Crece el repudio por el ataque de
Macri a periodista de C5N
Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021.
Trabajadores de la TV Pública, Radio Rivadavia, América, TN, y otros medios de comunicación repudiaron la actitud violenta del ex presidente con el canal de noticias.
Mauricio Macri recibió el repudio generalizado de todo el campo periodístico por haberle sacado el micrófono al periodista Nicolás Munafó de C5N cuando cubría la llegada del ex presidente al Tribunal Federal de Dolores.
La actitud quedó grabada por las cámaras de televisión así como retradada por fotos y el consenso no tuvo grietas: representó un acto violento de intolerancia hacia la libertad de expresión. Así, colegas del cronista de la TV Pública, Radio Rivadavia, los canales América y TN, entre otros, criticaron en Twitter el accionar de Macri, alertando sobre el peligro de que se naturalicen y se permitan estos acosos a la prensa.
Cómo continúa la causa
En su paso por la audiencia ante el juez Bava, el expresidente pidió ser sobreseído a través de un escrito. Además, se negó a responder preguntas. “Enfatizamos una vez más que el expresidente Mauricio Macri ni espió ni ordenó espiar. Hemos ofrecido pruebas para demostrar la fantasiosa, antojadiza y arbitraria pseudoconstrucción de inexistentes hechos con los que lo quieren procesar”, dijo su abogado defensor, Pablo Lanusse, a la salida del juzgado.
A partir de la suspensión de la audiencia de la semana pasada debido a la falta de relevamiento del deber de confidencialidad, Lanusse presentó un segundo pedido de recusación del magistrado a cargo de la causa. El incidente quedó en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata, que convocó a una audiencia para el 12 de noviembre para luego decidir si confirma o aparta a Bava del expediente.
Energías renovables e “hidrógeno
verde”: ¿un nuevo rostro de la
destrucción?
Por Joanna Cabello, Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021.
El gobierno argentino anunció una inversión de 8400 millones de dólares de la multinacional australiana Fortescue para producir “hidrógeno verde”. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales cuestiona la escala industrial de la llamada “transición energética” y afirma que los megaproyectos impactan negativamente en las poblaciones locales. Las falsas soluciones del capitalismo verde.
En una declaración de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica emitida en 2020, las mayores empresas hidroeléctricas del mundo piden a los gobiernos que se “aprueben planificaciones por la vía rápida” para garantizar que la construcción de nuevas grandes represas pueda comenzar lo antes posible (1). La industria de la energía hidroeléctrica también presiona para asegurar que las grandes represas se consideren esenciales para la recuperación económica frente a la pandemia del Covid-19 y para “la transición a economías de carbono cero neto” (2). De esta manera se presentan proyectos devastadores como “limpios” y fundamentales para la “transición energética verde”.
La energía renovable a escala industrial, tales como la hidroeléctrica, la eólica y la solar, se posiciona como una solución para nuestro creciente consumo de energía. A esto se suma la producción del llamado “hidrógeno verde”, que agrega otra capa de injusticias relacionadas con estas mega infraestructuras. Sin embargo, cambiar la fuente de energía no aborda en modo alguno el problema real que plantean los desmedidos niveles de consumo energético, impulsados por el crecimiento económico acumulativo. Tampoco cuestiona la violencia intrínseca para con las sociedades que esa energía potencia (3).
Numerosos actores empresariales y del Estado están presionando para aumentar la capacidad de producir y utilizar el hidrógeno como parte de los planes de una recuperación “verde” de la crisis económica causada por la pandemia, lo cual se está volviendo un tema central en los debates sobre la “transición verde”.
El gobierno alemán anunció que planea gastar 9000 millones de euros (10.700 millones de dólares) para apoyar a su industria nacional del hidrógeno (4). Asimismo, la Comisión Europea ha comenzado a promover el hidrógeno como una forma de reducir las emisiones de carbono y alcanzar sus objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo. La Unión Europea planea ampliar los proyectos de “hidrógeno renovable” e invertir 470.000 millones de euros (740.000 millones de dólares) para 2050 (5). Además, la Secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dijo que el hidrógeno “ayudará a descarbonizar los sectores industriales y de servicio pesado altamente contaminantes [en los Estados Unidos] (…) y lograr una economía [de emisiones] cero neto para 2050” (6).
¿Qué es el “hidrógeno verde”?
En general, por “hidrógeno verde” o “hidrógeno renovable” se entiende la generación de energía de hidrógeno sin el uso de combustibles fósiles. La técnica más común es extraer hidrógeno del agua, que es dos partes hidrógeno y una parte oxígeno (H2O). Un proceso llamado electrólisis divide la molécula de agua en sus dos elementos constituyentes. Por lo tanto, para producir “hidrógeno verde” se necesita agua, un electrolizador y abundante suministro de electricidad. Si la electricidad proviene de fuentes renovables, como la eólica, la solar o la hidráulica, entonces el hidrógeno se clasifica como “verde”. El hidrógeno puede utilizarse básicamente de dos formas: puede quemarse para producir calor o puede introducirse en una pila o célula de combustible para generar electricidad.
Almacenar y transportar el gas, que es altamente inflamable, no es fácil; ocupa mucho espacio. Debido a esto, el transporte a granel de “hidrógeno verde” requiere tuberías específicas que presurizan el gas o lo enfrían hasta convertirlo en líquido. Por otra parte hay que destacar que la producción de “hidrógeno verde” puede demandar hasta nueve kilos de agua de alta pureza por kilo de hidrógeno (7). Eso implica que el recurso (agua) podría entrar en disputa con otras necesidades y usos del agua limpia, que es cada vez más escasa.
Las principales compañías petroleras como Shell y BP ya han anunciado inversiones en la producción de “hidrógeno verde” (8). Y los gobiernos de Canadá, China, Alemania, Japón, Noruega, Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Australia y otros ya están planificando o desarrollando varios proyectos importantes de “hidrógeno verde”.
La producción de “hidrógeno verde” se ha convertido hoy en día en una justificación más por la cual poderosos intereses comerciales aceleran la construcción de infraestructura de energía renovable a gran escala. Los destructivos impactos en las comunidades y los espacios vitales destruidos por la construcción de esta infraestructura permanecen en gran medida ocultos.
Éste es el caso del proyecto Gran Inga, en la República Democrática del Congo (RDC), con la controvertida mega represa “Inga 3”, que actualmente amenaza a las comunidades que viven a lo largo del río Congo.
El 15 de junio de 2021, el gobierno de la RD Congo anunció que el grupo australiano Fortescue Metals Group ejecutaría el proyecto de energía hidroeléctrica Grand Inga. Fortescue es la cuarta empresa minera de extracción de hierro a nivel mundial y ha establecido un plan para convertirse en “carbono neutral” para 2030; 10 años antes que su objetivo anterior. Fortescue Future Industries (FFI), subsidiaria de Fortescue de la cual posee la totalidad de su capital accionario, impulsa proyectos que suponen la construcción de capacidad productiva de energía renovable e “hidrógeno verde” a gran escala.
Andrew Forrest, presidente de Fortescue, declaró en un comunicado de prensa del pasado mes de abril de 2021: “Nuestro objetivo es proporcionar los dos ‘eslabones perdidos’ en la batalla del cambio climático, crear tanto la demanda como el suministro de hidrógeno verde. Debido a su alto rendimiento energético y neutralidad ambiental, el hidrógeno verde y la electricidad verde directa tienen el potencial de eliminar los combustibles fósiles de las cadenas de suministro. Una vez concretados, estos avances también reducirán sustancialmente los costos operativos de Fortescue” (9).
Una cadena de despojos
El Grand Inga se refiere a una serie de represas propuestas para la parte baja del río Congo. Se trata del segundo río más grande del mundo en términos de caudal, después del Amazonas, y el segundo río más largo de África, después del Nilo. El plan es construir Grand Inga en siete fases. Inga1 e Inga2 fueron realizadas en 1972 y 1982 respectivamente. Les sigue Inga3, un proyecto lleno de controversias y críticas. El sitio para Inga3 se encuentra en las cataratas más grandes del mundo por volumen, las Cataratas Inga, que consisten en una serie de cascadas que caen a través de pequeños rápidos.
Es un hecho que las personas que viven en la RD del Congo necesitan energía: más del 90 por ciento de la población carece de acceso a la red eléctrica. La capital, Kinshasa, tiene más de diez millones de habitantes y menos del 30 por ciento de ellos tiene acceso a la electricidad. A pesar de esta enorme brecha energética, una serie de líneas de transmisión de alto voltaje llevarían la energía de la mega-represa Inga3 hacia centros industriales y urbanos lejanos. Estas líneas de transmisión no suministrarán energía al pueblo congoleño (10).
Inga1 e Inga2 desplazaron por la fuerza y sin compensación alguna a comunidades enteras que fueron reubicadas en campamentos, lo que supuso un deterioro de su nivel de vida y afectó negativamente sus medios de vida. Todavía hay muchas personas que siguen viviendo en el “Campamento Kinshasa”, sin servicios básicos como agua y saneamiento adecuados. La construcción de Inga3 no solo profundizará la pobreza inducida por el “desarrollo”, la deuda generacional y las violaciones de los derechos humanos, sino que la mega represa también provocará el deterioro de los ecosistemas de agua dulce de la República Democrática del Congo. Inga3 inundaría el valle de Bundi, afectando tierras agrícolas y diversos territorios. El valle también es un espacio cultural que alberga cementerios, sitios sagrados y lugares de prácticas de ritos ancestrales. La reducción del caudal del río provocaría la pérdida de biodiversidad y un cambio en las especies dominantes. El área inundada también puede crear un entorno propicio para la reproducción de vectores transmitidos por el agua, como el mosquito malanquin. Además, la represa podría causar enormes emisiones de metano, que contribuirían al calentamiento global (11). El director de la Agencia para el Desarrollo y Promoción de Grand Inga, Bruno Kapandji, estima que 37.000 personas serían desplazadas por Inga 3. (12)
El proyecto Grand Inga, que incluye también a la represa Inga3, había sido concedido a un consorcio chino formado por China Three Gorges Corporation y a un consorcio español que integra AEE Power. El acuerdo se firmó en 2018, pero debido a dudas sobre la viabilidad financiera, aún no ha comenzado la construcción. El principal asesor de la RD del Congo en materia de infraestructura, Alexy Kayembe De Bampende, declaró en junio de 2021 que el proyecto Grand Inga ahora será dirigido por Fortescue y que “la empresa china [y española] puede unirse a Fortescue”13. El presidente de Fortescue ha declarado que la empresa utilizará la energía para producir hidrógeno y exportarlo a todo el mundo (14).
“Hidrógeno verde”: una fachada para más contaminación y despojo
En caso de que el increíblemente enorme proyecto Grand Inga resurja –de llegar a construirse sería el sistema de energía hidroeléctrica más grande del mundo– ignoraría la resistencia de larga data de las comunidades ya afectadas por Inga1 y 2, así como las que serían afectadas por Inga3. (15) Constituiría una violación directa al río Congo y a las comunidades que coexisten con él y dependen de él.
El empuje y la promoción del “hidrógeno verde” como el “combustible del futuro” así como el camino hacia una “economía del hidrógeno” constituyen una alarma para las comunidades de todo el mundo que luchan contra las mega infraestructuras de las energías renovables. Esta ofensiva es también una clara señal de cómo la actual matriz energética, desigual e injusta, permanecerá intacta bajo la llamada “economía verde”.
El “hidrógeno verde” de Fortescue no suministrará energía al 90 por ciento de los congoleños que carecen de ella. Además, los impactos y la contaminación provocados por la construcción de la mega represa, así como por las instalaciones de licuefacción y el transporte del combustible a consumidores e industrias en la mayoría del Norte global, permanecen ocultos.
La República Democrática del Congo no es el único país al que apunta Fortescue. La compañía planea construir una planta de “hidrógeno verde” en el estado de Río de Janeiro, Brasil, que sería alimentada con proyectos de energía solar y eólica. De manera similar, en noviembre de 2020 la compañía anunció que estaba considerando la instalación de una planta de “hidrógeno verde” de 250 MW en Tasmania (16). La empresa también está incursionando en Indonesia y Papua Nueva Guinea en busca de recursos hidroeléctricos (17). Fortescue incluso pretende etiquetar a la industria del acero como “acero verde” al suministrar a dicha industria con “hidrógeno verde.” (18)
Otras empresas y gobiernos también están presentando proyectos de “hidrógeno verde” en todo el mundo. Marruecos firmó en 2020 un Memorando de Entendimiento con Alemania sobre la posible producción de este combustible19. Enegix Energy firmó un Memorando de Entendimiento con el gobierno del Estado brasileño de Ceará para construir la fábrica de “hidrógeno verde” más grande del mundo, que será alimentada por grandes proyectos eólicos (20). Asimismo, en Chile, la iniciativa HIF, un consorcio que incluye a la holandesa AME, la italiana Enel Green Power, la alemana Porsche, la alemana Siemens Energy y la colaboración de la compañía chilena Empresa Nacional del Petróleo (Enap), anunció el primer proyecto de “hidrógeno verde” del país, vinculado al suministro de energía de un parque eólico (21).
La necesidad de soberanía energética
La declaración de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (mencionada al comienzo de este artículo) es un trago amargo para los millones de personas cuyas vidas y medios de vida han sido directamente dañados por la construcción de mega represas en todo el mundo, como son los casos de Inga1 e Inga2.
Detrás de la infraestructura de energía renovable a escala industrial y de las industrias del “hidrógeno verde” se ocultan los devastadores efectos sociales de una infraestructura a gran escala. Sus patrocinadores financieros también guardan silencio sobre los impactos severos en los espacios vitales, la biodiversidad, las fuentes de agua dulce, los bosques, las tierras fértiles y mucho más.
En lugar de acelerar la destrucción y la contaminación por la vía rápida, los gobiernos deberían priorizar un acceso justo a la energía de forma localizada, fuera de la red, que respete los ecosistemas fluviales, los espacios de vida y sus comunidades. La táctica de etiquetar el “hidrógeno verde” como el “combustible del futuro” es un intento desesperado por mantener intactos los crecientes niveles de producción y consumo energético, que a su vez desencadenan fuertes desigualdades. La discriminación, el racismo y la explotación se ven reforzados por la imposición de esta matriz energética y mega infraestructuras, que alimentan un sistema energético injusto que favorece principalmente a las grandes industrias.
Fuente: ANRed
¿En qué quedó la denuncia por el
endeudamiento con el FMI?
Por Diego Moneta, Resumen Latinoamericano, 3 de noviembre de 2021.
El 1 de marzo de 2021, durante la apertura del 139° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido a su equipo para iniciar una “querella criminal” por el endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri había llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La investigación constaría de tres etapas: la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la confección y presentación de la denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción (OA), y la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini. Hoy, más de siete meses después, ¿en qué instancia se encuentra?
Acuerdo en falta
El 12 de junio de 2018 la Argentina, a través de una Carta de Intención suscripta en forma conjunta por los entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger respectivamente, solicitó de manera formal el apoyo del FMI. Ocho días más tarde, el organismo internacional aprobó un Acuerdo Stand By por un período de 36 meses.
El esquema completo consistía en desembolsar en Derechos Especiales de Giro (DEG) un monto equivalente aproximadamente a 57 mil millones de dólares, más del mil por ciento de la cuota de Argentina con el Fondo. Tras la asunción de Fernández, se rechazó el último tramo por lo que la deuda terminó totalizando 44,5 mil millones. Varios sectores que integran el Frente de Todos señalaban el perjuicio del Estado a partir del endeudamiento y no eran pocos los que reclamaron y reclaman que no se abonen los vencimientos.
La decisión de suscribir el acuerdo con urgencia, el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo multilateral de crédito, se expresó, según diversos denunciantes, en la violación de normas que debían respetarse en el proceso. El FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento como con el control de su ejecución. La hipótesis principal es que esos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron la fuga de divisas, dada la coincidencia en las sumas del empréstito, la salida de capitales especulativos y la deuda pública y privada generada en el mismo periodo.
Investigaciones previas
Desde que al inicio de mayo, un mes antes de la formalización, Mauricio Macri comunicó que se habían iniciado conversaciones con el Fondo se suscitaron distintas movilizaciones en repudio a la decisión que luego se traducirían en denuncias judiciales. Éstas fueron impulsadas por sectores diversos, que van desde el Centro para la Integración Financiera (CINFIN) al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), pasando por distintos representantes de la oposición política al gobierno de Cambiemos.
La primera demanda promovida fue la del MNER, impulsada por Eduardo Murúa. Buscaba obtener la declaración de invalidez de “las Cartas de Intención y sus memorandos adjuntos” que llevaron al crédito. Luego de que el fiscal de primera instancia sostuviera la legitimación colectiva de la entidad, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo N°9 rechazó el caso por ausencia de “causa o controversia”. La apelación fue resuelta en abril de este año, alegando que había falta de homogeneidad en las pretensiones y exigiendo la promoción individual de acciones de cada una de las empresas integrantes. El cambio de argumentos, que viola el principio judicial de congruencia, dejó a la parte actora sin una medida ordinaria para interponer.
Meses después, Eduardo Codianni, en representación del CINFIN, presentó un amparo para conocer la “existencia de actos previos” a la firma del acuerdo celebrado, ante la denegación de las autoridades de su pedido de acceso a la información pública. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 consideró que no podía prosperar porque esa documentación no existía, dado que el Estado nacional no evaluó que hubiera requisitos previos, lo que se convertiría en el elemento central de la querella impulsada por Alberto Fernández con posterioridad. La sentencia fue revocada en septiembre de 2019 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones y, tras la interposición estatal, nunca hubo una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la denuncia que sienta un precedente es la presentada por Claudio Lozano, ex diputado nacional, y Jonatan Baldivieso, fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Tras haber sido archivada por Julián Ercolini en 2018, al año siguiente insistieron y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº2, a cargo de Sebastián Ramos. Luego se anexaría a otras causas similares investigadas por la jueza María Eugenia Capuchetti. “Hay incumplimiento de todas las normas jurídicas, administrativas y constitucionales y hay malversación de fondos”, asegura Lozano, en diálogo con ANCCOM, y agrega que esas “son las mismas dos claves que señala el Poder Ejecutivo en marzo”.
Cronología de una denuncia
La primera parte de la “querella criminal” ya estaba avanzada. La SIGEN verificó que el Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el FMI en 2018 fue contraído sin la previa intervención de los órganos competentes ni con la información necesaria para su celebración. Así mismo, el BCRA contribuyó con informes complementarios.
De esta manera, el 12 de marzo la Oficina Anticorrupción, comandada por Félix Crous, realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de Capuchetti, por defraudación al haber administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública, y malversación de caudales públicos. Los señalados son el expresidente Macri, los ministros de Hacienda y Finanzas, el mismo Dujovne y Luis Caputo respectivamente, y los titulares del BCRA, el citado Sturzenegger y Guido Sandleris. Dicha sede judicial ya tramitaba otros sumarios por hechos total o parcialmente coincidentes. En este punto, en palabras de Crous para con ANCCOM, la OA “deja de evaluar pasos a seguir”.
La demanda presentada señala antecedentes y distintas instancias de incumplimiento del acuerdo impulsado por Macri. Por un lado, la eliminación de controles cambiarios, el sostenido aumento de la tasa de interés y de las LEBACS (Letras del Banco Central), y la especulación y formación de activos externos. Por otro, no respetar procesos establecidos en la Constitución Nacional y en leyes presupuestarias, procedimentales, de administración financiera y hasta de traducciones públicas. Además, a partir de la inacción frente a la sobredemanda y salida de dólares, se concluye que el objetivo fue “generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado”, perjudicando los intereses del país.
El 8 de abril salía publicado en el Boletín Oficial el decreto, con la firma del presidente Fernández, del por entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, del ministro de Justicia Martín Soria y de su par de la cartera de Economía Martín Guzmán, que instruía la presentación como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional. El 21, el organismo – con la firma de Zannini y del subprocurador Horacio Diez- solicitaba su inclusión en la causa, indicando que existían elementos para “atribuir a los funcionarios la vulneración de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa».
Al día siguiente, el fiscal federal Franco Picardi dio impulso a la denuncia asentada, para investigar si se había incurrido en delitos, al ampliar el requerimiento de instrucción en el marco de otro expediente iniciado y en el que los mismos acusados ya se encontraban imputados. En la actualidad, la “querella criminal” anunciada por Fernández se halla en la etapa preparatoria de producción de prueba, la cual es secreta y está a cargo de la jueza.
El Tesoro querellante
En paralelo a las conversaciones del Gobierno Nacional con el organismo internacional para renegociar el acuerdo, a mediados de agosto la Procuración fue aceptada como querellante. Capuchetti hizo lugar a sus pedidos y solicitó nueva información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por un lado, los fondos y las personas que compraron LEBACS desde diciembre de 2015 a octubre de 2019, discriminando entre argentinos y no residentes. Por otro, los nombres de empresas e individuos que vendieron dichos títulos de deuda a partir de la corrida cambiaria de 2018 que derivó en el préstamo del FMI. El objetivo es determinar si existieron vínculos entre funcionarios y compradores para asegurar ganancias.
A su vez, la jueza le volvió a pedir a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior del Congreso de la Nación que remita toda documentación en su poder vinculada al acuerdo en cuestión como así también de sus renegociaciones posteriores. Para Claudio Lozano la actitud de la Procuración es la única que haría la diferencia con respecto a otras denuncias. “Tendría que apurar presentándose de manera sistemática y exigiendo respuestas al fiscal y a la magistrada”, desliza.
En paralelo, el presidente Fernández cada vez que participa de algún encuentro multilateral insiste en estas cuestiones. Desde la denuncia de un “endeudamiento tóxico” con el FMI a la propuesta de canje de “deuda por acción climática” para quienes están en vías de desarrollo, el primer mandatario reclama un “reordenamiento de la arquitectura financiera internacional”. En simultáneo, continúan las negociaciones con el organismo de crédito y se siguen abonando los vencimientos a la espera de un programa que le permita al país una recuperación económica, si es que eso es posible.
Fuente: ANCCOM
Envio:RL
04.11.2021 / Controles
Kreplak sobre los precios de los medicamentos: "Sin duda tiene que haber una intervención"
El Ministro de Salud bonaerense habló sobre el control que busca implementar el gobierno nacional sobre los valores que es rechazado por los laboratorios y remarcó que durante el macrismo hubo muchos aumentos en un mercado muy concentrado.
En este sentido resaltó que tuvieron que hacer compras centralizadas de medicamentos por la pandemia que fueron entre 3 o 4 veces más baratos y comentó que "hay ciertos volúmenes de productos que son previsibles". El funcionario bonaerense manifestó que "en el 2016 dejaron controlar el precio de los medicamentos, durante todos los años del gobierno anterior hubo muchos aumentos en un mercado muy concentrado".
A su vez Kreplak hizo alusión al sistema de salud, "nosotros tratamos que sea la discusión del pueblo y con la pandemia quedó más que evidente, hay muchas cosas que no son la pandemia donde hay desigualdades en el sistema de salud" y expresó que hoy existe demasiado acceso para saber quien lo administra, "aún así la gente no sabe a qué tiene derecho", planteó.
Sobre la situación sanitaria y la vuelta a la presencialidad plena advirtió que desde que empezó hubo "una semana de estabilidad una de aumento y otra de estabilidad" y destacó que se está por llegar al 50% de vacunados de 3 a 11 años y que hay brotes que se logran controlar. "Estamos en condiciones de no tener una próxima ola muy grande y si la tenemos, que no sea de gravedad", opinó y agregó que tienen la expectativa de no enfrentar una situación que obligue a volver a retroceder en materia de aperturas.
04.11.2021 / Empleo
Recuperación económica: El empleo registrado aumentó en agosto con fuerte impulso del sector privado
Se trata de los trabajadores registrados, que en agosto superó a la del mismo mes de 2019. Ya se recuperó el 60% de los puestos de trabajo del sector privado formal que se perdieron durante los primeros meses de la pandemia. Son unos 200 mil trabajadores en el sector privado y 90 mil en el público. El incremento del salario promedio en términos reales superó el 2% en julio y agosto.
En agosto, la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejó la acumulación de diez meses de crecimiento consecutivo en el número de trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado formal en el sector privado. A su vez, en septiembre, los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) confirmaron la continuidad de esta tendencia creciente.
De acuerdo a la información que surge de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores con empleo asalario registrado del sector privado creció 0,2% en agosto. Esta información implica que se incorporaron 8,9 mil personas al empleo asalariado registrado en las empresas privadas. Cuando la comparación es respecto a agosto de 2019, la cantidad de trabajadores registrados también creció. De acuerdo a la serie original, en ese momento había más de 12.137.000 trabajadores registrados y ahora esa cifra escaló a más de 12.157.000 trabajadores.
Otro fenómeno que se consolida en agosto fue el crecimiento del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores con empleos asalariados registrados del sector privado. En los meses de julio y agosto, el incremento del salario promedio en términos reales, superó el 2%. De este modo, agosto constituyó el décimo mes consecutivo de crecimiento, con lo cual se acumula una variación positiva de 2% entre octubre 2020 y agosto 2021. Con esta expansión, ya se recuperó el 60% de los puestos de trabajo del sector privado que se perdieron durante los primeros meses de la pandemia (114 mil de un total de 188 mil empleos).
Además, el número total del trabajo registrado (categoría integrada por el empleo asalariado y el trabajo independiente) mostró un incremento de 0,5% con respecto al mes anterior, lo que representa unas 54,6 mil trabajadores. Por segundo mes consecutivo, se superó el número de trabajo registrado observado antes de la irrupción de la pandemia (crece 0,7% con respecto a febrero de 2020).
CÓMO LE FUE A CADA SECTOR
La variación del empleo asalariado registrado privado durante agosto tuvo un comportamiento heterogéneo a nivel sectorial: siete de las catorce ramas de actividad mostraron un crecimiento del empleo entre agosto y julio de 2021 (en la serie desestacionalizada). Entre las ramas de actividad que mostraron mayor dinamismo mensual se encuentran: Hoteles y restaurantes (1,2%), Pesca (1%), Construcción (1%), Enseñanza (0,8%), y Explotación de minas y canteras (+0,2%). En tanto, Comercio y reparaciones, y Suministro de electricidad, gas y agua, mostraron una variación de 0,1%.
El sector Hoteles y restaurantes, a pesar de que se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, es el que más se expandió en términos de empleo durante agosto. Por su parte, la Construcción registró trece meses consecutivos con variaciones mensuales positivas. A nivel regional, el comportamiento del empleo privado registrado observado en los últimos meses también fue heterogéneo. En comparación al nivel prepandemia (febrero de 2021), la mitad de las provincias lograron recuperar los niveles previos. Entre las que mostraron mejores rendimientos se encuentran Tierra del Fuego (6,3%), Misiones (3,3%), Formosa (2,5%) y San Luis (2,2%).
SEPTIEMBRE
En septiembre, se sostuvo el ritmo de crecimiento del empleo asalariado en empresas privadas. De acuerdo a la información relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), en empresas de más de 10 personas ocupadas del total de los aglomerados relevados, el nivel del empleo privado registrado mostró un aumento de 0,2% en relación al mes anterior. La suba se observó tanto en el aglomerado del Gran Buenos Aires como en el conjunto de los aglomerados del interior del país. En efecto, en el GBA, el nivel de empleo se incrementó por segundo mes consecutivo en 0,2%, mientras en el total del interior se observa un aumento del 0,3%.
Con relación a los meses de septiembre de los años anteriores, recién en 2017 se observa una variación positiva de similar valor a la actual; por el contrario, en los meses de septiembre de 2018, 2019 y 2020 se advierte una variación negativa. El aumento del empleo actual se explicó por el mayor dinamismo observado en el mercado de trabajo: tanto la tasa de incorporaciones como la de desvinculaciones crecieron, obteniéndose la diferencia neta positiva mencionada (0,2%).
Por su parte, las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de personal para los próximos tres meses continúan siendo positivas y consolidan la tendencia creciente observada desde hace seis meses. Este indicador surge de la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar sus dotaciones y aquellas que esperan disminuirla: del 7,1% de las empresas que declaran que harán cambios en sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 6,1% espera aumentar la dotación y apenas el 1% estima que la reducirá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario