El presidente corrupto Giammattei
en su peor momento
Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
Contrariamente a lo que sostiene la Presidencia de la República, Alejandro Giammattei está en su peor momento de desaprobación ciudadana. Según un estudio de Gallup, al que accedió Prensa Comunitaria, un 68% desaprueba su gestión y un 63% cree que lo está haciendo mal o muy mal, según las respuestas cuando se le pide a la población que lo califique. El índice de evaluación, que es la diferencia entre las opiniones favorables y desfavorables, es de 39 puntos negativos, el peor de todo su mandato y el segundo peor de un presidente en los últimos 35 años. Además, el 80% de las y los guatemaltecos cree que el país va por el rumbo equivocado y un 70% de la ciudadanía reprueba su trabajo en generación de empleo, costo de vida y seguridad.
El martes 15 de febrero, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, rechazó la acusación de que el presidente, Alejandro Giammattei, habría recibido sobornos de empresas constructoras, que habrían entregado 2.6 millones de dólares para financiar su campaña electoral a cambio de la adjudicación posterior de obras públicas.
En esa conferencia de prensa, y en notas posteriores, López Oliva dijo que esta supuesta campaña de descrédito se daba porque el presidente Giammattei estaba mejorando en los índices de aprobación y respaldo ciudadano.
Lo que dijo López Oliva no se ajusta a la realidad. Prensa Comunitaria accedió a parte del estudio de la consultora de opinión pública, Gallup, de enero de 2022, en el cual se entrevistaron, según se indica a 1.200 adultos de 18 años y más con teléfono celular activo distribuidos en todo el país. Los resultados son muy malos para Giammattei.
Giammattei en su peor momento
La encuesta es muy completa, más de 25 páginas, y aborda temáticas variadas. Hay un apartado específico de evaluación sobre Giammattei y su desempeño. Los resultados son los peores, en cuanto a evaluación ciudadana, desde que asumió.
Un 68% directamente desaprueba su desempeño, y un 63% cree que lo está haciendo mal o muy mal, según las respuestas cuando se le pide a la población que lo califique.
Ante la pregunta: “¿Cuál es su opinión de la forma en que lleva a cabo sus labores como presidente Alejandro Giammattei? ¿Aprueba o desaprueba la presidencia de Alejandro Giammattei?” , la respuesta es negativa. El estudio señala que “el descontento de la población llega a los niveles más altos, y levemente se incrementa con respecto a setiembre pasado. Hoy un 63% califica desfavorablemente la gestión (30% “muy mal”; 33% “mal”). Esta evaluación negativa es muy fuerte entre “quienes han visto desmejorar la situación económica de sus hogares en los últimos meses, los que consideran se avanza por un “rumbo equivocado” o que ven en la corrupción el principal problema del país”.
En cambio, hay un 24% de ciudadanos que evalúan positivamente la gestión de Giammattei.
Esa opinión positiva es mayor entre “jóvenes, residentes en la ciudad capital o que perciben las finanzas familiares que están mejor que hace un año”.
Es el peor juicio ciudadano sobre Giammattei desde que asumió: en mayo 2020 solo un 5% consideraba que lo hacía mal o muy mal, en setiembre de 2020 un 21%, en enero de 2021 un 44%, en mayo de 2021 un 47%, en setiembre de 2021 un 60% y en enero de 2022 un 63%.
También es el peor desempeño si se considera lo que Gallup denomina el “índice de evaluación de gobierno”, que se obtiene al restar el porcentaje de aquellos que opinan “mal” o “muy mal” de quienes opinan “bien” o “muy bien”. Giammattei inició su gestión con un índice de 77 puntos positivos y ahora está en 39 puntos negativos.
El resultado también es muy negativo ante la pregunta directa de si aprueba o desaprueba la gestión de Giammattei, no si la considera mal o muy mal o bien o muy bien, si aprueba o desaprueba. Un 68% desaprueba la gestión y solo un 28% la aprueba. En esta respuesta específica y general es la única donde mejora con respecto a setiembre de 2021, en que lo desaprobaba un 73%, pero, igualmente, el rechazo ciudadano está por encima del de mayo de 2021 cuando lo desaprobaba un 62%.
Gallup indica que hace estos estudios desde hace 35 años y por ello evaluó la gestión de 10 mandatarios, en esa comparación Giammattei, con 39 puntos negativos en el índice de evaluación, se coloca como el segundo peor evaluado por la ciudadanía a esta altura de su mandato, solo superado por Alfonso Portillo.
En las evaluaciones por áreas específicas, un 71% cree que lo está haciendo mal o muy mal en generación de empleo, un 70% en seguridad y costo de vida, un 52% en educación y un 51% en salud. En estos dos últimos rubros, a pesar de que la evaluación se mantiene negativa, mejora con respecto a setiembre.
Rumbo equivocado y pesimismo
En cuanto al rumbo del país, ante la pregunta: “En su opinión, cuando usted toma en cuenta todo lo que pasa en Guatemala, ¿Cómo cree que va el país?”, el 80% cree que se va por rumbo equivocado, solo el 12% por el rumbo correcto, hay un 7% que no opina. Es el porcentaje más alto en la última década, incluso es más alto que en la crisis de 2015, que fue un 77%.
En el 2013 era un 65%, en el 2014 un 67%, en 2015 un 77%, en el 2016 un 69%, en 2017 un 79%, en 2019 un 74%, en 2020 un 52%, cuando la elección de Giammattei, en 2021 un 78% y en enero de 2022 un 80%.
Gallup lo explica en su informe de la siguiente manera: “El sentimiento negativo en los últimos años solo disminuyó considerablemente con el optimismo que se vivió con la elección de Alejandro Giammattei como presidente. Sin embargo, este se vio opacado rápidamente por la incapacidad percibida en su administración y las menciones de posibles actos de corrupción relacionados con el manejo de la lucha contra la pandemia”.
En cuanto al costo de vida, ante la pregunta de: “En comparación con hace cuatro meses: ¿cómo considera usted que está el costo de vida?”, un 58% considera que aumentó mucho, un 13% más que en setiembre del año pasado, cuando eso lo consideraba el 45% de la población. Un 17% considera que ha subido algo, un 15% que ha subido poco y solo un 9% que está igual. De hecho, si se suman todas las opiniones que creen que el costo de vida ha subido, más allá de la magnitud del aumento, el resultado es que un 90% de la población cree que el costo de vida ha aumentado.
“Este sentimiento de impotencia y percepción que cada día es más difícil cumplir con las obligaciones del hogar, es más severa entre las mujeres con un bajo nivel educativo de 30 o más años, que a su vez tienden a ser las encargadas de la economía de sus familias, y que viven fuera de la ciudad capital”, advierte el informe de Gallup.
La tercera pregunta del estudio de opinión fue: “¿Cómo considera que está la situación económica de los miembros del hogar, comparada con hace un año?, ¿Cómo considera estará la situación económica de los miembros del hogar dentro de un año en comparación a la actual?”. Es decir, la evaluación de la situación financiera y económica de los hogares.
El estudio indica que un 50% cree que está peor que hace un año y un 33% que se mantiene igual, según aclara el informe “es relevante mencionar que la estabilidad no significa estar bien, sino que para muchos ya hace un año estaban tan mal, que hoy no pueden estar peor”. Igualmente, un 17% dice estar mejor financieramente que hace un año.
Con respecto a un año atrás la percepción se mantiene estable, bajó un punto el número de quienes decían estar peor de 51 a 50% y aumentó uno el de los que dicen estar igual de 32 a 33%.
La encuesta también pregunta sobre la situación económica del país. El estudio indica que “las finanzas del país están en peores condiciones hoy en comparación con el año pasado. Esta opinión se mantiene estable con respecto a setiembre y la comparten dos de cada tres personas (66%)”.
En cuanto a las previsiones de cómo será la situación económica dentro de un año, un 54% cree que empeorará.
Sobre cuáles son los temas que consideran con mayor impacto negativo en el hogar, en la vida familiar, el estudio dice que “en la mitad de las familias (52%), en especial aquellas de un nivel socioeconómico medio o bajo, están teniendo problemas con las finanzas familiares y que los menores de 24 años están con pocas oportunidades de encontrar lugar donde laborar”.
Un 30% cree que el principal problema es el costo de vida, un 22% la inseguridad, un 14% la mala atención médica por la COVID y un 10% el desempleo.
También se mencionan, pero con menos porcentajes, “la necesidad de un mejor transporte urbano, la mala educación que ahora están recibiendo los niños y jóvenes en los hogares o el mal estado de las viviendas donde residen”.
Hay una clara percepción de que la inseguridad aumentó, un 62% dice que la inseguridad aumentó en los últimos cuatro meses, esa cifra es superior en 5 puntos a la de setiembre de 2021.
Consultados sobre cuáles son los principales problemas para el país, el 45% respondió la corrupción, el 23% el empleo y el costo de vida, un 8% la falta de hospitales y un 6% la violencia el crimen y las drogas.
El estudio analiza otros temas, con resultados que llaman la atención, por ejemplo, ante la consulta de con qué frecuencia cree que los empresarios hacen lo mejor para el país, un 40% respondió casi nunca y un 31% nunca, un 16% casi siempre y un 10% siempre, lo que arroja un saldo claramente negativo en la opinión ciudadana sobre el accionar de los empresarios.
Evaluación de actuación política
Las y los diputados tienen una evaluación muy negativa, el 73% cree que están actuando mal o muy mal, el 19% bien o muy bien y el 8% ni bien ni mal.
Sobre los alcaldes, un 52% cree que están actuando muy bien/algo bien, un 39% mal/muy mal y un 9% ni bien ni mal. El estudio señala que quienes tienen una opinión favorable sobre los alcaldes, son “proporcionalmente más entre residentes en Guatemala Metropolitana y Petén, así como menores de 24 años”.
fuente: Prensa Comunitaria
Piden 120 años de prisión contra
excomisionado militar por desaparición
forzada de tres personas
Por Juan Calles, Resumen Latinoamericano, 18 de febrero de 2022.
foto: Criminal José Manuel Castañeda Aparicio.
foto: El excomisionado militar José Manuel Castañeda Aparicio es acusado por la desaparición forzada de tres personas en Tactic, Alta Verapaz, en 1983. / Juan Calles
Se lo acusa de tres desapariciones en Tactic, Alta Verapaz, en 1983. El cuerpo de una de las tres víctimas fue recuperado en el predio militar de CREOMPAZ. Casilda López pidió a la jueza que como parte de la sentencia se ordene que continúe la búsqueda de los restos de Francisco Guerrero y Rodolfo López. “Hace 39 años espero encontrar a mi tío y a mi hermano, por favor señora jueza que continúe la búsqueda de mis seres queridos, dijo frente al tribunal.
Durante la audiencia del caso Tactic que se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, presidido por la jueza Sara Yoc, los abogados querellantes de las familias de Francisco Guerrero López, Jacobo López Ac y Rodolfo López desaparecidos en 1983 en la aldea Tampó, Tactic, Alta Verapaz, pidieron que el excomisionado militar, José Manuel Castañeda Aparicio, sea sentenciado 40 años de prisión por cada uno de ellos.
Por su parte, el abogado defensor de Castañeda Aparicio solicitó la absolución de su representado argumentando que los testimonios de los familiares y testigos presenciales de los hechos se contradicen, “y la duda siempre favorece al reo” indicó, agregó que en estos casos se debe buscar justicia y no venganza.
También hablaron frente al tribunal tres señoras familiares de las víctimas, quienes además son testigos presenciales de los hechos. Una de ellas, Casilda López, en su intervención pidió a la jueza que en la sentencia se ordene que continúe la búsqueda de los restos de Francisco Guerrero y Rodolfo López, ya que en las inhumaciones realizadas en la zona militar No. 21, conocida hoy como CREOMPAZ, en Alta Verapaz, fue encontrado el cuerpo de Jacobo López; Francisco y Rodolfo, tío y hermano de Casilda López aún no aparecen. “Hace 39 años espero encontrar a mi tío y a mi hermano, por favor señora jueza que continúe la búsqueda de mis seres queridos”, dijo frente al tribunal.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1494367582689935364&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.prensacomunitaria.org%2F2022%2F02%2Fpiden-120-anos-de-prision-contra-excomisionado-militar-por-desaparicion-forzada%2F&sessionId=ad2b968f8f21dddfa91f6b57543ddaed9f1ee578&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px
En la audiencia celebrada hoy jueves, en el Tribunal de Mayor Riesgo D, todas las partes leyeron sus alegatos finales, previo a que la jueza Yoc dicte sentencia, después de evaluar testimonios, peritajes y pruebas documentales presentadas por las partes. La jueza convocó para el próximo 24 de febrero por la mañana en la Torre de Tribunales.
Los amarraron, los golpearon y luego se los llevaron, nadie los volvió a ver
Durante el juicio, que inicio el 13 de enero del presente año, se conocieron los hechos en los que resulta señalado el comisionado militar Manuel Aparicio, como segundo jefe de comisionados militares de Tactic.
Durante la madrugada del 26 de enero de 1983, personal de tropa de la zona militar Número 21 de Cobán, Alta Verapaz, acompañados de comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil registraron las casas de varias personas en la aldea Tampó, en Tactic, ente ellas las viviendas de Rodolfo López Quej, Francisco Guerrero López y Jacobo López Ac, quienes fueron capturados y golpeados.
Después de ello los amarraron a un árbol de aguacate, allí los interrogaron en presencia de sus familiares quienes rogaban que no les hicieran daño, sin embargo, el violento interrogatorio continuó. Momentos después se los llevaron en diferentes vehículos, nadie los volvió a ver y ninguna autoridad dio respuestas a sus familiares de lo sucedido con los tres capturados.
En 1983, Rodolfo López Quej, tenía 22 años, era trabajador del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, Indeca, Su hermano, Francisco Guerrero López, tenía 18 años y era un entusiasta del futbol que organizaba torneos en la comunidad. Su primo, Jacobo López Ac, tenía 42 años, era promotor de salud y presidente del Comité Pro Mejoramiento de la aldea Tampó. Los tres eran líderes comunitarios que buscaban mejorar las condiciones de vida en la comunidad.
Desde el día de su captura los familiares de los tres iniciaron una incansable búsqueda, se unieron al Grupo de Apoyo Mutuo y exigieron la aparición con vida de sus familiares.
Anomalías en el caso contra el comisionado militar
Esta es la segunda vez que se juzga a Juan Manuel Castañeda Aparicio, ya en el 2014 un tribunal de Cobán, Alta Verapaz, lo absolvió utilizando argumentos legales que contradicen el derecho interno e internacional, declarando que el delito de desaparición forzada había prescrito por lo que ordenó su liberación inmediata.
Durante este juicio las intimidaciones y amenazas fueron frecuentes, hombres fuertemente armados se apostaban en las afueras del tribunal, intimidando a los familiares de las víctimas.
En el 2019 los querellantes apelaron la sentencia del 2014 y pidieron que el caso se trasladara a un juzgado de alto riesgo, fue así como el proceso se retomó y será el próximo 24 de febrero que se conozca la sentencia de la jueza Yoc.
Caso Tactic: una búsqueda incansable que lleva 39 años
Por Luis Ovalle
El juicio contra José Manuel Castañeda Aparicio, quien fuera segundo jefe de comisionados militares en el municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz, continúa este lunes. Se le señala por la desaparición forzada de tres personas de esa localidad, en 1983, durante el régimen de facto del general Efraín Ríos Montt.
Según información compartida por la agrupación Verdad y Justicia, la noche del 25 y la madrugada del 26 de enero de 1983, Rodolfo López Quej, de 22 años, Francisco Guerrero López, de 18 y Jacobo López Ac, de 42, los tres líderes comunitarios, fueron secuestrados por un grupo de comisionados militares.
Genara López, prima de Rodolfo y Francisco, sobrina de Jacobo, y fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en su testimonio en el Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por la jueza Sara Yoc, recordó que la noche del secuestro pudo identificar a Manuel Castañeda Aparicio, conocido como “Zacapa”. Desde entonces, ella y su familia iniciaron una larga e incansable búsqueda de sus seres queridos.
Los restos óseos de Jacobo López Ac fueron identificados en la exhumación realizada en la antigua Zona Militar 21, de Cobán, Alta Verapaz, hoy conocida como CREOMPAZ, a través del método de ADN realizado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). La osamenta del tío de Genara fue exhumada junto a los restos de más de 500 personas.
El debate oral y público inició el miércoles 12 de enero de 2022. Este es el segundo juicio contra José Manuel Castañeda Aparicio, luego de un proceso de impugnación. En octubre de 2017 el fallo del tribunal fue anulado, mediante un recurso extraordinario, por razones de forma y fondo presentadas por la Fiscalía de Derechos Humanos y los demandantes.
En 2019 la Corte Suprema de Justicia aprobó la solicitud de los fiscales, de trasladar el caso a los tribunales de alto riesgo, por lo que fue a partir de ahí que lo asumió el Tribunal de Mayor Riesgo D. En aquella ocasión, el tribunal envió una citación a Castañeda Aparicio, pero al no presentarse fue declarado en rebeldía. Dos años después fue capturado en su domicilio.
Quiénes eran los comisionados militares
Según información obtenida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los comisionados militares eran colaboradores civiles del ejército de Guatemala, desde su creación, en julio de 1938.
Al ser conformadas las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), en 1981, por su estrecha vinculación con el ejército los comisionados militares pasaron a ejercer funciones de jefatura de las PAC. Entre sus principales funciones estaba el reclutamiento militar, además de constituirse en una red de información del ejército, que les permitía ejercer control y vigilancia sobre la población.
También participaban en la persecución de quienes consideraban delincuentes, realizaban denuncias, capturas de las víctimas, interrogatorios y torturas; ejecutaban a mujeres y niños, participaban en operaciones contrainsurgentes, utilizaban cementerios clandestinos y colaboraban con finqueros, entre otros (según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico).
fuente: Prensa Comunitaria
Gobierno y sus aliados niegan y se
contradicen tras publicación sobre
sobornos
Por Julie López y Gabriel, Labrador Latinoamericano, 17 de febrero de 2022.
Foto: Presidente corrupto Giammatei
Tras la publicación de un testimonio que vincula al presidente Alejandro Giammattei con financiamiento electoral ilegal y sobornos de constructoras, el Gobierno de Guatemala y el Ministerio Público cerraron filas junto a medios afines para intentar, entre contradicciones, desmentir al testigo y acusar a El Faro de ser parte de “una campaña de desprestigio de parte de enemigos de la democracia”.
Las 12 horas posteriores a la publicación de un reportaje de El Faro sobre el supuesto pacto del actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, con el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, actualmente detenido y acusado de lavado de dinero, para desviar en 2019 sobornos de constructoras a las arcas de su campaña presidencial, fueron un despliegue de estrategias de desinformación y contradicciones de las instituciones señaladas. En un intento por desmentir los hallazgos, el secretario de Comunicación de la Presidencia montó una conferencia de prensa en la que acusó al periódico de “un ataque político”; el Canal 7, propiedad del empresario mexicano Ángel González, aliado del Gobierno, transmitió una entrevista con el supuesto testigo principal del caso en la que este negó todo; y el fiscal especial Rafael Curruchiche, en nombre del Ministerio Público, dio una conferencia en la que anunció que investigaría al periódico y sus fuentes por revelar un testimonio bajo reserva, con lo que de forma implícita validó la veracidad del testimonio publicado por El Faro.
El Ejecutivo, los constructores bajo sospecha de sobornar a Giammattei o el Ministerio Público acusado de entorpecer las investigaciones contra el presidente, dieron sin embargo pocas respuestas de fondo: la reacción se concentró en tres aspectos: desmentir que el presidente esté bajo investigación, desacreditar al testigo (a pesar de que nunca se revela su identidad en la investigación) y cuestionar la intención de la publicación y de El Faro como medio.
La ofensiva comenzó en el telenoticiero Noti7, a las 7:15 de la mañana, con una entrevista con alguien que se identificó como “Testigo A”. En los documentos oficiales citados por El Faro se identifica como “Testigo A” a una persona del círculo de confianza de Giammattei que en mayo de 2021 relató ante fiscales de la FECI y la jueza Erika Aifán la reunión en la que, según él, escuchó al entonces candidato y a Benito negociar por teléfono un aporte de 20 millones de quetzales ($2.6 millones) a la campaña de Giammattei, provenientes de sobornos. El sujeto entrevistado por el telenoticiero aseguró ser el informante mencionado en la publicación y dijo que ofreció esas declaraciones porque fue coaccionado por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) hasta julio de 2021.
Cuando en ese mes la fiscal general Consuelo Porras despidió a Sandoval y él salió al exilio, el exfuncionario dijo a El Faro que una línea de investigación apuntaba hacia Giammattei, aunque era necesario hacer más pesquisas.
El supuesto “testigo A” dijo al noticiero que había hablado con el exfiscal Sandoval y con la jueza (de Mayor Riesgo D) Erika Aifán y que lo habían obligado a “leer un papel” bajo la amenaza de capturarlo, pero no explicó por qué nunca lo denunció. Han pasado casi siete meses desde que Sandoval fue expulsado de su cargo, abandonó el país por tierra hacia El Salvador, y ahora vive exiliado en Washington.
No hay certeza de que el entrevistado en el noticiero sea efectivamente el Testigo A, de quien El Faro conoce la identidad y cuya voz distorsionó por seguridad antes de la publicación de algunos segmentos de su declaración original. Esto a pesar de que la persona entrevistada en Noti 7 habló sin ningún filtro de distorsión. Noti7 es parte de Canal 7, cuyo dueño es Ángel González, quien ha mantenido cercanía con los gobiernos de turno. En El Salvador, el Canal 12, también propiedad de González, se hizo eco de las versiones que tratan de desacreditar la publicación de El Faro.
Después del espacio en Noti7, el Gobierno anunció una conferencia de prensa en Casa Presidencial a las 8:30 de la mañana con el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López. En la conferencia, López se refirió a la publicación del reportaje como a “un ataque político coordinado cuya intención es dañar su imagen”, hablando del presidente. Aseguró que el presidente no conocía ninguna investigación en su contra.
El secretario agregó que, hace unos días, altos funcionarios de los Estados Unidos afirmaron que Giammattei no era investigado, y que ello demostraba “la contradicción en esta historia fabricada”. El texto de El Faro no hace ninguna afirmación sobre investigaciones de parte de Estados Unidos, pero sí explica que, según un agente del Departamento de Estado estadounidense y una fuente guatemalteca, tanto esa oficina como el FBI tienen la grabación de lo dicho por el Testigo A.
El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi (2012-2015), s últimos dos años ha confesado haber recibido sobornos de constructores nombrados por el Testigo A, publicó su propio comunicado para anunciar que exigirá que el Ministerio Público investigue cómo documentos relativos a su declaración —dada bajo reserva en julio del año pasado— llegaron a El Faro. En septiembre de 2020, un mes después de entregarse a la justicia y de permanecer prófugo cuatro años, Sinibaldi admitió ante un juez haber participado en una estructura de sobornos.
El jefe de la FECI, el fiscal Rafael Curruchiche, también se sumó por la mañana al esfuerzo por atacar el reportaje. Anunció que abrirá una investigación acerca de cómo se filtraron la información y las grabaciones, y cómo estas llegaron hasta El Faro, pero dejó entrever que la investigación judicial y las grabaciones son ciertas.
Un llamado a la prensa
“Hacemos un llamado a los medios de comunicación a no replicar estas noticias falsas, maliciosas, construidas y coordinadas, porque el viernes (11 de febrero), cuando nos piden la postura, no lo hace sólo un medio, lo hacen aproximadamente tres medios de comunicación extranjeros, todos con sede en Washington”, añadió el secretario de Comunicación Social en la conferencia, en referencia al día en que el periodista de El Faro llamó a Presidencia para pedir su postura sobre los hallazgos. A lo largo de este martes, decenas de medios guatemaltecos e internacionales replicaron la información en sus redes sociales.
Más allá del detalle de que El Faro tiene sede en San Salvador y CNN en Atlanta, las llamadas hechas al Ejecutivo para incluir la versión de Giammattei en el reportaje explicarían cómo, desde el lunes, antes incluso de que El Faro publicara su investigación, cuentas de netcenters en Guatemala comenzaron a divulgar en Twitter que “CNN y El Faro” serían “la punta de lanza” en “el contraataque de la izquierda el próximo miércoles”.
Al final de la alocución de López, El Faro lo abordó para hacerle preguntas. El secretario aclaró entonces que el presidente no podía saber si el exministro Benito, quien según el Testigo A negoció los sobornos, había cometido delitos durante el Gobierno de Jimmy Morales —“El MP es el único facultado para iniciar una investigación”, dijo— y no aclaró si Giammattei había hecho una investigación interna al asumir el Ministerio. Se le preguntó si el presidente respaldaba la desarticulación de la FECI emprendida por Consuelo Porras, y López respondió:“Específicamente [de la] FECI, al Ejecutivo no le corresponde opinar”, aunque en junio pasado el mismo Giammattei dijo a la agencia Reuters que Sandoval, todavía jefe de la FECI en ese momento, realizaba “una justicia selectiva”.
“Cuando usted lee los escritos, incluso las opiniones políticas de un fiscal, que no lo debería de hacer, revise el tuit y va a encontrar que lo que él expresa va acorde a una ideología”, dijo el presidente según el portal Soy502 el 3 de junio de 2021. Después, el mandatario acusó a Reuters de tergiversar sus palabras. Sandoval fue despedido siete semanas después por Porras.
Múltiples contradicciones
El secretario López se refirió al reportaje de El Faro como una noticia falsa, después de la emisión matutina de Noti7. Ocurrió unos minutos antes de que, en su conferencia de prensa, el fiscal Curruchiche anunciara la apertura de una investigación acerca de la filtración de evidencias en resguardo. Sin decirlo explícitamente, el fiscal reconoció que existe la investigación que López negó. El MP dejó poco lugar a dudas al referirse en redes sociales a “una investigación que está bajo reserva y que cuenta con la declaración de una persona con datos reservados”. En la conferencia del fiscal, cada palabra fue crítica hacia la publicación y el medio: “Es preocupante, porque se pone en peligro la investigación y a las personas y, por tanto, hay una obstrucción a la investigación”, dijo. Sin embargo, no se desmintió la información publicada.
Antes de cumplirse las 20 horas de la publicación de El Faro, el vespertino La Hora explicó que el fiscal Curruchiche investigaría cómo los audios y la información fueron filtrados a El Faro. Por otro lado, Curruchiche nunca apuntó posibles investigaciones contra Noti7 y la forma en que ese medio identificó y entrevistó a un “Testigo A” que desmintió todo en favor del presidente Giammattei.
En contraste con el interés mostrado por Curruchiche en esta publicación, la jueza Erika Aifán, en cuyo juzgado está el testimonio clave, ha denunciado en múltiples ocasiones que documentos vinculados a procesos con reserva judicial han sido sustraídos de su juzgado desde 2018, y el MP no lo ha investigado a pesar de las denuncias. En 2019, cuando la información de varias órdenes de captura apareció replicada en Twitter, en un caso de alto impacto y con reserva, la fiscal general anunció que investigaría la fuga de información. Sin embargo, Aifán señaló que hasta dos años después (en octubre de 2021) el MP citó a un periodista relacionado con la publicación. Curruchiche no se ha pronunciado respecto a estas otras filtraciones, que también atañen a casos que inició la FECI.
Sigue la persecución a la CICIG
Desde el jueves pasado había un estado de alerta por la continuada persecución de exfuncionarios vinculados con la CICIG, después de que las autoridades capturaron a la exmandataria de la comisión, la abogada Leyli Santizo, a pedido de la FECI dirigida por Curruchiche. Santizo había investigado estructuras de corrupción que incluían al juez ante quien fue llevada después de su captura, Geisler Pérez Domínguez. Al juez Pérez Domínguez, la FECI de Sandoval lo había vinculado con el caso Comisiones Paralelas, una estructura ilegal diseñada para influir en la elección de jueces y magistrados.
Santizo está en una cárcel dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, donde guardan prisión algunos condenados por casos que ella llevó con la CICIG.
La nueva FECI también había pedido la captura de otra exabogada de la CICIG, Siomara Sosa, detenida este martes. Los pasados días 11 y 14 de febrero, Sosa había intentado entregarse al juzgado, que la rechazó porque el expediente aún no estaba en esa sede. Este 15 de febrero, se presentó también en tres ocasiones a una comisaría para entregarse, y tampoco la detuvieron, sino hasta la tercera vez, cuando la condujeron al respectivo juzgado. “Si era necesario pasar por esta situación para que me escuche el juez, decidí hacerlo”, dijo Sosa a El Faro, minutos después de que agentes de la Policía le colocaran las esposas en la sede de tribunales. Se le preguntó si consideraba que la acusación en su contra tenía fines políticos: “La certeza no la tengo, porque no he tenido acceso a lo que se me está acusando”, agregó. “Lo que sí es cierto es que se está criminalizando la función de los abogados, entre ellos mi abogada, y se está vedando el derecho de defensa, eso sí es notorio”.
Fuente:El Faro
Envio:RL
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