Desde la política institucional de DDHH entendemos que es importante abrir las puertas y acompañar. La Multisectorial forma parte del consejo asesor de organismos y organizaciones de DDHH que conformamos cuando asumimos la gestión". En ese sentido, planteó que "los juicios necesitan presencia, acompañamiento y poner en escena, porque todas las vidas tienen el mismo valor".
Por su parte, desde Aguará, Sabrina Gullino, manifestó que la presentación en la UNR se trató de "un gesto político importante porque decidieron acompañar esta instancia previa al 6 de diciembre", cuando se inicia el juicio. "El acompañamiento de la Universidad es fundamental, con una reimpresión de las historietas. Es un gesto que también apuesta a la industria del libro local", dijo. Además, destacó el hecho de "aportar este artefacto cultural, la historieta documental, que entendemos como recurso pedagógico. La editorial se caracteriza por construir historietas documentales que trabajan diferentes problemáticas desde los derechos humanos, de nuestra región".
Tras ser elevada a juicio en 2019, la causa por desaparición forzada de Franco llegará a debate oral y público en la Justicia Federal con 19 efectivos acusados, varios de ellos de la comisaría 7°.
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