Alcaldía de La Paz sumida en crisis
de corrupción y violencia política hacia
las mujeres
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
Entre lágrimas, la concejala de La Paz Eliana Paco Paredes apuntó a funcionarios del Alcalde Iván Arias como los violentos que agredieron a tres concejalas en huelga de hambre. Este episodio suma a las varias denuncias de violencia y corrupción que aquejan esta alcaldía, confirmando la falta de gobernabilidad en la ciudad sede de gobierno.
Varias imágenes circularon en redes sociales, en las que se advierte la agresión física y verbal de parte de partidarios del Alcalde Arias a las tres concejalas que se encontraban en huelga al protestar por un aumento de la tarifa de aseo urbano que afecta los bolsillos de las familias más pobres de la sede de gobierno.Las concejalas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roxana Pérez Castillo, Joselinne Pinto y Eliana Paco, denunciaron que funcionarios ediles les impidieron ingresar a la socialización sobre el incremento de la tasa de aseo en la Alcaldía paceña.
Paco, quien es vicepresidenta del Concejo Paceño, declaró “no somos floreros en el Concejo”, mientras Pérez denunció patadas, puñetes, e insultos y anunció un juicio a los responsables. Desde la Defensoría del Pueblo se conoció el siguiente pronunciamiento: “La Defensoría del Pueblo efectuó la verificación de este hecho y tomó testimonio de las víctimas, quienes ratificaron que fueron agredidas por funcionarios ediles, contra los que anunciaron la denuncia respectiva…
Conforme a la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política, este suceso se constituye en vulneración a los derechos de las mujeres representantes elegidas por el pueblo”.Hace unos meses dos subalcaldesas de los macrodistritos Mallasa y Centro, Sheyla Dávalos Flores y Jaqueline Chavarría Torrez, fueron destituidas por Arias tras denunciar acoso político, laboral y sexual. Pese a que ellas denunciaron a la instancia de Transparencia de la Alcaldía los casos no fueron investigados.Además de la violencia hacia las mujeres, varios casos de presunta corrupción aquejan esa Alcaldía.
Arias heredó al menos 10 casos del ex alcalde Luis Revilla Herrero y sumó nuevas denuncias tanto de su reciente gestión como burgomaestre y también por implicaciones cuando fue ministro de Obras Públicas en el régimen de Janine Áñez. Una larga lista de temas no resueltos en la vida de la paceñidad pueden explotar en cualquier momento: botadero de basura, autorización de construcciones en zonas rojas de La Paz, deslizamientos y derrumbes en zonas de riesgo, pago de salarios a trabajadorxs recogedorxs de basura, compra-venta de inmuebles, compra de buses de transporte urbano, entre otros.El exalcalde Luis Revilla, quien permaneció en el cargo por 11 años, se declaró en la clandestinidad hace poco al haberse emitido orden de aprehensión por el caso de la compra de 66 buses urbanos con sobreprecio.
El exalcalde prefirió huir en lugar de demostrar su presunta inocencia. Tantas denuncias, casos no resueltos y el endeudamiento de la alcaldía de la ciudad sede del poder político de Bolivia expresan la crisis administrativa e ingobernabilidad en la que se conduce en esta nueva gestión edilicia.
Caso golpe de Estado I: Fiscalía
pedirá ampliación en la detención
de Áñez
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este viernes que desde el Ministerio Público se solicitará a la autoridad jurisdiccional que se amplíe la detención preventiva de la exsenadora Jeanine Áñez, en tanto duren las investigaciones del caso golpe de Estado I.
“Necesariamente vamos a pedir la ampliación, porque continuamos con la investigación. No tengo todavía los plazos que necesita la Fiscalía, pero si al continuar con la investigación, entendemos que vamos a solicitar con la solicitud de plazos”, indicó el fiscal.
Aseveró que mientras duren las investigaciones se solicitará que la detención preventiva se amplíe. En marco de las pesquisas del caso golpe de Estado I, Áñez es investigada por “terrorismo, sedición y conspiración» por los hechos luctuosos de noviembre de 2019.
El 17 de febrero, la audiencia de cesación de detención preventiva de Áñez por el caso «Golpe I»; en su desarrollo, fue suspendida a solicitud de la defensa legal de la exsenadora que justificó que no estaba en las condiciones para continuar con la audiencia, sin embargo, más tarde su médico particular señaló que su estado no es crítico por lo que no requería una internación.
Áñez cumplió los 11 meses de detención preventiva por el caso «Golpe de Estado I». En el trascurso de la mañana, se realizó la audiencia para la acción de libertad por salud y el juez octavo de sentencia, Franklin Siñani, declaró procedente para que sea trasladada al Instituto Nacional del Tórax y sea revisada aunque sea en contra de su voluntad.
“Pese a que la misma se niega a recibir la atención médica y a alimentarse, corresponde asumir medidas activas desde la estación jurisdiccional”, indicó Siñani.
El juez explicó que se tomó esta decisión para velar por el derecho a la vida de la exsenadora Áñez.
Esta acción significa que se le otorga libertad para ir a atenderse al hospital y luego volver a su reclusión con el objetivo de preservar la salud de la acusada.
De acuerdo al artículo 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), la Acción de Libertad se presenta cuando una persona considera que su vida está en peligro. La hija de Áñez, Carolina Rivera, presentó este recurso ante un juez de garantías y este se lo concedió y ordenó a Seguridad Penitenciaria del Centro de Orientación Femenino de Miraflores la trasladen al Instituto Nacional del Tórax.
Por otro lado Jeanine Áñez se negó a realizarse la valoración médica por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que llegaron hasta el penal de Miraflores, en la ciudad de La Paz, por orden fiscal, según un informe emitido por los especialistas.
El reporte indica que el hijo de Áñez, José Armando Rivera, les dijo a los médicos especialistas que ella “no se procedería a tal valoración” sobre su salud, informó Bolivia Tv.
En atención al requerimiento fiscal que instruyó la valoración médica del estado de salud de Áñez, los expertos del IDIF informaron que “los suscritos médicos forenses del IDIF nos constituimos el día de hoy viernes 18 de febrero de 2022 a horas 09.50 al Centro de Orientación Femenina de Miraflores donde nos entrevistamos con el personal de seguridad y personal de salud (médicos y enfermera) que se encontraban en el área médica del recinto penitenciario”.
El reporte añade que “posterior a haberse informado al familiar Sr. José Armando Rivera (hijo de la Sra. Áñez) sobre la valoración forense requerida, el mismo manifestó que no se procedería a tal valoración. Razón por la que no se pudo dar cumplimiento con lo requerido”.
Para testimoniar el rechazo de Áñez a realizarse una valoración médica, los especialistas del IDIF firmaron un acta, indicaron.
En el marco del caso golpe de Estado II, Áñez está acusada de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado y se autoproclamó presidenta de Bolivia.
El exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, afirmó el lunes que el juicio contra Áñez tiene importancia histórica porque permitirá esclarecer las responsabilidades en los hechos de violencia de 2019.
“Hay que afirmar en forma clara la importancia histórica del inicio de un juicio oral para empezar a esclarecer el papel, obviamente, de la exsenadora Áñez; pero, también, de todos los miembros que realizaron ese golpe de Estado violento y violadores de los derechos humanos en 2019”, aseveró en entrevista con la red Patria Nueva.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) estableció que Áñez asumió la Presidencia del país sin cumplir los requisitos legales y hasta recibió los símbolos presidenciales de manos de un militar.
“Para elegir presidente del Senado, paso previo para la designación del presidente provisorio de Bolivia, se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir, 19 legisladores, de acuerdo con su reglamento interno. Según el reglamento interno de la Cámara de Senadores, para elegir el presidente del Senado se debe contar con un quórum de la mitad más uno de los 36 senadores, es decir 19 legisladores. El mismo reglamento tiene normas que, de un lado, atribuyen a la segunda vicepresidenta reemplazar a la presidenta y a la primera vicepresidenta cuando ambas se hallen ausentes y, de otro, define que corresponde la presidencia de la Cámara al bloque de la mayoría. En reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”, enfatiza el informe internacional.
“Ese mismo día de noviembre, Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, agrega el informe que será presentado a la OEA el 2 de marzo.
Comisión de Diputados aprueba
proyecto de ley del programa para
generar empleo
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
Por dos tercios, la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, aprobó este viernes el proyecto de Ley que establece un crédito para financiar el “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo”, que beneficiará a sectores vulnerables.
“Estos recursos van a ser destinados a programas y proyectos en todo el país, en lo que corresponde, por ejemplo, al tema de enlosetados y otras obras y proyectos que van a coadyuvar a la generación de empleos”, informó el presidente de esta instancia legislativa, Omar Yujra.
El mencionado Programa busca contribuir a la reactivación económica con la creación de empleos temporales para la población vulnerable en el área urbana y rural. En ese sentido, los recursos estarán destinados a la ejecución de obras como enlosetados, entre otros. Los gobiernos municipales podrán financiar hasta el 15% de obras parecidas con fondos del crédito.
“No existen restricciones para que los municipios puedan acceder al financiamiento de proyectos que cuenten con estudios de diseño final, cumplan con las características técnicas y requieran montos hasta 3 millones de bolivianos (…). Queremos adoquinar 1,2 millones de metros cuadrados en los próximos cuatro años”, explicó, por su parte, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Marcelo Laura, durante la sesión.
El crédito de $us 100 millones otorgado por Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata, (FONPLATA) podrá ser pagado en un plazo de 20 años. Su distribución será establecida en la reglamentación de la norma, aunque el propósito del Gobierno nacional es que los recursos lleguen a los municipios “pequeños” del país, afirmó Yujra.
El Fondo Nacional de Inversión Pública y Social (FPS) será la instancia ejecutora de los recursos. La deuda generada por el Contrato de Préstamo será asumida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General de la Nación (TGN).
En 1968 en Santa Cruz de la Sierra, se firmó el Tratado de la Cuenca del Plata y en 1971 se creó el FONPLATA con el objetivo de lograr un desarrollo inclusivo y reducir las disparidades socio-económicas. Los países que firmaron el tratado son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Fuentel: TelesurTv.
Una pena más que leve para militares
golpistas: los excomandantes Terceros
y Jarjury condenados a 3 años de
prisión
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
Foto Jarjury era comandante de la Armada y Terceros, del Ejército en 2019. Foto: Armada Boliviana
Los excomandantes de la FAB Gonzalo Terceros y de la Armada Palmiro Jarjury permanecen en la cárcel desde julio. Sus familiares pidieron disculpas y dijeron que las FFAA los abandonaron
En un juicio abreviado luego de admitir su culpa, los excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros y de la Armada Palmiro Jarjury fueron condenados a tres años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, sin embargo podrán beneficiarse con la libertad.
Ambos militares fueron imputados junto con el resto de la cúpula militar de 2019 y la expresidente Jeanine Áñez en el caso abierto por la toma de la Presidencia del Senado por parte de Áñez, lo que luego le permitió hacerse del poder.
La Razón tuvo acceso a la sentencia que establece que los militares admitieron la culpabilidad» por la comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes en grado de complicidad. De acuerdo al documento, el Ministerio de Gobierno, como parte acusadora, «se opuso a la imposición de condena sancionatoria de 3 años de reclusión, solicitando se los sancione como autores y no como cómplices».
Según la imputación fiscal, Terceros facilitó el traslado de diputados y senadores de la oposición para la eventual instalación de las sesiones de la Asamblea Legislativa con el objetivo de promover la sucesión de Áñez, además de avalar la “ilegal concreción de la investidura e imposición de símbolos patrios a la supuesta presidenta”.
Mientras que Jarjury fue imputado por también permitir la imposición de símbolos patrios a Áñez, la noche del 12 de noviembre, y de incumplir con el mandato de garantizar el ejercicio de un presidente electo.
Ambos militares permanecen en la cárcel desde el 4 de julio. El 11 de febrero, los familiares de los excomandantes, en una carta manuscrita, confirmaron que irán a un proceso abreviado para precautelar su salud, pidieron comprensión por la decisión tomada y denunciaron que las Fuerzas Armadas los “abandonaron”.
Un día antes, el ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó a La Razón que los excomandantes pidieron ir a juicio abreviado, lo que implica que deben reconocer la responsabilidad de los delitos por los que se los acusa. “Esto es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”, explicó.
También están acusados Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce, exjefe del Estado Mayor; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; además del excomandante de la Policía Yuri Calderón. Kaliman y Calderón están prófugos.
El juicio por el caso Golpe de Estado II debía iniciarse el 10 de febrero, pero fue suspendido debido a que el auto de apertura o de inicio fue impugnado por los procesados.
Un juez ordenó trasladar a Añez al
Hospital de Clínicas pero manifestantes
protestaron airadamente y finalmente
la tratarán en la cárcel como le
corresponde
Resumen latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
El juez Franklin Siñani ordenó el traslado de la expresidente Jeanine Áñez al Hospital de Clínicas, pero ante los incidentes en puertas de la cárcel ordenó sea tratada en el recinto penitenciario ante la urgencia del caso
Manifestantes contra el traslado de Áñez al Hospital de Clínicas usaron contenedores de basura para bloquear la calle Francisco de Miranda y evitar la salida de la expresidenta. Foto: Roberto Guzmán
El juez Franklin Siñani ordenó que la expresidente Jeanine Áñez sea trata de forma urgente por personal del Hospital de Clínicas en el penal de Miraflores, aun en contra de su voluntad, luego de una serie de incidentes ocurridos en puertas de la cárcel y que impidieron se cumpla la orden judicial de trasladarla, justamente, al Hospital de Clínicas.
Siñani había dispuesto antes la evacuación de la expresidenta al Hospital de Clínicas al concederle la tutela de un recurso de acción de libertad. Sin embargo, a poco de dictarse la decisión, un numero grupo llegó a la puerta del penal para evitar el traslado de la golpista que cumple este viernes su décimo día de huelga de hambre.
Ante esa situación que derivó en hechos de violencia, el juez Siñani dispuso: “Tomando en cuenta la urgencia que amerita el caso, la Gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores debe instruir y efectivizar que los médicos de dicho centro penitenciario, aun en contra de la voluntad de la accionante, garantizando el derecho a la vida de la privada de libertad, sin mayor demora, inicien inmediatamente el tratamiento de rehidratación u otros que sean requeridos”.
También se determinó que desde el Hospital de Clínicas “se envíe al Centro de Orientación Femenina de Miraflores personal médico especializado, insumo y equipamiento necesario para que restablezcan la salud de la señora Jeanine Áñez Chávez hasta que su vida se encuentre fuera de peligro, debiendo actuar incluso en contra de la voluntad de la privada de libertad en caso de negativa a ser atendida”.
Poco después de conocerse la decisión inicial del juez, afines al oficialismo llegaron hasta la puerta de la cárcel para evitar se cumpla la orden judicial.
Cansados de tantas concesiones a los golpistas rompieron un cerco policial y provocaron que el reducido grupo que hacía vigilia en favor de Áñez se refugiara en un ambiente cercano para evitar mayor violencia. A su paso, quemaron la carpa instalada y desde la que reclamaban justicia y libertad para la expresidenta recluida desde marzo de 2020.
Áñez había rechazado la valoración médica de personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). El juez Siñani dispuso el traslado de la expresidenta al Hospital de Clínicas, incluso en contra de su voluntad. También determinó que la prestación médica deberá hacerse hasta su restablecimiento, por más que se oponga.
Ahora la atención médica la recibirá en el penal. Cumple este viernes 10 días de huelga de hambre denunciando vulneración de sus derechos y en rechazo al juicio activado en su contra en el caso “Golpe de Estado II”.
Sectores sociales exigen sanción máxima contra Añez
Una masiva protesta en contra de la impunidad pidió justicia por las víctimas de las masacres del régimen de Jeanine Añez en 2019. Fue protagonizada por las organizaciones sociales y grupos de defensa de los derechos humanos en el centro paceño.
La Coordinadora de Organizaciones, Colectivos y Bloques Urbanos de La Paz y El Alto, activistas y víctimas del golpe de Estado exigen justicia y la pena máxima para la expresidenta de facto por los muertos en Senkata y Sacaba.
“Nosotros queremos que se haga justicia, 30 años es poco para sancionar estos crímenes, se debe sancionar por cada uno de los muertos que dejó el régimen”, dijo en radio Patria Nueva una de las marchistas.
Agregó que todos los que acompañaron y gestaron el golpe de Estado de 2019, como Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, deben responder ante la justicia.
La activista dijo que quieren que se cumpla la ley, por lo cual piden a los jueces y fiscales hacer cumplir la justicia y que los implicados vayan a la cárcel.
La movilización también contaba con la participación de jóvenes que se sumaron al pedido de justicia por los caídos en noviembre de 2019.
La marcha inició a la altura de la Cervecería y recorrió el centro paceño hasta llegar a las puertas de la Fiscalía.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.
El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, hubo, durante el régimen de Añez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales y ejecuciones sumarias.
Gobierno revela que Áñez tiene la atención necesaria y pide al relator de la ONU hablar con víctimas de 2019
El Gobierno nacional, mediante el vocero presidencial, Jorge Richter, asegura que la expresidenta Jeanine Áñez tiene toda la atención de salud necesaria, frente a las alertas de complicaciones en su noveno día de huelga de hambre al interior de la cárcel de Miraflores, en La Paz.
Richter, sostuvo que autoridades de Régimen Penitenciario son las encargadas de autorizar o no el ingreso de medicinas, mediante sus protocolos, pero ratificó que médicos pueden acudir al recinto para verificar su estado.
“La señora Áñez tiene la posibilidad, ante ese cuadro inducido por su decisión personal, de huelga de hambre, que los médicos ingresen, que la atiendan y se la pueda revisar, algo que se tiene certificado desde agosto del año pasado, cuando un informe de la CIDH comprobó que tiene todo lo necesario para la atención y cuidado de su salud”, afirmó Richter.
Respecto a la posible visita que Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, realizará a la exautoridad, el portavoz consideró que, por equilibrio, también debe existir una audiencia con las víctimas de 2019.
“Siempre tenemos que buscar equilibrios y que las cosas estén debidamente balanceadas, esta es una decisión que tomará el relator, nos parece equilibrado que, si existe una reunión con Áñez, exista una reunión con los familiares de las víctimas, para poder recoger sensaciones de lo ocurrido en noviembre de 2019”, explicó.
Finalmente, sobre las constantes negativas que la expresidenta recibe en el ámbito judicial, Richter indicó que dichas decisiones son “autónomas” y corresponden a los administradores de justicia. “Lo importante es que la señora Áñez puede defenderse, tiene garantías que en su momento todas las personas que quedaron detenidas durante su Gobierno no tuvieron”, acotó.
Suspenden audiencia de cesación a
la detención preventiva de Áñez por
solicitud de su defensa
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022.
El juzgado 10º de Instrucción Penal Cautelar determinó este jueves suspender la audiencia de cesación a la detención preventiva de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, por una solicitud de su defensa legal que argumentó una descompensación debido a la huelga de hambre que lleva en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores.
“Señor juez, la señora se encuentra temblando, está mal (…) yo la estoy viendo, está la hija acá, están cinco médicos aquí presentes”, indicó Norka Cuellar, defensa de Áñez en un video difundido por la red Erbol.
En la audiencia, iba a tratarse la situación de la expresidenta de facto y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.
“Vamos reprogramar la audiencia, vamos a suspender este acto procesal, tomando en cuenta que la defensa legal está a su lado y seguramente, objetivamente, está solicitando estas circunstancias”, dijo el juez en la audiencia virtual.
Esta audiencia fue programada para el 16 de febrero; pero, fue reprogramada por falta de notificación a los sindicados; sin embargo, hoy tuvo que ser suspendida.
Áñez, Coimbra y Guzmán fueron aprehendidos en marzo de 2021 y se les dictó detención preventiva de seis meses para que avancen las investigaciones del caso golpe de Estado I.
Por otro lado el Diputado Arispe: Mesa debe confesar ante el relator de la ONU su rol en el golpe de Estado.
El jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Gualberto Arispe, instó al jefe político de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, a confesar al relator de la Organización de Naciones Unidas, Diego García-Sayan, el rol que desempeñó durante el golpe de Estado de noviembre del 2019 y su responsabilidad por los hechos de violencia.
“Nos extraña que Comunidad Ciudadana pida reunión con el señor que nos visita (…). El señor Mesa se va a reunir (con el relator) y nosotros esperamos que explique su rol durante el golpe de Estado, el llamamiento al desconocimiento de los resultados en ese momento, que diga la verdad, que él ha convocado a una convulsión social”, señaló.
En su amplitud de reunirse con altas autoridades bolivianas, instituciones y sectores sociales, el enviado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recibirá a Carlos Mesa y a su jefe de bancada, Carlos Alarcón, este viernes a las 19.15.
En este contexto, Arispe pidió, al también exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, que no esconda su responsabilidad en la ruptura constitucional y los hechos de violencia acaecidos en Bolivia en 2019.
“No es justo que los golpistas como (Luis Fernando) Camacho, Carlos Mesa o la señora (Jenine) Añez, quienes han masacrado, pidan una reunión, el MAS fue víctima del golpe”, enfatizó.
Fuente: Abi.bo
Legislativo prepara ley corta para
endurecer sanciones a malos
operadores de justicia
Resumen Latinoamericano, 17 de febrero de 2022.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, confirmó este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja una ley corta para endurecer las sanciones contra los malos operadores de justicia.
“Se está evaluando el tema de las sanciones a operadores de la justicia, desde la oficina del abogado, hasta consorcios de jueces que existe en nuestro país, es una realidad. Si un administrador de justicia comete errores o delitos, por prevaricato tiene una sanción de cuatro años, que casi absolutamente es nada y no estamos seguros en las manos de los administradores de justicia”, manifestó.
El proyecto de ley corta estaría concluido para la segunda semana del mes de marzo y sería derivada a las cámaras legislativas para su respectivo tratamiento y aprobación.
“Esperemos la segunda semana de marzo ya tenerlo elaborado, vamos a coordinar muy bien con el Ejecutivo para que esto pueda presentarse ante los plenos y derivarse a la comisión y el pleno, tanto de diputados y senadores, pueda aprobarlo, sancionarse y promulgarse por lo menos entre abril, estimamos”, informó.
Respecto a la evaluación de jueces, dijo que se dejará este trabajo a las instancias correspondientes al interior del Órgano Judicial.
“No sé si el Consejo de la Magistratura tendrá una eficiente evaluación a los jueces, falta presupuesto evidentemente en tema de infraestructura, el tema de presupuesto, el tema de evaluación de jueces, sanción a los administradores, operadores de justicia y bueno como tal se resolverá también desde las propias entrañas del Órgano Judicial, como ellos mencionan, no queremos intromisión política”, acotó.
Subrayó que el problema de la justicia es de responsabilidad de todos los bolivianos y con mayor razón de las autoridades que se encuentran en funciones de gobierno.
“Aquí tenemos que tomar conciencia que el problema de la justicia es una responsabilidad colectiva, absolutamente de todos los bolivianos y bolivianas, y con mayor razón de los que están en función de gobierno, sean del Ejecutivo o Legislativo u otros poderes del Estado, tienen que tomar mayor atención para encaminar hacia la justicia, hacia una reforma o transformación que todos absolutamente todos, queremos y esperamos”, finalizó.
Fuente: Abi.bo
Envio:RL
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