Protesta ante Desarrollo Social
Organizaciones sociales reclamaron por un incremento en la asistencia de alimentos y planes sociales
Distintas organizaciones sociales entre las cuales se encontraban el Polo Obrero-Tendencia, Ana María Villarreal, y 19 y 20 de Diciembre mantuvieron durante toda la tarde del martes una protesta frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El reclamo que motivó la manifestación fue por un incremento en la asistencia de aliementos y planes sociales.
Los manifestantes concentraron en Constitución, y de allí se movilizaron hacia la cartera que dirige Juan Zabaleta con la intención de realizar un acampe frente al edificio ministerial. Al no poder acceder al Ministerio por el operativo policial, las columnas cortaron también --durante algunos minutos-- el tránsito en la intersección entre avenida San Juan y Bernardo de Irigoyen. Finalmente, los dirigentes sociales fueron recibidos por funcionarios del Ministerio. Según la referente del Polo Obrero Tendencia, Eva Gutiérrez, dijo que se lograron 12 mil nuevos planes: “Hemos pedido el ingreso de nuestros compañeros en diciembre y logramos que pueda haber otro en febrero y también en marzo. Pero para nosotros es un puñado. Esto es nada más que un parche, la situación es desesperante, de hambre y miseria”.
El juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, lo investiga por enriquecimiento ilícito
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, recusó al juez por supuesta parcialidad
Desde Santa Fe
Horacio Rosatti es el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que recusa al juez que lo investiga por supuesto “enriquecimiento ilícito” y el primero también que apela ante la Cámara Federal de Casación Penal, en Comodoro Py, para que aparten de la causa al magistrado. La situación se planteó ante una denuncia anónima --que involucra a Rosatti y a otros exfuncionarios-- que el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez le dio trámite. Ante la negativa de Rodríguez a archivar el legajo, Rosatti lo recusó por una presunta “animadversión” y “parcialidad”, pero la Cámara Federal de Rosario rechazó el planteo y consideró que el razonamiento para apartar a Rodríguez era “una creación pretoriana”, sin fundamento. Ante el nuevo fallo en contra –que es el cuarto desde que judicializó la denuncia--, la defensa de Rosatti recurrió ahora ante la Cámara de Casación Penal.
El ping pong comenzó el 4 de junio, cuando el juez Rodríguez rechazó el pedido del fiscal federal Número 1 Jorge Gustavo Onel de archivar la causa. La denuncia anónima agitaba sospechas que “determinados funcionarios” del exintendente de Santa Fe Martín Balbarrey (2003-2007) “debían desprenderse de parte importante de su sueldo para afectarlo a un fondo de dinero cuyo destinatario y beneficiario” era Rosatti, que por entonces se desempeñaba como procurador general de la Nación y luego ministro de Justicia del expresidente Néstor Kirchner. Rodríguez resolvió que “el archivo solicitado” por el fiscal “no sólo resultaba prematuro sino que deviene irrazonable” y advirtió “la necesidad de realizar una investigación seria y profunda” ante una situación que “en caso de dilucidarse” podría derivar en un hecho de “gravedad institucional”, dijo.
Onel apeló, pero su superior el fiscal general Oscar Arrigo desistió del recurso –al coincidir que era necesario investigar-- y dos semanas después, el 15 de agosto, la Cámara Federal de Rosario le dio la razón al juez de Santa Fe.
De inmediato, Rosatti recusó a Rodríguez por supuesta “animadversión y parcialidad” contra él y su hijo, Emilio Rosatti, quien era secretario electoral del juez. El presidente de la Corte reprochó que así como ahora Rodríguez le dio trámite a una denuncia anónima que lo involucra a él, ya había hecho lo mismo hace tres años, en febrero de 2018, cuando judicializó un “panfleto anónimo” contra su hijo Emilio, que “apareció en la puerta del Juzgado y en la Secretaría Electoral”. En realidad, la causa por el panfleto se extinguió en veinte días porque el juez federal Nº 2, Francisco Miño –ya jubilado- la mandó al archivo el 22 de febrero de 2018.
En aquel tiempo, Rodríguez y Miño tenían una coincidencia: los dos se habían excusado de intervenir en un recurso de amparo de la agrupación Hijos que impugnó la decisión de Mauricio Macri de designar a Rosatti en la Corte, por decreto. Rodríguez se apartó por que Emilio Rosatti era secretario electoral del Juzgado y él firmó una adhesión al pliego del jurista. Miño dijo lo mismo, que él también avaló el nombramiento de Rosatti.
Ahora, en 2021, Rodríguez rechazó la recusación de Rosatti –por el episodio del panfleto-- con cierta ironía: “No es motivo de recusación ni pone en juego mi imparcialidad el supuesto de haber denunciado a un familiar del denunciado”, le contestó.
El presidente de la Corte apeló entonces ante la Cámara Federal de Rosario y cuando se discutía el incidente, su defensa invocó un “hecho nuevo”, que el fiscal Onel había firmado un segundo dictamen que pedía el “sobreseimiento” de Rosatti y su desvinculación de la causa. La Cámara se limitó a resolver lo que estaba en debate: rechazó la recusación de Rodríguez y lo ratificó al frente de la causa. Así, Rosatti sumó cuatro fallos en contra. Dos que frenaron el archivo del expediente y ordenaron investigar (Rodríguez, el 4 de junio y la Cámara, el 17 de agosto) y dos que rechazaron la recusación del juez (Rodríguez, el 27 de agosto y la Cámara, el 16 de setiembre).
La Cámara coincidió con Rodríguez. “La única causa que invocó” Rosatti para apartar al juez de Santa Fe fue la denuncia contra Emilio Rosatti, “persona adulta y completamente diferenciable de su progenitor”, dijo el tribunal. Las partes pueden recusar al juez “sólo cuando exista uno de los motivos enumerados” en la ley, pero el que invocó Rosatti –que es la denuncia a su hijo-- “no encuadra en ninguno de los supuestos” de la norma. “La creación pretoriana invocada como causal de recusación por el doctor Rosatti es --en realidad-- la de ‘temor fundado de parcialidad’, no cualquier temor como pareciera interpretarlo el apelante”, que es el presidente de la Corte.
Ahora, el debate seguirá en los tribunales de Comodoro Py, la Cámara Federal de Rosario concedió la apelación el 4 de octubre. El lunes, el diario Uno reveló que un exchofer de la Municipalidad de Santa Fe se presentó a declarar en la causa y dijo que durante la gestión del exintendente Balbarrey habría llevado supuestos “sobres con dinero al domicilio del doctor Rosatti”. “Esto sucedió durante cuatro años, todos los meses. El sobre estaba cerrado”. El testimonio ya se había difundido en otros medios con fecha 4 de octubre, el mismo día que la Cámara Federal de Rosario concedió el recurso de casación.
Fuente:Pagina12
Convocan movilización en CABA
exigiendo justicia para Guri Farfán,
víctima del gatillo fácil
Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021.
NO AL TRASLADO DE LAS MUESTRAS A BUENOS AIRES ¡BASTA DE MANEJOS TURBIOS DE LA JUSTICIA!
Desde la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la Provincia de Salta rechazamos el envío de las muestras biológicas de la causa por el asesinato de “Guri” Farfán a la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos señalando que Guri murió torturado por la Policía de Salta en la Comisaría del barrio Santa Ana 1 el 8 de febrero de 2019. Una muerte más a manos del aparato represivo en cuya investigación hubo encubrimiento y manipulación desde el principio.
La familia de Guri presentó un escrito oponiéndose al envío de muestras de orina, sangre, humor vítreo y pool de vísceras al laboratorio de la morgue judicial de la Corte Suprema de la Nación en Ciudad de Buenos Aires, habilitado por el Juzgado de Garantías 6 a pedido del nuevo fiscal de la causa Leandro Flores. Todo el mundo sabe que en ciencia forense las muestras pierden fidelidad cuando pasa el tiempo. Ni siquiera tenemos seguridad de que las muestras que van a enviar son las de Guri, y la familia nunca tuvo acceso a la cadena de custodia de esas muestras.
A más de 2 años de ocurridos los hechos, el asesinato de Jorge “Guri” Farfán sigue impune y la justicia de Salta aún no determinó cómo y porqué fue asesinado. Los fiscales quisieron llevar el caso a una discusión técnica, para avalar la teoría de que la causa de muerte de habría sido provocada por un edema pulmonar y paro cardio -respiratorio, atribuido al consumo de drogas (alcohol, cocaína y restos de marihuana). Sin embargo los primeros análisis de la autopsia realizada al cuerpo de Guri dieron negativo y marcaron que no había registro dosable de drogas. Allí un informe del médico Marcos Cabezas dijo que la causa de muerte era traumatismo de cráneo, certificado en el encéfalo hematoma y en el edema cerebral que le produjo micro-hemorragia en sustancia blanca, ambos elementos certificados en aquella oportunidad.
El Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta (CIF) no puede afirmar que Guri murió de intoxicación porque no hay elementos que así lo certifiquen. Aún si hubiera habido algún consumo detectado tampoco existe un análisis cuantitativo de droga en la sangre para saber qué dosis tenía el joven y si era letal. Y lo que no hizo a tiempo la justicia salteña ahora nos quieren hacer creer que lo va a hacer a destiempo la justicia porteña. La inconsistencia del planteo del CIF en la causa de Guri estuvo claro en la junta médica realizada hace 2 años, donde estuvieron presentes el traumatólogo Miguel Matteo, sugerido por el Colegio de Médicos de Salta, y la médica del Servicio Médico Forense del Poder Judicial, Ana María Vega. Pero si la familia de Guri no hubiera puesto un perito de parte la teoría oficial hubiera pasado sin cuestionamientos. Porque quedó claro que Guri tenía golpes, hematomas y escoriaciones en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Tenía morado en la zona pectoral, golpes en la cabeza y sangre en la nariz. Esos elementos fueron agregados a la junta médica pero para la fiscalía no tenían relevancia porque según ellos “los golpes no eran de una envergadura tal para causarle la muerte a una persona».
Ocultan los fiscales que en el primer informe un médico afirmó que la causa de muerte fue traumatismo de cráneo y de tórax. Y se dedican todo el tiempo a ensuciar a la víctima buscando una causal de intoxicación que no existió y que hoy es incomprobable por el paso del tiempo.En aquella junta médica realizada en 2019 el perito de parte de la familia de Guri, Benito Mena, desarrolló que las lesiones traumáticas leves o moderadas pueden provocar la muerte, aunque en casos muy restringidos cercanos al 1% de los casos, y que su efecto fisiopatológico provoca resultados de infarto de corazón o bien edema pulmonar o cerebral, lo cual sería la causal de muerte. A su vez, Mena explicó que tal mecanismo es similar a la causal de muerte en un caso de abuso de drogas, pero en este caso el análisis anatopatológico y toxicológico practicados al cuerpo de Guri dieron por resultado que no había restos letales de drogas en su cuerpo.
Sin embargo, y aún con el análisis de orina que no puede indicar la cantidad de droga pretendida por los fiscales y descartaría que la muerte haya sido producida por intoxicación, con el de sangre que se realizó a los 8 meses y no es valedero, además del análisis de humor vítreo que dio negativo de cocaína y el de pool de vísceras que no se realizó, y con las lesiones visibles en el rostro, en el cuello y en la cabeza, evidentemente producidas por traumatismos practicados por los agentes policiales que lo detuvieron, los peritos del Estado salteño se niegan a aceptar que a Guri lo mató a palos la Policía de Salta. En ningún momento explican cómo pudo morir de sobredosis un chico joven y sin antecedentes médicos de patologías cerebro-vasculares, cuyos análisis no arrojan elementos que puedan servir a la teoría de la muerte súbita por intoxicación. Y se niegan a reconocer que la base de las lesiones que presentaba el cuerpo, los traumatismos en ojo y pómulo y cerebrales, son el único elemento que determinaría la posibilidad de una causal formal de muerte en el marco de una detención violenta de parte de las fuerzas de inseguridad.
Un registro de la junta médica realizada puede verse en HYPERLINK «https://www.youtube.com/watch?v=MJes7CNCLLY…» https://www.youtube.com/watch?v=MJes7CNCLLY…Y en el hipotético caso de que Guri haya consumido estupefacientes la noche en que murió no significa que haya muerto por causa de ese consumo y mucho menos justifica su muerte a palos en la comisaría de Santa Ana. Los análisis técnicos no profundizados en el primer momento de la causa tienden a parecerse a un ocultamiento de elementos para determinar la causal real de muerte, más que a una determinación científica fehaciente de cómo y por qué murió Guri. Y justamente no pueden volver a realizarse pasado tanto tiempo porque no pueden llegar a determinar con seguridad elementos no generados al inicio de la investigación. Y aquí entra en juego una cuestión política: la creciente “cientifización” de la impunidad, que nos presenta nuevas maneras de construir sentido sobre el accionar de las fuerzas represivas.
Recordemos que en el caso de Santiago Maldonado el juez Gustavo Lleral intentó cerrar la causa tras 27 meses de pesquisas y trató de hacer pasar la “teoría del ahogado” imponiendo que en el hecho no hay delito que perseguir. A 3 años de impunidad en el caso de Santiago la causa no tiene juez, el gendarme Emanuel Echazú fue desprocesado y la investigación está paralizada. El Estado nunca explicó el acomodamiento caprichoso de la causal de muerte de Santiago entre el paro cardio-respiratorio por el frío o bien el ahogamiento, la imposibilidad de que el río hubiera ocultado y/o arrastrado desde caudal arriba el cuerpo, la no coincidencia plena de elementos microscópicos en el agua y en el interior del cuerpo, así como la ausencia de signos de arrastre o marcas que presentaba el cuerpo habiendo sido encontrado en un lecho plagado de ramas y raíces.
En el caso de Facundo Astudillo Castro las definiciones de la jueza Gabriela Marrón y del fiscal Santiago Ulpiano Martínez se encargaron de minimizar los elementos que llevan a la certificar la muerte por politraumatismos que pueden incluir submarino seco (del cual resulta el “diente rosa”) y el descarte del cuerpo de parte de los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca. Como siempre se obliga a la familia como querella a explicar que hicieron los responsables en cada momento, cuando es el Estado quien tiene que dar explicaciones.Y en el caso de Guri, como en tantos otros, las respuestas del Estado son inconsistentes. Las preguntas elementales que toda autopsia debe proponerse dilucidar son cuándo, dónde, cómo y por qué murió una persona.
Pero la historia demuestra que, en los casos de muertes traumáticas en lugares de encierro como cárceles y comisarías, como en las desapariciones forzadas seguidas de muerte, donde los cuerpos fueron manipulados, deformados y hasta destrozados, esas respuestas son más que esquivas.Por eso el 3 de noviembre por la mañana nos vamos a estar manifestando frente al Ministerio de Justicia de Nación en la Ciudad de Buenos Aires exigiendo una investigación seria, cárcel común a los responsables, que se aparte a los policías asesinos de Guri.
La verdadera justicia no depende de ninguna sentencia sino de nuestra propia capacidad para seguir luchando en contra de este sistema perverso. Juicio y castigo para los asesinos de JORGE GURI FARFÁN y de todas las víctimas asesinadas en manos de la policía de Salta y de todo el país.
BASTA DE GATILLO FACIL!
Ni un pibe , ni una piba menos , ni una bala más .
BASTA DE MUERTES Y TORTURAS EN CARCELES, COMISARIAS E INSTITUTOS DE MENORES . COMISIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE GATILLO FÁCIL DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Resurge la lucha por el agua en
Mendoza, ante un fallo que altera
la Ley 7722
Por: Luciana Rosende, Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021.
La Corte avaló la histórica norma en su conjunto, pero rechazó por “indeterminación” el artículo referido al uso de sustancias tóxicas en general. “Nos parece que esta apertura de puertas empieza a burlar la ley”, advierten los ambientalistas. Por este motivo convocan a una movilización este miércoles a las 18hs en el kilómetro 0. de la ciudad de Mendoza
Las asambleas que defienden el agua y se oponen a la megaminería en Mendoza están en estado de alerta. Porque un nuevo fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucional un artículo de la Ley 7722, considerada por ambientalistas y comunidades como “guardiana del agua”, y deja abierta la posibilidad de que se utilicen sustancias tanto o más nocivas como las específicamente mencionadas en la normativa.
“Al sacar (del cuerpo de la ley) ‘y otras sustancias toxicas similares’ por ser ambiguo, se abre una especie de caja de pandora porque tanto el xantato como la poliacrilamida son tanto o más contaminantes como las mencionadas expresamente en la ley: mercurio, ácido sulfúrico y cianuro”, explica a Tiempo Rubén Esper Ader, coordinador del Foro Socio Ambiental Mendoza.
La modificación surgió a partir de una apelación de la Minera San Jorge a la Ley 7722. La Corte avaló la normativa en su conjunto, pero rechazó por “indeterminación” el artículo referido al uso de sustancias tóxicas en general. “La norma tiene cuatro artículos, es concreta y contundente y prohíbe el uso de sustancias tóxicas. Nos parece que esta apertura de puertas empieza a burlar la ley”, advierte Esper Ader. “Venimos hace casi 20 años en el ambientalismo de Mendoza y en el seguimiento de todos y cada uno de los intentos de los mineros y gobiernos y grupos económicos: uno va poniéndose ducho en este tema, y entendemos que no va al fondo de la cuestión la apreciación de este fallo”, consideró en relación al lobby minero.
“La única herramienta que tenemos como pueblo de Mendoza, y la historia lo avala, es la movilización. En 2007 los pueblos de San Carlos y General Alvear salieron a la calle, cerraron comercios y escuelas y se concentraron en plazas y calles. Eso tuvo eco provincial empujó la 7722. En 2019, cuando consideramos que se estaba burlando la ley a nivel judicial y legislativo, una manifestación considerada la marcha más larga de la historia en Mendoza logró que el gobernador en 10 días diera marcha atrás y devolvieran la ley. La experiencia q tenemos es esa. No negamos los derechos constitucionales a ejercer toda industria lícita ni somos extremistas en lo que son las actividades humanas y la minería, pero estamos hablando de megaminería metalífera y del extractivismo como concepción económica”, enfatizó.
“La 7722 no se toca” es una de las premisas de las asambleas por el agua organizadas en distintos distritos de Mendoza y nucleadas en una lucha común. En esa provincia llevan años en lucha en defensa del agua, en contra de una actividad que la usa en demasía y la contamina. En 2017, ante uno de los embates del lobby megaminero, las y los asambleístas decían: “La 7722 tiene la particularidad de ser una ley popular y por eso la odian. Su sanción fue un evento de democracia directa. Se rompió la lógica de representación y tuvieron que hacer lo que quisieron las bases. Están pisando el acelerador, pero están locos si piensan que van a poder voltear la ley. Se les va a prender fuego la provincia”.
Por estos días, además del rechazo al nuevo fallo de la Corte, la militancia por el agua apunta a la creación del “Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”. “Este proyecto es la única herramienta probadamente efectiva con que contamos hoy para terminar de manera definitiva con el plan devastador de Minera San Jorge, que amenaza las fuentes de agua de nuestro Valle y de todo el Oasis Norte donde vive la mayor parte de la población de Mendoza”, difundió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.
Fuente: Tiempo argentino
Alberto Fernández propuso el canje
de deuda por acciones ambientales
y anunció una nueva ley de bosques
Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021.
El presidente Alberto Fernández participó este martes a la mañana de la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, donde reafirmó el compromiso de Argentina frente a la crisis ambiental y aseguró que para “avanzar con la agenda de transformaciones necesarias debemos crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.
“La Argentina reafirma su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París, y adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado”, manifestó durante su discurso en la jornada de cierre de la cumbre que se celebró en el Scottish Event Campus, donde estuvo acompañado por el canciller Santiago Cafiero.
Además, aseguró que durante su gestión se elevó la “Contribución Determinada Nacional un 27,7% respecto a la de 2016” y que “como parte de nuestros compromisos” presentaron una Segunda Comunicación de Adaptación “con metas, lineamientos y necesidades para abordar esta agenda”.
También – detalló- “asumimos el compromiso de favorecer la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para avanzar con una matriz energética inclusiva, estable, soberana, sostenible y federal; e impulsamos un complejo productor y exportador de hidrógeno como nuevo vector energético”.
Además se comprometió a adoptar “medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental” y adelantó que enviará al Congreso de la Nación “un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.
Por otro lado, subrayó la necesidad de aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro, del Fondo Monetario Internacional para “un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y renta media, y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas”.
En ese sentido, propuso crear un “comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social”. Y concluyó: “Es momento de actuar, hagámoslo juntos”.
Fuente: FARCO
Violento desalojo y represión de la
Bonaerense a más de 300 familias
en Ciudad Evita
Resumen Latinoamericano, 2 de noviembre de 2021.
A un año del desalojo de Guernica, la Policía que dirige Berni desalojó brutalmente a más de 300 familias que necesitan un lugar para vivir. Lo hizo de noche, desatando una furiosa persecución por el barrio. Según el testimonio de los vecinos, se dispararon balas de plomo. Hay personas cuyo paradero se desconoce tras la represión y múltiples detenidos.
Tras muchas horas de tensión y amenazas, muy tarde en la noche de este lunes la Policía Bonaerense desató una brutal represión contra cientos de familias pobres que reclamaban por tierra para vivir, en la zona de Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires.
Lo hizo de noche, desatando una furiosa persecución por el barrio, dejando múltiples heridos y detenidos. Según el testimonio de los vecinos, se dispararon balas de plomo y hay personas cuyo paradero se desconoce tras la represión.
Cerca de la medianoche, en la puerta de la Comisaría Nro. 3 Subestación Este de Ciudad Evita se hicieron presentes referentes sociales, de derechos humanos y de partidos de izquierda, exigiendo la liberación de los cinco detenidos. Entre los presentes están Pablo Pimentel de la APDH La Matanza, Nathalia González Seligra, dirigente del PTS y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad y Mónica Schlottauer, actual diputada por el FITU. También hicieron llegar el repudio desde el Suteba La Matanza.
La tensión y las amenazas habían sido permanentes desde horas antes. La Izquierda Diario se hizo presente en el lugar para seguir los hechos y denunciar el accionar represivo.
“Estoy desempleada”, “Somos todos de acá, todos necesitamos empleo. No podemos pagar 10.000$ de alquiler al mes, no tenemos ni para comer. “Yo saco 25.000$ al mes y qué hago? Tengo qué pagar el alquiler, comer y ya está. Soy mecánico”, se escuchan en las entrevistas qué realizan desde Crónica, nombrando a las familias como “okupas” en un clara operación para estigmatizar a las familias qué pelean por un terreno.
Más de 300 familias que pelean por una tierra para vivir en Ciudad Evita, en La Matanza fueron reprimidas durante la noche lluviosa con balas de goma y gases lacrimógenos. Al igual que lo hicieron en Guernica hace un año, la respuesta del gobierno de Axel Kicillof es la represión y el desalojo. El intendente Fernando Espinoza continúa con la política de hostigamiento a los terrenos ocupados en lugar de construir viviendas para las miles de familias que padecen el hacinamiento y la falta de vivienda. “Vivo en una casilla de cuatro por cuatro y vamos a pelear por una vivienda por nuestro hijos”, “estamos todos apoyándonos para tener nuestro terreno”, dicen los vecinos desde la ocupación.
La única política que lleva adelante el gobierno nacional para enfrentar la emergencia habitacional que sufren más de 3.500.000 familias sigue siendo la represión. Una vez más queda evidencia que en materia de vivienda no existe grieta con el gobierno de Larreta que hace solo dos semanas desalojó a cientas de familias en el Barrio 31.
Noticia en desarrollo
Fuente: Izquierda diario
Envio:RL
Relevado de la obligación de guardar secreto, Macri será indagado en Dolores
El expresidente deberá presentarse a declarar en la causa que investiga hechos de espionaje ilegal a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino en 2017.
03/11/2021
Foto: Fernando Gens / Télam
El expresidente Mauricio Macri deberá presentarse este miércoles en el Juzgado Federal de Dolores a prestar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, ya relevado de la obligación de guardar secreto.
Macri debe presentarse a las 12 en la sede del juzgado al que fue convocado por cuarta vez luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.
Este hecho derivó en una segunda recusación presentada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, que el propio magistrado rechazó “in limine” tras señalar que no había ningún motivo para que prosperara su apartamiento del expediente.
El incidente de recusación ya se encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que, a diferencia de lo que hizo en el primer intento de la defensa de Macri, este martes convocó a una audiencia para el 12 de noviembre y recién después decidirá si confirma o aparta al magistrado.
Si bien la decisión adoptada por el tribunal de apelaciones no suspende la indagatoria prevista para este miércoles, en el ámbito judicial especulan con que la defensa de Macri podría intentar una nueva postergación bajo el pretexto de que la Cámara Federal de Mar del Plata no volvió a ratificar a Bava al frente del expediente.
La abogada Valeria Carreras, representante legal de una de las querellas, consideró que la decisión adoptada por “la Cámara en esta oportunidad es una clara señal contra el juez Bava” y lamentó que implicara una “nueva pérdida de credibilidad de la Justicia”.
“Al hacer lugar al pedido de prueba del imputado Macri, la cual incluye sea remitido el video de la audiencia de indagatoria del día 28/10/21, está poniendo en duda los dichos del juez volcados en el acta de indagatoria de ese día que fuera firmada tanto por Macri como por su defensor particular Lanusse”, sostuvo la abogada en diálogo con Télam.
La misma querella había denunciado el lunes que el expresidente está actuando en el expediente con “mala fe” procesal al señalar que desde que fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado recurrió a distintas “chicanas” para evitar tener que rendir cuentas ante la Justicia.
La última de esas argucias enumeradas por la querella fue el pedido que hizo el lunes la defensa del exmandatario para que se lo autorice a viajar el 15 de noviembre a Arabia Saudita ante una supuesta invitación que le cursara el príncipe de ese país y que no fue adjuntada en el pedido de autorización, según pudo saber Télam.
El mismo día que lo citó a indagatoria por primea vez, el juez Bava le impuso a Macri la restricción de salir del país y su situación procesal no cambió desde ese entonces (de hecho, aún no se cumplió de forma completa con la indagatoria), por lo que la querella que encabeza Carreras se manifestó en contra de que se le conceda el permiso solicitado.
El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan también manifestó su oposición al pedido de autorización formulado por la defensa de Macri para que lo autorice a salir del país y reiteró el pedido de que se le dicte prisión preventiva porque considera que su actitud representa un riesgo para el expediente.
Tagliapietra enumeró que Macri buscó de distintas formas eludir su indagatoria, que quiere irse a Arabia Saudita –“país con el que no hay acuerdo de extradición”- e hizo pública su intención de irse a dar clases a una universidad de los Estados Unidos
Sobre la polémica vinculada con el supuesto deber de confidencialidad de Macri, el juez Bava resaltó que lo citó a indagatoria sin antes solicitar que le levantaran el deber de confidencialidad porque, a su criterio, no era necesario.
En la causa se investigan supuestos delitos de inteligencia “prohibidos por la ley” y no “actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional” ante lo cual “no resultaba necesario el relevamiento en cuestión”, sostuvo.
La CATT se reunió con Manzur y Máximo Kirchner y ratificó su apoyo a las listas del Frente de Todos
La Confederación que reúne a los trabajadores del transporte, con mayoría moyanista, manifestó en Casa Rosada su apoyo a los candidatos oficialistas.
02/11/2021
El 11 de noviembre se realizarán las elecciones de la CGT. La flamante conducción de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), electa el 7 de octubre pasado, fue recibida por el Jefe de Gabinete Juan Manzur en la Casa Rosada. Al cónclave se sumó el presidente del bloque de diputados por el Frente de Todos Máximo Kirchner cuya presencia inicialmente no estaba pautada.
El motivo formal de la reunión fue el de analizar la situación del transporte sobre la base de un “un análisis integral de la situación del país” y profundizando en “la situación del Transporte Argentino en todos sus modos”.
Los dirigentes sindicales expusieron “su visión sobre el rol que el mismo debe cumplir para aportar al desarrollo, la producción y la generación de empleo”.
Los representantes del Consejo Directivo liderados por el ferroviario Sergio Sasia destacaron “la importancia de trabajar para lograr un sistema de transporte eficiente, seguro y confiable en donde la búsqueda de una norma que articule y complemente todos los modos (terrestre, ferroviario, aéreo, portuario y marítimo) es el máximo objetivo”.
Fuentes gremiales aseguraron que “tanto Juan Manzur, como Máximo Kirchner coincidieron con la CATT en la importancia del transporte, en todos sus modos, para la optimización de la logística, el desarrollo de las economías regionales, la generación de empleo y por el rol social que cumplen”.
De cualquier forma, la clave de la reunión fue la de ratificar el apoyo del sector del transporte a las listas del frente de Todos. Se trata de un sector liderado por Hugo y Pablo Moyano y que impuso una lista contra la voluntad de los dirigentes del actual Consejo Directivo de la CGT Roberto Fernández de la UTA y Omar Maturano de La Fraternidad.
Sasia ya manifestó públicamente su intención de lograr que el líder del sindicato Camionero, Pablo Moyano al menos integre la terna de conducción de la CGT en la próxima conducción. Trascendidos periodísticos habían dado a entender un posicionamiento crítico de Hugo Moyano con relación al presidente Alberto Fernández en los últimos días.
Sin embargo, de parte de su base sindical, el mensaje fue claro: “a sabiendas de los dos modelos de País que se juegan en las próximas elecciones apoyamos al Frente de Todos, que es el espacio que representan los intereses nacionales y de todas y todos los trabajadores”.
Del cónclave participaron, junto con el mencionado Sergio Sasia titular de la Unión Ferroviaria y de la propia CATT, su adjunto Juan Carlos Schmid y titular del sindicato de Dragado y Balizamiento, Omar Pérez del Sindicato Camionero, Pablo Biró del gremio de pilotos APLA, Marcos Castro (Capitanes de Ultramar), Raúl Durdos (SOMU), Juan Pablo Brey (AAA), María F. Cañabate (SUTPA) y Jorge García (taxistas).
Para Sasia “fue una reunión muy productiva. Se analizó la difícil situación por la que atraviesa el país y el rol preponderante que cumple el transporte. Se trataron diversos temas vinculados a todas las actividades y donde acordamos aportar y colaborar en el diseño de una política estratégica nacional de trasporte. Entendemos que la creación del Consejo Federal Consultivo De Logística Multimodal (COFED), debe fortalecerse y generar una dinámica de trabajo para avanzar en la creación de un ecosistema logístico que articule todos los modos de transporte, con miras a incrementar la producción y competitividad de la economía nacional por medio de la optimización de los costos de carga, logística y servicios anexos”.
Fuente:TiempoArgentino
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