20 de enero de 2022

TROPEL 1 del 20.01.2022.

Ley Agroindustrial: la profundización

del modelo y más impactos ambientales

Por Damián Profeta, Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022.

Se espera que el Gobierno envíe el proyecto acordado con el Consejo Agroindustrial Argentino para aprobarlo en sesiones extraordinarias. Los objetivos de la iniciativa ponen en crisis los escasos compromisos ambientales sobre emisión de gases de efecto invernadero. La agroindustria habla de “buenas prácticas”, las organizaciones ambientales y campesinas denuncian: deforestación, agrotóxicos y quema de humedales.

Argentina quiere aumentar significativamente la producción y las exportaciones de productos agropecuarios en la próxima década gracias a un nuevo plan de incentivos al sector agroindustrial. En noviembre pasado, el Poder Ejecutivo nacional presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de «Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador», que prevé un conjunto de beneficios para inversiones agropecuarias, agroindustriales y forestales para los próximos diez años.

El proyecto fue creado a partir de un acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y los principales referentes de la agroindustria. Estimaciones del sector sostienen que con estas medidas de fomento se logrará un incremento de las exportaciones de 7000 millones de dólares y se crearán 150 mil puestos de trabajo en todo el país.

Sin embargo, sectores socioambientales expresaron su preocupación por el impacto que tendría en el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de Argentina. La agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra representan en conjunto el 37 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el último inventario oficial. El Gobierno iba a presentar un plan para alcanzar una economía neutra en emisiones en 2050 durante la última COP 26, pero no lo hizo por oposición del sector agroindustrial.

Plan agroindustrial de Argentina pone en duda metas climáticas — Foto: Carlos Brigo / TÉLAM

Un nuevo plan para la agroindustria

Para alcanzar esos objetivos, el plan propone un conjunto de beneficios, entre los que se destacan: amortización acelerada de las inversiones agropecuarias, que permite mayores deducciones impositivas los primeros años; recupero anticipado del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y pagos diferidos del Impuesto a las Ganancias para la cría de ganado.

Según el sector agroindustrial, estos incentivos y beneficios promoverán la inversión en mejores semillas, fertilizantes, maquinarias y tecnologías, que luego permitirían aumentar la producción agrícola y ganadera.

El proyecto es fruto de un acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y el Consejo Agroindustrial Argentino, una coalición de más de 60 instituciones ligadas al campo, que se propone “consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”, según su propia definición.

La iniciativa cuenta también con el apoyo de los principales partidos de la oposición y, de aprobarse, se espera que le dé un marco de estabilidad al sector y beneficie a pequeñas, medianas y grandes empresas y a productores de todo el país ligados a la agroindustria, responsable de gran parte de los dólares que ingresan al país por exportaciones.

La agricultura representa dos tercios de la producción agropecuaria, con alrededor de 100 millones de toneladas anuales destinadas al comercio exterior (principalmente soja, maíz, trigo y girasol) y la ganadería de carne y leche representa el tercio restante. La participación del sector en el total de exportaciones alcanzó el 67 por ciento y significó un ingreso total de cerca de 24 mil millones de dólares en los primeros seis meses de 2021.

Las repercusiones en el sector agroindustrial

“Creemos que este régimen de fomento va a permitir la compra de más maquinarias y equipos, más fertilizantes y más semillas con mejor genética, y todo eso va a derivar en una mayor producción con menor carga impositiva”, indicó Julio Calzada, director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por su parte, Elbio Laucirica, presidente interino de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), una organización que agrupa al sector agrario cooperativo, consideró que la ley -de aprobarse- “va a posicionar a la Argentina en condiciones mucho más ventajosas y en un lugar de privilegio en el mundo, no sólo en la generación de divisas, sino también en la generación de empleo en todo el país, con un buen impacto en las economías regionales”.

Mientras que Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), expresó que la iniciativa “no resuelve todos los problemas de la agroindustria, pero la mirada sobre el proyecto es positiva, ya que fomenta la inversión productiva agroindustrial con distintos incentivos”.

El objetivo inicial desde el Consejo Agroindustrial Argentino era mucho más ambicioso de lo que presentó el Gobierno, sostuvo Paseyro, pero “hubo que buscar puntos de acuerdo”. Dos de los temas que quedaron afuera fueron la rebaja o quita de los derechos de exportación (retenciones) y una mejora en el tipo de cambio. Paseyro espera que la propuesta se trate en el Congreso “lo antes posible” y confía en que el proyecto podrá mejorarse en el debate parlamentario, “sin que eso signifique modificar lo acordado con el Gobierno”.

¿Agricultura sustentable?

A pesar de que el plan se denomina “sustentable”, desde algunos sectores cuestionan ese carácter en el contexto de crisis climática, teniendo en cuenta que la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otros usos de la tierra representan en conjunto el 37 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, según el último inventario oficial.

En su Contribución Determinada a Nivel Nacional (conocida como NDC por su sigla en inglés), la Argentina se comprometió a no exceder emisiones netas de 349 megatoneladas de dióxido de carbono para el año 2030, lo que representa un recorte total del 19 por ciento de las emisiones con respecto al pico histórico alcanzado en 2007.

Argentina se comprometió también a alcanzar una economía neutra en emisiones en 2050. De hecho, estaba previsto que el Gobierno presentara el plan para alcanzar esa meta en la COP26 pero no lo hizo, luego de una oposición del sector agroindustrial a metas más ambiciosas los días previos al comienzo de la Cumbre.

El aumento previsto de la producción, «va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050» de la Argentina, puntualizó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado. Al respecto, María Marta Di Paola, directora de Investigación de FARN, señaló que la propuesta del Gobierno “representa una profundización del modelo agroindustrial y de sus impactos ambientales”.

“En este contexto, la agroindustria es víctima, porque sufre los embates de las sequías e inundaciones y es victimario, porque es el segundo sector en la matriz nacional de emisiones de gases de efecto invernadero”, fundamentó.

Para Di Paola, “hay que revisar este modelo como lo conocemos, con el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos, que secuestran carbono, y con el avance sobre los humedales”.

Los bosques, así como los humedales, son importantes reservorios de dióxido de carbono, uno de los principales gases que causan el calentamiento global. A nivel mundial, se estima que cerca del 20 por ciento de las emisiones globales se originan en el desmonte. Entre 1998 y 2018 se deforestaron 5,8 millones de hectáreas en Argentina.

“Además, hay que revisar los impactos socioambientales que tiene el uso de agroquímicos sobre la salud humana, sobre los cursos de agua y sobre la calidad del suelo”, agregó. En Argentina se utilizan alrededor de 500 millones de litros de pesticidas y herbicidas por año, de acuerdo a estimaciones de la ONG Naturaleza de Derechos.

Para FARN, el proyecto de ley debe ser sometido a un proceso de participación ciudadana en el que los distintos actores puedan expresar su preocupación en torno a sus implicancias ambientales. “Creemos clave el fomento de la agroecología, que puede mitigar los impactos ambientales que tiene el modelo agroindustrial”, finalizó Di Paola.

La agroecología promueve la producción agrícola conservando los recursos naturales elementales de la producción de alimentos tales como el suelo, agua y biodiversidad. En Argentina, diversas organizaciones la impulsan, como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que nuclea unas 22.000 familias productoras de alimentos en 18 provincias.

Para Agustín Suárez, vocero de UTT, el nuevo plan agroindustrial del Gobierno “sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”. Suárez también propuso una expansión de la agroecología y pidió por un nuevo marco de ordenamiento territorial del sector agropecuario.

“Es un fomento del campo concentrado, con mayor uso de semillas transgénicas y agroquímicos y ampliar la frontera agropecuaria a costa de bosques y comunidades enteras, como lo vienen haciendo hace ya cuatro décadas. Todo es pérdida para el pueblo argentino”, razonó.

La mirada de la agroindustria

Elbio Laucirica, de Coninagro, manifestó que para aumentar la producción agroindustrial no necesariamente hay que aumentar la superficie de explotación, sino “invertir en tecnología”, y que la iniciativa oficial facilita esa inversión. Asimismo, explicó el significado del concepto de “sustentable” en la propuesta, con variables sociales, económicas y ambientales.

“Lo social implica promover el arraigo a la tierra y dar los servicios que necesita el productor en las áreas rurales. Lo económico tiene que ver con la generación de renta para producir inversiones. Y desde el punto de vista ambiental, Argentina está a la vanguardia con la siembra directa, economizando agua, uso de combustibles fósiles y emisiones de carbono,” sostuvo.

En tanto, Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario, destacó que el sector agroindustrial participa activamente en la reducción y mitigación de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Calzada destacó dos programas a tal fin. El Programa Argentino de Carbono Neutralidad que calcula la huella de carbono de cada sector y certifica el balance de carbono de productos de exportación, y el programa de la Plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco (Visec), que tiene por objetivo disminuir la deforestación en el Gran Chaco con certificaciones de productos “libres de deforestación” para los mercados internacionales.

Alfredo Paseyro, de la Asociación Semilleros Argentinos, aseguró que el sector tiene “un compromiso con la sustentabilidad, con buenas prácticas y cumpliendo los estándares internacionales y lo que demandan los compradores, que ponen sus condiciones y propios estándares ambientales”.

“En el campo siempre decimos que tenemos en préstamo la tierra, que le tenemos que dejar a nuestros hijos y eso es una responsabilidad que va más allá de cualquier manual de buenas prácticas ambientales”, concluyó Paseyro.
Para Laucirica, el sector tiene un gran desafío por delante. “Tenemos que concientizar al productor, capacitar en tecnologías al productor y a su personal y controlar. Necesitamos que desde el Estado se hagan los controles necesarios y que nos puedan certificar para que la sociedad se convenza de que estamos haciendo bien las cosas”, sintetizó.

Fuente: Agencia Tierra Viva

Memorias del des-trabajo

Por Ignacio Pizzo (*), Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022.

Desde tiempos remotos y según su etimología, la palabra trabajo deriva del latín tripalium, que era una herramienta parecida a un cepo con tres puntas. Se usaba inicialmente para sujetar caballos o bueyes y así poder herrarlos y luego fue instrumento de tortura para castigar esclavos o reos. De ahí que tripaliare significa “torturar”, “atormentar”, causar dolor.

Los tiempos han cambiado. Actualmente dolor y tormento son consecuencias que genera la falta de trabajo en el mundo que decidimos habitar.

Pongamos como ejemplo a Jorge, trabajador fabril. En el año 1979 cerró la fábrica automotriz que lo empleaba. Tenía 38 años y dos hijos, uno de cuatro años y una niña de seis. Su compañera y madre de sus hijos era ama de casa. Con lo que pudo rescatar de una indemnización injusta logró armar un pequeño kiosko en su casa, para subsistir. Nunca pudo colocarse nuevamente como operario de una automotriz.

La historia de Jorge es el corolario de nuestra historia de país, cuyo empobrecimiento sistémico vale la pena subrayar.

Más de la mitad de nuestros niños, niñas y adolescentes han cruzado la línea del ingreso insuficiente y son los protagonistas sufrientes de nuestro indemne, impertérrito e inconmovible mecanismo de expulsión hacia la nada.

La pandemia aceleró el proceso y las cifras de nuestro país siguen ocupando pantallas, mostrando esa “deuda de la democracia”, más desocupados, más pobres, más indigentes. Deuda que decide no pagarse porque se paga la hipoteca para seguir hipotecados. La inflación que infla precios y devalúa salarios y moneda, sigue su proceso fordista de fabricación de pobres, la única fábrica que no baja sus persianas.

La involución podríamos tomarla desde un punto de partida arbitrario: año 1974 (debido a que no hay registros de años previos), donde el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza era del 4.4% y en cuanto a la indigencia el número porcentual era del 1.7%. No fue un efecto colateral. Entre los años 1974 y 1981 la tasa de desocupación pese a períodos de ajuste económico, era del 5%.

Historias

Desde finales del genocidio dictatorial argentino, con complacencia civil, eclesiástica y económica, la tasa de desocupación tendió al crecimiento y junto con ello la tasa de pobreza e indigencia. Exceptuando algunos períodos de bajas parciales.

Con efecto tardío fueron llegando los parches para cubrir las rajaduras de una represa incontenible, en cuyo puente se sitúan caudillos y sátrapas del desastre, fingiendo conmoción por las consecuencias horrorosas producto de sus propias actividades espurias.

La caja PAN de los 80, seguros de desempleo de la infame década del 90, planes trabajar, planes jefes y jefas de hogar, subsidios de diversa índole.

El punteraje pejotista y la complicidad opositora, falsamente indignada, pero que copia y pega, se valieron de los planes sociales, para ejecutar a discreción el verdadero proyecto despojador, con generación de clientela cautiva que, según la lógica de la mafia, administra la miseria en los territorios de incertidumbre y devastación planificada. Desde que se implementaron, en esos fatídicos años de pizza y champagne, donde la realidad fue reemplazada por la máscara, el ascenso en números de desocupados y en desamparos fue imparable.

Las sobras del banquete se derramaron y ante la medición de encuestas pre o post electorales, la mano que derrama regula el flujo de dinero estatal, acelerando la impresora o deteniéndola según las órdenes del virrey neocolonial que es el que verdaderamente reina y gobierna.

La historia disipa las sombras, y por más que los vencedores la escriban, los verdaderos protagonistas la realizan. El des-trabajo que simula trabajo ha dejado de ser un plan de emergencia. Porque cuando el consensuado statu-quo sangra y drena su material purulento hay que hacer algo con los excedentes demográficos que el mismo sistema no logra matar.

Data del año 1996, primeros planes de empleo, con piquetes y puebladas en Cutral-Có y Plaza Huincul, en Neuquén. La privatizadora ola regaló la bandera de YPF que pasó a ser privada. El menemato abrió la mano, por los incesantes conflictos en aquella región.

Se reprimía a los desempleados. El Gobierno de aquel entonces creó el Programa Trabajar: un subsidio que tenía una duración de entre 3 y 6 meses. Al año siguiente el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde lanzó el Plan Barrios Bonaerenses. Otros gobernadores implementaron similares programas, los cuales se diseminaban por medio de los intendentes y punteros del PJ.

En el año 1996, los datos hablan de cerca de dos millones de desocupados. Se otorgaron 118 mil planes. Distribución de la migaja, propia de aquellos años, pero que dejó precedentes para ulteriormente hacer del reparto de la miseria, una costumbre.

Quienes lograban acceder a dicho subsidio eran los que conocían al puntero de turno o tenían cercanía con la estructura del Estado.
Aquellos que quedaban sin acceso a estos subsidios, por no tener contactos o por no acordar con el hecho de ser clientes del puntero esperaban al costado de la historia. Es así como surgieron los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), primero en el conurbano bonaerense y luego en otras regiones del país.

Alianza y derrumbe

El Gobierno de la Alianza bajó notoriamente el número de planes y subsidios. “Su mayor volumen se había alcanzado en octubre del año 1997 con 206 mil planes Trabajar, pero ese número no volvería a repetirse sino hasta mayo del 2002”, dice la socióloga Maristella Svampa: “El recorte profundizó la protesta social, ya que dejó sin recursos no sólo a los piqueteros, sino también a la estructura de punteros del PJ.”

La gestión de la Alianza aceleró el desmembramiento y la fragmentación social, a tal punto que muchos MTD y algunos intendentes del conurbano realizaban las protestas en conjunto. Un botón de muestra fueron las fuertes movilizaciones en La Matanza en 1999.
Una segunda novedad se agregó poco después. En competencia con el peronismo, la Alianza resolvió no distribuir los subsidios exclusivamente a través de los intendentes, sino también de manera directa a los vecinos que se organizaran y armaran una ONG.

A partir de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001 y de la mano de las grandes movilizaciones de los meses previos, apoyado en el clima favorable que había generado la propuesta del Frente Nacional contra la Pobreza –que plebiscitó la creación de un seguro de empleo y formación para todos los desocupados– los programas se incrementaron. Inclusive se planteó la Asignación Universal, cuyo nombre no tenía tal denominación, pero en el mientras tanto, era una proclama para intentar erradicar el hambre junto con el Movimiento Chicos del pueblo. La consigna y la campaña contra el hambre, denunciando su criminalidad y actualizando y renovando la propuesta de “ni un pibe menos”, eran banderas levantadas por las organizaciones sociales, sindicatos y centrales gremiales que en aquel momento parecían no pelear por cargos dentro de un sindicato ni esbozar aspiraciones electorales.

El plan Jefas y Jefes de Hogar, lanzado en enero del 2002 durante la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá y concretado finalmente por Eduardo Duhalde, se extendió a dos millones de beneficiarios.

Para conseguirlo, ya no fue necesario pertenecer a determinado partido u organización –al menos en papeles– sino reunir tres condiciones: no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener hijos en edad escolar.

Posteriormente el período de 12 años kirchnerista y los 4 años del macrismo devastador, no lograron o no quisieron revertir la historia, profundizando el des-trabajo como política.

Planeros

Pandemia mediante, elecciones de medio término, profesionales del panelismo, profieren desprecio a punto tal que “planero “pasa a ser el nombre con el que las caras y caretas de una sociedad decide aumentar la curva de odio de manera vertical y con mayor celeridad que la de contagios de covid-19. Planero, negros, cabecitas negras, siempre el despreciado es el mismo actor de reparto, en un teatro del horror donde los poderes fácticos actúan como si su responsabilidad dentro del guion no fuera tal.

Frases hechas: “el trabajo es salud”, “el trabajo dignifica”, parecen haber quedado en slogans humorísticos. A ojos vista, las medidas de emergencia, parece ser, han venido para quedarse. Los excluidos de los intercambios sociales, pero incluidos en la cadena electoral y de consumo son cada vez más. Son parte de esa marginalidad cuyo margen es cada vez más ancho a punto tal que ocupa la mitad de la hoja donde se escriben nuestras memorias colectivas cada vez más dolorosas. Los ejecutores de tal osadía han logrado con sobrada eficacia despojarnos de nuestra identidad trabajadora, convirtiéndonos en empleados, subempleados o desempleados. Tal es así que el flujo de dinero para facilitar el consumo, nos convierte en consumistas. Y la robada identidad como trabajador o trabajadora nos humaniza, nos provee el vestido de la dignidad para lucir persona. Loi Waquant habla de desproletarización en su libro “Los Condenados de la Ciudad”.

Los planes, que deberían ser una base, un piso desde donde empezar a construir, hoy son el techo aspiracional del estado, son las sobras del estado. Han crecido en una curva que no sabe de descenso, en forma directamente proporcional a la militarización folklórica permanente, que ante olas de la inseguridad ciudadana-según la denominación de la indiscreta ventana mediática-, no duda en rodear con uniformados los límites del margen de la excepción.

Sólo sabemos que Jorge que hoy tendría 80 años, falleció a los 57 años en el año 1997, quedaron su hijo que hoy cuenta con 46 años el cuál se emplea como ayudante de albañil de manera informal, su hija de 48 que vive en el mismo lugar con una hija de 20 y un nieto de dos años. Ella pudo acceder a un plan por el cuál contrapresta realizando la limpieza de las calles del barrio. Su hija está desocupada y no ha podido culminar su escuela secundaria y su niño de dos años cobra la asignación universal por hijo. No han logrado mudarse de barrio, ni mejorar demasiado las condiciones edilicias de su habitáculo, más que agregar habitaciones de manera vertical gracias a los conocimientos de albañilería de uno de los integrantes.

Cuatro generaciones que ejemplifican una historicidad que avanza sin contemplar a los caídos. La diferencia con el pasado radica en que los Jorge y sus descendencias se han multiplicado.

La Argentina cuenta con 3,8 millones de niños pobres por ingresos y con otras privaciones como el acceso a derechos fundamentales como la educación, la vivienda o las cloacas, según un reciente informe de Unicef en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Más de 4 mil villas en todo el país y se reitera en otra forma: 6 o 7 de cada 10 niños y niñas son pobres.

Si existe el sacramento de la penitencia para el catolicismo que se jacta del castigo celestial, si existen las imputaciones judiciales en la superficie terrestre, en ningún caso hay confesionarios o cárceles para los responsables directos e indirectos de este orden criminal.

Nuestra identidad será restablecida cuando logremos trazar nuevamente la ruta de navegación, para recuperar el trabajo, ya que dicha cuestión identitaria se define por nuestros aspectos culturales y por quienes nos rodean, pero también por lo que hacemos. Seremos, artesanos, expertos en algún oficio, artistas, profesionales, en fin, trabajadores, no simplemente empleados. Y nuestros hijos o hijas, serán precisamente identificados o identificadas por ese ser que asume su crianza. Se convertirán en futuros trabajadores por la reciprocidad de esa identidad. De lo contrario estaremos inmiscuidos en un naufragio eterno.

(*) Médico generalista- Casa de los Niños Avellaneda – Cesac N° 8, Villa 2124 CABA

Brigadistas en estado de alerta y

movilización

Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022.

Los y las brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de Parques Nacionales se reunieron en asamblea en la seccional de Río Villegas y expresaron que se declaran en estado de alerta y movilización.

El reclamo está dirigido a Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nación. La asamblea realizada decidió esperar hasta el miércoles a la tarde para que el ministro responda. Advierten que si no reciben una respuesta a sus reclamos realizarán una protesta sobre la ruta 40 para visibilizar el conflicto.

Los y las trabajadores elaboraron un acta con los cuatro puntos principales que reclaman: . El pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras y una recomposición salarial. . El reconocimiento como trabajadores de alto riesgo atendiendo a la tarea que desempeñan. . Como trabajadores de alta riesgo, que se contemple una jubilación diferenciada que les permita el retiro de manera anticipada.

La apertura de manera urgente de una mesa técnica para trabajar las estructuras del sistema de incendio. Los y las trabajadoras reunidas en asamblea denunciaron que a más de un mes del inicio del fuego no se haya instalado un campamento en la zona demuestra el mal manejo del operativo. Los y las brigadistas trabajaron, en los últimos días apagando los incendios en el sur de Bariloche a destajo, hasta que lo permitiera la luz. Los y las trabajadoras denuncian que no les llega el material de seguridad necesario o llega tarde. La situación rebalsó los ánimos cuando los brigadistas abocados a apagar los incendios del Lago Martín, cerca del El Bolsón, recibieron viandas «milanesas de pollo crudas, pan con moho y carne con sabor avinagrado», contaron los delegados de ATE.

Los delegados informaron que hay un malestar desde hace semanas por la desorganización en la entrega de materiales, ropa y comida pero que evitaron denunciarlo priorizando la situación del fuego. Juan Sepúlveda, dirigente de ATE del Parque Nacional Nahuel Huapi dijo que «con el agravante de trabajar mal, los compañeros no comen porque la comida llega a destiempo o es horrible o no está en condiciones para llevar un bocado a la boca, no llega cocida”. Los delegados denuncian que la desorganización «ya no se puede tapar». Los y las trabajadoras trabajan sin horario y, muchas veces, sin los elementos necesarios porque llegan tarde.

La canasta de pobreza cerró el año

2021 con un alza de 40,5%

Resumen Latinoamericano, 19 de enero de 2022.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), que se utilizan para medir los niveles de indigencia y de pobreza, cerraron 2021 con un alza de 45,3% y 40,5%, respectivamente, informó el Indec.

El Indec publicó los resultados de diciembre, que a su vez permiten obtener la variación anual de 2021. En el último mes del año, la canasta de indigencia (CBA) creció un 3,9%, mientras que la de pobreza (CBT) subió un 3%.

En ambos casos, la variación anual fue alta, aunque sensiblemente menor a la inflación general, que fue de 50,9% para el mismo período.

En pesos, un varón adulto necesita $ 10.668 para superar el umbral de la indigencia y $ 24.643 para superar la línea de la pobreza. En tanto, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitan $ 32.964 para no ser indigente y $ 76.146 para no ser pobre.