Envio:RL
227 femicidios y 10 trans/travesticidios
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2021, se produjeron 227 femicidios, 10 trans/travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro. 255 hijas /hijos quedaron sin madre, el 60% son menores de edad.
Si tuviéramos que realizar una estadística solo basándonos en el mes de octubre deberíamos decir que la violencia sexista se lleva la vida de una mujer o una compañera trans/travesti cada 23 horas en nuestro país, una cifra que no desciende, que nos horroriza y que muestra que las medidas implementadas son insuficientes.
¿Qué falla? ¿Dónde se rompe la red de protección? La realidad es que no existe una única respuesta porque la violencia de género es multicausal, está ligada a las diferentes situaciones en las que se encuentran quienes la atraviesan y es por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal.
Es imperioso que el Poder Legislativo mejore y actualice las leyes existentes, que el Poder Judicial atienda y proteja a quienes se acercan a denunciar, imponiendo sanciones a los que incumplen con la prohibición de ejercer violencia hacia las mujeres, garantizando la reparación de las víctimas y el Poder Ejecutivo tome medidas que atiendan las vulnerabilidades respecto de lo económico, lo laboral y lo habitacional en todo el país mediante una efectiva evaluación de riesgo.
El Estado debe garantizar la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizar las campañas de prevención y hacer efectivos los programas anunciados de acompañamiento para mujeres y trans/travesti.
Insistimos en la plena capacitación a efectores de la justicia y fuerzas de seguridad para que el abordaje ante una denuncia por violencia sexista tenga un accionar con perspectiva de género. Por esto reclamamos el cumplimiento a nivel nacional la Ley Micaela (Ley 27.499 de 2019) y la posterior evaluación de la misma.
Además, es imprescindible asegurar el pleno funcionamiento a nivel nacional de las medidas creadas:
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación:
• Programa “Acompañar” (septiembre 2020)
• “Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género” (SICVG) (febrero 2021)
• “Cuerpo de abogados y abogadas” (Ley 27.210 de 2015). A la órbita de MMGY (julio 2021)
Ministerio de Seguridad de la Nación
• “Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género” (URGE). (noviembre 2020)
Para finalizar continuamos preguntando ¿Dónde están Tehuel De La Torre y Guadalupe Lucero?
En nombre de todas las víctimas de violencia sexista, desde La Casa del Encuentro y su Observatorio, sostenemos la urgente necesidad de que el Estado incremente y priorice las medidas destinadas específicamente a la protección y prevención de la violencia de género en todas sus expresiones.
Información adicional
Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (77), seguida por Córdoba (20)
y Santa Fe (19)
29 víctimas habían realizado denuncia
17 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención
27 femicidas agentes o ex agentes de fuerza de seguridad
22 víctimas tenían indicio de abuso sexual
8 víctimas estaban embarazadas
10 víctimas eran trans/travesti
3 víctimas eran de pueblos originarios
9 víctimas eran migrantes
5 víctimas en presunción de prostitución o trata
36 femicidas se suicidaron
Fuente: La casa del encuentro
Tres condenados a prisión perpetua por
el femicidio de Araceli Fulles
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Tres hombres fueron condenados esta tarde a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles, quien en 2017 fue hallada asesinada y con signos de haber sido asfixiada debajo de unos escombros en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez.
Tres hombres fueron condenados este jueves a prisión perpetua por el femicidio de Araceli Fulles, quien en 2017 fue hallada asesinada y con signos de haber sido asfixiada debajo de unos escombros en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez.
El fallo del Tribunal Oral en lo criminal (TOC) 3 de San Martín recayó sobre Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo, para quienes también se ordenó su inmediata detención, mientras fueron absueltos otros cinco acusados que habían llegado libres al debate.
Según el veredicto que se leyó esta tarde, y que fue acompañado por la emoción del público, los tres fueron considerados coautores del «homicidio agravado por mediar violencia de género» en perjuicio de Araceli.
La audiencia comenzó a las 16.30, en los tribunales situados en avenida Ricardo Balbín 1753, de San Martín, en el noroeste del conurbano, donde minutos antes del inicio de la misma, la madre de la víctima, Mónica Ferreyra, repartió globos violetas.
«Los amo hijos. Se hizo justicia».
Mónica Ferreyra, madre de Araceli.
Fuente: Tiempo argentino y Telam
Este viernes, con un gran acto, se
lanzará un espacio social y político
donde se entretejen las luchas
piqueteras: nace la Coordinadora
por el Cambio Social
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Vienen ganando las calles juntas y juntos desde hace un largo tiempo, han pasado todo tipo de dificultades, sobre todo las que nacen a diario cuando se pelea por los derechos sociales de los y las más humildes y los de arriba ponen palos en la rueda. Son organizaciones que no se someten a la disciplina que siempre intentan ejercer los gobiernos de turno y por ello, muchas veces les han querido hacer pagar, infructuosamente, el precio de intentar aislarlas. Algunas de ellas fueron parte del Argentinazo del 2001, otras emergieron a la superficie como herederas de aquellos enfrentamientos con el poder, se curtieron en las duras refriegas ocurridas en el Puente Pueyrredón o en otras batallas contra uniformados de capitalinos o provinciales. Cuando los torean desde algunos de los ministerios a los que suelen movilizarse para reclamar reivindicaciones básicas de sobrevivencia, suelen darse ánimo entonando ese himno estremecedor para quienes lo escuchan desde la orilla de los ricos: «Pi-que-te-ros, carajo!».
La mayoria son jóvenes pero también los hay veteranos de muchas historias guerreras, políticamente hay algunas diferencias pero con colores parecidos, siempre desde abajo y a la izquierda: son antiimperialistas, anticapitalistas, antipatriarcales e internacionalistas. Algunxs votan en los comicios de la democracia burguesa, otrxs no, pero eso no los separa, aunque sí vale aclarar que casi todos estos nucleamientos han sufrido escisiones varias que suelen generar nuevos grupos de militancia, más grandes, más chicos, pero casi todos dentro de la sintonía del campo popular.
Hasta hoy se los conocía como Frente de Lucha y como tal participaron antes, durante y después de la pandemia en manifestaciones multitudinarias por todo lo que hay que reclamar y contra todo lo que hay que confrontar, desde el FMI y la deuda odiosa e ilegitima hasta las políticas represivas del gatillo fácil o la represión policial y también los femicidios. Desde la recuperación de tierras en Guernica hasta las grandes marchas por la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, entre muchos otros y otras, hasta los actos en junio, que todos los años recuerdan a Maxi y Darío, fusilados por la Bonaerense.
Ahora han decidido lanzar, todxs juntxs la Coordinadora por el Cambio Social, y lo harán este viernes con un importante acto de masas en el Parque Lezama, donde habrá bullicio murguero, actividades culturales varias, discursos breves, saludos, y se presentará un manifiesto constitutivo para afianzar las luchas por venir. Y el sábado seguirán encontrándose en un plenario federal a realizarse en un polideportivo bonaerense para analizar y discutir tácticas para el presente y estrategias a futuro.
La Coordinadora está integrada por: el Frente Popular Darío Santillán-Corriente Plurinacional, Igualdad Social, Frente Arde Rojo-Marabunta (FAR), FOB Autónoma, Organizaciones Libres del Pueblo-Resistir y Luchar, Movimiento 8 de Abril, Frente de Organizaciones en Lucha, MULCS, Izquierda Latinoamericana Socialista
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados
de Uspallata en estado de alerta y
movilización
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata se declara en estado de alerta y movilización, en virtud de la modificación de la Ley Provincial 7722 impuesta por un reciente fallo de la Corte Superma de Justicia de la Nación, a instancias del lobbying corporativo de la megaminería.
Esta modificación permitiría aprobar la explotación de Minera San Jorge, que ya ha sido rechazada en todas las instancias legales y administrativas a las que fue sometida y que no tiene licencia social, ni en Uspallata ni en el resto de Mendoza.
Ante una nueva avanzada del extractivismo, exigimos:>>>
A la Legislatura de Mendoza: el urgente tratamiento y sancion del proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expte 65858-D-2014.>>>
Al Gobierno de Mendoza: el inmediato archivo definitivo del informe de impacto ambiental de Minera San Jorge, Expte electronico EX-2019-06079108- -GDEMZA-DMI#MEIYE, que hace más de un año y medio se encuentra en guarda transitoria.>>>
A la Municipalidad de Las Heras y el Concejo Deliberante: la restitución inmediata de la Ordenanza Ambiental Minera 12/16, que fuera sancionada por unanimidad y vetada por el intendente Orozco.
Solicitamos al Pueblo de Mendoza y organizaciones sociales todo el apoyo y la movilización para difundir en todos los ámbitos, medios, redes, comunicados e instancias decisivas, nuestro proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas y exigir su aprobación.
Este proyecto es la única herramienta probadamente efectiva con que contamos hoy para terminar de manera definitiva con el plan devastador de Minera San Jorge, que amenaza las fuentes de agua de nuestro Valle y de todo el Oasis Norte donde vive la mayor parte de la poblacion de Mendoza.
Por eso en Uspallata decimos:
>>> La 7722 no se toca
>>> NO a Minera San Jorge
>>> SI al Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
FUENTE: Federico Soria
Sociedad Rural vs. Guardianas del
Territorio Ancestral Mapuche
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Hace más de veinte años que la comunidad Catriman Colihueque vive en la zona de Laguna Larga, lindera al Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina.
Los terratenientes Alejandro Samame y Nahuel Serra montaron una causa judicial contra Gloria Catriman Colihueque, miembro de la comunidad, para meterla presa y quedarse con sus tierras.
El IAC (Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural) debería haber realizado inspecciones y constatado la presencia de Isabel y su familia en el campo, previa a la venta de estas tierras que son fiscales, sin embargo no lo hizo.
Dos mundos confrontan sus derechos:
Los que se han privilegiado con el racismo sistémico, se han alimentado y enriquecido con la impunidad, reclaman su derecho a seguir despojando, desalojando y criminalizando a nuestro pueblo.
Y nuestra hermana Gloria representa la fuerza y dignidad de miles de mujeres indígenas que han encarnado una resistencia silenciosa y solitaria por preservar su derecho a la tierra y a la identidad.
Han sentado en el banquillo de los acusados a la persona equivocada. Gloria Colihueque Catriman es una mujer Mapuche, trabajadora, humilde y hacedora, guardiana de su territorio y de su familia.
En estos empresarios se encarna un modelo de país que se siente amenazado, no por esta humilde lamngen, sino se siente amenazado por una fuerza creciente asumida por las mujeres del planeta, así como el pueblo mapuche, y los renuevos generacionales que ya no admiten la estructura dogmática y genocida de Julio Argentino Roca en ningún resquicio de los territorios.
Fuente: Movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir
Marcharon a Plaza de Mayo contra
el pago de la deuda y el FMI
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Miles de manifestantes marcharon este jueves a Plaza de Mayo para testimoniar su repudio al pago de la deuda que ya está haciendo el gobierno, y además para denunciar a la dictadura del Fondo Monetario Internacional que embarga países con total impunidad. Llamada por la AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA, la movilización reunió a numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas que una vez en la Plaza expresaron su descontento con el rumbo de total dependencia económica que lleva adelante la actual administración.
Comunicado:
Todo lo que le falta al pueblo, se lo lleva la deuda. «Es ahora, en medio de la grave crisis socio-sanitaria y ecológica, enfrentando con la resistencia y luchas de los pueblos de nuestro país los costos de este sometimiento. Al cumplirse además un nuevo aniversario del derrocamiento del proyecto del ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas – y de coincidir con las movilizaciones del pueblo de Chubut todos los 4 contra la megaminería, recordamos que la movilización popular es nuestra fuerza.
En estos días, el hermano pueblo ecuatoriano se ha movilizado contra un brutal aumento de los combustibles impuesto por el gobierno de Lasso, para cumplir con las metas que le impone el acuerdo con el Fondo Monetario. La grave situación de las deudas de medio centenar de países en todo el mundo permite la posibilidad de una acción conjunta de los pueblos y ese debe ser nuestro derrotero.
Por eso llamamos a todas las organizaciones populares a construir una férrea unidad en acción para impedir que este sistema de deuda eterna continúe avasallando al país y dejándonos sin presente ni futuro. Como parte de una pelea mayor, las de todos los pueblos oprimidos contra el dominio de la usura financiera internacional y las potencias imperialistas».
¡Fuera el FMI!
¡Viva la lucha de los pueblos contra los planes de ajuste y las fraudulentas deudas externas!
¡Vamos por más unidad para enfrentar a los usureros de nuestros países, nuestros trabajadores y nuestros pueblos!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
Realizaron concentración exigiendo
justicia por Guri Farfán, asesinado
por la policía
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Fotos: Juan Cicale
JUSTICIA POR GURI FARFÁN ASESINADO POR LA POLICÍA DE SALTA EN 2019NO AL TRASLADO DE LAS MUESTRAS A BUENOS AIRES
Familiares, amigos y organizaciones se concentraron en Buenos Aires, frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el miércoles 3 de noviembre, para exigir ser atendidos por el funcionario responsable del área en reclamo de justicia.
Inicialmente fueron atendidos en la vereda por el funcionario Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la secretaría de derechos humanos. Rapetti sostuvo que el tema no era de su incumbencia y que los familiares se dirigieran a la sede ubicada en la Esma, sin contemplar la distancia que media entre el ministerio y dicho predio ni considerar que los familiares habían viajado a CABA desde provincias tan alejadas como Salta, Córdoba y Buenos Aires. Ante la insistencia de Jorge Farfán, padre de Guri Farfán, este señor accedió a llamar al responsable del área, Mariano Przybylski, director nacional de políticas contra la violencia institucional. Una hora después llegó este director y se improvisó otra reunión en donde acordó recibir a Jorge Farfán el día viernes 5.
Esta entrevista también tuvo lugar en la vereda del edificio de ministerio, y también los familiares tuvieron que escuchar justificaciones burocráticas y explicaciones insustanciales.
Se reproduce el informe de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la Provincia de Salta:
¡BASTA DE MANEJOS TURBIOS DE LA JUSTICIA!
Desde la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la Provincia de Salta rechazamos el envío de las muestras biológicas de la causa por el asesinato de “Guri” Farfán a la Ciudad de Buenos Aires. Y seguimos señalando que Guri murió torturado por la Policía de Salta en la Comisaría del barrio Santa Ana 1 el 8 de febrero de 2019. Una muerte más a manos del aparato represivo en cuya investigación hubo encubrimiento y manipulación desde el principio.La familia de Guri presentó un escrito oponiéndose al envío de muestras de orina, sangre, humor vítreo y pool de vísceras al laboratorio de la morgue judicial de la Corte Suprema de la Nación en Ciudad de Buenos Aires, habilitado por el Juzgado de Garantías 6 a pedido del nuevo fiscal de la causa Leandro Flores.
Todo el mundo sabe que en ciencia forense las muestras pierden fidelidad cuando pasa el tiempo. Ni siquiera tenemos seguridad de que las muestras que van a enviar son las de Guri, y la familia nunca tuvo acceso a la cadena de custodia de esas muestras.A más de 2 años de ocurridos los hechos, el asesinato de Jorge “Guri” Farfán sigue impune y la justicia de Salta aún no determinó cómo y porqué fue asesinado. Los fiscales quisieron llevar el caso a una discusión técnica, para avalar la teoría de que la causa de muerte habría sido provocada por un edema pulmonar y paro cardio -respiratorio, atribuido al consumo de drogas (alcohol, cocaína y restos de marihuana).
Sin embargo los primeros análisis de la autopsia realizada al cuerpo de Guri dieron negativo y marcaron que no había registro dosable de drogas. Allí un informe del médico Marcos Cabezas dijo que la causa de muerte era traumatismo de cráneo, certificado en el encéfalo hematoma y en el edema cerebral que le produjo micro-hemorragia en sustancia blanca, ambos elementos certificados en aquella oportunidad.El Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta (CIF) no puede afirmar que Guri murió de intoxicación porque no hay elementos que así lo certifiquen. Aún si hubiera habido algún consumo detectado tampoco existe un análisis cuantitativo de droga en la sangre para saber qué dosis tenía el joven y si era letal. Y lo que no hizo a tiempo la justicia salteña ahora nos quieren hacer creer que lo va a hacer a destiempo la justicia porteña. La inconsistencia del planteo del CIF en la causa de Guri estuvo claro en la junta médica realizada hace 2 años, donde estuvieron presentes el traumatólogo Miguel Matteo, sugerido por el Colegio de Médicos de Salta, y la médica del Servicio Médico Forense del Poder Judicial, Ana María Vega. Pero si la familia de Guri no hubiera puesto un perito de parte la teoría oficial hubiera pasado sin cuestionamientos. Porque quedó claro que Guri tenía golpes, hematomas y escoriaciones en la cabeza, en el cuello y en el pecho. Tenía morado en la zona pectoral, golpes en la cabeza y sangre en la nariz. Esos elementos fueron agregados a la junta médica pero para la fiscalía no tenían relevancia porque según ellos “los golpes no eran de una envergadura tal para causarle la muerte a una persona».
Ocultan los fiscales que en el primer informe un médico afirmó que la causa de muerte fue traumatismo de cráneo y de tórax. Y se dedican todo el tiempo a ensuciar a la víctima buscando una causal de intoxicación que no existió y que hoy es incomprobable por el paso del tiempo.En aquella junta médica realizada en 2019 el perito de parte de la familia de Guri, Benito Mena, desarrolló que las lesiones traumáticas leves o moderadas pueden provocar la muerte, aunque en casos muy restringidos cercanos al 1% de los casos, y que su efecto fisiopatológico provoca resultados de infarto de corazón o bien edema pulmonar o cerebral, lo cual sería la causal de muerte. A su vez, Mena explicó que tal mecanismo es similar a la causal de muerte en un caso de abuso de drogas, pero en este caso el análisis anatopatológico y toxicológico practicados al cuerpo de Guri dieron por resultado que no había restos letales de drogas en su cuerpo. Sin embargo, y aún con el análisis de orina que no puede indicar la cantidad de droga pretendida por los fiscales y descartaría que la muerte haya sido producida por intoxicación, con el de sangre que se realizó a los 8 meses y no es valedero, además del análisis de humor vítreo que dio negativo de cocaína y el de pool de vísceras que no se realizó, y con las lesiones visibles en el rostro, en el cuello y en la cabeza, evidentemente producidas por traumatismos practicados por los agentes policiales que lo detuvieron, los peritos del Estado salteño se niegan a aceptar que a Guri lo mató a palos la Policía de Salta.
En ningún momento explican cómo pudo morir de sobredosis un chico joven y sin antecedentes médicos de patologías cerebro-vasculares, cuyos análisis no arrojan elementos que puedan servir a la teoría de la muerte súbita por intoxicación. Y se niegan a reconocer que la base de las lesiones que presentaba el cuerpo, los traumatismos en ojo y pómulo y cerebrales, son el único elemento que determinaría la posibilidad de una causal formal de muerte en el marco de una detención violenta de parte de las fuerzas de inseguridad.Un registro de la junta médica realizada puede verse en HYPERLINK «https://www.youtube.com/watch?v=MJes7CNCLLY…» https://www.youtube.com/watch?v=MJes7CNCLLY…Y en el hipotético caso de que Guri haya consumido estupefacientes la noche en que murió no significa que haya muerto por causa de ese consumo y mucho menos justifica su muerte a palos en la comisaría de Santa Ana. Los análisis técnicos no profundizados en el primer momento de la causa tienden a parecerse a un ocultamiento de elementos para determinar la causal real de muerte, más que a una determinación científica fehaciente de cómo y por qué murió Guri. Y justamente no pueden volver a realizarse pasado tanto tiempo porque no pueden llegar a determinar con seguridad elementos no generados al inicio de la investigación. Y aquí entra en juego una cuestión política: la creciente “cientifización” de la impunidad, que nos presenta nuevas maneras de construir sentido sobre el accionar de las fuerzas represivas.
Recordemos que en el caso de Santiago Maldonado el juez Gustavo Lleral intentó cerrar la causa tras 27 meses de pesquisas y trató de hacer pasar la “teoría del ahogado” imponiendo que en el hecho no hay delito que perseguir. A 3 años de impunidad en el caso de Santiago la causa no tiene juez, el gendarme Emanuel Echazú fue desprocesado y la investigación está paralizada. El Estado nunca explicó el acomodamiento caprichoso de la causal de muerte de Santiago entre el paro cardio-respiratorio por el frío o bien el ahogamiento, la imposibilidad de que el río hubiera ocultado y/o arrastrado desde caudal arriba el cuerpo, la no coincidencia plena de elementos microscópicos en el agua y en el interior del cuerpo, así como la ausencia de signos de arrastre o marcas que presentaba el cuerpo habiendo sido encontrado en un lecho plagado de ramas y raíces.En el caso de Facundo Astudillo Castro las definiciones de la jueza Gabriela Marrón y del fiscal Santiago Ulpiano Martínez se encargaron de minimizar los elementos que llevan a la certificar la muerte por politraumatismos que pueden incluir submarino seco (del cual resulta el “diente rosa”) y el descarte del cuerpo de parte de los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca. Como siempre se obliga a la familia como querella a explicar que hicieron los responsables en cada momento, cuando es el Estado quien tiene que dar explicaciones.Y en el caso de Guri, como en tantos otros, las respuestas del Estado son inconsistentes.
Las preguntas elementales que toda autopsia debe proponerse dilucidar son cuándo, dónde, cómo y por qué murió una persona. Pero la historia demuestra que, en los casos de muertes traumáticas en lugares de encierro como cárceles y comisarías, como en las desapariciones forzadas seguidas de muerte, donde los cuerpos fueron manipulados, deformados y hasta destrozados, esas respuestas son más que esquivas.Por eso el 3 de noviembre por la mañana nos vamos a estar manifestando frente al Ministerio de Justicia de Nación en la Ciudad de Buenos Aires exigiendo una investigación seria, cárcel común a los responsables, que se aparte a los policías asesinos de Guri.
La verdadera justicia no depende de ninguna sentencia sino de nuestra propia capacidad para seguir luchando en contra de este sistema perverso.Juicio y castigo para los asesinos de JORGE GURI FARFÁN y de todas las víctimas asesinadas en manos de la policía de Salta y de todo el país.
¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
Ni un pibe , ni una piba menos , ni una bala más.
¡BASTA DE MUERTES Y TORTURAS EN CÁRCELES, COMISARÍAS E INSTITUTOS DE MENORES!
La vida está en otra parte: a cinco
años de la absolución de Fernando
Carrera
Por Paulina Tarantino, Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
“La causa aún está impune y seguimos pidiendo justicia para las víctimas y para mi papá”, dijo Jennifer Carrera, la hija del hombre que erróneamente perseguido y herido por una balacera policial atropelló a tres personas y estuvo más de siete años preso por la llamada «Masacre de Pompeya». La joven que entonces tenía doce años, ahora es abogada y en diálogo con Perycia cuenta cómo su familia siguió adelante, aunque todavía el miedo no los abandona y la justicia, falta.
Foto de portada: Jennifer hace dos años en su egreso, con Fernando y su mamá. | Foto: Gentileza de @carreraabogada
En el lugar del país donde decidió volver a empezar, Fernando Ariel Carrera descansa. Se podría decir que tiene suerte porque duerme en la habitación que comparte junto a su compañera de vida y no en una celda carcelaria, como lo hizo durante siete años y medio. Ahora, además, tiene menos miedo: se levanta a la mañana, abre su taller y se pone a trabajar. Nadie lo conoce o lo conocen, sí; pero no saben sobre la trayectoria que hizo la bala que le cruzó la mandíbula. Solo ven la cicatriz, hundida en su maxilar derecho, amenazándole la sonrisa.
Al menos ya no le explotan molotovs en el portón de la casa familiar o tiene que desconfiar de la custodia policial que lo sigue. Está un poco más tranquilo.
Todo esto lo cuenta Jennifer, su hija. Porque Fernando ya no quiere recordar. Una semana atrás, se cumplieron cinco años desde que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió por los delitos de robo, homicidio, lesiones culposas y portación de arma por los que había sido condenado en la causa conocida como la “Masacre de Pompeya”. Supuestamente es libre.
¿De qué?
Nadie pagó por los ocho balazos que recibió en la corrida mortal por avenida Sáenz. Ningún Estado o persona física hasta el momento afrontará los gastos de la cirugía de reparación estomacal que tiene pendiente, hoy, dieciséis años y nueve meses después. Tampoco alguien le devolverá los más de siete años que pasó encerrado en Marcos Paz preguntándose: “¿en el lugar de quién estoy?”.
Y lo más importante, no hay responsables penales por la muerte de los tres peatones que Carrera arroyó —inconsciente, tras ser herido por una bala de plomo— con su Peugeot 205 en el mediodía del 25 de enero del 2005 en la Ciudad de Buenos Aires. El ruido de los cuerpos sigue resonando contra el capot.
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Jennifer Carrera tiene 27 años. Es abogada y es parte del equipo interdisciplinario del programa Acceso a la Justicia. “Creo que el haberme rodeado de abogados desde tan chica y todo lo que pasó con mi papá tuvo que ver con que eligiera esta profesión”, cuenta la joven que, como su padre, prefiere reservar los datos que pudieran exponer a la familia.
Sin duda, la vida de esa nena de diez años dio un giro abrupto cuando ocurrió la masacre. “Yo lo vi por la tele, reconocí el auto todo chocado y lo primero que pensé era que mi papá estaba fallecido”, recuerda. Es que su familia se enteró por los medios de comunicación de la tragedia, y los primeros relatos del periodismo —e incluso los que mantuvieron hasta mucho tiempo después—, avalaron la versión policial de que un delincuente, escapando de la policía, había atropellado y dado muerte a una mujer y su pequeño hijo y a otra mujer más.
“Recién pude quedarme tranquila a los diez días cuando mi mamá nos llevó a Devoto para verlo; recién ahí les creí que estaba vivo”, cuenta Jenny. “Ese día fue el más triste de mi vida; lo encontré bastante desmejorado, con toda la cara lastimada y los dos brazos enyesados. Recuerdo que se esforzaba por charlar con nosotros como si fuera un día normal, pero no lo era”, expresa.
Foto: Gentileza de @carreraabogada
«La perrita de la foto es el cable a tierra de mi papá y se llama Vilma», cuenta Jenny
Esa mañana de 2005, la vida cambió en cuestión de horas para Jenny y sus hermanos Nicolás y Fabricio y para Guadalupe, su mamá. Siendo Fernando el sostén económico de la familia, debieron mudarse de localidad para que unas tías pudieran cuidar de los pequeños mientras su compañera trabajaba fuera de casa. También se cambiaron de escuela y vendieron el auto para pagar el primer abogado. “Mi papá era muy presente, me llevaba a la escuela, me iba a buscar, me llevaba a natación, se disfrazaba para los actos y si tenía que pintarse los labios mientras jugaba con nosotros, lo hacía. Así que no lo tuvimos más; ni en los cumpleaños ni en nada; fue difícil”, dice.
Sin embargo, la pelearon, “gracias a la fuerza de mamá que golpeó cien puertas, se le cerraron noventa y cinco, pero abrió las cinco indicadas”, dice con orgullo. Ese fue el tiempo en que conocieron al abogado del Programa Anti impunidad, Federico Ravina, y la perspectiva de que se trataba de un caso de gatillo fácil comenzó a sonar en una causa que estaba armada por la Policía Federal y, hasta entonces, parecía haber triunfado.
“Por suerte apareció él (Ravina) que no sólo fue un estupendo profesional, sino que tuvo la amabilidad de representar a mi papá de manera gratuita y no dudó en pisar la calle cuando había que hacerlo para reclamar por la causa”, expreso Jennifer. Fue el comienzo para que escucharan a la familia y un recorrido de años hasta alcanzar la absolución de Fernando.
“En el camino, el cineasta y aviador Enrique Piñeyro también nos dio una mano enorme al exponer todo lo que había ocurrido en relación a la persecución policial y cómo le habían plantado el arma para que pareciera que mi papá estaba escapando de un robo”. El documental El Rati Horror Show muestra cómo se fraguó el expediente. Desde la alteración de la evidencia en el lugar de los hechos hasta la manipulación de los testigos.
“Tal vez sea subjetiva, pero siempre le creí a mi papá, a mí nadie me tuvo que explicar nada, fui asumiendo lo que pasaba y nuestra nueva realidad, pero creerle siempre le creí”, sentencia Jenny.
El papá de Jenny recuperó la libertad en junio de 2012 cuando la Corte Suprema de Justicia revisó el caso, declaró arbitrario el fallo que lo condenaba a treinta años de prisión y pidió su revisión. Faltaban cuatro años más para que en 2016 finalmente lo absolvieran. En este segundo fallo, el máximo tribunal consideró insuficiente la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que después de la primera decisión de la Corte solo redujo la pena de Carrera a la mitad, pero no revisó los testimonios policiales «a la luz de su posible interés en encubrir una actuación, cuando menos, antirreglamentaria».
Jenny conoce toda la causa…desde los doce, cuando había decidido ser abogada.
Según pudo probar la defensa, el día de la masacre, la policía confundió a Carrera con un ladrón al que estaban buscando y un grupo de efectivos policiales vestidos de civil a bordo de Peugeot 504 oscuro, sin ningún tipo de identificación, intentó detenerlo realizando disparos, uno de los cuales le impactó en la mandíbula. Ya herido, Carrera siguió su marcha en estado de inconsciencia por la avenida Sáenz y embistió a tres personas que perdieron la vida. Una vez que el 205 que manejaba se detuvo, sus perseguidores desataron una balacera sobre él. Carrera fue trasladado al hospital Penna donde se negaron a atenderlo, y luego, lo operaron en el Rivadavia. Mientras tanto, la policía al notar que lo habían confundido y habían provocado una masacre plantó un arma en su vehículo.
En octubre de 2016, cuando la Corte lo absolvió, Jenny creyó en la justicia todavía un poco más y se dijo ´voy a ayudar a gente como él´.
“Ahora lo veo bien, es un tipo que se ríe, que cuenta chistes, que tiene su trabajo y al que no sé cómo hace, pero no se le nota”, subraya. “Lo que pasó es parte de nuestra historia, es la parte más triste, pero es mejor seguir luchándola con mi papá afuera que preso, y vamos a seguir reclamando para que la causa no quede impune”, recalca. “Ni bien mi papá fue absuelto, la justicia no se preguntó ´quién es el culpable si esta persona no fue´. No hay responsables penales por los tres muertos ni por un inocente preso por casi ocho años”, finaliza.
En 2015 la familia Carrera demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios; pero no hay avances al respecto, la causa civil está estancada, advierte Jenny.
¿Cuánto más?
Foto: Gentileza de @carreraabogada
Fuente: ANRed
Mendoza vuelve a las calles en
defensa del agua
Resumen Latinoamericano, 4 de noviembre de 2021.
Este miércoles miles de personas se movilizaron contra el fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional una parte de la ley que protege el agua de la provincia para favorecer a las mineras. Como en 2019, el agua se defiende en las calles.
Una vez más, la ley 7722, que protege el agua de Mendoza, se defiende en las calles. Ante el fallo de la Corte Suprema, que declaró una parte del artículo 1 inconstitucional, habilitando la utilización de sustancias contaminantes en emprendimientos mineros, miles de mendocinos y mendocinas salieron a las calles para decir una vez más que el agua no se negocia.
Organizaciones ambientales, sindicales, sociales y políticas se movilizaron este miércoles desde el KM0 provincial hasta la Legislatura. Como en 2019, cuando un pacto entre el PJ y la UCR quiso modificar la ley, la defensa de la ley estuvo en las calles.
Marcelo Giraud, referente de las asambleas por el agua, aseguró que «es esperanzadora esta inmediata y fuerte reacción del pueblo mendocino», en relación a la movilización. «Que le quede clarísimo a la casta política y el empresariado que la megaminería en Mendoza no tiene licencia social», concluyó el geógrafo.
El Sute, sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia, fue parte de la convocatoria. Laura Espeche, secretaria de Acción Social del sindicato destacó la participación del sindicato en la lucha por el agua: «Estamos acompañando desde el Sute en defensa del agua y los bienes comunes. Como trabajadores y trabajadoras de la educación sabemos que es imprescindible educar en la defensa del agua»
La lucha por la defensa del agua continúa. Desde su sanción en 2007, la 7722 ha sido blanco de ataques tanto del lobby minero como del PJ y la UCR, como denunció Lautaro Jimenez. Hoy es la corte, quien quiere avanzar sobre esta conquista del conjunto del pueblo mendocino que, una vez mas desde las calles, sale a defender su ley.
Fotos: Marta Salas – Texto: Izquierda diario
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